Por Douglas Farah y Marianne Richardson.Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales, Universidad Nacional de Defensa de EE.UU.*
EN PERSPECTIVA. Durante los últimos 15 años, la disposición de China de otorgar miles de millones de dólares en préstamos en América Latina creó la percepción de que está gastando recursos ilimitados para atraer aliados, en una región donde Estados Unidos históricamente ha tenido una influencia significativa.
China está aumentando esta percepción mediante la entrega de millones de vacunas COVID-19 a América Latina, respaldada por una sólida operación de medios, para dar forma al entorno de información.
Mucho menos visibles son los esfuerzos regionales concertados de China para remodelar la arquitectura de la cadena de suministros comerciales, los sistemas cibernéticos y de telecomunicaciones, y los mercados para depender de las tecnologías, los estándares y el hardware para el beneficio a largo plazo de China en perjuicio de Estados Unidos.
Para apoyar esta estrategia, China desarrolló una creciente máquina de medios patrocinada por el estado que ahora tiene una huella más grande que todos los medios occidentales combinados en el hemisferio.
Estos elementos de la estrategia apuntan a:
■ Adquirir puertos, servicios de electricidad e instalaciones de exploración espacial en el Cono Sur. Estos hitos brindan a la República Popular China acceso al Polo Sur, establecen su experiencia en el desarrollo de infraestructura, establecen estándares en las licitaciones en curso para desarrollar redes 5G y cambian las rutas comerciales regionales a través del proyecto de dragado del río Paraná.
■ Ampliar la vigilancia a través de proyectos de “ciudades seguras”. Estas iniciativas brindan a los gobiernos capacidad de vigilancia para combatir el crimen en áreas urbanas, pero la infraestructura de datos le brinda a China acceso en tiempo real y sin filtros a cantidades masivas de datos e inteligencia.
■ Ampliar el alcance del conglomerado de medios estatal Xinhua. Esto ayuda a China a impulsar una narrativa anti estadounidense e introducir su presencia como benevolente, utilizando el bombardeo diplomático COVID-19.
■ Incrementar la participación de China en las asociaciones multilaterales de integración regional de América Latina, en particular las diseñadas por la alianza bolivariana para excluir a EE.UU.
■ Diversificar y descentralizar los métodos de participación. Las tácticas descentralizadas van desde la participación de estado a estado hasta colaboraciones municipales e inversiones comerciales de empresas que no son propiedad directa del estado.
Apoyo a gobiernos autoritarios
En toda la región, la estrategia de China es aumentar el apoyo a los regímenes autoritarios conectados con la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana y otros gobiernos populistas antidemocráticos. También mejorar la vigilancia utilizada para el control político y la represión, aumentar las actividades delictivas organizadas transnacionales patrocinadas por China, con el incremento de la corrupción e impunidad, sin una rendición de cuentas. Esto erosiona la confianza en el proceso democrático, socavando fundamentalmente las instituciones democráticas, el estado de derecho y la estabilidad en el hemisferio occidental.
Durante la última década, China reorientó fundamentalmente su esfuerzo en América Latina desde préstamos masivos para proyectos de infraestructura a gran escala hasta inversión extranjera directa en sectores y países estratégicos. Esto está alterando fundamentalmente la arquitectura tecnológica y comercial del hemisferio para la ventaja a largo plazo de China. Este realineamiento hacia un fuerte compromiso de poder en lugar de las tradicionales estrategias de poder blando ha sido respaldado por la expansión de los esfuerzos para remodelar el espacio de información a través de los medios controlados por el estado y los programas de «capacitación» de los medios. Mientras tanto, la pandemia de COVID-19 y la capacidad de China de proporcionar equipos de protección y vacunas fortalecieron sus oportunidades en todo el hemisferio.
A través de la expansión de Huawei y las agencias de telecomunicaciones, directamente vinculadas al Partido Comunista Chino, la estrategia está diseñada para crear e implementar los estándares, regulaciones y modalidades de las tecnologías 5G y otras innovaciones tecnológicas en el futuro. Estas operaciones centrales son costosas y difíciles de cambiar una vez implementadas.
Como parte de esta expansión, los proyectos de ciudades inteligentes y ciudades seguras de China, ahora operativos en toda la región, le brindan un acceso incomparable a big data, así como inteligencia específica al reflejar la información de los sistemas directamente en China en tiempo real.
Este enfoque corre paralelo a los esfuerzos de China para obtener acceso permanente a la Antártida, a través de nuevos y opacos acuerdos con el gobierno argentino; esfuerzos continuos para adquirir puertos del sur, en Chile; de hecho buscaba financiar el túnel trasandino entre los dos países sudamericanos y fortalecer su acceso al monitoreo del espacio profundo a través de su base existente en Neuquén y propuso nuevas bases en Argentina y Chile.
La infraestructura portuaria sigue siendo una prioridad, al igual que la inversión multimillonaria en curso para adquirir participaciones importantes en la infraestructura eléctrica de varios países.
Más allá del poder blando
Los fuertes esfuerzos de poder de China, bien financiados y en curso, no llegan a la confrontación militar directa, pero van más allá del ámbito tradicional del poder blando. Esto presenta un conjunto de desafíos de varios niveles para Estados Unidos y sus aliados regionales, por lo cual el costo de no participar en este teatro regional será alto. Aunque China no se alía exclusivamente con otros regímenes autoritarios de América Latina, las relaciones con el BJCE y los populistas radicales de derecha en Brasil son aliados regionales claves.
«Se trata de un asalto a la región que está socavando lentamente la influencia estadounidense, las instituciones democráticas, las oportunidades comerciales y la construcción de la capacidad para negar a Estados Unidos el acceso a puertos y nodos clave en la cadena de suministro global».
A pesar de los avances de China, Estados Unidos conserva una capacidad significativa para mitigar estos avances y mantener su posición como el socio principal de elección en el hemisferio. Esto debe comenzar con un esfuerzo de mensajería enfocado, persistente y coordinado que proporcione información precisa para cambiar la narrativa a una discusión del verdadero costo de la participación de China. EE.UU. tiene muchos vínculos con la región que China no puede duplicar, replicar ni reemplazar.
La primera son las comunidades de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos, que ascienden a decenas de millones, sin comunidades comparables en China.
La segunda es que las remesas en dólares de estas comunidades de la diáspora a sus países de origen totalizan decenas de miles de millones de dólares al año (6 mil millones solo en El Salvador), que es un apoyo directo a las familias que China no puede esperar igualar. Estos dos factores, además de la historia hemisférica compartida, proporcionan profundos lazos culturales y económicos que superan con creces lo que China puede esperar ofrecer y pueden utilizarse para cambiar el enfoque de las políticas en el hemisferio. Involucrar a estas comunidades en los problemas que se describen a continuación amplificaría drásticamente los esfuerzos, y este tipo de participación aún no se ha llevado a cabo.
*Extracto del artículo titulado The PRC’s Changing Strategic Priorities in Latin America, publicado por INSS, National Defense University.
Con 8 atletas para los juegos paralímpicos de Tokio 2020+1, Ecuador cerró su participación con 3 medallas, 6 diplomas y un récord olímpico. No obstante, para llegar a esto los deportistas y el Ministerio del Deporte se encontraron con distintos obstáculos, que se sumaron a la pandemia. Uno de los mayores fueron los prejuicios.
Poleth Mendéz, medallista paralímpica; Sebastián Palacios, ministro del Deporte, y Santiago Chango, entrenador, cuentan en este VIDEO, desde distintos frentes, sus experiencias y las barreras que han tenido que enfrentar para avanzar y apoyar el deporte paralímpico.
Este año, el Comité Paralímpico recibió $1,7 millones de dólares superando los 1.2 millones de dólares del Comité Olímpico. Según Sebastían Palacios, ministro del Deporte, este monto se fija en función del número de eventos que organizan, los proyectos que promuevan, y os deportes más demandados.
El apoyo a los deportistas, más allá de los prejuicios, es clave para su desempeño. Poleth Mendes, medallista paralímpica, indica que “la gente desconoce o no se da cuenta que somos los mismos, hacemos el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio, los olímpicos y los paralímpicos”.
Palacios destaca la importancia del respaldo de toda la sociedad, que debe brindarles las mismas oportunidades: «Cuando hablamos de inclusión es justamente hacernos parte de las mismas oportunidades, los mismos derechos, proyectos y programas”.
El nuevo Plan de Alto Rendimiento se ha trabajado con los deportistas y especialistas para cubrir todos los frentes.
Por Emilia Paz y Miño, Nicolás Larco Alianza Código Vidrio-Universidad San Francisco de Quito
Abogado penalista. Especialista en temas de seguridad
En Ecuador, desde su retorno a la democracia en 1979, los modelos de seguridad se han aplicado por la Policía en función de la tendencia ideológica de los gobiernos de turno.
Por ello, tomando en cuenta que el eje de control siempre ha sido el poder político, con el Ejecutivo a la cabeza, es necesario iniciar este largo viaje partiendo del modelo heredado desde que 27 de febrero de 1975, cuando el general Guillermo Rodríguez Lara, como Jefe Supremo, expidió la Ley Orgánica de la Policía Nacional, cambiando el nombre a Policía Nacional. También creó el Ministerio de Gobierno (antes Ministerio del Interior), y la Subsecretaría de Policía, encargada de la coordinación entre la institución y el gobierno. Estas entidades tuvieron un papel preponderante en los años venideros, pues precisamente desde las oficinas ministeriales se toman decisiones que afectan el control de la seguridad del Estado, que posteriormente se consideraría como «Seguridad Ciudadana».
En sus orígenes la Policía, como herencia de su creación institucional, mantenía la estructura y organización jerárquica militar. Eso, en un país de matices como el Ecuador, no trajo sino una confrontación interinstitucional entre FFAA y Policía, que desencadenó una profunda rivalidad, motivada en competencias y capacidades.
