El concurso para escoger a los primeros 14 jueces anticorrupción del país entró en la recta final. Los próximos días 37 postulantes participarán en el curso de formación, que será el último filtro del proceso de selección que realiza el Consejo de la Judicatura. El asesinato de un juez en Lago Agrio, el jueves pasado, aviva el debate sobre el anonimato que deberían mantener los nuevos magistrados, cuando empiecen a juzgar los procesos, según analistas consultados.

Por Ana María Carvajal

El proceso de selección de 14 jueces anticorrupción avanza, en medio de una escalada violenta de organizaciones criminales contra funcionarios judiciales, en el contexto de la penetración acelerada del narcotráfico en el país.

El asesinato de Nelson Yánez, juez de la Unidad Multicompetente de Lago Agrio, el jueves pasado, cuando salía de su domicilio, es un campanazo sobre los riesgos que corren los funcionarios que investigan casos sensibles, que involucran cabecillas y operadores importantes del crimen organizado.

En vista de la peligrosidad de los casos que los jueces anticorrupción deberán juzgar y el riesgo de ser corrompidos o amedrentados junto con sus familiares, juristas consultados por Código Vidrio estiman que debía revisarse la posibilidad de mantener el anonimato de los nuevos funcionarios y aplicar el modelo de otros países de magistrados sin rostro.

Para minimizar el riesgo, por lo pronto, el Consejo de la Judicatura (CJ) diseñará un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios, además del Instructuctivo de Seguridad Individual que ya se aplica para servidores judiciales, aprobado en abril pasado.

Este año, 21 jueces, 15 del área penal, reciben seguridad individual en varias provincias, a cargo de la Policía, con base en ese Instructivo. Los judiciales, la mayoría de Quito y Guayaquil, han recibido amenazas e intimidaciones de todo tipo. El 2019, la Policía daba protección a 12 jueces, según un informe del CJ.

Los últimos ocho meses, hubo 10 amenazas de bomba en los complejos judiciales de ambas ciudades, lo cual ha implicado la suspensión por varias horas en los servicios.

El crimen de Yánez, quien fue declarado el juez de mejor desempeño en la capital de Sucumbíos el 2017, ocurrió horas después de la visita del ministro del Interior, Patricio Carrillo, a esta provincia, para articular planes para frenar la violencia y enfrentar a las bandas criminales.

En lo que va de este año, dos fiscales también fueron asesinados. El 15 de agosto murió abaleado por sicarios el fiscal Federico Estrella en Babahoyo. En mayo también fue ejecutada la fiscal Luz Marina Delgado, junto a su asistente Jefferson Mendoza. En ambos casos se cree que fueron retaliaciones de implicados en alguno de los casos que investigaban.

El penalista Xavier Andrade, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, apunta que los nuevos magistrados anticorrupción precisamente juzgarán a delincuentes muy peligrosos y estarán amenazados permanentemente o podrían ser sobornados. “Siempre estarán al filo de saber que su decisión puede traer consecuencias más allá de lo jurídico”. Por eso, en países como Colombia y Perú, se diseñó un modelo de jueces sin rostro, para protegerlos.

Los juristas seleccionados tendrán a su cargo 44 tipos penales, 37 relacionados con el crimen organizado y siete en el ámbito de la corrupción. Por ejemplo, peculado, cohecho, concusión, testaferrismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, genocidio, etnocidio, esclavitud, desaparición forzada, tráfico de órganos y de personas, sicariato, producción y tráfico de drogas y armas, minería ilícita, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros.

El abogado penalista Hugo Espín considera que lo que se busca con este proceso es tener jueces más independientes, porque se espera que no sean afectados ni susceptibles por la corrupción, que es un fenómeno persistente en el poder judicial.

El problema es cómo lograrlo. El modelo de jueces sin rostro aporta en que exista un grado confianza en los resultados, en el sistema y en los juzgadores, opina Espín. Al exponerlos a la palestra pública, se pone en riesgo a las personas y al funcionamiento eficaz del sistema. “Los procesos pueden ser afectados por amenazas o compras de conciencia, si no se manejan adecuadamente, dadas las estructuras de lo que deben juzgar”, destaca Espín.

En Ecuador esta tarea apenas empieza, pero ya se puede acceder fácilmente a los nombres y datos de los aspirantes a jueces de 2 unidades judiciales, 6 tribunales penales y 6 cortes provinciales, que pasaron las primeras fases.

 

37 POSTULANTES IRÁN AL CURSO DE CAPACITACIÓN

Cinco postulantes obtuvieron 80 o más puntos tras recalificación

 

A Andrade le preocupa que si ocurren atentados o actos terroristas contra algún juez, eso se convierta en una intimidación directa a la justicia. “Si esto pasa y no estamos preparados, la creación de esta nueva estructura jurídica es inútil.(…). El mensaje es claro, la delincuencia organizada hace cuadre de cuentas a su manera. Más allá de que hay información pública de los aspirantes, hay que tomar en cuenta que la delincuencia ya da el mensaje de amedrentamiento a quienes se contrapongan a sus intereses”.

La Judicatura reconoce que los nuevos jueces pueden estar en riesgo. Santiago Peñaherrera, director general del CJ y responsable de la selección, explica que para diseñar un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios contarán con el apoyo de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos (INL).

No obstante, estos temas, que se pueden considerar colaterales, son fundamentales cuando se crea un proceso de especialización en justicia penal, alerta Andrade.

La idea de las nuevas unidades judiciales nació en la Judicatura presidida por Gustavo Jalkh, en el gobierno de Rafael Correa. Se retomó tras los atentados terroristas en la frontera norte el 2018. Y tuvo piso legal el 2020 cuando la Asamblea aprobó la reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.

Los jueces sin rostro en otros países

Los jueces o tribunales sin rostro se han implementado en países como Italia, Colombia, Perú, Brasil y El Salvador. Se han aplicado en casos especiales, cuando los estados no pueden garantizar la seguridad de los magistrados a cargo de juzgar delitos relacionados con el crimen organizado. En Ecuador, hay voces que proponen que se diseñe un sistema especial para quienes deban condenar a responsables de determinados casos de narcotráfico o terrorismo, por ejemplo.

Sin embargo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede dificultar esa posibilidad en el país. Se trata del caso Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas versus Perú, en el que se determinó responsabilidad internacional del Estado peruano por haber condenado a ambos sin respetar el debido proceso. Además de haber sido arrestados sin una orden judicial en 1996 y 1991, respectivamente, ambos fueron sentenciados por un juez sin rostro. La Corte señaló que toda persona que enfrente un juicio tiene derecho a saber quiénes lo están juzgando.

En países como México, donde los asesinatos y atentados en contra de jueces, policías y periodistas, son cada vez más comunes, en el 2016 se analizó la posibilidad de implementar tribunales sin rostro dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, creado ese año. Pero la idea aún no prospera.

Este tipo de tribunales se formaron en Colombia y Perú en los años noventa. Se  inspiraron en el modelo italiano que en esa misma década buscó en el anonimato la forma de proteger al sistema judicial de la extorsión, los sobornos, los atentados y asesinatos a quienes estaban a cargo de impartir justicia.

En Perú, los miembros de estos tribunales se cubrían el rostro con capuchas o atendían las audiencias detrás de paneles oscuros cuando juzgaban casos de terrorismo. Con el tiempo y, debido a las críticas por violaciones a los derechos humanos y por afectar los principios de transparencia, se erradicó esa figura en ambos países.

El 2019, Río de Janeiro se sumó a los estados de Mato Grosso, Bahía, Pará, Roraima, Alagoas y Santa Catarina que ya tenían jueces sin rostro para enfrentar a la delincuencia organizada. Actualmente, los ojos sobre este tipo de prácticas judiciales apuntan a El Salvador, donde organizaciones de defensa de derechos humanos reclaman la inconstitucionalidad de una reforma legal propuesta por el presidente Nayib Bukele y aprobada por el Congreso para abrir el camino a los tribunales sin rostro para juzgar delitos cometidos por integrantes de las pandillas.

37 postulantes van a un curso de formación

Una vez que la semana anterior concluyeron las primeras pruebas de selección, 37 de los 425 postulantes para jueces anticorrupción participarán en el Curso de Formación Inicial, que será el último filtro del proceso de selección. Estará a cargo de la Escuela de la Función Judicial y durará 52 días. Al final solo 14 aspirantes serán los primeros magistrados especializados en este campo.

Se trata del último paso antes de que se conformen las dos unidades judiciales, seis tribunales y seis cortes provinciales penales especializadas que se crearán y que está previsto funcionen desde fines de octubre o inicios de noviembre próximo. Hasta el momento, las dependencias no han sido habilitadas ni existe un lugar definido para este fin.

De los 32 concursantes que superaron los 80 puntos requeridos (al menos 50 puntos en la fase de méritos y pruebas teóricas y otros 30 en las prácticas), 14 superaron ese puntaje apenas con décimas y solo cuatro obtuvieron más de 90. Cinco más entraron luego del proceso de recalificaciones, la semana pasada.

Santiago Peñaherrera dice que este proceso se realiza con un nuevo sistema para concursos. Este “cumple con todas las recomendaciones” que la Contraloría hizo al Sistema de Selección de Personal de la Función Judicial (Sisperfuj), que se usaba años atrás y que fue cuestionado por problemas de transparencia en su funcionamiento.

El nuevo mecanismo –agrega Peñaherrera- permite que cualquier institución pública o privada, observatorios, la academia y la Contraloría “puedan hacer una auditoría del sistema y verificar que preste todas las seguridades”. Cada acción y cambio que cualquier persona que intervenga en el proceso realice, dejará su huella.

Por ejemplo, las computadoras en las que los participantes rindieron sus pruebas no permitían conexión a Internet ni a dispositivos externos como memorias USB. Tampoco tenían información archivada y las preguntas se cargaron en presencia de un notario público y del coordinador de la Veeduría Ciudadana, Erick Morán Jacho.

El cuestionario fue elaborado por 18 expertos en materia penal y tenía 1.200 ítems, distribuidos entre los participantes por sorteo, 100 a cada uno. “Si estamos en un concurso de corrupción y crimen organizado, obviamente tenemos que guardar todas las formas y dar paso a la transparencia ante todo”, dijo Peñaherrera.

El proceso ha tenido, al menos, dos reajustes del cronograma (en la fase de méritos y en las subfases psicológica, teórica y práctica). El segundo significó una demora de cerca de un mes, debido a una amenaza de bomba, el 14 de junio pasado en el Complejo Judicial Norte, mientras el país enfrentaba un paro.

Cuando se lanzó el concurso, el pasado 29 de marzo, el presidente Guillermo Lasso exteriorizó su respaldo. Ese día, el Gobierno anunció que había entregado 1,6 millones de dólares para implementarlo. También existe un aporte de medio millón de dólares del gobierno de EE.UU., para la capacitación del personal y equipamiento. Hasta el 31 de julio pasado, el CJ informó que del presupuesto de USD 308 mil dólares, apenas había ejecutado un 6,75 %. Este rubro corresponde directamente a lo invertido en el concurso.

