Recompra de deuda financiaría Reserva de Galápagos

El cuidado y control de la nueva reserva marina que alcanzará 198.000 kilómetros cuadrados en Galápagos se busca financiar con una operación inédita de recompra de bonos de deuda externa ecuatoriana, impulsada por organizaciones ambientalistas, nacionales y extranjeras. El Gobierno todavía no ha aprobado este procedimiento. El presidente Guillermo Lasso firmó este viernes el decreto que oficializa la ampliación de la reserva en 60.000 km2. Nota actualizada este 14 de enero.

Por Emilia Paz y Miño*

Era un anuncio esperado con ansias. Desde este 14 de enero, la ampliación de la reserva marina de Galápagos en 60.000 km2 es una realidad: El presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto este viernes en el buque Sierra Negra, cerca al muelle de Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz.

“Tras la firma del Decreto debemos hacer un acuerdo ministerial en el que detallemos todo, y eso viene acompañado de un informe técnico y jurídico”, destacó Manrique. Luego se realizará la redacción del plan de manejo ambiental. Al mismo tiempo, un paso fundamental es el canje de deuda que se busca aplicar para financiar el manejo de la reserva, el más grande de la historia ecuatoriana.

En el evento, Guillermo Lasso recibió a su homólogo Iván Duque, de Colombia, y a los cancilleres de Costa Rica, Rodolfo Solano, y de Panamá, Erika Mouynes. Se sumó el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

El proyecto original buscaba crear una reserva de 445.953 km2. En esa zona no se permitirían actividades extractivas y se conservarían áreas de ecosistemas oceánicos críticos, rutas migratorias y zonas de alimentación de especies marinas amenazadas. No obstante, el gobierno autorizó solo parte de la propuesta y expandirá la reserva en 60.000 km2.

El plan fue impulsado por varias organizaciones sociales nacionales y extranjeras, así como gubernamentales. Entre otras participan el colectivo ciudadano Más Galápagos, el Frente Insular y el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos.

Eliécer Cruz, director del programa “Galápagos”, de la Fundación de Conservación Jocotoco, y Patricia León lideraron la propuesta. Trabajaron hombro a hombro con la Universidad San Francisco de Quito, que realizó la investigación con Alex Hearns y su esposa.

La Marina cuenta actualmente con un guardacostas y un helicóptero, entre otros equipos, para la vigilancia de los mares de Galápagos. Fotos Emilia Paz Miño

 

Cruz, quien dirige el proyecto, menciona que es un primer paso. “No sabemos si en éste o en los siguientes gobiernos vamos a lograrlo, pero seguiremos insistiendo para ampliarla”, destaca.

Para el financiamiento, la propuesta de Más Galápagos es que el gobierno realice un canje de deuda por naturaleza, por un monto que permita financiar las actividades de control y manejo de la nueva reserva; esto ya se ha hecho en otros países incluido Ecuador en los 80s. Esto, sin embargo, aún no está aprobado por el gobierno.

El posible canje de deuda

Ocean Financial Company busca obtener el aval de la Corporación Financiera de Estados Unidos (DFC) para acercarse a la banca privada y pedir el préstamo para comprar la deuda ecuatoriana.

Una vez que tengan la garantía de la DFC, “los bancos reempaquetarán la deuda en bonos azules para recuperar su inversión”, según una fuente cercana a este proceso. Con esto, el Ecuador ganaría la reestructuración de la deuda y los intereses que deberá pagar el país sobre los 800 millones (deuda reestructurada) serían destinados a la conservación marina. Es decir que se esperan unos 300 millones de dólares del descuento de la deuda. Estos fondos se enviarían a un fideicomiso, cuyos intereses serían para la conservación.


Los bonos azules están relacionados con el océano y el agua. También buscan crear oportunidades comerciales sostenibles y favorecer una administración responsable de los océanos alrededor del mundo (Nature Conservancy)


Los bancos que están dispuestos a dar un crédito por el valor de la compra de deuda son Credit Suisse y Bank of America, mientras que los organismos que sustentan el canje son The Pew Foundation, de Estados Unidos, el Banco Holandés de Desarrollo y la US Financial Corporation. Las organizaciones que han participado en el proceso son Conservation Internacional y la Fundación de Dona Bertarelli, que promueve la conservación marina y la ciencia.

Cruz explica que, si se concreta, se espera que esto genere alrededor de 14 millones al año, de los cuales una parte iría para control y vigilancia de la nueva área y otra para pesquerías sostenibles y proyectos de saneamiento ambiental en las islas.

El empresario turístico Roque Sevilla, quien respalda al proyecto, destaca que con los recursos generados, para el control y vigilancia, se planifica comprar botes de alta velocidad, drones y sistemas de observación satelital sofisticados, con los que no cuenta el Parque Nacional o la Marina. Los pescadores serían los principales beneficiados. Una vez que la nueva extensión de la reserva se oficialice y exista este corredor protegido por donde transiten las especies, ellos se beneficiarán del “Spillover”, es decir del exceso de peces que naturalmente terminarán saliendo de la zona protegida, según Sevilla.

Una parte del dinero -agrega- también se podrá emplear para cumplir las obligaciones que tiene la industria pesquera ecuatoriana con la Unión Europea. Incluye la trazabilidad de la pesca. Especialmente en las faenas  artesanales se pueden desarrollar técnicas más eficientes que no dañen el ambiente y realizar la maricultura que se practica efectivamente en Chile.

Tira y afloja con los pescadores

Tras oponerse a la propuesta inicial de crear una reserva de más de 400.000km2, los pescadores industriales de Manta, quienes denunciaban que el área protegida les iba a afectar, llegaron a un acuerdo con el gobierno y apoyaron la creación de los 60.000km2 de reserva.

Franklin Zavala, dirigente pesquero de San Cristóbal, comenta que con la propuesta anterior de los 400.000km2 “el sector pesquero de Galápagos no iba a poder pescar dentro de la ampliación”. Se hacía la negociación con los industriales para que “ellos puedan botar los plantados (objetos flotantes naturales o artificiales que usan los pescadores para atraer a los peces y facilitar su captura)  y con esto pescar dentro de la reserva”. Los plantados sirven para atraer a los peces; son colocados fuera de la reserva e ingresan a ésta por medio de las corrientes marinas.

Un alto oficial de la Marina indica que “lo que le preocupa es que el proyecto no haya sido socializado con el Comité Interinstitucional del Mar “CIM” y “que no cuente con un criterio del Ministerio de Defensa, por el tema de control y vigilancia”.

El Ministerio de Economía y Finanzas MEF recibió la propuesta para analizar la viabilidad del canje de deuda. No obstante, una fuente de esa cartera indicó que “al MEF no le ha llegado pedido, ni concreto, ni oficial, y cualquier canje debe pasar por Comité de Deuda y Financiamiento”, cosa que no ha sucedido aún.

Manrique explica que se está coordinando con Cancillería, por los tratados y convenios involucrados… “con el plan de manejo ambiental que tiene que salir de aquí. Tenemos que ver cuáles son las zonas que debemos proteger y con qué condiciones, el Ministerio de Defensa, la Armada, Ministerio de Producción y con Finanzas, a quien le corresponde la estructuración de la deuda”.

La propuesta despega

Esta iniciativa surgió a finales del 2019 con un pronunciamiento del entonces presidente Lenín Moreno en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Madrid. Ahí se estableció que el país necesitaba estudios para ampliar la actual reserva de Galápagos como una mitigación al cambio climático. Dos años después, el 1 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso, en la COP26 realizada en Glasgow, Escocia, anunció que Ecuador ampliará la reserva en 60.000 km2.

Leonardo Di Caprio ha sido un actor protagónico fundamental. Se ha unido al proyecto por medio de la organización Rewild; pero su apoyo es para planes concretos de conservación ligados con el Parque Nacional Galápagos. El 1 de noviembre Di Caprio felicitó al presidente Guillermo Lasso por la ampliación de la reserva, pues ayudará a salvaguardar una vía marítima clave para una serie de especies marinas en peligro de extinción.

Sevilla dice que luego del análisis de las propuestas de expansión con los involucrados se llegó a la conclusión de que se necesitarían al menos 100.000 km2 para proteger la migrovía, que va desde Galápagos hasta la isla de los Cocos. Sin embargo, el gobierno autorizó menos.  30.000 km2 más serían necesarios hacia el sur para proteger el vuelo de los albatros. El ave parte desde la isla Española hasta Perú, entre julio y octubre. Sin embargo, cuando baja a alimentarse queda atrapada en las redes palangreras como una nueva estadística de pesca incidental.