De hecho, eso se evidenció en la creación de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, que delimitó la capacidad operativa policial en cuanto a armamento y munición para uso institucional, subordinando la autorización para compra de estos insumos a la decisión del Comando Conjunto de las FFAA. Entonces no se pensó en su misión específica, sino en una posible confrontación entre ambas instituciones.
En enero de 1981, en la presidencia de Jaime Roldós, se inició una huelga en la institución policial. El motivo fue que luego de año nuevo aún no se había pagado a los policías sus sueldos y bonificaciones a las que tenían derecho. La protesta terminó luego de un proceso de negociación liderada por el Ministro de Gobierno sin que ello haya destado una confrontación.
Este evento generó también una respuesta en la legislación positiva, pues se delimitó el accionar policial y se fomentó la proliferación de reclamos atribuibles a la violación de derechos humanos, considerando que los principales titulares de estos derechos son precisamente las personas en conflicto con la Ley.
Desde fines de los años 80, la Policía se vio envuelta en una serie de cuestionamientos, especialmente en temas vinculados a violación de derechos humanos, actos de corrupción y niveles de inseguridad crecientes, con un manejo poco técnico de la problemática que se desbordaba en varias provincias, principalmente de la costa. Las acciones de gobierno, por su parte, se limitaban a buscar alternativas para combatir estos flagelos, pero en medio de una marcada inestabilidad política y económica que generaba constantes enfrenamientos entre la Policía y sectores sociales. En muchos casos, los policías terminaban siendo procesados por cumplir con su deber de ejecutar acciones decididas por el Ejecutivo, a través del mando, para el mantenimiento del orden.
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Con la reforma a la Constitución de 2008 y la llegada del modelo de la denominada «revolución ciudadana» una vez más se cuestiona la estructura policial en su conjunto. Se habla de la necesidad de cambiar el modelo de policía con raíces militares y convertirla en una policía más «ciudadana». Entonces se crea la Comisión de la Verdad, cuya única finalidad fue perseguir presuntos delitos cometidos por oficiales retirados con el objetivo de posicionar en el imaginario de la población que se estaba depurando a la Policía desde sus orígenes.
Esta misma doctrina dispuso la liberación de cientos de reos que no tenían sentencia como producto de un abultado y hasta hoy día excesivamente burocrático sistema judicial. A la receta del «éxito» en la seguridad ciudadana se sumó la incorporación de tablas de consumo o tablas de porte no penalizado de sustancias sujetas a control en todos sus niveles y fijando montos de ínfima cuantía para despenalizar las acciones delictivas.
Se debe reconocer el afán de ese gobierno por realizar una modernización de los equipos básicos de protección y dotación para el cumplimiento de la misión específica constitucionalmente asignada a la Policía de mantener la seguridad, pero no sin tener en consideración que el costo fue el incremento de la injerencia política en la estructura policial, al punto que se estableció una nueva rectoría y dependencia absoluta del poder político. Ello fue notorio en la designación de cargos en todos los niveles de la institución policial creando las «Comisiones de Pases» que no eran otra cosa que la decisión ministerial de colocar a sus allegados en puestos claves de la seguridad y a sus no allegados en los recónditos lugares que el territorio nacional permite.
Esta realidad conlleva igualmente la afectación de familias y la merma profesional, pues hasta hoy se mantiene una discrecionalidad marcada en la designación para cursos de capacitación nacional o internacional, pues este es un componente trascendental para garantizar la permanencia o separación de la vida institucional.
En el 2010 es relevante el acontecimiento del 30 de septiembre cuando ocurrió la insubordinación policial en el Regimiento Quito, contra el entonces presidente Rafael Correa. Tras esos sucesos el gobierno nhizo un cambio radical del modelo de gestión policial y la visión de desconcentración de los cuarteles policiales bajo lo que se denominó «Plan Seguridad Ciudadana y re Reformulación del 2010». Así se estableció un modelo de gestión policial que se soporta sobre el concepto de policía comunitaria, que implicó una inversión enorme en la contrucción de las llamadas UPC (unidades de Policía Comunitaria) a nivel nacional; que en la práctica diaria se torna inadecuadas a la realidad, pues para su funcionamiento en condiciones óptimas se debe considerar los turnos del personal asignado y las condiciones de judicialziación en caso de ejecutar cualquier forma de detención, pues ello conlleva horas en los procesos de aseguramiento de los detenidos y su correspondiente judicialización, dejando el sector en estado de abanadono mientras se cumplen con las diligencias judiciales. Esta problemática ha determinado que la ciudadanía en muchos casos proteste por la falta de respuesta policial ante los llamados de emergencia, así como la gran inversión logística que este modelo exige.
Se efectuaron procesos de desconcentración y la creación de circuitos y subciruitos, creando sistema de control de productividad del personal. Para muchos de los ideólogos de este sistema, basado en la dispersión de unidades policiales y presencia activa en territorio, se consiguió una reducción importante de varios de los indicadores de la inseguridad delictual como son el porcentual de robos (2011-2014) y al persistente descenso de los homicidios (2010-2015). Pero ello en realidad debe ser analizado en su real dimensión frente al incremento de las cifras negras y la desmotivación ciudadana de presentar denuncias que no tienen respuesta alguna o encuentran una verdadera solución al evento sucedido, pues el sistema investigativo no solo que se encuentra saturado, sino que es selectivo en la determinación de investigaciones y resultados reales.
La Tasa de Homicidios descendió de 18,74, en 2009, a 7,2, en 2014. El 2015 se redujo el índice de homicidios aproximándose a 6 por cada 100.000 habitantes, un índice histórico que hacía 33 años no se repetía. Este mismo valor, el 2009, ubicaba la tasa de homicidios en 18,74; el descenso fue del 32%. Sin embargo, el Estado policial se impuso en Ecuador. Sobre todo, porque la capacidad policial se incrementó significativamente por la inversión millonaria que se realizó en medios que fueron ampliamente cuestionados como la adquisición de patrulleros marca KIA, inapropiados para las tareas de patrullaje y con denuncias de sobreprecios.
La realidad geográfica y operativa del sistema policial superó la capacidad que estos vehículos podrían brindar. No obstante, ya cumplida la vida útil de la flota completa, no se ha realizado ningún proceso para su reemplazo por vehículos más acordes a las exisgencias del servicio de seguridad en el país, no solo en el perímetro urbano como aparentemente se consideró al realizar esta compra, sino acorde a la realidad rural del Ecuador.
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Ahora, frente a las críticas de la vinculación de efectivos policiales al submundo delincuencial, existen varios eventos que forzaron una investigación sobre elementos de las propias filas policiales. Uno de ellos es el sonado «caso Hong», en el cual un General en servicio activo estuvo bajo la mira de la justicia, sin que haya sido finalmente sentenciado. Otro fue el escandaloso «Caso Pases», que impuso una pena privativa de la libertad al ex Comandante, con muchos cuestionamientos sobre las verdaderas motivaciones de esta investigación y sus resultados, por la proximidad de los investigados al poder político de turno.
El 2011 en un cable diplomático, escrito en 2009, publicado por el diario «El País». En esa comunicación la embajadora estadounidense Heather Hodges dijo que «la corrupción entre los agentes de la Policía de Ecuador es amplia y bien conocida» y que «los inversionistas de EEUU se muestran reacios a arriesgar sus recursos a sabiendas de que podrían ser objetivo de los corruptos los agentes del orden«. Esta situación vuelve a aflorar frente al reciente anuncio del embajador estadounidense, Michael Fitzpatrick, quien al referirse a las acciones anticorrupción mencionó, en una entrevista en el medio digital Primicias, que se están retirando visas a los generales investigados por varios casos de connotación.
No obstante, el Embajador riesgosamente deja en un cuestionamiento ampliado a todos los oficiales generales de la Policía, en servicio activo y pasivo, pues no se precisó las acciones judiciales que podrían existir. Tampoco puntualizó a quienes se refería en particular. Una declaración tan general no le hace bien a una lucha frontal contra la corrupción como la que pretende realizar el gobierno del Presidente Lasso y a las actuaciones de Antinarcóticos, que este año ya desembocaron en la captura de 190 toneladas de droga, 153 de coca.
Es fundamental mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y mecanismo de transparencia de los funcionarios llamados a hacer cumplir la Ley. Existen actualmente varios procesos en carpeta que deberán ser materia de análisis en profundidad por la justicia. Sobre todo se deberá considerar que un oficial de la Policía es un funcionario público cuyos ingresos están limitados al sueldo que percibe del Estado, y que cualquier valor adicional deberá ser justificado para sustentar un patrimonio coherente.
Todos los oficiales de las FFAA, Policía e inclusive de los demás cuerpos de seguridad considerados por el cuestionado COESCOP deben someterse a un mayor escrutinio público. Solo así se podrá desarrollar un nivel de confianza en su gestión.
No se pueden dejar de lado la existencia de pruebas de confianza realziadas a todos los Oficiales de la Policía de manera permanente en cada uno de los procesos de calificación previo a los ascensos jeárquicos. Históricamente se conoce que estas han sido superadas por unos oficiales y minimizadas para otros que no las aprobaron. No obstante, ostentan cargos de alta responsabilidad en la seguridad nacional, pese a no cumplir ese requisito.
La óptica sesgada de las calificaciones de concepto ha sido igualmente puesta en duda. Ha servido para privilegiar las relaciones de subordinación al poder político más que a la calidad de los oficiales evaluados. Por este motivo, en múltiples ocasiones la justicia común y el accionar constitucional han fallado con serios cuestionamientos a los procesos de evaluación, previo el ascenso de los oficiales, sin que el Estado haya aplicado rectificaciones hasta el momento. No se puede olvidar que un ACTO administrativo se motiva con otro ACTO administrativo; no hacerlo infiere caer en la discresionalidad o el abuso de poder; condiciones que son precisamente alegadas por las defensas de los cuatro generales restituidos por una sentencia, que fue apelada por la Presidencia.
