El Pleno del Consejo de la Judicatura nombró a los 14 nuevos jueces anticorrupción y crimen organizado. Fue una decisión unánime tomada en su sesión extraordinaria del jueves 1 de noviembre de 2022. La lista la integran 10 hombres y cuatro mujeres. Uno de los principales desafíos es brindarles seguridad en medio de un ambiente creciente de penetración del crimen organizado, establecer protocolos que salvaguarden su integridad y de sus familias. Esta herramienta deberá aplicarse, una vez que empiecen a conocer los casos. Incluso analizando la posibilidad de mantener el anonimato de los juzgadores en procesos que revistieran más riesgo.   

Por Ana María Carvajal

La entidad emitió el pasado 28 de noviembre la resolución que declaraba elegibles a 29 postulantes para dirigir las nuevas unidades judiciales anticorrupción y crimen organizado. Ellos fueron los mejores puntuados entre los 35 aspirantes que participaron del Curso de Formación Inicial, que duró menos de dos meses. El requisito para formar parte de esta lista era tener calificaciones superiores a los 80  puntos sobre 100, durante este proceso académico que fue inaugurado el 23 de septiembre pasado.

Renán Andrade y Vicente Hidalgo estarán a cargo de las dos nuevas unidades judiciales especializadas; Elizabeth Soria, Carlos Serrano, Andrés Muñoz, Christian Fierro, Jorge Sánchez y Consuelo Tapia presidirán los seis tribunales y Silvana Velasco, Fernando Sánchez, Byron Uzcátegui, Esteban Coronel, Mabel Tapia y Fabricio Chóez dirigirán las seis cortes provinciales penales.

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6 JUECES DE SALA, 6 DE TRIBUNAL Y DOS UNIDAD JUDICIAL

 

 

 

 

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Al principio, 37 postulantes lograron su cupo para el Curso de Formación Inicial, pero en el camino, Vinicio Rosillo fue descalificado, porque en el 2012 había sido destituido de su cargo de fiscal, lo que lo inhabilitó de por vida para volver a ejercer un cargo dentro de la Función Judicial. Al final, solo 35 culminaron el proceso, pues René Astudillo desistió de continuar. El 4 de octubre pasado, el jurista argumentó razones personales y académicas para abandonar el proceso.

Los participantes fueron calificados sobre 100 puntos, 30 de ellos correspondían al desempeño durante el curso, 30 a la prueba teórica y 40 a la práctica. 32 de los 35 aspirantes solicitaron recalificación en la prueba teórica y consiguieron mejorar sus resultados por entre 0,30 y 3 puntos. En cuanto a la prueba práctica, 27 postulantes pidieron revisión, pero solo en 14 casos este recurso fue aceptado. Este grupo pasó por pruebas psicológicas, teóricas y prácticas antes de llegar al curso de formación y obtuvo los primeros puestos de entre 425 personas que completaron su inscripción en el micrositio que la Judicatura colgó en su página web para esta selección.

Las tareas y los casos 

Los nuevos jueces tendrán a su cargo 44 tipos penales, incluyendo causas sobre peculado, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, narcotráfico, concusión, entre otros. El concurso se convocó oficialmente el pasado 24 de marzo y estaba previsto que se cerrara en agosto. Pero repetidas ampliaciones en las fechas tope del cronograma hicieron que el final se retrasara tres meses. La designación de los nuevos jueces estará a cargo de la Escuela de la Función Judicial, la Dirección General del Consejo de la Judicatura y de su Dirección Nacional de Talento Humano.

Uno de los principales desafíos de las autoridades es brindarles seguridad en medio de un ambiente creciente de penetración del crimen organizado, establecer protocolos que salvaguarden su integridad y de sus familias. Esta herramienta deberá aplicarse, una vez que empiecen a conocer los casos.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformó oficialmente una veeduría para este proceso en mayo pasado, es decir que los siete veedores comenzaron su trabajo dos meses después de que el concurso arrancara y terminaron su trabajo el 15 de septiembre, más de dos meses antes de que concluyera.

Los nuevos jueces contarán con un equipo de 26 funcionarios para su trabajo, que cubrirá casos de corrupción y crimen organizado ocurridos en todo el país. Sin embargo, sus oficinas estarán centralizadas en Quito.

La seguridad de los jueces

Las autoridades también deberán analizar cómo se manejará el tema de la seguridad de los jueces, en un entorno volátil de inseguridad, que este año ha cobrado la vida de dos fiscales y un juez.

En vista de la peligrosidad de los casos que los jueces anticorrupción deberán juzgar y el riesgo de ser corrompidos o amedrentados junto con sus familiares, juristas consultados por Código Vidrio estiman que debía revisarse la posibilidad de mantener el anonimato de los nuevos funcionarios en inclusive aplicar el modelo de otros países de magistrados sin rostro. Esto una vez que empiecen a conocer los casos.

Para minimizar el riesgo, el Consejo de la Judicatura diseña un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios, además del Instructuctivo de Seguridad Individual que ya se aplica para servidores judiciales, aprobado en abril pasado.

Este año, 21 jueces, 15 del área penal, reciben seguridad individual en varias provincias, a cargo de la Policía, con base en ese Instructivo. Los judiciales, la mayoría de Quito y Guayaquil, han recibido amenazas e intimidaciones de todo tipo. El 2019, la Policía daba protección a 12 jueces, según un informe del CJ.

Los últimos diez meses, hubo 10 amenazas de bomba en los complejos judiciales de ambas ciudades, lo cual ha implicado la suspensión por varias horas en los servicios.

En agosto pasado, el crimen del juez de Lago Agrio, Nelzon Yánez, quien fue declarado el de mejor desempeño en la capital de Sucumbíos el 2017, ocurrió horas después de la visita del entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, a esta provincia, para articular planes para frenar la violencia y enfrentar a las bandas criminales.

En lo que va de este año, dos fiscales también fueron asesinados. El 15 de agosto murió abaleado por sicarios el fiscal Federico Estrella en Babahoyo. En mayo también fue ejecutada la fiscal Luz Marina Delgado, junto a su asistente Jefferson Mendoza. En ambos casos se cree que fueron retaliaciones de implicados en alguno de los casos que investigaban.

Un automóvil con explosivos y armas de fuego de diferente calibre, que presuntamente iban a ser empleadas en un atentado contra unidades de la Policía por los Chone Killers, fue desactivado el miércoles en Milagro.

Redacción Código Vidrio

El atentado se había planificado las últimas semanas, según información recabada por agentes de la Unidad Nacional de Inteligencia de la Policía.

Desde el mes pasado 80 presuntos delincuentes fueron detenidos por su relación con los atentados con explosivos y asesinatos a policías reportados en varias provincias, en noviembre.

Con base en la información de una fuente humana, el miércoles pasado en la madrugada personal preventivo de Distrito Milagro móvil Yaguachi Norte y unidades élite de la sección Anti Explosivos GIR y la Policía Judicial localizaron un vehículo. El carro circulaba a la altura de la T de Milagro, en la vía Tres Postes Babahoyo, sobre la Panamericana de la Troncal de la Costa.

Al ser descubiertos por la Policía, los ocupantes del vehículo empezaron a disparar y fueron repelidos por los agentes. En medio del cruce de fuego, los delincuentes, integrantes de la banda Chone Killers, huyeron internándose por la maleza, a un costado de la vía.

 

En la operación fue capturado un vehículo Spark negro, de placas GRY7921, de propiedad de José Chimbolema, policía en servicio activo. Dentro del auto se encontraron bombas de alto impacto, armas y droga.

Entre las evidencias se hallaron:

• Un artefacto explosivo elaborado manualmente en una caja de cartón con 8 tacos de dinamita, 3 cápsulas eléctricas adheridas al fragmento detonante.
• Un artefacto explosivo de 8 tacos de dinamita, con 3 mechas electricas en una envase de plástico de color blanco.
• Una pistola 9mm marca Petrobereta, sin serie.
• Un arma larga marca Mosberg, calibre 16.
• Una funda de plástico con 80 pastas de cocaína.
• 4 bloques de una envoltura de color negro tipo ladrillo con marihuana.
• Una alimentadora calibre 9mm
• Una caja de municiones de calibre 16 sin percutir.
• Una caja de municiones de calibre 9mm sin percutir.
• 46 cartuchos calibre 12 sin percutir dando un total de 46 cartuchos
• Una granada tipo limón
• Tres credenciales de periodista, a nombre de Enrique C. C.

Tras el operativo personal del Grupo Intervención y Rescate (GIR) desasctivó el aparato explosivo.

El 30 de marzo del 2019 el entonces prefecto reelecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, visitó a Yaku Pérez en Cuenca, para felicitarle por su triunfo electoral, pues acababa de ganar la prefectura de Azuay. En el encuentro Guamán le ofreció un sobre con dinero en efectivo, que Pérez se negó a recibir. Eso fue corroborado por quien era chofer del prefecto Guamán, en su versión en la Fiscalía. Pérez confirmó la veracidad de los hechos.  

 Redacción Código Vidrio

El kushki (dinero) no era un problema. En marzo de 2019, el prefecto Jorge Guamán fue reelecto para dirigir el gobierno provincial de Cotopaxi hasta 2023.

Tras conocer los resultados electorales, a fines de ese mes, Guamán viajó a Cuenca junto con sus hombres de confianza, conocidos como los “Pablos”: Pablo Velázquez, director de Compras Públicas y Pablo Albán, director administrativo de la Prefectura. Se desplazaron en un vehículo Mitsubishi Montero, de placas TCW0450, conducido por un funcionario de la entidad.

El extrabajador dio detalles de ese viaje en la versión que rindió en el juicio por delincuencia organizada que enfrenta Guamán, junto a nueve personas más, incluidos los “Pablos” y sus colaboradores cercanos en el gobierno provincial.

En octubre pasado, el proceso judicial fue suspendido hasta febrero de 2023, por orden de la jueza Rosario Freire, por cuanto Guamán se candidatizó para la alcaldía de Latacunga, por el movimiento Pachakutik. Mientras dure el proceso y hasta la proclamación de resultados, los postulantes no pueden ser procesados ni detenidos, según el Código de la Democracia y la Constitución de Montecristi. Las únicas excepciones son los delitos flagrantes y los de violencia intrafamiliar y sexual.

