La violación de una cadete en abril pasado, en la Escuela de Policía, fue denunciada por su madre en la Fiscalía, un mes después. La Directora del centro, coronel Irany Ramírez, confirmó a Código Vidrio que conoció el caso a pocos días de asumir el cargo, el 20 de septiembre, tras la crisis por el femicidio de María Belén Bernal. Ramírez recopiló información y envió un informe inmediatamente al mando policial. Se desconoce las acciones que hizo su antecesor, el coronel Francisco Zumárraga. Al mando de las reformas en la Escuela están cinco oficiales mujeres.

Por Ana María Carvajal

Terminaba abril del 2022. Una de las cadetes de la institución realizaba su guardia en un lugar alejado en la Escuela Superior de Policía, en Pusuquí, al norte de Quito. Era la madrugada. Entonces un desconocido se le acercó por la espalda, le manoseó con violencia y le tomó bruscamente las manos, inmovilizándola. Luego la violó en medio de insultos y amenazas. El relato lo hizo la madre de la víctima un mes después, el 27 de mayo, ante un funcionario de la Fiscalía Especializada de Violencia de Género.

La identidad del agresor no consta en la denuncia, a la que accedió este medio, que la madre de la joven hizo al día siguiente de haber conversado con ella. Según el documento, el presunto violador se ocultó el rostro: usaba “uniforme de fatiga B4, pero sin ningún parche en la chompa tres cuartos. Muy bien cubierto con un buf (una prenda circular cerrada para cubrir el cuello, cabeza o rostro) que le tapaba la cara y la gorra de la institución”.

Según la denuncia, el abusador le dijo a la chica, entre risas: “Recluta, antes no me hacías caso, ahora me vas a hacer caso”. Luego la violó y huyó. Según su madre, la joven no contó el hecho antes “por vergüenza y por temor a que le den la baja”.

Por el tipo de delito, la denuncia es reservada en la Fiscalía. Sin embargo, la coronel Irany Ramírez Ruiz, directora de la Escuela, confirmó a Código Vidrio este martes 18 de octubre, en una entrevista realizada en la Escuela de Policía, que el caso está en investigación.

Ramírez está a cargo de la única Escuela de formación de oficiales de Policía desde el 20 de septiembre pasado. Pocos días después de su posesión, conoció sobre el caso y siguió el proceso regular de investigación interna, recopilando testimonios y documentos.

Ramírez dijo que tras acopiar toda la información disponible sobre lo ocurrido la remitió inmediatamente al alto mando de la Policía “para que se tomen todas las acciones correspondientes. Sobre el caso, hay que proteger la identidad de la persona para evitar su revictimización”, recalcó Ramírez.

Se desconoce las acciones que hizo su antecesor, el coronel Francisco Zumárraga.

Fuentes del mando policial informaron que el caso aún no ha llegado ni ha sido conocido por el departamento de Asuntos Internos, encargado de investigar las faltas del personal.

La madre prefirió no pronunciarse

Este medio también contactó a la madre de la cadete la semana anterior, pero dijo que no podía pronunciarse, pues en su familia decidieron mantener en privado el caso y manejarlo internamente con la Escuela de Policía. Sin embargo, el abogado Christopher Castro le dijo a Teleamazonas ayer martes que la joven fue suspendida y que en la Escuela no la toman en cuenta.

Agregó que la joven prefirió no seguir con el proceso porque le habrían dicho que entre “miles” de personas que están en la institución, es difícil saber quién la agredió. Además, aseguró que el atacante no sería un cadete, sino un policía.

Por su parte, la institución le brindó apoyo a la víctima. “Lo seguiremos haciendo hasta que ella esté bien, se recupere y pueda seguir con su vida normal. Hemos conversado con la madre. Cuando tuve conocimiento del caso di parte a mi inmediato superior y hemos seguido haciendo un acompañamiento, que es lo que se debe hacer”, dijo Ramírez.

Además, confirmó que tal como reza la denuncia, la cadete no ha podido identificar quién la violó, por lo cual no se ha podido tomar acciones disciplinarias.

Aunque ocurrió cerca de cinco meses antes del femicidio de la abogada María Belén Bernal dentro de la Escuela de Policía, este caso se conoció en los últimos días y  es una muestra más de que la institución requiere de cambios.

Para Silvia Buendía, abogada y defensora de DD.HH., estos casos evidencian que la Policía es una institución de naturaleza “especialmente machista y misógina, que hace unos años era un lugar solo de hombres que debían tener cierta características y perfil, que no acepta ni siquiera masculinidades diferentes y en donde se evidencia un espíritu de cuerpo patriarcal”.

De hecho, la Policía abrió el ingreso de mujeres a sus escuelas de formación en 1983. Pero aún es poco pues, según Buendía, “las mujeres tenemos que pagar una especie de derecho de piso para demostrar que podemos ser eficientes y podemos estar al altura. Esto pasa por recibir violencia y sufrirla en silencio”.

Mujeres toman el timón de la Escuela

Desde el 19 de septiembre, cuando el comandante de Policía Fausto Salinas designó a nuevo personal al mando de la Escuela Superior, se anunció que se harían los cambios necesarios. Eso a raíz de todas las irregularidades que antecedieron al crimen de María Belén Bernal, a manos de su esposo, el entonces teniente e instructor de la entidad educativa, Germán Cáceres.

Tanto en abril, cuando ocurrió la violación de la cadete, como el 11 de septiembre, cuando Cáceres llegó ebrio y autorizó el ingreso de una cadete a su habitación y luego de su esposa, la Escuela estaba a cargo del coronel Francisco Zumárraga Aguinaga. Lo reemplazó la coronel Irany Ramírez, quien no es la primera mujer a la cabeza de ese centro de formación.

En 2015, por ejemplo, la entonces coronel Cristina Tamayo estuvo al mando. Y en 2017, Ramírez fue jefa de Instrucción. Ahora está acompañada de más mujeres: la coronel Doris Viteri, subdirectora; teniente coronel Catalina Haro, jefe de Formación Académica; teniente coronel Verónica Arcos, jefe de Instrucción y mayor Fernanda Feijóo, a cargo del pelotón femenino.

Pero Ramírez aclara que estas oficiales no están ahí por su género sino por sus méritos, su antigüedad y su experiencia. Agrega que tanto ellas como todos los miembros de la institución están conscientes de la gravedad de los hechos, por lo que a cinco semanas del femicidio de Bernal y a cuatro semanas de su posesión, se están tomando medidas para mejorar la formación policial y corregir errores.

Una de las primeras acciones fue incorporar a la orden del cuerpo (un documento que se lee a diario, en el que se notifica las personas que están en servicio) la disposición de que se explique oralmente o por escrito que se haga cualquier tipo de denuncia o que se informe si se tiene conocimiento de algún delito o acoso o agresión sexual que atente contra la integridad física o psicológica de mujeres u hombres. “No solo debemos enfocarnos en mujeres porque puede ocurrirle a un hombre. Tengo una escuela mixta, donde debo velar por el derecho de todos. Hay que brindar la confianza para que la persona que se sienta agredida pueda denunciar”.

Apoyo psicológico y emocional a las cadetes 

La Escuela Superior de Policía tiene 966 cadetes, de los cuales 239 son mujeres. Según Ramírez, en ellas se ha enfocado la primera fase de una intervención en crisis que se hace a partir del crimen del 11 de septiembre y de las investigaciones que continúan su curso. Una psicóloga clínica ha conversado con las jóvenes para saber el impacto que estos hechos han causado en la Escuela y para trabajar en el manejo de la inteligencia emocional de las aspirantes. En las siguientes fases se harán procesos similares con los hombres. Se está ayudando a los futuros técnicos directivos -como se denomina a los oficiales- a aprender a lidiar con situaciones violentas como las que han ocurrido últimamente. “Les gritan cosas como asesinos” y eso causa afectaciones psicológicas en todos, pero especialmente en quienes están en formación.

