El fin es generar terror. Una escalada de los ataques criminales selectivos, de bandas con armas largas, en espacios privados, especialmente viviendas en barrios populosos de Guayas, Manabí y El Oro, prevén los organismos de Inteligencia de la Policía y Fuerzas Armadas en las siguientes semanas. También está en marcha una campaña sin precedentes de desinformación, en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Redacción Código Vidrio
Uno de los motivos del aumento de la violencia delictiva, que incluye asesinatos de personas ajenas a grupos enfrentrados, es la disputa por el control territorial de los barrios, para el microtráfico y las extorsiones. Otra de las causas probables es que se trata también de operaciones sistemáticas, dentro de una estrategia de clanes mafiosos, para generar terror y zozobra entre la población, con el propósito de afectar la imagen del gobierno de Daniel Noboa, en la recta final de las elecciones presidenciales, el próximo 13 de abril, indicó un general del alto mando de la Policía.
Paralelamente está en marcha una campaña sin precedentes de desinformación en redes sociales y medios de comunicación con una clara agenda sesgada, que torpedea las acciones de la fuerza pública para enfrentar la inseguridad y combatir al narcotráfico.
La guerra que el gobierno declaró a 22 grupos narcoterroristas en enero del 2024 ha causado estragos de las estructuras delictivas, en medio de la captura de decenas de integrantes y algunos cabecillas importantes, dentro y fuera del país. Algunos han muerto en medio de enfrentamientos con la fuerza pública. Sin embargo, la declaratoria del conflicto no ha parado el aumento de homicidios ni otros delitos como extersiones y secuestros exprés, entre otros, que ubican al Ecuador como el país con más homicidios de la región.
Uno de los golpes más duros de la Policía fue la captura en una narcofiesta en Guayaquil, en mayo pasado, de tres importantes cabecillas de organizaciones criminales: Celso Moreira (Choneros), Federico Gómez, alias Feder (Águilas, brazo armado de Los Choneros), y José Cantuña Quilumba (Choneros), quien fue asesinado el mes pasado en su casa en Samborondón. Pese a que tienen un amplio prontuario delictivo, los tres fueron liberados en julio del 2024, pese a abundantes evidencias en su contra por tráfico de armas. La jueza de la Unidad Norte de Guayaquil les concedió medidas sustitutivas, aunque la Fiscalía había pedido que se mantengan apresados y sean llamados a juicio. Según Moreira, no había ninguna razón para detenerlo pues ninguna arma incautada en la fiesta era de su propiedad, como indica equivocadamente el parte policial.
La puerta giratoria de la justicia
Pecisamente la “puerta giratoria” del poder judicial es uno de los flancos más débiles del combate al crimen orgnizado, que esta fuera de las manos del Gobierno, según denuncia el general de la Policía, que pidió no revelar su nombre por seguridad. “Los policías y militares luchamos contra corriente, hacemos nuestro trabajo investigando y neutralizando a estos peligrosos individuos, que tienen un comodín en los jueces que están de su lado, que tienen precio”, indica el oficial. “Policías y militares también son blanco de estas estructuras, han asesinado a valiosos uniformados, que han dejado viudas y huérfanos, familias destruidas”, destaca el policía, con un tono de frustración, de impotencia.
Las capturas sistemáticas de cocaína, por una mejor cooperación entre las agencias antidrogas de Ecuador y países aliados, ha disminuido el narcotráfico hacia puertos europeos, según coinciden agentes de Ecuador y la Unión Europea. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en Bélgica, que hasta el 2023 era el principal país de ingreso desde Ecuado a Europa. El año pasado las autoridades incautaron en ese país 44 toneladas de cocaína, 71 toneladas menos que el 2023. “Eso significa que los controles mejoraron, por el intercambio de información, lo cual tuvo una repercusión en la reducción de las exportaciones contaminadas con droga, y una pérdida importante para estas organizaciones criminales”, dijo el coronel Holguer Cortez, director Antinarcóticos de la Policía. Eso explicaría, según el oficial, la reacción virulenta de los clanes europeos y sus bandas de peones, que entraron de lleno en una campaña criminal, sin precedentes, para desatar el descontento entre la población sobre las acciones policiales y militares.
En 2024, la tasa fue de 38,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Hubo una reducción del 17% en relación al 2023 cuando la tasa fue de 47 homicidios. Sin embargo, en medio de la campaña electoral, este año la tasa se ha vuelto a disparar y las últimas semanas han ocurrido hechos inusitados de violencia criminal.