Guamán era el supuesto cabecilla de una organización criminal que habría operado en ese gobierno provincial para beneficiarse de contratos entregados a empresarios a cambio de coimas, así como de la venta de puestos y el cobro de diezmos a los trabajadores de la entidad, según la Fiscalía.

Precisamente, la versión del conductor, que fue corroborada por este medio con Yaku Pérez, destapa un hecho hasta hoy inédito.

Ocurrió el 30 de marzo del 2019. Tras confirmar su triunfo en las elecciones seccionales, Guamán viajó a Azuay en el automóvil adquirido por Velázquez, en el cual se movilizó durante toda la campaña para la Prefectura.

“Nos trasladamos en compañía del prefecto Jorge Guamán, Pablo Albán, Pablo Velásquez y mi persona a Azuay a una visita al señor Yaku Pérez, con el fin de felicitarle y entregarle un sobre que contenía determinada cantidad de dinero”, relató en la Fiscalía.

El dinero fue entregado por Velásquez a Guamán cuando salieron hacia Cuenca. Yaku también acababa de obtener su triunfo en las urnas para ocupar la Prefectura de Azuay. Para entonces ambos eran parte de Pachakutik.

Velásquez era el hombre de los negocios. Movía la plata de las supuestas coimas y las contrataciones a dedo, acordadas de antemano, con contratistas específicos en la Prefectura, según la investigación de la Fiscalía. Entre sus cuentas y propiedades tiene 539.000 dólares, que no ha podido justificar. Del 2014 al 2020, sus ingresos por sus salarios solo sumaron 161 mil dólares.

Yaku se niega a recibir la plata

Al ser entrevistado por este medio, Pérez confirmó que Guamán le ofreció un sobre con dinero, durante la breve visita que le hizo en Cuenca, para felicitarlo por su victoria en las urnas.

Sin embargo, Pérez asegura que no recibió el sobre con dinero. “Primero por ética. Todo tiene un precio, nada se da a cambio de nada. ¿Para qué tener deudas? Si bien no me estaba prestando esa plata, yo asumí que si aceptaba tendría una deuda ética o un compromiso para con él”.

Yaku explicó cómo ocurrieron los hechos. “Efectivamente a pocos días de haber obtenido el apoyo electoral hacia la Prefectura, me visitó el prefecto de Cotopaxi con dos personas más, no les reconocería ahora. Invité a algunos conocidos para darles un agradecimiento por el apoyo que nos brindaron, a la casa de mi mamá”.

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EN FACEBOOK, GUAMÁN REGISTRÓ LA REUNIÓN QUE TUVO CON YAKU, EL 30 DE MARZO

 

“El prefecto me llamó y le invité, no olvide que éramos del mismo movimiento. Nos reunimos, cuando llegamos a la casa de mi mamá, previo a bajarnos del carro, se quedó y me pidió esperar un ratito, sacó un sobre con dinero y me dijo más o menos en estas palabras: ‘Disculpa no te pude apoyar, estuve en la campaña en mi tierra, no te pude apoyar para la Prefectura. Uno, después de la campaña, queda endeudado’. Me pidió que aceptara ‘estito’: se refería a un sobre”.

“Yo le dije que no me quedé endeudado, que mi campaña fue austera, que no gracias. Me dijo que eso no me comprometía a nada. Le respondí que se quedara tranquilo; me bajé del carro, le invité donde mi mamá, se quedó por poquito tiempo. Y se fue”.

Ante la Fiscalía, el conductor de Guamán concordó con el testimonio. “El sobre no fue aceptado por Yaku Pérez”.

Pérez comentó que luego, cuando corrió para la Presidencia luego de renunciar a la Prefectura, desde 2020, no recibió ofertas de apoyo por parte del prefecto Guamán. “Yo asumí que era porque él estaba con la línea de Iza”.

Desde cuando empezó su gestión al frente de la Prefectura, en 2014, Guamán ha sido un aliado incondicional de Iza, a quien ha apoyado en todas las movilizaciones y paros, con recursos y logística, según documentos y testimonios que constan en el juicio en su contra.

Al retorno de Cuenca -contó el chofer- el Prefecto, Velásquez y Albán conversaban sobre el distributivo de los puestos en la Prefectura, y pasaban revista a los nombres de las personas “a las cuales iban a empezar la persecución por ser contrarios a sus intereses (…)”. Existía un listado de los trabajadores de la  Prefectura, que era manejado por Albán.

Durante varias semanas pedimos una entrevista con Guamán. Su abogado, Carlos Poveda, declinó pronunciarse. El hoy candidato a Alcalde de Latacunga aún no ha respondido el requerimiento periodístico.

Jorge Guamán despegó tras llegar a la Prefectura de Cotopaxi, en 2014. Adquirió dos terrenos, de 5 y 20 hectáreas cada uno, y una casa de 1.989 m2, por los cuales pagó 236.000 dólares, hasta el 2020. En ese lapso también despuntó su empresa Ambasodas. Los colaboradores de Guamán suman ingresos por USD 1,2 millones en sus cuentas y propiedades, que no han justificado. A esto se suman los 8,9 millones que ingresaron a las cuentas del contratista Santiago Sinchiguano, que no declaró al SRI. Todos están enjuiciados por presunta delincuencia organizada, pero el proceso se suspendió hasta febrero porque Guamán es candidato a alcalde de Latacunga.           

Redacción Código Vidrio

“Saludos director. Un favor, ¿Tienes el saldo de los caramelos verdad? Puedes transferirlos a esta cuenta”.

El mensaje fue recibido la mañana del 8 de febrero de 2022, por WhatsApp, en el celular de Pablo Velásquez. Por esos días, Velásquez era director de Compras Públicas de la Prefectura de Cotopaxi. Junto con el pedido, su teléfono recibió el dato de una inversión, cuyo titular era el entonces prefecto Jorge Guamán Coronel.

El director conocía los negociados y los pagos a la perfección. En su celular constan capturas de hojas en excell, proyectos, adquisiciones y saldos. Era el brazo derecho del prefecto Guamán, su hombre orquesta.

Velásquez es uno de los diez procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, que la Fiscalía investiga en ese gobierno provincial.

Sin embargo, desde el 11 de octubre la acción penal quedó en suspenso  temporalmente y la prisión preventiva que los implicados cumplían quedó sin efecto.

¿La razón? El 27 de septiembre, el pleno del Tribunal Electoral de Cotopaxi calificó la candidatura de Guamán para la Alcaldía de Latacunga, en los comicios seccionales, que se realizarán en febrero de 2023.

El artículo 108 del Código de la Democracia contempla que desde la inscripción de la candidatura hasta la proclamación de los resultados electorales, un postulante a un cargo de elección popular no puede ser encausado, salvo en casos excepcionales como delitos flagrantes o violencia intrafamiliar. Eso explica la suspensión temporal del proceso para Guamán. La decisión judicial extendió el beneficio de la suspensión temporal a los otros nueve encausados. Así, hasta febrero de 2023, el proceso queda en pausa, a pesar de los hallazgos de los investigadores, que aquí revelamos y destapa la presunta operación de una red criminal que durante varios años operó libremente en la Prefectura.

Ambasodas, la empresa de Guamán y su hija

La compañía de bebidas Ambasodas es una pieza crucial en la investigación. En enero de 2020, el prefecto Guamán aceptó el cargo de presidente de esta entidad privada, según documentos de la Superintendencia de Compañías recabados para esta investigación. Guamán venía ejerciendo la función de Prefecto desde 2014 y fue reelecto en 2019.

Una de las accionistas de la empresa es Sisa Guamán Toaquiza, hija del prefecto. El 2021 la compañía reportó un movimiento económico de 500 mil dólares.

En 2018, Guamán le propuso a un coideario de Pachakutik, con trayectoria de comerciante, docente y político, que administrara la planta y que le apoyara en la compra de un lote en el parque industrial de Ambato para trasladar la fábrica a ese lugar. De la propuesta tuvieron conocimiento tanto Sisa Guamán como la entonces gerente de Ambasodas, quien tres años antes trabajó en el área de Talento Humano de la Prefectura de Cotopaxi.

Ambasodas fue constituida en 2013, con un capital de dos mil dólares. Para 2016, el resultado económico de la empresa fue una pérdida de 9.000 dólares, por lo que entró en disolución. Sin embargo, un año después fue reactivada, cambió su domicilio a Salcedo (Cotopaxi). En 2018, por decisión de sus directivos se amplió el objeto social de la firma para permitir contratos de asociación, de franquicias o representaciones comerciales de personas naturales o extranjeras.

La asociación con el coideario político del Prefecto se disolvió en 2019. No obstante, a su cuenta bancaria llegaron varias transferencias económicas sin su consentimiento, lo cual consta en reportes del sistema financiero. Y desde la cuenta de un hermano suyo se transfirieron 7.500 dólares. Sobre los pagos tenía conocimiento Pablo Velásquez, director de Compras, según documentos recabados para este reportaje.

La feria de cargos y el apoyo al paro

Sisa Marisol Guamán Toaquiza aparece como la mayor accionista de Ambasodas, con un capital de USD 1.500. Mientras su padre (USD 500 de capital) era prefecto, en su último período, fue presidenta del Patronato, que impulsa obras sociales, para mostrar la cara más amable y solidaria del GAD provincial. Hace seis años ella salió del país para estudiar Economía, cuando aún vestía su atuendo indígena. Al regresar, en 2020 estuvo más cerca de su progenitor en el Patronato y también en la Prefectura. Ahí tenía injerencia en nombramientos y otras actividades, según testimonios y otros indicios recabados en el proceso por delincuencia organizada.

En octubre del 2021 Sisa conversó desde su celular con una dirigente del Movimiento Idígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Ella le contó que en una reunión -siempre a favor del Prefecto- acordaron pedirle que desde la Prefectura apoyaran al paro que planificaban, con un médico y una ambulancia del Patronato, a lo cual accedió parcialmente ofreciendo un médico. Eso consta dentro del juicio en los progresivos de las escuchas e intercepciones de mensajes realizados durante la investigación.