“Esta situación nos ha obligado a repensar lo que está pasando. Por eso hemos fortalecido los reglamentos, hemos tomado el control de la disciplina en la Escuela. Los controles siempre han existido pero si, como fue el caso, una persona incumple esas reglas, debe ser sancionada”, dice Ramírez.

Para ingresar a la Escuela, cada persona debe identificarse, esperar a que el personal de guardia (que incluye cadetes, personal de tropa y un oficial) verifique al lugar al que ingresará, registre sus datos. Solo así se les permite pasar, cuando llegan en vehículo luego hay una revisión prolija. Todos esos procedimientos fallaron la madrugada en que Bernal ingresó a visitar a su esposo.

Mientras Ramírez recorre la institución, en compañía de la reportera de este medio, el personal se cuadra ante ella y quienes están de guardia (un grupo de entre 80 y 100 uniformados para las distintas áreas y garitas) le reportan la situación del área a su cargo. Para ella es importante generar confianza y que los jóvenes entiendan que el lema de la institución, valor, disciplina y lealtad. Se debe aplicar entendiendo que el valor no solo se aplica para enfrentar el peligro sino para decir la verdad, que la disciplina no significa acatar órdenes sin conciencia y que la lealtad se aplica según los valores de cada persona, que se moldean en su formación.

Parte de este proceso de cambio es buscar apoyo externo. Por ejemplo, la semana pasada se dictaron charlas sobre derechos humanos y violencia de género. Fue un trabajo con el Ministerio del Interior, “porque es bueno que tengamos aquí la mirada externa. Necesitamos saber cómo nos ven, porque eso nos hace notar en qué podemos mejorar y cambiar”.

El lunes 17 de octubre, Ramírez y otros directivos de distintas áreas de la Policía asistieron a una reunión en Cancillería para conversar con representantes de PNUD, ONU Mujeres y otras organizaciones que ofrecieron ayuda y capacitación “para reformular, repensar los procedimientos disciplinarios y de régimen interno que la Escuela tenía. “Estamos fortaleciendo mallas curriculares en temas de derechos humanos y violencia de género. Son temas que ya se habían tocado pero debemos revisar para saber en qué estamos fallando”, destacó la oficial.

Subcontratación ilegal, plazos que no coinciden, sobreprecios, denuncias por posible intromisión en la justicia, transporte sin seguros, son parte de los ciclones levantados durante la contratación, transporte y montaje del parque eólico más grande del país. Desde hace dos meses, la gerencia de Electroaustro analiza una serie de denuncias y anomalías detectadas. Sin embargo, no ha respondido los pedidos de información de la Contraloría.

Por Jhon Machado

Huascachaca es un desierto con vientos de entre 3 y 5 metros por segundo. Tiene suficiente fuerza para generar los 50 MW de potencia que convertirán al proyecto, ubicado entre los cantones Saraguro (Loja) y Santa Isabel (Azuay), en el de mayor producción de energía eólica del país.

El contrato para su construcción se firmó inicialmente el 28 de julio del 2017 con la empresa Sinohydro, por 90 millones de dólares. El acuerdo se subdividió en dos fases: la primera para la preparación del terreno, vías, escombreras y la logística que se requería para la implementación de los aerogeneradores, y la segunda para el equipamiento y puesta en marcha del parque eólico.

Ocho empresas se interesaron en construir el parque. Tras escuchar las ofertas, Elecaustro, a cargo de la ejecución de la obra, gerenciada entonces por Antonio Borrero, inició un régimen especial (a dedo) y adjudicó el contrato de la fase 1 al consorcio conformado por Sinohydro y Cobra, considerándola “la mejor opción”.

Según el informe de la Contraloría DPA-0034-2021, para elegir a Sinohydro no se efectuó un concurso público nacional o internacional, bajo la modalidad de procedimiento común, como dicta la normativa. Así, de entrada, se excluyó a otros oferentes, que podían proponer mejores condiciones y costos para el Estado. Ese guión de direccionamiento se aplicó sistemáticamente.

Para la segunda fase sucedió lo mismo. El contrato fue entregado al consorcio Sinohydro-Cobra, pero con ciertas particularidades que además se fueron ajustando sobre la marcha. En un inicio se le exigió a la empresa china garantizar el financiamiento para la obra, pero cuando la contratista incumplió simplemente se dividió el contrato en dos fases, para darle el tiempo de necesario para conseguir el financiamiento total. Pese a que la ley lo establece claramente, al presentarse estas irregularidades, Elecaustro no impuso multas ni sanciones por los incumplimientos, según el informe de Contraloría.

La fase dos fue interrumpida por la pandemia, por lo cual no se pudo garantizar el financiamiento de la obra de Sinohydro y se dio por terminado el contrato de manera unilateral. Sin embargo, a la contratista se le pagó 793.314 dólares en exceso, que no fueron recuperados por Elecaustro, hasta el cierre del examen de Contraloría.

Dongfang se crea sobre la marcha

Al quedarse sin el financiamiento ofrecido por Sinohydro, Elecaustro asumió mediante crédito estatal la construcción de la Fase Dos del proyecto, subdividida en Fase dos A y Fase Dos B, por 49,8 millones de dólares para adquisición, transporte, instalación y puesta en marcha del proyecto eólico. Según una certificación de SERCOP esa tarea no podían cumplirla proveedores nacionales, aunque varias empresas ecuatorianas si tienen esa capacidad, según pudo corroborar este portal.

La adjudicación de este contrato se hizo a la empresa Dongfang Ecuador, que al igual que Sinohydro, tiene como principal accionista una empresa del gobierno chino. La firma se constituyó con un patrimonio en 0, aunque para esta contratación debía poseer USD 1,5 millones.

Dongfang fue contratada al mismo tiempo que Elecaustro pagaba 68.000 dólares a abogados externos encargados de finiquitar el contrato con la primer

El contrato con Dongfang se firmó por 45,6 millones de dólares. Sin embargo, “de forma deliberada” -según la Comisión de Fiscalización- se excluyó los servicios conexos que representaban el manejo y traslado de los aerogeneradores ya en suelo ecuatoriano, luego del desembarco de los equipos en puerto Bolívar, en El Oro, el 21 de julio del 2021.

La necesidad de transporte interno era obvia, pero no estaba contemplada en el contrato macro con Dongfang. Por eso, el 20 de julio Elecaustro hizo una subcontratación para el “Manejo en puerto ecuatoriano, transporte terrestre al sitio del proyecto, montaje, instalación, pruebas, puesta en marcha e inicio de operación y mantenimiento por dos años de aerogeneradores, torres y equipos asociados del proyecto Minas Huascachaca”. Fue por 11,4 millones de dólares más IVA a Dongfang Electric Ecuador. Así, los 49,8 millones iniciales de la obra se convirtieron en 57 millones de costo final.

La contratación fue por régimen especial con la firma como proveedor único, puesto que Dongfang Internacional señaló que no se haría cargo de la garantía técnica de los equipos si el traslado lo hacía una contratista que no sea recomendada por ellos.

Aunque el nombre sea el mismo, Dongfang Ecuador no es una filial de la contratista principal; es una empresa creada en nuestro país con un capital de apenas 1.000 dólares, no cuenta con títulos habilitantes para transporte pesado y dicha actividad no consta en su objeto social. No tiene ninguna experiencia en ese tipo de trabajos.

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90.000 familias del austro recibirán energía eléctrica generada por parque eólico. Aunque el costo del contrato con las empresas chinas llega a 57 millones, en total la inversión es de entre 150 y 200 millones.

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Para cumplir la tarea asignada, Dongfang subcontrató al consorcio Santa Fe-Montejo, por 7 millones de dólares, lo que representa el 100 % del valor del traslado de los equipos. La ley no permite subcontratar más del 30% del costo total del proyecto. Además, ninguna de las subcontrataciones fue aprobada por la Fiscalizadora.