Quienes impulsan la propuesta solicitarán estos 30.000 km2 más -15.000 km2 a cada lado de la ampliación- para que cuatro meses al año, cuando estas aves migran, puedan crear un área de protección temporal. Sevilla añade que esta área provisional de protección ya fue aceptada por los pescadores y ahora deben negociarla con el gobierno.

Las tortugas gigantes son una de las especies más protegidas del archipiélago, en la estación Charles Darwin.

Más países se suman

La ampliación de la reserva es parte de un gran proyecto que involucra a Costa Rica, Panamá y Colombia que también están en el proceso para proteger mayor cantidad de mar. Sobre todo, en las islas de Coiba, Malpelo y Coco, donde los corredores marinos son muy ricos en especies.

Por ello, a la decisión de Ecuador se debe añadir la de Costa Rica respecto de la isla del Coco; la protección de Panamá en la isla de Coiba y Colombia que ha decidido añadir una protección adicional alrededor de la isla de Malpelo.

En Ecuador, los 60.000 km2 serán divididos de la siguiente manera: 30.000 km2 de zona de no producción pesquera, que se ubicará sobre la cordillera de Cocos, y 30.000 km2 de zona de no palangre, que se ubicará en el noreste de las islas. Así se busca conservar áreas de ecosistemas oceánicos críticos del archipiélago, rutas migratorias y zonas de alimentación de especies marinas amenazadas. Esta área protegida adicional se suma a los 130 mil km2 que estaban previamente definidos, por lo cual, la nueva zona alcanzará un total de 193 mil km2.

Manrique destaca que la decisión se tomó “en función de una convicción auténtica que la conservación y la producción deben venir de la mano”. Explica que siempre una reserva marina le da más credenciales, argumentos y herramientas, sobre todo si viene acompañada de un canje de deuda que le da recursos, los cuales ayudarán al control de la pesca ilegal.

También se busca combatir la pesca ilegal, no reglamentada, no regulada, donde los únicos que pueden pescar dentro de la reserva serán los pescadores artesanales. No obstante, pescadores industriales y flotas palangreras de distintas banderas, especialmente la China, buscan la forma de explotar los recursos a como dé lugar.

La pesca incidental fuera del área protegida, en la zona económica exclusiva, no cuenta con reglamento alguno, a pesar de que la Ley de Pesca ya fue aprobada. Andrés Arens, viceministro de Acuacultura y Pesca, indica que “el reglamento ya ha sido enviado a Presidencia y seguramente saldrá en los próximos días luego de la revisión de Secretaría jurídica”.

Otros fondos para la conservación

Es un fondo de 28 millones de dólares que busca impulsar proyectos de conservación en Galápagos. No tiene relación directa con el proyecto de la ampliación de la reserva marina.

El fondo es para 10 años, que se complementa con 15 millones de dólares más como contraparte, entre el Parque Nacional Galápagos, la Agencia de Bioseguridad para Galápagos y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Este fondo es manejado a través de Rewild.

Cruz indica que pueden participar otras organizaciones siempre y cuando “tengan contraparte”. Este fondo llevará a cabo cuatro proyectos del Parque. La Fundación de Conservación Jocotoco apoya su ejecución.

 

El primero es la restauración ecológica de la isla Floreana. Cruz explica que “el objetivo es erradicar a las ratas y otros animales introducidos con el apoyo de drones, usando un tipo de veneno que no afecta a otras especies y que es soluble en el agua”. También volverán a reintroducir al menos 22 especies que habían sido extirpadas de la isla por saqueadores hace muchos años.

Este proyecto aún no cuenta con todo el dinero para su implementación. No obstante, está siendo ejecutado con fondos de Rewild, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF, por sus siglas en inglés y del Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania KfW. La única etapa que falta para concluir es la distribución de los cebos mediante drones “esto será en octubre de 2023 y duraría 3 meses” comenta Cruz.

Esto se debe a todos los preparativos que involucra la eliminación de las plagas. Para esto se deben construir chancheras, establos, reservorios de agua, aviarios y otra infraestructura.

El segundo proyecto es la conservación de la iguana rosada, originaria del volcán Wolf. Esa especie cuenta con 300 especímenes y está en peligro de extinción. Danny Rueda, director del Parque Galápagos, dice que se van a agotar todas las instancias de conservación in situ de la especie, aumentar los monitoreos e incrementar el tiempo de estancia de los científicos en el volcán Wolf. La Fundación de Conservación Jocotoco será la encargada de la primera etapa, que incluye el control de especies introducidas y el monitoreo.

La reproducción en cautiverio de la especie será el último recurso, recalca Rueda. En caso de que no haya resultados se trabajará con un grupo de científicos italianos y con el Parque.

Las condiciones en el volcán Wolf son extremas. Por ello el proyecto busca monitorear el volcán con una caseta que use energía alternativa e implementar sistemas de recaudación de agua. Así, los científicos y equipos de guardaparques se podrán quedar hasta tres meses, para recopilar los datos necesarios y sustentar las hipótesis que tienen sobre la conservación de esta especie.

El tercer proyecto es el control y vigilancia de la Reserva Marina y el cuarto es la restauración ecológica en otras islas. Para estos proyectos se hizo un taller con expertos.

Tanto la ampliación de la reserva marina con el canje de deuda como los cuatro proyectos del Parque Nacional buscan la conservación de las Islas. Sin embargo, los distintos actores e intereses han cambiando con el tiempo. Por ello, el 14 de enero del próximo año se espera que marque un antes y un después en la protección de la Reserva Marina de Galápagos.

*Estudiante de Periodismo de la Universidad San Francisco

Cada ecuatoriano produce 8 kilos de basura electrónica

VIDEOREPORTAJE. La alta demanda de dispositivos electrónicos tras la pandemia, también tuvo un efecto ambiental contraproducente: el aumento de la basura electrónica en Ecuador y el mundo. En 2020, las empresas importaron 1’267.616 equipos celulares, de los cuales solo se recuperaron 8.454 en desuso, según el Ministerio del Ambiente. Estos residuos no son desechados adecuadamente. Especialmente los metales que los componen contaminan el suelo y el agua. 

 Por Emily Tobar y Sofía Martínez

La pandemia de la COVID-19  ha generado una mayor demanda de productos electrónicos, debido a la modalidad virtual que tuvo un incremento significativo los dos últimos años. El problema mayor son los dispositivos que se dejan de usar. Los equipos viejos se olvidan en algún rincón de la casa o simplemente son arrojados con el resto de la basura, sin ningún procesamiento para su reciclaje.

Un informe del Global E-waste Monitor 2020 cuantificó la cantidad de toneladas de desechos electrónicos que produjo Ecuador en 2019. Para fines de 2021, se espera que cada habitante produzca 7.6 kg de basura electrónica.

Según la directora de sustancias químicas, residuos y desechos peligrosos y no peligrosos del Ministerio del Ambiente, Berenice Quiroz, al momento no se dispone de datos de importación del 2021.

Si el ritmo de producción de basura electrónica se mantiene, el 2030 cada persona producirá 9 kilogramos de desechos, que agravan el problema de la contaminación ambiental.

Hoy es más importante que nunca conocer, por ejemplo, distintos puntos de Quito donde se pueden reciclar estos productos. Además, conocer las políticas de consumo de las empresas que proveen productos electrónicos como celulares o computadoras. En este video te mostramos el impacto de la basura electrónica y las alternativas para romper el ciclo vicioso de la contaminación, apoyando iniciativas de reciclaje impulsadas por varias empresas y ONG.

*Este documental fue producido en alianza entre Código Vidrio y la USFQ.

 

Las prioridades estratégicas de China en América Latina

Por Douglas Farah y Marianne Richardson. Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales, Universidad Nacional de Defensa de EE.UU.*

 

EN PERSPECTIVA. Durante los últimos 15 años, la disposición de China de otorgar miles de millones de dólares en préstamos en América Latina creó la percepción de que está gastando recursos ilimitados para atraer aliados, en una región donde Estados Unidos históricamente ha tenido una influencia significativa.

China está aumentando esta percepción mediante la entrega de millones de vacunas COVID-19 a América Latina, respaldada por una sólida operación de medios, para dar forma al entorno de información.