Otra evidencia del apoyo a la paralización indígena desde la Prefectura aparece en una comunicación que Pablo Velásquez, director de Compras, tuvo con Maritza Salazar, asesora de Guamán. Ella le comentó que les habían pedido que cooperen con refrigerios para la movilización, pero como la participación era delicada habrían quedado en poner a USD 20 por persona. Así, querían levantar un fondo para entregárselo a una intermediaria y “conforme se vayan desarrollando las cosas el prefecto Guamán puede tomar otra decisión”.

Por esos días, Sisa también se contactó por celular con Velásquez, quien le alertó que tenían un problema que debían afrontar por una investigación que relizaba la Fiscalía, completamente reservada, por la compra-venta de cuatro propiedades oficializadas en la notaría de José León. Esos negocios estaban relacionados con el empresario Santiago Sinchiguano, contratista de la Prefectura, enjuiciado por recibir contrataciones a dedo.

En otro diálogo, Sisa le pidió a Pablo Albán, director de Obras, que diera paso a la contratación de Patricio Jácome. Ella tenía contactos permanentes con funcionarios del círculo cercano del Prefecto. En otra comunicación, que es parte del proceso judicial,  Velásquez se comunicó con Juan José T., quien le comentó que ya había intervenido para que Sisa trabajara en la Universidad de Cotopaxi, que se lo contara al Prefecto, pues el nuevo ciclo empezaría en abril.

En enero del 2022, Sisa también le pidió a Albán que le ayudara ubicando a un amigo como chofer, ya que en el Patronato que presidía solamente necesitaban médicos y enfermeros. Albán accedió y le pidió que le entregara la carpeta con los datos del postulante.

1,2 millones de dólares a cuentas de funcionarios

Los principales colaboradores de Guamán suman ingresos por 1,2 millones de dólares en sus cuentas y propiedades, que no han podido justificar. A esto se suman los 8,9 millones que ingresaron a las cuentas del empresario Santiago Sinchiguano, uno de los mayores beneficiarios de contratos direccionados en la prefectura, que no declaró al Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre 2018 y 2022 el constructor tuvo ingresos por 12,3 millones, según informes del sistema financiero y el SRI adjuntados al proceso.

Precisamente en el manejo económico se evidenciaría el rol de Velázquez, como alfil de Guamán. Según la investigación fiscal, movía la plata de las coimas y las contrataciones en la Prefectura.

Entre sus cuentas y propiedades tiene 539.000 dólares, que no ha podido justificar. Su papel fue clave: gestionaba la adjudicación previamente pactada con el supuesto pago de coimas a contratistas específicos, desde 2017. También se encargaba del manejo de dinero proveniente de sobornos de una empresa privada que es investigada por la Fiscalía. 

En 2020 compró cuatro propiedades, incluidos dos departamentos en lujosos edificios en Quito y Guayaquil, que suman 400.000 dólares. Entre 2014 y 2020, tuvo ingresos por sus salarios en la Universidad de Cotopaxi y en la Prefectura por 161 mil dólares. Las cuentas no cuadran.

Otros funcionarios que jugaron roles importantes en la red fueron Pablo Albán, director administrativo, apodado el “Gordo”. De sus ingresos, la Fiscalía detectó USD 110.000 que no ha podido justificar, ni guardan relación con sus ingresos. Un papel similar, aunque menos importante, tuvo Bertha Toaquiza, quien entre 2014 y 2018 fue tesorera de la Prefectura; estuvo a cargo del cobro de diezmos del 10% de los salarios a los empleados, para realizar aportes al Movimiento Indígena de Cotopaxi, MICC y la CONAIE. Ella no pudo justificar cerca de 22 mil dólares en sus cuentas y la compra en octubre del 2019 de un terreno de 24 hectáreas y otra propiedad que puso a nombre de sus padres. Por ambos bienes pagó 43 mil dólares. Otro de los colaboradores de confianza del exprefecto fue Carlos Villacís. Los últimos años tuvo ingresos injustificados por USD 494.000 en sus cuentas, así como César Coronel, que registró USD 160.000 en sus cuentas que no corresponden a sus ingresos salariales.

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Treinta propiedades fueron allanadas durante los
operativos en varias ciudades

El acomodo y los diezmos

En 2017 en la Prefectura de Cotopaxi se elaboró Manual de Funciones, aprobado por su titular. Pero, fue el mismo Guamán quien solicitaba que se pasara por alto ese instructivo, y pedía a sus subalternos que hicieran contrataciones de sus recomendados. Inclusive cambiando los perfiles del Manual, ya que debía cumplir compromisos políticos.

En 2018, por ejemplo, ingresó a la Prefectura Pablo Albán, quien no tenía el perfil para ningún puesto, según del Manual de funciones. Pero el entonces Prefecto dispuso que se acomodara a su medida el perfil de Gestor Social de Obras Públicas. Una vez contratado, Albán empezó a realizar cambios del personal operativo. A inicios del 2019, él se mostraba molesto con la entonces responsable de Talento Humano, E.N., quien no accedía a sus pedidos de cambios de personal sin seguir el manual de Funciones.

“Cuando ingresé a la Prefectura, a partir del 2017, me empezaron a descontar el 5 % de mis remuneraciones por concepto de aportes al movimiento político del Prefecto, que constaba en mi rol de pagos. En 2018, Bertha T., tesorera de la Prefectura, nos hizo firmar una autorización de un descuento del 5 % de nuestra remuneración, entre 2018 y 2019, en el rol de pagos para un aporte un club que nunca se creó”, reveló ella en su versión.

En 2019, constató que la Tesorera tenía grandes cantidades de dinero en efectivo en un armario de su oficina, en la Dirección Administrativa de la Prefectura. “Me llamó a su oficina donde tenía el dinero, y me dijo: Necesito que me dé haciendo un depósito en Ban Ecuador”.

Para no perder su trabajo, pues solo tenía un contrato ocasional, la exfuncionaria admitió que accedió a hacer el depósito de 19.500 dólares, en la cuenta de Lautaro B. Luego, el 31 de octubre, Berta T. le llamó nuevamente a su oficina y le dispuso que realizara otro deposito a la cuenta bancaria de Lautaro B., en BanEcuador, de USD 10.000.

A fines de 2019, ella fue designada administradora del contrato de servicios profesionales de Segundo Llamuca, quien elaboró los términos de referencia para la contratación del cerramiento del predio ubicado en el cantón La Maná de la Prefectura. Vázquez, director de Compras, le pidió que al contratar la obra debía requerir el 10% del monto total del contrato, como comisión.  “Le manifesté que vea otro administrador del contrato, ya que yo me iría de vacaciones, a lo cual Velázquez me respondió de manera amenazante: Sí, te vas de vacaciones, pero de vacaciones indefinidas”.

El 31 de diciembre le notificaron la terminación de su contrato ocasional.

Además del pago de diezmos, los empleados de la Prefectura también habrían sido sobornados para permanecer en sus cargos. Una de las primeras denuncias que evidenció esa práctica se conoció en enero del 2021.

El hecho fue denunciado a la prensa por José Francisco Pilaguano, quien aseguró que por decisión de Guamán fueron notificados con la terminación de sus contratos 19 trabajadores, operadores de maquinaria pesada, bajo el argumento de que no trabajaban y tenían malas relaciones laborales con sus compañeros.

Para que los ayudantes de maquinaria conservaran sus puestos, el Prefecto pedía USD 3.000 dólares y para operadores 5.000. “Trabajé dos años como ayudante de maquinaria. El Prefecto primero nos pidió 3.000 dolares, que saqué del banco de Sigchos, pero no alcancé a entregarle porque llegó la pandemia. Después pidió 5.000 dólares al todo o nada, a través del funcionario Iván Través, que me llamó”, dijo Pilaguano.

Quienes accedieron a pagar las coimas pudieron volver a trabajar. “Si me dejan en mi puesto, no haré nada, caso contrario iniciaremos procesos legales”, advirtió Pilaguano, quien quedó en el desempleo.

Guamán entonces dijo que esas denuncias eran “una tremenda irresponsabilidad; vamos a defender el honor mío y de mi familia, esto no se puede quedar así”, expresó.

Pedimos una entrevista con Guamán, a través de sus asesoras de despacho y comunicación, pero no respondió a nuestras solicitudes, las últimas dos semanas.

El blindaje y los hilos del poder

Guamán, de Pachakutik, ya no puede optar por otra reelección. Por eso busca una dignidad distinta: la alcaldía de la capital provincial de Cotopaxi, que también es un blindaje político para capear los siguientes dos meses la tormenta jurídica que enfrenta.

El 30 de septiembre pasado debía presentarse ante la autoridad competente, como parte de las medidas sustitutivas dispuestas en su contra, pero no compareció. Por eso, la Fiscalía pidió revisar las medidas, argumentando incumplimiento y que se ordene su prisión.

Días más tarde, el exprefecto sacó su as bajo la manga. Hizo público que había obtenido el blindaje temporal por su condición de candidato.

Según consta en el proceso revisado para este reportaje, la defensa de Guamán no supo explicar porqué no comunicó a la autoridad judicial oportunamente sobre la candidatura, lo que puso en duda la buena fe de su actuación y su lealtad procesal.

En realidad, Guamán no es el primero que se beneficia del artículo 108 del Código de la Democracia. El entonces candidato a alcalde de Salcedo, Mario Mata, se acogió a la suspensión de la causa por peculado cuando se tramitaban los alegatos finales en la audiencia de juicio. Y el entonces candidato al Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, obtuvo la suspensión de la causa en su contra, que estaba en etapa preparatoria de juicio, en diciembre de 2018.

El proceso se seguía por el presunto delito de desacato. Rosero es miembro del Consejo de Participación Ciudadana desde 2019 y llegó a esa dignidad en las urnas, con la promesa de luchar contra la corrupción. Este escudo para los candidatos se fundió en el fuego garantista de la Constitución de Montecristi, con la impronta del correísmo.

Con el mismo argumento que se usó para beneficiar a otros dos encausados en el proceso contra Rosero, la presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi, Rosario Freire, dispuso que la suspensión temporal también se aplicara a los demás implicados en el caso de delincuencia organizada. De este modo se suspendió la orden de prisión preventiva en contra de todos.

