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Una vez que el correísmo fracasó en su estrategia de sacar a la fiscal Diana Salazar, a través del juicio político en la Asamblea, busca una nueva ruta para evadir las murallas de la Fiscalía, que se han vuelto infranqueables por más de cinco años. La vía sería el Consejo de Participación con el fin de injerir en la designación del nuevo fiscal. Y el medio: una acción de protección que se resolverá este jueves 30 de mayo, a las 13:00, planteada por Nicole Bonifaz, afín al correísmo,  quien intenta recuperar la presidencia del organismo. 

Redacción Código Vidrio

A sabiendas de que el camino de la Legislatura está bloqueado, retomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es la vía más expedita para llegar al corazón de la Fiscalía General. Dentro de los siguientes 11 meses ese organismo deberá designar al reemplazo de Salazar, cuyo período terminará en abril del 2025.

El objetivo del correísmo es ubicar a un fiscal afin a sus intereses, con un perfil de afinidades y sobre todo lealtades. Mientras Rafael Correa estuvo en el poder fueron designados fiscales Washington Pesántez, Galo Chiriboga y Carlos Baca. Los dos últimos fueron parte de su gobierno, defensores de su proyecto político.

El ‘Caballo de Troya’ para burlar las defensas de la Fiscalía y llegar hasta el despacho que hoy ocupa Salazar parece haber tomado la forma de una acción de protección. Hasta el momento, no obstante, no ha pasado de ser un simple registro noticioso en una agenda dominada por temas como la inseguridad, la crisis con México, los zapatos del Presidente en su Informe a la Nación, entre otros.

Se trata de la acción de protección de la consejera Nicole Bonifaz para recuperar la presidencia del CPCCS, un cargo al que llegó con la ayuda del correísmo. En mayo de 2023, la mayoría correísta bajo el membrete de ‘Liga Azul’ nombró a Alembert Vera como presidente del Consejo y a Bonifaz como su vicepresidenta.

La cercanía entre Bonifaz y el correísmo no es nueva: fue asesora de José Serrano cuando presidió la Asamblea en 2017. Por eso a nadie le sorprendió que fuese la elegida para ser vicepresidenta del CPCCS, lo que la catapultó a la Presidencia de ese organismo cuando en octubre de 2023 la Corte Constitucional destituyese a Alembert Vera.

Uno de los puntos que más llama la atención es el tiempo que se tomó Bonifaz para plantear esta garantía jurisdiccional para recuperar la presidencia del CPCCS. Tardó más de 40 días después de la supuesta violación a sus derechos y tras haber declarado que “no se aferra al cargo”.

«La acción de protección es una garantía que tiene el propósito de solventar violaciones constitucionales graves que, por su naturaleza, no pueden esperar el pronunciamiento de un juez ordinario. Lo que pretende a través de una decisión jurídica es revertir una decisión política», sostiene el constitucionalista Juan Francisco Guerrero.

Para él, esta acción de protección carece de fundamento, pues el Pleno del CPCCS tiene la competencia legal para designar autoridades y la competencia para removerlos con el voto de la mayoría: 4 consejeros.

“Acción desnaturalizada”

Por la temporalidad y la aparente falta de fundamentos, desde el CPCCS, el presidente Andrés Fantoni, la vicepresidenta Mishelle Calvache y los consejeros Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto emitieron un comunicado señalando que la acción de Bonifaz es «desnaturalizada».

No obstante, Calvache ha ido más allá. En una entrevista con Notimundo, señaló que le resulta extraño que la acción de protección «coincida con el exhorto que el CPCSS hizo a Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, para que active la sentencia 1219-22-EP/22 de la Corte Constitucional”. Y así se designe al presidente titular de la Judicatura.

Sus palabras se refieren al pedido del 8 de mayo de 2024 firmado por Andrés Fantoni, presidente del CPCCS a Román, para que notifique formalmente que el cargo de presidente titular de la Judicatura está vacante para así solicitar a la Corte Nacional la terna para la designación del reemplazo. Es decir, 5 días antes de que Bonifaz presentara su acción de protección.

La vacante del presidente del Consejo de la Judicatura se registró el 20 de diciembre de 2023 por la renuncia de Wilman Terán. Desde entonces, pasaron dos exhortos del CPCCS y casi 5 meses para que Álvaro Román notificara oficialmente de la ausencia del titular que él reemplaza por su condición de presidente suplente dictaminado por la Corte Constitucional.

