Tormenta de anomalías enturbia parque eólico Minas Huascachaca

Subcontratación ilegal, plazos que no coinciden, sobreprecios, denuncias por posible intromisión en la justicia, transporte sin seguros, son parte de los ciclones levantados durante la contratación, transporte y montaje del parque eólico más grande del país. Desde hace dos meses, la gerencia de Electroaustro analiza una serie de denuncias y anomalías detectadas. Sin embargo, no ha respondido los pedidos de información de la Contraloría.

Por Jhon Machado

Huascachaca es un desierto con vientos de entre 3 y 5 metros por segundo. Tiene suficiente fuerza para generar los 50 MW de potencia que convertirán al proyecto, ubicado entre los cantones Saraguro (Loja) y Santa Isabel (Azuay), en el de mayor producción de energía eólica del país.

El contrato para su construcción se firmó inicialmente el 28 de julio del 2017 con la empresa Sinohydro, por 90 millones de dólares. El acuerdo se subdividió en dos fases: la primera para la preparación del terreno, vías, escombreras y la logística que se requería para la implementación de los aerogeneradores, y la segunda para el equipamiento y puesta en marcha del parque eólico.

Ocho empresas se interesaron en construir el parque. Tras escuchar las ofertas, Elecaustro, a cargo de la ejecución de la obra, gerenciada entonces por Antonio Borrero, inició un régimen especial (a dedo) y adjudicó el contrato de la fase 1 al consorcio conformado por Sinohydro y Cobra, considerándola “la mejor opción”.

Según el informe de la Contraloría DPA-0034-2021, para elegir a Sinohydro no se efectuó un concurso público nacional o internacional, bajo la modalidad de procedimiento común, como dicta la normativa. Así, de entrada, se excluyó a otros oferentes, que podían proponer mejores condiciones y costos para el Estado. Ese guión de direccionamiento se aplicó sistemáticamente.

Para la segunda fase sucedió lo mismo. El contrato fue entregado al consorcio Sinohydro-Cobra, pero con ciertas particularidades que además se fueron ajustando sobre la marcha. En un inicio se le exigió a la empresa china garantizar el financiamiento para la obra, pero cuando la contratista incumplió simplemente se dividió el contrato en dos fases, para darle el tiempo de necesario para conseguir el financiamiento total. Pese a que la ley lo establece claramente, al presentarse estas irregularidades, Elecaustro no impuso multas ni sanciones por los incumplimientos, según el informe de Contraloría.

La fase dos fue interrumpida por la pandemia, por lo cual no se pudo garantizar el financiamiento de la obra de Sinohydro y se dio por terminado el contrato de manera unilateral. Sin embargo, a la contratista se le pagó 793.314 dólares en exceso, que no fueron recuperados por Elecaustro, hasta el cierre del examen de Contraloría.

Dongfang se crea sobre la marcha

Al quedarse sin el financiamiento ofrecido por Sinohydro, Elecaustro asumió mediante crédito estatal la construcción de la Fase Dos del proyecto, subdividida en Fase dos A y Fase Dos B, por 49,8 millones de dólares para adquisición, transporte, instalación y puesta en marcha del proyecto eólico. Según una certificación de SERCOP esa tarea no podían cumplirla proveedores nacionales, aunque varias empresas ecuatorianas si tienen esa capacidad, según pudo corroborar este portal.

La adjudicación de este contrato se hizo a la empresa Dongfang Ecuador, que al igual que Sinohydro, tiene como principal accionista una empresa del gobierno chino. La firma se constituyó con un patrimonio en 0, aunque para esta contratación debía poseer USD 1,5 millones.

Minas Huascachaca es el parque eólico más grande del país, cuyo avance ya bordea el 92%. Son 14 torres que producirán 50MW al año, para dar energía a 90.000 familias del austro.