La radiografía de esta estrategia es develada en detalle en este artículo https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-37.pdf?ver=GIRN6IsWryBQ2uTHKY3O3A== .

Mucho menos visibles son los esfuerzos regionales concertados de China para remodelar la arquitectura de la cadena de suministros comerciales, los sistemas cibernéticos y de telecomunicaciones, y los mercados para depender de las tecnologías, los estándares y el hardware para el beneficio a largo plazo de China en perjuicio de Estados Unidos.

Para apoyar esta estrategia, China desarrolló una creciente máquina de medios patrocinada por el estado que ahora tiene una huella más grande que todos los medios occidentales combinados en el hemisferio.

Estos elementos de la estrategia apuntan a:

■ Adquirir puertos, servicios de electricidad e instalaciones de exploración espacial en el Cono Sur. Estos hitos brindan a la República Popular China acceso al Polo Sur, establecen su experiencia en el desarrollo de infraestructura, establecen estándares en las licitaciones en curso para desarrollar redes 5G y cambian las rutas comerciales regionales a través del proyecto de dragado del río Paraná.

■ Ampliar la vigilancia a través de proyectos de “ciudades seguras”. Estas iniciativas brindan a los gobiernos capacidad de vigilancia para combatir el crimen en áreas urbanas, pero la infraestructura de datos le brinda a China acceso en tiempo real y sin filtros a cantidades masivas de datos e inteligencia.

■ Ampliar el alcance del conglomerado de medios estatal Xinhua. Esto ayuda a China a impulsar una narrativa anti estadounidense e introducir su presencia como benevolente, utilizando el bombardeo diplomático COVID-19.

■ Incrementar la participación de China en las asociaciones multilaterales de integración regional de América Latina, en particular las diseñadas por la alianza bolivariana para excluir a EE.UU.

■ Diversificar y descentralizar los métodos de participación. Las tácticas descentralizadas van desde la participación de estado a estado hasta colaboraciones municipales e inversiones comerciales de empresas que no son propiedad directa del estado.

Apoyo a gobiernos autoritarios

En toda la región, la estrategia de China es aumentar el apoyo a los regímenes autoritarios conectados con la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana y otros gobiernos populistas antidemocráticos. También mejorar la vigilancia utilizada para el control político y la represión, aumentar las actividades delictivas organizadas transnacionales patrocinadas por China, con el incremento de la corrupción e impunidad, sin una rendición de cuentas. Esto erosiona la confianza en el proceso democrático, socavando fundamentalmente las instituciones democráticas, el estado de derecho y la estabilidad en el hemisferio occidental.

Durante la última década, China reorientó fundamentalmente su esfuerzo en América Latina desde préstamos masivos para proyectos de infraestructura a gran escala hasta inversión extranjera directa en sectores y países estratégicos. Esto está alterando fundamentalmente la arquitectura tecnológica y comercial del hemisferio para la ventaja a largo plazo de China. Este realineamiento hacia un fuerte compromiso de poder en lugar de las tradicionales estrategias de poder blando ha sido respaldado por la expansión de los esfuerzos para remodelar el espacio de información a través de los medios controlados por el estado y los programas de «capacitación» de los medios. Mientras tanto, la pandemia de COVID-19 y la capacidad de China de proporcionar equipos de protección y vacunas fortalecieron sus oportunidades en todo el hemisferio.

A través de la expansión de Huawei y las agencias de telecomunicaciones, directamente vinculadas al Partido Comunista Chino, la estrategia está diseñada para crear e implementar los estándares, regulaciones y modalidades de las tecnologías 5G y otras innovaciones tecnológicas en el futuro. Estas operaciones centrales son costosas y difíciles de cambiar una vez implementadas.

Como parte de esta expansión, los proyectos de ciudades inteligentes y ciudades seguras de China, ahora operativos en toda la región, le brindan un acceso incomparable a big data, así como inteligencia específica al reflejar la información de los sistemas directamente en China en tiempo real.

Este enfoque corre paralelo a los esfuerzos de China para obtener acceso permanente a la Antártida, a través de nuevos y opacos acuerdos con el gobierno argentino; esfuerzos continuos para adquirir puertos del sur, en Chile; de hecho buscaba financiar el túnel trasandino entre los dos países sudamericanos y fortalecer su acceso al monitoreo del espacio profundo a través de su base existente en Neuquén y propuso nuevas bases en Argentina y Chile.

La infraestructura portuaria sigue siendo una prioridad, al igual que la inversión multimillonaria en curso para adquirir participaciones importantes en la infraestructura eléctrica de varios países.

Más allá del poder blando

Los fuertes esfuerzos de poder de China, bien financiados y en curso, no llegan a la confrontación militar directa, pero van más allá del ámbito tradicional del poder blando. Esto presenta un conjunto de desafíos de varios niveles para Estados Unidos y sus aliados regionales, por lo cual el costo de no participar en este teatro regional será alto. Aunque China no se alía exclusivamente con otros regímenes autoritarios de América Latina, las relaciones con el BJCE y los populistas radicales de derecha en Brasil son aliados regionales claves.


«Se trata de un asalto a la región que está socavando lentamente la influencia estadounidense, las instituciones democráticas, las oportunidades comerciales y la construcción de la capacidad para negar a Estados Unidos el acceso a puertos y nodos clave en la cadena de suministro global».


A pesar de los avances de China, Estados Unidos conserva una capacidad significativa para mitigar estos avances y mantener su posición como el socio principal de elección en el hemisferio. Esto debe comenzar con un esfuerzo de mensajería enfocado, persistente y coordinado que proporcione información precisa para cambiar la narrativa a una discusión del verdadero costo de la participación de China. EE.UU. tiene muchos vínculos con la región que China no puede duplicar, replicar ni reemplazar.

La primera son las comunidades de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos, que ascienden a decenas de millones, sin comunidades comparables en China.

La segunda es que las remesas en dólares de estas comunidades de la diáspora a sus países de origen totalizan decenas de miles de millones de dólares al año (6 mil millones solo en El Salvador), que es un apoyo directo a las familias que China no puede esperar igualar. Estos dos factores, además de la historia hemisférica compartida, proporcionan profundos lazos culturales y económicos que superan con creces lo que China puede esperar ofrecer y pueden utilizarse para cambiar el enfoque de las políticas en el hemisferio. Involucrar a estas comunidades en los problemas que se describen a continuación amplificaría drásticamente los esfuerzos, y este tipo de participación aún no se ha llevado a cabo.

*Extracto del artículo titulado The PRC’s Changing Strategic Priorities in Latin Americapublicado por INSS, National Defense University.

 

Prejuicios no frenan a atletas paralímpicos

Con 8 atletas para los juegos paralímpicos de Tokio 2020+1, Ecuador cerró su participación con 3 medallas, 6 diplomas y un récord olímpico. No obstante, para llegar a esto los deportistas y el Ministerio del Deporte se encontraron con distintos obstáculos, que se sumaron a la pandemia. Uno de los mayores fueron los prejuicios.

Poleth Mendéz, medallista paralímpica; Sebastián Palacios, ministro del Deporte, y Santiago Chango, entrenador, cuentan en este VIDEO, desde distintos frentes, sus experiencias y las barreras que han tenido que enfrentar para avanzar y apoyar el deporte paralímpico.

Este año, el Comité Paralímpico recibió $1,7 millones de dólares superando los 1.2 millones de dólares del Comité Olímpico. Según Sebastían Palacios, ministro del Deporte, este monto se fija en función del número de eventos que organizan, los proyectos que promuevan, y os deportes más demandados.

El apoyo a los deportistas, más allá de los prejuicios, es clave para su desempeño. Poleth Mendes, medallista paralímpica, indica que “la gente desconoce o no se da cuenta que somos los mismos, hacemos el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio, los olímpicos y los paralímpicos”.

Palacios destaca la importancia del respaldo de toda la sociedad, que debe brindarles las mismas oportunidades: «Cuando hablamos de inclusión es justamente hacernos parte de las mismas oportunidades, los mismos derechos, proyectos y programas”.

El nuevo Plan de Alto Rendimiento se ha trabajado con los deportistas y especialistas para cubrir todos los frentes.