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El crecimiento de la problemática de la inseguridad también va de la mano con el incremento poblacional y los fenómenos de la migración agresiva que ha vivido el país, con ciudadanos errantes en condición de calle. Por ello, se planteó, ya en el 2011, la necesidad de incrementar el pie de fuerza a 70.000 policías, para cubrir la necesidad en el 2017, además de aumentar los agentes especializados en áreas técnicas, tácticas e inteligencia. Todas estas condiciones se suman cuando se debe analizar la problemática de la violencia que vive el Ecuador. No se puede desconocer un estado de excepción y varios de emergencia que han sido dispuestos por la conmoción interna que produce la violencia criminal y las condiciones de lesa humanidad que existen en los mal llamados Centros de Rehabilitación. Este número no ha sido alcanzado hasta el momento por la falta de presupuesto, así como por la inversión logística que se requiere, tomando en cuenta que la Policía no ha entregado uniformes de dotación desde el 2015, cuando cerró sus operaciones la cuestionada y fallida empresa FABREC.
Es importante anotar que la violencia es causa y consecuencia del ciclo de la pobreza y el estancamiento económico, producto de 14 años de ignorar la productividad y apostarle al gasto estatal. Esas condiciones han generado el caldo de cultivo para el aparecimiento cada día más frecuente de alternativas económicas vinculadas a diferentes tipos de delitos muy rentables que contaminan a la población joven del país, especialmente en la frontera, convertida en semillero para el crimen organizado y la violencia estructurada.
Estos conceptos de violencia, inseguridad, percepción de inseguridad, se han vuelto cotidianos en medio de sociedades cada día más convulsionadas que han desencadenado actos de violencia generalizada y caótica como la manifestada en octubre de 2019 en Ecuador. Son las condiciones similares que pusieron a Colombia en un enfrentamiento generalizado, que hoy es analizado por la CIDH. Estos eventos tampoco están tan lejos de lo acaecido en Chile o los chalecos amarillos en Francia, o en Washington, con la toma del Congreso por partidarios del expresidente Donald Trump. Todos estos fenómenos dejan profundas huellas y enseñanzas para los sistemas de seguridad. Sino aprendemos del pasado el futuro es muy riesgoso para todos.
Ecuador no cuenta con una herramienta jurídica consolidada para la defensa de los ciudadanos, que garantice a los funcionarios de las entidades encargadas de hacer cumplir la Ley niveles mínimos de seguridad jurídica. La antítesis de ellos es el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP). Está vigente desde junio del 2017, el COIP (2014), con sus múltiples reformas, que dejan profundas dudas sobre la forma de juzgar y las verdaderas garantías para mejorar el sistema de justicia con las innumerables críticas que lo rodean.
Esos cuerpos normativos nacieron bajo la óptica del gobierno “revolucionario” y su visión de la solidaridad y la reconstitución del tejido social. Pero, las acciones de los gobiernos de turno, en los últimos 14 años, están muy distantes de esas proclamas.
Le corresponde al actual mandatario Guillermo Lasso enfrentar sus consecuencias, para lo cual deberá desapegarse de viejas falanges de esta nueva trova que trajo la revolución de la seguridad ciudadana. Adoptar medidas efectivas para establecer conceptos de prevención activa y reactiva, coordinación interinstitucional para el desarrollo de programas de seguridad sostenibles con el talento humano y recursos indispensables. Adicionalmente, debe fortalecer los sistemas de inteligencia y procesamiento sistemático de la información antidelincuencial para la correlación de eventos a escala nacional.
Eso es indispensable cuando vivimos una era de organizaciones delictivas, no de delincuencia de oportunidad, como la amenaza principal. Se suman los factores externos del ingreso de armas y dinero del narcotráfico y delitos conexos. El desafío de la seguridad no puede ser materia de improvisación. Hay que sepultar los discursos líricos esgrimidos por los principales responsables del incremento de la violencia ciudadana.
Es hora de desprenderse de las ideologías caducas, recuperando la sensatez del pensamiento lógico y el pragmatismo en las acciones de control. Esto debe ir de la mano de la aplicación de nuevas tecnologías que han sido exitosas en el resto del mundo. Nos hemos llenado de estudios elaborados por iluminados del conocimiento como el Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia 2019–2030, Plan de Seguridad Integral 2019-2030, Plan Estratégico de la Policía 2017-2021 y el Plan Estratégico Integral de Seguridad Fronteriza Frontera Norte 2018. Todos se han sumado a las cientos de estrategias enunciadas en cada rendición de cuentas de las entidades de seguridad, que no aterrizan en acciones efectivas.
El Presidente deberá respaldarse activamente con personas que realmente asuman el compromiso de ser parte de la solución en un problema complejo. No solo de aquellos que buscan perpetuarse en estas estructuras con resultados nefastos. Es hora de tener funcionarios con decisiones efectivas, sin compromisos ocultos, para empujar un cambio radical en el rumbo que tiene la inseguridad, que actualmente es el principal problema del país. Como ha dicho el presidente Lasso, la seguridad será prioridad en su gobierno hasta recuperar la paz ciudadana y gobernabilidad absoluta en todos los rincones del país. No pueden existir cárceles sin Dios ni Ley, ni ciudades sumidas en el miedo o la violencia.
Las denuncias de corrupción y vínculos de altos oficiales de la Policía y Fuerzas Armadas con el crimen organizado no son recientes. La explosiva declaración del embajador de EE.UU., Fitz Patrick, sobre la existencia de “narcogenerales” a los que han retirado las visas nos traslada al año 2009.
“La corrupción es generalizada en las filas de la Policía de Ecuador. Quien fue su comandante, Jaime Hurtado, usó su poder para extorsionar, acumulando dinero y propiedades, facilitar el tráfico de personas y obstruir investigaciones contra compañeros corruptos”.
Esa es una de las conclusiones de la entonces embajadora Heather Hodges, en un cable que envió al Departamento de Estado en 2008.
En ese cable -divulgado por WikiLeaks- se indica que con esa información EE.UU. le retiró a Hurtado y su familia la visa.
Esta semana la Embajada de Estados Unidos oficializó el retiro de la visa a los generales de la Policía Víctor Arauz, Pablo Rodríguez, Édgar Correa y Paulo Terán. Los cuatro oficiales fueron cesados de sus cargos, en agosto de este año, luego de que no superaran una evaluación de ascenso.
Hurtado fue comandante entre abril del 2008 y junio del 2009. Antes ocupó importantes funciones en la Policía, donde «comenzó sus corruptas actividades en los años 90». Todas esas prácticas, según la embajada, eran bien conocidas en el alto mando policial.
Los estadounidenses estaban seguros de que el entonces presidente Rafael Correa también las conocía cuando lo nombró comandante. «Las corruptas actividades descritas dañan la inversión norteamericana en Ecuador. Los inversores se muestran reacios a arriesgar su patrimonio porque saben que pueden ser extorsionados por agentes corruptos de los cuerpos de seguridad».
Según la embajada, Hurtado prestó asistencia a los traficantes de personas, creando así oportunidades de entrar en EE.UU. a delincuentes y terroristas.
Otro punto clave que se menciona son los cambios que trajó la Constitución del 2008, para proteger a los agentes corruptos y debilitar los controles.
«Debido a estos fallos institucionales, los oficiales de la Policía apenas se exponen a un castigo cuando se implican en actos corruptos. Con jueces y políticos corruptos, esta situación está más acentuada en las altas esferas del poder».
Mientras Hurtado fue comandante, Correa dio un golpe de gracia a todo el sistema de seguridad nacional y de Inteligencia. Además ordenó la desaparición de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), que golpeaba a las FARC y al narcotráfico, en coordinación estrecha con EE.UU. y Ciolombia.
En 2008, esta unidad descubrió la relación de los hermanos Jefferson, Miguel y Édison Ostaiza, capturados con 4 toneladas de cocaína en Esmeraldas, con funcionarios del gobierno. En la campaña del 2006, ellos fueron militantes y financistas de la campaña presidencial de Alianza País. Los Ostaiza traficaban la coca de las FARC para el cartel de Sinaloa.
Pero las conexiones del gobierno de Correa con las FARC llegaron mucho más llejos. Apenas llegó al poder, Correa nombró embajador en Venezuela, al general René Vargas Pazzos, excomandante del Ejército.Vargas apoyó de lleno a Correa en la campaña, a través de la Alianza Bolivariana Alfarista, que aglutinó 30 movimientos identificados con la corriente de Hugo Chávez.
El exjefe del Ejército era afín a las proclamas “revolucionarias” de las FARC y crítico feroz de EE.UU. En 2003 Vargas visitó a Raúl Reyes, segundo de las FARC en un campamento en el Putumayo, para coordinar acciones de apoyo en contra del Plan Colombia, ideado para terminar con las FARC y sus aliados de los carteles.
Semanas después le extendió un certificado de honorabilidad a Nubia Calderón en el que se asegura que es una «persona honrada, de conducta intachable que la ha hecho merecedora de la confianza de todos los que han tenido la oportunidad de tratarle». Calderón era representante de las FARC en Ecuador y fue detenida en Sucumbíos con $7 000 que no pudo justificar. La carta sirvió para que ella pudiera recuperar el dinero.
El año siguiente, Vargas arrendó una de sus grandes haciendas en la Bocana del Búa, en Santo Domingo de los Tsáchilas, al “gordo” Oliver Solarte, jefe financiero del frente 48 de las FARC. Él se encargaba de cuajar la compra de coca para Sinaloa y transportarla desde Colombia a Ecuador.
