A través de un acuerdo emitido en febrero pasado, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, reguló el derecho preferencial que tiene la Empresa Nacional Minera (Enami) para acceder a áreas mineras libres. Esa regulación busca empoderar a la entidad para que avance con la concreción de acuerdos de exploración en gran minería con compañías transnacionales, una vez que cumplan una serie de requisitos detallados en dos disposiciones complementarias. No obstante, hay preocupación en el sector sobre la entrega de concesiones a través de declaratorias de extinción, caducidad y nulidades, porque el Estado es juez y parte. Enami firmó acuerdos con tres firmas internacionales que no han avanzado, una de ellas es Solaris que tiene otro proyecto de exploración de cobre denominado Warintza, en Morona Santiago (foto).
Redacción Código Vidrio
El gobierno intenta sacar a la Empresa Nacional Minera (Enami) de su rol ineficiente y de entrampamiento para convertirla en un actor empoderado, a través de alianzas con las transnacionales y empresas privadas en el sector minero, golpeado por la criminalidad y la corrupción.
La última decisión, en este sentido, está plasmada en el acuerdo emitido por la ministra Inés Manzano, el pasado 27 de febrero. Esa normativa ratifica y regula el derecho preferencial y de primera opción que tiene la Enami sobre las áreas mineras libres en el país, en todos los regímenes mineros de concesiones metálicas y no metálicas. Además establece que la Enami podrá ejercer su derecho preferente para solicitar al Ministerio de Energía cualquier concesión, incluidas las de pequeña minería. En este sentido se aplicará sobre áreas mineras cuyos derechos se hubieren extinguido por caducidad, extinción, nulidad o hayan sido restituidas al Estado y que se encuentren en proceso de remate.
Las causales para la aplicación del derecho han levantado preocupaciones y dudas entre actores del sector porque quien deberá determinar la extinción, caducidad o nulidad es el propio Estado, que en ciertos casos podría inclinar la balanza en favor de Enami, afectando a empresas privadas titulares de concesiones. Esto abriría la puerta a una posible competencia desleal.
No obstante, la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, aseguró que de ninguna manera se piensa entregar indiscriminadamente áreas a Enami en perjuicio de las empresas privadas, sino regular de forma transparente y detallada su derecho preferente, pero cumpliendo los mismos requisitos que otras compañías que buscan concesiones, bajo parámetros de competitividad. Además contar con el sustento normativo para generar alianzas entre el sector público y privado para impulsar grandes proyectos mineros, que están en carpeta.
Illescas destacó que la Enami es el brazo ejecutor de la política minera, pero que una de sus debilidades ha sido la falta de recursos y estructura para empujar proyectos de gran envergadura, por lo cual era necesario regular adecuadamente derecho preferente, que también está garantizado por la Constitución.
La empresa ha usado su derecho preferente antes en algunas ocasiones, y tiene concesiones, pero en ninguna ha concluido un proyecto efectivo, por falta de recursos y de inversiones que son muy costosas y de alto riesgo.
Con base en el último acuerdo de febrero, la decisión del Gobierno es que la Enami pueda desarrollar proyectos de exploración, únicamente para gran minería, a través de acuerdos comerciales, tipo joint venture, con varias empresas, dice Illescas.
A más del acuerdo, el Ministerio de Energía emitió dos disposiciones: una que establece que el otorgamiento de estos derechos a Enami se hará solo desde la matriz en Quito, y la segunda se trata de un instructivo específico para el otorgamiento de derechos mineros. “Es un mecanismo de regulación para que en este caso la compañía estatal cumpla los mismos requisitos exigidos a las empresas privadas”, apuntó Illescas. “Estamos asegurando un proceso participativo de varias compañías, para que se escojan mejores propuestas y se asegure beneficios importantes para el Estado ecuatoriano”.
¿Cómo se aplica el derecho preferente? Consiste en que si un peticionario solicita un área, el Ministerio de Energía consulta a Enami si quiere ejecutar su derecho preferencial en esa área. Si la estatal decide emprenderlo, las áreas indicadas les son entregadas de manera preferencial.
En estos casos la Enami debe cumplir varios requisitos y condiciones que empiezan por establecer que las áreas que reciba estén libres, con el aval de informes técnicos, legales y económicos, con un plan aprobado ante la Arcom. “No es nuestra intención que la Enami tenga todas las áreas del país, estamos en etapa de prueba, de aprendizaje”, agregó la Viceministra.
Según expertos del sector consultados, el acuerdo que regula el derecho preferente también sugiere que, en ciertos escenarios, concesiones en trámite podrían ser anuladas y posteriormente adjudicadas a la Enami para su negociación con terceros. Sin embargo, para que una concesión en trámite sea declarada nula, debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente, incluyendo la Ley de Minería, la Constitución y el debido proceso administrativo.
Desde su creación, hace 15 años, la Enami no ha despegado. La falta de mecanismos legales y su aprobación oportuna, que apuntalen su gestión (en los que ha estado avanzando el Ministerio de Energía, con el Viceministerio de Minas y la Arcom) se cuentan entre sus principales lastres, así como sus cifras en rojo por pérdidas constantes en su operación, sin ninguna ganancia.