Dongfang y Santa Fe-Motejo adivinan el futuro

Santa Fe-Montejo, un consorcio colombo panameño, tampoco cuenta con títulos habilitantes que le permitan el transporte pesado en el país. Tampoco registra personal en nómina. Pero lo que más llama la atención es que el contrato entre Dongfang y Santa Fe-Montejo se firmó el 8 de octubre del 2020, 10 meses antes de que Elecaustro resuelva la adjudicación de la obra a Dongfang Electric Ecuador.

Ante la Comisión de Fiscalización, Diana Andrade, directora jurídica de Elecaustro, dijo que no existía ninguna subcontratación en el proceso, sino que se trata de un contrato de provisión de bienes, que a su criterio está amparado en la legislación nacional.

El entonces gerente de Elecaustro, Antonio Borrero, primo hermano del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, también defendió la legalidad del proyecto en la Comisión de Fiscalización. Pero, al ser consultado por este medio sobre las irregularidades, respondió que no volverá a referirse a los contratos, pues ya no es un vocero oficial. Estuvo al frente de esa empresa 17 años, hasta el 18 de agosto pasado.

Según Fernando Villavicencio, titular de la Comisión, Borrero también aprobó años antes, como gerente de CELEC, la entrega de la construcción de la central Coca Codo Sinclair a la empresa Sinohydro.

En tanto que la nueva administración de Elecaustro, gerenciada por Christian Piedra Lazo, pidió tiempo para revisar a fondo los documentos del proceso, aunque ya está cerca de dos meses en el cargo.

Otra de las dudas en el proceso es el porqué la asambleísta Ana Belén Cordero no firmó el examen de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en el que se revelan presuntas irregularidades en el contrato de Huascachaca.

Al ser consultada por este medio, la legisladora indicó que el tema lo investigó el asambleísta Fernando Villavicencio, por lo que, a su criterio, él es el único autorizado para referirse al informe, a pesar de que ella forma parte de la Comisión que recibió tanto las denuncias como los descargos en torno al proceso de contratación.

En los últimos meses, Elecaustro ha entregado información sobre el proyecto a la empresa fiscalizadora, a la Asamblea y a varios entes de control. Sin embargo, aún nadie se explica como Dongfang Ecuador sabía que Elecaustro iba a dividir el contrato de transporte interno y que ellos serían los ganadores de esa contratación, casi un año antes de que se concretara el acuerdo.

Tampoco han respondido porque se realizó el transporte de todos los  equipos sin contar con una póliza de seguros, lo cual fue notificado el 6 de abril por el administrador del contrato, según la documentación revisada por este medio.

Todas las anomalías detectadas serían causales para la terminación unilateral del contrato, que sin embargo no se ha llevado a cabo, en medio de insistencias de Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre las acciones realizadas por el nuevo Gerente respecto al informe.

Los tentáculos en la justicia 

Pese a todas las irregularidades y posibles delitos evidenciados, una denuncia interpuesta por la Cámara de Transporte Pesado del Ecuador (Canatrape) por sentir vulnerados sus derechos, al no haber sido parte del contrato de traslado de los bienes desde Puerto Bolívar hasta el parque eólico de Huascachaca, no progresó. No obstante, la denuncia de uno de los jueces del tribunal que decidió sobre el asunto siembra de dudas al proceso.

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay conoció un recurso de apelación de Canatrape luego de que un juez de primera instancia negara el pedido de una revisión del contrato de la obra.

Durante la deliberación, dos de los jueces aceptaron el recurso por encontrar afectaciones a derechos constitucionales, pero según Fernando Larriva, uno de los magistrados, hubo trabas para notificar la decisión. Días después, el otro juez que aceptó la apelación dio marcha atrás en su decisión, con lo que se cerró toda oportunidad de que el contrato sea suspendido.

Larriva elevó su denuncia a la Asamblea, pues considera que la actuación de su compañero de sala es inusual y teme intromisiones en el sistema judicial de la contratista.

Reparos de la Fiscalizadora

La Fiscalización del proyecto está a cargo de la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca, (Ucuenca EP) que desde un inicio puso reparos al contrato entre Dongfang y el consorcio Santa Fe -Montejo. Sin embargo, en comunicación emitida por la directora jurídica subrogante, Paula Urigüen, la institución afirma que no ha recibido detalles de dicho acuerdo y ha expresado su imposibilidad de continuar con sus labores si no se aclara este particular.

Por todas las irregularidades, la legisladora Marjorie Chávez pidió en agosto pasado que la Contraloría realizará una nueva verificación de la ejecución de las obras y de los contratos. En su respuesta remitida en un oficio a fines de ese mes, el auditor a cargo verificó que hubo una diferencia del monto original del contrato en 27% más, respecto al presupuesto de la obra. Ademas que Elecaustro no ha respondido los pedidos de información sobre el proyecto eólico investigado. 

 Tanto la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) como la Fiscalía, la Contraloría y el Servicio de Contratación Pública (SERCOP) han iniciado acciones de control sobre el proyecto que, mientras tanto y pese a todas las irregularidades, sigue su curso normal y tiene un avance del 93%.

ENFOQUE. 14 comandantes de Policía han sido designados por los gobiernos de turno los últimos 15 años. En este régimen tres generales han dirigido la institución. Los oficiales deben durar dos años en el cargo, pero en promedio no han superado un año, algunos incluso meses o semanas. En 2007 fueron removidos 18 generales y en 2010 diez altos oficiales más, con el fin de nombrar mandos afines al régimen de Rafael Correa, que profundizó la politización de la Policía. La administración de Lenin Moreno recibió la factura de ese debilitamiento institucional, pero no pudo corregirlo. Guillermo Lasso vive una crisis severa tras el femicidio de María Belén Bernal, en manos de su esposo, el teniente Germán Cáceres. Anunció una reestructuración y la posible salida del mando.      

Redacción Código Vidrio      

En 2011, el entonces presidente Rafael Correa anunció que metería no una, sino dos manos en la justicia. Se refería a la consulta popular que le permitió poner sus alfiles en el Consejo de la Judicatura. Para entonces desde la política ya había metido sus manos en el manejo de la Policía; el fenómeno se agudizó durante los diez años que estuvo en el poder. La desinstitucionalización le pasa hoy al país la factura en inseguridad, violencia e impunidad, agravada por decisiones apresuradas y erráticas del gobierno de Guillermo Lasso.

Apenas llegó a la Presidencia, a mediados de enero de 2007, Correa removió casi una veintena de jefes policiales, a quienes acusó de estar involucrados en actos de corrupción. Con el argumento de que la institución necesitaba una purga, su gobierno pidió la salida de 18 altos oficiales. Al no tener respuesta, nombró en el lapso de pocos días a tres comandantes, de sucesivas ternas.

Al final, escogió como comandante a un representante de la oficialidad joven, “con nueva mentalidad”, según el anuncio oficial. Era el general Bolívar Cisneros. Dejó el cargo en marzo de 2008, luego del remezón provocado por el bombardeo aéreo al campamento de las FARC donde pernoctaba, en zona ecuatoriana, el segundo al mando de esa guerrilla, Raúl Reyes. En el ataque organizado por fuerzas colombianas murieron más de 20 personas.

Jaime Aquilino Hurtado tomó la posta. Fue comandante de la Policía entre abril de 2008 y mayo de 2009, hasta que un funcionario de la embajada de EE.UU. lo acusó de tráfico de personas. Un cable diplomático de esa sede, revelado dos años más tarde por Wikileaks, afirmó que esa delegación pidió el retiro de su visa. El oficial dijo haber sido afectado por falsas acusaciones, al tiempo que la justicia de la época lo declaraba inocente de cargos. En su período como comandante se desarticuló una unidad de élite de la Policía que investigaba organizaciones de narcotráfico, crimen organizado y delitos de cuello blanco, la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

Luego, para la designación de Freddy Martínez como comandante de la Policía, el gobierno de Correa volvió a aplicar la táctica de la guillotina grupal: destituyó a diez generales. Enfrentó los hechos del 30 de septiembre de 2010, provocados por una sublevación al interior de las filas, ante la posibilidad de que una ley de servicio civil afectara los derechos de los uniformados. Renunció al día siguiente.