Con el alias de Casimiro, Solarte se movía con libertad dirigiendo un grupo de unos 15 colombianos que asesinaron a más de diez personas en la zona. Algunos de los asesinados habían presenciado el aterrizaje de helicópteros con armados y el ingreso de camiones que llevaban cocaína.
Por años, Santo Domingo ha sido un punto medular para el tráfico de cocaína, pues conecta vías que vienen desde la frontera con Colombia con las rutas de salida a las playas de Manabí, por donde salen lanchas y barcos hacia Centroamérica. Cuando la información salió a la luz en el libro El Juego del Camaleón Vargas dijo que nunca supo que se trataba de Solarte.
Uno de los principales contactos del gordo Oliver fue el capitán del Ejército Telmo Castro, a quien reclutó Sinaloa para dar seguridad y ocuparse de la logística en Ecuador.
Según informes de Inteligencia, Castro contaba con la protección de altos oficiales del Ejército, con quienes tenía reuniones, les invitaba a fiestas y viajes. De la noche a la mañana Castro tuvo un crecimiento exhorbitante de su patrimonio, compró propiedades y autos.
Pese a que se había convertido en un acaudalado oficial, ninguno de sus superiores lo investigó. Fue detenido por la Policía cuando llevaba cocaína en un camión que simulaba ser del Ejército. Su relación con altos oficiales del Ejército y políticos nunca se investigó. Fue asesinado en 2019 en la cárcel de Guayaquil, luego
La justicia inglesa acaba de dar luz verde a la extradición del hacker Julian Assange a Estados Unidos.Este viernes el Tribunal de Apelación de Londres aceptó un recurso que enero pasado había denegado la extradición del activista, por el riesgo de que cometiera suicidio. Los jueces concluyeron que el Gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental y dictaminaron que sí puede ser extraditado a ese país, donde enfrenta cargos de atentar contra la seguridad nacional, al revelar informes clasificados desde Wikileaks, desde 2010. Hace pocos días, el director del portal WikiLeaks, el periodista Kristinn Hrafnsson, consideró «totalmente inaceptable» que el Tribunal Superior de Londres pudiera fallar esta semana a favor de Estados Unidos en su recurso para que el activista australiano Assange fuera extraditado. Aquí un especial sobre el australiano, que estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres, para evitar, precisamente, ser extraditado a EE.UU. para su enjuiciamiento.
El periodista y escritor estadounidense Jon Lee Anderson, famoso por escribir soberbios perfiles de distintos personajes (el último fue el presidente Daniel Noboa), revela que en 2012 tuvo una larga reunión con Julian Assange, en
La magistrada Vanessa Baraitser negó hoy miércoles el pedido de libertad bajo fianza para el fundador de WikiLeaks. La misma jurista rechazó, el lunes 4 de enero, la solicitud de extradición de EE.UU. por motivos de salud,
Las autoridades penitenciarias de Gran Bretaña acaban de autorizar que Julian Assange pueda casarse en la prisión de Bermash con su pareja, Stella Morris. Ambos procrearon dos hijos en la embajada de Ecuador en Londres,
Código Vidrio accedió a una copia del cuaderno en el que Julian Assange hacía sus apuntes. Ese documento fue hallado por las autoridades diplomáticas ecuatorianas entre las pertenencias del activista de WikiLeaks, tras su expulsión
Un mes antes del ingreso formal de Assange a la embajada de Ecuador en Londres, se creó el fondo específico 1335, para la adquisición de muebles y equipos, por 170 mil dólares. Se empleó para
Andy Müller, considerado el brazo derecho de Julian Assange en WikiLeaks, estuvo en Quito en abril pasado. Mantuvo reuniones con el sueco Ola Bini, procesado por un supuesto acceso no consentido a sistemas informáticos del
El asilo de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres estuvo marcado por los excesos. Esto provocó permanentes fricciones y choques con personal de seguridad y funcionarios diplomáticos. Entre su equipo de 17
Según la defensa de Julian Assange, el presidente estadounidense Donald Trump ofreció indultar a Assange si desmentía que Rusia estaba implicada en la filtración de correos electrónicos del Partido Demócrata, en la elección presidencial de
Un protocolo de 10 páginas que se aplica desde este fin de semana regula drásticamente los pronunciamientos, las visitas, las comunicaciones y los controles médicos de Julian Assange en la embajada en Londres. Este documento,
Julian Assange se reunió con el entonces jefe de Inteligencia, Rommy Vallejo, el 21 de diciembre pasado*. La cita se concretó tres días antes de que el gobierno ruso intentara sacar al líder de WikiLeaks
Los contratos para la seguridad de Rafael Correa, su familia, dos de las hijas del presidente Lenín Moreno y Julian Assange costaron hasta mayo alrededor de 11,2 millones de dólares. Estuvieron a cargo de la
La aplicación de los indultos para descongestionar las cárceles es compleja. Pese a que el Gobierno informó a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) que se han emitido reportes para que se apliquen beneficios penitenciarios a 536 detenidos, esa meta, si se concreta, tomará tiempo.
Redacción Código Vidrio
Tras la última masacre que el 12 de noviembre dejó 68 asesinados y 25 heridos en la Penitenciaría del Litoral, la CIDH urgió al Estado a adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar la vida y los derechos de las personas detenidas que están bajo su custodia, investigar los crímenes e identificar a los responsables.
En este contexto, la CIDH envió un cuestionario (nota técnica 506-21/CIDH/SE/MPCT-SA) al Gobierno con varias interrogantes, que fue respondido desde la Secretaría de Derechos Humanos. El informe de 17 páginas está firmado por Andrea Romo, Directora de Protección y Reparación Integral.
Ese documento se envió días antes de que una delegación de la Corte Interamericana de DD.HH. llegara al país, el 2 de diciembre pasado. En esa visita, que tomó tres días, los comisionados visitaron los centros carcelarios de Guayaquil y Cotopaxi y se reunieron con distintas autoridades públicas. No pudieron ingresar a la Penitenciaría, donde han ocurrido los brotes más cruentos.
Código Vidrio accedió al informe que entregó el Gobierno a la CIDH. Una de las partes medulares se refiere a las medidas que se han tomado para enfrentar la crisis carcelaria desde mayo, entre ellas la disminución del hacinamiento en los centros carcelarios.
Para reducir el hacinamiento, entre agosto y octubre de este año, se han emitido los informes para que se apliquen beneficios penitenciarios a 536 detenidos. La documentación -agrega el informe- ha sido entregada al sistema de justicia, con el que se está coordinado su aplicación.
No obstante, fuentes del sistema penitenciario dijeron que llegar a esa meta es muy complicado. La liberación de esos detenidos no solo depende del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes (SNAI) sino del sistema judicial.
Delegados de la CIDH llegaron al país el 2 de diciembre para constatar en el terreno las condiciones de los centros carcelarios y reunirse con autoridades de varias entidades.
Entre los posibles beneficiarios se encuentran quienes podrán ser indultados directamente por el Presidente Guillermo Lasso. Hasta el momento, unas diez personas han recibido el perdón del Mandatario.
Hasta octubre pasado había 37.679 internos en los 54 presidios del país, que tienen capacidad para albergar 30.169 personas. Es decir que hay un hacinamiento (plazas faltantes) de 7.510 (24,8%.). El presidio de Los Ríos, con 151%, es el que tiene más hacinamiento, seguido por el centro Nro 5 de Guayas, con 129%; El Oro, con 110%, y Santo Domingo, con el 101%.
De los 37.679 presos, el 61% tiene sentencia y y 39% está procesado, sin una condena en firme.
Sobre las cárceles donde han ocurrido los hechos más violentos, el Gobierno explicó a la CIDH que están en Cotopaxi, Azuay y Guayas, que reúnen 21.836 detenidos. La mayoría se concentra en 6 centros de Guayas, donde están encerradas 15 mil personas.
Los delitos que concentran el mayor número de presos son:
-Drogas (28,19%)
-Contra la propiedad (26,17%)
-Contra la integridad sexual (16,18%)
-Contra la vida (13,47%)
-Contra las personas (4,36%)
-Contravenciones y apremio de alimentos (11,63%).
Solo una fallecida en las cárceles de mujeres
Los enfrentamientos en las prisiones no son recientes. Las masacres cobraron otra dimensión desde el 2019. Dejaron de ser motines convencionales y se convirtieron en disputas violentas entre las megabandas, especialmente Los Choneros, Lobos, Lagartos y Tiguerones.
Mientras hasta el 2018 hubo 98 fallecidos en las cárceles, en los tres últimos años se reportaron 414 asesinatos. Solo este año hubo más de 300 crímenes, en los presidios de varones. Estos datos de extrema violencia contrastan radicalmente con lo ocurrido en las cárceles de mujeres.
En el país hay 5 de centros de privación de libertad de mujeres. Hasta la fecha solo ha ocurrido un hecho de violencia en Guayaquil. Ocurrió el 4 de julio de 2021. Ese día fue asesinada Sindy Mosquera Rivas, en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nro. 2. Luego, la subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, en coordinación con la dirección de Inteligencia e Investigaciones de SNAI, trasladó a 15 detenidas a diferentes centros del país.
Este traslado, según el informe, permitió restaurar la seguridad, mantener el orden al interior del centro y evitar que escalen otros hechos de violencia.
Investigaciones de la Fiscalía
Entre las acciones emprendidas para investigar los crímenes, la Fiscalía informó que abrió 24 investigaciones previas (noticias del delito) y ha realizado 156 impulsos fiscales. Además, 568 diligencias investigativas entre autopsias, exámenes médicos legales, versiones, reconocimiento de lugar de los hechos, reconocimiento de diligencias y solicitud a varias instituciones del Estado.