Por Emilia Paz y Miño, Nicolás Larco
Alianza Código Vidrio-Universidad San Francisco de Quito

Las causas de la tormenta policial

 

Abogado penalista. Especialista en temas de seguridad

En Ecuador, desde su retorno a la democracia en 1979, los modelos de seguridad se han aplicado por la Policía en función de la tendencia ideológica de los gobiernos de turno.

Por ello, tomando en cuenta que el eje de control siempre ha sido el poder político, con el Ejecutivo a la cabeza, es necesario iniciar este largo viaje partiendo del modelo heredado desde que 27 de febrero de 1975, cuando el general Guillermo Rodríguez Lara, como Jefe Supremo, expidió la Ley Orgánica de la Policía Nacional, cambiando el nombre a Policía Nacional. También creó el Ministerio de Gobierno (antes Ministerio del Interior), y la Subsecretaría de Policía, encargada de la coordinación entre la institución y el gobierno. Estas entidades tuvieron un papel preponderante en los años venideros, pues precisamente desde las oficinas ministeriales se toman decisiones que  afectan el control de la seguridad del Estado, que posteriormente se consideraría como «Seguridad Ciudadana».

En sus orígenes la Policía, como herencia de su creación institucional, mantenía la estructura y organización jerárquica militar. Eso, en un país de matices como el Ecuador, no trajo sino una confrontación interinstitucional entre FFAA y Policía, que desencadenó una profunda rivalidad, motivada en competencias y capacidades.

De hecho, eso se evidenció en la creación de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, que delimitó la capacidad operativa policial en cuanto a armamento y munición para uso institucional, subordinando la autorización para compra de estos insumos a la decisión del Comando Conjunto de las FFAA. Entonces no se pensó en su misión específica, sino en una posible confrontación entre ambas instituciones.

En enero de 1981, en la presidencia de Jaime Roldós, se inició una huelga en la institución policial. El motivo fue que luego de año nuevo aún no se había pagado a los policías sus sueldos y bonificaciones a las que tenían derecho. La protesta terminó luego de un proceso de negociación liderada por el Ministro de Gobierno sin que ello haya destado una confrontación.

Este evento generó también una respuesta en la legislación positiva, pues se delimitó el accionar policial y se fomentó la proliferación de reclamos atribuibles a la violación de derechos humanos, considerando que los principales titulares de estos derechos son precisamente las personas en conflicto con la Ley.

Desde fines de los años 80, la Policía se vio envuelta en una serie de cuestionamientos, especialmente en temas vinculados a violación de derechos humanos, actos de corrupción y niveles de inseguridad crecientes, con un manejo poco técnico de la problemática que se desbordaba en varias provincias, principalmente de la costa. Las acciones de gobierno, por su parte, se limitaban a buscar alternativas para combatir estos flagelos, pero en medio de una marcada inestabilidad política y económica que generaba constantes enfrenamientos entre la Policía y sectores sociales. En muchos casos, los policías terminaban siendo procesados por cumplir con su deber de ejecutar acciones decididas por el Ejecutivo, a través del mando, para el mantenimiento del orden.

……….

Con la reforma a la Constitución de 2008 y la llegada del modelo de la denominada «revolución ciudadana» una vez más se cuestiona la estructura policial en su conjunto. Se habla de la necesidad de cambiar el modelo de policía con raíces militares y convertirla en una policía más «ciudadana». Entonces se crea la Comisión de la Verdad, cuya única finalidad fue perseguir presuntos delitos cometidos por oficiales retirados con el objetivo de posicionar en el imaginario de la población que se estaba depurando a la Policía desde sus orígenes.

Esta misma doctrina dispuso la liberación de cientos de reos que no tenían sentencia como producto de un abultado y hasta hoy día excesivamente burocrático sistema judicial. A la receta del «éxito» en la seguridad ciudadana se sumó la incorporación de tablas de consumo o tablas de porte no penalizado de sustancias sujetas a control en todos sus niveles y fijando montos de ínfima cuantía para despenalizar las acciones delictivas.

Se debe reconocer el afán de ese gobierno por realizar una modernización de los equipos básicos de protección y dotación para el cumplimiento de la misión específica constitucionalmente asignada a la Policía de mantener la seguridad, pero no sin tener en consideración que el costo fue el incremento de la injerencia política en la estructura policial, al punto que se estableció una nueva rectoría y dependencia absoluta del poder político. Ello fue notorio en la designación de cargos en todos los niveles de la institución policial creando las «Comisiones de Pases» que no eran otra cosa que la decisión ministerial de colocar a sus allegados en puestos claves de la seguridad y a sus no allegados en los recónditos lugares que el territorio nacional permite.

Esta realidad conlleva igualmente la afectación de familias y la merma profesional, pues hasta hoy se mantiene una discrecionalidad marcada en la designación para cursos de capacitación nacional o internacional, pues este es un componente trascendental para garantizar la permanencia o separación de la vida institucional.

En el 2010 es relevante el acontecimiento del 30 de septiembre cuando ocurrió la insubordinación policial en el Regimiento Quito, contra el entonces presidente Rafael Correa. Tras esos sucesos el gobierno nhizo un cambio radical del modelo de gestión policial y la visión de desconcentración de los cuarteles policiales bajo lo que se denominó «Plan Seguridad Ciudadana y re Reformulación del 2010». Así se estableció un modelo de gestión policial que se soporta sobre el concepto de policía comunitaria, que implicó una inversión enorme en la contrucción de las llamadas UPC (unidades de Policía Comunitaria) a nivel nacional; que en la práctica diaria se torna inadecuadas a la realidad, pues para su funcionamiento en condiciones óptimas se debe considerar los turnos del personal asignado y las condiciones de judicialziación en caso de ejecutar cualquier forma de detención, pues ello conlleva horas en los procesos de aseguramiento de los detenidos y su correspondiente judicialización, dejando el sector en estado de abanadono mientras se cumplen con las diligencias judiciales. Esta problemática ha determinado que la ciudadanía en muchos casos proteste por la falta de respuesta policial ante los llamados de emergencia, así como la gran inversión logística que este modelo exige.

Se efectuaron procesos de desconcentración y la creación de circuitos y subciruitos, creando sistema de control de productividad del personal. Para muchos de los ideólogos de este sistema, basado en la dispersión de unidades policiales y presencia activa en territorio, se consiguió una reducción importante de varios de los indicadores de la inseguridad delictual como son el porcentual de robos (2011-2014) y al persistente descenso de los homicidios (2010-2015). Pero ello en realidad debe ser analizado en su real dimensión frente al incremento de las cifras negras y la desmotivación ciudadana de presentar denuncias que no tienen respuesta alguna o encuentran una verdadera solución al evento sucedido, pues el sistema investigativo no solo que se encuentra saturado, sino que es selectivo en la determinación de investigaciones y resultados reales.

La Tasa de Homicidios descendió de 18,74, en 2009, a 7,2, en 2014. El 2015 se redujo el índice de homicidios aproximándose a 6 por cada 100.000 habitantes, un índice histórico que hacía 33 años no se repetía. Este mismo valor, el 2009, ubicaba la tasa de homicidios en 18,74; el descenso fue del 32%. Sin embargo, el Estado policial se impuso en Ecuador. Sobre todo, porque la capacidad policial se incrementó significativamente por la inversión millonaria que se realizó en medios que fueron ampliamente cuestionados como la adquisición de patrulleros marca KIA, inapropiados para las tareas de patrullaje y con denuncias de sobreprecios.

La realidad geográfica y operativa del sistema policial superó la capacidad que estos vehículos podrían brindar. No obstante, ya cumplida la vida útil de la flota completa, no se ha realizado ningún proceso para su reemplazo por vehículos más acordes a las exisgencias del servicio de seguridad en el país, no solo en el perímetro urbano como aparentemente se consideró al realizar esta compra, sino acorde a la realidad rural del Ecuador.

……….

Ahora, frente a las críticas de la vinculación de efectivos policiales al submundo delincuencial, existen varios eventos que forzaron una investigación sobre elementos de las propias filas policiales. Uno de ellos es el sonado «caso Hong», en el cual un General en servicio activo estuvo bajo la mira de la justicia, sin que haya sido finalmente sentenciado. Otro fue el escandaloso «Caso Pases», que impuso una pena privativa de la libertad al ex Comandante, con muchos cuestionamientos sobre las verdaderas motivaciones de esta investigación y sus resultados, por la proximidad de los investigados al poder político de turno.

