El Gobierno afina la depuración el catastro minero, antes de iniciar un proceso de entrega de nuevas áreas para minería, dentro de las próximas semanas, según confirmó la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Más de 300 solicitudes de concesiones, que están pendientes desde el cierre del catastro en 2018, la mayoría de pequeña minería, también serán revisadas para determinar si cumplen los requisitos legales para su aprobación. Mientras tanto, esa cartera no dará paso a ninguna concesión, incluso aquellas que fueron aprobadas por jueces, que aceptaron acciones de protección de algunos peticionarios, que alegaron que se habían violado sus derechos. (Foto tomada del sitio web de SolGold).
Redacción Código Vidrio
La apertura del catastro minero, dentro de las próximas semanas, para entregar nuevas concesiones para explotación de minerales metálicos y no metálicos, está en análisis del Gobierno para dinamizar el sector, según confirmó la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.
En entrevista con Código Vidrio, Manzano informó que tienen previsto abrir el catastro por orden del presidente Daniel Noboa, en abril, una vez que se afine su depuración. “Lo abriremos pero en fases, por tipo de régimen, por zonas y distritos, empezando por la gran minería, luego la mediana, pequeña y artesanal. Para dar este paso hemos pulido información, y emitido una batería de acuerdos y reglamentos, para tener las reglas claras, y que todo el sector, que ha estado totalmente desarticulado, esté alineado con las políticas del Gobierno”, aseguró Manzano.
La fecha límite para la actualización del catastro es el 23 de abril próximo por disposición del presidente Noboa en el decreto 435, firmado en octubre pasado. En ese documento se ordena que en un plazo de seis meses las autoridades realicen “la actualización inmediata y coordinada del catastro minero y de los registros correspondientes a las autorizaciones administrativas ambientales mineras. Deberá incluir el registro de concesiones, autorizaciones, licencias, registros, certificados y permisos otorgados, revocados y cancelados, de tal manera que faciliten las acciones de control”.
Las últimas semanas han sido complejas para Manzano, quien ha estado al frente de las acciones para mitigar la tragedia ambiental por un derrame masivo de petróleo en Esmeraldas. Aún se investiga si este desastre se debió a un derrumbe o a un sabotaje al oleoducto, según informes de Inteligencia.
En medio de esa crisis, la semana pasada Manzano atendió a este portal para abordar la situación del sector minero, socavado desde el 2020 por la expansión vertiginosa de la minería ilegal y sus nodos de conexión con bandas criminales y carteles del narcotráfico. Uno de los puntos neurálgicos de sus actividades delictivas es la explotación de oro en concesiones legales, cuyos titulares se volvieron sus socios, a través de diferentes modalidades contractuales, “entre privados” sobre las cuales las autoridades estatales no han tenido ningún control.
“Todo el control estaba divorciado, cuando asumí el cargo, en mayo del año anterior, esto era un caos. Hoy sabemos que estamos enfrentando actores poderosos y peligrosos, que aprovecharon ese caos, ese descontrol, en su beneficio”, recalcó Manzano, quien estuvo acompañada de la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, su brazo derecho al frente del sector minero.
En este contexto, Manzano destacó que la apertura del catastro, con base en información actualizada, es importante, pero es parte de un proceso más complejo. Incluye una serie de decisiones y acciones coordinadas con el Servicio de Rentas Internas, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el Ministerio de Ambiente, el del Interior y las Fuerzas Armadas, que son parte del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM), encabezado por José Julio Neira, quien a su vez dirige la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Entre las acciones relevantes, Manzano destacó, además de un paquete normativo, el control de exportaciones de oro con un nuevo reglamento, que está por aprobarse, la caducidad de concesiones que aplicarán a empresas mineras, que han provocado daños ambientales irreversibles.
Fuentes de la Arcom indicaron que en coordinación el Ministerio y otras entidades han trabajado en la elaboración de 35 normas y en la actualización de 19 regulaciones más que están en marcha, para mejorar los esquemas de control de las actividades mineras, que fueron debilitadas drásticamente cuando se eliminó la entidad en 2020, por falta de presupuesto. En agosto del año pasado la entidad volvió a operar de forma autónoma.
La viceministra Illescas recalca que antes de la apertura están depurado el catastro, que incluso registra concesiones que estaban vigentes antes de que se creara la Ley de Minería (2009). En ese catastro existía un “régimen general”, donde no se indica si son concesiones de grande, mediana o pequeña minería, metálicos o no metálicos.
⇒ El catastro minero es un sistema de información georeferenciado que permite un registro, organización y administración de los derechos mineros. Tiene toda la información relacionada con las concesiones y permisos mineros otorgados, así como de las autorizaciones para la explotación de materiales áridos y pétreos. Es una herramienta que les permite verificar a las autoridades el cumplimiento de requisitos legales y ambientales en todos los procesos de otorgamiento. En el catastro están inscritas oficialmente 1.462 concesiones de minería metálica, y 242 en trámite, a la espera de ser aprobadas.