Hasta octubre pasado, había 37.679 internos en los 54 presidios del país, que tienen capacidad para albergar 30.169 personas.
Para esta tarea, la fiscal Diana Salazar conformó un equipo especializado de fiscales para el conocimiento y trámite de las investigaciones, que está dirigido por el Coordinador de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional –UNIDOT. En ste año se han identificado 7 eventos violentos de grave conmoción en los centros.
Además, entre enero y octubre, la Policía ha realizado 122 operativos para decomisar objetos prohibidos en las cárceles: 69 en Guayas, 31 en Cotopaxi y 22 en Azuay.
En su respuesta a la CIDH, el Gobierno explicó que la situación carcelaria se debe comprender en el contexto de la seguridad no solo nacional sino regional, caracterizada por una fuerte presión del crimen organizado transnacional. En especial del narcotráfico, que ha dinamizado una serie de economías ilegales lideradas por grupos que operan dentro y fuera de las cárceles y que tienen conexiones con carteles internacionales.
Para enfrentar la crisis, el régimen emprende un plan, a cuatro años plazo, con un financiamiento de 74 millones de dólares.
Este proyecto tiene cuatro ejes:
-Infraestructura, con énfasis, en los presidios más grandes, en Guayaquil, Cuenca y Latacunga.
-Tecnología: con adquisiciones de cámaras, sensores y escáneres.
-Rehabilitación: que incluye inversiones en los ejes de tratamiento, talleres y educación.
-Personal, con capacitación y equipamiento de agentes de seguridad penitenciaria.
En su respuesta a la CIDH el Gobienro explicó que la situación carcelaria se debe comprender en el contexto de la seguridad no solo nacional sino regional, caracterizada por una fuerte presión del crimen organizado transnacional. En especial del narcotráfico, que ha dinamizado una serie de economías ilegales lideradas por grupos que operan dentro y fuera de las cárceles y que tienen conexiones con carteles internacionales.
Producción y reportería Arturo Torres y Doris Olmos
//CONEXIONES// Los últimos años las megabandas se transformaron en verdaderos ejércitos en las prisiones. Su mutación es consecuencia del empoderamiento vertiginoso de estas mafias como brazos armados de los carteles mexicanos y europeos, en el contexto de un aumento explosivo del narcotráfico. Hoy en nuestro video de Conexionesrevelamos cómo estas actividades les dejan millonarios recursos, así como el control de la economía en los presidios, donde los capos reinan.
Su poder proviene de dos fuentes: los recursos que reciben por sus operaciones para los carteles y los ingresos económicos, estimados por los servicios de Inteligencia en 120 millones de dólares al año (entre 8 y 11 millones mensuales), por sus actividades delictivas en los centros. En los centros penitenciarios sus ganancias se originan en la venta de droga, extorsiones y cobros por ingreso y uso de celulares, armas de fuego, licor, reventa de víveres en 54 centros carcelarios, según informes oficiales y varias fuentes consultadas por Código Vidrio.
La Corte de Guayaquil sentenció a cinco años de cárcel a la ex fiscal Ángela Beltrán por asociación ilícita al favorecer con sus actuaciones a los narcotraficantes Robinson Arroyo y Víctor Endara, condenados por el tráfico de 600 kilos de cocaína (foto). Según las evidencias, como escuchas telefónicas y chats, Beltrán recibió un soborno de 300 mil dólares del abogado de los implicados Xavier Novillo, en acuerdo con la jueza Ana Posiligua, el secretario Walter Zambrano y la abogada Johana Pezo. No obstante, los jueces los declararon inocentes.
Redacción Código Vidrio
El juicio por asociación ilícita contra la ex fiscal manabita Angélica Viviana Beltrán parece sacado del guión de una narconovela. Entre los principales protagonistas de esta zaga están una jueza, un secretario de la Fiscalía, dos abogados y un enfermo terminal, usado como testigo falso.
El 2 de diciembre del 2017, unidades especiales de la Policía desarticularon una organización criminal liderada por Robinson Arroyo y Víctor Hugo Endara, cuando pretendían transportar 600 kilos de cocaína a EE.UU. en una avioneta Cessna, de bandera mexicana y matrícula ecuatoriana, que debía despegar desde el aeropuerto Los Perales, en Manabí. La droga pertenecía al cartel de Sinaloa.
En el operativo fueron detenidos nueve individuos, entre ecuatorianos, colombianos y mexicanos. Robinson Arroyo es considerado un peso pesado entre las organizaciones del nartcotráfico, y era seguido por el FBI.
Tras la captura, el proceso pasó a manos de la fiscal Beltrán. Y un mes después del operativo Impacto 43 empezó a dar un giro inesperado, con la aparición de un personaje suigéneris: Vicente Benítez, un manabita de 56 años, quien se autoinculpó y dijo ser responsable de la “producción de la droga”.
En esos días, Benítez ya sufría una enfermedad terminal (Sida) y murió seis meses después de confesar su supuesto delito. Según las investigaciones de Antinarcóticos, el testigo era falso, había sido comprado por los abogados de los narcotraficantes para declarararse culpable y así el dinero sería entregado a su familia.
No era la primera vez que Benítez actuaba como testigo. Antes también se había presentado a testificar en otros casos de narcotráfico, para descargar la responsabilidad de otros implicados, con la anuencia de jueces y fiscales.
Basándose en ese testimonio, Beltrán pidió modifcar la tipología del delito contra Arroyo, Endara y el resto de implicados. Así, no los acusó de tráfico de cocaína sino de producción, que implica una pena mucho menor, aunque fueron capturados con todas las evidencias de manera flagrante.
Por narcotráfico, la pena, en función de la cantidad decomisada, no habría sido menor a 13 años. Como productores, sus sentencias oscilan entre 7 y 10 años de reclusión.
Pero la fiscal Beltrán no solo cambió la tipología del delito. También pidió que el juez recibiera el testimonio abreviado de los implicados, que aceptaban su culpabilidad y así recibirían otra rebaja de sus penas. Durante la investigación, la fiscal tampoco aceptó otras vinculaciones que pedía la Policía.
Como parte de los seguimiento de la operación Impacto 3, los investigadores confirmaron que las acciones de la fiscal fueron planificadas con los abogados de la organización delictiva. Los agentes Antinarcóticos descubrieron el plan gracias a las escuchas telefónicas que hacían a las conversaciones de los cabecillas de la red, desde 2017.
En enero del 2018, grabaron uno de esos diálogos, en el cual uno de los integrantes de la banda dice que pagaron 300.000 dólares para que sus abogados pacten con la Fiscal, que también se habría puesto de acuerdo con la jueza, el secretario de la Fiscalía y los abogados de los sentenciados para obtener rebajas de penas.
“La estrategia es que todos salgan en diez meses. La fiscal está del lado de nosotros… Es la que ordena todo eso”, dice uno de los diálogos registrados en las escuchas, corroboradas por un perito dentro del juicio.
Las escuchas también les permitieron a los policías acceder a los teléfonos de la fiscal y el resto de funcionarios judiciales, donde encontraron las fotografías que se enviaban a los narcotraficantes para demostrar el avance de las operaciones y cómo se acogían en la justicia los testimonios a su favor. Era la evidencia de que estaban haciendo sus trabajo por el soborno.
Los chats con el abogado Novillo y la hoja de ruta
Entre los indicios consta la pericia telefónica realizada al Iphone de Robinson Arroyo (0939344329), que fue pinchado por el SICOM. En ese teléfono se descubrió un chat de WhatsApp con el numero 0981092161, registrado en la agenda de contactos como ABO NOVILLO, que en un cotejamiento de voz se determinó que se trataba del abogado Xavier Alexander Novillo Arana.
En los mensajes se describe, paso a paso, todas las actividades judiciales que se realizaban para liberar a los 9 procesados, así como la cantidad de dinero que requería para entregarle a la Fiscal y Juez. Como muestra de su “profesionalismo”, la jueza les remitía fotografías de las versiones recogidas, entre ellas la de Javier Esteban Suárez Álava, quien vinculaba al testigo falso. El testimonio del testigo falso tiene el pie de firma de la abogada Johanna Gabriela Del Pezo. Además, en los mensajes se encontraron fotografías de los oficios de la fiscal Beltrán Vallejo pidiendo a la jueza Ana Ofelia Posiligua (encargada del despacho) hora y fecha para reformular cargos, vinculación y abreviado. Es decir, los requerimientos por los cuales pagaron $ 300.000.
Con todas estas evidencias, el 27 de abril del 2018 la jueza encargada de la presidencia de la Corte de Guayas, Esperanza Moreano, abrió el proceso por asociación ilícita contra la jueza Posligua, Mendoza, Novillo y Del Pezo. La jueza no ordenó sus detenciones, dictó medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país de los acusados.
El fallo fue apelado y los investigadores insistieron en la detención de los sospechosos, que fue aprobada el dos de mayo. No obstante, 20 días después el juez Francisco Morales, encargado de la Presidencia de la Corte de Guayas, les concedió una fianza de $4.632 a todos los implicados, con lo cual obtuvieron su libertad.
Un desfile de jueces esquivos
Desde esta fecha, el caso empezó a tamabalear, con un sinnúmero de retardos y contratiempos. Argucias procesales para dilatar los fallos y excusas sistemáticas de varios jueces. Hasta noviembre la Fiscalía no lograba concretar la audiencia preparatoria del juicio. No había fechas pendientes y cuando por fin lo consiguió el nuevo presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur, se inhibió de conocer el juicio.
Su decisión se basó en las supuestas acciones que provocaría la nulidad de lo investigado, por eso pidió que se pronuncie la Corte Provincial de Justicia de Manabí, donde la red narco fue desmantelada.