Consultamos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, sobre la aplicación del artículo 108 del Código de la Democracia. Explicó que la Corte se pronunció sobre una consulta en general, y no sobre un caso en específico. Desmintió de plano que él se hubiera pronunciado respecto a esta causa. Una imagen en redes sociales lo muestra recibiendo un agasajo por parte del alcalde actual de Latacunga, Byron Cárdenas. Si bien no está entre los procesados, el nombre de Cárdenas aparece en varias partes de la investigación fiscal. Según Saquicela, él no conocerá este proceso y, por tanto, no hay un conflicto de interés al recibir la distinción de esa autoridad local.

“La justicia de Cotopaxi está podrida”

Todo indica que el secretario de la prefectura, Raúl Ilaquiche, esposo de la exasambleísta Lourdes Tibán, cercana a Iza y Guamán, no solo estaba al tanto del desarrollo de los procesos judiciales. También mantenía línea directa con el entonces presidente de la Corte de esa provincia, Diego Mogro.

El 22 de septiembre de 2021, Ilaquiche le pidió al prefecto Guamán reunirse con el presidente Mogro. A inicios de octubre, le insistió en que la reunión se realizara en horas de la noche en un mensaje por celular. Hay varias comunicaciones entre ambos.

Al ser consultado para este reportaje, Ilaquiche dijo que no haría ningún comentario ni referencia sobre su participación en este caso, debido a que el juicio estaba suspendido, hasta la proclamación de resultados.

En un mensaje de texto, a manera de advertencia, respondió: “Eso significa que ningún juez, ningún fiscal pueden aperturar las pericias o hacer hacer algo.. ni mover un solo papel, mucho menos comentar, difundir y peor armar juicios paralelos con los medios de comunicación con fines políticos, estigmatizar a las personas ante la sociedad y hasta dictar resoluciones anticipadas violentando todo los derechos constitucionales, cualquier análisis, debate y defensa de derechos, en estricta legalidad, cuando se aperture el proceso”.

También pedimos un pronunciamiento del juez Mogro sobre las denuncias en su contra. Dijo que por el momento no dará entrevistas, pues son hechos que deben ser discutidos y probados en el orden jurisdiccional.

El asambleísta de la Izquierda Democrática, Daltón Bacigalupo, quien ha denunciado por varios años la corrupción del exprefecto Guamán, así como sus nexos y negociados con la alcaldía de Latacunga, asegura que el principal problema de la provincia es que “la función judicial está podrida, al igual que fiscales, auditores de la Contraloría, concejales…”.

Es una argolla sellada por la impunidad -dice- que “ampara la corrupción de Guamán y sus operadores, incluidos el juez Mogro e Ilaquiche. Todo eso está en el proceso, hay muchas evidencias, audios, mensajes hallados en los celulares de los enjuiciados”.

Al ser consultado sobre las denuncias contra el juez Mogro, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela dijo: “De documentarse irregularidades, de mi puño y letra yo mismo presentaré las denuncias correspondientes”, por lo que pidió que, si las hubiere, se le presenten fundamentadamente las evidencias.

Alzó el vuelo con Pachakutik

Guamán despuntó en la política apadrinado por Pachakutik, tras su llegada a la Prefectura de Cotopaxi, en 2014. Con los años estrechó su relación con el dirigente la Conaie, Leonidas Iza, y con su coidearia Lourdes Tibán. Mientras estuvo al frente de la Prefectura fue soporte financiero para los paros indígenas del 2019 y el 2022, según un documento recabado en su domicilio. De hecho, Cotopaxi fue el bastión y epicentro de las violentas protestas, que paralizaron el país durante varias semanas.

Iza y Guamán tienen varias cosas en común. No solo son cabezas del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). También son defendidos por el mismo abogado. Se trata de Carlos Poveda, oriundo de Latacunga, quien a su vez ha patrocinado a Julian Assange en Ecuador, como parte del equipo legal dirigido por el español Baltazar Garzón.

Garzón estuvo hace pocas semanas en Ecuador, en un evento para cuestionar la legalidad del caso Sobornos, en el que el expresidente Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión. El encuentro fue difundido por el correísmo. Garzón fue el coordinador de la veeduría internacional, integrada por el gobierno de Correa, que en 2012 destacó la independencia de la reorganización del sistema judicial. Uno de los asesores del español fue Poveda. “Agradezco su preocupación pero no deseo dar entrevistas a su medio”, contestó Poveda ante nuestro requerimiento periodístico.

Exitoso emprendedor y político

El ascenso vertiginoso de Guamán en la política también se reflejó en su despegue económico, aunque una parte importante de los recursos, que habría obtenido por el cobro de coimas, diezmos y otros negociados desde la Prefectura, habría ido a manos de prestanombres, según elementos acopiados durante la investigación fiscal.

A su nombre tiene los siguientes bienes:

• Un lote de terreno, en Cotopaxi, cantón la Maná, en la parroquia Guasaganda, con una extensión de 5 hectáreas, que adquirió en 2015 y estaba a nombre de Olga Riera Cuzco, por 20.000 dólares.
• Una casa donde vivía en Latacunga, de 1.989 m2, avaluada en 222.000 dólares, adquirida el 24 de diciembre del 2020. Para comprarla hizo seis pagos de 20.000 dólares, que suman 120.000; y una transferencia desde la Cooperativa “Kulkihuasi”, por 75.000, al Banco del Pichincha. Guamán adquirió la propiedad a Eduardo Troya y Sonia Ramírez.
• Un terreno de 20 hectáreas, en Tungurahua, adquirido en diciembre del 2020, en 96.000 dólares. El pago en efectivo lo hizo su subalterno en la Prefectura Pablo Velázquez, con una deuda pendiente de 9 mil dólares.
• Es presidente de la empresa AMBASODAS CIA. LTDA, ubicada en Salcedo, Cotopaxi. La firma cuenta con una planta industrial para la producción y envasamiento de bebidas gaseosas. La empresa fue fundada en 2013, meses antes de que Guamán llegara a la Prefectura. Su hija, Sisa, es accionista. Tiene activos por 412 mil dólares y pasivos y patrimonio por la misma suma. Mantiene un flujo de efectivo de 518 mil dólares.
• Posee un vehículo Mitsubishi Montero, full equipo, tipo jeep, modelo 2002.

Entre los miles de candidatos inscritos para correr en las elecciones seccionales de 2023 hay casos de postulantes procesados penalmente por supuesta corrupción, sentenciados por narcotráfico y asesinato, glosados, deudores… La participación de políticos con todo tipo de antecedentes al margen de la ley está amparada por la Constitución y por el Código de la Democracia, desde 2009, que limita la postulación en diez tipos de delitos siempre y cuando exista una sentencia ejecutoriada, de última instancia. Ésta es la primera de varias entregas.        

Alianza Código Vidrio-Vistazo

Desde 2008, las puertas a la participación de candidatos a cargos de elección popular se abrieron de par en par. Esta apertura fue cobijada por la ola garantista de la constitución de Montecristi, emblema de la “revolución ciudadana”.

La llave fue el artículo 114 del Código de la Democracia (CD), que cambió radicalmente las reglas del juego electoral.

Esa norma inclinó “groseramente” la cancha, a favor de los intereses de movimientos y partidos políticos y sus caciques, en perjuicio de las garantías para los electores a votar por candidatos libres de investigaciones judiciales, sospechas ni dudas sobre su idoneidad, probidad y ética, según el jurista Carlos Aguinaga, experto en temas electorales.

Ese artículo establece que no podrán ser candidatos: “Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada, relacionados con actos de corrupción”.

Entre los miles de candidatos inscritos para correr en las elecciones seccionales de 2023 esta alianza periodística identificó casos de postulantes procesados penalmente por supuesta corrupción, sentenciados por narcotráfico y asesinato, glosados… Destaca, por ejemplo, la candidatura de Froilán Aldaz a concejal de Las Naves, en la provincia de Bolívar. En 2015, él fue sentenciado por narcotráfico a 12 años de prisión. Sin embargo, cuatro años después fue exculpado en un polémico fallo de la Corte Nacional de Justicia. Además sobresale la postulación de Paúl Vélez a la alcaldía de Muisne. Él fue procesado y detenido por posible autoría intelectual en el sicariato del alcalde electo, Walker Vera. Vera fue asesinado días antes de su posesión, en mayo de 2014.

¿La probidad al tacho de basura?

Antes de 2008, los límites eran rígidos y cubrían un espectro más amplio. No podían candidatizarse quienes tenían un auto de llamamiento a juicio plenario, es decir una etapa antes de que se dictara la sentencia.

“En toda sociedad existen parámetros en lo público y en lo privado, uno fundamental es la idoneidad de los candidatos, que no tengan problemas legales que luego puedan influir en el desempeño de sus cargos”, observa Medardo Oleas, abogado especializado en legislación y procesos electorales. Él estima que la condición de la sentencia ejecutoriada hirió de muerte al sistema de calificación de las candidaturas.

Los promotores del CD argumentaron que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia sobre todas las personas. En esa línea, solo una sentencia en firme y ejecutoriada rompe la presunción de inocencia. Al plantear el CD en esos términos, se buscaba evitar que detractores políticos pudieran instaurar procesos judiciales contra determinados candidatos, para boicotear sus aspiraciones electorales.

 

No obstante, “El CD -apunta Oleas- ampara la participación de muchos sujetos descalificados, sobre quienes ya hay evidencias de su involucramiento en delitos, con una acusación de la Fiscalía o cualquier organismo de control de por medio”.

Así, cualquier candidato enjuiciado y sentenciado en primera y segunda instancia puede entrar en la campaña, con otro agravante. Los juicios tardan en resolverse y en llegar a una condena ejecutoriada, al menos cuatro años; es decir el tiempo que un candidato puede permanecer en un cargo, si gana la elección.

Por otro lado, ¿qué ocurre si el candidato es elegido autoridad?, pregunta la consejera electoral Elena Nájera Moreira. Y la respuesta es obvia: esa condición de autoridad puede intimidar a quien lo juzga.

La otra arista polémica de la norma es su alcance, pues también da luz verde a la participación de quienes cometen delitos graves como abuso sexual, femicidio, asesinato, violencia intrafamiliar y rebelión. Además pueden ser candidatos quienes han sido glosados por la Contraloría, los interdictos, declarados insolventes, por no administrar adecuadamente sus bienes o los de una empresa, los recursos del Estado. La ley no dice nada sobre la prohibición a quienes adeudan impuestos al fisco por varios años.