Inmobiliar no responde 

Está previsto que el concurso termine máximo el 19 de septiembre. Aunque es temprano para evaluar su funcionamiento informático, sí hay dudas sobre cómo trabajarán estas nuevas estructuras judiciales. Está previsto que los nuevos jueces empiecen a laborar a más tardar en noviembre (tres meses después del plan original), pero aún no cuentan con un espacio físico definitivo.

Peñaherrera dice que la Judicatura ha hecho gestiones para conseguirlo. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, les ofreció dos terrenos en Pusuquí o un espacio en la Unidad de Vigilancia Norte de la Policía, en Quito. Este último es el que más le convendría al proyecto pero se requiere una inversión de más de dos millones de dólares y los trabajos tomarían al menos un año. Esos fondos no están presupuestados.

Las solicitudes a Inmobiliar tampoco han tenido respuesta. Hasta que la situación se defina, los nuevos jueces trabajarán provisionalmente en el Complejo Judicial Norte.

Los abundantes casos de corrupción como las compras con sobreprecio durante la etapa más crítica de la pandemia por el covid-19 y los fallos polémicos de jueces, así como medidas de protección emitidas de forma ilegal a favor de sentenciados por diferentes delitos, fueron determinantes para impulsar el proyecto.

Espín subraya que tener jueces especializados anticorrupción implica que se van a clasificar las materias de conocimiento en el área penal. Es decir que habrá jueces especializados por tipo de delito: delincuencia organizada, asociación ilícita, peculado, lavado de activos, etc. “Pero nuestro sistema penal establece que los jueces deben estar especializados por materia y no por delito y los investigadores (fiscales), que son quienes llevan los casos a conocimiento del juez, son los que están especializados por delito”. En materia penal, agrega, las garantías procesales y la regla son las mismas, sin diferenciar ente delitos.

En Ecuador, existen 12 unidades especializadas de Fiscalía. Entre ellas se incluyen algunas relacionadas con los delitos que juzgarán los nuevos magistrados especializados: la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI), las unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de Antilavado de Activos y de Investigación de Personas Desaparecidas.

El riesgo de vulnerar derechos

Otro problema que detectó Andrade es que en otros sistemas este tipo de jueces reciben críticas desde el punto de vista doctrinario, porque al trabajar en tribunales de excepción, en el futuro podrían traerle al Ecuador consecuencias por vulnerar derechos constitucionales. Por eso cree que es importante la especialización, lo cual no justifica que sean  llamados anticorrupción. La Judicatura, en general, necesita más jueces, con mayor preparación, sin necesidad de crear una nueva categoría.

El 18 de enero del 2019 se presentó la Mesa de Lucha Contra la Corrupción Judicial, para investigar presuntas irregularidades cometidas en procesos, parte de un Sistema Integral de Lucha Contra la Corrupción, la Delincuencia Organizada y el Combate a la Impunidad. En esa época se hablaba de que las unidades especializadas tendrían jueces de primer nivel y de tribunales penales en Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, actualmente el plan es que todos los jueces trabajen casos a escala nacional, desde la capital. Ese es un punto de debate, pues Andrade y otros expertos se preguntan cómo se manejarán las diligencias. Esos son temas que deben resolverse y que muestran que el país no está preparado para dar este paso, puntualiza el jurista.

Andrade cree que este proceso es improvisado, pues no se debe pensar únicamente en la especialización de cada juez. “¿Va a haber secretarios o asistentes judiciales, policías especializados, operadores de justicia que hablen el mismo idioma o no? ¿Qué pasa con eso? ¿Solo nombrar jueces y ya o les nombro y luego vamos corrigiendo en el camino? Por eso, mi opinión ha sido que se nombren más jueces y nada más”.

Según la propuesta de la Mesa de Lucha Contra la Corrupción Judicial, las nuevas unidades judiciales debían contar con peritos para temas de finanzas, contabilidad y tributos, además de expertos en ubicar y recuperar dineros producto de actos de corrupción. Este último, precisamente, ha sido uno de los principales problemas en Ecuador.

Ecuador pretende recobrar USD 104,1 millones por casos de corrupción como Sobornos y Odebrecht, además de otros relacionados a entidades públicas y estatales como el Ministerio del Deporte, Petroecuador e IESS, relacionados con el correísmo, según una publicación de Primicias. Hasta este año asta ese mes lo que el país había logrado recolectar no alcanzaba ni el 5 % del valor total.

La situación de la lucha contra la corrupción en el país es compleja, pues Ecuador cayó al puesto 9 entre 15 países, según datos del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, de la Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, publicado este año.

Las unidades judiciales, con equipo provisional

La conformación de los equipos de trabajo para las nuevas unidades judiciales aún es lejana. La Judicatura convocará un concurso público para nombrar a los 40 funcionarios que se sumarán al equipo de jueces anticorrupción y crimen organizado. Pero ese proceso aún no está en marcha, por lo que el personal de apoyo en la fase inicial será temporal y el área de Talento Humano de la Judicatura se encargará de la selección.

Instaurar un nuevo modelo no es tan simple, porque se requiere, por ejemplo, de modificaciones en el Código Orgánico Integral de Procesos, para establecer esta especialización no solamente por materia sino por delito y no está claro cómo se va a manejar el tema, dice Espín.   “Se requieren reformas legales y una madurez del sistema judicial para que esto pueda funcionar, porque si no lo único que tendremos es una unidad más con otro nombre como las que ya tenemos por montones en las unidades de Fiscalía y de la Policía Judicial, pero en esencia seguiremos en el estado en el que está la situación final de la seguridad en el país”.

El proceso para designar a estos nuevos jueces cuenta con el apoyo del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (PAcCTO). Se trata de  es un programa de asistencia técnica de la Unión Europea con 18 países de América Latina, incluido el Ecuador. El objetivo es intercambiar experiencias y buenas prácticas en temas sobre estado de derecho y seguridad ciudadana. En marzo del 2019 hubo una jornada para analizar experiencias internacionales y determinar el perfil de los nuevos jueces y cómo debía ser el proceso de selección, a partir de ellas.

Sin embargo, gran parte de lo analizado en esos encuentros y planes previos aún está solo en el papel, a pesar de que la entrada en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales está tan cerca. “Uno se queda pensando cuando ve estos concursos hasta dónde pueden llegar las limitaciones de los filtros a los que las personas están siendo sometidas. Algunos de los participantes fueron ya fiscales o jueces, tuvieron visibilidad en el ámbito judicial y algunos de ellos fueron cuestionados sobre su desempeño. Eso deja la duda de quienes realmente están interesados en ser jueces anticorrupción y quienes tienen intereses por ser parte de un equipo de estos, para controlar el poder judicial”, dice Espín.

El camino es complejo tomando en cuenta que existen muchos vacíos legales.

«El COIP en palabras es bueno, indica Espín, pero es un Frankenstein que cada vez que alguien se emociona, lo cambia y esto genera un problema en la práctica judicial. El sistema legislativo es inmaduro y hay una falencia académica en los procesos. La investigación de la técnica jurídica es la gran deuda de la academia, para hacer aportes».

Un estudiante lidera la veeduría del concurso  

La Veeduría que se conformó mediante resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 0166, a fines de abril, solo ha emitido un informe general y hará uno completo al finalizar el concurso, dijo a Código Vidrio su coordinador, Erick Morán Jacho.

También forman parte del organismo Hugo Bone Ortiz, Jorge Bonilla Macas, Clara Casquete Hurtado, Ángel Paredes Carrasco, Merli Llanos Campaña y Tatiana Flores Abarca. Jacho, quien ha sido candidato a concejal de Quito por Pachakutik, dice que representan a distintas organizaciones y viven en Ambato, Esmeraldas, Cuenca y Quito. Hasta el momento han tenido cinco reuniones, una  cada vez que finaliza una etapa del concurso y han acudido a llamados del CJ para presenciar las actividades o ruedas de prensa.

“Hasta el momento todo se ha llevado a cabo con total transparencia y se ha difundido todo por la página del CJ; cualquier persona puede hacer una impugnación y nosotros podemos dar seguimiento”, dijo. Según Morán, uno de los miembros de la Veeduría planeaba presentar impugnaciones contra siete aspirantes, por los cargos que tienen registrados. El plazo para presentar estos recursos vencía este viernes 26 de agosto y hasta el cierre de este reportaje, aún no se conocían cuántos habían ingresado al sistema del Consejo de la Judicatura.

La única observación que hasta el momento hace Morán tiene que ver con un tema laboral. “Yo hubiera cambiado en el inicio que una persona que ya ocupaba un cargo actualmente postule por otro. Hay muchos que cumplen y no tienen cargo actualmente y tienen mejor experiencia, ellos podrían entrar”, dice. Por lo demás, está de acuerdo en la forma en la que la Judicatura lleva adelante el concurso: “Han tenido apertura, nos han dado una oficina en su edificio y cuando les pedimos informes los facilitan el mismo día o al día siguiente”.

Morán es guayaquileño, tiene 23 años. Cursa el séptimo semestre de Derecho en la Universidad Católica. “Fui apoyado por una asociación, ya que queremos que esta unidad nueva se forme con transparencia”, dijo.

Se trata de la Asociación de Producción Artesanal Interprofesional del Ecuador (Asoproartiecu). Su representante legal es Morán, desde hace dos años. Agrupa a artesanos de 14 provincias que se dedican a la ebanistería, bisutería, cocina, repostería, entre otras actividades. Él es fotógrafo en la rama artesanal. En su hoja de vida, detalla que también es instructor y capacitador.

Si bien la asociación a la que representa no tiene ninguna relación con temas jurídicos, Morán decidió participar en este mecanismo de control social por su afinidad con el Derecho, porque algunos de sus familiares han sido abogados. “Como también estoy involucrado en la rama del derecho, aparte de lo artesanal, un bufete de abogados nos invitó”. Es Fundere (Fundación del Derecho), Guayaquil,  cuyo representante legal es Oswaldo Dávila Gabino, dice Morán.

En la hoja de vida del coordinador de la Veeduría constan capacitaciones en distintas temáticas: riesgos laborales, salud ocupacional, formación de mediadores, inteligencia de negocios, liderazgo, relaciones humanas, primeros auxilios, desarrollo de la personalidad, ensamblaje de muebles, prevención de delitos sexuales, Código Orgánico Administrativo, mediación, oratoria, entre otros.

Las sospechas de que un grupo de ocho marinos se había asociado para quedarse con varios kilos de cocaína surgieron poco después del operativo realizado el 11 de agosto pasado en Galápagos. En esa operación la Armada y la Policía Antinarcóticos descubrieron 28 sacos de yute con decenas de paquetes de droga flotando en el océano.

Redacción Código Vidrio

La Fiscalía procesó a ocho miembros de la Armada, acusados de robar e intentar comercializar cuatro kilos de cocaína que escondieron en una bodega de la lancha guardacostas Isla Darwin.

No sería la primera vez que los miembros de la Marina ocultan cocaína incautada en operativos antinarcóticos en altamar, para luego comercializarla con narcotraficantes en Galápagos, según sospechan fuentes Antidrogas.

La jueza Ivonne Arroyo dictó prisión preventiva contra los uniformados Xavier Andrés M. P. y Luis Armando P. O. Y concedió medidas sustitutivas para Jéfferson Orlando V. G., Andy Gabriel T., Joel Javier A. T., Tony Ubaldo P., Darwin Xavier G. O. y Víctor Luis D. E. Ellos tienen prohibición de abandonar el país y deben presentarse periódicamente.