El 2011 en un cable diplomático, escrito en 2009, publicado por el diario «El País». En esa comunicación la embajadora estadounidense Heather Hodges dijo que «la corrupción entre los agentes de la Policía de Ecuador es amplia y bien conocida» y que «los inversionistas de EEUU se muestran reacios a arriesgar sus recursos a sabiendas de que podrían ser objetivo de los corruptos los agentes del orden«. Esta situación vuelve a aflorar frente al reciente anuncio del embajador estadounidense, Michael Fitzpatrick, quien al referirse a las acciones anticorrupción mencionó, en una entrevista en el medio digital Primicias, que se están retirando visas a los generales investigados por varios casos de connotación.

No obstante, el Embajador riesgosamente deja en un cuestionamiento ampliado a todos los oficiales generales de la Policía, en servicio activo y pasivo, pues no se precisó las acciones judiciales que podrían existir. Tampoco puntualizó a quienes se refería en particular. Una declaración tan general no le hace bien a una lucha frontal contra la corrupción como la que pretende realizar el gobierno del Presidente Lasso y a las actuaciones de Antinarcóticos, que este año ya desembocaron en la captura de 190 toneladas de droga, 153 de coca.

Es fundamental mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y mecanismo de transparencia de los funcionarios llamados a hacer cumplir la Ley. Existen actualmente varios procesos en carpeta que deberán ser materia de análisis en profundidad por la justicia. Sobre todo se deberá considerar que un oficial de la Policía es un funcionario público cuyos ingresos están limitados al sueldo que percibe del Estado, y que cualquier valor adicional deberá ser justificado para sustentar un patrimonio coherente.

Todos los oficiales de las FFAA, Policía e inclusive de los demás cuerpos de seguridad considerados por el cuestionado COESCOP deben someterse a un mayor escrutinio público. Solo así se podrá desarrollar un nivel de confianza en su gestión.

No se pueden dejar de lado la existencia de pruebas de confianza realziadas a todos los Oficiales de la Policía de manera permanente en cada uno de los procesos de calificación previo a los ascensos jeárquicos. Históricamente se conoce que estas han sido superadas por unos oficiales y minimizadas para otros que no las aprobaron. No obstante, ostentan cargos de alta responsabilidad en la seguridad nacional, pese a no cumplir ese requisito.

La óptica sesgada de las calificaciones de concepto ha sido igualmente puesta en duda. Ha servido para privilegiar las relaciones de subordinación al poder político más que a la calidad de los oficiales evaluados. Por este motivo, en múltiples ocasiones la justicia común y el accionar constitucional han fallado con serios cuestionamientos a los procesos de evaluación, previo el ascenso de los oficiales, sin que el Estado haya aplicado rectificaciones hasta el momento. No se puede olvidar que un ACTO administrativo se motiva con otro ACTO administrativo; no hacerlo infiere caer en la discresionalidad o el abuso de poder; condiciones que son precisamente alegadas por las defensas de los cuatro generales restituidos por una sentencia, que fue apelada por la Presidencia.

……….

El crecimiento de la problemática de la inseguridad también va de la mano con el incremento poblacional y los fenómenos de la migración agresiva que ha vivido el país, con ciudadanos errantes en condición de calle. Por ello, se planteó, ya en el 2011, la necesidad de incrementar el pie de fuerza a 70.000 policías, para cubrir la necesidad en el 2017, además de aumentar los agentes especializados en áreas técnicas, tácticas e inteligencia. Todas estas condiciones se suman cuando se debe analizar la problemática de la violencia que vive el Ecuador. No se puede desconocer un estado de excepción y varios de emergencia que han sido dispuestos por la conmoción interna que produce la violencia criminal y las condiciones de lesa humanidad que existen en los mal llamados Centros de Rehabilitación. Este número no ha sido alcanzado hasta el momento por la falta de presupuesto, así como por la inversión logística que se requiere, tomando en cuenta que la Policía no ha entregado uniformes de dotación desde el 2015, cuando cerró sus operaciones la cuestionada y fallida empresa FABREC.

Es importante anotar que la violencia es causa y consecuencia del ciclo de la pobreza y el estancamiento económico, producto de 14 años de ignorar la productividad y apostarle al gasto estatal. Esas condiciones han generado el caldo de cultivo para el aparecimiento cada día más frecuente de alternativas económicas vinculadas a diferentes tipos de delitos muy rentables que contaminan a la población joven del país, especialmente en la frontera, convertida en semillero para el crimen organizado y la violencia estructurada.

Estos conceptos de violencia, inseguridad, percepción de inseguridad, se han vuelto cotidianos en medio de sociedades cada día más convulsionadas que han desencadenado actos de violencia generalizada y caótica como la manifestada en octubre de 2019 en Ecuador. Son las condiciones similares que pusieron a Colombia en un enfrentamiento generalizado, que hoy es analizado por la CIDH. Estos eventos tampoco están tan lejos de lo acaecido en Chile o los chalecos amarillos en Francia, o en Washington, con la toma del Congreso por partidarios del expresidente Donald Trump. Todos estos fenómenos dejan profundas huellas y enseñanzas para los sistemas de seguridad. Sino aprendemos del pasado el futuro es muy riesgoso para todos.

Ecuador no cuenta con una herramienta jurídica consolidada para la defensa de los ciudadanos, que garantice a los funcionarios de las entidades encargadas de hacer cumplir la Ley niveles mínimos de seguridad jurídica. La antítesis de ellos es el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP). Está vigente desde junio del 2017, el COIP (2014), con sus múltiples reformas, que dejan profundas dudas sobre la forma de juzgar y las verdaderas garantías para mejorar el sistema de justicia con las innumerables críticas que lo rodean.

Esos cuerpos normativos nacieron bajo la óptica del gobierno “revolucionario” y su visión de  la solidaridad y la reconstitución del tejido social. Pero, las acciones de los gobiernos de turno, en los últimos 14 años, están muy distantes de esas proclamas.

Le corresponde al actual mandatario Guillermo Lasso enfrentar sus consecuencias, para lo cual deberá desapegarse de viejas falanges de esta nueva trova que trajo la revolución de la seguridad ciudadana. Adoptar medidas efectivas para establecer conceptos de prevención activa y reactiva, coordinación interinstitucional para el desarrollo de programas de seguridad sostenibles con el talento humano y recursos indispensables. Adicionalmente, debe fortalecer los sistemas de inteligencia y procesamiento sistemático de la información antidelincuencial para la correlación de eventos a escala nacional.

Eso es indispensable cuando vivimos una era de organizaciones delictivas, no de delincuencia de oportunidad, como la amenaza principal. Se suman los factores externos del ingreso de armas y dinero del narcotráfico y delitos conexos. El desafío de la seguridad no puede ser materia de improvisación. Hay que sepultar los discursos líricos esgrimidos por los principales responsables del incremento de la violencia ciudadana.

Es hora de desprenderse de las ideologías caducas, recuperando la sensatez del pensamiento lógico y el pragmatismo en las acciones de control. Esto debe ir de la mano de la aplicación de nuevas tecnologías que han sido exitosas en el resto del mundo. Nos hemos llenado de estudios elaborados por iluminados del conocimiento como el Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia 2019–2030, Plan de Seguridad Integral 2019-2030, Plan Estratégico de la Policía 2017-2021 y el Plan Estratégico Integral de Seguridad Fronteriza Frontera Norte 2018. Todos se han sumado a las cientos de estrategias enunciadas en cada rendición de cuentas de las entidades de seguridad, que no aterrizan en acciones efectivas.

El Presidente deberá respaldarse activamente con personas que realmente asuman el compromiso de ser parte de la solución en un problema complejo. No solo de aquellos que buscan perpetuarse en estas estructuras con resultados nefastos. Es hora de tener funcionarios con decisiones efectivas, sin compromisos ocultos, para empujar un cambio radical en el rumbo que tiene la inseguridad, que actualmente es el principal problema del país. Como ha dicho el presidente Lasso, la seguridad será prioridad en su gobierno hasta recuperar la paz ciudadana y gobernabilidad absoluta en todos los rincones del país. No pueden existir cárceles sin Dios ni Ley, ni ciudades sumidas en el miedo o la violencia.

Los generales en un laberinto de corrupción

Las denuncias de corrupción y vínculos de altos oficiales de la Policía y Fuerzas Armadas con el crimen organizado no son recientes. La explosiva declaración del embajador de EE.UU., Fitz Patrick, sobre la existencia de “narcogenerales” a los que han retirado las visas nos traslada al año 2009.