“Cómo es posible que sea candidato alguien que ni siquiera ha podido administrar bien, con eficiencia y honestidad, los recursos públicos. Lo más probable es que volverá a repetir esas prácticas lesivas”, señala Aguinaga, al destacar que antes de la actual legislación los postulantes glosados podían ser impugnados y descalificados por el Consejo Electoral.

Doble blindaje

 En lugar de garantizar un juego limpio electoral, la ley incentiva la impunidad, recalca Carlos Aguinaga. Menciona como ejemplo los casos del exalcalde Jorge Yunda y del exprefecto Jorge Guamán, ambos procesados por presuntos delitos de corrupción mientras ejercían sus cargos.

Sin embargo, ambos hoy tercian nuevamente en las elecciones blandiendo el paraguas del Código de la Democracia.

La cereza en el pastel es el artículo 108 del CD.  Establece que los candidatos no podrán ser privados de libertad ni procesados penalmente, desde el momento de su calificación hasta la proclamación de resultados, salvo delitos flagrantes, sexuales y delitos de género.

El caso de Guamán encendió las alertas en octubre pasado. Apelando al 108, con base en un pronunciamiento del pleno de la Corte Nacional, la jueza Rosario Freire ordenó que el juicio contra Guamán y nueve implicados más, por delincuencia organizada, quedara en suspenso y se reiniciara luego de las elecciones seccionales de febrero del 2023.

También pueden candidatizarse quienes hayan sido declarados culpables por infracciones electorales. El exalcalde Yunda corre nuevamente para dirigir el Municipio de Quito, aunque el Tribunal Contencioso suspendió sus derechos de participación por dos años. No obstante, la sentencia no se ejecuta por un recurso de ampliación y aclaración que interpuso y no se resuelve desde hace un año.

Este caso es muy grave -apunta Medardo Oleas- “pues si Yunda llegara a ganar y se aplica la sentencia deberá ser separado inmediatamente del cargo, con el consecuente trauma para el municipio, en perjuicio de la ciudad”.

Una reforma al CD planteada por el despacho del entonces consejero electoral Luis Verdesoto planteaba que no se admitieran candidaturas de personas procesadas penalmente. La propuesta no tuvo eco en el Legislativo, reveló un exfuncionario de ese despacho.

Un mapeo preliminar de las candidaturas a los comicios de 2023 arroja datos preocupantes, si bien no son definitivos. Según el calendario electoral vigente, recién el 18 de diciembre se conocerán todas las candidaturas en firme, una vez que el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral resuelvan recursos pendientes.

Hay un agravante, la narcopolítica busca penetrar la institucionalidad pública, a través de ciertas candidaturas. “Especialmente en las provincias de la frontera y de la Costa -por donde sale la cocaína- los narcos quieren tomarse el poder para tener el control de todos esos territorios, sin que las autoridades les molesten”, observa Oleas.

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Las organizaciones políticas responden
por los candidatos que proponen: Nájera

 

Es consejera electoral desde abril de 2021, tras la renuncia de Luis Verdesoto. Elena Nájera Moreira (Los Ríos, 1964) es una voz crítica al interior de ese cuerpo colegiado

Llegó a Quito, antes de los 18 años, para estudiar Derecho; su trayectoria incluye el servicio público desde hace más de 26 años. Desde la óptica jurídica, analiza los artículos del Código de la Democracia que crean tensión entre el derecho del candidato a la presunción de inocencia y el derecho del elector a escoger autoridades sin un pasado judicial a cuestas.

¿El Código de la Democracia abrió las puertas para que el CNE inscriba candidatos con historial delictivo?

Hay un punto de partida, que tiene un fundamento y una base en los principios del derecho internacional. Una persona tiene derecho a la presunción de su inocencia hasta que una sentencia en firme y ejecutoriada demuestre lo contrario. Ahora bien, causa estupor y alarma social que personas tengan un proceso penal, sin sentencia ejecutoriada en firme, busquen inscribir sus candidaturas, pero entendemos que el no calificar vulneraría el derecho a la participación política, que es un derecho humano. Por tanto, sí hay que llamar la atención de las organizaciones políticas que conociendo estas situaciones candidatizan a ciertas personas.

En otros países, la organización política avala que candidatiza a personas probas, y si ocurre lo contrario es la organización la que sufre las consecuencias. ¿Podemos aplicar esto aquí?

Ecuador vive una democracia incipiente, con ciertas actuaciones la vamos disminuyendo. Miremos esta dispersión de organizaciones, cada quien se ve con derecho de tener una organización política local, se siente como el dueño. Con organizaciones que no son fuertes tenemos democracias débiles. Y desafortunamente tenemos una ciudadanía que no está preparada, es la que elige estos candidatos, no tiene la comprensión de lo que implica que con el voto le da poder a un ciudadano.

El artículo 108 del Código de la Democracia garantiza inmunidad desde la inscripción de un candidato hasta la proclamación de resultados. El círculo vicioso es éste: hoy la autoridad delinque, mañana se candidatiza a reelección y luego goza de inmunidad. ¿Cómo romperlo?

Las organizaciones políticas no pueden ser relevadas de su responsabilidad, usaron esta herramienta para candidatizar a ciertas personas, incluso frente al dolor de familias de víctimas, aún frente a indicios de delitos de peculado, de concusión. Promocionamos la participación de los jóvenes y qué mensaje les estamos dando, los partidos no pueden ser simples empresas electorales. Vayamos más allá, si eligen a una de estas personas como autoridad, qué juez se va a meter con esta autoridad. Hay una línea muy fina entre lo ético y jurídico, la manera de romper el círculo es invertir en educación para evitar tener un pueblo engañado. Así nos evitaremos casos como tener funcionarios públicos en el mismo seno del electoral, personas con juicios con sentencias ejecutoriadas, cuando hablamos de calidad moral, debemos empezar por casa.

La jueza Ana Lucía Guerrón llamo a juicio a nueve integrantes de la organización Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL), por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflicto armado. Nota actualizada este 14 de noviembre con rectificación por una foto difundida por error.

Redacción Código Vidrio

El fallo se expidió ayer 10 de noviembre, luego de cuatro días de audiencia que empezó el lunes en el juzgado penal de Quito, donde el fiscal Wilson Toainga expuso decenas de pruebas testimoniales, documentos, fotografías, información de mensajería de celulares, seguimientos e informes de cooperación de autoridades colombianas, para sustentar su acusación.

La defensa de los imputados también presentó pruebas de descargo y denunció supuestas nulidades por falta de notificación, debido a la reserva de la investigación, lo cual no fue admitido por la jueza. También alegaron que no se les han garantizado aspectos de interculturalidad, individualización de la participación en las presuntas actividades delictivas, además de la notificación sobre las actuaciones fiscales. Los familiares de los procesados denuncian que se trata de una supuesta persecución política y de una criminalización de la protesta social.

Acogiendo la acusación fiscal, fueron llamados a juicio, que es la etapa previa a la emisión de la sentencia o absolución de los implicados, Ernesto F., Omar C., Gabriela G., Alexis M., Nelly Y., Juan Carlos B., Carlos C. y Silverio C y Cristian C.

Ernesto, Gabriela y Alexis tienen medidas alternativas a la prisión preventiva como presentación periódica y arresto domiciliario. En tanto que Omar, Juan Carlos, Carlos y Silverio están presos en la cárcel de El Inca, mientras Nelly está detenida en el centro de Cotopaxi.

Durante estos días, en las afueras del Complejo Judicial del norte amigos, familiares y afines del MGTL realizaron una concentración para exigir la “libertad de los presos políticos guevaristas”.

Los ocho miembros de la supuesta organización subversiva fueron detenidos en mayo pasado, tras varios meses de investigación de la Fiscalía y unidades especiales de la Policía, en Ecuador, Colombia y Venezuela.

A partir de septiembre del 2020 este grupo, liderado por Ernesto F.,  empezó supuestamente el reclutamiento de jóvenes oriundos de Cotopaxi, Chimborazo, Los Ríos, Manabí y El Oro. Para este fin habrían utilizado la fachada de capacitaciones de “FÉ Y POLITICA”.

Realizaron sus primeras acciones durante las protestas de octubre 2019. Se caracterizaron por sus supuestas acciones violentas de guerrilla urbana en las calles, para derrocar al gobierno de turno, según versiones y seguimientos de los investigadores.

Capacitación en Colombia

Según evidencias presentadas durante la instrucción fiscal, en julio del 2021 Édison C. y Janeth Y., líderes del MGTL, viajaron por pasos irregulares a la frontera colombo-venezolana, al departamento de Arauca. Se reunieron con líderes del grupo irregular colombiano Segunda Marquetalia. Uno de ellos fue Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, quien fue abatido el 5 de diciembre del 2021. Meses antes, ambos se comprometieron a que 50 integrantes guevaristas sean capacitados por el grupo armado Comandos Defensores Frontera, para la lucha guerrillera en Ecuador. Además, el MGTL se comprometió a trasladar a 20 ecuatorianos a Venezuela para ser entrenados por la Segunda Marquetalia. También propusieron hacer tres secuestros de empresarios para financiar al MGTL.
Tanto el MGTL como la Segunda Marquetalia, que opera con carteles del narcotráfico en Colombia y Venezuela, han concretado y avanzado en los acuerdos desde 2021, según informes recabados durante la investigación.

Reclutamiento y adoctrinamiento  

Adicionalmente desde septiembre de 2020, el MGTL realizó capacitaciones, en encuentros denominados “Escuela de Fe y Política”, en Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Manabí, Los Ríos, el Oro, Carchi e Imbabura. Los instructores daban guías de lucha callejera, introducción a la guerrilla urbana, ideología leninista, marxista, guevarista, defensa personal y disciplina paramilitar.

