Sicariatos y narcotráfico, principales problemas de Guayaquil

Las muertes violentas en Guayaquil superaron las 1.200 durante el año 2022. El puerto principal se apresta a elegir sus dignidades seccionales en febrero próximo, en medio de una escalada violenta por disputas de bandas criminales que operan con el narcotráfico. Varios postulantes enfrentan investigaciones y juicios.

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En agosto de este año, la alcaldesa de Guayaquil y candidata a la reelección, Cinthya Viteri, se preguntaba a través de un tweet “¿Quién manda aquí, el crimen organizado o un Gobierno esclavizado?”. Hacía referencia a la realidad de la urbe porteña, la más violenta del país según datos de la Policía.

El informe que acompañó al pedido de aprobación para la Consulta Popular, enviado por el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional, daba cuenta de que en Guayaquil se habían registrado el 38,9% de las muertes violentas del país, a pesar de que 4.107 armas han sido retiradas de las calles por parte de la Policía.

Guayaquil, puerto principal, es el blanco de grupos narcodelictivos. Informes de inteligencia de la Policía dan cuenta de que, en el Guasmo, al sur de Guayaquil, la banda de Los Lagartos opera en el control del microtráfico y los cargamentos de droga que se dirigen al puerto.

No son los únicos con presencia en la ciudad. Los Latin Kings, los Choneros, Los Lobos y los Chone Killers, también se disputan espacios de poder en Nueva Prosperina, Sur, Pascuales y Esteros. Este último incluye la isla Trinitaria y la zona de Fragata, por donde se accede al puerto por vía fluvial.

Todo esto se traduce en violencia. En los primeros días de diciembre se reportaron más de 200 asesinatos en Guayaquil, una cifra que se suma a las más de 1.000 muertes violentas ocurridas en el puerto principal este año.

Política y seguridad

Aunque el control de la seguridad es una competencia del Gobierno central, la realidad que vive Guayaquil obliga a la Municipalidad a invertir en este rubro. De acuerdo con los datos de la Alcaldía, este año se ha destinado aproximadamente 27 millones de dólares a esta problemática.

Los tentáculos de la violencia han afectado además a los contratistas del gobierno local. La alcaldesa Viteri denunció en mayo de este año que bandas narcodelictivas extorsionan a los proveedores y les piden hasta 10.000 dólares por permitirles intervenir en los frentes de trabajo.

“Los contratistas privados, cuando van a ciertos sectores les piden plata, y si no les dan, no les dejan entrar para hacer las obras que son de Guayaquil (…) si no les dan dinero los asaltan, los extorsionan, los matan”, dijo Viteri.

La alcaldesa Viteri denunció que bandas narcodelictivas extorsionan a los proveedores y les piden hasta 10.000 dólares por permitirles intervenir en contratos.

No es solo una denuncia. En octubre de este año, Freddy Suquilanda, un proveedor de señalética fue asesinado por sicarios en el sector de Monte Sinaí. Familiares de la víctima indicaron que había sido amenazado por extorsionadores, quienes le pedían una vacuna de 5.000 dólares para permitirle trabajar, él se negó a pagar y fue asesinado.

La violencia también afecta a las caravanas políticas. Sebastián (nombre protegido) quien colabora en una campaña política, comentó que hace menos de un mes tuvo que huir del sector de Nueva Prosperina junto con su brigada, pues fueron recibidos a bala cuando llegaban a entregar cilindros de gas, cortesía de un partido político.

La seguridad es el principal eje de las campañas de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil, quienes se baten entre reclamos al Gobierno central para que intensifique la inversión en la ciudad, y programas para el incremento de alarmas comunitarias, apoyo a la Policía en cuanto a equipamiento y políticas sociales que reduzcan las brechas de desigualdad, caldo de cultivo de las bandas delictivas.

Los candidatos y sus líos judiciales

Las promesas electorales sobre seguridad maquillan los lunares de algunos de los candidatos que, a pesar de promocionar una lucha frontal contra la violencia, han enfrentado problemas con la justicia y la administración pública.

En el caso de Viteri, candidata a la reelección por el movimiento Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, la Fiscalía investiga si hubo irregularidades en los procesos de contratación para la limpieza de las calles de Guayaquil, el proceso Oleos del Bicentenario y el programa Letras Vivas. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre el avance de los procesos, pues son reservados. Viteri ha descartado cualquier anomalía en esas contrataciones.