 

Patricio Franco López fue su sucesor. Cercano a José Serrano, quien era ministro del Interior. En este período se acentúa la influencia de ese Ministerio sobre la policía. Su gestión duró dos años. El fantasma del golpismo desató la histeria en Carondelet.

En 2012 asumió, brevemente, la comandancia el general Wilson Alulema, quien como jefe de la Policía Judicial lideró seis años antes el partido de la paz entre Latin Kings y Ñetas.

En octubre de 2012, de la mano de José Serrano llegó a la comandancia el general Rodrigo Suárez. Su mando se prolongó hasta 2014. En este período se produjo el intento de secuestro en Colombia del político opositor Fernando Balda. También en esta época ocurrió el supuesto suicidio de un teniente de la policía en la Comandancia de Sucumbíos: el arma estaba en su mano derecha, pero el oficial César Coronel Olivo era zurdo. Todo indica que había terminado una relación amorosa con la hija de un general del mando.

El tsunami del caso pases policiales

Al general Fausto Tamayo le sacudió el tsunami del caso “pases policiales”. Asumió en octubre de 2014 y renunció en julio de 2015, tras conocerse un esquema fraudulento de pagos. La cantidad promedio por pase era mil dólares, una especie de “vacuna” que evitaba que los uniformados fueran destacados a zonas geográficamente distantes. Los valores eran entregados a un teniente de la policía, Alexis Cifuentes, quien a la cabeza de la estructura despachaba como asesor de la Presidencia de la República.

Sobre Tamayo pesaron cargos por la venta de 1.317 pases. La estructura de pagos llegaba hasta altas esferas del Gobierno, pero el peso de la responsabilidad recayó en la cúpula policial.

El general Diego Mejía fue el comandante entre 2015 y 2017. Antes de asumir el cargo, el país había vivido una conmoción social por el desgaste del gobierno de Correa. La visita del Papa Francisco calmó las aguas. Vivió la transición entre el correísmo y el morenismo, salió en septiembre de 2017, antes de la fractura entre Moreno y Correa.

Correa y Serrano han insistido en que en su período se fortaleció a la policía y se le asignó más recursos, lo que redundó en mejores índices de seguridad y control de la delincuencia. Justificaron los descabezamientos como parte de una política para depurar la institución, anclada a supuestos intereses de Estados Unidos, especialmente en el manejo de la UIES y las unidades de Antinarcóticos. Ese también fue el argumento para desmantelar los servicios de Inteligencia.

El responsable de la custodia del material electoral, general Ramiro Mantilla, fue designado comandante de la Policía en septiembre de 2017 en la administración de Lenin Moreno. Para ello, varios oficiales recibieron la baja. Se desempeñó hasta mayo de 2018, bajo su gestión se produjo el secuestro y muerte del equipo periodístico de diario El Comercio.

 

Entonces fue el turno del general Nelson Villegas, que fue comandante entre 2018 y 2020. Enfrentó las protestas de octubre de 2019. Bajo su gestión se produjo el ascenso de su hermano Marco a general de Distrito. Él estuvo a cargo de la Dirección Antinarcóticos, y fue uno de los oficiales a quienes la embajada americana le retiró la visa. Esto ocurrió en el contexto de la denuncia del embajador de EE.UU., Michael J. Fitzpatrick, de la existencia de narcogenerales en la fuerza pública, lo cual provocó otro sacudón en la Policía.

El general Patricio Carrillo fue el responsable de la seguridad en la zona de Pedernales tras el terremoto de 2016. En octubre 2019, como director general de Operaciones, sofocó las protestas contra el gobierno de Moreno que devinieron en conmoción social. Fue comandante hasta marzo de 2021. Hasta hace una semana estuvo al frente del Ministerio del Interior, cuando el presidente Guillermo Lasso le pidió la renuncia, en medio de la crisis por el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela de la Policía.

La general Tannya Varela fue la primera mujer en asumir la comandancia de la Policía, entre marzo de 2021 y enero de 2022. Bajo su gestión, precisamente las declaraciones del embajador de EEUU sobre “narcogenerales” provocaron un cisma en la institución.

 

Fue relevada en enero pasado por Carlos Cabrera, quien tuvo un breve paso. Fausto Salinas, comandante desde mayo de este año, hoy enfrenta una tormenta por el asesinato de María Belén Bernal, en la Escuela de Policía, en Pusuquí, al norte de Quito.

Ese femicidio cometido por su esposo, el teniente Germán Cáceres, provocó una crisis que desencadenó la renuncia del ministro del Interior Patricio Carrillo. En su última reunión con los altos oficiales y la cúpula policial, el viernes 23 de septiembre, Carrillo los exhortó a presentar la baja “en un acto de dignidad”. Para entonces su relación con el mando estaba fracturada, en medio de una caída acelerada de la popularidad del régimen por el caso Bernal. Poco después se hizo pública la salida de Carrillo, quien fue reemplazado por Juan Zapata, un teniente coronel de la Policía en servicio pasivo que condujo las acciones de emergencia durante la crisis sanitaria y pandémica. Como uniformado alcanzó notoriedad por su campaña de corazones azules pintados en las vías para concientizar sobre accidentes de tránsito.

El presidente Guillermo Lasso anunció el inicio de un reestructura en la Policía y una serie de acciones para evitar la violencia de género. Pidió que el mando policial presente sus bajas para evaluar su permanencia en la institución, hasta este domingo, cuando vence el plazo que fijó para capturar a Cáceres. Hasta la semana pasada estaba en Colombia, movilizándose en una motocicleta con dirección al norte, según informes preliminares de la Policía de ese país.

El sábado en la madrugada, Jonathan Poveda se retiró el grillete electrónico que horas antes le habían colacado funcionarios del SNAI. Es el principal acusado del secuestro y asesinato del excabo Miguel Ángel Nazareno, ocurrido en abril pasado en Quito. También está implicado en el múltiple crimen de cuatro personas en Calderón. El 13 de septiembre fue liberado por el juez Pedro Troya Aldaz, quien le otorgó medidas sustitutivas.   

Redacción Código Vidrio

Jonathan Poveda Orozco, presunto responsable del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Nazareno, Don Naza, se retiró este sábado en la madrugada el grillete electrónico que le habían colocado horas antes y huyó. Arrojó el dispositivo en la avenida Simón Bolívar, en Quito, según informes policiales.

Poveda también está enjuiciado por el asesinato múltiple de cuatro personas, ocurrido en Calderón, al norte de Quito, el 26 de abril pasado. Según denunció un testigo del crimen, Poveda, quien es uno de los cabecillas de la banda de Los Lobos, les disparó con un fusil de gran calibre.

Poveda fue capturado el 12 de mayo por la Policía junto con Fernando Bolaños Vallejo, como supuestos autores del secuestro y asesinato de Nazareno. En la audiencia de formulación de cargos, el juez Andrés Prado ordenó su prisión preventiva, dando inicio a la etapa de instrucción fiscal por 90 días.

Don Naza fue encontrado sin vida en Amaguaña, al sur oriente de Quito, el 14 de abril pasado. Su cuerpo fue hallado en una vía de tercer orden, maniatado y con su torso desnudo. Tenía una herida de bala en su pierna izquierda y varias escoriaciones en el rostro y extremidades superiores.