La droga que los marinos ocultaron fue sustraída de una incautación realizada en altamar, el 11 de agosto, por la Armada y la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado de la Policía.

Los uniformados capturaron los 28 bultos con unos 560 paquetes de coca, a 200 millas al sur de las islas. La droga fue descubierta en un patrullaje de la lancha Isla Darwin y un avión de exploración aeromarítima de la Marina.

Durante el operativo, los uniformados detectaron dos radiobalizas en el mar, que estaban amarradas a 14 sacos de yute, cada una.

 

La radiobaliza es un dispositivo que emite señales de frecuencia, que solo pueden ser recibidas por satélites a cuya información acceden los narcotraficantes que arrojan la droga en altamar con flotadores. Otros pescadores, que también cuentan con teléfonos satelitales, reciben las coordenadas y recogen y la cocaína para trasladarla hacia Centroamérica.

Los sacos de yute y las evidencias descubiertas el 11 de agosto fueron llevadas a la isla San Cristóbal por la lancha guardacostas Isla Darwin. Luego fueron trasladadas a Guayaquil, custodiadas por personal de la Armada, que lo entregó a la Policía.

Las horas siguientes -según conoció este medio- agentes de Antinarcóticos supieron, por varias fuentes y medios, que varios de los marinos que participaron en la operación se habían quedado con uno de los sacos con los ladrillos de cocaína. Eso también fue corroborado y comunicado a Inteligencia de la Armada. Desde entonces coordinaron su detención, una vez que la lancha en que viajaban llegara a San Cristóbal, el domingo, a las 18:00.

Inclusive sospechan que los uniformados parte de la red no solo habrían sustraído cuatro kilos sino un saco completo con unos 20 kilos de cocaína, según fuentes cercanas a la investigación. Los 16 paquetes restantes ya habrían sido entregados a otros integrantes de la organización, entre el jueves y domingo. Eso deberá ser investigado y confirmado por la Fiscalía, dijo un oficial de la Marina.

Cuando las unidades Antinarcóticos y Canina realizaron el operativo el domingo anterior tenían información sólida de que una parte del alcaloide estaba oculta en la bodega de maniobras del guardacostas, que arribó al puerto “Tiburón Martillo”, de San Cristóbal.

Al caer la tarde, toda la tripulación, compuesta por cuatro oficiales y 21 marinos de tropa, fueron detenidos en flagrancia por pedido de la fiscal del Puerto Baquerizo Moreno, Leslie Chuqui Rivadeneira.

Ayer, en la audiencia de flagrancia, en la Unidad Judicial de San Cristóbal, la Fiscalía sustentó su acusación en los partes e informes policiales, la prueba de identificación preliminar homologada y el acta de verificación y pesaje de la droga incautada. Además, el informe de hallazgo y rescate de la droga, y la denuncia del director Regional Insular de la Armada.

 

Marinos reclutados para el narcotráfico

Un oficial de inteligencia Naval dijo que para quedarse con parte de la cocaína los marinos pudieron haber contando con la complicidad y participación de quienes recogieron los bultos junto a las balizas y de quienes los recibieron en el guardacostas.

La lancha Isla Darwin es empleada para operaciones antidrogas y de control de pesca ilegal. Tiene capacidad oceánica, que le permite navegar en alta mar.

“No se puede descartar que los tripulantes involucrados fueron reclutados hace algunos años por el crimen organizado, que también ha permeado a la Marina como a otras instituciones”, comentó un oficial. Sin embargo -agregó- esta fuerza aún no cuenta con un departamento de asuntos internos para investigar a sus miembros y su relación con organizaciones del narcotráfico.

La Marina informó que las investigaciones se realizan según los procedimientos establecidos, brindando todas las facilidades a la Fiscalía para que determine las responsabilidades del caso.

Además indicó que iniciará los procesos administrativos disciplinarios internos, cumpliendo la normativa legal que faculta sancionar con el máximo rigor a los miembros de la institución implicados en casos de esta índole.

El diagnóstico del embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, es contundente. Destaca la importancia del récord de incautaciones de droga como un reflejo del arduo trabajo y dedicación de las fuerzas de seguridad ecuatorianas. No obstante, advierte que eso también muestra la profunda penetración e influencia que estos grupos criminales tienen en casi todos los países de la región.  Y que la lucha para acabar con los carteles tomará tiempo. Fitzpatrick confirma en esta entrevista que su gobierno revocó visas de no-inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en el sector legal y judicial. “Tener un visado es un privilegio, no un derecho”. enfatiza.

Por Arturo Torres

P. ¿Qué tipo de cooperación brinda el gobierno de Estados Unidos a Ecuador en la lucha contra las drogas? Específicamente, ¿por qué es importante que Estados Unidos apoye a Ecuador en esta área?

R. Estados Unidos y Ecuador comparten la preocupación por el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos organizados transnacionales. Estas actividades ilícitas amenazan la seguridad de los ciudadanos de ambos países. La misión de EE.UU. trabaja con socios del gobierno de Ecuador y la sociedad civil para combatir el flagelo del narcotráfico. Nuestro país  y Ecuador han firmado varios acuerdos y han establecido nuevos programas para mejorar la cooperación antinarcóticos y de aplicación de la ley, incluyendo la asistencia para el desarrollo de capacidades en materia de antinarcóticos y lucha contra la delincuencia organizada internacional, así como los esfuerzos para interceptar drogas. La asistencia bilateral en estas áreas asciende a más de $140 millones desde 2018.

Hemos equipado a la policía y al sector de la justicia con tecnología de la información, software, vehículos, y canes, facilitando incautaciones récord de drogas, juicios y sentencias por actividades delictivas.

Al mismo tiempo, tenemos un programa activo de reducción de la demanda de drogas, capacitando a funcionarios sociales y de salud, activistas comunitarios y líderes empresariales para unir fuerzas y empujar el narcotráfico fuera de los barrios donde sus residentes, y en particular los jóvenes, son susceptibles de consumir drogas.

Además, EE. UU. y Ecuador han firmado acuerdos bilaterales para el intercambio de asistencia militar, entre ellos un acuerdo regional para el intercambio de información para combatir el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

P. ¿Cuál es el diagnóstico de su gobierno sobre el avance del narcotráfico en Ecuador, a partir del aumento de las capturas de cocaína y de los indicadores de violencia directamente relacionados con las disputas entre bandas?

R. EE. UU. ve con preocupación la violencia en Ecuador. Seguimos trabajando juntos contra el narcotráfico y el crimen transnacional que no solo amenazan la seguridad ciudadana en Ecuador sino también en nuestro país.

Las incautaciones de drogas en Ecuador han alcanzado récords históricos.  Reconocemos el esfuerzo del Gobierno, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en estos operativos y condenamos todos los actos violentos de los grupos criminales que amenazan la estabilidad de la población.

 

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♦ “Si bien el récord de incautaciones de drogas refleja el arduo trabajo y la dedicación de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, también muestra la profunda penetración e influencia que estos grupos criminales tienen en casi todos los países de la región.  No se trata de una lucha a corto plazo para expulsar a las bandas de narcotraficantes, sino de una lucha constante para erradicarlas en todos los países”.

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P. Por exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno emitió una nueva normativa que obliga a los bancos y entidades financieras a mejorar sus sistemas de control de clientes y de comunicación de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). ¿Cuál es su análisis de la forma en que se han manejado los controles en el sistema financiero de posibles operaciones de lavado de dinero, así como en otros sectores como el inmobiliario, la venta de vehículos, las cooperativas de ahorro, la minería, los clubes deportivos y la extracción de madera?

R. El gobierno de EE. UU. ha apoyado a la UAFE proporcionando formación a sus equipos técnicos y jurídicos. Esta formación se centra en el desarrollo de estrategias inteligentes para combatir el crimen organizado y priorizar los casos para producir informes financieros exitosos. Además, EE.UU. apoyó a la UAFE mediante la aportación de un experto en la evaluación mutua del Grupo Latinoamericano contra el Lavado de Dinero (GAFILAT), que dio como resultado medidas para implementar 40 recomendaciones para combatir y prevenir el lavado de dinero. Además, nuestro gobierno está proporcionando a la UAFE nuevos ordenadores y programas informáticos de alto rendimiento para aumentar la capacidad de análisis y generar más informes financieros.  Un análisis de datos robusto significa controles más fuertes, mejores informes financieros y más éxito en el enjuiciamiento y las condenas por delitos financieros.

Pero la lucha contra el lavado de dinero no es solamente la responsabilidad de la UAFE.  Todas las entidades financieras públicas y privadas tiene un papel importante para jugar.

P. Hace varios meses, el gobierno de EE. UU. revocó las visas estadounidenses de generales de la policía, jueces y abogados por estar involucrados en prácticas contrarias a sus leyes anticorrupción. Fuentes gubernamentales informaron que también se revocaron los visados de 18 oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellos serían miembros de la Marina. ¿Podría decirnos si esta decisión se ha tomado bajo las mismas consideraciones que antes, cuando suspendieron los visados de los generales de la Policía?

R. Como hemos dicho repetidamente, Estados Unidos seguirá colaborando con Ecuador para aumentar la transparencia y el Estado de Derecho, combatir la corrupción, luchar contra el narcotráfico y aumentar la seguridad ciudadana. EE. UU. no dudará en utilizar todas las herramientas disponibles a nuestra discreción para promover la rendición de cuentas de los individuos corruptos en Ecuador y en la región. Sin comentar sobre casos específicos, seguiremos tomando medidas enérgicas contra la financiación ilícita, congelando e incautando activos robados, denegando o revocando visados, utilizando sanciones específicas contra la corrupción y acciones de aplicación penal y civil. A través de estas actividades podemos defender la ley norteamericana y garantizar una gobernanza democrática más responsable para los ciudadanos de nuestros dos países.

P. Una de las principales fuentes de corrupción por la contaminación del narcotráfico y el crimen organizado es el sistema judicial. Especialmente por la actuación de varios jueces que han rebajado ilegalmente las penas y han dejado en libertad a narcotraficantes condenados o a políticos corruptos, violando todas las leyes vigentes. ¿Está usted al tanto de estos casos? ¿Ha revocado los visados a jueces y abogados por estos motivos?

R. Los que tuercen la ley están robando la justicia al pueblo ecuatoriano. Como he dicho antes, no queremos ni ladrones ni su plata en nuestro país. La Embajada de EE. UU. ha revocado las visas de no-inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en el sector legal y judicial al determinar que ya no califican bajo nuestra ley para estas visas. Dado que los registros de visados son reservados según la legislación estadounidense, no comentamos los casos individuales. Pero insisto en algo fundamental: Tener un visado es un privilegio, no un derecho. La decisión de negar, expedir o revocar un visado es una decisión soberana tomada por países de todo el mundo sobre la base de sus propias leyes y requisitos de entrada.

La corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos. La corrupción impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y la democracia, y destruye la confianza en el poder judicial y otras instituciones públicas.  La corrupción facilita la delincuencia transnacional y socava la seguridad de los ciudadanos.  Ningún país puede luchar por sí solo contra estos problemas; sin embargo, podemos conseguir que nuestros ciudadanos estén más seguros y promover la responsabilidad y la transparencia trabajando juntos.

