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El Gobierno afina la depuración el catastro minero, antes de iniciar un proceso de entrega de nuevas áreas para minería, dentro de las próximas semanas, según confirmó la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Más de 300 solicitudes de concesiones, que están pendientes desde el cierre del catastro en 2018, la mayoría de pequeña minería, también serán revisadas para determinar si cumplen los requisitos legales para su aprobación. Mientras tanto, esa cartera no dará paso a ninguna concesión, incluso aquellas que fueron aprobadas por jueces, que aceptaron acciones de protección de algunos peticionarios, que alegaron que se habían violado sus derechos. (Foto tomada del sitio web de SolGold). 

Redacción Código Vidrio

La apertura del catastro minero, dentro de las próximas semanas, para entregar nuevas concesiones para explotación de minerales metálicos y no metálicos, está en análisis del Gobierno para dinamizar el sector, según confirmó la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.

En entrevista con Código Vidrio, Manzano informó que tienen previsto abrir el catastro por orden del presidente Daniel Noboa, en abril, una vez que se afine su depuración. “Lo abriremos pero en fases, por tipo de régimen, por zonas y distritos, empezando por la gran minería, luego la mediana, pequeña y artesanal. Para dar este paso hemos pulido información, y emitido una batería de acuerdos y reglamentos, para tener las reglas claras, y que todo el sector, que ha estado totalmente desarticulado, esté alineado con las políticas del Gobierno”, aseguró Manzano.

La fecha límite para la actualización del catastro es el 23 de abril próximo por disposición del presidente Noboa en el decreto 435, firmado en octubre pasado. En ese documento se ordena que en un plazo de seis meses las autoridades realicen “la actualización inmediata y coordinada del catastro minero y de los registros correspondientes a las autorizaciones administrativas ambientales mineras. Deberá incluir el registro de concesiones, autorizaciones, licencias, registros, certificados y permisos otorgados, revocados y cancelados, de tal manera que faciliten las acciones de control”.

Las últimas semanas han sido complejas para Manzano, quien ha estado al frente de las acciones para mitigar la tragedia ambiental por un derrame masivo de petróleo en Esmeraldas. Aún se investiga si este desastre se debió a un derrumbe o a un sabotaje al oleoducto, según informes de Inteligencia.

En medio de esa crisis, la semana pasada Manzano atendió a este portal para abordar la situación del sector minero, socavado desde el 2020 por la expansión vertiginosa de la minería ilegal y sus nodos de conexión con bandas criminales y carteles del narcotráfico. Uno de los puntos neurálgicos de sus actividades delictivas es la explotación de oro en concesiones legales, cuyos titulares se volvieron sus socios, a través de diferentes modalidades contractuales, “entre privados” sobre las cuales las autoridades estatales no han tenido ningún control.

“Todo el control estaba divorciado, cuando asumí el cargo, en mayo del año anterior, esto era un caos. Hoy sabemos que estamos enfrentando actores poderosos y peligrosos, que aprovecharon ese caos, ese descontrol, en su beneficio”, recalcó Manzano, quien estuvo acompañada de la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, su brazo derecho al frente del sector minero.

En este contexto, Manzano destacó que la apertura del catastro, con base en información actualizada, es importante, pero es parte de un proceso más complejo. Incluye una serie de decisiones y acciones coordinadas con el Servicio de Rentas Internas, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el Ministerio de Ambiente, el del Interior y las Fuerzas Armadas, que son parte del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM), encabezado por José Julio Neira, quien a su vez dirige la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Entre las acciones relevantes, Manzano destacó, además de un paquete normativo, el control de exportaciones de oro con un nuevo reglamento, que está por aprobarse, la caducidad de concesiones que aplicarán a empresas mineras, que han provocado daños ambientales irreversibles.

Fuentes de la Arcom indicaron que en coordinación el Ministerio y otras entidades han trabajado en la elaboración de 35 normas y en la actualización de 19 regulaciones más que están en marcha, para mejorar los esquemas de control de las actividades mineras, que fueron debilitadas drásticamente cuando se eliminó la entidad en 2020, por falta de presupuesto. En agosto del año pasado la entidad volvió a operar de forma autónoma.

La viceministra Illescas recalca que antes de la apertura están depurado el catastro, que incluso registra concesiones que estaban vigentes antes de que se creara la Ley de Minería (2009). En ese catastro existía un “régimen general”, donde no se indica si son concesiones de grande, mediana o pequeña minería, metálicos o no metálicos.

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⇒ El catastro minero es un sistema de información georeferenciado que permite un registro, organización y administración de los derechos mineros. Tiene toda la información relacionada con las concesiones y permisos mineros otorgados, así como de las autorizaciones para la explotación de materiales áridos y pétreos. Es una herramienta que les permite verificar a las autoridades el cumplimiento de requisitos legales y ambientales en todos los procesos de otorgamiento. En el catastro están inscritas oficialmente 1.462 concesiones de minería metálica, y 242 en trámite, a la espera de ser aprobadas. 

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Hay más de 5.000 títulos mineros y esa información no está digitalizada. Más de 3.000 títulos son de mineros artesanales, pero no existe ninguna constancia documental de que sean reales, se desconoce quiénes son ni dónde viven, advierte Illescas.

Otro problema grave es el caos que generan los gobiernos locales, que otorgan títulos mineros para áridos y pétreos. “Estamos conversando con los gremios y los municipios para explicarles que no pueden dar todo lo que les parezca, es un tema complicado.”

El “Sistema de Gestión Minera” -SGM o Catastro Minero- se implementó en 2016, con una inversión de 630 mil dólares. Fue utilizado hasta su cierre, en enero de 2018. Con los años el sistema quedó obsoleto y tenía fallas de seguridad, por lo cual en 2019 desde el Ministerio de Energía se gestionó la evaluación y funcionamiento de uno nuevo, con fondos del Banco Mundial, según explicó el exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar. En octubre de 2023 se firmó un contrato con la empresa canadiense Pacific GeoTech Systems Ltd. para la adquisición de un nuevo software para el manejo integral de gestión minera, por más de USD$2.6 millones, que se empezó a ejecutar desde 2024. Esa plataforma se está configurando y está previsto que esté completamente lista el primer semestre de este año, según Benalcázar, quien detalló los pormenores y sus antecedentes en un artículo publicado en revista Vistazo.

Diego Ocampo, quien antecedió a Illescas en el Viceministerio de Minas hasta agosto de 2024, dijo que la depuración y digitalización del catastro ha sido fundamental para la reapertura, pues entre otras facilidades permite identificar claramente, en tiempo real, donde se están realizando operaciones de minería ilegal, donde hay áreas protegidas y territorios ancestrales, a través de mapas superpuestos, tridimensionales.

“Aunque el software completo debe estar listo para fines del 2026 -destacó Ocampo- cuando yo estaba en el cargo ya se consideraba oportuno abrir el catastro, con una versión inicial validada y certificada por empresa internacional canadiense a cargo del proceso. Era importante dar señales al sector, que atraviesa una severa crisis por la minería ilegal”.

300 solicitudes de nuevas concesiones a revisión

En 2018, cuando se cerró el catastro, las autoridades dejaron en el limbo, sin tramitar, más de 300 solicitudes para acceder a nuevas áreas mineras, según confirmó la viceministra Illescas.

“Han pasado siete años. Se ha especulado mucho sobre el total de solicitudes, que además aumentaban o disminuían, a discreción de las autoridades de turno. En este período (después del cierre en 2018) las autoridades debieron responder esas solicitudes e indicar que en el marco de la decisión del cierre del catastro no se otorgarán más áreas. Adicionalmente debían ordenar que la ARCOM desgrafique las áreas descritas por los interesados, porque la mera solicitud no implica ningún derecho, pero no lo hicieron”, dijo Illescas.

En vista de que las autoridades de turno no notificaron a los solicitantes que no se les otorgaría ninguna área, por el cierre del catastro, los siguientes años pasaron muchas cosas y se han hecho diversas interpretaciones y cambios. “Se han subido y bajado solicitudes -señaló Illescas- autoridades anteriores dieron disposiciones indicando que se hará un proceso de sustanciación, ratificando que algunas solicitudes fueron legítimamente presentadas, interpretando que los interesados tenían derechos, que en realidad no tenían”.

Ante la falta de respuesta del Estado -apuntó la Viceministra- varios peticionarios interpusieron acciones de protección alegando que se han vulnerado sus derechos, logrando que jueces fallen a su favor para acceder a concesiones, con el catastro cerrado. Eso es parte del caos que hemos enfrentado para poner la casa en orden”.

En todos esos casos, la ministra Manzano dispuso que no se entregue ninguna concesión, como una potestad del Estado, hasta que se abra el catastro. Tampoco se ha dado paso a las acciones de protección, dijo Illescas, quien agregó que antes de entrar a revisar todos esos casos, deberán procesar más de 1.000 trámites represados por años, como cesiones, pedidos de caducidad, renuncias, así como aprobar más reglamentos para limitar los contratos de operación y de mandato, las exportaciones de oro, la operación de plantas de beneficio.

“Cuando resolvamos todos esos temas pendientes y tengamos claridad sobre el catastro, con información completa, empezaremos a revisar estas y otras solicitudes, presentadas hasta el cierre del catastro en 2018, a ver si cumplen o no los requisitos para la entrega de un título”, indicó Illescas.

La apertura del catastro tiene opositores. El presidente de la Conaie y ex candidato presidencial, Leonidas Iza, es uno de los más radicales, por sus duros cuestionamientos a la minería a gran escala. Ha acusado al presidente Daniel Noboa y su grupo familiar de tener intereses particulares en el sector. Alertó sobre los impactos de seis proyectos que arrancarán este año en provincias como Morona Santiago, Zamora y Bolívar. Y denunció que 29 de sus compañeros han sido enjuiciados por oponerse a la actividad extractiva.

En un contexto hostil para los ciudadanos y el periodismo independiente, reflexionamos sobre las implicancias del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Su retiro del Acuerdo de París, su política antiinmigrante y su negacionismo climático tienen un impacto transversal que afecta el futuro de la sociedad. En un escenario marcado por la polarización, la desinformación y el ruido informativo, 20 medios de América Latina reafirmamos en este editorial nuestra misión de investigar colaborativamente y explicar los puntos críticos para contribuir a un entendimiento más profundo y matizado de estos tiempos desafiantes. Ilustración: OjoPúblico / Jhafet Ruíz

Por Código Vidrio  

Ha sido difícil seguirle el paso al presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. En tiempo récord, ha firmado tantas órdenes ejecutivas y proclamado tantos planes grandiosos como amenazas, que los periodistas, comentaristas y opinadores han descrito el inicio de su mandato como un blitz, un bombardeo, un terremoto, una tormenta o una avalancha. 

El caos suscitado no es el resultado de una improvisación. Todo lo contrario. El exestratega de Trump, Steve Bannon, lo advirtió en 2019 con otra metáfora que también aludía a la catástrofe: había que «inundar la zona» a toda velocidad. Así, los periodistas y los medios (considerados opositores por Trump y Bannon) estarían tan abrumados que no podrían reaccionar a tiempo. Sin información oportuna y de calidad, los ciudadanos y los otros poderes quedarían desarmados.

El plan ha funcionado solo a medias. Los periodistas han trabajado sin descanso y varias de estas órdenes ejecutivas en torrente ya han sido demandadas por su dudosa legalidad. Pero, mientras se dirime el asunto en los tribunales estadounidenses las decisiones de Trump ya han afectado a millones de personas en todo el mundo: miles de migrantes han sido deportados, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) está siendo desmantelada, se han roto compromisos internacionales y ha comenzado la guerra comercial con la imposición selectiva de aranceles.

Las decisiones de los últimos días no solo afectan al presente, sino también al futuro del planeta y de sus habitantes. Una de las primeras órdenes que Trump firmó fue la retirada del Acuerdo de París. Esta decisión se produce justo cuando la temperatura global ya superó el umbral de los 1,5 grados adicionales, el límite establecido en el acuerdo. Los datos y la ciencia, sin embargo, parecen no preocuparle al presidente del país más contaminante ni a los lobistas del petróleo que ha nombrado en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), quienes niegan que la quema de combustibles fósiles tenga algún efecto en la crisis climática.