Días antes, el excabo del Ejército había estado en el Ministerio de Defensa donde visitó a personal militar y luego se marchó, sin ser detenido por el personal de guardia. Estaba enjuiciado por la captación ilegal de dinero en Quevedo, donde por varios años operó con una red desde el club clases de la Policía. Su historia completa aquí: (https://www.codigovidrio.com/code/don-naza-el-rey-midas-de-militares-y-policias/).

La audiencia de vinculación y revisión de medidas de Poveda y Bolaños se realizó el 7 de septiembre. El fiscal del caso, Ángel Cujilema, expuso los elementos de convicción obtenidos y la importancia de mantener la medida cautelar de prisión preventiva para garantizar la comparecencia de los implicados al proceso judicial.

Juez libera a Poveda y Bolaños

Entonces, el juez Pedro Troya Aldaz vinculó en calidad de cómplices a Walter Zambrano y José Aarón, disponiendo su prisión preventiva. Además suspendió la diligencia, por lo cual no dio paso al pedido de revocatoria de la prisión de procesados Poveda y Bolaños.

El 13 de septiembre pasado, el juez de Quitumbe, Pedro Troya Aldaz, reinició la audiencia, donde el fiscal Ángel Cugilema Daga solicitó que se mantenga la prisión preventiva de ambos procesados. No obstante, el juez acogió el pedido de los procesados ordenando su liberación y en su lugar les otorgó medidas sustitutivas como la prohibición de ausentarse del país, presentación periódica y uso de un grillete electrónico.

El viernes pasado, en coordinación con la Fiscalía, se conoció que Poveda Orozco y Bolaños Vallejo solicitaron la ampliación de sus versiones, que se realizaría ese día a las 15:30. en la Fiscalía de la Comisión de la Verdad. A las 17:30, personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), colocó el dispositivo de geoposicionamiento a Poveda en la Fiscalía General. Luego de la diligencia, Poveda se retiró del lugar.

Este lunes estaba prevista la audiencia de formulación de cargos contra de Poveda y Vallejo.

 Los cambios en el cronograma planificado, el corto tiempo para cumplir varios de sus hitos, así como un endeble y fugaz control de la veeduría ciudadana, marcaron la tónica del concurso de jueces anticorrupción. Los 14 mejores puntuados, luego del curso de formación inicial, que acaba de empezar, se posesionarán con tres meses de retraso. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, dice que el concurso ha sido “riguroso, transparente, objetivo y técnico”.

Por Ana María Carvajal

Los 14 nuevos jueces anticorrupción se posesionarán a partir de mediados de noviembre próximo, tres meses después de lo previsto en el plan original. Desde que se realizó la convocatoria, a fines de marzo pasado, el cronograma ha cambiado por extensiones de plazos para inscripciones o por la reducción inesperada de los períodos para impugnaciones ciudadanas. Además hubo otros contratiempos y decisiones sobre la marcha.

No obstante, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, enfatiza que el concurso se ha llevado como un proceso “riguroso, transparente, objetivo y técnico”.

El perfil de cada juez debe tener tres características principales, dice Murillo: independencia, imparcialidad y una condición ética irreprochable, “mucho más si se trata de juzgadores que enfrentarán cara a cara a la corrupción y a las estructuras del crimen organizado”. Para seleccionarlos, la Judicatura ha realizado un “arduo y transparente trabajo con todos los equipos técnicos”, apuntó Murillo durante el inicio del curso de formación, que es el último filtro para escoger a los judiciales.

Pero desde cuando empezó el concurso algunos contratiempos surgieron. El 29 de marzo, la Judicatura anunció que las inscripciones se harían a través de un micrositio que se abrió en su página web, entre el 2 y el 11 de abril pasados. Pero un día después de vencido ese plazo, la institución informó que este se ampliaba hasta el 17 de abril. “En este contexto, es importante señalar que las fases y subfases se han unificado para no alterar la fecha de la culminación del concurso”, indicó en un comunicado.

Aunque el concurso empezó en diciembre pasado, dos días antes del inicio de las  inscripciones, la Judicatura ofreció una capacitación a los más de 700 interesados para que conocieran cómo postularse. La víspera, el CJ tuvo una reunión con representantes del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) y de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL). La cita fue para armar el cronograma y la metodología para las pruebas de confianza que serían parte del curso de formación inicial.

La lista que comenzó con 786 interesados que se registraron en el sistema digital bajó a 425 postulantes, quienes completaron su inscripción. Para la verificación de los documentos el CJ destinó solo tres días, del 20 al 22 de abril. Vino entonces la fase de méritos, a cargo de la Dirección de Talento Humano, que con el apoyo de un equipo técnico revisó la validez de los documentos, pero no investigó a fondo ni tuvo tiempo para corroborar con otras instituciones de control si lo declarado por algunos aspirantes era real.

También hubo cuestionamientos a la forma en que aspirantes fueron puntuados, en la primera fase de méritos. “Hice mi reclamo cuando vi la baja calificación que me pusieron por mis títulos y experiencia. Por ejemplo, no puntuaron mi paso por la docencia”, dijo Viviana Chiriboga. “Envié mi reclamo por la plataforma y al correo institucional que nos facilitaron. Me respondieron que lo haga por la página, cuando lo hice nunca me respondieron”. Una funcionaria judicial que pidió no revelar su identidad y participó en el proceso, con amplia experiencia en investigaciones de organizaciones criminales, afirmó que desestimaron sus méritos y títulos de cuarto nivel, impugnó pero no obtuvo respuestas.

Otros concursantes, en cambio, tuvieron mejor suerte con los examinadores, aunque incumplían los requisitos y prohibiciones. El candidato mejor puntuado del concurso, Leonardo Rosillo (obtuvo 94 sobre 100), sorteó sin problemas los filtros. Las bases del concurso estipulaban claramente que los participantes no debían tener ninguna incompatibilidad o prohibición legal. No obstante, recién en agosto pasado esa dirección del CJ detectó que Rosillo no podía participar porque fue destituido el 2012 cuando era fiscal.

Sobre este último caso, el Director del concurso, Santiago Peñaherrera, dijo que Talento Humano debía revisar periódicamente la idoneidad de los candidatos. Por eso detectó que uno de los finalistas estaba inhabilitado por haber sido destituido por el Consejo. “Esta prohibición le impide trabajar durante dos años en el sector público pero la prohibición para entrar a la Función Judicial es de por vida”.

El fugaz papel de la Veeduría

Uno de los hechos que también llama la atención es que el 13 de mayo, dos meses después de iniciado el proceso, se conformó la veeduría ciudadana, integrada por siete personas, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A pesar de que el concurso aún no ha terminado y tiene por delante la decisión crucial de designar a los 14 ganadores, esta veeduría ya terminó su trabajo, hace dos semanas. Así lo confirmó a Código Vidrio Erick Morán Jacho, su coordinador. Dijo que el grupo realizó un informe que entregó al CPCCS, pero el documento aún no está publicado en su página web.

Según el primer informe de la veeduría del Observatorio Judicial y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en la etapa de méritos hubo otro ajuste en el cronograma. Fue precisamente para acomodar las fechas de tal modo que el organismo liderado por Morán estuviese acreditada por el CPCCS. El  15  de  mayo, el CJ amplió el plazo de esta etapa, previsto que dure del 16 de mayo al 2 de junio. Al final, el cierre fue el 5 de junio.

Decisiones delicadas como la designación de los expertos que tendrían a su cargo elaborar un banco con 1.200 preguntas para las pruebas teóricas, también se tomaron con premura. La convocatoria se hizo en marzo, pero apenas el 4 de junio, cuando estaba por cerrarse la fase de méritos, el CJ designó a los 18 profesionales que estarían a cargo de esta etapa. Ellos elaboraron 200 preguntas sobre materia constitucional y derechos humanos. Las 1.000 restantes se concentraban en temas penales y criminológicos.