Como hemos visto en todo el mundo, el éxito de un país en la lucha contra la delincuencia transnacional, incluido el tráfico de drogas, se mide directamente por el nivel de voluntad de ese país para combatir el problema.

 

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♦ “La corrupción de los funcionarios gubernamentales (ya sean policías, militares, judiciales, políticos, etc.) y de los individuos del sector privado es el mayor obstáculo para la capacidad de cualquier país de luchar contra la delincuencia a gran escala”. 

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La corrupción en los procesos de creación de políticas y reglamentos obstaculiza el marco jurídico de un país para perseguir esos delitos.  La corrupción en las instituciones obstaculiza la capacidad de un país para mantener el terreno que ha ganado y permite que las empresas criminales más organizadas y enfocadas florezcan y controlen el resultado de cualquier esfuerzo para combatir el problema.  El gobierno de Estados Unidos, o cualquier otro, puede gastar mucho dinero en la lucha contra la delincuencia transnacional y el narcotráfico, pero sin la participación de las instituciones y los individuos clave, esos esfuerzos pueden tener un éxito limitado.

P. ¿Ha pensado EE. UU. en promover o acompañar la puesta en marcha de una alianza regional para hacer frente a los narcotraficantes transnacionales, que están generando graves problemas de gobernabilidad y son la principal amenaza para la seguridad y supervivencia de nuestras sociedades?

R. EE. UU. ya trabaja con los gobiernos de toda la región para fortalecer las instituciones de justicia penal a través de subvenciones, capacitación y asistencia técnica. También apoya iniciativas para fortalecer las relaciones entre los gobiernos de la región con el fin de facilitar las comunicaciones, las operaciones y la cooperación general para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico en general.

Nuestro gobierno trabaja con otros países de la región, incluido Ecuador, para reforzar la capacidad de las instituciones nacionales e internacionales y de los organismos multilaterales centrados en el establecimiento de normas globales contra la corrupción, la recuperación de activos, la promoción de la transparencia financiera, el fomento de la apertura del gobierno, el fortalecimiento de los marcos de las instituciones financieras para prevenir la corrupción en los proyectos de financiación del desarrollo y la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación ilícita y el soborno.

El epicentro de la supuesta red de corrupción estaba en la Prefectura de Cotopaxi. Su cabeza, al parecer, era el prefecto y líder del movimiento indígena, Jorge Guamán, quien habría integrado la organización con el apoyo de altos funcionarios públicos, familiares, y empresarios. Este vienes la jueza de la causa formalizó la orden de prisión preventiva contra ocho de los acusados y concedió medidas alternativas al prefecto Guamán, quien deberá usar grillete electrónico, con otra de las implicadas. Anoche, la Conaie exigió que esta investigación siga los  principios de independencia, objetividad e imparcialidad. 

Redacción Código Vidrio

Jorge Guamán fue detenido el jueves 28 de julio junto con ocho sospechosos más en el operativo Depuración I realizado por la Fiscalía y varias unidades especiales de la Policía en Latacunga, Salcedo, Pujilí y La Maná. Tras su captura, la Fiscalía informó que el Prefecto es investigado por un presunto delito de delincuencia organizada.

Desde la mañana hasta la noche de ayer los sospechosos permanecieron detenidos en la Policía Judicial de Cotopaxi. Pasadas las 22:00 se inició la audiencia de formulación de cargos en la Corte Provincial de Cotopaxi.

En la diligencia intervino la fiscal Ruth Amoroso, quien presentó un sinnúmero de indicios sobre el direccionamiento ilegal en la adjudicación de contratos, a cambio del pago de sobornos de contratistas privados; así como el cobro de dinero por cargos públicos, utilizando a terceras personas como testaferros para ocultar el incremento patrimonial de los funcionarios públicos.

Este viernes, la jueza Rosario Freire dio paso a la formulación de cargos y oficializó  la detención preventiva contra Pablo Velásquez, Santiago Sinchiguano, Gilmar Sinchiguano, Pablo Albán, José Naranjo, César Coronel, Jorge Hernández y Carlos Villacís. Además concedió medidas alternativas al prefecto Guamán y Margoth Toaquiza. Así se inició la fase de instrucción fiscal. Guamán deberá usar grillete electrónico, no podrá salir del país y tendrá que presentarse periódicamente ante la autoridad judicial competente, mientras dure el proceso.

El abogado del Prefecto, Carlos Poveda, informó ayer que tras las detenciones se estaban tomando las versiones de los implicados y que luego se definirá si se los llama o no a juicio.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se pronunció sobre la detención para investigaciones de Guamán. “Ratificamos nuestra lucha frontal contra la corrupción, en los espacios de la administración pública, privado o cualquier ámbito, que afecta a millones de ecuatorianos”, indica el pronunciamiento.

En el documento se mencionan presuntos casos de corrupción de los cuales el movimiento indígena ha exigido respuestas de los órganos estatales y a la administración de justicia. Se hace referencia al exconsejero ‘ad honorem’ del Gobierno, Juan José Pons, cuyo domicilio fue allanado la semana anterior en el operativo Danubio que investiga una red que ofertaba cargos en el sector público. También los casos Pandora Papers, Ina Papers, entre otros.

“En un Estado constitucional de derechos y justicia exigimos la plena independencia de los poderes del Estado, una investigación bajo los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, sin presiones políticas de ningún tipo, que se esclarezca bajo el debido proceso los presuntos actos de corrupción”, señala el comunicado.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó que la investigación sobre supuestos actos de corrupción en la Prefectura empezó desde hace más de un año y medio, y no está orientada a afectar a ningún funcionario en particular sino a judicializar actividades delictivas.

Los orígenes de la organización  

Fuentes cercanas a la investigación informaron que la organización venía operando en el Gad de Cotopaxi desde 2014 y también estaría conectada con presuntas acciones ilícitas en la Alcaldía de Latacunga.

La Fiscalía estima que se habrían cometido otros supuestos delitos de concusión, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado y trafico de influencias.

En un documento sumillado por Guamán, incautado en uno de los allanamientos realizados este jueves, se detallan algunos de los aportes que hizo al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MICC, y a la Conaie, liderada por Leonidas Iza.

En ese documento se detalla que el 2020 Guamán hizo depósitos a la cuenta de la Cooperativa El Sagrario, a nombre del MICC por 7.669 dólares. Para la movilización de octubre del 2021 entregó 4.000 dólares, mientras que en lo que va de este año entregó 2.000 dólares para organización del Congreso del MICC. Además consta un aporte del 10% de su sueldo, hasta este mes, por 2.100 dólares.

En los operativos también fueron incautados 38 celulares, 18 computadoras, un arma de fuego, 24.160 dólares en efectivo y varios documentos relacionados con la organización delictiva.

Guamán, de 57 años, es uno de los dirigentes más importantes del movimiento indígena, conocido por su cercanía con Leonidas Iza. Empezó su carrera política en los 90s. Ha sido diputado por la provincia de Cotopaxi, presidente de la Comisión Especializada de Asuntos Indígenas del Congreso, segundo vicepresidente del Legislativo y coordinador nacional del Movimiento Pachakutik.

En los paros realizados en octubre de 2019 y en junio pasado tuvo un papel importante como principal autoridad política de Cotopaxi. Esta provincia fue un punto neurálgico de las movilizaciones.

Familiares y amigos cercanos en la red

La estructura habría estado conformada por familiares y amigos cercanos del Prefecto. Empezó a operar en la campaña electoral, para su primer período en la Prefectura, en 2014. En la campaña, al parecer, recibió logística y recursos económicos de un grupo de amigos, que luego ocuparon cargos importantes en la Prefectura.

En esta trama se presume la participaron Pablo Albán, quien era chofer en la Universidad Técnica de Cotopaxi, y luego fue nombrado Director Administrativo de la Prefectura. Otro personaje importante es Pablo Velásquez, que dejó de ser docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi para ir a ocupar el cargo de Director de Compras Públicas de la Prefectura.

Sitios donde se realizaron los allanamientos de la Policía

 

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Eloisa Toaquiza, esposa de Guamán, sería la encargada del cobro de dinero a cambio de la entrega de cargos en la Prefectura. Además por la renovación de contratos en la entidad. Con ese dinero, según los elementos acopiados, adquiría bienes que fueron traspasados a testaferros para burlar las auditorías sobre su incremento patrimonial.

Su hija, Sisa, economista de profesión, presuntamente se encargaba de las coordinaciones con empresas privadas para la adjudicación de contratos. A cambio, al parecer, recibía importantes cantidades de dinero, que eran traspasadas a prestanombres que compraban bienes. Además realizaba constantes viajes turísticos al extranjero, especialmente a Estados Unidos. Su último movimiento migratorio registra su salida a España, el 16 de junio pasado, en un vuelo de KLM desde Guayaquil.

Desde su llegada a la Prefectura de Cotopaxi, Guamán ubicó en puestos estratégicos a los miembros de la organización que lideraba. Así, exigía a los contratistas el cobro de un porcentaje para la concesión de obras públicas. También habría pedido coimas a sus trabajadores para otorgar más puestos  en la Prefectura.

Desde el primer año de su gestión, en 2014, Guamán habría establecido el cobros de diezmos a los empleados de la Prefectura para aportaciones del MICC y la CONAIE. Con los recursos producto de esos supuestos ilícitos adquirió varias propiedades en el país. Guamán es dueño de una envasadora de gaseosas y socio mayoritario de una cooperativa de ahorro y crédito con varias sucursales en el país.

Los miembros de la red

Pablo Velásquez, director de Compras Públicas. Era el brazo derecho del prefecto Guamán. Fue ubicado en el departamento de Compras Públicas para gestionar la adjudicación ilegal de obras. También se encargaba del manejo de dinero proveniente de sobornos de una empresa privada que es investigada por la Fiscalía. Con el dinero recolectado habría incrementado sustancialmente su patrimonio los últimos años, lo cual no concuerda con su nivel de ingresos. Adquirió varias propiedades. Entre otras, una suite en el edificio ONE, en Quito, y un departamento en el edificio Soho, en Guayaquil.

Paúl Sinchiguano, contratista. Su función principal ha sido la adjudicación a su favor de contratos públicos para el GAD de Cotopaxi. La mayoría de acuerdos, según evidencias que se recogieron durante la investigación, fue otorgada a sus empresas de manera ilícita. Para acceder a las contrataciones habría pagado sobornos en efectivo, con propiedades y vehículos. Además, según los investigadores, sería el intermediario con el alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, donde también se investiga la existencia de una red. Se presumen delitos como tráfico de influencias, concusión y peculado. Para ocultar su participación directa en la organización, Sinchiguano creó varios consorcios para participar como proveedor de la Prefectura. Los contratos eran asignados por el Director de Compras Publicas.

Fernando Albán, director administrativo. Su función era colaborar en los procesos administrativos presuntamente ilegales ordenados por el Prefecto. Autorizaba el uso de presupuesto para contrataciones, removía funcionarios públicos y gestionaba la contratación de las personas que cedían a las exigencias de dinero de la red. También estaba encargado del cobro de dinero para la logística que generaba ingresos a los empleados de la Prefectura .

