El Pleno del Consejo de la Judicatura nombró a los 14 nuevos jueces anticorrupción y crimen organizado. Fue una decisión unánime tomada en su sesión extraordinaria del jueves 1 de noviembre de 2022. La lista la integran 10 hombres y cuatro mujeres. Uno de los principales desafíos es brindarles seguridad en medio de un ambiente creciente de penetración del crimen organizado, establecer protocolos que salvaguarden su integridad y de sus familias. Esta herramienta deberá aplicarse, una vez que empiecen a conocer los casos. Incluso analizando la posibilidad de mantener el anonimato de los juzgadores en procesos que revistieran más riesgo.
Por Ana María Carvajal
La entidad emitió el pasado 28 de noviembre la resolución que declaraba elegibles a 29 postulantes para dirigir las nuevas unidades judiciales anticorrupción y crimen organizado. Ellos fueron los mejores puntuados entre los 35 aspirantes que participaron del Curso de Formación Inicial, que duró menos de dos meses. El requisito para formar parte de esta lista era tener calificaciones superiores a los 80 puntos sobre 100, durante este proceso académico que fue inaugurado el 23 de septiembre pasado.
Renán Andrade y Vicente Hidalgo estarán a cargo de las dos nuevas unidades judiciales especializadas; Elizabeth Soria, Carlos Serrano, Andrés Muñoz, Christian Fierro, Jorge Sánchez y Consuelo Tapia presidirán los seis tribunales y Silvana Velasco, Fernando Sánchez, Byron Uzcátegui, Esteban Coronel, Mabel Tapia y Fabricio Chóez dirigirán las seis cortes provinciales penales.
6 JUECES DE SALA, 6 DE TRIBUNAL Y DOS UNIDAD JUDICIAL
Al principio, 37 postulantes lograron su cupo para el Curso de Formación Inicial, pero en el camino, Vinicio Rosillo fue descalificado, porque en el 2012 había sido destituido de su cargo de fiscal, lo que lo inhabilitó de por vida para volver a ejercer un cargo dentro de la Función Judicial. Al final, solo 35 culminaron el proceso, pues René Astudillo desistió de continuar. El 4 de octubre pasado, el jurista argumentó razones personales y académicas para abandonar el proceso.
Los participantes fueron calificados sobre 100 puntos, 30 de ellos correspondían al desempeño durante el curso, 30 a la prueba teórica y 40 a la práctica. 32 de los 35 aspirantes solicitaron recalificación en la prueba teórica y consiguieron mejorar sus resultados por entre 0,30 y 3 puntos. En cuanto a la prueba práctica, 27 postulantes pidieron revisión, pero solo en 14 casos este recurso fue aceptado. Este grupo pasó por pruebas psicológicas, teóricas y prácticas antes de llegar al curso de formación y obtuvo los primeros puestos de entre 425 personas que completaron su inscripción en el micrositio que la Judicatura colgó en su página web para esta selección.
Las tareas y los casos
Los nuevos jueces tendrán a su cargo 44 tipos penales, incluyendo causas sobre peculado, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, narcotráfico, concusión, entre otros. El concurso se convocó oficialmente el pasado 24 de marzo y estaba previsto que se cerrara en agosto. Pero repetidas ampliaciones en las fechas tope del cronograma hicieron que el final se retrasara tres meses. La designación de los nuevos jueces estará a cargo de la Escuela de la Función Judicial, la Dirección General del Consejo de la Judicatura y de su Dirección Nacional de Talento Humano.
Uno de los principales desafíos de las autoridades es brindarles seguridad en medio de un ambiente creciente de penetración del crimen organizado, establecer protocolos que salvaguarden su integridad y de sus familias. Esta herramienta deberá aplicarse, una vez que empiecen a conocer los casos.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformó oficialmente una veeduría para este proceso en mayo pasado, es decir que los siete veedores comenzaron su trabajo dos meses después de que el concurso arrancara y terminaron su trabajo el 15 de septiembre, más de dos meses antes de que concluyera.
Los nuevos jueces contarán con un equipo de 26 funcionarios para su trabajo, que cubrirá casos de corrupción y crimen organizado ocurridos en todo el país. Sin embargo, sus oficinas estarán centralizadas en Quito.
La seguridad de los jueces
Las autoridades también deberán analizar cómo se manejará el tema de la seguridad de los jueces, en un entorno volátil de inseguridad, que este año ha cobrado la vida de dos fiscales y un juez.
En vista de la peligrosidad de los casos que los jueces anticorrupción deberán juzgar y el riesgo de ser corrompidos o amedrentados junto con sus familiares, juristas consultados por Código Vidrio estiman que debía revisarse la posibilidad de mantener el anonimato de los nuevos funcionarios en inclusive aplicar el modelo de otros países de magistrados sin rostro. Esto una vez que empiecen a conocer los casos.
Para minimizar el riesgo, el Consejo de la Judicatura diseña un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios, además del Instructuctivo de Seguridad Individual que ya se aplica para servidores judiciales, aprobado en abril pasado.
Este año, 21 jueces, 15 del área penal, reciben seguridad individual en varias provincias, a cargo de la Policía, con base en ese Instructivo. Los judiciales, la mayoría de Quito y Guayaquil, han recibido amenazas e intimidaciones de todo tipo. El 2019, la Policía daba protección a 12 jueces, según un informe del CJ.
Los últimos diez meses, hubo 10 amenazas de bomba en los complejos judiciales de ambas ciudades, lo cual ha implicado la suspensión por varias horas en los servicios.
En agosto pasado, el crimen del juez de Lago Agrio, Nelzon Yánez, quien fue declarado el de mejor desempeño en la capital de Sucumbíos el 2017, ocurrió horas después de la visita del entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, a esta provincia, para articular planes para frenar la violencia y enfrentar a las bandas criminales.
En lo que va de este año, dos fiscales también fueron asesinados. El 15 de agosto murió abaleado por sicarios el fiscal Federico Estrella en Babahoyo. En mayo también fue ejecutada la fiscal Luz Marina Delgado, junto a su asistente Jefferson Mendoza. En ambos casos se cree que fueron retaliaciones de implicados en alguno de los casos que investigaban.