También hubo otros factores externos, que no estaban en manos del Consejo. Una amenaza de bomba, el 14 de junio en el Complejo Judicial Norte, alteró la planificación y retrasó la toma de pruebas psicológicas y entrevistas para la mayoría de los candidatos. Solamente un grupo pudo rendir esa prueba y las actividades quedaron suspendidas hasta después del fin del paro, que terminó el 30 de junio.

EL 24 julio, los candidatos rindieron las pruebas en computadoras que no permitían conexión a internet ni el uso de dispositivos externos como memorias USB. La notaria Ángela Campuzano dio fe  el 22 de julio, cuando se ingresaron los bancos de preguntas a estos computadores. 53 candidatos superaron la etapa y rindieron sus pruebas prácticas del 8 al 10 de agosto.

32 candidatos las superaron, incluido Rosillo, quien fue el primero en la lista. Cinco más pasaron por recalificación realizada por un tribunal, pero un caso sobresale. Es el de Esteban Coronel, quien inicialmente obtuvo 71 puntos, pero sumó 80,4 puntos luego de solicitar la revisión de su nota, que no guardaba relación con su desempeño ante los tres evaluares, según su reclamo. Tampoco con sus calificaciones previas en el concurso, pues obtuvo notas de 45 sobre 50 y de 17 sobre 20, entre las más altas del proceso.

No obstante, en la prueba práctica final, en la que Coronel rindió una exposición verbal sobre un caso,  dos de los evaluadores le pusieron notas de 8 sobre 30, mientras el tercero -con voto salvado- le calificó 28 sobre 30, según informes de esa evaluación a la que este medio tuvo acceso. Por esas discrepancias, el candidato solicitó la recalificación y requirió que le entreguen los audios y videos de su exposición y de la deliberación de los tres examinadores, así como la argumentación y parámetros de las calificaciones. Días más tarde, en la recalificación realizada por otro tribunal obtuvo puntajes de entre 20 y 28 sobre 30 puntos, con lo cual en la nota global pasó los 80 puntos requeridos para ser finalista.

Sobre esta recalificación, Santiago Peñaherrera, director de la Judicatura y responsable del concurso, señaló que el tribunal estuvo conformado por gente proba que verificó las pruebas, a través de la revisión de videos. “No creo que se pueda dudar de la capacidad de personas que no son solo magistrados sino docentes”.

El tribunal de recalificaciones se formó con profesionales con un perfil mayor, por la importancia del proceso, dijo Peñaherrera. Eran dos y estaban integrados por Byron Guillén, Mariana Yépez, Luis Antonio Rivera, Felipe Córdova, Wilson Toainga y Holger  Córdova.

Impugnaciones a vuelo de pájaro

Después, el proceso de impugnaciones públicas se desarrolló en un tiempo muy reducido: tres días, entre el 24 y el 26 de agosto, con difusión por un solo medio de comunicación escrito (diario Expreso) y las redes sociales de la Judicatura. En el cronograma inicial de actividades el plazo para este procedimiento contemplaba 13 días, del 2 al 15 de julio.

Según Peñaherrera, también se emitieron comunicados a colegios de abogados e instituciones educativas. El resultado fueron siete impugnaciones ingresadas por la página web del CJ, seis de ellas realizadas por una sola persona. Ninguna progresó.

El Código Orgánico de la Función Judicial establece tiempos para las impugnaciones en este tipo de concursos y el mínimo son tres días, explicó Peñaherrera. Este tema fue aprobado dentro de la normativa para este proceso. Además, los tiempos para todo el concurso se estipularon tomando en cuenta que “la ciudadanía exige contar lo más pronto posible con jueces que cumplan con dos requisitos: capacidad e idoneidad técnica”.

Según Murillo, la Judicatura hizo convocatorias abiertas y un llamado para impugnaciones “pero nadie impugnó fundamentadamente”. Pero no descartó que si existiera alguna inhabilidad, impedimento o falta de idoneidad, se harán verificaciones adicionales y mientras los jueces no sean nombrados, aún pueden salir del concurso. “La ciudadanía tiene derecho de contar con juzgadores que tengan una condición ética irreprochable”.

A pesar de los tropiezos, para el abogado constitucionalista Stalin Raza este concurso es un buen primer paso para conseguir jueces especializados en la materia, pero aún es limitado por varios aspectos. Primero, por el número de jueces, que serán insuficientes para cubrir la cantidad de delitos que hay en el país. De hecho, los 14 jueces tendrán apenas 26 funcionarios de apoyo; es decir, menos de dos asistentes por cada magistrado.

Además, para Raza el haber decidido que todos los jueces trabajarán desde Quito, se convierte en una suerte de monopolio que, además, vulnera garantías constitucionales como el derecho de toda persona de ser juzgada en la jurisdicción donde cometió el delito, el derecho a acceder a abogados de su confianza y en la zona de su residencia. “Habrá una concentración inconveniente de esos casos en Quito. La Corte Constitucional ha convalidado esto pero no estoy de acuerdo porque aquí no se garantiza la seguridad de judiciales y abogados”.

Al tratarse de un número reducido de jueces que tratan estos temas que se sumarán a fiscales del área, agregó el jurista, se pueden convertir en “cofradías de jueces y fiscales, cuando lo ideal sería un equipo en materia de crimen y anticorrupción entre quienes se distribuya la capacidad y así garantizar que no todos se conozcan entre sí”.

De todos modos, el jurista cree que el proceso se ha llevado razonablemente bien, pese a lo apuros y cambios de cronograma.

Aunque la Judicatura había anunciado que los 14 nuevos jueces se posesionarían a fines de octubre, lo harían en la segunda quincena de noviembre, ya que el curso de formación inicial arrancó el 26 de septiembre pasado y se extenderá hasta el 17 de noviembre, cuando se cumplen los 52 días asignados por el CJ.

PERFIL. Renán Andrade Castillo es defensor público en Pedernales, donde fue precandidato a alcalde para participar en las próximas elecciones. Cuando se postuló para juez anticorrupción, en marzo, eliminó todas las publicaciones sobre su postulación en Facebook y su papel como Defensor.

Por Jhon Machado

Como “el abogado de CREA”, así conocen a Renán Andrade Castillo en Pedernales, donde vive y no pasa desapercibido. Llegó ahí desde su natal Portoviejo a los 16 años.

Su nivel de popularidad en ese poblado de la costa manabita le llevó a postularse como precandidato a la alcaldía de Pedernales. Andrade cuenta que no tuvo contacto con ningún movimiento político pero que, en efecto, amigos y simpatizantes le pidieron que asuma el reto de participar en la próxima lid electoral. Incluso ya tenía un lema de campaña: “Llegó la hora de gente nueva”, rezaban sus publicaciones en redes sociales.

“No firmé con ningún partido, no mantuve reuniones con políticos; pero es cierto: la gente me veía como candidato y se llegó a pensar en eso, más por el pedido de la gente que por otra cosa”, comenta Andrade, quien al momento de postularse para juez anticorrupción eliminó esas publicaciones políticas en sus redes y bajó su perfil de exposición pública. Todas las fotos que había subido en Facebook fueron eliminadas, incluso aquellas en las que aparece en su labor como Defensor Público.

Andrade no solo es conocido por su intención de candidatizarse a la acaldía. Es muy activo en la radio, donde difunde iniciatovas de ayuda social, a través de su consultorio jurídico CREA (una sigla de su nombre).

También ha estado al frente de casos sonados como una de las masacres las cárceles del país y la desarticulación de una banda criminal. Intervino como defensor público, es decir de lado de los acusados.

“Yo le cuento esto, todos saben que yo estuve en esos casos, pero prefiero que los nombres de los acusados se mantengan en reserva porque en realidad temo por mi seguridad”, afirma Andrade al ser consultado sobre su rol en los juicios mencionados.