El más reciente ocurrió la semana anterior. 22 personas fueron asesinadas con fusiles por miembros de la banda de Los Tiguerones Fénix, en el plan habitacional Socio Vivienda, en el distrito Nueva Prosperina, el más violento en el noroeste de Guayaquil. El 6 de marzo unos 20 delincuentes bajaron de los cerros aledaños en motos y se dirigieron a varias viviendas del barrio, donde dipararon armas de grueso calibre asesinando sin contemplaciones a quienes se encontraban a su paso, dentro y fuera de las casas, incluidos dos menores de edad.
Las víctimas pertenecían a la facción rival Tiguerones Igualitos, con quienes los Tiguerones Fénix disputan la hegemonía de esos barrios. Se disputan el control del microtráfico y extorsiones a los moradores. Dos días después, la Policía detuvo a nueve integrantes del grupo Tiguerones Igualitos en viviendas fiscales del sector Guayaquil de mis Amores, quienes planeaban atentados contra la célula rival. Tenían en su poder un arsenal de armas municiones de distinto calibre y explosivos, así como vehículos robados.
La fragmentación acelerada del grupo, que nació en Esmeraldas, y los últimos dos años se expandió a varios cantones de Guayas y El Oro, ocurrió tras la captura, en octubre de 2024, de sus líderes históricos Wiliam Alcívar, más conocido como Comandante Willy, y su hermano Álex, alias Ronco. Ambos fueron apresados en España, en una operación coordinada entre ambos gobiernos.
Denuncias de DD.HH.
Representantes de Derechos Humanos y especialistas de seguridad creen que el gobierno ha fallado en llevar adelante una estrategia integral de seguridad pública, complementada con planes de desarrollo para las zonas donde están focalizadas las dinámicas criminales. Tampoco ha sofocado los problemas estructurales de las cárceles que siguen siendo centros de operación de las bandas, plagadas de corrupción, con participación de actores estatales. Además siguen latentes problemas graves como el hacinamiento y la crítica situación de salud de los detenidos, que padecen enfermedades graves, como la tuberculosis.
El Comité de Derechos Humanos (CDH) también ha alertado sobre violaciones de los derechos humanos en operaciones del Bloque de Seguridad, en especial de militares, que no siguen protocolos que garanticen el debido proceso de sospechos de supuestos delitos, según su director Billy Navarrete.
El CDH indica que han recibido 27 denuncias de desapariciones forzadas y un nuevo asesinato de un joven de 19 años, presuntamente ocurrido en febrero pasado a manos de militares. A estos casos se suma el de los cuatro menores que fueron capturados por militares y cuyos cuerpos aparecieron quemados días después, en diciembre pasado, en Taura. Sus muertes provocaron conmoción y 16 uniformados están procesados y guardan prisión.
“Muchas de las personas (…) desaparecidas, fueron detenidas sin ningún tipo de motivaciones en controles en la vía pública”, dijo Navarrete.
Campaña de desinformación
A los ataques selectivos de las bandas en calles y espacios privados, se suma una campaña sostenida de desinformación en redes sociales, para exacerbar el descontento de la población sobre la inseguridad, desprestigiando a jefes policiales y militares, así como al gobierno, dice un agente de ciberinteligencia que monitorea este fenómeno.
Es la primera vez en la historia ecuatoriana que se ensambla una campaña de desprestigio de esta magnitud, alerta el analista en seguridad Hugo Espín. Esa operación está dirigida contra el candidato presidente Daniel Noboa y varios generales de la Policía, además de personajes del gobierno y altos mandos militares que encabezan las operaciones contra el narcoterrorismo, evidenciando la existencia de intereses ocultos que buscan frenar los avances en materia de seguridad, subraya Espín en un artículo publicado en el portal Plan V.
A través de redes sociales y medios de comunicación con agendas sesgadas, se difunden noticias falsas, manipulaciones de datos y teorías conspirativas con el fin de sembrar desconfianza en la ciudadanía. En muchos casos, estos ataques provienen de sectores vinculados a la política, el crimen organizado y grupos de poder que buscan mantener el statu quo, alerta Espín.
“Uno de los aspectos más preocupantes de esta guerra de la desinformación -agrega Espín- es la campaña mediática dirigida contra los generales Víctor Zárate, comandante de la Policía, y Víctor Herrera, director general de Inteligencia, que lideran las acciones visibles en contra de las estructuras criminales. Se ha evidenciado la recurrencia de contenidos falaces y noticias a medias con una evidente tergiversación de hechos, que se han incrementado exponencialmente desde el arranque de la segunda vuelta electoral”.