Hay más de 5.000 títulos mineros y esa información no está digitalizada. Más de 3.000 títulos son de mineros artesanales, pero no existe ninguna constancia documental de que sean reales, se desconoce quiénes son ni dónde viven, advierte Illescas.
Otro problema grave es el caos que generan los gobiernos locales, que otorgan títulos mineros para áridos y pétreos. “Estamos conversando con los gremios y los municipios para explicarles que no pueden dar todo lo que les parezca, es un tema complicado.”
El “Sistema de Gestión Minera” -SGM o Catastro Minero- se implementó en 2016, con una inversión de 630 mil dólares. Fue utilizado hasta su cierre, en enero de 2018. Con los años el sistema quedó obsoleto y tenía fallas de seguridad, por lo cual en 2019 desde el Ministerio de Energía se gestionó la evaluación y funcionamiento de uno nuevo, con fondos del Banco Mundial, según explicó el exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar. En octubre de 2023 se firmó un contrato con la empresa canadiense Pacific GeoTech Systems Ltd. para la adquisición de un nuevo software para el manejo integral de gestión minera, por más de USD$2.6 millones, que se empezó a ejecutar desde 2024. Esa plataforma se está configurando y está previsto que esté completamente lista el primer semestre de este año, según Benalcázar, quien detalló los pormenores y sus antecedentes en un artículo publicado en revista Vistazo.
Diego Ocampo, quien antecedió a Illescas en el Viceministerio de Minas hasta agosto de 2024, dijo que la depuración y digitalización del catastro ha sido fundamental para la reapertura, pues entre otras facilidades permite identificar claramente, en tiempo real, donde se están realizando operaciones de minería ilegal, donde hay áreas protegidas y territorios ancestrales, a través de mapas superpuestos, tridimensionales.
“Aunque el software completo debe estar listo para fines del 2026 -destacó Ocampo- cuando yo estaba en el cargo ya se consideraba oportuno abrir el catastro, con una versión inicial validada y certificada por empresa internacional canadiense a cargo del proceso. Era importante dar señales al sector, que atraviesa una severa crisis por la minería ilegal”.
300 solicitudes de nuevas concesiones a revisión
En 2018, cuando se cerró el catastro, las autoridades dejaron en el limbo, sin tramitar, más de 300 solicitudes para acceder a nuevas áreas mineras, según confirmó la viceministra Illescas.
“Han pasado siete años. Se ha especulado mucho sobre el total de solicitudes, que además aumentaban o disminuían, a discreción de las autoridades de turno. En este período (después del cierre en 2018) las autoridades debieron responder esas solicitudes e indicar que en el marco de la decisión del cierre del catastro no se otorgarán más áreas. Adicionalmente debían ordenar que la ARCOM desgrafique las áreas descritas por los interesados, porque la mera solicitud no implica ningún derecho, pero no lo hicieron”, dijo Illescas.
En vista de que las autoridades de turno no notificaron a los solicitantes que no se les otorgaría ninguna área, por el cierre del catastro, los siguientes años pasaron muchas cosas y se han hecho diversas interpretaciones y cambios. “Se han subido y bajado solicitudes -señaló Illescas- autoridades anteriores dieron disposiciones indicando que se hará un proceso de sustanciación, ratificando que algunas solicitudes fueron legítimamente presentadas, interpretando que los interesados tenían derechos, que en realidad no tenían”.
Ante la falta de respuesta del Estado -apuntó la Viceministra- varios peticionarios interpusieron acciones de protección alegando que se han vulnerado sus derechos, logrando que jueces fallen a su favor para acceder a concesiones, con el catastro cerrado. Eso es parte del caos que hemos enfrentado para poner la casa en orden”.
En todos esos casos, la ministra Manzano dispuso que no se entregue ninguna concesión, como una potestad del Estado, hasta que se abra el catastro. Tampoco se ha dado paso a las acciones de protección, dijo Illescas, quien agregó que antes de entrar a revisar todos esos casos, deberán procesar más de 1.000 trámites represados por años, como cesiones, pedidos de caducidad, renuncias, así como aprobar más reglamentos para limitar los contratos de operación y de mandato, las exportaciones de oro, la operación de plantas de beneficio.
“Cuando resolvamos todos esos temas pendientes y tengamos claridad sobre el catastro, con información completa, empezaremos a revisar estas y otras solicitudes, presentadas hasta el cierre del catastro en 2018, a ver si cumplen o no los requisitos para la entrega de un título”, indicó Illescas.
La apertura del catastro tiene opositores. El presidente de la Conaie y ex candidato presidencial, Leonidas Iza, es uno de los más radicales, por sus duros cuestionamientos a la minería a gran escala. Ha acusado al presidente Daniel Noboa y su grupo familiar de tener intereses particulares en el sector. Alertó sobre los impactos de seis proyectos que arrancarán este año en provincias como Morona Santiago, Zamora y Bolívar. Y denunció que 29 de sus compañeros han sido enjuiciados por oponerse a la actividad extractiva.