En cuanto a América Latina y el Caribe, una de las regiones más vulnerables a la emergencia climática, el presidente dejó clara su posición en su segundo día en el cargo: «Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos. No los necesitamos». El lema, “Estados Unidos primero”, ha reemplazado conceptos como responsabilidad compartida y multilateralismo. El cambio de términos, tono y actitud en la Casa Blanca y el Departamento de Estado refleja la idea de que los países harán lo que Trump quiera, por las buenas o por las malas. 

Esto ha quedado claro con el trato dado a los migrantes, cuya gran mayoría son de origen latinoamericano, y la escasa efectividad de las protestas diplomáticas de algunos pocos países ante la nueva política antiinmigrante de Washington. Tras capturar a más de 14.000 personas en redadas,  la mayoría han sido deportadas hacia México, Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela, luego de negociar un acuerdo pragmático con Nicolás Maduro. Se espera que en los próximos meses aumente el número de deportados hacia este país, ya que Trump canceló el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 venezolanos que creían que estaban a salvo. Estas medidas violan los derechos de estas personas al asilo y la protección, al debido proceso, y a la no separación de las familias, entre otros.

Los países de la región tendrán que responder a esta situación con sus propios recursos, ya que no contarán con la ayuda humanitaria que antes financiaba el gobierno estadounidense. También destinaba millones de dólares a otras causas, entre ellas  la protección del territorio amazónico que comparten Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam. No es un asunto menor: la Amazonía es un lugar estratégico para la regulación del clima y el equilibrio biológico por sus ríos voladores, donde se concentra el 20% del carbono global, alberga al 10% de todas las especies conocidas y es el hogar de 308 pueblos indígenas que hablan más de 200 lenguas. 

Este ecosistema ya está sometido a la presión de la deforestación causada por la minería ilegal del oro y el narcotráfico, que promueve la invasión de tierras y tala de árboles para sembrar coca. Si bien Trump ha prometido mano dura contra el narcotráfico y el crimen organizado, a juzgar por algunos de sus discursos y pronunciamientos en estas primeras semanas, espera que los países de la región se encarguen de combatirlo y demuestren resultados, sin necesariamente recibir la misma cantidad de apoyo económico que Washington les ha otorgado en el pasado. 

Aunque aún no está claro cuántos recursos terminarán aportando o recortando para la región, la nueva política exterior de Washington y la respuesta de Moscú y Pekín en este nuevo orden geopolítico serán un factor importante en las próximas elecciones presidenciales de Ecuador (la segunda vuelta se realizará en abril), Bolivia, Chile y Honduras y Haití –si la situación interna lo permite este año— y en las de Colombia, Perú, Brasil y Costa Rica, que se celebrarán en 2026.

Pase lo que pase en los próximos años, los periodistas de esta red de medios independientes en América Latina estamos obligados a tratar de explicar cómo las decisiones de un solo hombre, o de dos —no podemos dejar de lado a Elon Musk— desde el Despacho Oval pueden afectar de manera transversal -acaso irreversible- no solo a la política regional sino también a las comunidades más vulnerables del continente. Para lograrlo, debemos fortalecer nuestras redes de trabajo colaborativo, tanto transnacionales como hiperlocales, y no perder de vista lo que suceda en lugares de difícil acceso, como la Amazonía, ni los temas que otros medios pueden pasar por alto y quedar así subrepresentados en la discusión pública.

Son tiempos desafiantes y exigentes para esta profesión, por distintas razones: los ataques sistemáticos desde los gobernantes y el crimen organizado, la polarización y la desinformación, que a menudo también buscan socavar la credibilidad de los medios y los periodistas, y la fatiga informativa de las audiencias y lectores, saturados por la acumulación de malas noticias.

Nos hemos propuesto incentivar un periodismo que escape a la reactividad y al catastrofismo, que no se deje abrumar por el caudal de ruido informativo y mentiras en las redes sociales, sino que se ancle con un compromiso genuino en la realidad, que siempre será más compleja y llena de matices. Por eso mismo debemos esforzarnos por documentar también la capacidad de resiliencia, adaptación y resistencia de la sociedad, las instituciones y los liderazgos, sin dejar de investigar los abusos de poder y la corrupción dentro de una práctica rigurosa del oficio.

 En medio de la inundación y el caos que ha provocado Trump, no tenemos otra opción que seguir colaborando y extendiendo nuestras raíces entre el barro. Después de todo, la victoria regia, el nenúfar más grande del mundo y emblema de nuestra región amazónica, florece entre el fango y al anochecer. 

Organizaciones de noticias de Latinoamérica que suscriben este editorial: OjoPúblico (Perú), Sumaúma (Brasil), El Espectador (Colombia), CasaMacondo (Colombia), PopLab (México), Lado B (México), Raichalí (México), Istmo Press (México), Perimetral (México), La Liga Contra el Silencio (Colombia), Revista Nómadas (Bolivia), Código Vidrio (Ecuador), Plan V (Ecuador), Agenda Propia (Colombia), Cuestión Pública (Colombia), GK (Ecuador), Periodistas por el Planeta (Argentina), La Verdad de Juárez (México), InfoAmazonia (Brasil), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

 

El fin es generar terror. Una escalada de los ataques criminales selectivos, de bandas con armas largas, en espacios privados, especialmente viviendas en barrios populosos de Guayas, Manabí y El Oro, prevén los organismos de Inteligencia de la Policía y Fuerzas Armadas en las siguientes semanas. También está en marcha una campaña sin precedentes de desinformación, en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Redacción Código Vidrio

Uno de los motivos del aumento de la violencia delictiva, que incluye asesinatos de personas ajenas a grupos enfrentrados, es la disputa por el control territorial de los barrios, para el microtráfico y las extorsiones. Otra de las causas probables es que se trata también de operaciones sistemáticas, dentro de una estrategia de clanes mafiosos, para generar terror y zozobra entre la población, con el propósito de afectar la imagen del gobierno de Daniel Noboa, en la recta final de las elecciones presidenciales, el próximo 13 de abril, indicó un general del alto mando de la Policía.

Paralelamente está en marcha una campaña sin precedentes de desinformación en redes sociales y medios de comunicación con una clara agenda sesgada, que torpedea las acciones de la fuerza pública para enfrentar la inseguridad y combatir al narcotráfico.

La guerra que el gobierno declaró a 22 grupos narcoterroristas en enero del 2024 ha causado estragos de las estructuras delictivas, en medio de la captura de decenas de integrantes y algunos cabecillas importantes, dentro y fuera del país.  Algunos han muerto en medio de enfrentamientos con la fuerza pública. Sin embargo, la declaratoria del conflicto no ha parado el aumento de homicidios ni otros delitos como extersiones y secuestros exprés, entre otros, que ubican al Ecuador como el país con más homicidios de la región.

Uno de los golpes más duros de la Policía fue la captura en una narcofiesta en Guayaquil, en mayo pasado, de tres importantes cabecillas de organizaciones criminales: Celso Moreira (Choneros), Federico Gómez, alias Feder (Águilas, brazo armado de Los Choneros), y José Cantuña Quilumba (Choneros), quien fue asesinado el mes pasado en su casa en Samborondón. Pese a que tienen un amplio prontuario delictivo, los tres fueron liberados en julio del 2024, pese a abundantes evidencias en su contra por tráfico de armas. La jueza de la Unidad Norte de Guayaquil les concedió medidas sustitutivas, aunque la Fiscalía había pedido que se mantengan apresados y sean llamados a juicio. Según Moreira, no había ninguna razón para detenerlo pues ninguna arma incautada en la fiesta era de su propiedad, como indica equivocadamente el parte policial.

La puerta giratoria de la justicia

Pecisamente la “puerta giratoria” del poder judicial es uno de los flancos más débiles del combate al crimen orgnizado, que esta fuera de las manos del Gobierno, según denuncia el general de la Policía, que pidió no revelar su nombre por seguridad. “Los policías y militares luchamos contra corriente, hacemos nuestro trabajo investigando y neutralizando a estos peligrosos individuos, que tienen un comodín en los  jueces que están de su lado, que tienen precio”, indica el oficial.  “Policías y militares también son blanco de estas estructuras, han asesinado a valiosos uniformados, que han dejado viudas y huérfanos, familias destruidas”, destaca el policía, con un tono de frustración, de impotencia.

Las capturas sistemáticas de cocaína, por una mejor cooperación entre las agencias antidrogas de Ecuador y países aliados, ha disminuido el narcotráfico hacia puertos europeos, según coinciden agentes de Ecuador y la Unión Europea. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en Bélgica, que hasta el 2023 era el principal país de ingreso desde Ecuado a Europa. El año pasado las autoridades incautaron en ese país 44 toneladas de cocaína, 71 toneladas menos que el 2023. “Eso significa que los controles mejoraron, por el intercambio de información, lo cual tuvo una repercusión en la reducción de las exportaciones contaminadas con droga, y una pérdida importante para estas organizaciones criminales”, dijo el coronel Holguer Cortez, director Antinarcóticos de la Policía.  Eso explicaría, según el oficial, la reacción virulenta de los clanes europeos y sus bandas de peones, que entraron de lleno en una campaña criminal, sin precedentes, para desatar el descontento entre la población  sobre las acciones policiales y militares.

En 2024, la tasa fue de 38,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Hubo una reducción del 17% en relación al 2023 cuando la tasa fue de 47 homicidios. Sin embargo, en medio de la campaña electoral, este año la tasa se ha vuelto a disparar y las últimas semanas han ocurrido hechos inusitados de violencia criminal.

El más reciente ocurrió la semana anterior. 22 personas fueron asesinadas con fusiles por miembros de la banda de Los Tiguerones Fénix, en el plan habitacional Socio Vivienda, en el distrito Nueva Prosperina, el más violento en el noroeste de Guayaquil. El 6 de marzo unos 20 delincuentes bajaron de los cerros aledaños en motos y se dirigieron a varias viviendas del barrio, donde dipararon armas de grueso calibre asesinando sin contemplaciones a quienes se encontraban a su paso, dentro y fuera de las casas, incluidos dos menores de edad.

Las víctimas pertenecían a la facción rival Tiguerones Igualitos, con quienes los Tiguerones Fénix disputan la hegemonía de esos barrios. Se disputan el control del microtráfico y extorsiones a los moradores. Dos días después, la Policía detuvo a nueve integrantes del grupo Tiguerones Igualitos en viviendas fiscales del sector Guayaquil de mis Amores, quienes planeaban atentados contra la célula rival.  Tenían en su poder un arsenal de armas municiones de distinto calibre y explosivos, así como vehículos robados.

La fragmentación acelerada del grupo, que nació en Esmeraldas, y los últimos dos años se expandió a varios cantones de Guayas y El Oro, ocurrió tras la captura, en octubre de 2024, de sus líderes históricos Wiliam Alcívar, más conocido como Comandante Willy, y su hermano Álex, alias Ronco. Ambos fueron apresados en España, en una operación coordinada entre ambos gobiernos.

Denuncias de DD.HH.

Representantes de Derechos Humanos y especialistas de seguridad creen que el gobierno ha fallado en llevar adelante una estrategia integral de seguridad pública, complementada con planes de desarrollo para las zonas donde están focalizadas las dinámicas criminales. Tampoco ha sofocado los problemas estructurales de las cárceles que siguen siendo centros de operación de las bandas, plagadas de corrupción, con participación de actores estatales. Además siguen latentes problemas graves como el hacinamiento y la crítica situación de salud de los detenidos, que padecen enfermedades graves, como la tuberculosis.

El Comité de Derechos Humanos  (CDH) también ha alertado sobre violaciones de los derechos humanos en operaciones del Bloque de Seguridad, en especial de militares, que no siguen protocolos que garanticen el debido proceso de sospechos de supuestos delitos, según su director Billy Navarrete.

El CDH indica que han recibido 27 denuncias de desapariciones forzadas y un nuevo asesinato de un joven de 19 años, presuntamente ocurrido en febrero pasado a manos de militares. A estos casos se suma el de los cuatro menores que fueron capturados por militares y cuyos cuerpos aparecieron quemados días después, en diciembre pasado, en Taura. Sus muertes provocaron conmoción y 16 uniformados están procesados y guardan prisión.

“Muchas de las personas (…) desaparecidas, fueron detenidas sin ningún tipo de motivaciones en controles en la vía pública”, dijo Navarrete.