“La corrupción es generalizada en las filas de la Policía de Ecuador. Quien fue su comandante, Jaime Hurtado, usó su poder para extorsionar, acumulando dinero y propiedades, facilitar el tráfico de personas y obstruir investigaciones contra compañeros corruptos”.

Esa es una de las conclusiones de la entonces embajadora Heather Hodges, en un cable que envió al Departamento de Estado en 2008.

En ese cable -divulgado por WikiLeaks- se indica que con esa información EE.UU. le retiró a Hurtado y su familia la visa.


Esta semana la Embajada de Estados Unidos oficializó el retiro de la visa a los generales de la Policía Víctor Arauz, Pablo Rodríguez, Édgar Correa y Paulo Terán.  Los cuatro oficiales fueron cesados de sus cargos, en agosto de este año, luego de que no superaran una evaluación de ascenso. 


Hurtado fue comandante entre abril del 2008 y junio del 2009. Antes ocupó importantes funciones en la Policía, donde  «comenzó sus corruptas actividades en los años 90». Todas esas prácticas, según la embajada, eran bien conocidas en el alto mando policial.

Los estadounidenses estaban seguros de que el entonces presidente Rafael Correa también las conocía cuando lo nombró comandante. «Las corruptas actividades descritas dañan la inversión norteamericana en Ecuador. Los inversores se muestran reacios a arriesgar su patrimonio porque saben que pueden ser extorsionados por agentes corruptos de los cuerpos de seguridad».

Según la embajada, Hurtado prestó asistencia a los traficantes de personas, creando así oportunidades de entrar en EE.UU. a delincuentes y terroristas.

Otro punto clave que se menciona son los cambios que trajó la Constitución del 2008, para proteger a los agentes corruptos y debilitar los controles.

«Debido a estos fallos institucionales, los oficiales de la Policía apenas se exponen a un castigo cuando se implican en actos corruptos. Con jueces y políticos corruptos, esta situación está más acentuada en las altas esferas del poder».

Mientras Hurtado fue comandante, Correa dio un golpe de gracia a todo el sistema de seguridad nacional y de Inteligencia. Además ordenó la desaparición de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), que golpeaba a las FARC y al narcotráfico, en coordinación estrecha con EE.UU. y Ciolombia.

En 2008, esta unidad descubrió la relación de los hermanos Jefferson, Miguel y Édison Ostaiza, capturados con 4 toneladas de cocaína en Esmeraldas, con funcionarios del gobierno. En la campaña del 2006, ellos fueron militantes y financistas de la campaña presidencial de Alianza País. Los Ostaiza traficaban la coca de las FARC para el cartel de Sinaloa.

Pero las conexiones del gobierno de Correa con las FARC llegaron mucho más llejos. Apenas llegó al poder, Correa nombró embajador en Venezuela, al general René Vargas Pazzos, excomandante del Ejército.Vargas apoyó de lleno a Correa en la campaña, a través de la Alianza Bolivariana Alfarista, que aglutinó 30 movimientos identificados con la corriente de Hugo Chávez.

El exjefe del Ejército era afín a las proclamas “revolucionarias” de las FARC y crítico feroz de EE.UU. En 2003 Vargas visitó a Raúl Reyes, segundo de las FARC en un campamento en el Putumayo, para coordinar acciones de apoyo en contra del Plan Colombia, ideado para terminar con las FARC y sus aliados de los carteles.

Semanas después le extendió un certificado de honorabilidad a Nubia Calderón en el que se asegura que es una «persona honrada, de conducta intachable que la ha hecho merecedora de la confianza de todos los que han tenido la oportunidad de tratarle». Calderón era representante de las FARC en Ecuador y fue detenida en Sucumbíos con $7 000 que no pudo justificar. La carta sirvió para que ella pudiera recuperar el dinero.

El año siguiente, Vargas arrendó una de sus grandes haciendas en la Bocana del Búa, en Santo Domingo de los Tsáchilas, al “gordo” Oliver Solarte, jefe financiero del frente 48 de las FARC. Él se encargaba de cuajar la compra de coca para Sinaloa y transportarla desde Colombia a Ecuador.

Con el alias de Casimiro, Solarte se movía con libertad dirigiendo un grupo de unos 15 colombianos que asesinaron a más de diez personas en la zona. Algunos de los asesinados habían presenciado el aterrizaje de helicópteros con armados y el ingreso de camiones que llevaban cocaína.

Por años, Santo Domingo ha sido un punto medular para el tráfico de cocaína, pues conecta vías que vienen desde la frontera con Colombia con las rutas de salida a las playas de Manabí, por donde salen lanchas y barcos hacia Centroamérica. Cuando la información salió a la luz en el libro El Juego del Camaleón Vargas dijo que nunca supo que se trataba de Solarte.

Uno de los principales contactos del gordo Oliver fue el capitán del Ejército Telmo Castro, a quien reclutó Sinaloa para dar seguridad y ocuparse de la logística en Ecuador.

Según informes de Inteligencia, Castro contaba con la protección de altos oficiales del Ejército, con quienes tenía reuniones, les invitaba a fiestas y viajes. De la noche a la mañana Castro tuvo un crecimiento exhorbitante de su patrimonio, compró propiedades y autos.

Pese a que se había convertido en un acaudalado oficial, ninguno de sus superiores lo investigó. Fue detenido por la Policía cuando llevaba cocaína en un camión que simulaba ser del Ejército. Su relación con altos oficiales del Ejército y políticos nunca se investigó. Fue asesinado en 2019 en la cárcel de Guayaquil, luego

 

 

El infierno del hacker Julian Assange

La justicia inglesa acaba de dar luz verde a la extradición del hacker Julian Assange a Estados Unidos. Este viernes el Tribunal de Apelación de Londres aceptó un recurso que enero pasado había denegado la extradición del activista, por el riesgo de que cometiera suicidio. Los jueces concluyeron que el Gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental y dictaminaron que sí puede ser extraditado a ese país, donde enfrenta cargos de atentar contra la seguridad nacional, al revelar informes clasificados desde Wikileaks, desde 2010. Hace pocos días, el director del portal WikiLeaks, el periodista Kristinn Hrafnsson, consideró «totalmente inaceptable» que el Tribunal Superior de Londres pudiera fallar esta semana a favor de Estados Unidos en su recurso para que el activista australiano Assange fuera extraditado. Aquí un especial sobre el australiano, que estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres, para evitar, precisamente, ser extraditado a EE.UU. para su enjuiciamiento.

Jueza niega libertad a Assange

La magistrada Vanessa Baraitser negó hoy miércoles el pedido de libertad bajo fianza para el fundador de WikiLeaks. La misma jurista rechazó, el lunes 4 de enero, la solicitud de extradición de EE.UU. por motivos de salud,

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Julian Assange, entre la espada y la pared

Un protocolo de 10 páginas que se aplica desde este fin de semana regula drásticamente los pronunciamientos, las visitas, las comunicaciones y los controles médicos de Julian Assange en la embajada en Londres. Este documento,

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Así respondió el Gobierno a la CIDH sobre crisis carcelaria

La aplicación de los indultos para descongestionar las cárceles es compleja. Pese a que el Gobierno informó a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) que se han emitido reportes para que se apliquen beneficios penitenciarios a 536 detenidos, esa meta, si se concreta, tomará tiempo.    

Redacción Código Vidrio

Tras la última masacre que el 12 de noviembre dejó 68 asesinados y 25 heridos en la Penitenciaría del Litoral, la CIDH urgió al Estado a adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar la vida y los derechos de las personas detenidas que están bajo su custodia, investigar los crímenes e identificar a los responsables.

En este contexto, la CIDH envió un cuestionario (nota técnica 506-21/CIDH/SE/MPCT-SA) al Gobierno con varias interrogantes, que fue respondido desde la Secretaría de Derechos Humanos. El informe de 17 páginas está firmado por Andrea Romo, Directora de Protección y Reparación Integral.

Ese documento se envió días antes de que una delegación de la Corte Interamericana de DD.HH. llegara al país, el 2 de diciembre pasado. En esa visita, que tomó tres días, los comisionados visitaron los centros carcelarios de Guayaquil y Cotopaxi y se reunieron con distintas autoridades públicas. No pudieron ingresar a la Penitenciaría, donde han ocurrido los brotes más cruentos.