En estos encuentros, el MGTL  también ofrecía supuestas becas de estudio en una universidad de Argentina a jóvenes de comunidades indígenas, con todos los gastos pagados. Tras aceptar las becas, los jóvenes viajaban al sur de  Quito. Ahí está ubicada la “Casa Rebelde”, lugar de acogida, para luego ser transportados al aeropuerto Mariscal Sucre. En ese lugar les entregaban los pasajes aéreos con la ruta Quito-Medellín-Bogotá. En la capital colombiana un integrante del MGTL les guiaba hasta llegar a la frontera colombo-venezolana. Eran recibidos por integrantes de la Segunda Marquetalia, para luego trasladarlos, de forma clandestina, al campamento de El Paisa.
Otros ecuatorianos que viajaron voluntariamente no soportaron el entrenamiento con la guerrilla colombiana, debido a las situaciones climáticas extremas. Ellos -según los informes de seguimiento- tomaron la ruta Quito-Tulcán-Ipiales-Bogotá-Arauca hasta llegar a la frontera de Venezuela con Brasil, al campamento de Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia. Luego fueron  llevados al campamento del Paisa, en el estado de Apure-Venezuela. La Policía con apoyo de su par colombiana logró constatar el traslado de 18 ecuatorianos para entrenamiento paramilitar en las filas de la Segunda Marquetalia. Catorce de ellos han regresado al país y 3 aún están  desaparecidos en Colombia.

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RECTIFICACIÓN: Por un error involuntario en el proceso de verificación, este medio publicó equivocadamente una fotografía que no corresponde a integrantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, sino a miembros del Grupo Chileno Mapuche. Esa fotografía originalmente fue publicada en la página de Facebook del Movimiento Guevarista, en apoyo a las acciones de la organización chilena (que adjuntamos). Hemos retirado la fotografía en mención, con el el texto incorrecto, de esta nota publicada el 10 de noviembre pasado. Lamentamos la equivocación y pedimos disculpas por la misma, a quienes pudieran sentirse afectados.

 

 

La Corte Constitucional inició formalmente el trámite de la acción extraordinaria de protección solicitada por los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado y la abogada María Eugenia Muñoz, quienes fueron sentenciados por reincidir en mala práctica médica profesional, que provocó la muerte de Michelle Cobo. Los galenos están prófugos.   

Redacción Código Vidrio

El expediente está en el despacho de la vicepresidenta de la Corte, Daniela Salazar, quien integra el tribunal desde 2019. El 22 de septiembre pasado, ella notificó a las partes procesales que receptara la documentación pertinente para elaborar su proyecto de resolución. Esta semana la secretaría de la Corte, Aída García, informó que recibió el proceso para el conocimiento y resolución del Pleno del organismo.

La legislación nacional atribuye a la Corte Constitucional la última decisión en los procesos penales, si hubiera una vulneración de derechos o vulneraciones al debido proceso de uno o varios sentenciados, en la expedición de las sentencias. El proceso penal por la muerte de Michelle Cobo lleva seis años dirimiéndose en los tribunales.

En la Corte Constitucional los plazos han transcurrido según el cronograma establecido por los jueces. Daniela Salazar recibió el proceso en febrero de 2021, luego de que los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado y la abogada María Eugenia Muñoz, presentarán un recurso extraordinario de protección para que se revisaran las sentencias en su contra.

Salazar fue parte de la Sala de Admisibilidad que aceptó conocer el caso y que estuvo conformado por la actual jueza Karla Andrade y por quien entonces aún era integrante del organismo constitucional, Agustín Grijalva.

Es la primera ocasión que dos médicos son sentenciados por reincidir en mala práctica profesional. En junio de 2020, la Corte Nacional de Justicia rechazó los pedidos de Toscano y Hurtado y ratificó que fueron los responsables de la muerte de Michelle Cobo, una joven de 20 años que confió en ellos para someterse a una cirugía estética.

Dos años antes, los dos también fueron condenados por el deceso de Yadira Cáceres, quien los contrató para una cirugía estética, pero no salió con vida del quirófano.

Toscano y Hurtado fueron condenados a seis años y ocho meses de prisión, pero no han cumplido ni un solo día en la cárcel. Ellos se han mantenido prófugos. Aparentemente, Hurtado dejó el país y se encuentra en Estados Unidos, mientras que Toscano permanece en la clandestinidad. Aunque en estos últimos meses sumó una nueva acusación por una supuesta estafa, como quedó registrado en el archivo de denuncias de la Fiscalía en junio de este año, también ganó una demanda por un presunto incumplimiento de contrato en los juzgados civiles de Quito.

En este proceso no solo participaron la parte demandante y la defensa. En el desarrollo del juicio el Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el mandato de Ramiro García, intervino cuestionando el juzgamiento de su colega María Eugenia Muñoz.

Ella era la gerente de la Clínica San Gabriel donde se le practicó la operación a Michelle Cobo. La Fiscalía y los jueces penales encontraron varias irregularidades en el manejo del centro de salud como, por ejemplo, que no tenían las condiciones de infraestructura adecuada para atender una emergencia. Además que había arrendado los quirófanos médicos externos sin tener equipos y personal adecuado.

Muñoz fue condenada a tres años de prisión. El Colegio de Abogados aseguró que esta decisión dejaría un mal precedente para ese gremio, porque una abogada no puede ser sancionada por casos médicos. Sin embargo, los jueces de la Corte Nacional no tomaron en cuenta su pronunciamiento y ratificaron su fallo.

Por lo pronto, no hay una fecha para que la Corte Constitucional tome una decisión. Luego que la jueza Salazar presente su proyecto de sentencia, ésta deberá ser ratificada por el Pleno del organismo, que ha decidido conocer los casos por orden cronológico. Solo hace excepciones cuando se trata de temas sensibles para el país.

El tortuoso proceso judicial

El 16 de julio del 2016. Michelle Cobo falleció, a causa de una infección generalizada causada por la bacteria más letal de los estreptococos. La Fiscalía estableció que Patricio Toscano y Carlos Hurtado fueron responsables de su deceso, por su negligencia en la aplicación rigurosa y científica de medidas sanitarias.

El 7 de febrero de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró la culpabilidad de Patricio Toscano y Carlos Hurtado Bucheli, en calidad de autores responsables del delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, tipificado en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal. Los condenaron a cuatro años de prisión. Mientras que María Eugenia Muñoz, fue sentencada a un año de cárcel en calidad de coautora.

El 21 de junio de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha resolvió desechar los recursos de apelación de los acusados y reformó la sentencia contra Toscano y Hurtado a seis años, ocho meses de privación de libertad. La sentencia contra Muñoz subió a tres años de privación de libertad.

El 24 de diciembre de 2019, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó los recursos de casación de los sentenciados y posteriormente los pedidos de aclaración, ampliación y revocatoria por improcedentes.

 

En 2015, Froilán Aldaz Núñez, entonces alcalde de Las Naves, en Bolívar, fue capturado y sentenciado a 12 años de prisión por narcotráfico. Aunque la sentencia se ejecutorió en última instancia, cuatro años después Aldaz presentó un recurso extraordinario de revisión que en 2019 le concedieron un juez y un conjuez de la Corte Nacional, declarándolo inocente. El fallo fue objetado por el magistrado Iván Saquicela, quien salvó su voto, pues estimó que Aldaz no desvirtuó su participación en el ilícito. “Don Napo” hoy está inscrito como candidato a concejal y asesora a su hija, Ángela, quien al mismo tiempo postula para ser alcaldesa, por Pachakutik.

 Alianza Código Vidrio-Vistazo

‘Don Napo’ busca ser electo concejal del Municipio de Las Naves en 2023. No es un improvisado en política. De hecho, este hombre de contextura gruesa, cabello canoso y escaso, que en diciembre cumplirá 67 años, ya ha sido elegido por cuatro ocasiones consecutivas como alcalde de Las Naves: en 2000, 2004, 2009 y 2014. En la papeleta electoral apareció su nombre completo, Froilán Aldaz Núñez.

‘Don Napo’ es el candidato que inaugura obras viales, auspicia fiestas locales y dona equipos deportivos a los pobladores de este cantón, ubicado en la provincia de Bolívar, en el límite con Los Ríos, al menos eso se evidencia en su página en Facebook. Un mecenas generoso en una provincia llena de carencias.

No concluyó su último período como alcalde. Fue destituido, luego de haber sido detenido, procesado y sentenciado como coautor del delito de tráfico de drogas a gran escala. A inicios de marzo de 2015, en una finca de su propiedad, en Bosques de Oro, en la jurisdicción de la cual era la principal autoridad, la policía incautó 332 kilos de cocaína, escondidos en 14 sacos de yute.

La mujer que cuidaba el lugar y un ciudadano mexicano, procedente de Sinaloa, fueron detenidos; en el sitio se encontraban dos hijos de ella, menores de edad. El padre de los niños, que administraba esa propiedad dedicada a la agricultura, logró escapar; aunque fue capturado más tarde.

Que no tenía nada que ocultar; por tanto, no huyó y estuvo presto a colaborar con la justicia. Eso es lo que afirmó Froilán Aldaz en el juicio instaurado en su contra. Fue detenido en abril y sentenciado en agosto de ese mismo año. Su defensa argumentó que su función pública de alcalde le consumía todo su tiempo, por lo cual no podía dedicarse a administrar sus propiedades agrícolas.

 

En el juicio salió a la luz que su esposa, con quien llevaba 35 años de relación, administraba seis haciendas, cuatro en Las Naves y dos en la provincia de Los Ríos. La defensa insistió en que el cuidador de la propiedad actuó por cuenta propia. Además, que enemigos políticos del alcalde socialcristiano buscaban perjudicarlo para frenar su carrera electoral, porque llevaba 15 años dirigiendo ese municipio.

Mientras el exalcalde permaneció detenido, sus abogados apelaron a las sentencias de primera y segunda instancia, que fueron negadas. Un recurso de casación también fue inadmitido, en 2016, por el entonces juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado Fabara. Hasta ese momento, todos los jueces coincidieron en que Aldaz era coautor de narcotráfico.

En 2018, el exalcalde planteó un recurso extraordinario de revisión. Para ese trámite contó con el auspicio del bufete del doctor Antonio Gagliardo Loor, un jurista de renombre, que tuvo altos cargos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Empezó a trabajar en la Fiscalía de Guayas en 1997; fue nombrado fiscal provincial en 2007 y en 2012 fue designado juez de la Corte Constitucional. Estuvo en el cargo hasta 2015, luego se dedicó al libre ejercicio de abogado.