Margoth Toaquiza, exdirectora administrativa. Entre 2014 y 2018 colaboró como Tesorera de la Prefectura de Cotopaxi, realizando cobros indebidos del 10% (diezmos) a los empleados del GAD de Cotopaxi, para realizar aportes al MICC y la CONAIE. Además intervino como gestora para la creación de la cooperativa de ahorro y crédito INOVACION ANDINA. En esa entidad, según los indicios recabados, el prefecto Guamán realiza la reinserción al mercado de divisas del dinero adquirido de manera ilícita por esta organización delictiva. Para ocultar las transacciones e ingresos transfirió el dinero obtenido a sus familiares, que actuaron como sus testaferros.

Carlos Villacís, funcionario de la Prefectura. Ocupaba un puesto estratégico dentro del esquema de direccionamiento ce contratos a cambio de sobornos. Autorizaba los requerimientos administrativos en los procedimientos de contratación en la Prefectura. Así evitaba que los entes de control detecten las irregularidades y velaba porque se cumplan las disposiciones del Prefecto, en torno a que la empresa que debía ganar los contratos cuente con todos los sustentos documentales en el área administrativa de la entidad.

José Naranjo, jefe de la Unidad de Producción de la Prefectura. Está identificado en las investigaciones como el facilitador en la entrega de sobornos de los empresarios al Prefecto y sus colaboradores. Prestaba su nombre para el intercambio de propiedades de bienes inmuebles entre los miembros de la organización. Específicamente el empresario Santiago Sinchiguano puso a su nombre una hacienda, ubicada en Cotopaxi, que era parte de un soborno que debía pagar al Prefecto Guamán, por la adjudicación de un contrato. Aplicaba el mismo mecanismo con vehículos que la organización se repartía como ganancia de sus actividades ilícitas.

César Coronel, contratista. Es la mano derecha del empresario Sinchiguano. Se habría encargado de pagar sobornos en efectivo, tanto en la Prefectura de Cotopaxi como en la Alcaldía de Latacunga, para recibir contratos. También acordaba de forma presencial las actividades ilícitas que la organización delictiva quería mantener en secreto. Así servía como emisario entre los líderes de la organización y sus colaboradores.

Diego Sinchiguano. Es hermano del empresario Santiago Sinchiguano, cuya función principal era realizar la supervisión de los contratos presuntamente ilícitos acordados por su hermano con la Prefectura y la Alcaldía de Cotopaxi. Asímismo realizaba las actividades necesarias en la Prefectura y la Alcaldía para mantener la adjudicación presuntamente ilícita de contratos públicos, usando tráfico de influencias con el pago de sobornos.

Jorge Hernández, contratista. Este ciudadano extranjero, de nacionalidad cubana, colaboró con la red delictiva prestando su nombre y su estatus dentro del portal de compras públicas para la adjudicación de contratos públicos de forma presuntamente ilícita.El objetivo era encubrir al empresario Santiago Sinchiguano. y al prefecto Guamán para el direccionamiento ilícito a un solo empresario en todas las obras ejecutadas por la Prefectura.

 

El Jefe del Comando Conjunto, general Nelson Proaño, asegura que la reorganización de las Fuerzas Armadas empezó en función de los nuevos paradigmas y amenazas, como el narcotráfico, con la cooperación de la Policía y otras entidades. Confirma que se está puliendo con EE.UU. un proyecto para  mejorar la seguridad y operaciones de Inteligencia en la frontera norte, que está a cargo del Centro de Inteligencia Estratégica. El financiamiento esperado es de 300 millones de dólares. Además dice que están analizando la creación de Asuntos Internos para investigar casos de corrupción entre los uniformados.   

Por Arturo Torres

¿General, cómo ve usted el papel que juega y debe jugar Fuerzas Armadas en una coyuntura marcada por escenarios muy distintos a los de las guerras convencionales con países vecinos, sino de creciente inseguridad ciudadana, acrecentada por el aumento del narcotráfico?  Sí, Fuerzas Armadas, bajo el cumplimiento de nuestras competencias, como responsable de la seguridad nacional y de la soberanía nos basamos en el tema de amenazas que podemos tener y enfrentamos. Existen varios tipos de amenazas, desde las tradicionales y las amenazas intermedias. Las amenazas tradicionales van dejando un poco atrás el tema de estos tipos de conflictos interestatales que hoy por hoy son mínimos, aunque nunca podemos descartarlos totalmente. Pero, en todo caso, las llamadas amenazas intermedias, que estamos viendo, como el narcotráfico, delincuencia organizada, minería ilegal, son conexas. Si bien es cierto es responsable en el orden interno la Policía, las FF.AA. estamos trabajando conjuntamente para apoyar en el control y manejo de este tipo de amenazas. Bajo esta perspectiva nuestro rol principal sigue manteniéndose, pero nuestras actividades siguen o se amplían para proporcionar este apoyo a la Policía y buscar este tipo de capacitación. Además necesitamos una reestructuración interna para orientar nuestras operaciones.

¿Hay algún plan concreto o se va a presentar algún proyecto para plasmar este nuevo papel de FF.AA. en el actual escenario?
Sí, indiscutiblemente desde hace dos años atrás tuve la oportunidad de manejar la Dirección de Transformación del Ejército. Ahí ya nos proyectamos hacia los escenarios futuros, prospectivos, visualizamos estas nuevas amenazas. Hoy acá en el Comando Conjunto, con las tres fuerzas, estamos ya iniciando este tipo de planteamiento de una reestructuración, inclusive en la parte doctrinaria, que permita orientarnos, apoyar eficientemente en el apoyo del combate en el narcotráfico y los delitos conexos.

Concretamente para la frontera norte, de lo que yo conozco, hay un plan que va a tener apoyo, que se está presentando y se está conversando con Estados Unidos, para precisamente reforzar el combate al crimen organizado en esta zona fronteriza por donde ingresa la cocaína de Colombia.
Efectivamente, hemos estado justamente en esta planificación para orientar una organización que nos permita, con las otras instituciones del estado y el apoyo internacional, orientar el esfuerzo hacia la frontera norte principalmente, y poder destinar las unidades operativas que permitan de forma eficiente, trabajando con tecnología, con inteligencia, realizar operaciones efectivas para disminuir los flujos o mejorar el control de la frontera norte.

¿Qué implica este plan que se está discutiendo?
Este plan implica apoyo de varias instituciones del estado. Usted conoce que para entrar a este tipo de operaciones, hay que coordinar con la Policía, Fiscalía y otros organismos. También es necesario tener la tecnología que nos permita orientar nuestro trabajo al mejor control fronterizo.

¿Qué duración tiene el plan?
Todavía no hemos planificado la duración pero estamos sobre la marcha para poder ir viendo cómo se va organizando este tipo de actividades y de operaciones, lo importante es ir alcanzando resultados.

Conozco que el monto es de 300 millones de dólares
No le podría decir este momento el valor exacto, porque es en base a un análisis que se está realizando.

¿Pero hay conversaciones con autoridades estadounidenses para ver si hay factibilidad de poner en marcha el proyecto?
El estamento que corresponde, en este caso Inteligencia (CIES), lo está realizando. Fuerzas Armadas directamente todavía no estamos efectuando esas negociaciones.

Un problema de fondo es la racionalización de los recursos. Un caso preocupante es el de la FAE, que solo cuenta con un avión operativo. ¿Concretamente qué tienen pensado hacer para racionalizar los recursos para ser mucho más eficaces, mejorar las operaciones, coordinadas con la Policía, en este nuevo entorno de criminalidad e inseguridad que estamos viviendo?
Las instituciones nuestras, las fuerzas, tienen la instrucción de los comandantes generales para revisar los procesos dentro de cada una de las instituciones. Sin embargo, cada institución, por ejemplo la Fuerza Aérea, tiene su personal técnico y altamente capacitado en temas específicos, hay gente que tiene muchos años en ese trabajo, pero estamos elaborando los proyectos para poder recuperar algunas aeronaves que se requieren para mantener la capacidad operativa, de esta manera podemos a futuro tener empleados todos los medios que dispone la institución.

Y en el caso de la Armada ¿cómo está la situación, no es también necesaria la racionalización?
Bueno, todas las fuerzas son importantes; cada una tiene y cumple un papel específico; es importante también nuestro mar territorial, el control del espacio marítimo que nuestra fuerza aérea con los medios disponibles lo está cumpliendo. Recordemos que Galápagos es un punto muy importante, estratégico y turístico. Hay mucho interés, muchas flotas pesqueras de bandera internacional que se acercan a nuestras costas, entonces nuestra Armada cumple ese rol importante  de mantener el control. Por otro lado, la Dirnea, que es la policía marítima, cumple también su rol en el tema del manejo y control de espacios acuáticos para temas de delitos en el mar. Entonces con los medios disponibles se está cumpliendo. Siempre son importantes más medios, que necesitan ser actualizados, repotenciados y que estén tecnológicamente acordes a los nuevos escenarios

Ese es un reto de su administración, en este momento, dejar viejos paradigmas y construir nuevos en función de lo que ha dicho el mismo presidente Guillermo Lasso. Él dijo que Fuerzas Armadas tienen que cambiar y adaptarse a nuevas situaciones. ¿Cómo van a cambiar?Fuerzas Armadas estamos trabajando en eso, ya se elaboró una propuesta. El Ejército  ya tiene elaborado un plan y estamos elaborando uno a nivel del Comando Conjunto. Esta reestructuración, estos análisis de los nuevos escenarios siempre tienen que ser constantes, las FF.AA. están evolucionando porque los escenarios son cambiantes; cada vez se van creando, van apareciendo nuevas amenazas, delitos y nosotros como parte importante de apoyo a la Policía en nuestras operaciones también tenemos que estar a par en la capacitación y en la tecnología. Por lo tanto, es importante manejar e incrementar las capacidades que tiene cada una de las fuerzas para poder ser empleadas en el ámbito que le corresponde.

¿Cómo va a solucionar ese histórico distanciamiento y desconfianza que ha existido entre FF.AA. y Policía? Es otro momento, pero todavía hay recelos, aún no se trabaja completamente en equipo. ¿Cómo se piensa estimular el trabajo en equipo de cooperación en labores de inteligencia, en labores operativas?
A lo mejor pudo haber esta relación, digamos anterior, entre las dos instituciones pero hoy por hoy estas relaciones son las mejores, hay un acercamiento muy importante desde hace ya algún tiempo entre las dos instituciones porque venimos trabajando conjuntamente en las operaciones, en las labores de inteligencia y creo que eso son lo que ha permitido tener muy buenos resultados en la parte operativa. Se complementan las dos instituciones porque cada uno tiene sus competencias, pero esta complementación permite mejorar resultados.

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“Las relaciones de los mandos son excelentes y hay las disposiciones en cada una de las instituciones para que a los niveles operativos, niveles tácticos, unidades menores en las diferentes jurisdicciones, exista esta comunión y este trabajo coordinado con la Policía”.