La jueza Laura Sabando, a cargo de la presidencia de la Corte de Manabí, también se inhibió de conocer la causa. Argumentó que su colega de Guayas no podía haber tomado esa resolución, pues era él quien legamente estaba encargado de tramitar el juicio.
Los chats evidencian las negociaciones del supuesto pago a operadores judiciales
El juez Sabando respondió que no era responsable y devolvió el expediente a Manabí. Entonces, la jueza manabita pidió que la Corte Nacional de Justicia sea la que dirima la controversia.
Todas estas dilaciones jugaban a favor de los integrantes de la red de narcotráfico, que por los beneficios concedidos por los jueces buscaban recuperar su libertad en cualquier momento.
En enero del 2019, un año después de las investigaciones, la Corte Nacional dirimió la polémica y resolvió que el juicio se tramite en Guayas.
Sin embargo, otro incidente surgió en el camino: el juez Manzur no podía llevar el caso y fue reemplazado por Francisco Morales. Él realizó la audiencia previa del juicio en contra la fiscal Beltrán; la jueza Posligua, Mendoza, Arroyo y Del Pezo, además de los cabecillas de la banda que iban a ser los presuntos beneficiados de esa asociación ilícita.
El juez estimó que había méritos suficientes para procesarlos penalmente y elevó el expediente a la Sala Penal de la Corte de Guayaquil.
Desde esa diligencia hasta la expedición de la sentencia transcurrió un año y medio más. En este período sobrevino otra avalancha de dilaciones con diligencias suspendidas, retrasos y otros incidentes.
Este último lunes 14 de julio, la Sala Penal de la Corte de Guayas dio a conocer su sentencia. Condenó por asociación ilícita a cinco años de cárcel a la fiscal Beltrán y a los principales integrantes de la red: los narcotraficantes Robinson Arroyo y Víctor Hugo Endara, que ya habían sido condenados anteriormente a 19 años de prisión en el caso principal, por el tráfico de 600 kilos de coca.
Pese a que las pruebas indican que la fiscal, al parecer, no actuó sola sino con otros funcionarios y abogados, los jueces Richard Gaibor Gaibor (ponente), Henry Morán Morán y José Poveda Arauz declararon la inocencia del resto de implicados. Concretamente los jueces absolvieron a Ana Posligua Ronquillo (ex jueza de San Vicente, quien dio paso al cambio del tipo penal y la vinculación del testigo falso); Walter Zambrano (secretario de la fiscal, quien colaboró con el abogado Novillo para recibir una serie de versiones); Xavier Novillo Arana (quien coordinó con la fiscal y la jueza, con el pago de $ 300.000, el cambio de tipo penal, el ingreso de testigo falso y el procedimiento abreviado de los detenidos en el aeropuerto los Perales); y Johana Del Pezo Zambrano (abogada del testigo falso, que falleció 6 meses después de dar su versión auto inculpándose).
El fallo puede ser apelado por la Fiscalía o cualquiera de las partes hasta este viernes, para que la Corte Nacional lo revise. Fuentes cercanas a la investigación, temen que la Fiscal del caso no apele la sentencia, en vista de las actuaciones sospechosas de otros funcionarios judiciales en este caso.
La empresa China Camc Engineering está en el top ten de las mayores proveedoras del Estado ecuatoriano, junto con Sinohydro, para la adjudicación de obras bajo la figura del Régimen Especial. Este es un tipo de contratación cuyo denominador común son los procesos contractuales sin concursos ni estudios de mercado.
Por Doris Olmos
Entre enero y diciembre del 2020, China CAMC se encuentra en el ranking de los 20 mayores proveedores adjudicados del país con 16,2 millones de dólares. En el 2015 se ubicó en el primer lugar, con 224’3 millones, mientras el 2018 fue séptima, con 50,3 millones de dólares.
Este domingo, Código Vidrio reveló que CAMC ganó un contrato de 40 millones de dólares hace dos años pero asignó ilegalmente a una empresa subcontratista la construcción total de 2.100 casas. Esto no solo viola la ley de Contratación, también generó un conflicto que desembocó en la paralización durante seis meses de las obras, que debían estar terminadas el año pasado. El contrato entregado en el gobierno de Lenin Moreno se financia con un crédito del Banco de Desarrollo de China, entidad que presta en condiciones poco transparentes a Ecuador.
Caída y limpia. En los últimos ocho años, Ecuador se endeudó en más de 15 mil millones de dólares en contratos bajo esta figura legal para que sean dierccionados hacia compañías chinas . Las contrataciones más grandes fueron para inversión en infraestructura, bienes y servicios, donde las empresas chinas mandaron y se beneficiaron directamente. La plata viene de China y vuelve a China, a través de sus empresas. Luego Ecuador cubre los créditos con petróleo que en estos casos está comprometido hasta el 2024.
Por ejemplo, en agosto de 2010 Ecuador y el Banco de Desarrollo de China (CDB) suscribieron un préstamos por 1.000 millones de dólares, de los cuales 100 millones, correspondientes al tramo B, fueron empleados para financiar la construcción del ECU 911. Es decir, el 10% del crédito general ya estaba preasignado para la obra con una empresa china.
Tal y como estaba previsto, el 14 de febrero de 2011 se realizó la invitación directa a una empresa china para que participe en el proyecto. En esa ocasión la elegida fue la China National Electronics Import & Export. La invitación se hizo con el oficio MICS-D-2011-119.
Para favorecer a las empresas chinas se usaron todo tipo de instrumentos y argucias contractuales. Se emitieron resoluciones para declarar en emergencia algunos proyectos. La resolución 013, del 15 de diciembre del 2011, permitió declarar en emergencia la ejecución de determinadas obras y contratar de manera directa con empresas públicas del gobierno de China, señaladas por la embajada.
El Banco de Desarrollo de China es el mayor financista del Ecuador y Latinoamérica en proyectos bilaterales de infraestructura, acordados de gobierno a gobierno.
En esta línea, el 16 de diciembre de 2011 las autoridades realizaron una invitación directa a la empresa CAMC ENGINEERING CO. LTD para que presentara su oferta para la construcción de la obra civil de los edificios del ECU 911, que consistía en 12 centros regionales/locales, un centro nacional y una sala de operaciones.
Un informe de Contraloría sobre esta obra (DAAC-0173-2015) detectó que existía diferencias en cantidades entre valores planillados y verificados. Igualmente, que “los planos de registro anexos al expediente de cada uno de los centros SIS ECU 911 de Portoviejo, Machala, Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Quito, no corresponden a lo verificado físicamente”.
También detectó que los trabajos tienen deficiencias constructivas como presencia de fisuras, humedecimientos en adoquines y bordillos, fallas en los sistemas de riego exterior…
La Plafaforma Gubernamental Financiera, proyecto que se levantó sobre una extensión de aproximadamente 5 hectáreas, es otra obra construida con el mismo mecanismo de atar créditos chinos a proyectos.
Una parte de su financimiento proviene del Tramo B de la línea de Crédito III del convenio de cinco partes, firmado entre Ecuador y el Banco de Desarrollo de China, cuyo monto global fue de 2.000 millones de dólares. La obra, cuyo precio inicial fue de 198 millones, fue adjudicada igualmente a CAMC. En este proceso, la Contraloría determinó que los encargados usaron una modalidad de contratación de precio y plazo fijos, no contemplada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según consta en el informe DNA1-0020-2018.
Igualmente, determinó que “no existe documentación sobre la viabilidad técnica y económica como parte de los procedimientos de contratación para la construcción y fiscalización de la Plataforma…”. Además, que la experiencia del personal de fiscalización no fue evaluada conforme a los prámetros contenidos en los pliegos de contratación, así como incumplimientos en calidad y cantidad de equipos eléctricos y electrónicos.
La participación de las empresas chinas no fue una casualidad. Los préstamos otorgados a Ecuador tenían una condición: las contratistas debían ser compañías de ese país. De esta manera, garantizaban que el dinero siempre regresara a sus bolsillos.
Este tipo de negociación la manejó años atrás el Banco de Desarrollo de Brasil y su principal beneficiaria fue Odebrecht, que organizó una red de corrupción para apropiarse de los contratos a escala regional.
En total, 12 empresas chinas fueron las mayores beneficiadas de los contratos de reconstrucción vial, educativa y de infraestructura. Hasta el final del gobierno de Correa, en el 2017, se contrataron 11 mil millones de dólares bajo Régimen Especial.
Las empresas chinas también han dejado una estela de corrupción en el país. La justicia ecuatoriana sancionó su participación en los sobornos para financiar las campañas electorales del movimiento político de Rafael Correa y abrió otros expedientes penales para resolver las denuncias de sobreprecios, fallas en las construcciones y pagos indebidos a funcionarios ecuatorianos. Incluso existe información revelada por la Fiscalia según la cual la empresa Camc transfirió dinero para el desvanecimiento de glosas.
Leyes a la carta…China
El panorama legal en Ecuador también fue modificado con el arribo de los créditos chinos. Desde el 2013, se impulsaron reformas a la Ley de Contratación Pública para acelerar los convenios de Régimen Especial. Una de las principales modificaciones fue terminar con los estudios previos por parte de la Contraloría, el órgano que velaba para que no se violen las normas legales.
En su reciente visita a Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló sobre este tema. “No estamos pidiendo a los países que opten entre Estados Unidos y China, ni queremos contener a China o frenarla de alguna forma. Lo que sí queremos es apoyar las normas más altas”.