La estrategia jurídica de Gagliardo consistió en demostrar que la pericia policial que dio cuenta del hallazgo de la droga estuvo errada, imprecisa en los tiempos. Para ello, expertos contratados por la defensa, no calificados por la Corte, demostraron que, desde que recibieron el aviso de la existencia del cargamento de droga, de manera anónima, hasta que llegaron al recóndito sitio, los uniformados debieron demorar el doble del tiempo registrado en el parte policial.

En la audiencia realizada en enero de 2019, el conjuez nacional Richard Villagómez y el juez nacional Édgar Flores Mier declararon la inocencia del exalcalde Froilán Aldaz, quien recuperó la libertad y reclamó la devolución de la propiedad.

No obstante, el entonces juez nacional (y hoy presidente de la Corte Nacional de Justicia), Iván Saquicela Rodas estuvo en desacuerdo. Emitió un voto salvado, al argumentar que “El recurso de revisión en nuestra legislación es extraordinario” ya que debe hacerse por causas extremas que demuestren un error en la condena. “Los testigos pretendieron indicar que lo afirmado por el policía sería falso… pero eso no desvirtúa la responsabilidad del señor Aldaz Núñez”, se lee en el alegato del juez nacional Saquicela, cuando salvó su voto. En esencia, para Saquicela no se probó que el informe policial o alguna otra evidencia fueron forjadas, que fue el argumento esgrimido por la defensa. No desvirtuaron el delito ni los hechos conexos por los cuales los jueces de primera y segunda instancia expidieron su sentencia, según el argumento jurídico de Saquicela. Esta alianza contactó a Aldaz a su celular para pedirle su versión, pero no respondió a nuestro pedido.

Padre de candidata a la Alcaldía

 “Hecho está. Pese a una consigna de grupos políticos, de no permitir la participación de nuestro amigo NAPOLEÓN en las elecciones, y ante el respaldo de su pueblo, legalmente es nuestro tercer candidato al concejo cantonal de Las Naves (…) Para servir al pueblo no importa el lugar, sino la voluntad y la gratitud de los ciudadanos”. El mensaje fue subido el 17 de octubre de 2022, en la cuenta de Napoleón Aldaz en Facebook, con un vídeo: muestra el instante en que el candidato firma el formulario de postulación, junto a un funcionario del Consejo Nacional Electoral, CNE.

Según imágenes difundidas por la misma cuenta, el hoy candidato a la concejalía viene impulsando, desde fines de 2021, obras de distinta índole. Ninguna autoridad electoral ha emitido alertas de campaña anticipada.

La justicia declaró su inocencia, explica su hija Angélica Aldaz Pacheco, quien es actual candidata a la alcaldía de Las Naves, con la divisa de Pachakutik. En sus redes sociales, y sobre todo en su cuenta de Facebook, la candidata difunde su prolífica actividad a favor del cantón: regaló premios económicos al mejor disfraz en la fiesta de Halloween; auspicia eventos deportivos; supervisa obras y visita poblados, en anticipo a la campaña electoral que aún no arranca oficialmente.

La candidata Aldaz Pacheco afirmó que por una injusticia inexplicable su padre fue inhabilitado para postularse a la alcaldía de Las Naves; pero sí es candidato a una concejalía. Resaltó que es su principal apoyo y motor en su actual proyecto político. Ella aporta la juventud, nació en abril de 1995; su padre, nacido en 1955, contribuye con la experiencia.

En la legislación ecuatoriana, vigente desde la promulgación del Código de la Democracia en 2009, un ciudadano pierde sus derechos de participación política, y consecuentemente está impedido de ser candidato, cuando tiene una sentencia firme y ejecutoriada. Mientras eso no ocurra, puede postularse para cargos de elección popular.

Las Naves es un cantón bolivarense ubicado casi 90 kilómetros al noroccidente de Guaranda, la capital de provincia. Su clima es propicio para la actividad agrícola, de la que vive buena parte de la población. Según los últimos datos censales, el 44 por ciento accedía a agua potable de la red pública; el 33 por ciento de ríos o vertientes; y, el 20 por ciento de pozos. Menos del seis por ciento de las viviendas descargaba las aguas servidas a la red pública de alcantarillado; el 35 por ciento disponía de un pozo ciego y el 30 por ciento de un pozo séptico.

Para la candidata de Pachakutik, la inseguridad es uno de los problemas más graves del cantón, por el creciente fenómeno de extorsiones, cuyas víctimas son los pequeños emprendedores de la zona. Por eso ella aseguró que de llegar a la Alcaldía esa será una de sus principales preocupaciones.

Los traslados de 1.002 presos entre el martes y miércoles son parte de un plan para desactivar nuevos enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral. Los cabecillas de los Chone Killers quieren vengarse de Los Lobos, desde inicios de octubre por el asesinato de su líder, Leandro Norero, en la cárcel de Cotopaxi. Este jueves, las FF.AA. y Policía seguían sacando internos de esa cárcel a otros centros. En los operativos fallecieron dos detenidos, por enfrentamientos entre las bandas, seis fueron heridos. También hay 9 policías y tres militares heridos de bala. Nota actualizada a las 13:25 de este 3 de noviembre.   

Redacción Código Vidrio

Entre el martes y miércoles 1.002 detenidos fueron trasladados desde la Penitenciaría del Litoral a las cárceles de El Rodeo, en Manabí, y a la Regional de Guayas. 515 de los presos enviados a la primera prisión eran integrantes de la banda de Los Choneros, mientras los 487 restantes, que fueron cambiados ayer, eran miembros de los Chone Killers.

Los traslados son parte de un plan del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para desactivar nuevos enfrentamientos en la Penitenciaría. Fuentes de Inteligencia confirmaron que los cabecillas de los Chone Killers planeaban vengarse de Los Lobos, desde inicios de octubre por el asesinato de su líder, Leandro Norero, en la cárcel de Cotopaxi.

En lo que va del año, 2.858 internos fueron cambiados de presidios por motivos de seguridad. Es decir que estaban en riesgo sus vidas por represalias de otras bandas o porque ellos planeaban atentados contra otros internos por rivalidades criminales, informaron funcionarios penitenciarios.

La operación de traslado de los presos fue coordinada entre la Policía y Fuerzas Armadas que realizó un dispositivo de seguridad con cientos de efectivos, desde el martes.

Antes de ser detenido el 25 de mayo, Norero lideraba a los Chone Killers y también era financista de Los Lobos, Tiguerones y Latin Kings. Tras su captura, fue recluido en la cárcel de Cotopaxi que es controlada por Los Lobos. En ese y otros presidios contactó con cabecillas de algunas bandas lo cual desató ira y desconfianza entre algunos líderes de Los Lobos que ordenaron ejecutarlo, el 3 de octubre.

Desde entonces, los cabecillas de Los Chone Killer han buscado vengar su muerte, especialmente asesinando a integrantes de Los Lobos en la Penitenciaría, donde en estos días murieron dos detenidos y seis más fueron heridos.

Los traslados de los 1.002 internos se concretaron en medio de la oleada de atentados terroristas cometidos por bandas criminales en Guayaquil y Esmeraldas. En esos ataques fueron asesinados cinco policías y nueve más fueron heridos. El martes pasado, el gobierno decretó el estado de emergencia en las dos provincias.

Una de las causas de la escalada de los atentados fue, según altas fuentes de la Policía, el traslado de los 1.002 presos de la Penitenciaría. Una de las fortalezas de las bandas se debe precisamente a que sus miembros están agrupados por pabellones y presidios. No de acuerdo al tipo de delito o nivel de su peligrosidad, sino según su filiación a los grupos criminales. Así, por ejemplo, en la Penintenciaría mandan Los Lobos, en la regional de Guayaquil Los Choneros y las Águilas, y en Cotopaxi Los Lobos. Este modelo se instauró por decisón de las autoridades carcelarias desde el 2016.

Alerta máxima por cambio de Anchudia

Pese a la oposición de las autoridades carcelarias, el juez de la Concordia, Angel Harry Lindao Vera, ordenó que Freddy Marcelo Anchundia Loor, alias “Anchundia”, líder de la banda R7, sea trasladado de la cárcel de la Roca a Santo Domingo.

En mayo pasado, Anchundia fue uno de los responsables de la matanza de 44 presos en ese centro carcelario, a donde había sido trasladado también desde la Roca, por disposición de otro juez.

En octubre pasado, un juez de Guayaquil negó el pedido de Anchundia, quien alega que su vida está en peligro, por lo cual el juez Lindao dispuso su traslado inmediato a la cárcel de Santo Domingo para que siga cumpliendo su pena con “absoluta seguridad y en resguardo de su vida e integridad física”.

En este caso, el SNAI no fue notificado debidamente ni tampoco pudo participar en la audiencia en la que el juez decidió el traslado. Eso sí ocurrió el octubre pasado, cuando el juez de Guayaquil sí notificó a las autoridades del SNAI sobre el pedido de Habeas Corpus, que fue negado.

Fuentes del SNAI confirmaron que lo ocurrido con Anchundia no es un caso aislado. Buena parte de los jueces de garantías penitenciarias dan paso a las solicitudes de traslado de los presos, sin tomar en cuenta los informes de procedibilidad del SNAI, sobre su peligrosidad y nivel de riesgo.

“La función judicial deja en grave indefensión a la función ejecutiva a través de este tipo de acciones”, dijo un funcionario a cargo de estos casos en el SNAI, que pidió la reserva por seguridad. Además -agregó- “el juez de la Concordia Lindao Vera no es competente para conocer y resolver este caso, en razón del territorio”, ya que Anchundia está detenido en un centro de Guayas.

Por este motivo, las autoridades penitenciarias pidieron que el Consejo de la Judicatura abra un expediente disciplinario contra Lindao.

Según el juez, la defensa de Anchundia adujo que desde cuando fue trasladado a Guayaquil recibió amenazas de muerte, maltrato físico en los baños y celdas, insultos y que no podía salir de la celda por varios días.

La banda R7 está ontegrada por unos 100 miembros al mando de Anchundia y se dedican a las extorsiones, sicariato y microtráfico en Guayas y Manabí.