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¿Cómo identifica usted las principales fortalezas y debilidades en este momento de FF.AA?
Bueno, la fortaleza nuestra, hoy por hoy, estamos cumpliendo 200 años, estamos en el bicentenario de la batalla, un Ejército y unas FF.AA. que iniciaron con la patria misma y que siempre estuvieron junto al pueblo ecuatoriano en las diferentes actividades a través de la historia, es decir, es por eso que los militares siempre se han mantenido entre los altos niveles de credibilidad del país. Hoy, a los 200 años hemos realizado algunos eventos importantes. Creemos que hoy la relación, no solamente con la Policía sino también con instituciones seccionales, con instituciones públicas, es excelente. Lógicamente esa es la misión de hoy por hoy Fuerzas Armadas, esa cercanía con los jóvenes, esa cercanía con los diferentes estamentos de la sociedad que nos permite interrelacionarnos; la seguridad somos parte todos los ciudadanos y todos tenemos que colaborar desde nuestro ámbito, desde nuestra posición.

Había una máxima histórica de que básicamente se hacían fuerzas vivas porque las Fuerzas Armadas siempre llegaban a los sitios donde no llegan otras entidades. ¿Esa función se sigue cumpliendo? ¿Ha habido recursos para eso porque vemos que durante 10 años se debilitó a Fuerzas Armadas?
A través de la historia siempre el despliegue de FF. AA. en todo el territorio y el Ejército, que son responsables del control de los espacios terrestres aún más, a nivel nacional, a la frontera norte, a la frontera sur, el espacio amazónico, es decir esta presencia ha permitido que nuestro personal militar, nuestros soldados, estén con aprobación, con las comunidades en el tema de atención médica, de las acciones cívicas, de llevar nuestros médicos a atender comunidades, teníamos profesores militares inclusive en escuelitas. La presencia militar siempre ha sido bienvenida.

La década pasada, una de las mermas más importantes fue en el sistema de inteligencia. Básicamente se sacó de escena a Inteligencia en función de seguir a unos blancos que tenían vinculación con las organizaciones o grupos colombianos que a su vez habían tendido redes hacia nuestro país. ¿Cómo se está recomponiendo el papel de Inteligencia, tanto en el tema de las funciones como en el tema tecnológico?
La Inteligencia la maneja el órgano más alto del estado que es el Centro de Inteligencia y las Fuerzas Armadas con la Policía somos subsistemas. En este contexto es importante y se ha procedido a buscar cómo la Inteligencia militar, en el caso nuestro, nuevos procesos que permitan mejorar su trabajo. Lógicamente, como la tecnología avanza, se requieren más equipos tecnológicos que permitan trabajar de mejor manera las labores de Inteligencia que son muy delicadas.

Es decir  la complementariedad apropiada del tema de fuentes humanas con el procesamiento de información con adecuados equipamientos y tecnología, ¿Eso se está trabajando?
Precisamente, la Inteligencia humana tiene que estar de la mano con la inteligencia artificial y eso nos va a permitir lograr mejores resultados en base a esta tecnología. Hoy la tecnología, la ciencia está muy desarrollada, entonces buscamos esa ciencia y tecnología que nos permita mejorar.

¿Hay recursos? ¿Van a tener fondos para hacer eso?
Precisamente estamos programando esto para gestionar los recursos que sean necesarios a fin de alcanzar este tema

¿Más o menos cuánto van a necesitar para hacer eso? ¿Se puede saber alguna cifra?
Estamos en ese proyecto, estamos levantando porque sí es importante saber los campos en los que se requiere y dar prioridad porque conocemos que en el país todos los sectores necesitan recursos. Estamos siendo muy objetivos en buscar estrictamente lo que se requiere para mejorar esta competencia.

¿Cómo están ustedes subsanando los hechos de corrupción que involucran a uniformados para que no vuelvan a ocurrir? Es decir, ¿Se plantea ya el hecho de crear Asuntos Internos en Fuerzas Armadas con la realización de pruebas de confianza y el polígrafo?
Las inspectorías cumplen un papel importante dentro de cada fuerza: verificar en las unidades militares cómo se está realizando y se está cumpliendo la función anual en base a diferentes aspectos: en la parte operativa, en la parte administrativa, en la parte financiera. Inclusive en la parte personal. Pero hoy por hoy no tenemos una unidad o un departamento de asuntos internos dentro de Inspectoría, estamos analizando este tema porque creemos que sí es importante. Sin embargo, los comandantes y las fuerzas tienen la disposición de seguir trabajando con el tema de los valores y principios y el sentido de pertenencia del personal militar.

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“Las Fuerzas Armadas tienen que estar cohesionadas, deben tener un mismo sentido que nos permita avanzar hacia un futuro. Pueden haber personas que se aparten un poco de esto por casos de corrupción, pero lógicamente tenemos que realizar los procedimientos que correspondan porque la institución es lo primero que debemos defender”.

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¿Entonces se analiza el hecho de poder entrar a contar con departamentos de asuntos internos, además de la Inspectoría?
Precisamente, hoy en ciertas funciones delicadas e importantes se están realizando procesos adecuados de selección, especialmente en temas de seguridad, cumplimiento de funciones importantes; es decir pruebas de confianza y levantando perfiles que permitan asegurarnos que la persona que va a cumplir esa función sea la más idónea.

Producción Código Vidrio

El director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, José Luis Cortázar, estaba metiendo las narices donde no debía.

En la reunión en la Vicepresidencia, el 5 de febrero de 2014, Jorge Glas le advierte a Cortázar que no interfiriera ni exijiera cuentas a las petroleras privadas sin su conocimiento ni aprobación.

Meses antes, Cortázar había conformado una comisión de técnicos, incluidos, ingenieros, matemáticos y abogados, que estableció que la curva para fijar el pago que recibiría el Gobierno, por cada barril de petróleo, extraído de los campos petroleros Shushufindi-Aguarico y Libertador-Atacapi, no estaba bien cálculada, en perjuicio del Estado ecuatoriano.

En 2012, el gobierno de Correa había entregado a los consorcios Shushufindi S.A y Pardaliservices la coadministración de esos campos, con la firma de contratos de Prestación de Servicios Específicos con Financiamiento, por una vigencia de 15 años. A cambio, acordó pagarles, por cada barril de crudo, una tarifa de 30,62, en Shushufindi, y $39,53, en Libertador.

En lugar de seguir con su tarea como máxima autoridad de control hidrocarburífero, Cortázar bajó la guardia y aceptó las órdenes de Glas, quien le alertó que en ese tipo de temas sensibles no debía dejar nada por escrito, pues con esos documentos años más tarde podrían apresar al presidente Rafael Correa.

El video al que Código Vidrio accedió fue grabado por el mismo Cortázar con una cámara oculta. Pese a que la grabación evidencia el cometimiento de supuestos delitos, Cortázar nunca denunció lo ocurrido y se desconoce para qué la utilizó.

Lo que si ocurrió posteriormente es que Glas le pidió a Cortazar las cabezas de los técnicos que auditaron la forma en que se fijó la tarifa.

Cortázar  fue ingeniero naval y obtuvo una maestría en Seguridad y Riesgos por la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). En la ESPE, precisamente, conoció a Glas; desde esa época fueron amigos cercanos.

El 2006 Cortázar se incorporó a la campaña de Rafael Correa, a cargo del manejo de su equipo de seguridad. Sus hermanas eran amigas de la familia Correa, desde jóvenes.

En el gobierno de Correa ocupó varios cargos claves: fue secretario nacional Anticorrupción, gerente de Comercialización Nacional de EP Petroecuador, gerente general encargado de Petroamazonas EP, Gerente de Estrategia Corporativa y Nuevos Negocios de Petroamazonas EP, Presidente del Directorio de Operaciones Río Napo, Gerente de Estaciones de Servicios PDVSA y hoy promociona sus servicios como Descomplicador Empresarial.

Pedimos la versión de Cortazar, lo llamamos a su número celular y le escribimos a su correo electrónico de Yahoo; ambos están registrados en su perfil de Linkedin que mantiene activo y usó hasta esta semana. No ha respondido a nuestras solicitudes.

El 5 de febrero de 2014 el entonces vicepresidente Jorge Glas mantuvo una reunión con José Luis Cortazar, entonces director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, en la Vicepresidencia de la República. Código Vidrio accedió al video de esa cita. La grabación es inédita y reveladora, pues destapa por primera vez, en palabras de sus principales protagonistas, las prácticas políticas turbias, ocultas, de ese gobierno en el área energética, en medio de las elecciones seccionales que marcaron su declive y pérdida de apoyo electoral. 

Producción Código Vidrio

Febrero del 2014 marcó un revés histórico para el proyecto político del entonces presidente Rafael Correa y Alianza País. Ese mes, Correa y su movimiento sufrieron su primera derrota electoral, tras siete años en el poder, luego de ganar nueve elecciones consecutivas.

En las elecciones seccionales que se realizaron el 23 de febrero del 2014 el correísmo perdió las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, y la mayoría de capitales de provincia. Esa aparatosa derrota fue el inicio del declive acelerado de Correa y su movimiento, que perdían aceleradamamente popularidad y apoyo ciudadano, debido a que la bonanza económica que su gobierno tuvo por varios años, gracias a los altos precios del petróleo, había terminado.

Correa y sus colaboradores sabían perfectamente que estaban quedándose sin apoyo y que su capital político se les esfumaba, en medio de denuncias de abusos de poder, persecución a opositores, líderes sindicales, indígenas, organizaciones sociales, medios y periodistas.

Estaban desesperados. Incluso Correa entró de lleno en la campaña para hacer proselitismo por sus candidatos. Pero su participación fue mortífera para sus aspiraciones y generó más rechazo entre los votantes que decidiero apoyar a los candidatos de la oposición.

Para hacer proselitismo, Correa pidió tres veces licencia a la Asamblea y fue reemplazado por su vicepresidente Jorge Glas. En medio de esas circunstancias, el 5 de febrero Glas mantuvo una reunión con José Luis Cortazar, entonces director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), en la Vicepresidencia de la República.

Código Vidrio accedió al video de esa reunión. La grabación es inédita y reveladora, pues destapa por primera vez, en palabras de uno de sus principales protagonistas, las prácticas políticas turbias, ocultas, de ese gobierno en el área energética.

Conscientes de que estaban perdiendo respaldo en la Amazonia Correa y Glas no dudaron en ordenarle a Cortazar que subiera ilegalmente los cupos de venta de combustibles en las provincias fronterizas y eliminara las restricciones a la comercialización de explosivos para los mineros. Eso es lo que se evidencia en esta primera parte de nuestra entrega de esa reunión.

Pedimos la versión de Cortázar, por su papel de autoridad de control, a su número celular y a su correo electrónico, pero no repondió a nuestras solicitudes de entrevista.

MAÑANA: Glas le exige a Cortázar que no pida informes a las petroleras privadas a cargo de los Consorcios Shushufindi y Pardaservices, y que no deje nada por escrito, pues años después con eso podrían apresar al Presidente. 

Por Arturo Torres R.