Principalmente, la autoridad estadounidense se refirió a la relación directa que mantiene el Estado chino con su empresa privada. En ese sentido, señaló: “que los países tengan cuidado y pongan atención en las inversiones, porque desgraciadamente en el caso de China no hay una separación entre la empresa privada y el Estado e igualmente es desafortunado que si esas empresas le piden lo que quiere el Estado lo tienen que hacer. Y, obviamente, cuando se trata de derechos humanos, de privacidad y seguridad, esto puede ser un gran desafío. Entonces, lo que hablamos con nuestros amigos en Ecuador es tener cuidado en las inversiones en áreas sensibles. Por ejemplo, que tengan el escrutinio necesario para que el país receptor y su pueblo también estén protegidos”.
La Contraloría ha tenido varias observaciones y recomendaciones sobre las obras que ha construido Camc Engineering Co. Ltd. Por este motivo, la asambleísta Ana Belén Cordero solicitó un informe sobre el avance en el proceso de multas a la empresa, entre otra documentación. Sobre este tema, el organismo de control respondió que este análisis será considerado en el Plan Anual de Control del año 2022.
*Este proyecto periodístico fue financiado por una beca de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
La china CAMC ganó un contrato de 40 millones de dólares pero asignó ilegalmente a una empresa subcontratista la construcción total de 2.100 casas. Esto no solo viola la ley de Contratación, también generó un conflicto que desembocó en la paralización durante seis meses de las obras, que debían estar terminadas el año pasado. El contrato entregado en el gobierno de Lenin Moreno se financia con un crédito del Banco de Desarrollo de China, entidad que presta en condiciones poco transparentes a Ecuador.
Por Arturo Torres y Doris Olmos
Una de cal y otra de arena. Así avanza la edificación de 2.095 viviendas contratadas por el gobierno de Lenín Moreno a la empresa China CAMC. Una serie de irregularidades en la ejecución de este contrato trastocó el desarrollo del proyecto que ha perjudicado a más de dos mil familias ecuatorianas, así como a cientos de trabajadores y proveedores.
CAMC no solo recibió un contrato a dedo por 40 millones de dólares para construir 2.095 viviendas sino que subcontrató a la compañía ecuatoriana Newglobal S.A. para que edificara las obras en 12 provincias.
Así, por arte de magia, inicialmente la firma china fue solo una intermediaria. La edificación de las casas, que dos años después aún están en menos del 35% de su ejecución, en promedio, fue encargada a la constructora local, en franca violación de la Ley de Contratación. Esta ley prohíbe que un subcontratista reciba más del 30% de la realización de un proyecto.
CAMC actuó al margen de la ley sin que el entonces gerente de la empresa pública Casa Para Todos, Édison Morán, el administrador del contrato ni los fiscalizadores de la obra intervinieran para detectar y frenar las irregularidades. Tampoco habría actuado el entonces ministro de Vivienda, Julio Recalde, aunque fue presidente del Directorio de la empresa pública, creada por el anterior gobierno en 2017, según confirmaron autoridades del régimen actual.
No es la primera vez que la firma china echa mano de estas prácticas turbias. Un informe de la Contraloría determinó que actuó de la misma manera en la construcción de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua. Para estas obras también subcontrató otras empresas, sin la autorización requerida, y sobre los límites de los porcentajes permitidos.
Código Vidrio revisó los documentos de la contratación y los avances del proyecto, recabó entrevistas y testimonios que permitieron descubrir un posible esquema fraudulento, que fue confirmado por las actuales autoridades del gobierno.
“Al llegar al Ministerio heredamos vacas con peste y gallinas enfermas. Uno de los mayores problemas que encontramos fue por la contratación con CAMC en Casa Para Todos; los 19 proyectos a su cargo estaban paralizados por falta de pagos a la subcontratista Newglobal, que realmente asumió todos los trabajos”, reconoció el ministro de Vivienda, Darío Herrera, en entrevista con Código Vidrio. “El problema se desencadenó por los altos niveles de subcontratación de CAMC”.
Andrés Pino, gerente de la empresa Casa Para Todos, explicó que ante la serie de irregularidades, una de sus primeras decisiones, al asumir su cargo, fue pedir un examen especial a la Contraloría.
Al inicio de su administración, Lenin Moreno ofreció edificar 325.000 casas, pero en el camino la cifra se fue desplomando
“Los auditores deberán establecer todas las responsabilidades y si cabe pedir la actuación de la Fiscalía. Algunos proyectos no debieron empezar, tal como estaban diseñados. Todo estuvo mal hecho; extrañamente ni los fiscalizadores ni el administrador detectaron que CAMC había delegado toda la construcción ilegalmente a un subcontratista”, destacó Pino, al advertir que las negligencias fueron responsabilidad de las autoridades del gobierno anterior y CAMC.
Buscamos las versiones del exgerente y del exministro Recalde, pero no pudimos ubicarlos. Antes de asumir el cargo en Vivienda, en julio del 2020, Recalde fue gerente de la empresa Ecuador Estratégico, desde octubre de 2017. Fue nombrado en ese puesto por su amplia experiencia como arquitecto y constructor de proyectos inmobiliarios.
En abril del 2019, el Consejo de Participación Ciudadana pidió que la Contraloría investigara la gestión de Recalde al frente de esa empresa, con base en un informe de investigación que detectó presuntos delitos y corrupción en la construcción de las Unidades del Milenio.
China presta, China impone
Casa Para Todos fue publicitado por el gobierno de Moreno como uno de sus proyectos emblemáticos de vivienda popular de bajo costo. Fue financiado con un crédito de 109,3 millones de dólares del Banco de Desarrollo de China (CDB), para la construcción de 4.608 casas. Las empresas chinas CAMC, Shandong y Sumec ganaron los acuerdos, bajo la figura de giro específico de negocio. Esto significa que no hubo concursos ni licitación. Fueron escogidas de un listado de 19 compañías estatales enviado por el gobierno chino.
El giro específico del negocio es parte de las reglas de juego que impone China para entregar los créditos, al margen de la Ley de Contratación Pública. De hecho, cuando la empresa púbica Casa Para Todos se creó, en agosto de 2017, Moreno decidió que todos sus contratos se hicieran bajo esa modalidad y solo con firmas chinas.
CAMC actuó al margen de la ley sin que el entonces ministro de Vivienda, Julio Recalde (izq.), el gerente de Casa Para Todos, Édison Morán, el administrador del contrato ni los fiscalizadores de la obra intervinieran para detectar y frenar todas las irregularidades.
Los desembolsos para las obras se realizan directamente desde el CDB a las cuentas de las empresas asiáticas, que operan con absoluta discrecionalidad, bajo un patrón de opacidad y secretismo.
Pese a que ha estado salpicada por denuncias de corrupción, CAMC es una contratista consentida de los gobiernos ecuatorianos desde el 2013. Ese año se dispararon los contratos de régimen especial, que llegaron a los 3 mil 600 millones de dólares.
Ansioso por contar con más recursos, el entonces presidente Rafael Correa abrió las puertas de par en par a los chinos. Emprendió los acuerdos de endeudamiento más agresivos con el gigante asiático, que se volvió nuestro principal acreedor y socio para la construcción de proyectos estratégicos. Los créditos son cubiertos, en su mayoría, con petróleo que está comprometido hasta el 2024.
La última década, CAMC construyó, entre otras obras, la Plataforma Gubernamental Financiera, la obra civil del ECU 911, la Unidad Educativa Yachay. Además, los hospitales de Portoviejo, Guasmo Sur, Esmeraldas, Perdernales y Monte Sinaí. Según informes del Servicio de Contratación de Obras, en estas últimas cinco obras hubo sobreprecios de hasta el 100%.
Sobre los montos, condiciones y términos de los créditos otorgados por el CDB a Ecuador, hay poca información. Sin embargo, un estudio de la organización Latinoamérica Sustentable determina que más de 9 mil millones de dólares colocó en créditos ese banco a Ecuador entre 2005 y 2020. No se sabe con certeza qué proyectos se financiaron con esos recursos, pero sí es claro que ese banco chino no tiene definidos estándares ambientales para evaluar la ejecución de los proyectos que financia.
CAMC encarga toda la obra a Newglobal
La construcción de las viviendas arrancó en febrero del 2020. Para el proyecto, CAMC subcontrató a Newglobal, que contaba en su nómina con 900 empleados, aunque parte de ellos aparecían como trabajadores en la nómina de CAMC para disfrazar la subcontratación total, según fuentes de Vivienda.
Así, la firma ecuatoriana empezó la construcción de 2.100 viviendas en 15 localidades rurales del país. El tiempo previsto para terminar los inmuebles fue de nueve meses. Debían estar listas para fines del 2020. Por la construcción de cada vivienda se pagó 19 mil dólares.
Los proyectos están ubicados en Santo Domingo, Pichincha, Cañar, Azuay, El Oro, Guayas, Manabí, Imbabura, Esmeraldas, Loja, Zamora y Los Ríos. Se edificaron en terrenos donados por los gobiernos locales.
Los proyectos se edifican en 12 provincias y 19 localidades
Meses antes de terminar su mandato, el gobierno de Moreno exigió a CAMC contratar más obreros para adelantar los trabajos y responder a los requerimientos del entonces ministro Recalde, quien pedía realizar preinauguraciones. Necesitaba mostrar resultados, a cualquier precio. Entonces la firma china presionó a Newglobal, que aceleró las obras a la espera de los pagos por esos gastos adicionales.
No obstante, en medio de los apuros estalló la crisis. Desde abril de 2021, CAMC dejó de pagar a Newglobal, que tampoco pudo cubrir los salarios de sus empledos y otros subcontratistas. Los 19 proyectos de los tres grupos a cargo de la firma china se paralizaron, causando desconcierto y preocupación entre miles de personas relacionadas directa e indirectamente con las obras.
¿Por qué se frenaron los desembolsos? Para recibir los pagos, los contratistas enviaban todas las planillas del proyecto al administrador del contrato. Este funcionario certificaba que los documentos estaban en orden, con todos los justificativos de los costos por los trabajos realizados, según el cronograma, y remitía un informe favorable al gerente de Casa para Todos, quien a su vez autorizaba el pago, notificando al Ministerio de Economía. Esta cartera se comunicaba con las autoridades del CDB para que finalmente pagaran a CAMC.