Campaña de desinformación

A los ataques selectivos de las bandas en calles y espacios privados, se suma una campaña sostenida de desinformación en redes sociales, para exacerbar el descontento de la población sobre la inseguridad, desprestigiando a jefes policiales y militares, así como al gobierno, dice un agente de ciberinteligencia que monitorea este fenómeno.

Es la primera vez en la historia ecuatoriana que se ensambla una campaña de desprestigio de esta magnitud, alerta el analista en seguridad Hugo Espín.  Esa operación está dirigida contra el candidato presidente Daniel Noboa y varios generales de la Policía, además de personajes del gobierno y altos mandos militares que encabezan las operaciones contra el narcoterrorismo, evidenciando la existencia de intereses ocultos que buscan frenar los avances en materia de seguridad, subraya Espín en un artículo publicado en el portal Plan V.

A través de redes sociales y medios de comunicación con agendas sesgadas, se difunden noticias falsas, manipulaciones de datos y teorías conspirativas con el fin de sembrar desconfianza en la ciudadanía. En muchos casos, estos ataques provienen de sectores vinculados a la política, el crimen organizado y grupos de poder que buscan mantener el statu quo, alerta Espín.

“Uno de los aspectos más preocupantes de esta guerra de la desinformación -agrega Espín- es la campaña mediática dirigida contra los generales Víctor Zárate, comandante de la Policía, y Víctor Herrera, director general de Inteligencia, que lideran las acciones visibles en contra de las estructuras criminales. Se ha evidenciado la recurrencia de contenidos falaces y noticias a medias con una evidente tergiversación de hechos, que se han incrementado exponencialmente desde el arranque de la segunda vuelta electoral”.

Albaneses e italianos son aliados para el envío de cocaína a Europa, desde los puertos de Guayaquil y El Oro, gracias a unas sólidas estructuras levantadas hace más de 15 años en Ecuador. Los gobiernos de Italia y Ecuador llevan adelante proyectos de cooperación para intercambio de información y capacitación, para atacar de manera más eficaz el lavado de dinero y generar nuevas leyes y reformas para frenar el avance de estos grupos transnacionales. 

Redacción Código Vidrio

Una potente sociedad de negocios criminales entre clanes mafiosos italianos y albaneses y otras facciones delictivas de los Balcanes, apuntala el tráfico de cocaína y otras drogas a gran escala desde Ecuador hacia Europa.

Albaneses e italianos son aliados para el envío de cocaína, desde los puertos de Guayaquil y El Oro, gracias a unas sólidas estructuras levantadas hace más de 15 años en Ecuador y Colombia. En nuestro país incluyen el control de rutas, logística, creación de empresas para lavado y exportación, así como el soporte operativo de bandas locales, con miles de integrantes, y operadores invisibles en el Estado, según agencias de inteligencia antidrogas de Ecuador y Europa.

Esta alianza no es nueva, data de cuatro décadas atrás, desde fines de los 80s. Desde esa época los albaneses y habitantes de países balcánicos han operado en redes criminales de tráfico de cocaína y otros delitos conexos como subalternos de la mafia italiana. A fines de los 90s unos 10.600 albaneses, incluidos peligrosos delincuentes, emigraron ilegalmente a Apulia, Italia, cuando su gobierno inició una arremetida sin precedentes para desmantelar 23 grupos delictivos, según un informe de la organización Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional, elaborado por Walter Kemp. Para entonces en Albania hubo arrestos sistemáticos por trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas y robo de automóviles. Los años siguientes los albaneses y clanes de otros países de los Balcanes entraron de lleno al tráfico de heroína y canabis y empezaron su expansión fuera de Europa.

Así, entre 2008 y 2009, esos grupos desembarcaron en América Latina para tomar control del negocio de la cocaína, usando como zonas estratégicas de operación Colombia y Ecuador, según agentes antidrogas. A partir del 2008 esta región se volvió un foco de atención para los grupos criminales de los Balcanes, que establecieron conexiones con nuevos proveedores en el mercado europeo, llegando con la fachada de empresarios, exportadores de frutas y otras materias primas.

En el crimen organizado, como en el sector inmobiliario, la ubicación lo es todo, indica el reporte de Iniciativa Global. Ecuador está situado entre Colombia y Perú, que producen alrededor del 90 por ciento de la cocaína del mundo. Otro factor que contribuyó fue la evidente debilidad institucional, la corrupción del poder judicial, así como decisiones gubernamentales que perforaron el control antidrogas, como el cierre, en 2009, de la Base militar estadounidense en Manta, desde donde se llevaron a cabo centenares de misiones antinarcóticos durante diez años en el corredor del Pacífico. Entonces , los albaneses tuvieron expedito el camino para montar sus complejas estructuras criminales y convertir a Ecuador, silenciosamente, en su plataforma de negocios transnacionales.

Ecuador pide apoyo a Italia

Después del 2020, las incautaciones en Europa de cientos de toneladas de cocaína, que salía desde Ecuador, dieron el campanazo. Los países europeos se convirtieron en el principal destino de la droga, relegando a un segundo lugar al mercado de EE.UU. Los artífices de este giro eran los albaneses y otros clanes balcánicos, en sociedad con la mafia Italiana.

Por la acelerada penetración de operadores de estos clanes mafiosos, los últimos años, en diferentes sectores públicos y privados de Ecuador, las autoridades del gobierno pidieron la asistencia y apoyo del estado italiano, que está dando capacitación (con un fiscal a la cabeza),  sobre como enfrentarlos de forma más efectiva. En especial en el ataque al lavado de activos y la elaboración de paquetes de leyes y reformas. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE), y la Superintendencia de Compañías son las primeras instituciones que pidieron un apoyo directo al giobierno italiano, que tiene una basta experiencia en el combate a la mafia Siciliana desde los años 80. A ese país también le interesa la cooperación con Ecuador, en vista de que las operaciones del crimen transnacional les están afectando directamente por el aumento del tráfico de cocaína en ciudades italianas y europeas, según fuentes oficiales.

Pese a que ha perdido fuerza en Italia, la mafia se ha fortalecido a nivel transnacional, precisamente por sus nexos con familias italianas araigadas en el extranjero y por alianzas con otros clanes y carteles criminales, en especial con los albaneses.

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EN PERSPECTIVA. En los últimos 20 años, los grupos criminales de los Balcanes Occidentales se han globalizado y están ascendiendo en la cadena de valor de la actividad delictiva. Los tentáculos de este pulpo ahora se extienden por todo el mundo: desde el suministro de cocaína en América Latina hasta las calles de Europa Occidental; desde las rutas de distribución de heroína en Turquía hasta Europa; desde los campos de cannabis en Albania hasta Turquía y la Unión Europea (UE). Los Balcanes Occidentales siguen siendo el centro de este comercio: como región de tránsito, como terreno de reclutamiento para los soldados rasos de estos grupos y como lugar seguro para esconderse e invertir o blanquear las ganancias mal habidas, pero la acción principal se desarrolla en el extranjero. 

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Se estima que esto ocurrió hace unos 14 años, cuando los albaneses empezaron a abrir mercados para la mafia Italiana en América del Sur.

Las recientes alertas públicas del embajador de Italia, Giovanni Davoli, sobre la operación de mafias en Ecuador para sembrar terror en medio de las elecciones, generó reacciones y encendió alarmas sobre asesinatos selectivos de inocentes, incluidos niños y uniformados.

Estos crímenes no encajan en el patrón de inseguridad del año pasado, marcado por asesinatos ocurridos en más del 90% de los casos, por el enfrentamiento entre bandas que disputan territorios en provincias de la costa y la frontera. Hasta diciembre pasado, hubo una reducción del 17% de la tasa de homicidios.

Desde la segunda semana de enero, en medio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, esos indicadores se disparon en varias provincias, especialmente en Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas.

El coronel Holguer Cortez, director Antinarcóticos, confirmó en una entrevista con Código Vidrio, que albaneses e italianos operan en Ecuador aliados para el envío de cocaína hacia países europeos. Cuentan con los servicios de bandas que transportan la droga desde la frontera con Colombia hasta sitios de acopio y luego a los puertos. Esta dinámica es hoy mucho más clara para la policía ecuatoriana, gracias al intercambio de información con sus pares de italia, Albania y otros países europeos, que han profundizado sus mecanismos de cooperación los últimos años.

Esta coordinación transnacional ya arroja resultados. El 2024 en Ecuador se capturaron 295 toneladas de coca, cifra récord histórica, mientras que en puertos europeos de destino las incautaciones cayeron drásticamente. Un ejemplo claro es Bélgica (principal destino de la coca hasta 2023) donde el año pasado se capturaron 44 toneladas, 71 menos que el 2023. “Ese es un logro significativo pues constituye un golpe letal a las economías de estas organizaciones mafiosas, que perdieron unos 6 mil millones de dólares por esas incautaciones”, destaca Cortez, quien añade que eso podría explicar los ataques múltiples en espacios privados a grupos de personas en ciudades de la costa, que buscan generar terror entre la población, y desprestigar las operaciones de la furza pública. Debilitar al estado.

La captura de Rexhepi enciende las alertas       

En Ecuador, la policía italiana empezó a seguir con detenimiento las operaciones de albaneses de Compañía Bello y de italianos de la Ndrangheta, desde la captura del capo alabanés Dritán Rexhepi en un operativo antidrogas en Guayaquil, en 2014.

Rexhepi llegó a Ecuador alrededor de 2011. Era parte de una oleada de delincuentes peligrosos, muchos de los cuales tenían profundos vínculos con grupos criminales en Europa. Ecuador empezaba a surgir como un centro de tránsito en el tráfico de cocaína: la residencia era relativamente fácil de adquirir, por la figura constitucional de la Ciudadanía Universal, aprobada en 2008. Había pocas dificultades para los extranjeros para la compra de propiedades y la creación de empresas, según agentes antidrogas.

Rexhepi, que tenía múltiples identidades falsas, aterrizó como un hombre de negocios griego, según archivos judiciales. Para entonces, se había convertido en uno de los criminales más buscados de Europa.

De hecho, había sido arrestado por tráfico de drogas en Países Bajos y extraditado a Italia, donde fue sentenciado a 13 años de prisión. En 2011, él y otros dos albaneses escaparon de la cárcel, cerca de Milán. Meses después, fue arrestado en España, pero extraditado a Bélgica, donde era buscado por su papel en un robo violento años antes. Pero la prisión belga de baja seguridad no pudo contener a Rexhepi. Una vez más, escapó.

Sin embargo, el riesgo de su captura en Europa era inminente. Fue entonces cuando Rexhepi decidió venir a Ecuador para operar de manera más permanente. Aquí construyó su red haciendo uso de empresas fachada legítimas, según dijeron fiscales italianos al Washington Post, que difundió una investigación completa sobre el ascensos de los albaneses en el mercado global de la cocaína.

Tenía facilidad para hacer contactos a todo nivel por su fluidez con el español, italiano e inglés. Eso le permitió entender las facilidades que brinda el sistema para operar libremente con todo tipo de empresas, sin ningún control. Ese momento descubrió que Ecuador era un santuario para el lavado de activos. Uno de sus socios, un vicecónsul diplomático albanés en Ecuador, tenía grandes inversiones en empresas de alimentos y cannabis, según registros públicos y un analista de inteligencia ecuatoriano que estudió la red.

Simultáneamente también tenía contactos con mafiosos italianos, que operaban en Guayaquil, con patrones delictivos similares, orientados al envío de coca a Europa. Además tuvo facilidad para conectarse con empresarios y algunos políticos locales.

Detienen a capo italiano en Guayaquil

Precisamente en 2013 en esa ciudad fue detenido Valentino Alampi, miembro del clan narco Cosca Alampi. Tenía una notificación roja de Interpol, con orden de extradición por asociación delictiva de tipo mafioso.

La Cosca Alampi, vinculada a La Ndrangheta, se dedica a la extorsión. Valentino Alampi es reconocido como un colaborador cercano de Matteo Alampi, su hermano, líder de la Cosca Alampi. El padre de ambos era Giovanni, anterior jefe del clan.