ENTREVISTA. El excomandante del Ejército, Luis Altamirano, hace una disección transversal de las políticas de seguridad y defensa que se han aplicado los últimos años y han sido poco eficaces para frenar la vertiginosa escalada del crimen organizado en el país. Cree que el concepto de la seguridad integral debe ser redefinido con una verdadera inclusión sistémica de todos los sectores responsables, incluida la sociedad civil. Destaca la importancia de una reforma profunda en Fuerzas Armadas, que debe redefinir sus paradigmas, esquemas operativos y administrativos, así como procesos de control internos (pruebas de confianza) para frenar la corrupción, y una racionalización de sus recursos. “Esta será una batalla permanente”, advierte Altamirano, hoy retirado de las funciones castrenses, en su cuartel de invierno, una oficina en el centro norte de Quito. Al costado izquierdo de su escritorio destaca un hermoso mueble de ajedrez, con finas y coloridas piezas talladas, que adquirió en la India, donde siguió una maestría de estudios estratégicos. Altamirano cuenta que cuando tenía cinco años aprendió a jugar ajedrez. Este deporte ciencia fue inventado en la India por un brahmán, consejero del Rey Ladava. En el siglo V (DC) el monarca perdió en una batalla a su hijo Ajamir, quien se había inmolado para que su ejército alcanzara la victoria. Para sacarlo de su amargura, el brahmán le obsequió al Rey su primer tablero y le enseñó el juego. En una de las partidas vio como la posición de las piezas representaba fielmente la batalla en que falleció su hijo. Así se percató de que en esa situación solo lograría el triunfo sacrificando a uno de los alfiles. El exjefe del Ejército estima que en las condiciones que enfrenta hoy el país no se puede aplicar una estrategia de ajedrez, donde las piezas están a la vista y los jugadores se ven cara a cara. “Este, más bien, es un juego de cartas. El Estado está en desventaja porque enfrenta jugadores mafiosos, invisibles, con ases bajo la manga”.

¿Cómo entender las nuevas amenazas y eventos delictivos sistemáticos, en el contexto del aumento del narcotráfico y el crimen organizado, con niveles sin precedentes de inseguridad?
Inciden fundamentalmente sobre la población, las instituciones y los valores ciudadanos, mediante procesos de generación de violencia cultural, estructural y directa. Destacan los fenómenos transnacionales con expresión local, así el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, generan interconexiones de todo orden, lo que les posibilita concebir franquicias criminales y terroristas. Por esa  razón, difícilmente pueden ser neutralizadas utilizando las capacidades tradicionales de una fuerza militar; aún aquellas que podrían aparecer como circunscritas exclusivamente a las fronteras. Se requiere un esfuerzo del Estado y de todas las instancias de la sociedad, así como la cooperación internacional; sin esta última toda acción será incompleta.

¿Se puede ganar esta batalla contra el crimen organizado y la delincuencia imperante bajo las mismas estrategias y políticas de seguridad?
El país demanda soluciones versátiles y dinámicas, que procuren atender las necesidades de seguridad y desarrollo; entendiendo este par, no solo desde la doctrina tradicional, muy enraizada durante el período de la guerra fría, en donde las nociones de soberanía, territorialidad y poderío militar primaban en la conceptualización de la seguridad. Las condiciones estructurales, como la pobreza y la ausencia de oportunidades, contribuyen al incremento de la criminalidad común y la incorporación de estas personas a bandas y organizaciones criminales. Mientras existan estos factores, siempre será un reto mayor la gestión de la seguridad; sin embargo, un elemento clave debe ser la cooperación internacional, en especial con los países vecinos, en donde se concentra la mayor producción de droga; y con los países destinatarios de la misma, especialmente EE.UU. Estos mecanismos a la vez se convierten en una oportunidad para fortalecer la integración regional e internacional, más allá de los vaivenes y banderas políticas de turno; es necesaria una verdadera cruzada.

¿Cuáles son las posibles soluciones?
Tomemos en consideración que conforme datos oficiales el 80% de los homicidios están relacionados con la confrontación de grupos criminales por la lucha de rutas y territorios, tanto en el tráfico local como en el de gran escala. Este no es un problema cuya solución se alcanza con el exclusivo esfuerzo en el ámbito doméstico o nacional. Se requiere mantener diagnósticos y fortalecer a las instituciones responsables de la seguridad, no solo con equipos, sino mediante soluciones innovadoras y creativas, que no necesariamente conlleva al aumento desmedido de efectivos o pie de fuerza, cuya factura y costos los veremos en un futuro inmediato. Deben conjugarse soluciones tecnológicas, legales, doctrinarias, etc. El concepto de la seguridad integral debe ser redefinido. Debe incluir los derechos humanos y la rehabilitación social, y una verdadera integración sistémica de todos los responsables. Esta será una batalla permanente, lo importante es que el Estado tenga la capacidad de controlar, reducir las expresiones de violencia y evitar un desborde de esta amenaza, con la participación de todas las funciones. Es necesario confrontar la corrupción y la impunidad, y para ello se requiere el esfuerzo de todos, en donde la prensa juega y ha jugado una tarea importante.

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El general (sp) Luis Altamirano fue Comandante el Ejército, en el anterior Gobierno. Cumplió su carrera militar en varias unidades operativas. Ha desarrollado proyectos tecnológicos en el área de sistemas militares. Ha sido docente universitario y conferencista en foros académicos.

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¿Cómo debe actuar el Estado a nivel de sus instituciones de seguridad para volverlas más eficaces, blindarlas frente a la corrupción?
Se requiere un esfuerzo interagencial, así como la generación de nuevas instituciones, aumentando la posibilidad de detección de la penetración criminal. Norberto Bobbio en su obra “El Futuro de la Democracia” coloca una duda que es extrapolable a cualquier instancia estatal: ¿quién controla a los controladores? La respuesta no solo radica en los controles internos, los cuales ha reforzado la Policía, sino en evitar asignar a una sola institución múltiples funciones. Esto permite la especialización y la existencia de contrapesos. Sin embargo, eso no garantiza que la corrupción o el crimen no permeen las instituciones del Estado -especialmente las responsables de la seguridad-, pero brinda mayores oportunidades de prevención y detección temprana. Hace varios años la emisión de la licencia de conducción, la matriculación vehicular y el control de tránsito recaían en una sola institución, esto hacía casi imposible que se desvelarán los mecanismos ilegales que giraban en torno a esta problemática que fue endémica. Hoy vemos como la ANT, la Fiscalía y la Policía, han puesto en evidencia una gran red de corrupción. Lo propio debe ocurrir en cuanto al control migratorio, la inteligencia estratégica, vigilancia aduanera, la vigilancia penitenciaria, la protección del medio ambiente, etc. Cada una requiere de un marco legal y un adecuado plan de carrera.

 ¿Cuáles son las prioridades que debe enfrentar el gobierno en la redefinición del actual clima de inseguridad?
Las prioridades del gobierno son salud, educación y seguridad, y todas merecen estar en primer orden. Es sustancial adecuar y reformular los planes vigentes, sobre todo rediseñar las políticas públicas, articuladas con un horizonte de futuro. En el ámbito de la seguridad es necesario realizar un giro de 180 grados, pues la aplicación de “más de lo mismo” no cambiará la situación actual. Lo que la ciudadanía vive hoy no nació en este período de gobierno, pero es obvio que la visión de seguridad y defensa del gobierno anterior presentó serias deficiencias.

¿Qué se debe hacer concretamente?
Es necesario desarrollar estrategias convergentes, pues la construcción del Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030 se hizo bajo un concepto de “planificación inversa”, lo que ha generado vacíos y la falta de unidad de esfuerzo por parte de todas las instituciones relacionadas directamente o aquellas transversales a la seguridad; sus resultados son evidentes. La creación del Gabinete de Seguridad, como órgano ad-hoc, en sustitución del Ministerio de Coordinación de Seguridad fue un error grave. Se precisa de un organismo que ejerza una rectoría permanente, y que establezca y supervise los mecanismos para el desarrollo y el empleo de capacidades del sector seguridad.

 ¿Cómo cambiar el “más de lo mismo”, al que usted se refiere, con otra visión para tener resultados eficaces a mediano y largo plazos?
Es fundamental generar un verdadero debate, en el que se involucre a la sociedad civil, con la participación fundamental de la academia y el sector privado. Se requiere decisión presidencial, el sector seguridad debe ser rediseñado, mientras se va atendiendo los embates de una coyuntura que ha sido el resultado de continuar postergando decisiones o incluso del resultado de decisiones que debilitaron la institucionalidad de la seguridad. No se puede endilgar toda la responsabilidad al gobierno central. Lo que es evidente es que hay una acumulación de desaciertos en el tiempo. La participación articulada de todas las funciones del estado y sus instancias, son claves en el desarrollo de cualquier estrategia y la implementación de políticas.

¿En cuanto a la inteligencia, son suficientes las actuales capacidades de la Policía y FFAA?
Es preciso fortalecer el sistema nacional de inteligencia, no solo en sus recursos. Cómo es posible que no exista un plan de carrera para los servidores de la inteligencia nacional en el CIES. La rotación de personal es impresionante, tenemos analistas que duran 6 meses en funciones. Así es imposible esperar que se perfeccionen y acumulen experiencia. Por otro lado, hay que tomar en cuenta las especificidades de la Policía y FF.AA. El CIES es un órgano articulador en el nivel estratégico, pero se debe desarrollar de manera complementaria a los subsistemas policial y militar.  A esto debe sumarse la creación de 2 o 3 centros de fusión de información, con personal permanente de varias agencias, incluyendo Policía, FF.AA. Senae, Arcom, ARCH, Arcotel, UAFE…, que permitan mejorar el trabajo coordinado y el flujo de información oportuna, con un elevado control interno de sus integrantes mediante pruebas de confianza. Tuve la oportunidad de conocer uno de estos centros en EE.UU., en el Paso Texas, en donde confluían y se articulaban 16 agencias de seguridad.

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“El CIES debe tener una capacidad de inteligencia autónoma, con un adecuado control político para evitar desvíos. No debemos tener miedo a las malas experiencias del pasado”.

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En el caso de las FF.AA., con base en su experiencia como excomandante del Ejército, ¿qué reformas se requiere hacer?
Es preciso repensar los denominados procesos de transformación militar, deben desecharse los paradigmas dominantes o tradicionales, para cambiar radicalmente la forma del cumplimiento de las misiones impuestas mediante la implementación de nuevos conceptos doctrinarios, estructuras, organizaciones y capacidades. En 2020 se lanzó en el Ejército la doctrina Equinoccio, a los 20 años desde la última revisión en esta área. Para eso se contó con el aporte de países amigos. Por ello la transformación, a cambio de los simples procesos de adaptación o modernización, como señala García Covarrubia, requieren el soporte de la política, pues permitirán una transformación profunda en la organización, forma de empleo, gestión administrativa, y cultura de la organización, procurando preservar la naturaleza de la institución militar. Sus efectos no son inmediatos, pero con seguridad definirán los resultados del mañana.

 ¿Cuáles otras iniciativas permitirían una profunda reforma en FFAA?
Es preciso trabajar en una adaptación estratégica y operativa, estos aspectos conllevan reformas normativas, desarrollo de capacidades multipropósito y cambio en las estructuras. Por ejemplo, se debe fortalecer a las unidades terrestres y de infantería de marina de la frontera norte y sur, pasando de organizaciones terciarias a cuaternarias. Esto conllevaría a disponer de 16 elementos o equipos de combate en vez de los 9 actuales. También debe articularse a un sistema de rotación o descanso por subunidades y no por personas; este aspecto lo palpé durante mis estudios en Asia, con muy buenos resultados. Se debe dotar a estas unidades con vehículos 4 x 4, con blindaje de nivel 4, con la incorporación de armas remotas, incorporación de drones y sistemas de comunicación seguros. Es necesario crear estructuras conjuntas de carácter permanente, en las provincias de Esmeraldas y Manabí.