Al subcontratar a Newglobal, CAMC no ató los hitos acordados para la construcción de las obras, en tiempo y avance de las construcciones, con las condiciones establecidas en el contrato firmado con Casa Para Todos, explicó el ministro Herrera. Tras detectar que los hitos de cumplimiento no coincidían, el Ministerio de Economía no autorizó los desembolsos y el Banco dejó de pagar a la empresa china, que se quedó sin liquidez.
Tras la paralización del proyecto, trabajadores y proveedores protestaron por los incumplimientos en el pago de sus salarios en Santo Domingo, en junio pasado.
Asfixiada por la falta de recursos, Newglobal notificó los incumplimientos de CAMC al gerente de Casa Para Todos, Édison Morán, quien no respondió las alertas ni intervino oportunamente para encontrar una solución al conflicto, indicó el hoy titular de la empresa, Andrés Pino.
Las siguientes semanas los pagos no llegaron, obligando a Newglobal a suspender indefinidamente los trabajos.
Uno de los proyectos paralizados está localizado en el cantón Santa Rosa, en El Oro, donde se levantaron 120 casas en obra gris, que no tienen acabados. Incluso fueron invadidas por los trabajadores que antes las construyeron. Los obreros decidieron tomarse el lugar y vivir allí varias semanas, por el incumplimiento en sus pagos.
Aunque las autoridades locales ya los desalojaron, según relata el alcalde de Santa Rosa, Larry Vite, esas viviendas, ubicadas en un terreno de 1,7 hectáreas, registran un 32% de avance.
“A esta obra la han visitado varios ministros. Solo cuando una autoridad llega a verlas, hay cuatro personas que van a barrer el lugar. Conversamos y dialogamos con los funcionarios y el paso a seguir era la reunión con los compañeros en Quito para que puedan retomar esta actividad en territorio. Al menos, en este cantón no se ha cumplido todavía”, dijo Vite.
En el nuevo cronograma, este proyecto estará listo en febrero del próximo año.
La construcción de las casas en Santa Rosa tiene un avance del 26%
CAMC termina ulitateralmente el contrato
En junio, cuando el problema estalló, el apoderado de CAMC en Ecuador, Tang Gi, comunicó a Newglobal la decisión de terminar el contrato unilateralmente por la suspension de las obras. En su notificación, revisada por Código Vidrio, especificó como causales el abandono de las obras y el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, según los compromisos asumidos en el cronograma de trabajo.
En la notificación enviada a Newglobal y a Casa Para Todos, Tang Di destacó que su empresa podía terminar el contrato cuando se contrapusiera a sus intereses o afectara su equilibrio económico, “sin derecho a reclamo ni indemnización alguna” de la subcontratista.
Andrés Pino es el gerente de la empresa pública Casa Para Todos.
CAMC asegura que no tiene ninguna deuda con la constructora ecuatoriana, a la cual acusa de haberle perjudicado. Por este motivo le aplicó multas por los retrasos y pidió a Seguros Oriente el pago de las garantías de buen uso de anticipo y fiel cumplimiento del contrato, por 5 millones de dólares.
El 11 de junio, la mandataria de Newglobal, Tatiana Paredes, le respondió a CHINA CAMC, impugnando “la arbitraria notificación de supuestos incumplimientos y terminación unilateral del contrato, basadas en informes técnicos, económicos absurdos e interpretaciones antojadizas y subjetivas”.
En relación al alegado abandono de las obras -agregó- “usted esta en pleno conocimiento de que nosotros no hemos dado ninguna orden de suspensión de trabajos, pues esa fue una decisión de Casa Para Todos. Con un reclamo formal, hago saber a usted que el monto de planillas no pagadas por el incumplimiento de los hitos restó liquidez a Newglobal, por lo tanto exigimos el pago de los valores ejecutados y notificados a sus representantes”.
Tras esas puntualizaciones, Paredes solicitó a Tang Di que se dejaran sin efecto, por improcedentes e ilegales, la notificaciones de terminación unilateral.
Contactamos a la gerente de CAMC, Angela Huang, que no repondió nuestra solicitud de entrevista. Luego llamamos a la abogada de la compañía, Mariling Mejía, quien contestó que no podía pronunciarse sobre las irregularidades y conflictos generados en los proyectos.
También pedimos la versión de Tatiana Paredes, apoderada de Newglobal, pero prefirió no pronunciarse.
Seis meses de paralización
El gerente de Casa Para Todos, Andrés Pino, informó que la construcción de las 2.095 casas a cargo de CAMC se reinició el mes pasado, una vez que CAMC terminó su relación con Newglobal y retomó los trabajos con su propio personal, comprometiéndose a no rebasar el 30% de subcontratación.
“Estos dos últimos meses hemos puesto la casa en orden, recorrimos el 80% de los proyectos y encontramos los mayores problemas en Santo Domingo, Santa Rosa y Arenillas. Si bien no hay daños estructurales, las viviendas están deterioradas (vidrios rotos, puertas dañadas) y abandonadas; debimos resolver conatos de invasiones”.
Los proyectos de Arenillas, Déleg y Mácara
Así estaba el proyecto de Arenillas en mayo, pasado.
En octubre se retomaron las obras.
Las obras en Déeg estaban suspendidas en mayo.
En esta misma zona el proyecto ya tiene avances.
Así lucían las obras en Macará, en mayo.
Desde octubre se reiniciaron los trabajos.
En estas tres zonas CAMC tiene a su cargo la edificación de 470 viviendas, pero los avances son menores al 43%, y en el caso de Santo Domingo debían estar terminadas en agosto pasado.
Tras la llegada del nuevo gobierno, los funcionarios constataron que en la Gerencia de Casa Para Todos ni siquiera tenían una matriz de control de los avances de las obras. La información que proporcionó el anterior gerente era ambigua, tampoco pudo justificar porqué no aplicaron multas ni sanciones por los incumplimientos de CAMC ni las negligencias del administrador y el silencio de los fiscalizadores.
Incluso, el nuevo gerente encontró en su despacho la notificación que envió Newglobal informando la falta de pagos de CAMC. “Mi antecesor no hizo nada con esa notificación, que yo sepa. Pedí una respuesta a CAMC y se limitó a responder que había terminado su relación contractual con esa constructora”.
“Cuando llegamos Casa Para Todos estaba desmantelada, desarticulada, operaba totalmente desvinculada de los 221 GADS, sin políticas ni un plan estratégico”, destacó el ministro Herrera.
“Hemos estado a punto de acudir a nivel diplomático para solucionar los incumplimientos de CAMC; debimos cambiar estructuras que no funcionaban, era un esquema diseñado para que el entonces ministro decidiera todo, ese modelo era ideal para abrir grietas de corrupción”.
Bajo este esquema, por ejemplo, los fiscalizadores son juez y parte, ya que al mismo tiempo son funcionarios de Casa Para Todos. En por eso que el régimen decidió que en adelante los fiscalizadores serán contratados en el sector privado.
Altos ejecutivos de CAMC apagan el incendio
Desde octubre, los representantes internacionales de CAMC han llegado al país para mantener reuniones con el Ministro de Vivienda y el Gerente de Casa Para Todos y analizar todos los incumplimientos de los trabajos. En las citas, los delegados del gobierno chino se comprometieron a terminar los proyectos, pero buscan que las autoridades ecuatorianas no les impongan más multas por los retrasos o que su cuantía no sea alta. Tanto el Ministro como el Gerente dijeron que todos los retrasos serán penalizados, de acuerdo al contrato.
Por los incumplimientos, hasta octubre la empresa china recibió cinco multas por 1,5 millones de dólares. Cinco fiscalizadores, de los 20 que auditan todos los proyectos, fueron despedidos, así como el administrador del contrato que fue reemplazado.
El ministro de Vivienda, Darío Herrera, recibió a los representantes internacionales de China CAMC en octubre pasado. Se comprometieron a cumplir todas las especificaciones del contrato, reiniciar las obras y solucionar los problemas con los trabajadores y contratistas.
¿Pero hay indicios de corrupción en la anterior administración?
“Es probable, pero eso debe investigar y confirmar la Contraloría. Yo puedo determinar omisión o falta de funciones, puedo cambiar a los fiscalizadores y pedirles la renuncia, pero no puedo entrar en el campo penal, sin contar con el examen de los auditores”, explica Pino.
Para retomar la marcha de todos los proyectos, se agilitaron los desembolsos del Banco de Desarrollo a CAMC, que se han ejecutado en un 90%, más de 85 millones de dólares.
Hasta el momento, las empresas Shandong y Sumec registran avances de cumplimiento de más de 70%, en promedio, y están dentro de los cronogramas de los contratos. Tienen a su cargo la construcción de 2.513 casas.
Desde este mes está prevista la entrega de las primeras 682 viviendas del proyecto financiado por China.
Al inicio de su administración, Lenin Moreno ofreció edificar 325.000 casas, pero en el camino la cifra se fue desplomando. Para el 2019 el plan cambió y ofreció invertir 1.700 millones de dólares para construir 220.000 casas subvencionadas total o parcialmente por el Estado.
Finalmente, al dejar el poder, Moreno se refirió a la construcción de 159.000 viviendas, aunque no aclaró si estaban concluidas o en ejecución. Solo aseguró que en ese total consolidado se incluían casas entregadas, contratadas y programadas.
Los datos del actual Gobierno difieren de esas cifras. Según sus informes, solo 10.000 viviendas contratadas por el anterior gobierno están en construcción.
*Este proyecto periodístico fue financiado por una beca de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