Miembros de Cosca Alampi también habían constituido una red de empresas legalmente establecidas en Ecuador. Por décadas, La Ndrangheta controla el envío de coca desde Latinoamérica hacia Europa, empleando fachadas empresariales legales, aprovechando productos y materias primas. Han establecido redes de importación y exportación que incluyen flores, frutas, maquinaria, vino, sal y alimentos balanceados para camarones. Adicionalmente, lavan dinero mediante inversiones en el sector inmobiliario y de construcción. Guayaquil es su centro de operaciones.

Valentino Alampi es accionista y administrador de dos empresas en Ecuador: Janoli S.A., que sigue activa, y Picturecorp S.A., que está en proceso de disolución y liquidación.

Matteo Alampi también tiene roles similares en estas empresas, además de ser accionista y administrador en Veliticorp, otra firma en operación. Tiene sede en Guayaquil, y está activa en el sector inmobiliario, especializándose en el arrendamiento de bienes inmuebles. Fue fundada el 26 de enero de 2006, entre sus objetivos empresariales incluye las telecomunicaciones y el transporte de datos e información, como se indica en su escritura de constitución revelada en los Panama Papers.

Janoli también sigue activa en Guayaquil, sus principales accionistas con los hermanos Alampi. Se dedica a la construcción de edificios residenciales. Fue fundada en 2002. Ha tenido un impresionante crecimiento en sus ingresos netos, con un aumento del 1.382%, en 2022. La empresa cuenta con un modesto número de empleados y ha experimentado un significativo aumento del 86.88% en sus activos totales.

Por útimo está Picturecorp, que se dedica a la importación y exportación. Los Alampi figuran como accionistas y administradores en las tres empresas.

Mientras la asociación con los italianos fluía, Rexhepi y sus compinches construyeron un sofisticado sistema de logística de drogas, reclutando personal portuario y en compañías navieras, agentes aduaneros y policías, que les permitían un acceso seguro a los contenedores que se dirigían a Europa, dijeron investigadores antidrogas. Un puntal del despegue de Compania Bello fue la formación de alianzas en todo el espectro de grupos criminales de Ecuador, incluidos otros carteles rivales de los balcanes, Ndrangueta, y los mexicanos. Sedujo a sus aliados promocionando a Europa como un nuevo mercado abierto donde todos podían ganar.

Sin embargo, Rexhepi fue arrestado en Guayaquil en 2014, acusado de tráfico de drogas junto a su banda de 10 integrantes. Para entonces se hacía pasar como Murataj Lulezemin, por lo cual la policía ecuatoriano pidió información a Interpol en Europa para verificar si sus pasaporte era legal. El primer país en responder fue Italia donde Rexhepi había huido en 2011. Las autoridades ratificaron que se trataba de un capo peligroso de alto valor, por lo cual simultáneamente pidieron su extradición, al igual que Bélgica y Albania, en 2015, según consta en el expediente judicial.

Aunque la justicia ecuatoriana accedió a la extradición, indicó que se concretaría depués de que Rexhepi cumplira su pena de 13 años en este país.

Al año de estar detenido en Guayaquil, Rexhepi fue trasladado a Cotopaxi. Para entonces el sistema carcelario ya era controlado en buena parte por las bandas, subordinadas a la más poderosa, Los Choneros. Ese fue el contexto ideal para que Rexhepi siguiera empoderando su negocio desde su celda, con todas las facilidades. En Cotopaxi, se hizo amigo de Jorge Zambrano JR, Rasquiña, Fito y a Junior, líderes Los Choneros, que ya trabajaban para el cártel de Sinaloa, según contó uno de los miembros fundadores de ese grupo al Post. Ese fue el inicio de asociaciones estratégicas, entre Compañía Bello, liderada por Rexhepi, y bandas locales. Su objetivo era simple: vender tanta cocaína como fuera posible con abundantes ganancias para todos los socios de los acuerdos, con una clara perspectiva transnacional, algo nunca antes visto.

En septiembre de 2020, tras una investigación de cinco años, cientos de oficiales en toda Europa llevaron a cabo una gran operación encubierta contra las acciones de Rexhepi y su clan. Detuvieron a 20 personas en Italia, los Países Bajos, Alemania, Grecia, Rumania, Hungría, España, Albania y Dubái.

Entonces, las autoridades italianas enviaron una serie de cartas a las autoridades judiciales y gubernamentales, para reiniciar el proceso de extradición de Rexhepi, pues tenían alertas de que buscaba ser excarcelado, antes de cumplir su condena. En una comunicación de 2021 de la Embajada de Italia, incluida en el proceso judicial, los diplomáticos advirtieron que Rexhepi organizó envíos transatlánticos de drogas y ordenó el asesinato de sus rivales “gracias a una densa red de complicidad y corrupción, desde la prisión, utilizando todo tipo de sistemas de comunicación”.

Los pedidos de Italia fueron filtrados a Rexhepi, quien armó su plan de escape. En agosto de 2021, el juez Diego Poma le concedió el arresto domiciliario, por “razones médicas” con un grillete electrónico, según la orden judicial. Días después, el juez ordenó que se le retirara el grillete electrónico y le ordenó que se presentara ante las autoridades cada 15 días.

Rexhepi huye en medio de alertas de Italia

Italia insistió en su pedido de extradición, advirtiendo a las autoridades, en una carta de su embajada en Quito, que Rexhepi era el “líder indiscutible” de una red de narcotráfico albanesa con alcance global”. Ninguna de sus solicitudes fue atendida.

Aprovechando el salvoconducto del juez Poma (quien meses después fue destituido), Rexhepi fue excarcelado, y los días siguientes habría viajado a Medellín, en Colombia, según informes de Inteligencia de la Unión Europea. Para ganar tiempo y preparar el viaje, uno de los operadores del capo se hacía pasar por él en sus persentaciones en la Fiscalía en Guayaquil cada dos semanas, dijo un oficial cercano a la investigación.

En Colombia, Rexhepi también estuvo en Bogotá y Santa Marta. En agosto de 2022 -indica el reporte- Rexhepi fundó la empresa Hkg Colombian Sas en Medellín. En ese país también se encontraba otro integrante de Kompania Bello, el kozobar Remzi Azemi, que fue detenido con Rexhepi en Ecuador, en 2014.
Azemi fue liberado tres meses después y quedó a cargo de coordinar los envíos de coca desde Guayaquil, era el brazo derecho del capo, y también quien ordenó ejecutar a otros albaneses que querían abrirse sus propios grupos criminales para exportar coca desde Guayaquil, sin la venia de Kompania Belo.

Según la inteligencia europea, en Colombia Azemi se movilizaba temporalmente en un vehículo blindado, con matrícula GSU-2041, registrado a nombre de la colombiana Katrin Paola Ospino Fernández, pareja de Rexhepi. Ospino Fernández fue accionista y presidenta de la empresa Worldclass Ecuador, dedicada a actividades turísticas, hasta julio de 2021, cuando Rexhepi, ya había huido a Colombia.

Mientras intentaba fortalecer redes de apoyo y estructuras en Turquía, Rexhepi fue apresado en Estambul, en noviembre de 2023. Dos años antes las incautaciones de cocaína traficadas desde Ecuador a ese país aumentaron en un 40%, según reportes antidrogas europeos. Visionario para la expansión criminal a gran escala, Rexhepi se había instalado en Turquía, con un pasaporte colombiano, bajo la identidad de Benjamín Omar Pérez García. Planeaba convertir a ese país en un corredor crucial para trasladar la droga hacia el este, a Rusia y China. Su ambicioso plan fracasó cuando fue arrestado por pedidos de extradicción de Italia y Albania. A este último país fue enviado en enero pasado donde cumple condenas por varios delitos.

Reportes antidrogas de Ecuador y agencias europeas conciden en que su relevo en Ecuador fue el albanés Dritan Gjika, otro cabecilla de Compania Bello. Rexhepi y Gjika vivían en la misma urbanización en Samborondón. Gjika era dueño de varios restaurantes y negocios en Guayaquil, que utilizaba también de forma activa para el contrabando de drogas.

Los últimos años Gjika armó una robusta estructura empresarial, anclada en sus importantes nexos económicos y políticos, al menos, desde 2020, para enviar droga desde los puertos de Guayaquil y una red de soporte para el lavado, a través de un panal de diez empresas (6 en Ecuadsor y 4 en España),  incluidas fabricantes de canabis y bananeras.

Su nombre trascendió en 2023 por sus contactos, a través de Rubén Chérrez, (asesinado en noviembre) con Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso. Carrera fue sentenciado por delincuencia organizada por ser parte de una red de contratos ilegales en el sector eléctrico.

Al verse expuesto, Gjika huyó del país.

El general (Sp) René Vargas Pazzos murió este primero de marzo de 2025 a los 92 años. Paradójicamente ese mismo día, hace 18 años, ocurrió el bombardeo de las fuerzas colombianas en Angostura, Sucumbíos, Ecuador. Tras este suceso se conocieron los nexos, a diferente nivel, de funcionarios del gobierno de Rafael Correa con las FARC.

Redacción Código Vidrio 

Él se declaraba nacionalista y revolucionario. El general (p) René Vargas Pazzos murió este primero de marzo de 2025 a los 92 años. Paradójicamente ese mismo día, hace 18 años, ocurrió el bombardeo de las fuerzas colombianas en Angostura, Sucumbíos, Ecuador, donde falleció el líder de las FARC, Raúl Reyes, y 25 insurgentes más.

Tras este suceso se conocieron los nexos, a diferente nivel, de funcionarios del gobierno de Rafael Correa con las FARC. Uno de los más importantes era Vargas.

El entonces presidente Álvaro Uribe y su vicepresidente, Francisco Santos, denunciaron que Reyes operaba en ese campamento con la complicidad y autorización del gobierno ecuatoriano. Correa desmintió esas afirmaciones y rompió relaciones con Colombia. Inició una gira relámpago por siete países latinoamericanos para denunciar la violación de la soberanía y la agresión del gobierno colombiano. Esto provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países por cuatro años.

Vargas era un militar apasionado y controversial. Fue el primer embajador del correísmo en Venezuela. Por su cercanía y amistad personal con el caudillo venezolano fue el nexo entre ese gobierno y el de Correa.

Su padre fue comandante liberal con Eloy Alfaro, eso lo dijo en entrevista años atrás.

El militar manabita era cercano a Hugo Chávez desde que éste intentó derrocar al entonces mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez, en 1992. Encerrado en la cárcel de San Francisco de Yaré, recibía literatura, sobre la figura de Manuelita Sáenz y sobre Eloy Alfaro. El remitente era nada menos que el general René Vargas Pazzos.

En 1998, por vueltas del destino, Chávez llegó al poder en Venezuela, y el militar ecuatoriano se convirtió en asiduo visitante del Palacio de Miraflores, como lo revela el libro “El Juego del Camaleón”. Allí, “festejó varios de sus cumpleaños y participó en el programa sabatino ‘Aló Presidente’”.

Ambos fomentaron un pensamiento bolivariano que impulsaba la unidad latinoamericana. Con esa premisa, al día siguiente de la posesión de Correa en Carondelet, le pidieron que fuera el embajador destacado en Caracas. Aún más, Chávez lo invitó a acompañarlo en visita oficial por Rusia, Bielorrusia, España y Portugal.

Vargas no solo había sido crítico con la aplicación del Plan Colombia por parte de Estados Unidos. También había visitado al segundo al mando de las FARC de Colombia, Raúl Reyes, en un campamento en el Putumayo.

En 2000, por delegación de la ONU y de Amnistía Internacional, Capítulo Suecia, fue parte de una misión humanitaria que durante varios días visitó campamentos de las FARC en Colombia y dialogó con autoridades civiles y militares.

En una entrevista que se incluyó en el libro “El Juego del Camaleón” afirmó, mientras era embajador en Caracas, que fue amigo de Raúl Reyes, y que el objetivo de esa visita, cinco años antes en el Putumayo, fue analizar la situación geopolítica y el Plan Colombia. Esa ocasión en ese viaje también estuvo el periodista Arturo Torres, con el fin de entrevistar a Reyes. Ese diálogo fue publicado en Diario El Comercio.