La empresa pública no ha podido ejecutar hasta el momento los acuerdos firmados con tres mineras internacionales para iniciar la exploración en varias concesiones. En abril del 2024 firmó convenios con Hancock Prospecting PTY LTD (Australia), a través de su subsidiaria Hanrine Ecuadorian Exploration and Minning. A la firma del acuerdo, esa empresa le entregó 1,2 millones a Enami. Si ese convenio se concreta formalmente, una vez que se entreguen los títulos mineros, permitirá la exploración de 28.276 hectáreas, divididas en seis concesiones, en Imbabura, con una inversión proyectada de USD 120 millones. Un mes después Enami firmó otro convenio con la canadiense Solaris Resources, para empujar una alianza estratégica, cuya inversión anunciada suma USD 25 millones para actividades de exploración en una superficie de 39.734 hectáreas, en Morona Santiago. En 2023, Enami firmó un convenio similar con la minera canadiense Barrick International, que se comprometió a invertir USD 27,5 millones en exploraciones en 40.000 hectáreas en el sur de Ecuador, y pagó USD 275.000 a la firma estatal.
Enami acumula pérdidas por más de 11 millones de dólares desde 2020. No genera ingresos y solo reporta gastos operativos para el pago de su personal.
Ninguno de esos convenios se ha podido ejecutar porque la Enami aún no cuenta con las concesiones mineras. Precisamente el último acuerdo de la ministra Manzano y otras normativas complementarias habilitan su acceso a los títulos mineros y las alianzas de negocios con empresas internacionales. Entre tanto, Enami aún sigue estancada, frenada en su gestión por barreras burocráticas y decisiones represadas en su Directorio, integrado por varias autoridades del Gobierno.
Esa firma estatal tiene una cartera de 14 proyectos. Pero la mayoría tiene problemas legales y oposición en las comunidades, por lo cual tampoco ha podido avanzar en su desarrollo.
Para conocer las acciones que lleva adelante con el fin de concretar los acuerdos, este medio pidió una entrevista con el gerente de la Enami, Emmanuel Delaune, pero no ha tenido respuesta.
Poderosas estructuras de lavado sin responsables
La decisión para apuntalar a la Enami ocurre en medio de la depuración del catastro minero, a través de la instalación de un nuevo software, a cargo de una consultora canadiense. Este mapa geológico digitalizado está previsto abrirse para la graficación y entrega de nuevas concesiones a fines de abril, si el presidente Noboa se reelige, siguiendo la hoja de ruta que él trazó en 2024.
Como parte de este proceso también se aprobó una batería de reformas legales, para poner orden en las operaciones mineras, en medio del descontrol generalizado que se agudizó los últimos cinco años, después de que se eliminó la Agencia de Regulación y Control Minero, en 2020. Ese descontrol permitió que, por ejemplo, titulares de concesiones, licencias de comercialización (para comprar y exportar oro) y plantas de beneficio, operen libremente, en especial en regímenes de pequeña minería, en contubernio con operadores de minería criminal, dentro y fuera del Estado.
En ese contexto, el director del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM), José Julio Neira, levantó alertas sobre la necesidad de suspender el otorgamiento de nuevos derechos para concesiones mineras, mientras el Ministerio de Energía trabaja en la depuración del catastro.
El jueves 20 de marzo pasado, Neira, quien también dirige la UAFE y es delegado permanente del Presidente ante el directorio de la Enami, envió un oficio (PR-SGIP-2025-0100-O) a la ministra Manzano, recomendándole que “se suspenda momentáneamente el otorgamiento de derechos mineros, así como la graficación y desgraficación de proyectos y áreas hasta no revisar técnicamente los procesos, a través de la verificación de integridad para la prevención de conflictos de intereses”, con el fin de que se realice una validación y control de los derechos mineros otorgados. Con el fin de conocer a qué derechos mineros se refería en su comunicación, este medio pidió a Neira una entrevista, contactándolo a su celular, pero no respondió nuestra solicitud, hace dos semanas.
Sobre las investigaciones de delitos y corrupción en las exportaciones de oro y el empleo ilegal de concesiones por actores del narcotráfico, denunciados por Código Vidrio https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/, Manzano dijo que es una tarea que les compete a organismos de control y de Inteligencia, en la que han avanzado con buenos logros.
Uno de los puntales es la coordinación de la Arcom con las Fuerzas Armadas para realizar operativos contra la minería criminal, en varias provincias. Aunque en las operaciones se han inutlizado retroexcavadoras y se han incautado sacos de material mineralizado, en varias provincias como Imbabura (Buenos Aires), Napo y Azuay las actividades de bandas delictivas, como Los Lobos y Choneros avanzan, imparables, en la explotación de oro.
Fuentes del sector y expertos de organismos internacionales consultados dijeron que, además de los operativos militares contra los focos de minería ilegal, que se han multiplicado, sumando 387 puntos en la actualidad, el Gobierno aún no ha desmantelado las complejas estructuras criminales que crearon redes de empresas fantasmas que lavan dinero del narcotráfico con las exportaciones de oro. “No hay procesos judiciales abiertos ni detenidos por estos casos, al menos ninguno se ha hecho público”, dijo un especialista de un organismo que coopera con el Gobierno en este campo. “Hay empresas de pequeña minería que siguen exportando cantidades inusuales de oro, millones de dólares, sin que los organismos de control intervengan”, sostuvo un funcionario de una entidad internacional.