 

¿Y qué hacer con la racionalización del personal en función de los nuevos escenarios y amenazas, porque esa estructura esta desfasada, fue diseñada para tiempos de guerras convencionales?
Así es, se requieren reformas al sistema educativo militar, lo que permitirá una mayor disponibilidad numérica del pie de fuerza, para lo cual se deben fortalecer los mecanismos de capacitación en el trabajo, la educación virtual -en donde sea posible- y el uso de equipos móviles de adiestramiento, tal como lo mantiene, por ejemplo, el Ejército de Colombia. Es necesario fortalecer el cuerpo de guardacostas con unidades oceánicas, lo que posibilitará operar en alta mar con mayor autonomía, complementado con el uso de drones o helicópteros. Se debe fortalecer el sistema de alerta temprana de la Fuerza Aérea, así como redefinir el tamaño del cuerpo de infantería aérea y creativas formas del empleo de esta capacidad.

Cuando se habla de racionalización y eficiencia ¿qué alternativas se pueden explorar?
Existen muchas. Solo para ejemplificar, es necesario centralizar en la Fuerza Aérea la capacidad de ala fija, esto es de aviones, para lograr los efectos de una economía de escala, al disminuir los costos de formación de pilotos y mecánicos; y de mantenimiento, al concentrar recursos materiales, humanos y de manejo de inventarios. Esto aumentará la disponibilidad de más aeronaves. La operación y mantenimiento de una plataforma aérea es igual para naves de reconocimiento, transporte y exploración, así vuelen sobre la tierra o el mar. Actualmente se dispone de aviones de condiciones y servicios similares en las tres ramas de las FF.AA, lo que aumenta los costos de operación, especialmente si consideramos que los de mayor capacidad y uso provienen del mismo fabricante. En Brasil los aviones empleados en la exploración aeronaval son de la Fuerza Aérea; sin embargo, la operación de los equipos de exploración es responsabilidad de la marina. Algunos países han buscado este tipo de alternativas para ser más eficientes.

¿Entonces, nuevamente racionalizar los recursos es vital, no solo para gastar menos sino para ser más eficaces?
Si no anteponemos racionalidad, la demanda del trasporte aéreo de otras instituciones conllevará a que se adquieran aeronaves de trasporte pesado incluso para la Policía, lo que no sería adecuado en un país de las dimensiones territoriales como Ecuador. En cuanto a las aeronaves de ala rotativa o helicópteros se requiere centralizar su capacidad en el Ejército, ya que facilitaría igualmente la operación, mantenimiento y disponibilidad de aeronaves de este tipo. Estas dos iniciativas deben llevar cuidadosos procesos de transición, sus efectos se verán en el mediano plazo, y los beneficios mayores solo se apreciarán en el futuro. Cabe puntualizar una salvaguardia, ya que los helicópteros navales deben ser exclusivos de la aviación naval, ya que el concepto que debe primar es su operación desde o hacia una plataforma naval.

¿Qué cambios se requieren en el campo administrativo y en el gasto de defensa?
Existen varios aspectos administrativos que deben ser reformulados, como la necesidad de la centralización del sistema de compras para la defensa y la actualización de la legislación actual en esta área, pues la normativa vigente no favorece una ejecución presupuestaria ágil y oportuna. Esta iniciativa la presenté en 2019 cuando fui comandante del Ejército. En cuanto a la ejecución de gastos generales corrientes, no es lógico que se mantenga la adquisición de uniformes, municiones de calibre menor o vehículos administrativos por separado, en procesos diferentes en cada Fuerza; estas prácticas no permiten optimizar las condiciones de negociación.

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“Es indispensable redefinir los procesos de adquisición para la seguridad y la defensa. La Fuerza Terrestre, Naval y Aérea, como instituciones, deben  ser responsables exclusivamente de la edificación de capacidades, junto con la preparación y administración del talento humano; esta es la tendencia mundial”.

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En este sentido, ¿cómo ve usted la actual estructura del Comando Conjunto?
Con los años, el Comando Conjunto se ha convertido en un organismo pesado y altamente burocrático, pues ha asumido una multiplicidad de procesos administrativos y de rectoría que no le corresponden; su función debe centrarse en la planificación y conducción estratégica de las operaciones. Esto evidencia la ausencia de un control político adecuado, como parte del fortalecimiento de la relación civil-militar que debe imperar en toda fuerza armada moderna. Hay un camino a recorrer, y en gran medida hubo un retroceso por todos los ataques que sufrieron las FF.AA. desde hace dos gobiernos.

¿Cómo se puede mejorar la eficiencia del personal administrativo?
La racionalización, precisamente, permitirá evitar la incorporación excesiva de personal administrativo y de apoyo, que ser sustituido parcialmente por varias vías. La principal, mediante la rotación interna de personal que ha sobrepasado la edad operativa, en especial en la tropa, para que puedan ejecutar tareas que demandan un menor esfuerzo físico y riesgo, en las áreas de apoyo como son el manejo de inventarios o la participación en cuarteles generales, etc.

¿Y qué se debería hacer con el servicio militar voluntario?
Se debe pensar en un servicio militar voluntario diferente, pues impera un sistema que fue válido en su momento. El servicio militar alargado, y su incorporación como soldados profesionales, ya sea de carácter temporal o semi-permanente, permitirá disponer de personal con una inversión menor en su formación. Chile mantiene un sistema de 14 meses de servicio militar y 5 años de soldados contratados. Colombia de 20 años, y España con una tercera línea de carrera que debe ser explorada. Por otro lado, se debe considerar a oficiales y suboficiales temporarios, de tiempo de servicio de 5 a 10 años en áreas como finanzas, comunicación social, medicina -en ciertos casos -, algunas áreas tecnológicas, etc. Estas iniciativas, en su conjunto, disminuirán los costos asociados al gasto corriente salarial y sobre todo tendrá efectos positivos para la sostenibilidad de la seguridad social.

Otro talón de Aquiles es la corrupción interna ¿Qué tipo de controles hay en FFAA?
Los controles existen, pero es preciso profundizarlos. Se requiere decisión institucional y soporte político para incorporar nuevos requisitos en las normativas internas para la incorporación de pruebas de confianza, como el polígrafo o el estrés de voz, para funciones específicas de elevado grado de responsabilidad. Eso no necesita una reforma legal, simplemente aquel personal que no desee someterse a estos procesos no podrá ejercer funciones más delicadas como comandante de unidad, segundo comandante, oficial de inteligencia, agente o analista de inteligencia, custodio de bodegas de material bélico, administradores de sistemas de comunicaciones, o responsables del trámite de documentación calificada, entre otras. Eso producirá efectos posteriores, incidiendo en los procesos de selección y ascensos. Esta decisión es impostergable.

¿Las normas disciplinarias son suficientes?
Actualmente se trabaja en una reforma al reglamento disciplinario, incorporándola a nivel de Ley. Sin embargo, siempre he mantenido que el problema mayor no radica en los preceptos administrativos para el juzgamiento de faltas. El mayor obstáculo está en las personas que ejercen la potestad sancionadora, pues en contadas ocasiones los preceptos legales se aplican según las circunstancias. Esto más allá de exonerar de responsabilidades a quien merece una sanción, destruye la confianza en el ejercicio del mando, en cualquier nivel.

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“Ser justo no es fácil, es posible cometer errores; lo que sí afecta considerablemente es cuando de forma deliberada se toman decisiones que pudieran ir en beneficio de ciertas personas, no solo en estos procesos, sino en aquellos de reconocimiento al desempeño profesional. Eso genera una decepción y desconfianza internas, que afectan a la moral”.

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Los últimos años, entidades públicas y privadas han sido atacadas por hackers, que han provocado graves daños, sobre todo por la paralización de los servicios y el robo de información sensible. ¿Cómo enfrentar a estos piratas cibernéticos?
Vivimos el auge de la cuarta revolución industrial, concepto acuñado por Klaus Schwab, el cual está marcado por la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la robótica, el big data y los sistemas ciber físicos. Esta nueva dimensión presenta ciberamenazas como los cibercriminales, ciberespías y ciberterroristas, tal como lo describen varios autores como Mike Chapple o David Seidl. Los ciberataques serán cada vez más sofisticados, en intensidad y espectro, lo que exige proteger y garantizar las funciones gubernamentales y la infraestructura crítica. Los eventos que hemos vivido recientemente en el país, en el denominado ciberespacio, son apenas el inicio de los eventos que enfrentaremos a futuro. Este año, dos importantes bancos sufrieron ataques, con costos enormes. En este sentido, la ciberseguridad es muy relevante en la política de seguridad, pero requiere la asignación de recursos y el desarrollo de competencias que no son fáciles de alcanzar en el corto plazo.

¿Cómo definir esa política desde el Estado?
Es preciso contar, bajo la rectoría del Ministerio de Telecomunicaciones que ya está a cargo de esta tarea, de un sistema que articule el esfuerzo público y privado, en el cual las instituciones de seguridad deberán jugar un rol fundamental. En el área militar es preciso un diseño diferente a las tradicionales estructuras operacionales, para estar en condiciones de asumir funciones de ciberdefensa, ciberseguridad y ciber-inteligencia. Es indispensable un plan de carrera diferente, pues formar y mantener un “guerrero digital no es justamente el prototipo tradicional de un soldado convencional; requiere innovación en los sistemas de captación del talento humano. En esta área, así como otras de carácter técnico, se deben cambiar los paradigmas relacionados a los sistemas de rotación de personal, pues estos no contribuyen a la consolidación del aprendizaje y la experiencia.

Las redes sociales influyen en la percepción de seguridad y han sido gravitantes en acontecimientos como las manifestaciones de octubre de 2019. ¿Es necesario fortalecer las capacidades en este campo?
Hoy los fenómenos en el mundo virtual se interrelacionan con variadas y diversas expresiones de violencia en la sociedad. El denominado espacio virtual-cognitivo no está exento de su uso como campo de disputa, pues produce desinformación o la construcción de narrativas que impulsan a la anarquía o la desobediencia civil, o la simple generación de pánico. Por eso, es importante, en el marco del respeto a la libertad expresión, tomar acciones para contrarrestar los efectos que puedan  debilitar la labor del Estado. La pregunta es: ¿vamos a ser también reactivos a esta realidad que ya hemos evidenciado?

¿Y qué hacer, a nivel de la sociedad civil?
El país, por medio de las instancias educativas, debe fomentar el uso responsable de las redes sociales, esto no significa suprimir la crítica, pues es parte de la naturaleza humana y del goce de la libertad individual. Pero es prioritario que el ciudadano sepa procesar los mensajes, y asuma mayor responsabilidad en la emisión de sus opiniones. Las redes sociales son usadas como parte de mecanismos disciplinares, mediante el lanzamiento de mensajes de miedo y terror, para disuadir a la población en la colaboración con las fuerzas del orden o en el envío de mensajes a grupos rivales. México es un ejemplo del uso indiscriminado de estos canales de comunicación.