Vargas erigió su figura durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, a inicios de los setenta. Entre 1973 y 1977 ocupó varios cargos en el área hidrocarburífera nacional: fue subgerente y gerente de la estatal petrolera, ex CEPE, y luego Ministro de Energía. Fue uno de los artífices de la salida de la empresa norteamericana Texaco: una muestra de su ideario nacionalista, que también se plasmó en la reformulación de la Ley de Hidrocarburos de la época.

Entonces era coronel y tuvo un ascenso vertiginoso: llegó a ocupar la jefatura del Estado Mayor del Ejército. Aunque Vargas lo niega, entre los uniformados de esa época era un secreto a voces que él obligó, con pistola en mano, a que los gringos de la Gulf firmaran la entrega de las acciones. Era un fogoso y arriesgado coronel.

“Yo nací así, nacionalista y revolucionario (…) Siempre me he opuesto a la Base de Manta, al Plan Colombia”, enfatizó Vargas.

Desde mediados de 2003, Vargas arrendó una de sus haciendas, ubicada en la Bocana del Búa, en Santo Domingo, a un grupo de armados colombianos, liderados por «Casimiro», quien luego fue identificado por agentes de Inteligencia como Oliver Solarte, jefe financiero del Frente 48 de las FAR

PERFIL ⇒ José Luis Terán es uno de los tres juristas opcionados para llegar a la Corte Constitucional. Durante sus 40 años de trayectoria ha cosechado relevantes logros académicos y laborales. Ha sido juez de la Corte Nacional y decano de Derecho. También ha sido meticuloso para planificar su crecimiento económico. Los últimos ocho años duplicó su patrimonio, que hoy suma 760 mil dólares. Una inesperada prohibición del Ministerio de Trabajo para ejercer cargos públicos trastocó por una semana sus planes. Terán solventó ese traspié el 28 de febrero cuando esa cartera levantó la suspensión, que lo habilita para integrar el Tribunal, una vez que la Función de Transparencia anuncie los resultados finales del concurso esta semana. Nota actualizada este martes 4 de marzo de 2024.

Redacción Código Vidrio  

La participación como accionista en la empresa de Trasporte Turístico Airportmega persigue como una sombra a José Luis Terán Suárez, candidato a integrar la Corte Constitucional (CC).

Cuando la Comisión de Selección de la Función de Transparencia se aprestaba a anunciar, la semana pasada, los resultados del concurso, en el que Terán es uno de los tres mejores puntuados junto con Claudia Salgado y Jorge Benavídez, se supo que el jurista no podía ocupar cargos públicos, según el Ministerio de Trabajo, en vista de que fue destituido de juez en 2021. En un informe enviado a los comisionados el martes 26 de febrero, Terán insistió en que la suspensión de su destitución está vigente por el fallo dictado en 2024 por el Tribunal de lo Contencioso, que declaró la nulidad de esa acción de personal. Ante las notificaciones de la Judicatura y la Corte Nacional de que no existía ningún impedimento, la cartera de Trabajo levantó la prohibición, con lo cual Terán tiene vía libre para ser nombrado juez constitucional.

Un juez consultado que pidió el anonimato dijo que los actos administrativos de la autoridad pública (en este caso de la Judicatura) gozan de presunciones de legitimidad y deben cumplirse hasta que exista una sentencia ejecutoriada que declare la ilegalidad e ilegitimidad del acto administrativo.

El antecedente de la destitución de Terán está relacionado con la empresa Airportmega, que fue constituida en 2003 por él y 12 socios más, con un capital de 2.250 dólares, repartidos en 90 acciones. Una de las participaciones está a nombre de Suárez, que fue el primer presidente de esa firma durante cinco años, según los estatutos de creación.

En entrevista con Código Vidrio, Terán dice que esa acción fue un regalo de uno de sus clientes cuando, como abogado en libre ejercicio, hizo los trámites para constituir la compañía de transporte, que hoy tiene 29 socios, y está domiciliada en Quito.

“A esa acción nunca le he parado bola ni me acordé de que la tenía, porque desde cuando se constituyó la empresa nunca estuvo operativa”, explica Terán en la espaciosa sala de profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, donde fue decano y hoy es maestro a tiempo completo.
Al revisar los registros de la Superintendencia de Compañías efectivamente la empresa no registra estado de resultados, ni movimientos financieros, ingresos ni actividades comerciales, o pago de impuestos en su contabilidad. Pero sigue activa.

En 2015 cuando fue designado ministro de la Corte Nacional de Justicia, tras la reestructuración del poder judicial liderada por Gustavo Jalkh, denominada por el expresidente Rafael Correa, la «Metedura de mano en la justicia», Terán no incluyó en su declaración de bienes que era accionista de esa empresa.

“Hasta ese año no había declaraciones patrimoniales en línea, el documento se llenaba manualmente y se dejaba en una notaría. En el formulario no existía un casillero para declarar acciones en empresas, a eso se debió mi omisión”, explica Terán.

Esa inconsistencia en su declaración fue detectada por el Consejo Nacional de la Judicatura en 2019, cuando removió del cargo a Terán quien no superó una evaluación dispuesta por el Consejo de Participación Transitorio. En total 8 jueces y 10 conjueces dejaron sus cargos.

Además de su remoción, la Judicatura abrió un expediente disciplinario por presunta falsedad ideológica en contra de Terán, que en 2021 devino en su destitución por proporcionar información falsa en el proceso de selección. Se le impuso una sanción que le prohibía ocupar cargos públicos por dos años en el servicio público y de por vida en la Función Judicial.

Para anular su destitución, Terán presentó una demanda judicial. “Yo corregí mi declaración en la Contraloría, hice un alcance incluyendo mi participación accionarial en la empresa”, indicó el docente, al cuestionar al Consejo de la Judicatura por no tener competencia para sancionarlo.

En 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito le dio la razón. Declaró la nulidad de su destitución, pero rechazó su pedido de reincorporación y compensación económica. Con ese fallo en firme Terán estaba habilitado para ocupar funciones públicas, por lo cual decidió participar en el concurso para integrar la Corte Constitucional. Y en octubre el Ministerio de Trabajo certificó que no estaba inhabilitado.

Entre tanto, la Judicatura y Terán habían apelado el fallo del Tribunal, a través de un recurso de casación que fue aprobado para su trámite en la Corte Nacional de Justicia, con lo cual la sentencia del tribunal de lo Contencioso habría quedado en suspenso; eso implicaría, como acaba de certificar el Ministerio de Trabajo, que su destitución se encuentra en firme y actualmente no podría trabajar en el sector público.

Metódico y planificador para adquirir bienes   

A lo largo de sus cuarenta años de carrera como abogado litigante, juez y profesor, Terán se ha empeñado en tener logros, no solo académicos (entre 2009 y 2022 obtuvo 15 títulos, entre doctorados, maestrías y diplomados) sino en ocupar cargos relevantes en la función judicial, donde varias ocasiones ha sido juez.

Además de esa obsesión por el estudio y logros profesionales, Terán ha sido metódico y sistemático para adquirir bienes. Eso se refleja en sus declaraciones patrimoniales. Los últimos siete años sus ingresos y gastos tuvieron un aumento importante.

Entre 2018 y 2024, sus consumos con tarjetas de crédito sumaron más 200 mil dólares, mientras en sus cuentas bancarias tiene saldos promedio de $12.800 y posee 12 bienes inmuebles, además de derechos y acciones, según consta en su declaración patrimonial.

Teran Suarez reportó la posesión de los siguientes bienes inmuebles en diferentes períodos. Incluyen:

2 Parqueaderos (en Pichincha)
1 Bodega (Pichincha
1 Terreno (Pichincha)
2 Oficinas (Pichincha)
1 Departamento (Pichincha)
1 Casa (Pichincha)
Derechos y Acciones (Pichincha e Imbabura)

Suman 12 propiedades registradas en distintos años. Lo bienes muebles, es decir, equipos de oficina, menajes de casa, obras de arte joyas y colecciones, reportados se mantienen constantes en sus declaraciones.

También tiene préstamos hipotecarios y quirografarios, que desde 2018 suman $421 mil, que ha pagado en más del 50%.

“A mis 62 años, siempre he tenido varios cargos, a la vez, en el sector público y en varias universidades; siempre que llego a algún puesto planifico adquirir algún bien. Por ejemplo, cuando llegué al tribunal me propuse comprar mi oficina; en la Corte Nacional mi meta fue comprar un departamento”. Indicó.

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Mientras en 2017 su patrimonio fue de $390 mil, en 2024 llegó a $760 mil. En ese mismo período sus deudas se redujeron: pasaron de $240 mil a $169 mil. En bienes las cifras también mejoraron: de 303 mil, en 2017, llegaron a $880 mil, en 2024.  

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Para explicar ese aumento patrimonial y de consumo, Terán contó que sus gastos se redujeron drásticamente cuando sus hijos dejaron la casa y generaron sus propios recursos. “También dejé de estudiar, tengo un ingreso promedio de 4.500 dólares, mi esposa es jueza con un salario similar. Al no tener mucho en que gastar, pensé en invertir en bienes. La última propiedad que compré es un terreno en Puembo, para construir otra vivienda. Para todo hay que planificar, a si se conoce una persona, si es o no organizada”.

Con esos ingresos mensuales anualmente obtuvo $54.000. Considerando que ejerció como juez nacional durante tres años (2017-2019) y como docente a tiempo completo durante cinco años (2020-2024), los ingresos totales esperados en este período ascienden a $432 mil.

Explicó además que las propiedades que adquirió tuvieron reavalúos, con lo cual se incrementó su valor declarado. Dice que su aumento patrimonial también se debe a una herencia de un predio de su padre, que falleció en 2011, pero las particiones y lotización para la venta empezaron en 2022.
Otra fuente de sus ingresos -recalca- son los préstamos hipotecarios que ha sacado con su esposa para la compra de un departamento, a diez años plazo. “Los créditos quirografarios los uso para gastos pequeños como cerramientos y otros acabados en Puembo”.

También hay un incremento significativo en los gastos con sus tarjetas de crédito. Mientras en 2018 tuvo consumos por $21 mil, en 2024 llegaron a $93 mil. Acerca del aumento en esos consumos, indica que en promedio nunca ha pasado los $10 mil mensuales. “Con las tarjetas pago impuestos, tributos prediales, seguro médico, del vehículo…”

Terán dice que su experiencia de juez tributario le ayudó a ser metódico para comprar bienes a través de créditos. “Siempre he programado mis deudas con créditos, nunca he comprado de contado nada. Toda la vida he sacado préstamos. Tengo mi oficina y departamento rentados, porque vivo en mi casa. ¿En qué gasto?.. En medicina, seguros…”.

Terán destaca que ha sido juez casi diez años, entre 2009 y 2019. “He manejado casos de miles de millones de dólares, como OCP, de petroleras como Andes, desde el área tributaria, Supermaxi, Bananera Noboa, El Juri, la Favorita, Banco de Guayaquil. No he tenido una sola queja. Sin en esos casos no me he ensuciado como me voy a hacer millonario como decano de la facultad, donde he tenido que poner de mi bolsillo para arreglos”.
En 2019, durante el proceso de evaluación del Consejo Transitorio sus cuentas fueron auditadas. “Nos revisaron hasta la última pulga, nos investigó la UAFE, la Contraloría, auditaron todos mis bienes, y no tuve un solo señalamiento, aparte de supuestamente no haber justificado el incremento de 25 dólares de la acción de la empresa de transporte”.

El concurso para la designación de los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional dio un giro sorpresivo. Uno de los tres finalistas para ocupar esa función, el abogado José Luis Terán, tiene prohibición del Ministerio de Trabajo para ejercer cargos públicos, por haber sido destituido de la Corte Nacional de Justicia en 2021. Terán sostiene que su remoción no está en firme sino en suspenso, por lo cual no tendría ningún impedimento para ser designado juez constitucional. Y que la disposición se subió este 24 de febrero a la página digital de esa cartera de estado, y no se respalda en ningún fallo judicial. Durante el concurso enfrentó una impugnación (foto).

Redacción Código Vidrio

El abogado José Luis Terán Suárez, uno de los tres candidatos mejor puntuados y más opcionados a integrar la Corte Constitucional, no puede ejercer cargos públicos.

Terán tiene un impedimento legal para ejercer funciones públicas por haber sido destituido en 2021 de la Corte Nacional de Justicia por el Consejo de la Judicatura, según consta en el Registro de Prohibiciones e Inhabilidades del Ministerio de Trabajo (Certificado CIWEB20002514328), revisado por Código Vidrio en la página web de esa institución.

