PERFIL ⇒ José Luis Terán es uno de los tres juristas opcionados para llegar a la Corte Constitucional. Durante sus 40 años de trayectoria ha cosechado relevantes logros académicos y laborales. Ha sido juez de la Corte Nacional y decano de Derecho. También ha sido meticuloso para planificar su crecimiento económico. Los últimos ocho años duplicó su patrimonio, que hoy suma 760 mil dólares. Una inesperada prohibición del Ministerio de Trabajo para ejercer cargos públicos trastocó por una semana sus planes. Terán solventó ese traspié el 28 de febrero cuando esa cartera levantó la suspensión, que lo habilita para integrar el Tribunal, una vez que la Función de Transparencia anuncie los resultados finales del concurso esta semana. Nota actualizada este martes 4 de marzo de 2024.
Redacción Código Vidrio
La participación como accionista en la empresa de Trasporte Turístico Airportmega persigue como una sombra a José Luis Terán Suárez, candidato a integrar la Corte Constitucional (CC).
Cuando la Comisión de Selección de la Función de Transparencia se aprestaba a anunciar, la semana pasada, los resultados del concurso, en el que Terán es uno de los tres mejores puntuados junto con Claudia Salgado y Jorge Benavídez, se supo que el jurista no podía ocupar cargos públicos, según el Ministerio de Trabajo, en vista de que fue destituido de juez en 2021. En un informe enviado a los comisionados el martes 26 de febrero, Terán insistió en que la suspensión de su destitución está vigente por el fallo dictado en 2024 por el Tribunal de lo Contencioso, que declaró la nulidad de esa acción de personal. Ante las notificaciones de la Judicatura y la Corte Nacional de que no existía ningún impedimento, la cartera de Trabajo levantó la prohibición, con lo cual Terán tiene vía libre para ser nombrado juez constitucional.
Un juez consultado que pidió el anonimato dijo que los actos administrativos de la autoridad pública (en este caso de la Judicatura) gozan de presunciones de legitimidad y deben cumplirse hasta que exista una sentencia ejecutoriada que declare la ilegalidad e ilegitimidad del acto administrativo.
El antecedente de la destitución de Terán está relacionado con la empresa Airportmega, que fue constituida en 2003 por él y 12 socios más, con un capital de 2.250 dólares, repartidos en 90 acciones. Una de las participaciones está a nombre de Suárez, que fue el primer presidente de esa firma durante cinco años, según los estatutos de creación.
En entrevista con Código Vidrio, Terán dice que esa acción fue un regalo de uno de sus clientes cuando, como abogado en libre ejercicio, hizo los trámites para constituir la compañía de transporte, que hoy tiene 29 socios, y está domiciliada en Quito.
“A esa acción nunca le he parado bola ni me acordé de que la tenía, porque desde cuando se constituyó la empresa nunca estuvo operativa”, explica Terán en la espaciosa sala de profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, donde fue decano y hoy es maestro a tiempo completo.
Al revisar los registros de la Superintendencia de Compañías efectivamente la empresa no registra estado de resultados, ni movimientos financieros, ingresos ni actividades comerciales, o pago de impuestos en su contabilidad. Pero sigue activa.
En 2015 cuando fue designado ministro de la Corte Nacional de Justicia, tras la reestructuración del poder judicial liderada por Gustavo Jalkh, denominada por el expresidente Rafael Correa, la «Metedura de mano en la justicia», Terán no incluyó en su declaración de bienes que era accionista de esa empresa.
“Hasta ese año no había declaraciones patrimoniales en línea, el documento se llenaba manualmente y se dejaba en una notaría. En el formulario no existía un casillero para declarar acciones en empresas, a eso se debió mi omisión”, explica Terán.
Esa inconsistencia en su declaración fue detectada por el Consejo Nacional de la Judicatura en 2019, cuando removió del cargo a Terán quien no superó una evaluación dispuesta por el Consejo de Participación Transitorio. En total 8 jueces y 10 conjueces dejaron sus cargos.
Además de su remoción, la Judicatura abrió un expediente disciplinario por presunta falsedad ideológica en contra de Terán, que en 2021 devino en su destitución por proporcionar información falsa en el proceso de selección. Se le impuso una sanción que le prohibía ocupar cargos públicos por dos años en el servicio público y de por vida en la Función Judicial.
Para anular su destitución, Terán presentó una demanda judicial. “Yo corregí mi declaración en la Contraloría, hice un alcance incluyendo mi participación accionarial en la empresa”, indicó el docente, al cuestionar al Consejo de la Judicatura por no tener competencia para sancionarlo.
En 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito le dio la razón. Declaró la nulidad de su destitución, pero rechazó su pedido de reincorporación y compensación económica. Con ese fallo en firme Terán estaba habilitado para ocupar funciones públicas, por lo cual decidió participar en el concurso para integrar la Corte Constitucional. Y en octubre el Ministerio de Trabajo certificó que no estaba inhabilitado.
Entre tanto, la Judicatura y Terán habían apelado el fallo del Tribunal, a través de un recurso de casación que fue aprobado para su trámite en la Corte Nacional de Justicia, con lo cual la sentencia del tribunal de lo Contencioso habría quedado en suspenso; eso implicaría, como acaba de certificar el Ministerio de Trabajo, que su destitución se encuentra en firme y actualmente no podría trabajar en el sector público.