Otro de los candidatos que ha hecho de la lucha contra la delincuencia un símbolo de campaña es Jimmy Jairala, ex prefecto del Guayas quien durante su administración tuvo que enfrentar a la justicia.

En su período al frente de la Prefectura se registraron 67 investigaciones por peculado. En una de ellas la Comisión Anticorrupción denunció a Jairala por el supuesto pago con fondos públicos a empresas encasilladas como fantasmas por el SRI. Dicha denuncia no prosperó. “Esas compañías eran reales, existían en su momento” afirmó el candidato.

Al momento existen siete informes de responsabilidad emitidos por la Contraloría, que aún se investigan en la Fiscalía, pero la información sobre su contenido es reservada.

Otro de los candidatos que ha hecho de la lucha contra la delincuencia un símbolo de campaña es Jimmy Jairala, ex prefecto del Guayas.

Jairala, al ser contactado sobre este particular, sostuvo que la Fiscalía está en la fase final de los procesos de investigación y confía en que no derivarán en juicios. “No tengo grillete, ni prohibición de salida del país”, afirma el exprefecto, quien reconoce que varios de sus excolaboradores fueron glosados por la Contraloría, pero se deslinda de esos procesos indicando que “es imposible hacerse cargo de todo”.

El último procedimiento de Fiscalía en este caso fue la fijación de tres contratos en la Prefectura del Guayas, como parte de una investigación por presunto peculado en la contratación de la campaña «Cultura, turismo y productividad» (2015-2016). Según la Fiscalía, el perjuicio sería de 600.000 dólares, pero las investigaciones aún no han concluido.

Además, Jairala fue señalado por mantener negocios entre el medio de comunicación que dirige y una empresa del líder del narcotráfico Leandro Norero, que se dedicaba al mantenimiento de vehículos. El candidato a la alcaldía de Guayaquil afirmó que solo se trataba de un canje publicitario, y que no sabía que el negocio era de Norero, quien fue asesinado en octubre pasado.

Alguien que enarbola la lucha contra la delincuencia es John Garaycoa, candidato por la Izquierda Democrática, quien es perito en seguridad ciudadana y gerente de una empresa de guardianía. Paradójicamente ha sido investigado por la Fiscalía por tráfico de armas, intimidación y violación a la intimidad.

En su momento la Fiscalía informó que encontró en la casa de Garaycoa armas «legales e ilegales», el proceso fue a juicio y el candidato recibió medidas sustitutivas.

Garaycoa afirma sobre el caso: “yo cometí un error, mantenía las armas en mi casa y no en el rastrillo de la empresa porque no se puede poner todos los huevos en la misma canasta”. Añade que las armas eran legales y que pertenecían a su empresa. “En algún momento se perdió el permiso de algunas armas, pero eso se justificó posteriormente”, dice.

La denuncia de intimidación, sostiene, fue interpuesta por un problema familiar, y añade que también fue demandado por insolvencia fraudulenta porque decidió no pagarle a uno de sus excolaboradores luego de haber sufrido un robo. Además, su esposa fue procesada por hurto y por ingresar un celular a un centro de detención, pero Garaycoa afirma que “son gajes del oficio” y que “todos son errores que fueron enmendados de forma oportuna”.

John Garaycoa, candidato por la Izquierda Democrática, es perito en seguridad ciudadana y gerente de una empresa de guardianía.

Otro candidato que se ha visto cara a cara con la justicia es Iván Tutillo del movimiento Renovación, quien fue investigado por secuestro y falso testimonio, juicios  que no prosperaron. Él fue administrador de la empresa Supergold, investigada por la Fiscalía por el presunto delito de defraudación tributaria, sin sentencia en firme.

Aquiles Álvarez, candidato por la Revolución Ciudadana, tuvo que acudir a los juzgados tras el secuestro de un camión tanquero que descargó combustible en una de las gasolineras de su propiedad, en el contexto de un presunto delito de tráfico de combustibles. El postulante a la alcaldía demostró que la descarga se hizo sin su autorización y pasó de sospechoso a testigo en el juicio, que terminó con un detenido.

Los demás candidatos no presentan procesos penales en su contra, todos comparten, eso sí, el discurso de frenar la violencia en Guayaquil, un mal que requiere mucho más que promesas y ofertas de campaña.