Su trayectoria

Andrade hizo su carrera empezando como notificador, uno de los cargos de menor jerarquía en la Función Judicial y fue ascendiendo paulatinamente. Tras un breve paso por Secretaría Nacional del Agua (Senagua), concursó por un espacio en la Defensoría Pública; de hecho fue el único candidato calificado y por ende el ganador. Su nota final fue de 80/100.

Sus estudios de abogado los cursó en la Universidad Laica de Manabí, es magíster en Derecho Constitucional y especialista en la misma materia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente sigue un doctorado sobre legislación en la Universidad de Buenos Aires.

Su expediente judicial está limpio, no tiene problemas con el Servicio de Rentas Internas. Las cinco multas de tránsito que le han levantado, tres de ellas por exceso de velocidad, están cubiertas.

Se autodenomina como montuvio “a mucho orgullo”. También se considera una persona religiosa y afirma que este rasgo de su personalidad se potenció desde el 2020 cuando fue diagnosticado con un tipo de cáncer denominado linfoma de Hodking. Le fue detectado durante un chequeo por COVID-19.

El defensor público de Pedernales ocupa el segundo lugar en las calificaciones para juez de la Unidad Judicial Penal, dependencia que tendrá dos jueces. José Cornejo Aguiar lleva la delantera con 91,35 puntos y Andrade le sigue con 88,40 puntos.

A pesar de estar en la cabeza del concurso público, tiene sus dudas sobre el proceso. “Tenemos criterios divididos sobre la nota de la Escuela Judicial, no creemos que sea del todo justo, pero estamos en el proceso y confiamos en que si hay falencias se sabrá corregirlas”.

De no ser elegido, asegura, seguirá “luchando por el pueblo de Pedernales”. Anhela la construcción de un nuevo hospital y no descarta, a futuro, buscar un espacio de representación popular.

PERFILES. Luis Ortega y Luis Villalta tienen varias cosas en común. Corren por llegar a ser uno de los 14 jueces anticorrupción, son secretarios de la Fiscalía y han sido continuamente sancionados por infracciones de tránsito de todo tipo. Justos suman 35 faltas, por conducir sin placas, por exceso de velocidad, desobedecer a la autoridad o la señalética, manejar sin licencia…

Por Ana María Carvajal y Jhon Machado

Luis Ortega logró un cupo para el curso de Formación Inicial que será el último filtro antes de designar a los nuevos jueces anticorrupción. Uno de los registros que llama la atención en su hoja de vida es que solo tiene 1.5 puntos de 30 en su licencia de conducir.

Perdió sus 28,5 puntos por 13 infracciones de tránsito, además de dos más que fueron anuladas, según registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ha pagado 11 multas y tiene dos más pendientes de cancelar por USD 295,20. Fue multado entre 2020 y 2021 por conducir un vehículo sin placas. Una de ellas le costó seis puntos en su licencia.

Dos más fueron anuladas, por desobedecer agentes de tránsito y por no respetar los conos de señalización. Perdió el resto de puntos por cuatro sanciones impuestas al conducir un vehículo sin placas; dos por circular sin licencia y las restantes por mal uso de la bocina, desobedecer señales o agentes de tránsito, estacionarse mal, exceso de velocidad y cambio brusco de carril.

Consultado por Código Vidrio sobre su abultado historial de multas de tránsito, Ortega, de 39 años, explica que la mayoría de sus sanciones tienen que ver con conducir autos sin placas porque ha sufrido varios robos, que denunció oportunamente. No logró impugnarlas -dice- porque el tiempo para conseguirlo es corto y no pudo interponer el recurso. Sobre el cambio brusco de carril, señala que debido a su trabajo a veces debe buscar la forma de llegar más rápido a una diligencia. Es secretario en la Fiscalía.

Su historial de infracciones se remonta al 2011. Ese año fue detenido luego del choque en una motocicleta, en 2001. Un juez ordenó su liberación, pero la indagación fiscal estuvo abierta hasta el 2015.

Ahora tiene previsto hacer un curso para recuperar los puntos perdidos de su licencia. No lo hizo antes porque hasta agosto del 2021 solo podían tomar esa capacitación quienes hubieran perdido todos los puntos de su licencia.

Ortega pagó la mayoría de sus penalidades de tránsito, que asegura haber enfrentado sin justificarlas o usar su trabajo como escudo o respuesta para evitar las penalidades. “Eso prueba que asumí mi responsabilidad”, apunta. Agrega que se trata de sanciones administrativas y no dolosas, lo cual no afectaría su trabajo si llega a ser juez anticorrupción.

Hizo su carrera en la Fiscalía General. Se graduó como abogado con una tesis sobre lavado de activos y desde el 2007 se ha desempeñado en distintos cargos en esa institución. Durante unos tres años fue asistente de fiscales en el cantón Mejía.

Luego trabajó en las fiscalías de Flagrancia de Tránsito, se convirtió en secretario de fiscales y tuvo el mismo rol en unidades de Flagrancia, Fiscalía Especializada en Patrimonio Ciudadano, Flagrancia, Delincuencia Organizada Transnacional y Personas Desaparecidas.

En el concurso alcanzó 88,7 puntos sobre 100, entre méritos, pruebas psicológicas, teóricas y prácticas. Es el mejor puntuado entre quienes optan por el cargo de juez de tribunal judicial penal. En lo académico, luego de recibirse como abogado por la Universidad Central, con una tesis sobre lavado de activos, obtuvo dos maestrías y una especialización superior en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

Ortega se considera apto para ser juez anticorrupción, pues desde el pregrado se proyectó a temas relacionados con las nuevas unidades judiciales, con su tesis sobre lavado de activos. En su especialización y maestría se enfocó en temas como narcotráfico y blanqueo de capitales.

Villalta, un funcionario de carrera     

A sus 38 años, Luis Villalta posee varias propiedades. En su patrimonio constan tres casas y una finca. No registra pagos de impuesto a la renta en su declaración de bienes. El vértigo parece ser una impronta en su vida: de las 20 infracciones de tránsito que ha cometido, seis son por exceso de velocidad.

Villalta está a la cola de calificaciones para juez de la Unidad Judicial Penal especializada en el combate a la corrupción: de los nueve aspirantes ocupa la última casilla, con una calificación de 80,1 puntos, en una carrera que tendrá solo dos ganadores y tiene en la delantera a José Cornejo y a Renán Andrade.

El postulante a juez obtuvo su título de Abogado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, además cuenta con una maestría en Derecho Penal y Criminología, así como con una especialización en Derecho Penal y Justicia Indígena. Ambas por la Universidad de los Andes.

Su afinidad por el derecho indígena le ha llevado a participar y brindar talleres sobre esta rama del conocimiento jurídico; él se autodefine como montuvio, al igual que Renán Andrade, Christian Quito y Ángel Quito, todos aspirantes a jueces anticorrupción.

24 talleres recibidos, dos en los que ha sido invitado como ponente y la publicación de una investigación denominada “La Caución en el proceso penal”, para la Universidad de los Andes, completan su hoja de vida.

Su principal experiencia laboral está en la Fiscalía. Ha sido secretario durante 14 años y en más de una ocasión ha reemplazado a fiscales de turno en procedimientos de flagrancia como allanamientos y violaciones a la propiedad privada, en Guayas.

De acuerdo con su última declaración juramentada presta servicios en el cantón Yaguachi, pero su vida laboral le ha llevado por toda la zona oriental del Guayas. Ha prestado servicios en Durán, El Triunfo, Milagro y Naranjito, cantones en los que pertenecer a la Fiscalía no es tarea fácil. Esa zona es cuna y zona de influencia de las bandas Los Choneros y ChoneKillers, dos de las agrupaciones delictivas más peligrosas del país.

Sus únicas relaciones con juicios, fuera de su trabajo en la Fiscalía, son su divorcio y dos causas por pensiones alimenticias. Una de ellas fue anulada por su exesposa, tras un acuerdo de reagrupación familiar y una segunda que terminó en sentencia, en mayo pasado, por mutuo acuerdo.