En 2016 Anchundia fue sentenciado y encarcelado en la cárcel de El Turi, en Cuenca. El 3 de abril de este año encabezó los amotinamientos que provocaron el asesinato de 21 detenidos, tras los cruentos enfrentamientos de su grupo criminal con Los Lobos.

Entonces, Anchundia fue llevado a La Roca, junto a cuatro cabecillas de las dos bandas. Un mes después, el juez Aquilés Dávila le concedió un Habeas Corpus a Anchundia, quien fue trasladado a Santo Domingo, hasta mayo cuando ocurrió la masacre que desató la ejecución de 44 internos.

Para la Policía, Anchundia es uno de los principales responsables de la ejecución de 65 detenidos, entre abril y mayo pasados.

Palma Real es el último poblado limítrofe de Ecuador, frente a Colombia. Queda a 40 minutos en lancha de San Lorenzo, Esmeraldas. Aunque sus habitantes no padecen los problemas de inseguridad que asola a la capital de la provincia, si está en medio de la ruta usada por redes criminales que transportan gasolina, precursores, gas y otros productos hacia Colombia.   

Por Emilia Paz y Miño

Palma Real se eleva en el mangle. El cielo y el mar se juntan, se fusionan,  así como el mar que baña Ecuador y Colombia sin ninguna frontera visible.

El 2015 contaba con 500 habitantes. Humberto Pérez, vicepresidente del GAD Parroquial Ancón de Sardinas, cuya capital es Palma Real, cuenta que hay aproximadamente 1.800 habitantes en la actualidad y que el 35% es colombiano. El crecimiento poblacional se debe al constante ir y venir de refugiados que huyen periódicamente de la violencia en sus países. 

A este lugar solo se llega en lanchas que salen desde el muelle de San Lorenzo, en cuatro diferentes horarios, entre las 07:30 y las 16:00. El viaje dura alrededor de 45 minutos hasta una hora y cuesta tres dólares. 

Las aguas son calmadas, el calor intenso. Sin embargo, con la velocidad de la lancha la brisa se siente claramente en el rostro, mientras el agua salpica por todos los costados. Las lanchas no son muy grandes, unos cuatro metros de largo por casi dos de ancho.

El recorrido es relativamente tranquilo, en medio de controles fluviales constantes de infantes de Marina que patrullan en lanchas por todo este sector en busca de contrabandistas de combustibles y narcotraficantes. 

La lancha se abre paso entre los brazos del mangle, que se levanta imponente a los costados. Las raíces bien aferradas a la tierra se despliegan como serpientes. Los árboles impiden ver el horizonte. Sus ramas y tallos están enredados unos con otros. Aves van y vienen.  Pelícanos, garzas y fragatas de pecho rojo aparecen en bandadas. 

Palma Real se divisa a lo lejos. Las casas son de madera, pequeñas y vetustas. Se levantan a unos dos metros del mar para protegerse de los aguajes. La costa se ve llena de ramas, palos, conchas y desperdicios que trae la corriente. 

Luego de llegar al embarcadero, tras recorrer una vía angosta de tierra, una mujer  sentada enredando un hilo rojo llama la atención. Es Livi Díaz, colombiana, “orgullosamente de Buenaventura”. Llegó a Palma Real hace cuatro años con sus dos hijos, escapando de la violencia del país cafetero. “Se vive bien, sin nada de que uno tenga peligro de que a sus hijos les vaya a pasar algo, aquí los niños andan al aire libre. El único peligro es el mar”, explica Díaz. 

Muertes violentas incontenibles

Pese a la aparente calma, los peligros siempre están latentes. Los grupos armados colombianos llegan esporádicamente a esta zona, sobre todo para reclutar a los más jóvenes. En este y otros poblados costeros de Esmeraldas los chicos han sido «persuadidos» por los armados para juntarse a sus organizaciones, según denuncias de organismos de DD.HH. En general los familiares no denuncian lo ocurrido a las autoridades por temor a retaliaciones.

Jorge Castillo, ex coordinador local de la ONG HIAS San Lorenzo, menciona que este fenómeno obliga a desplazarse a las familias que son perseguidas por no permitir que sus hijos sean reclutados a la fuerza por los grupos armados.

Esta zona también es considerada por Inteligencia militar como de tránsito de botes que transportan cocaína, gasolina, precursores y tanques de gas desde Esmeraldas hasta Tumaco, en la costa de Nariño. Esa ciudad es el epicentro del narcotráfico en esta parte del Pacífico.  

El narcotráfico ha provocado en toda la región, en Colombia y Ecuador, el aumento de la delincuencia. Según cifras oficiales, en el primer cuatrimestre del 2022 en este país hubo 1.255 muertos. Alrededor de 440 crímenes sucedieron en Guayaquil y Durán. De igual manera, desde febrero de 2021 se desataron las matanzas carcelarias entre miembros de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, que causaron amotinamientos y cerca de 400 fallecidos. 

Esmeraldas, Guayas y Manabí son consideradas las provincias más inseguras y violentas del Ecuador. Para contener los índices delictivos se desplegaron 4.000 policías y 5.000 militares, desde junio pasado. A la cabeza de la estrategia está la Fuerza de Tarea Conjunta, liderada en Esmeraldas por el general Alexander Levoyer.  

En septiembre, el país registró una tasa de 15 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Es el índice más alto de muertes violentas en la última década. En Esmeraldas se reportan 70 asesinatos, que están muy por encima del promedio regional. En lo que va del año han ocurrido 416 muertes violentas en esta provincia. Este sábado 22 de octubre, precisamente, se reunió en Esmeraldas el Consejo provincial de Seguridad, que estuvo encabezado por el ministro del Interior, Juan Zapata. Él estuvo acompañado por el comandante Fausto Salinas y el general Alexander Levoyer. El objetivo de la cita fue analizar la crisis de inseguridad.

 

El 2018 el país se vio afectado por una crisis de inseguridad a nivel nacional. En ese año la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes fue de 5,81. Las provincias con mayor índice de violencia fueron Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Pichincha, Azuay, Sucumbíos y Orellana. 

En marzo de ese mismo año, el «Frente Oliver Sinisterra», liderado por alias Guacho, secuestró y asesinó al equipo periodístico de El Comercio conformado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Eso ocurrió en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes en Esmeraldas que dejó nueve víctimas, incluidos seis marinos y dos civiles más. 

Otra crisis, cuatro años después

Cuatro años más tarde, la escalada de criminalidad tiene nuevamente contra las cuerdas al Gobierno, que no ha podido retomar el control de las sangrientas secuelas del enfrentamiento de las bandas de Los Tiguerones, que opera para el cartel Jalisco Nueva Generación, y Los Gangsters, brazo armado del cartel de Sinaloa. Las autoridades estiman que Los Tiguerones cuentan con cientos de integrantes y son socios del Frente Olíver Sinisterra.       

Esmeraldas es un enclave neurálgico de las operaciones criminales, que despuntaron por el aumento de producción de cocaína en Colombia, los tres últimos años. El 40% de las 1.300 toneladas anuales que se producen sale por Ecuador, según estimaciones oficiales. La droga ingresa al país por vía terrestre y sale por el mar. En Tumaco, Colombia, y en zonas fronterizas de Esmeraldas se usan semisumergibles o narcosubmarinos que zarpan de zonas costeras donde existen manglares y pueden llevar toneladas de cocaína. Además en embarcaciones de fibra de vidrio y láminas de madera reforzada con resina.

Tumaco es un distrito colombiano que se ubica en el departamento de Nariño. Desde San Lorenzo hasta Tumaco en auto son alrededor de una hora y media, mientras que en bote son cerca de 45 minutos desde San Lorenzo a Palma Real y otros 45 minutos desde ahí a Tumaco. 

Esta es considerada la ciudad más peligrosa del sur de Colombia, debido al alto número de homicidios y otros delitos derivados del narcotráfico y de la presencia de cárteles y grupos armados en la zona. 

En varias ocasiones el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, ha alertado sobre la inseguridad en Tumaco causada por la presencia de grupos armados e indicó que “ha desbordado la capacidad de las autoridades”, por lo cual se requería una “atención integral” para poder garantizar la seguridad a los habitantes, quienes cada vez más huyen hacia Ecuador. 

La travesía desde Colombia 

Desde Buenaventura hasta San Lorenzo hay más de 16 horas de viaje por carretera pasando Cali, Popayán, Pasto e Ipiales en el lado colombiano, Tulcán e Ibarra en Ecuador. No obstante, esta no es la ruta que siguen muchas personas que vienen desde Colombia. Según Jorge Castillo, usualmente “parten desde Tumaco, llegan a Puerto Palma donde toman una lancha a Palma Real y de allí van hasta San Lorenzo. 

Este recorrido les puede tomar un día aproximadamente. Según las condiciones, el costo de esta travesía puede ser de 25 a 30 dólares. Al llegar, ellos toman la decisión de en donde quedarse, “Palma Real o vienen a San Lorenzo”. De igual manera, “en muchas ocasiones van por los pasos clandestinos por Mataje”, agrega Castillo.

Díaz comenta que se adaptó a la vida en este caserío. Gisella Hurtado, oriunda de San Lorenzo, destaca que el pueblo es tranquilo. “Aquí es alegre, bailan, a la gente le gusta tomar harto trago, pero es mejor que en algunas partes, mejor está aquí que en el pueblo grande, San Lorenzo”.

“Acá no hay violencia de muertes, de que el uno va a estar peleando con el otro compañero, no”, destaca Castillo.

No obstante, muchas de las personas que llegan a Palma Real solo van de paso y prefieren seguir más al sur para alejarse de las amenazas. Magda Medina, representante adjunta de ACNUR en Ecuador, explica que la situación en la frontera tiene sus altos y bajos. “Entonces hay unas nuevas dinámicas de violencia que realmente están ocasionando un resurgimiento de nuevos flujos migratorios”. 

Medina indica que existen dos dinámicas. “Hay personas… que cruzan a Esmeraldas desde la frontera norte. Esperan a que la situación se calme y luego regresan a sus lugares, pero también tenemos personas que vienen con la intención de quedarse en Ecuador y no necesariamente quedarse en frontera norte, sino moverse hacia Quito, Guayaquil para distanciarse de la zona de frontera”.