Metódico y planificador para adquirir bienes
A lo largo de sus cuarenta años de carrera como abogado litigante, juez y profesor, Terán se ha empeñado en tener logros, no solo académicos (entre 2009 y 2022 obtuvo 15 títulos, entre doctorados, maestrías y diplomados) sino en ocupar cargos relevantes en la función judicial, donde varias ocasiones ha sido juez.
Además de esa obsesión por el estudio y logros profesionales, Terán ha sido metódico y sistemático para adquirir bienes. Eso se refleja en sus declaraciones patrimoniales. Los últimos siete años sus ingresos y gastos tuvieron un aumento importante.
Entre 2018 y 2024, sus consumos con tarjetas de crédito sumaron más 200 mil dólares, mientras en sus cuentas bancarias tiene saldos promedio de $12.800 y posee 12 bienes inmuebles, además de derechos y acciones, según consta en su declaración patrimonial.
Teran Suarez reportó la posesión de los siguientes bienes inmuebles en diferentes períodos. Incluyen:
2 Parqueaderos (en Pichincha)
1 Bodega (Pichincha
1 Terreno (Pichincha)
2 Oficinas (Pichincha)
1 Departamento (Pichincha)
1 Casa (Pichincha)
Derechos y Acciones (Pichincha e Imbabura)
Suman 12 propiedades registradas en distintos años. Lo bienes muebles, es decir, equipos de oficina, menajes de casa, obras de arte joyas y colecciones, reportados se mantienen constantes en sus declaraciones.
También tiene préstamos hipotecarios y quirografarios, que desde 2018 suman $421 mil, que ha pagado en más del 50%.
“A mis 62 años, siempre he tenido varios cargos, a la vez, en el sector público y en varias universidades; siempre que llego a algún puesto planifico adquirir algún bien. Por ejemplo, cuando llegué al tribunal me propuse comprar mi oficina; en la Corte Nacional mi meta fue comprar un departamento”. Indicó.
Mientras en 2017 su patrimonio fue de $390 mil, en 2024 llegó a $760 mil. En ese mismo período sus deudas se redujeron: pasaron de $240 mil a $169 mil. En bienes las cifras también mejoraron: de 303 mil, en 2017, llegaron a $880 mil, en 2024.
Para explicar ese aumento patrimonial y de consumo, Terán contó que sus gastos se redujeron drásticamente cuando sus hijos dejaron la casa y generaron sus propios recursos. “También dejé de estudiar, tengo un ingreso promedio de 4.500 dólares, mi esposa es jueza con un salario similar. Al no tener mucho en que gastar, pensé en invertir en bienes. La última propiedad que compré es un terreno en Puembo, para construir otra vivienda. Para todo hay que planificar, a si se conoce una persona, si es o no organizada”.
Con esos ingresos mensuales anualmente obtuvo $54.000. Considerando que ejerció como juez nacional durante tres años (2017-2019) y como docente a tiempo completo durante cinco años (2020-2024), los ingresos totales esperados en este período ascienden a $432 mil.
Explicó además que las propiedades que adquirió tuvieron reavalúos, con lo cual se incrementó su valor declarado. Dice que su aumento patrimonial también se debe a una herencia de un predio de su padre, que falleció en 2011, pero las particiones y lotización para la venta empezaron en 2022.
Otra fuente de sus ingresos -recalca- son los préstamos hipotecarios que ha sacado con su esposa para la compra de un departamento, a diez años plazo. “Los créditos quirografarios los uso para gastos pequeños como cerramientos y otros acabados en Puembo”.
También hay un incremento significativo en los gastos con sus tarjetas de crédito. Mientras en 2018 tuvo consumos por $21 mil, en 2024 llegaron a $93 mil. Acerca del aumento en esos consumos, indica que en promedio nunca ha pasado los $10 mil mensuales. “Con las tarjetas pago impuestos, tributos prediales, seguro médico, del vehículo…”
Terán dice que su experiencia de juez tributario le ayudó a ser metódico para comprar bienes a través de créditos. “Siempre he programado mis deudas con créditos, nunca he comprado de contado nada. Toda la vida he sacado préstamos. Tengo mi oficina y departamento rentados, porque vivo en mi casa. ¿En qué gasto?.. En medicina, seguros…”.
Terán destaca que ha sido juez casi diez años, entre 2009 y 2019. “He manejado casos de miles de millones de dólares, como OCP, de petroleras como Andes, desde el área tributaria, Supermaxi, Bananera Noboa, El Juri, la Favorita, Banco de Guayaquil. No he tenido una sola queja. Sin en esos casos no me he ensuciado como me voy a hacer millonario como decano de la facultad, donde he tenido que poner de mi bolsillo para arreglos”.
En 2019, durante el proceso de evaluación del Consejo Transitorio sus cuentas fueron auditadas. “Nos revisaron hasta la última pulga, nos investigó la UAFE, la Contraloría, auditaron todos mis bienes, y no tuve un solo señalamiento, aparte de supuestamente no haber justificado el incremento de 25 dólares de la acción de la empresa de transporte”.