Dongfang fue contratada al mismo tiempo que Elecaustro pagaba 68.000 dólares a abogados externos encargados de finiquitar el contrato con la primer

El contrato con Dongfang se firmó por 45,6 millones de dólares. Sin embargo, “de forma deliberada” -según la Comisión de Fiscalización- se excluyó los servicios conexos que representaban el manejo y traslado de los aerogeneradores ya en suelo ecuatoriano, luego del desembarco de los equipos en puerto Bolívar, en El Oro, el 21 de julio del 2021.

La necesidad de transporte interno era obvia, pero no estaba contemplada en el contrato macro con Dongfang. Por eso, el 20 de julio Elecaustro hizo una subcontratación para el “Manejo en puerto ecuatoriano, transporte terrestre al sitio del proyecto, montaje, instalación, pruebas, puesta en marcha e inicio de operación y mantenimiento por dos años de aerogeneradores, torres y equipos asociados del proyecto Minas Huascachaca”. Fue por 11,4 millones de dólares más IVA a Dongfang Electric Ecuador. Así, los 49,8 millones iniciales de la obra se convirtieron en 57 millones de costo final.

La contratación fue por régimen especial con la firma como proveedor único, puesto que Dongfang Internacional señaló que no se haría cargo de la garantía técnica de los equipos si el traslado lo hacía una contratista que no sea recomendada por ellos.

Aunque el nombre sea el mismo, Dongfang Ecuador no es una filial de la contratista principal; es una empresa creada en nuestro país con un capital de apenas 1.000 dólares, no cuenta con títulos habilitantes para transporte pesado y dicha actividad no consta en su objeto social. No tiene ninguna experiencia en ese tipo de trabajos.


90.000 familias del austro recibirán energía eléctrica generada por parque eólico. Aunque el costo del contrato con las empresas chinas llega a 57 millones, en total la inversión es de entre 150 y 200 millones.


Para cumplir la tarea asignada, Dongfang subcontrató al consorcio Santa Fe-Montejo, por 7 millones de dólares, lo que representa el 100 % del valor del traslado de los equipos. La ley no permite subcontratar más del 30% del costo total del proyecto. Además, ninguna de las subcontrataciones fue aprobada por la Fiscalizadora.

Dongfang y Santa Fe-Motejo adivinan el futuro

Santa Fe-Montejo, un consorcio colombo panameño, tampoco cuenta con títulos habilitantes que le permitan el transporte pesado en el país. Tampoco registra personal en nómina. Pero lo que más llama la atención es que el contrato entre Dongfang y Santa Fe-Montejo se firmó el 8 de octubre del 2020, 10 meses antes de que Elecaustro resuelva la adjudicación de la obra a Dongfang Electric Ecuador.

Ante la Comisión de Fiscalización, Diana Andrade, directora jurídica de Elecaustro, dijo que no existía ninguna subcontratación en el proceso, sino que se trata de un contrato de provisión de bienes, que a su criterio está amparado en la legislación nacional.

El entonces gerente de Elecaustro, Antonio Borrero, primo hermano del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, también defendió la legalidad del proyecto en la Comisión de Fiscalización. Pero, al ser consultado por este medio sobre las irregularidades, respondió que no volverá a referirse a los contratos, pues ya no es un vocero oficial. Estuvo al frente de esa empresa 17 años, hasta el 18 de agosto pasado.

Según Fernando Villavicencio, titular de la Comisión, Borrero también aprobó años antes, como gerente de CELEC, la entrega de la construcción de la central Coca Codo Sinclair a la empresa Sinohydro.

Antonio Borrero firmó el contrato para la adquisición de los equipos, transporte y ejecución del parque eólico. Fue gerente de Elecaustro hasta el 28 de agosto pasado. Acudió a la Comisión de Fiscalización hace varios meses. 

En tanto que la nueva administración de Elecaustro, gerenciada por Christian Piedra Lazo, pidió tiempo para revisar a fondo los documentos del proceso, aunque ya está cerca de dos meses en el cargo.

Otra de las dudas en el proceso es el porqué la asambleísta Ana Belén Cordero no firmó el examen de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en el que se revelan presuntas irregularidades en el contrato de Huascachaca.