En entrevista con este medio, Terán dijo que esa decisión fue subida hoy a la página web de la cartera de Trabajo, y que no se respalda en ningún fallo judicial. La destitución -destacó el jurista- estaba en suspenso, pues aún no existe una decisión final, en firme de la Corte Nacional, de un recurso de casación que se tramita desde 2024. “Por lo tanto, no tengo ninguna prohibición para ejercer cargos públicos”, señaló. “Por eso pasé todas las etapas de selección porque no tenía ninguna inhabilidad”.

En 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito declaró la nulidad de su destitución, pero rechazó su pedido de reincorporación y compensación económica. Posteriormente la Judicatura presentó un recurso de casación para que quede en firme la destitución, mientras Terán también interpuso ese recurso, solicitando su restitución inmediata. Actualmente, este caso está en trámite en la Corte Nacional de Justicia, que sin embargo habría reportado al Ministerio de Trabajo que Terán no puede ocupar cargos públicos, lo que implicaría que su destitución está en firme.

En octubre de 2024, cuando los postulantes presentaron las carpetas, Terán presentó un certificado de esa cartera, validado por la Comisión Calificadora, donde decía que no tenía impedimento, según la jurista María Dolores Miño.

La prohibición de Terán sale a la luz este lunes 24 de febrero cuando el concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional (CC) concluyó, con la etapa de impugnaciones y pedidos de recalificación de la prueba oral de los postulantes que llegaron a esta última etapa. Luego de revisar las impugnaciones estaba previsto que los nombres de los tres nuevos jueces se conocieran hasta este miércoles 27 de febrero.

Posteriormente, el presidente de la CC, Alí Lozada, debía disponer el inicio de un sorteo público para la salida de tres de los actuales nueve magistrados.

Entre 2022 y 2025, la Corte Constitucional se integró con los jueces Alí Lozada (presidente), Carmen Corral (vicepresidenta), además, Richard Ortiz, Jhoel Escudero, Alejandra Cárdenas, Karla Andrade, Enrique Herrería, Teresa Nuques y Daniela Salazar. Tres de ellos deberán dejar la Corte.

Los jueces de la CC desempeñarán sus cargos por un período de nueve años, sin reelección y serán renovados por tercios cada tres años, según la Constitución.

La destitución de Terán

Terán Suárez fue removido en 2019 de su cargo como juez de la Corte, por no superar la evaluación integral dispuesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

Terán ingresó a la CNJ en 2015, tras obtener una calificación de 98.5/100 en el concurso organizado en 2014 por el Consejo de la Judicatura, entonces liderado por Gustavo Jalkh.

No obstante, en 2019, obtuvo una nota de 79.1 sobre 100, por debajo del mínimo requerido de 80 puntos. Como consecuencia, el 15 de noviembre de 2019, el Pleno de la Judicatura lo removió junto con otros 8 jueces y 10 conjueces.

La Judicatura detectó supuestas inconsistencias en su declaración patrimonial de 2015, lo que llevó a la apertura de un expediente disciplinario por presunta falsedad ideológica. En abril de 2021, se le responsabilizó por proporcionar información falsa en el proceso de selección y se le impuso una sanción de destitución que le prohibía trabajar en el servicio público por dos años y, de por vida, en la Función Judicial.

En agosto de 2021, Terán presentó la demanda para anular su destitución, exigir su reintegro a la CNJ y el pago de salarios y beneficios no percibidos. Él asegura que no cometió ninguna falsedad sino que omitió incluir en su declaración una acción de 25 dólares que tenía en una empresa de transporte, porque para esa fecha (2015) en el formulario de la Contraloría no existía un casillero específico, lo cual enmendó en un alcance  de su declaración patrimonial ante la Contraloría.

 INVESTIGACIÓN ⇒ Cuatro ecuatorianos apresados en diciembre pasado por ser parte de una red que traficó 8 toneladas de cocaína a España, son dueños de una empresa minera en Camilo Ponce Enríquez, epicentro de la explotación criminal de oro. La firma es Goldenminerals, que explotó miles de toneladas de mineral aurífero en 2023, pero no reportó la exportación ni el destino que tuvo este material. Esa compañía tenía un contrato de operación con la empresa Miderzul, que hizo exportaciones inusuales de concentrado de oro a China. El Gobierno realiza una auditoría a 1.652 concesiones, para verificar si cuentan con permisos ambientales y si presentaron informes de minerales secundarios, que es su obligación para comercializar y exportar oro.

Por Arturo Torres
Alianza transfronteriza  CódigoVidrio – OjoPúblico   

Los estrechos nexos del narcotráfico y la minería ilegal de oro, que han sido un secreto a voces en Ecuador, quedan por primera vez al descubierto. La punta de la madeja que desenredamos apareció en diciembre del año pasado, cuando una red dedicada al tráfico de cocaína desde Ecuador hacia España fue desarticulada por la policía de ambos países. Al analizar en registros públicos de la Superintendencia de Compañías y otros organismos de control los perfiles económicos y societarios de cuatro de las personas investigadas y detenidas como parte de esa organización criminal, confirmamos que compraron y administraron la empresa minera Goldenminerals S.A., dedicada a la explotación de oro. El fin principal era lavar el dinero procedente del tráfico de drogas y obtener ganancias con exportaciones de oro.

La información recabada para esta investigación ratificó a que Goldenminerals S.A. es un eslabón clave, hasta hoy desconocido, de una cadena que permite entender cómo se conectan y funcionan las redes transnacionales del crimen organizado, que ha diversificado su portafolio de ingresos desde el narcotráfico hasta la minería ilegal y las extorsiones en Ecuador.

Esta historia comienza con dos operativos importantes, en 2023 y 2024, en los que se capturaron ocho toneladas de cocaína (7,3 toneladas en España y 664 kilos en Ecuador) y la detención de ocho miembros de esta red en Ecuador y cuatro más en España. La droga provenía de Colombia y era cargada en contenedores de frutas listas para ser comercializadas a Europa.

La primera alerta de la operación de la organización, integrada por ecuatorianos y extranjeros, fue notificada a la Fiscalía en junio del 2022. Desde esa fecha agentes antidrogas empezaron a realizar seguimientos y posteriormente escuchas e interceptaciones telefónicas a algunos de los sospechosos de esta red, desmontada en diciembre pasado, denominada Gran Fénix 52 Gibraltar.

Entre los detenidos en Ecuador se encontraban empresarios, policías en retiro y un marino en servicio activo, que, según las pesquisas, tuvo un rol importante por su acceso a información privilegiada en el control marítimo.

Según la investigación fiscal, a la cabeza de la organización estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tráfico de drogas y peculado; y la persona encargada de las operaciones logísticas, sería su esposa, María Auxiliadora Montesdeoca.

En 2023, Carlos Eduardo Zambrano fundó la compañía Inmoalta Inmobiliaria, en Guayaquil, además de las empresas Inversiones Monar, en 1998, y Latexcol, en 2004.

La policía también identifica como socios de Zambrano al coronel en retiro de la policía, Julio César Miño del Hierro (quien había sido jefe de la Policía Judicial de Guayaquil y otros distritos) y a Galo Manuel Litardo García, capitán de Corbeta en servicio activo de la Marina. Además, a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, José Luis Bersoza Cóndolo (alías “Pollos”) y Édison Andrés Espín Vallejo, quienes eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracción de oro, entre otras actividades. Entre 2020 y 2024 todos tuvieron ingresos económicos que no pudieron justificar, según consta en el proceso judicial.

Un alto oficial de la Policía explicó que Zambrano se encargaba de la coordinación y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la justicia, la policía y en las Fuerzas Armadas. Según las mismas investigaciones, fue él quien contactó al coronel (SP) Julio César Miño y al capitán de Corbeta de la Marina, Galo Litardo; y él era también quien definía dónde se debía invertir el dinero. Uno de estos negocios fue la minería de oro.

Los actores detrás del negocio

Según la misma investigación policial, Carlos Zambrano y su pareja María Auxiliadora Montesdeoca vivían en una lujosa residencia en Samborondón, cantón de Guayas, valorada en 500 mil dólares.

Las pesquisas de la investigación fiscal en curso han identificado que el coronel en retiro Julio César Miño obtenía información en la policía, a través de sus redes de informantes, con el fin de que sus socios evitaran los controles en los puertos; mientras que el oficial de la Marina accedía a datos sobre los patrullajes acuáticos en los esteros. Así coordinaban el envío del cargamento en los buques, en la zona de cuarentena, antes de su salida a altamar, explicó un oficial del caso.

Mientras estuvo en la policía, Julio César Miño fue parte de diferentes unidades de inteligencia antidrogas y de crimen organizado, como la UIES y ULCO, en 2006 y 2008. Luego fue comandante en Manta y Los Ríos, territorios de elevada violencia asociada al narcotráfico. Fue en este último lugar, donde, según un oficial, Miño habría empezado a ser contactado por grupos criminales.

Actualmente siete de los detenidos guardan prisión, mientras el capitán Litardo tiene medidas sustitutivas, con prohibición de ausentarse del país y presentarse tres veces a la semana ante la Fiscalía, mientras se desarrolla el proceso judicial.

Las autoridades de Ecuador sostienen que el financiamiento de las actividades criminales de la organización provenía de las ganancias de contratos con empresas legalmente constituidas. Al revisar el listado de las compañías identificamos que una de ellas se dedicada a la minería.

Agentes españoles y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador estiman que los financistas principales de estas operaciones serían enviados invisibles de los carteles del narcotráfico que controlan el envío de coca hacia Europa, encabezados por la mafia albanesa, con apoyo logístico de Los Lobos y otras bandas.

La estructura empresarial era para el lavado a través de la explotación y venta de oro en el mercado internacional

Narcos con fachada de empresarios   

Desde diciembre del año pasado, este equipo periodístico recabó información para  identificar la conexión de la red de narcos con empresas, a través de sus accionistas, su modus operandi y su relación con la explotación minera.

Esta investigación identifica que cuatro de los detenidos en la intervención policial de diciembre de 2024 son accionistas y/o administradores de la compañía minera Goldenminerals, constituida en Machala en 2018. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Edison Espín.

La empresa está activa, según el portal de la Superintendencia de Bancos. Fue propiedad de Melida B. y Alisson B., hasta 2022. Ese año fue comprada por el supuesto narcotraficante Geovanny Cruz, quien también es dueño de las firmas Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models. En esas y otras compañías también aparecen como socios y administradores Espín, Alvear y Bersoza, quien es dueño, además, de la firma Avícola Rioblanco, de cría y reproducción de ganado.

Avícola Rioblanco reporta activos por 327 mil dólares, y también era empleada para lavar dinero en efectivo, según la investigación judicial.

En su último informe económico de 2023, Goldenminerals reportó activos por 209 mil dólares. No declaró pérdidas ni ganancias. Desde 2019 mantiene similares montos de activos, pérdidas y ganancias. 
Esa firma minera no tiene ninguna concesión minera. Posee un contrato de operación con la empresa Cerro Azul, Miderzul, que es la titular de la concesión La Boya, ubicada en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay.

Esta modalidad, con la entrega de contratos de operación privados a terceras personas, a cambio de un porcentaje del oro extraído, es ideal para el lavado de dinero, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la minería, porque según él no son acciones reguladas o debidamente controladas.

Desde hace tres años el cantón Ponce Enríquez es el centro de la minería ilegal en Ecuador, donde operan Los Lobos y otros grupos delictivos locales y extranjeros como el Tren de Aragua. Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales más grandes y complejas, que controlan toda la cadena de producción, desde la explotación del mineral aurífero, hasta su procesamiento y fundición en las plantas de beneficio (la mayoría ubicadas en Ponce Enríquez y Portovelo, provincia de El Oro), para su exportación como lingotes o concentrado de oro (arena mineralizada), por vía aérea y marítima a varios continentes, según informes de Inteligencia.