Código Vidrio accedió al informe que entregó el Gobierno a la CIDH. Una de las partes medulares se refiere a las medidas que se han tomado para enfrentar la crisis carcelaria desde mayo, entre ellas la disminución del hacinamiento en los centros carcelarios.

 Para reducir el hacinamiento, entre agosto y octubre de este año, se han emitido los informes para que se apliquen beneficios penitenciarios a 536 detenidos. La documentación -agrega el informe- ha sido entregada al sistema de justicia, con el que se está coordinado su aplicación.

No obstante, fuentes del sistema penitenciario dijeron que llegar a esa meta es muy complicado. La liberación de esos detenidos no solo depende del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes (SNAI) sino del sistema judicial.

Delegados de la CIDH llegaron al país el 2 de diciembre para constatar en el terreno las condiciones de los centros carcelarios y reunirse con autoridades de varias entidades.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran quienes podrán ser indultados directamente por el Presidente Guillermo Lasso. Hasta el momento, unas diez personas han recibido el perdón del Mandatario.

Hasta octubre pasado había 37.679 internos en los 54 presidios del país, que tienen capacidad para albergar 30.169 personas. Es decir que hay un hacinamiento (plazas faltantes) de 7.510 (24,8%.). El presidio de Los Ríos, con 151%, es el que tiene más hacinamiento, seguido por el centro Nro 5 de Guayas, con 129%; El Oro, con 110%, y Santo Domingo, con el 101%.

De los 37.679 presos, el 61% tiene sentencia y y 39% está procesado, sin una condena en firme.

Sobre las cárceles donde han ocurrido los hechos más violentos, el Gobierno explicó a la CIDH que están en Cotopaxi, Azuay y Guayas, que reúnen 21.836 detenidos. La mayoría se concentra en 6 centros de Guayas, donde están encerradas 15 mil personas.
Los delitos que concentran el mayor número de presos son:
-Drogas (28,19%)
-Contra la propiedad (26,17%)
-Contra la integridad sexual (16,18%)
-Contra la vida (13,47%)
-Contra las personas (4,36%)
-Contravenciones y apremio de alimentos (11,63%).

Solo una fallecida en las cárceles de mujeres

Los enfrentamientos en las prisiones no son recientes. Las masacres cobraron otra dimensión desde el 2019. Dejaron de ser motines convencionales y se convirtieron en disputas violentas entre las megabandas, especialmente Los Choneros, Lobos, Lagartos y Tiguerones.

Mientras hasta el 2018 hubo 98 fallecidos en las cárceles, en los tres últimos años se reportaron 414 asesinatos. Solo este año hubo más de 300 crímenes, en los presidios de varones. Estos datos de extrema violencia contrastan radicalmente con lo ocurrido en las cárceles de mujeres.

En el país hay 5 de centros de privación de libertad de mujeres. Hasta la fecha solo ha ocurrido un hecho de violencia en Guayaquil. Ocurrió el  4 de julio de 2021. Ese día fue asesinada Sindy Mosquera Rivas, en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nro. 2. Luego, la subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, en coordinación con la dirección de Inteligencia e Investigaciones de SNAI, trasladó a 15 detenidas a diferentes centros del país.
Este traslado, según el informe, permitió restaurar la seguridad, mantener el orden al interior del centro y evitar que escalen otros hechos de violencia.

Investigaciones de la Fiscalía

Entre las acciones emprendidas para investigar los crímenes, la Fiscalía informó que abrió 24 investigaciones previas (noticias del delito) y ha realizado 156 impulsos fiscales. Además, 568 diligencias investigativas entre autopsias, exámenes médicos legales, versiones, reconocimiento de lugar de los hechos, reconocimiento de diligencias y solicitud a varias instituciones del Estado.

Hasta octubre pasado, había 37.679 internos en los 54 presidios del país, que tienen capacidad para albergar 30.169 personas.

Para esta tarea, la fiscal Diana Salazar conformó un equipo especializado de fiscales para el conocimiento y trámite de las investigaciones, que está dirigido por el Coordinador de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional –UNIDOT. En ste año se han identificado 7 eventos violentos de grave conmoción en los centros.

Además, entre enero y octubre, la Policía ha realizado 122 operativos para decomisar objetos prohibidos en las cárceles: 69 en Guayas, 31 en Cotopaxi y 22 en Azuay.

En su respuesta a la CIDH, el Gobierno explicó que la situación carcelaria se debe comprender en el contexto de la seguridad no solo nacional sino regional, caracterizada por una fuerte presión del crimen organizado transnacional. En especial del narcotráfico, que ha dinamizado una serie de economías ilegales lideradas por grupos que operan dentro y fuera de las cárceles y que tienen conexiones con carteles internacionales.

Para enfrentar la crisis, el régimen emprende un plan, a cuatro años plazo, con un financiamiento de 74 millones de dólares.

Este proyecto tiene cuatro ejes:
-Infraestructura, con énfasis, en los presidios más grandes, en Guayaquil, Cuenca y Latacunga.
-Tecnología: con adquisiciones de cámaras, sensores y escáneres.
-Rehabilitación: que incluye inversiones en los ejes de tratamiento, talleres y educación.
-Personal, con capacitación y equipamiento de agentes de seguridad penitenciaria.

En su respuesta a la CIDH el Gobienro explicó que la situación carcelaria se debe comprender en el contexto de la seguridad no solo nacional sino regional, caracterizada por una fuerte presión del crimen organizado transnacional. En especial del narcotráfico, que ha dinamizado una serie de economías ilegales lideradas por grupos que operan dentro y fuera de las cárceles y que tienen conexiones con carteles internacionales.

Mafias ganan 120 millones en las cárceles

Producción y reportería Arturo Torres y Doris Olmos

//CONEXIONES// Los últimos años las megabandas se transformaron en verdaderos ejércitos en las prisiones. Su mutación es consecuencia del empoderamiento vertiginoso de estas mafias como brazos armados de los carteles mexicanos y europeos, en el contexto de un aumento explosivo del narcotráfico. Hoy en nuestro video de Conexiones revelamos cómo estas actividades les dejan millonarios recursos, así como el control de la economía en los presidios, donde los capos reinan. 

Su poder proviene de dos fuentes: los recursos que reciben por sus operaciones para los carteles y los ingresos económicos, estimados por los servicios de Inteligencia en 120 millones de dólares al año (entre 8 y 11 millones mensuales), por sus actividades delictivas en los centros. En los centros penitenciarios sus ganancias se originan en la venta de droga, extorsiones y cobros por ingreso y uso de celulares, armas de fuego, licor, reventa de víveres en 54 centros carcelarios, según informes oficiales y varias fuentes consultadas por Código Vidrio.

Sentencia a ex fiscal devela huella del narco en justicia

La Corte de Guayaquil sentenció a cinco años de cárcel a la ex fiscal Ángela Beltrán por asociación ilícita al favorecer con sus actuaciones a los narcotraficantes Robinson Arroyo y Víctor Endara, condenados por el tráfico de 600 kilos de cocaína (foto). Según las evidencias, como escuchas telefónicas y chats, Beltrán recibió un soborno de 300 mil dólares del abogado de los implicados Xavier Novillo, en acuerdo con la jueza Ana Posiligua, el secretario Walter Zambrano y la abogada Johana Pezo. No obstante, los jueces los declararon inocentes.

Redacción Código Vidrio

El juicio por asociación ilícita contra la ex fiscal manabita Angélica Viviana Beltrán parece sacado del guión de una narconovela. Entre los principales protagonistas de esta zaga están una jueza, un secretario de la Fiscalía, dos abogados y un enfermo terminal, usado como testigo falso.

El 2 de diciembre del 2017, unidades especiales de la Policía desarticularon una organización criminal liderada por Robinson Arroyo y Víctor Hugo Endara, cuando pretendían transportar 600 kilos de cocaína a EE.UU. en una avioneta Cessna, de bandera mexicana y matrícula ecuatoriana, que debía despegar desde el aeropuerto Los Perales, en Manabí. La droga pertenecía al cartel de Sinaloa.

En el operativo fueron detenidos nueve individuos, entre ecuatorianos, colombianos y mexicanos. Robinson Arroyo es considerado un peso pesado entre las organizaciones del nartcotráfico, y era seguido por el FBI.