Al ser consultada por este medio, la legisladora indicó que el tema lo investigó el asambleísta Fernando Villavicencio, por lo que, a su criterio, él es el único autorizado para referirse al informe, a pesar de que ella forma parte de la Comisión que recibió tanto las denuncias como los descargos en torno al proceso de contratación.

En los últimos meses, Elecaustro ha entregado información sobre el proyecto a la empresa fiscalizadora, a la Asamblea y a varios entes de control. Sin embargo, aún nadie se explica como Dongfang Ecuador sabía que Elecaustro iba a dividir el contrato de transporte interno y que ellos serían los ganadores de esa contratación, casi un año antes de que se concretara el acuerdo.

Tampoco han respondido porque se realizó el transporte de todos los  equipos sin contar con una póliza de seguros, lo cual fue notificado el 6 de abril por el administrador del contrato, según la documentación revisada por este medio.

Todas las anomalías detectadas serían causales para la terminación unilateral del contrato, que sin embargo no se ha llevado a cabo, en medio de insistencias de Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre las acciones realizadas por el nuevo Gerente respecto al informe.

Los tentáculos en la justicia 

Pese a todas las irregularidades y posibles delitos evidenciados, una denuncia interpuesta por la Cámara de Transporte Pesado del Ecuador (Canatrape) por sentir vulnerados sus derechos, al no haber sido parte del contrato de traslado de los bienes desde Puerto Bolívar hasta el parque eólico de Huascachaca, no progresó. No obstante, la denuncia de uno de los jueces del tribunal que decidió sobre el asunto siembra de dudas al proceso.

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay conoció un recurso de apelación de Canatrape luego de que un juez de primera instancia negara el pedido de una revisión del contrato de la obra.

Durante la deliberación, dos de los jueces aceptaron el recurso por encontrar afectaciones a derechos constitucionales, pero según Fernando Larriva, uno de los magistrados, hubo trabas para notificar la decisión. Días después, el otro juez que aceptó la apelación dio marcha atrás en su decisión, con lo que se cerró toda oportunidad de que el contrato sea suspendido.

Dongfang Ecuador sabía que Elecaustro iba a dividir el contrato de transporte interno y que ellos serían los ganadores de esa contratación, casi un año atrás de que se susciten los hechos.

Larriva elevó su denuncia a la Asamblea, pues considera que la actuación de su compañero de sala es inusual y teme intromisiones en el sistema judicial de la contratista.

Reparos de la Fiscalizadora

La Fiscalización del proyecto está a cargo de la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca, (Ucuenca EP) que desde un inicio puso reparos al contrato entre Dongfang y el consorcio Santa Fe -Montejo. Sin embargo, en comunicación emitida por la directora jurídica subrogante, Paula Urigüen, la institución afirma que no ha recibido detalles de dicho acuerdo y ha expresado su imposibilidad de continuar con sus labores si no se aclara este particular.

Por todas las irregularidades, la legisladora Marjorie Chávez pidió en agosto pasado que la Contraloría realizará una nueva verificación de la ejecución de las obras y de los contratos. En su respuesta remitida en un oficio a fines de ese mes, el auditor a cargo verificó que hubo una diferencia del monto original del contrato en 27% más, respecto al presupuesto de la obra. Ademas que Elecaustro no ha respondido los pedidos de información sobre el proyecto eólico investigado. 

 Tanto la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) como la Fiscalía, la Contraloría y el Servicio de Contratación Pública (SERCOP) han iniciado acciones de control sobre el proyecto que, mientras tanto y pese a todas las irregularidades, sigue su curso normal y tiene un avance del 93%.

1 comentario en «Tormenta de anomalías enturbia parque eólico Minas Huascachaca»

  1. El crédito para este proyecto proviene del BEDE es decir son recursos ecuatorianos . El contrato exige la preferencia a empresas Nacionales . Hay mucho más que investigar

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