ZONA CONCESIONADA A MIDERZUL EN PONCE ENRÍQUEZ, DONDE OPERABA GOLDENMINERALS

Los mismos reportes y apreciaciones de Inteligencia a los que se tuvo acceso para esta investigación señalan que este intrincado ensamblaje de cómo operaba Goldenminerals habría sido montado por decenas de compañías y operadores más desde 2019, con la complicidad de autoridades de las agencias de control y el Ministerio de Energía y Minas. Estos funcionarios además se encargaron de elaborar normas y reglamentos para facilitar actividades delincuenciales, sobre todo en la pequeña minería, dijo un alto funcionario del gobierno que investiga este laberinto de corrupción.

En la cúspide de esta pirámide estarían carteles, y un escalón más abajo algunos clanes familiares locales que dominan el sector de pequeña minería desde hace décadas en El Oro y Azuay, explica un agente que sigue su pista en Ponce Enríquez.

Contratos de operación abren la puerta
 

El dueño de la minera Miderzul, que extendió el contrato de operación a Goldenminerals, es Juan Pogo Labanda, quien recibió el título de la concesión la Boya en 2021, según informes del Ministerio de Energía y Minas. Como empresa contratante, Miderzul debía encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotación de mineral aurífero, pero no lo hizo, según consta en un informe oficial al que esta alianza accedió. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental.


El contrato, firmado desde 2018, tiene una duración de diez años. Establece que la contratista deberá entregarle el 7% de la producción bruta de oro, que se liquidará en el proceso de recuperación mineral en la planta de beneficio de su elección. Una copia del contrato notarizado está en poder de esta alianza.

Como garantía, el operador pagó USD 50.000. Su obligación -según el convenio- es explotar el yacimiento e impedir actividades de minería ilegal.

Además, el titular de la concesión puede dar por terminado el contrato cuando el contratista no realice operaciones de explotación por más de tres meses, lo cual ha sido recurrente en este caso.

Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) presumen que el área era usada para actividades extractivas ilegales que no eran reportadas, para evadir el pago de impuestos y regalías, lo cual es una práctica recurrente.

Esta alianza periodística accedió también a informes y auditorías oficiales realizadas a las operaciones de Goldenminerals en esa concesión. Según uno de los reportes, la empresa no tiene licencia ambiental desde 2017. Tampoco presentó planes de desarrollo, ni de exploración o interpretación geológica. Esto, sin embargo, no fue observado por las autoridades de la zonal de Cuenca, capital de Azuay.

Esa compañía entregó un cronograma de actividades, aunque reportó que invertiría inicialmente USD 49.337.

Sobre la explotación de mineral aurífero, un informe del 2022 observa que no presentó reportes de geología y geotécnica de la mina. 
Otro documento oficial de producción de labores de exploración y explotación de 2022 confirma que la empresa no desarrolló estudios de geofísica, geoquímica, sondeos ni interpretación geológica, aunque sí extraía mineral aurífero. Respecto a la extracción de minerales, indica que solo hay reportes teóricos, que no cuenta con planta de beneficio para triturar y procesar el mineral. Alquila esos servicios en Camilo Ponce Enríquez.

En 2022, Goldenminerals no tuvo consumo de combustibles en explotación minera alguna, tampoco de energía. No registró operaciones formales entre enero y diciembre de 2022, lo cual debió ser alertado por el titular minero Miderzul, para exigirle al operador que cumpla el contrato. Pero no lo hizo, según destaca el informe técnico.

En 2023, Goldenminerals reportó la explotación de 1.004 toneladas de mineral y 161 toneladas de estéril. En la declaración juramentada de manifiesto de Producción, recogida en un informe de la Regional de Azuay, además indicó que extrajo 11.613 toneladas, en un área de 197 hectáreas. Sin embargo, no especificó cómo lo hizo, con cuántos trabajadores opera o qué pasó con el material explotado: si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializó como concentrado de oro. La empresa solo indicó que empleó 5.500 galones de diésel, pero no tuvo ningún consumo de energía eléctrica.

Ante los pedidos de esta alianza, el fiscal a cargo del caso, Fernando Guerrero, no se quiso pronunciar sobre el avance de esta investigación en la conexión con la minería, pues estaba realizando algunas diligencias.

En la práctica, según expertos del sector consultados, la capacidad de las entidades de control como la Arcom, la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Energía y Minas está desbordada, por la utilización sistemática y discrecional de títulos mineros, licencias de comercialización y contratos de operación para actividades opacas, delictivas, desde hace más de cinco años.

En el país están inscritas 1.652 concesiones (388 en trámite) y 557 contratos de operación (206 en trámite). Además hay 213 plantas de beneficio (82 en trámite), y 370 licencias de comercialización (229 en trámite).
Los actores criminales, vinculados con organizaciones del narcotráfico, se han beneficiado desde hace más de una década de estas modalidades contractuales, usando la fachada de pequeños empresarios mineros. “Han recibido títulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupción que permean todo el sistema”, observa un oficial del Ejército, que investiga esta dinámica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Perú.

Narcotráfico y minería ilegal van de la mano

Julia Yansura, directora del Programa de Delitos contra el Medioambiente y Financiación Ilícita, de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), destaca que el caso ecuatoriano no es una excepción. “Existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero en efectivo que obtienen por la venta de cocaína”, señala Yansura.

Entre las modalidades más usuales están las exportaciones ficticias de minerales auríferos en contenedores, que cuando han sido inspeccionados estaban vacíos. Los narcos declaran importantes envíos que en la mayoría de casos no son verificados, para recibir pagos que ingresan al sistema financiero sin ninguna dificultad. 
Los narcos prefieren el oro porque es mucho más fácil de transportar que el dinero en efectivo. Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones, indica Yansura. 
“La explotación y compra de oro, con fondos del narcotráfico, se ha ido extendiendo vertiginosamente los últimos 15 años en toda la región. Mientras el oro se mantiene al alza -destaca Yanzura- los precios de la cocaína han caído por la sobreproducción”. 
Esta tendencia es parte de la diversificación del modelo de negocio criminal. Los narcotraficantes siguen un esquema empresarial, buscan más rentabilidad con inversiones diversificadas, que los estados tienen dificultad en identificar y controlar con una trazabilidad más eficaz.

José Julio Neira, quien preside el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) y dirige la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), dijo en entrevista con esta alianza que el Gobierno realiza una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros, para verificar si cuentan con permisos ambientales vigentes, si han presentado los informes de minerales secundarios, que están obligados a presentar para la comercialización y exportación de minerales. También está en marcha un control integral de todas las personas naturales y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio. Para detectar posibles casos de lavado de activos, la UAFE realiza controles en toda la cadena productiva del sector minero.

Los operadores, blindados por la justicia

Aprovechando el descontrol estatal, quienes tienen contratos de operación también realizan actividades de minería criminal en áreas fuera de las concesiones asignadas para sus proyectos. Según un informe de la zonal de Cuenca, por estos casos hay 17 amparos administrativos interpuestos por titulares mineros en contra de operadores ante la Arcom, denunciando incumplimientos y prácticas de minería ilegal. Todos esos amparos han sido resueltos desde el 2020 hasta la fecha, en los cantones Camilo Ponce Enríquez y Santa Isabel, según el informe oficial.

No obstante, según representantes de una empresa minera, ese reporte de la Arcom es impreciso. Esa compañía -que pidió el anonimato por temor a represalias- presentó tres recursos de amparo administrativo, descritos como resueltos por la Arcom, pero asegura que aún no se han resuelto a su favor, están en trámite, según indican los documentos de constancia de sus denuncias a los que tuvimos acceso.

En la mayoría de los casos, dice un profesional de la empresa, son litigios que empiezan en la Arcom y pasan a la justicia ordinaria donde tardan años en resolverse o se declaran en abandono. “Los operadores interponen esas acciones en la justicia ordinaria, para impedir que les retiren contratos”, indica la fuente de esa compañía que pidió la reserva por seguridad. 
Uno de esos casos es el de la minera Porvenir, que fue denunciada por realizar explotación ilegal en la concesión Mollopongo, en Camilo Ponce Enríquez. En 2024, técnicos de la Arcom realizaron una inspección técnica en el sitio y verificaron las actividades ilegales durante dos meses consecutivos. De los tres amparos planteados, ninguno está resuelto, y solo en uno se emitió una multa.

Esta alianza accedió a los certificados de exportación y producción de la minera Miderzul, cuyo dueño y gerente es José Pogo Labanda. Él es titular de la misma concesión La Boya, donde también opera Goldenminerals. 
Entre 2023 y 2024 Miderzul exportó a China 827 toneladas de concentrado de oro, es decir arena con mineral aurífero.

Esos cargamentos se enviaron en “big bags” por vía marítima. Por estos despachos Miderzul recibió un pago de USD 2,5 millones. Según los reportes, el concentrado provino de la Boya y fue triturado en plantas de beneficio de Camilo Ponce, la principal es Metalesa, propiedad de los hermanos Milton y Fredy Romero Guaicha. Ellos también son dueños de la empresa Romero Miningcorp y tienen concesiones mineras en esa zona. 
En ninguno de los informes de producción o exportación de Miderzul se indica dónde están las barras de oro que se habrían obtenido de las 827 toneladas de concentrado exportadas a China.

Agentes de Inteligencia sospechan que ese material exportado por Miderzul a China por el puerto de Guayaquil sería el que explotó Goldenminerals.

Según una exfuncionaria de Arcom consultada, ese faltante debería ser investigado y aclarado por las autoridades.

María Laura Patiño, consultora financiera, experta en lavado de activos, subrayó que en Ecuador el sector minero es un espacio ideal para el blanqueo de capitales. Especialmente por la ausencia de controles integrales y seguimiento a los titulares de las concesiones, los operadores, y los propietarios de las plantas de beneficio, para que cumplan sus obligaciones. 
Patiño recalca que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quien es el beneficiario final. “En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores”, apunta.

Esta alianza pidió una entrevista con Juan Pogo para tener su versión sobre el contrato de operación con Goldenminerals y sus incumplimientos, así como las exportaciones de sus empresas Miderzul a China, pero no obtuvo una respuesta, hasta el cierre de este reportaje.

El 29 de enero pasado, el representante de una de sus compañías respondió a uno de nuestros correos. Dijo que él sí nos concedería una entrevista, sin especificar la fecha. Aseguró que ninguna de las firmas de Pogo ha realizado exportaciones de oro relacionadas con Goldenminerals. Aseguró que todas sus empresas mineras están legalmente constituidas. Se dedican a la comercialización de metales y minerales, así como a brindar servicios para exportación.

Exportaciones de Miderzul a China 

 

78 mineras suspendidas

Las anomalías detectadas en esta reportería son parte de un esquema turbio empleando empresas de papel, que aún no ha podido ser desmantelado por el Gobierno, que investiga sus conexiones y patrones.

José Julio Neira confirmó que 78 empresas mineras están suspendidas, con acciones administrativas sancionatorias, por ser parte de esquemas de exportaciones millonarias de oro inusuales, plagadas de irregularidades. Según estimaciones oficiales, más de USD1.300 millones en exportaciones de oro provienen de operaciones de minería ilegal.

En las inspecciones in situ realizadas por el SRI -destaca Neira- la primera anomalía encontrada es la inexistencia de empresas exportadoras en los lugares registrados como domicilio fiscal. “Son empresas fantasmas, que posiblemente son utilizadas para el cometimiento de uno o varios delitos, entre evasión fiscal, corrupción y lavado de activos”.

El mecanismo de envíos desde empresas fantasmas empezó a operar en toda su magnitud en 2023. Ese año, según reveló una investigación de Código Vidrio , las empresas de pequeña minería Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals exportaron 268 millones de dólares en oro a Emiratos Árabes Unidos y la India, 20 veces más que en 2022. Realizaron sus envíos a través de un esquema de certificados y permisos maquillados, fraudulentos, con oro extraído de minas inexistentes en sus concesiones. Sin empleados registrados en el Instituto de Seguridad Social.

Precisamente, una de las prácticas de la delincuencia organizada en el proceso minero es la creación de empresas de un día para el otro, particularmente de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), que con un capital mínimo realizan exportaciones por millones de dólares de material mineralizado, según Neira. Bajo este régimen precisamente han operado Rockgolden y Rocadorada.

Estas anomalías fueron identificadas desde fines de 2023 por funcionarios de la Arcom, que alertaron lo ocurrido a autoridades del SRI.