Tras la captura, el proceso pasó a manos de la fiscal Beltrán. Y un mes después del operativo Impacto 43 empezó a dar un giro inesperado, con la aparición de un personaje suigéneris: Vicente Benítez, un manabita de 56 años, quien se autoinculpó y dijo ser responsable de la “producción de la droga”.

En esos días, Benítez ya sufría una enfermedad terminal (Sida) y murió seis meses después de confesar su supuesto delito. Según las investigaciones de Antinarcóticos, el testigo era falso, había sido comprado por los abogados de los narcotraficantes para declarararse culpable y así el dinero sería entregado a su familia.

No era la primera vez que Benítez actuaba como testigo. Antes también se había presentado a testificar en otros casos de narcotráfico, para descargar la responsabilidad de otros implicados, con la anuencia de jueces y fiscales.

Basándose en ese testimonio, Beltrán pidió modifcar la tipología del delito contra Arroyo, Endara y el resto de implicados. Así, no los acusó de tráfico de cocaína sino de producción, que implica una pena mucho menor, aunque fueron capturados con todas las evidencias de manera flagrante.

Por narcotráfico, la pena, en función de la cantidad decomisada, no habría sido menor a 13 años. Como productores, sus sentencias oscilan entre 7 y 10 años de reclusión.

Pero la fiscal Beltrán no solo cambió la tipología del delito. También pidió que el juez recibiera el testimonio abreviado de los implicados, que aceptaban su culpabilidad y así recibirían otra rebaja de sus penas. Durante la investigación, la fiscal tampoco aceptó otras vinculaciones que pedía la Policía.

Como parte de los seguimiento de la operación Impacto 3,  los investigadores confirmaron que las acciones de la fiscal fueron planificadas con los abogados de la organización delictiva. Los agentes Antinarcóticos descubrieron el plan gracias a las escuchas telefónicas que hacían a las conversaciones de los cabecillas de la red, desde 2017.


 


En enero del 2018, grabaron uno de esos diálogos, en el cual uno de los integrantes de la banda dice que pagaron 300.000 dólares para que sus abogados pacten con la Fiscal, que también se habría puesto de acuerdo con la jueza, el secretario de la Fiscalía y los abogados de los sentenciados para obtener rebajas de penas.

“La estrategia es que todos salgan en diez meses. La fiscal está del lado de nosotros… Es la que ordena todo eso”, dice uno de los diálogos registrados en las escuchas, corroboradas por un perito dentro del juicio.

Las escuchas también les permitieron a los policías acceder a los teléfonos de la fiscal y el resto de funcionarios judiciales, donde encontraron las fotografías que se enviaban a los narcotraficantes para demostrar el avance de las operaciones y cómo se acogían en la justicia los testimonios a su favor. Era la evidencia de que estaban haciendo sus trabajo por el soborno.

Los chats con el abogado Novillo y la hoja de ruta

Entre los indicios consta la pericia telefónica realizada al Iphone de Robinson Arroyo (0939344329), que fue pinchado por el SICOM. En ese teléfono se descubrió un chat de WhatsApp con el numero 0981092161, registrado en la agenda de contactos como ABO NOVILLO, que en un cotejamiento de voz se determinó que se trataba del abogado Xavier Alexander Novillo Arana.

En los mensajes  se describe, paso a paso, todas las actividades judiciales que se realizaban para liberar a los 9 procesados, así como la cantidad de dinero que requería para entregarle a la Fiscal y Juez. Como muestra de su “profesionalismo”, la jueza les remitía fotografías de las versiones recogidas, entre ellas la de Javier Esteban Suárez Álava, quien vinculaba al testigo falso. El testimonio del testigo falso tiene el pie de firma de la abogada Johanna Gabriela Del Pezo. Además, en los mensajes se encontraron fotografías de los oficios de la fiscal Beltrán Vallejo pidiendo a la jueza Ana Ofelia Posiligua (encargada del despacho) hora y fecha para reformular cargos, vinculación y abreviado. Es decir, los requerimientos por los cuales pagaron $ 300.000.

Con todas estas evidencias, el 27 de abril del 2018 la jueza encargada de la presidencia de la Corte de Guayas, Esperanza Moreano, abrió el proceso por asociación ilícita contra la jueza Posligua, Mendoza, Novillo y Del Pezo. La jueza no ordenó sus detenciones, dictó medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país de los acusados.

El fallo fue apelado y los investigadores insistieron en la detención de los sospechosos, que fue aprobada el dos de mayo. No obstante, 20 días después el juez Francisco Morales, encargado de la Presidencia de la Corte de Guayas, les concedió una fianza de $4.632 a todos los implicados, con lo cual obtuvieron su libertad.

Un desfile de jueces esquivos

Desde esta fecha, el caso empezó a tamabalear, con un sinnúmero de retardos y contratiempos. Argucias procesales para dilatar los fallos y excusas sistemáticas de varios jueces. Hasta noviembre la Fiscalía no lograba concretar la audiencia preparatoria del juicio. No había fechas pendientes y cuando por fin lo consiguió el nuevo presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur, se inhibió de conocer el juicio.

Su decisión se basó en las supuestas acciones que provocaría la nulidad de lo investigado, por eso pidió que se pronuncie la Corte Provincial de Justicia de Manabí, donde la red narco fue desmantelada.

La jueza Laura Sabando,  a cargo de la presidencia  de la Corte de Manabí, también se inhibió de conocer la causa. Argumentó que su colega de Guayas no podía haber tomado esa resolución, pues era él quien legamente estaba encargado de tramitar el juicio.


Los chats evidencian las negociaciones del supuesto pago a operadores judiciales


El juez Sabando respondió que no era responsable y devolvió el expediente a Manabí. Entonces, la jueza manabita pidió que la Corte Nacional de Justicia sea la que dirima la controversia.

Todas estas dilaciones jugaban a favor de los integrantes de la red de narcotráfico, que por los beneficios concedidos por los jueces buscaban recuperar su libertad en cualquier momento.

En enero del 2019, un año después de las investigaciones, la Corte Nacional dirimió la polémica y resolvió que el juicio se tramite en Guayas.

Sin embargo, otro incidente surgió en el camino: el juez Manzur no podía llevar el caso y fue reemplazado por Francisco Morales. Él realizó la audiencia previa del juicio en contra la fiscal Beltrán; la jueza Posligua, Mendoza, Arroyo y Del Pezo, además de los cabecillas de la banda que iban a ser los presuntos beneficiados de esa asociación ilícita.

El juez estimó que había méritos suficientes para procesarlos penalmente y elevó el expediente a la Sala Penal de la Corte de Guayaquil.

Desde esa diligencia hasta la expedición de la sentencia transcurrió un año y medio más. En este período sobrevino otra avalancha de dilaciones con diligencias suspendidas, retrasos y otros incidentes.

Este último lunes 14 de julio, la Sala Penal de la Corte de Guayas dio a conocer su sentencia. Condenó por asociación ilícita a cinco años de cárcel a la fiscal Beltrán y a los principales integrantes de la red: los narcotraficantes Robinson Arroyo y Víctor Hugo Endara, que ya habían sido condenados anteriormente a 19 años de prisión en el caso principal, por el tráfico de 600 kilos de coca.

Pese a que las pruebas indican que la fiscal, al parecer, no actuó sola sino con otros funcionarios y abogados, los jueces Richard Gaibor Gaibor (ponente), Henry Morán Morán y José Poveda Arauz declararon la inocencia del resto de implicados. Concretamente los jueces absolvieron a Ana Posligua Ronquillo (ex jueza de San Vicente, quien dio paso al cambio del tipo penal y la vinculación del testigo falso); Walter Zambrano (secretario de la fiscal, quien colaboró con el abogado Novillo para recibir una serie de versiones); Xavier Novillo Arana (quien coordinó con la fiscal y la jueza, con el pago de $ 300.000, el cambio de tipo penal, el ingreso de testigo falso y el procedimiento abreviado de los detenidos en el aeropuerto los Perales); y Johana Del Pezo Zambrano (abogada del testigo falso, que falleció 6 meses después de dar su versión auto inculpándose).

El fallo puede ser apelado por la Fiscalía o cualquiera de las partes hasta este viernes, para que la Corte Nacional lo revise. Fuentes cercanas a la investigación, temen que la Fiscal del caso no apele la sentencia, en vista de las actuaciones sospechosas de otros funcionarios judiciales en este caso.