Ortega y Villalta destacan… por sus infracciones de tránsito

PERFILES. Luis Ortega y Luis Villalta tienen varias cosas en común. Corren por llegar a ser uno de los 14 jueces anticorrupción, son secretarios de la Fiscalía y han sido continuamente sancionados por infracciones de tránsito de todo tipo. Justos suman 35 faltas, por conducir sin placas, por exceso de velocidad, desobedecer a la autoridad o la señalética, manejar sin licencia…

Por Ana María Carvajal y Jhon Machado

Luis Ortega logró un cupo para el curso de Formación Inicial que será el último filtro antes de designar a los nuevos jueces anticorrupción. Uno de los registros que llama la atención en su hoja de vida es que solo tiene 1.5 puntos de 30 en su licencia de conducir.

Perdió sus 28,5 puntos por 13 infracciones de tránsito, además de dos más que fueron anuladas, según registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ha pagado 11 multas y tiene dos más pendientes de cancelar por USD 295,20. Fue multado entre 2020 y 2021 por conducir un vehículo sin placas. Una de ellas le costó seis puntos en su licencia.

Dos más fueron anuladas, por desobedecer agentes de tránsito y por no respetar los conos de señalización. Perdió el resto de puntos por cuatro sanciones impuestas al conducir un vehículo sin placas; dos por circular sin licencia y las restantes por mal uso de la bocina, desobedecer señales o agentes de tránsito, estacionarse mal, exceso de velocidad y cambio brusco de carril.

Consultado por Código Vidrio sobre su abultado historial de multas de tránsito, Ortega, de 39 años, explica que la mayoría de sus sanciones tienen que ver con conducir autos sin placas porque ha sufrido varios robos, que denunció oportunamente. No logró impugnarlas -dice- porque el tiempo para conseguirlo es corto y no pudo interponer el recurso. Sobre el cambio brusco de carril, señala que debido a su trabajo a veces debe buscar la forma de llegar más rápido a una diligencia. Es secretario en la Fiscalía.

Su historial de infracciones se remonta al 2011. Ese año fue detenido luego del choque en una motocicleta, en 2001. Un juez ordenó su liberación, pero la indagación fiscal estuvo abierta hasta el 2015.

Ahora tiene previsto hacer un curso para recuperar los puntos perdidos de su licencia. No lo hizo antes porque hasta agosto del 2021 solo podían tomar esa capacitación quienes hubieran perdido todos los puntos de su licencia.

Ortega pagó la mayoría de sus penalidades de tránsito, que asegura haber enfrentado sin justificarlas o usar su trabajo como escudo o respuesta para evitar las penalidades. “Eso prueba que asumí mi responsabilidad”, apunta. Agrega que se trata de sanciones administrativas y no dolosas, lo cual no afectaría su trabajo si llega a ser juez anticorrupción.

Hizo su carrera en la Fiscalía General. Se graduó como abogado con una tesis sobre lavado de activos y desde el 2007 se ha desempeñado en distintos cargos en esa institución. Durante unos tres años fue asistente de fiscales en el cantón Mejía.

Luego trabajó en las fiscalías de Flagrancia de Tránsito, se convirtió en secretario de fiscales y tuvo el mismo rol en unidades de Flagrancia, Fiscalía Especializada en Patrimonio Ciudadano, Flagrancia, Delincuencia Organizada Transnacional y Personas Desaparecidas.

En el concurso alcanzó 88,7 puntos sobre 100, entre méritos, pruebas psicológicas, teóricas y prácticas. Es el mejor puntuado entre quienes optan por el cargo de juez de tribunal judicial penal. En lo académico, luego de recibirse como abogado por la Universidad Central, con una tesis sobre lavado de activos, obtuvo dos maestrías y una especialización superior en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

Ortega se considera apto para ser juez anticorrupción, pues desde el pregrado se proyectó a temas relacionados con las nuevas unidades judiciales, con su tesis sobre lavado de activos. En su especialización y maestría se enfocó en temas como narcotráfico y blanqueo de capitales.

Villalta, un funcionario de carrera     

A sus 38 años, Luis Villalta posee varias propiedades. En su patrimonio constan tres casas y una finca. No registra pagos de impuesto a la renta en su declaración de bienes. El vértigo parece ser una impronta en su vida: de las 20 infracciones de tránsito que ha cometido, seis son por exceso de velocidad.

Villalta está a la cola de calificaciones para juez de la Unidad Judicial Penal especializada en el combate a la corrupción: de los nueve aspirantes ocupa la última casilla, con una calificación de 80,1 puntos, en una carrera que tendrá solo dos ganadores y tiene en la delantera a José Cornejo y a Renán Andrade.

El postulante a juez obtuvo su título de Abogado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, además cuenta con una maestría en Derecho Penal y Criminología, así como con una especialización en Derecho Penal y Justicia Indígena. Ambas por la Universidad de los Andes.

Su afinidad por el derecho indígena le ha llevado a participar y brindar talleres sobre esta rama del conocimiento jurídico; él se autodefine como montuvio, al igual que Renán Andrade, Christian Quito y Ángel Quito, todos aspirantes a jueces anticorrupción.

24 talleres recibidos, dos en los que ha sido invitado como ponente y la publicación de una investigación denominada “La Caución en el proceso penal”, para la Universidad de los Andes, completan su hoja de vida.

Su principal experiencia laboral está en la Fiscalía. Ha sido secretario durante 14 años y en más de una ocasión ha reemplazado a fiscales de turno en procedimientos de flagrancia como allanamientos y violaciones a la propiedad privada, en Guayas.

De acuerdo con su última declaración juramentada presta servicios en el cantón Yaguachi, pero su vida laboral le ha llevado por toda la zona oriental del Guayas. Ha prestado servicios en Durán, El Triunfo, Milagro y Naranjito, cantones en los que pertenecer a la Fiscalía no es tarea fácil. Esa zona es cuna y zona de influencia de las bandas Los Choneros y ChoneKillers, dos de las agrupaciones delictivas más peligrosas del país.

Sus únicas relaciones con juicios, fuera de su trabajo en la Fiscalía, son su divorcio y dos causas por pensiones alimenticias. Una de ellas fue anulada por su exesposa, tras un acuerdo de reagrupación familiar y una segunda que terminó en sentencia, en mayo pasado, por mutuo acuerdo.

Según sus declaraciones juramentadas, su crecimiento económico personal ha sido importante. Entre 2017 y 2022 su patrimonio se triplicó. Pasó de tener un solar, un vehículo y una casa, obtenida con un crédito hipotecario, a ser propietario de tres viviendas y una finca. El 2022 reporta un patrimonio de 161.118 dólares: activos por USD 222.494 y deudas por 61.376. Y no reporta pago de impuesto a la renta.

20 multas de tránsito

En su anterior vehículo registra tres infracciones de tránsito por exceso de velocidad en Guayaquil y Durán, una cuarta en un automóvil que circulaba por la vía a la Costa, y dos más en otro carro, en las vías Durán-Boliche y en la Salitre-El Progreso.

Ha sido multado otras 14 ocasiones por contravenciones como uso inadecuado de la bocina, frente a un retén de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), no usar cinturón de seguridad, parquear en sitios prohibidos, no respetar las señales de agentes de tránsito, viajar en moto sin casco, conducir con licencia caducada y conducir con un niño en brazos.

Código Vidrio buscó una entrevista con el candidato a través de los números de contacto de la hoja de vida que presentó en el concurso de jueces anticorrupción, pero no obtuvo respuesta.