Esta alianza periodística conoció que para frenar estas prácticas ilícitas en la entrega y uso de las concesiones, plantas de beneficio, licencias de comercialización, y exportaciones de oro, desde el Ministerio de Energía y Minas y el Conim se impulsa una serie de reformas normativas y reglamentarias (algunas ya se aprobaron), con la cooperación de especialistas de la Arcom.

Adicionalmente, según Neira, ya se aplica el registro geolocalizado sistemático de maquinaria amarilla (retroexcavadoras que se usan para la minería ilegal), además del control ambiental en las plantas de beneficio para verificar que cuenten con los permisos ambientales vigentes. También el control de informe de minerales secundarios a los titulares de derechos previo a la exportación y el incremento de auditoras in situ en las concesiones mineras.

El concurso para Corte Constitucional entró en su recta final. Entre los candidatos hay un postulante removido como juez nacional y otro aspirante que fue un alto funcionario de Lasso.

Redacción Código Vidrio

El concurso de oposición y méritos para renovar un tercio de la Corte Constitucional llega esta semana a su etapa decisiva. Seis de los nueve postulantes que quedan en el proceso rendirán el examen oral entre el martes 18 y miércoles de 19 de febrero, que es la última fase del proceso.

La prueba se desarrollará en la Contraloría y tiene un valor de 35 puntos, al igual que la prueba escrita que se rindió la semana pasada. Los 100 puntos del concurso se completan con la calificación de la experiencia profesional y académica, que fue la primera etapa del concurso.

En este proceso de renovación de la Corte Constitucional participa un postulante que fue removido en 2019 como juez de la Corte Nacional de Justicia, por no haber superado la evaluación integral que ese año se realizó por mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-Transitorio).

Se trata de José Luis Terán Suárez, quien llegó a la Corte Nacional de Justicia en 2015, después de que fuera el ganador del concurso organizado en 2014 por el Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Jalkh. Su nota rozó la perfección: 98,5/100.

Sin embargo, después de cinco años, en 2019, Terán Suárez no tuvo el mismo desempeño y no pudo superar la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura de la época. Su calificación fue de 79,1 /100, con lo que no consiguió alcanzar el puntaje mínimo fijado para ese proceso, que era de 80 puntos.

Por esta razón, el 15 de noviembre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, resolvió remover de su cargo de juez a Terán Suárez junto a otros 8 jueces y 10 conjueces.

Sin embargo, en el caso de Terán, el efecto de la evaluación no quedó solo en su remoción. Como resultado de ese proceso, la Judicatura indicó que la declaración juramentada de enero de 2015 del entonces magistrado no había incluido toda su información patrimonial. “(…) La omisión de información en dicha declaración bien puede considerarse como falsedad ideológica, lo que conlleva a que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario inicie el sumario disciplinario en función del artículo 109, numeral 9 del Consejo de la Judicatura (sic)”, señaló un informe de la Dirección Jurídica del Consejo.

Por ese motivo, el Pleno dispuso el 12 de noviembre de 2019 que la Subdirección de Control Disciplinario abra un expediente administrativo en su contra por supuestamente haber incurrido en infracción gravísima establecida en el art. 109 numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Después de tramitar ese expediente disciplinario, el 27 de abril de 2021, el Pleno de la Judicatura responsabilizó a Terán Suárez de haber cometido la infracción gravísima de “proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su nombramiento”.

Uno de los efectos de la destitución es que el sancionado no puede trabajar durante dos años en el servicio público y, además, no puede regresar a trabajar de por vida a la Función Judicial; la Corte Constitucional jurídicamente no es parte del Poder Judicial.

Tras esa sanción, en agosto de 2021, el ahora candidato a la Corte Constitucional planteó una acción contenciosa para que se declare la nulidad de su destitución, se le reintegre a la Corte Nacional. Además que se le paguen los sueldos, salarios y beneficios que dejó de percibir. Su argumento fue que subsanó de manera reglamentaria ante la Contraloría la información que no contenían sus declaraciones juramentada y que, además, la Judicatura no tenía competencia para sancionarlo en un asunto de este tipo.

El 28 de junio de 2024, el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Quito le dio parcialmente la razón, al declarar la nulidad de su destitución, pero rechazó su pretensión de volver al cargo y recibir los recursos que dejó de recibir.

Su caso actualmente está en la Corte Nacional de Justicia, donde están en trámite la admisibilidad de los recursos de casación planteados por Terán y el Consejo de la Judicatura.

De hecho, Terán no quedó satisfecho con esa resolución jurisdiccional. Por ese motivo, solicita que le sea “i) restituido en forma obligatoria, a su cargo dentro del término de cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución; (ii) recibir las remuneraciones que dejó de percibir; (iii) recibir los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial con los descuentos que apliquen”, dice su escrito presentado el pasado viernes 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando completó su pedido de casación.

El jurista Juan Carlos Vilema explica que, al encontrarse este proceso en casación, la destitución del 27 de abril de 2021 sigue vigente.

Jorge Benavides Ordóñez es otro de los perfiles que buscan ocupar una silla en la Corte Constitucional. Llegó al concurso como parte de la terna de la Función de Transparencia y Control Social.

Además de su trayectoria en el mundo de la academia y la docencia, Benavides recientemente tuvo un paso por la actividad política. Específicamente fue un alto funcionario del gobierno de Guillermo Lasso. Allí desempeñó varios cargos de confianza del ex presidente de la República y líder del partido CREO.

Benavides fue viceministro de Trabajo, subsecretario Jurídico de la Presidencia durante el proceso de muerte cruzada de mayo de 2023 y, por último, fue presidente del Director de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), en reemplazo de Hernán Luque Lecaro, procesado por el caso de corrupción denominado Encuentro.

La Corte Constitucional admitió una acción extraordinaria de protección por indicios de violaciones a los derechos de la naturaleza en La Maná. Las causantes de las afectaciones serían las empresas mineras Comiange y La Maná Rome Gold, en sus operaciones extractivas, en medio de la negligencia de los ministerios de Ambiente y Energía, y de la Agencia de Control Minero. Desde enero pasado, tres jueces analizan la causa, que puede sentar un precedente sobre las operaciones de explotación minera sin permisos ambientales, y la incapacidad del Estado para ejercer su potestad de que se cumplan sus decisiones.

Redacción Código Vidrio

El Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, conformado por las juezas Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Jhoel Escudero Soliz, empezó a conocer la acción extraordinaria de protección de la empresa Acquad’or C.A. en contra de las autoridades los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). En esa demanda la empresa embotelladora de agua Splendor alega omisiones y negligencias sistemáticas los últimos ocho años de las entidades gubernamentales para controlar las actividades extractivas de las empresas Comiange y Rome Gold.

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CRONOLOGÍA

• ACQUAD’OR C.A. presentó una acción de protección en contra del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación en la que alegó omisiones por parte de las entidades accionadas para controlar actividades mineras aledañas a un inmueble de su propiedad, donde realiza sus actividades económicas como embotelladora de agua.
• En sentencia de 12 de julio de 2024, el Tribunal de Garantías Penales Especializado aceptó parcialmente la accióny ordenó medidas de reparación integral. Las entidades demandadas y la minera apelaron.
• El 1 de octubre de 2024, la Sala Especializada de lo Penal de Pichincha (“Corte Provincial”) aceptó los recursos de apelación y revocó la sentencia de primer nivel.
• El 29 de octubre de 2024, la empresa presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Corte Provincial.
• Por sorteo, le correspondió el conocimiento de la causa a la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo. El expediente fue recibido en esta Corte en la misma fecha y en el despacho de la jueza ponente el 18 de noviembre de 2024.
• Desde enero el caso es tramitado por tres jueces constitucionales.

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La acción extraordinaria de protección fue presentada en la Corte impugnando la sentencia de segunda instancia, emitida en octubre pasado por la Corte Superior de Pichincha. En primera instancia, tres meses antes, un Tribunal Anticorrupción, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, aceptó la acción de protección y ordenó el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspección y determinar la afectación ambiental. Además, pidió que se informe si hay investigaciones previas en Fiscalía por delitos ambientales, entre otras medidas. “En el caso que nos ocupa ha quedado probado el daño ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisión de las entidades demandadas”, sentenció el tribunal.

Entonces, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minería, y la Arcom defendieron que han realizado un control efectivo, lo cual se reflejaría en docenas de informes y sanciones emitidos. En esa misma línea, la defensa de las mineras  argumentó que acató todas las observaciones de pasivos ambientales, que no hay ningún daño ambiental y que opera legalmente. Tanto entidades estatales como mineras apelaron la sentencia. El caso subió a un tribunal de la Corte de Pichincha, conformado por Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, quienes resolvieron la causa en un tiempo récord de dos días.

Sin pronunciarse sobre el fondo de la acción, le dieron la razón a las entidades de control y a las mineras. Ordenaron la reapertura de las actividades extractivas en esta zona de La Maná.

Esto llevó a Acquad’or a interponer una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable.

La empresa demandante, que tiene sus instalaciones en la zona de influencia de las operaciones extractivas, indicó que en la sentencia impugnada se vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, además menciona que se vulneraron “los derechos de la naturaleza”.

Posibles omisiones de los jueces

En cuanto a la vulneración de la garantía de motivación (argumentación), la demandante señala que los jueces de la Corte de Pichincha no se pronunciaron sobre uno de sus cargos relevantes: la falta de otorgamiento –a favor de Comiange- de licencia ambiental, autorización de uso de aprovechamiento de agua y certificación de no afectación, para ejercer actividades mineras. También omitieron abordar otro argumento relevante, que es el contenido de varios informes de inspección realizados por entidades gubernamentales, ya que la sentencia impugnada solo alude a la mera realización de los reportes. No analiza su contenido.

La Corte Provincial concluyó que no existió vulneración a la seguridad jurídica. Indicó que el Ministerio de Energía y Minas tramitó procedimientos administrativos iniciados por denuncias de la demandante (en los que se solicitó la caducidad de las concesiones). Sin embargo, no analizó ni se pronunció sobre las omisiones alegadas para demostrar la violación de derechos de ese ministerio. Tampoco sobre las posibles negligencias de las otras entidades públicas involucradas.

Además, alega que se vulneró la garantía de cumplimiento de normas y derechos de las partes, porque ante la ausencia de pruebas de las entidades estatales para demostrar que no existió una omisión que vulnerara derechos constitucionales, debió aplicarse la inversión de la carga de la prueba. En estos casos son esas instituciones las que debían probar que eso ocurrió. No lo hicieron.

Por último, la demandante alega que en la sentencia impugnada se vulneran precedentes de la Corte Constitucional relativos a los principios pronatura y precautorio en materia de derechos de la naturaleza

Como pretensión, solicita que se acepte la acción, se deje sin efecto la sentencia de segundo nivel, se declare el error inexcusable de los jueces accionados y se ordenen las medidas de reparación integral correspondientes.

¿Por qué la Corte admitió el recurso?

Con relación a la afectación de los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica, el tribunal de la Corte Constitucional indica que los argumentos expuestos de Acquad’or C.A. especifican claramente cuáles circunstancias relevantes acarrearon la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales. Consisten en que la decisión impugnada no se pronunció sobre los cargos relevantes formulados en la acción de protección de origen y que se vulneraron preceptos relacionados con la carga de la prueba en materia de garantías jurisdiccionales.

Además, se observa la existencia de argumentos claros sobre cómo las actuaciones del órgano judicial han presuntamente infringido los derechos alegados.

Para los jueces constitucionales, el fundamento de la acción no se agota en lo injusto del fallo, ni en argumentos sobre la falta o indebida aplicación de la ley, ni tampoco se fundamenta en la apreciación de prueba del juez, sino en presuntas violaciones a los derechos constitucionales de la empresa por la Corte Provincial.

Por su excepcionalidad solo un 10% de estos recursos son admitidos por la Corte Constitucional. Un requisito para que este alto tribunal admita una acción extraordinaria de protección es que permita solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional o sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional.

“Este Tribunal considera que la admisión de la demanda podría resolver una posible vulneración grave de derechos constitucionales de la sociedad accionante, relacionada con la falta de motivación por incongruencia frente a las partes y la reversión de la carga de la prueba en garantías jurisdiccionales. Por consiguiente, la demanda presentada cumple con el requisito de relevancia constitucional”.