Según sus declaraciones juramentadas, su crecimiento económico personal ha sido importante. Entre 2017 y 2022 su patrimonio se triplicó. Pasó de tener un solar, un vehículo y una casa, obtenida con un crédito hipotecario, a ser propietario de tres viviendas y una finca. El 2022 reporta un patrimonio de 161.118 dólares: activos por USD 222.494 y deudas por 61.376. Y no reporta pago de impuesto a la renta.

20 multas de tránsito

En su anterior vehículo registra tres infracciones de tránsito por exceso de velocidad en Guayaquil y Durán, una cuarta en un automóvil que circulaba por la vía a la Costa, y dos más en otro carro, en las vías Durán-Boliche y en la Salitre-El Progreso.

Ha sido multado otras 14 ocasiones por contravenciones como uso inadecuado de la bocina, frente a un retén de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), no usar cinturón de seguridad, parquear en sitios prohibidos, no respetar las señales de agentes de tránsito, viajar en moto sin casco, conducir con licencia caducada y conducir con un niño en brazos.

Código Vidrio buscó una entrevista con el candidato a través de los números de contacto de la hoja de vida que presentó en el concurso de jueces anticorrupción, pero no obtuvo respuesta.

Leonardo Rosillo, escogido como uno de los 37 finalistas para ocupar una de las 14 plazas de jueces anticorrupción, fue descalificado. La Judicatura se percató hace tres semanas que Rosillo, quien tenía el mejor puntaje del concurso, había sido destituido de la Fiscalía, por estar envuelto en un caso de acoso sexual, en 2012. Solo dos personas presentaron impugnaciones, que no prosperaron, contra siete candidatos. Los impugnantes solo tuvieron tres días para formalizar sus denuncias.   

Por Ana María Carvajal

Leonardo Vinicio Rosillo, uno de los 37 candidatos finalistas a jueces anticorrupción, fue descalificado sobre la marcha del concurso que realiza el Consejo de la Judicatura (CJ), por incumplir uno de los requisitos.

Pese a que la etapa de selección empezó en marzo con la calificación de oposición y méritos y pruebas teórico-prácticas a los 425 postulantes, la Dirección de Talento Humano del CJ pidió hace tres semanas, el 25 de agosto pasado, a diferentes direcciones, que verifiquen si alguno de los 37 candidatos finalistas, que sumaron más de 80 puntos, tenía alguna inhabilidad.

Santiago Peñaherrera, director general del CJ, quien está al frente del concurso, explica que Talento Humano debe revisar periódicamente la idoneidad de los candidatos. Así encontró el problema con Rosillo, recalcó.

La Secretaría de Control Disciplinario notificó el incumplimiento a Talento Humano, el 26 de agosto. En el informe se señala que Rosillo había sido destituido de su cargo de fiscal, el 2012. La resolución consta en el expediente No. MOT-0859-UCD-012-MEP (070-2012), con fecha 11 de diciembre de 2012.

Sin embargo, en la hoja de vida que presentó como parte de su inscripción al concurso, Rosillo omitió mencionar esa resolución: indicó que fue fiscal provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas hasta inicios del 2013.

El 2012, el entocnces fiscal enfrentó un proceso judicial por acoso sexual a una de sus estudiantes. Fue detenido en delito flagrante con su alumna, en un motel de Santo Domingo, el 5 de mayo. No obstante, fue declarado inocente, pero la Fiscalía apeló la decisión y  presentó una queja en contra del tribunal que juzgó a Rosillo. (https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-apelara-sentencia-que-declara-inocencia-de-ex-fiscal-de-santo-domingo/).

Para entonces, la Fiscalía ya se refería a Rosillo como ex fiscal. El caso fue difundido ampliamente en Santo Domingo y también en medios nacionales. Rosillo se defendió de la acusación, argumentando que su detención fue planificada, con la intención de que no volviera a su cargo. También dijo que el fiscal a cargo de su caso mantenía una relación sentimental con la joven que lo acusaba de pedirle favores sexuales, a cambio de beneficios académicos.

En su caso se aplicó el numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues “quien hubiere sido sancionado disciplinariamente con destitución del cargo, con resolución en firme”, no puede obtener un nuevo cargo en ninguno de los órganos de la Función Judicial.

Peñaherrera informó que Rosillo ya fue notificado sobre su descalificación. Él había argumentado que en el 2012 le retiraron su puesto de fiscal, pero ahora buscaba ser juez, pues consideraba que no tenía un impedimento.

Peñaherrera explicó que si bien una persona destituida no puede trabajar en funciones públicas por dos años, la prohibición de retorno a cualquier área en la Función es para toda la vida.

Rosillo había obtenido 94,3 puntos sobre 100 en las fases previas del concurso, el puntajes más alto del concurso.

Pero no sería el único postulante con problemas por una posible falta de idoneidad o impedimento para el cargo. La semana pasada, Código Vidrio reveló que de los 26 hombres participantes en el concurso cinco han enfrentado demandas judiciales para el pago de pensiones alimenticias. Esto significa que el 19 por ciento de los aspirantes de sexo masculino tuvo incidentes ante la justicia para exigirles el pago de alimentos para sus hijos menores de edad.

Además, ocho de los candidatos no reportan pagos de Impuesto a la Renta hasta por diez años en el SRI. Uno de los aspirantes tiene 1,5 puntos en su licencia: ha cometido 20 infracciones de tránsito. Pero no es el único. Hay diez más que tienen entre 10 y 34 infracciones y han sido multados por diferentes motivos: exceso de velocidad, pasarse semáforo en rojo, faltarle el respeto a la autoridad, conducir sin cinturón, entre otras infracciones.

Impugnaciones al vuelo

El proceso de impugnaciones a los candidatos fue apretado. Estuvo abierto para que el público impugne a los postulantes por solo tres días, del 24 al 26 de agosto. La difusión se hizo apenas un día antes en diario Expreso de Guayaquil, que no es el de mayor difusión nacional, el 23 de agosto.

La Judicatura difundió información sobre cuándo, cómo y por qué impugnar, a través de sus redes sociales y su página web.

En el informe elaborado por Talento Humano sobre este proceso se indica que la Judicatura solo recibió siete impugnaciones: cuatro para candidatos de corte provincial, una para tribunal penal y dos para jueces de unidad judicial penal. Estos pedidos ingresaron virtualmente. Nadie presentó ese recurso presencialmente en las oficinas provinciales ni nacionales del CJ.

Según Peñaherrera, la campaña de difusión sobre impugnaciones fue “bastante fuerte” y también se coordinó con las direcciones provinciales de la Judicatura, para que envíe oficios a los colegios de abogados y centros de educación superior “para que toda la ciudadanía pueda ejercer el derecho a la impugnación”, dentro del cronograma.

Apenas dos personas presentaron denuncias

Una sola persona, Napoleón Garibaldi Santamaría, impugnó a seis postulantes y Gabriela Sánchez a uno de ellos. En seis de los casos se argumentó falta de cumplimiento de requisitos y, en uno, falta de probidad. Se objetaron las candidaturas de Kevin Joel Cabezas Páez, María Fernanda Castro Angos, Wiler Fabricio Chóez Avilés, Fausto Armando Lana Vélez, Ángel Humberto Quito Santana, Mabel del Pilar Tapia Rosero y Byron Leonardo Uzcátegui Arregui.

Los abogados Luis Daniel Martínez Barriga, Hugo Román Sarabia Rodríguez, Margarita Soledad Martínez Aguirre, Cirley Estefany Yépez Ortiz y Giancarlo atendieron las solicitudes. Sin embargo, según el informe, las impugnaciones “no procedieron por falta de presentación de requisitos generales” y fueron inadmitidas. Por eso, todos los impugnados continúan en concurso.