Los traslados de 1.002 presos entre el martes y miércoles son parte de un plan para desactivar nuevos enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral. Los cabecillas de los Chone Killers quieren vengarse de Los Lobos, desde inicios de octubre por el asesinato de su líder, Leandro Norero, en la cárcel de Cotopaxi. Este jueves, las FF.AA. y Policía seguían sacando internos de esa cárcel a otros centros. En los operativos fallecieron dos detenidos, por enfrentamientos entre las bandas, seis fueron heridos. También hay 9 policías y tres militares heridos de bala. Nota actualizada a las 13:25 de este 3 de noviembre.
Redacción Código Vidrio
Entre el martes y miércoles 1.002 detenidos fueron trasladados desde la Penitenciaría del Litoral a las cárceles de El Rodeo, en Manabí, y a la Regional de Guayas. 515 de los presos enviados a la primera prisión eran integrantes de la banda de Los Choneros, mientras los 487 restantes, que fueron cambiados ayer, eran miembros de los Chone Killers.
Los traslados son parte de un plan del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para desactivar nuevos enfrentamientos en la Penitenciaría. Fuentes de Inteligencia confirmaron que los cabecillas de los Chone Killers planeaban vengarse de Los Lobos, desde inicios de octubre por el asesinato de su líder, Leandro Norero, en la cárcel de Cotopaxi.
En lo que va del año, 2.858 internos fueron cambiados de presidios por motivos de seguridad. Es decir que estaban en riesgo sus vidas por represalias de otras bandas o porque ellos planeaban atentados contra otros internos por rivalidades criminales, informaron funcionarios penitenciarios.
La operación de traslado de los presos fue coordinada entre la Policía y Fuerzas Armadas que realizó un dispositivo de seguridad con cientos de efectivos, desde el martes.
Antes de ser detenido el 25 de mayo, Norero lideraba a los Chone Killers y también era financista de Los Lobos, Tiguerones y Latin Kings. Tras su captura, fue recluido en la cárcel de Cotopaxi que es controlada por Los Lobos. En ese y otros presidios contactó con cabecillas de algunas bandas lo cual desató ira y desconfianza entre algunos líderes de Los Lobos que ordenaron ejecutarlo, el 3 de octubre.
Desde entonces, los cabecillas de Los Chone Killer han buscado vengar su muerte, especialmente asesinando a integrantes de Los Lobos en la Penitenciaría, donde en estos días murieron dos detenidos y seis más fueron heridos.
Los traslados de los 1.002 internos se concretaron en medio de la oleada de atentados terroristas cometidos por bandas criminales en Guayaquil y Esmeraldas. En esos ataques fueron asesinados cinco policías y nueve más fueron heridos. El martes pasado, el gobierno decretó el estado de emergencia en las dos provincias.
Una de las causas de la escalada de los atentados fue, según altas fuentes de la Policía, el traslado de los 1.002 presos de la Penitenciaría. Una de las fortalezas de las bandas se debe precisamente a que sus miembros están agrupados por pabellones y presidios. No de acuerdo al tipo de delito o nivel de su peligrosidad, sino según su filiación a los grupos criminales. Así, por ejemplo, en la Penintenciaría mandan Los Lobos, en la regional de Guayaquil Los Choneros y las Águilas, y en Cotopaxi Los Lobos. Este modelo se instauró por decisón de las autoridades carcelarias desde el 2016.
Alerta máxima por cambio de Anchudia
Pese a la oposición de las autoridades carcelarias, el juez de la Concordia, Angel Harry Lindao Vera, ordenó que Freddy Marcelo Anchundia Loor, alias “Anchundia”, líder de la banda R7, sea trasladado de la cárcel de la Roca a Santo Domingo.
En mayo pasado, Anchundia fue uno de los responsables de la matanza de 44 presos en ese centro carcelario, a donde había sido trasladado también desde la Roca, por disposición de otro juez.
En octubre pasado, un juez de Guayaquil negó el pedido de Anchundia, quien alega que su vida está en peligro, por lo cual el juez Lindao dispuso su traslado inmediato a la cárcel de Santo Domingo para que siga cumpliendo su pena con “absoluta seguridad y en resguardo de su vida e integridad física”.
En este caso, el SNAI no fue notificado debidamente ni tampoco pudo participar en la audiencia en la que el juez decidió el traslado. Eso sí ocurrió el octubre pasado, cuando el juez de Guayaquil sí notificó a las autoridades del SNAI sobre el pedido de Habeas Corpus, que fue negado.
Fuentes del SNAI confirmaron que lo ocurrido con Anchundia no es un caso aislado. Buena parte de los jueces de garantías penitenciarias dan paso a las solicitudes de traslado de los presos, sin tomar en cuenta los informes de procedibilidad del SNAI, sobre su peligrosidad y nivel de riesgo.
“La función judicial deja en grave indefensión a la función ejecutiva a través de este tipo de acciones”, dijo un funcionario a cargo de estos casos en el SNAI, que pidió la reserva por seguridad. Además -agregó- “el juez de la Concordia Lindao Vera no es competente para conocer y resolver este caso, en razón del territorio”, ya que Anchundia está detenido en un centro de Guayas.
Por este motivo, las autoridades penitenciarias pidieron que el Consejo de la Judicatura abra un expediente disciplinario contra Lindao.
Según el juez, la defensa de Anchundia adujo que desde cuando fue trasladado a Guayaquil recibió amenazas de muerte, maltrato físico en los baños y celdas, insultos y que no podía salir de la celda por varios días.
La banda R7 está ontegrada por unos 100 miembros al mando de Anchundia y se dedican a las extorsiones, sicariato y microtráfico en Guayas y Manabí.
En 2016 Anchundia fue sentenciado y encarcelado en la cárcel de El Turi, en Cuenca. El 3 de abril de este año encabezó los amotinamientos que provocaron el asesinato de 21 detenidos, tras los cruentos enfrentamientos de su grupo criminal con Los Lobos.
Entonces, Anchundia fue llevado a La Roca, junto a cuatro cabecillas de las dos bandas. Un mes después, el juez Aquilés Dávila le concedió un Habeas Corpus a Anchundia, quien fue trasladado a Santo Domingo, hasta mayo cuando ocurrió la masacre que desató la ejecución de 44 internos.
Para la Policía, Anchundia es uno de los principales responsables de la ejecución de 65 detenidos, entre abril y mayo pasados.