¿Un Consejo de la Judicatura con alfiles correístas?

En este contexto a Álvaro Roman se le solicitó activar el mecanismo constitucional que implicaría su salida del cargo. Su reemplazo significaría un nuevo intento de reposicionamiento político en la Judicatura, donde se han incorporado varios cuadros identificados o vinculados con el correísmo.

El primero que salta a la vista es el actual director general encargado, Hernán Calisto, quien está en ese cargo desde el pasado abril. Calisto es reconocido en la esfera judicial por haber sido uno de los hombres de confianza de Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura entre 2013 y 2018. De hecho, Calisto fue su director del Consejo de la Judicatura de Pichincha.

De acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, el Director General de la Judicatura tiene amplias atribuciones y potestades sobre los jueces, pues la ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial; dirige y supervisa la administración de los recursos humanos, financieros, administrativos y los procesos de selección y evaluación.

Otro de los cuadros afines al correísmo es el ex asambleísta de Pachakutik, Darwin Pereira Chamba, quien en el periodo legislativo 2021-2023 fue parte de la mayoría legislativa liderada por la revolución ciudadana, entonces llamada Unes. De hecho, llegó a ocupar la segunda vicepresidencia del Congreso con el respaldo del correísmo.

En la actualidad Pereira se desempeña como Jefe Departamental Nacional de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura. Su vinculación fue solicitada expresamente por la vocal Solanda Goyes y para un cargo de mayor rango.»Magíster Darwin Stalin Pereira Chamba para el cargo de Subdirector (A) de Evaluación de Talento Humano de la Direcion Naconal de Talento Humano, perfil referido y solicitado por la Dra. Narda Solanda Goyes Quelal en su calidad de Vocal del Consejo de la Judicatura», señala Gloria Salazar, directora de Talento Humano, en el Memorando CJ-DNTH-2024-2025-M firmado electrónicamente el 22 de abril de 2024.

Sin embargo, acabó enrolado como Jefe Departamental de Derechos Humanos y desde ese cargo ha estado en contacto con jueces y juezas. Fuentes del Consejo de la Judicatura agregan que trabaja cerca de la vocal Goyes, en especial en su «propuesta de evaluación de desempeño y productividad de juezas y jueces». En efecto, el 30 de abril Pereira estuvo en Azuay en la presentación de esa propuesta. Estuvo sentado en la mesa principal justo frente a juzgadores. Lo mismo hizo el 1 de mayo en Tunguarahua y el 6 de mayo en Guayas, siempre junto a la vocal Goyes y como auditorio jueces y juezas de esas jurisdicciones.

La vocal Goyes es esposa de Fausto Camacho, exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y quien actualmente participa en el concurso que organiza el CPCCS para volver a ser vocal electoral.

Si bien el análisis y definición sobre la garantía jurisdiccional de Bonifaz está en manos del Tribunal de Garantías Penales, hay antecedentes de «pedidos» desde el Consejo de la Judicatura para que se resuelva en determinada forma este tipo de acciones.

El más claro ejemplo fue el «Caso Vocales» investigado por la Fiscalía, en el que los ex vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo presuntamente cometieron tráfico de influencias al solicitar en 2022 a jueces de la Corte de Pichincha que acepten una acción de protección de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, con la que pretendía regresar a su puesto; casi un calco a la pretensión de Bonifaz. Como resultado Barreno y Morillo fueron llamados a juicios y removidos de sus cargos como vocales.

La audiencia para tratar la acción de protección de Bonifaz estaba fijada para el 13 de junio, pero el Tribunal Penal la adelantó para este jueves 30 de mayo. La sede para el desarrollo de la audiencia es el Complejo Judicial de Quitumbe, donde el 16 de mayo coincidencialmente estuvo Álvaro Román para “conmemorar” el séptimo aniversario de la creación de esas instalaciones, una celebración no muy común.

Mientras que en el seno del CPCCS Augusto Verduga, uno de los consejeros identificados con el correísmo, no dudó en exteriorizar el interés que despierta la silla que ocupa Diana Salazar. En su cuenta de Twitter dijo: “he solicitado formalmente que, en la próxima sesión ordinaria, demos inicio al proceso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado”. En su tuit adjuntó un memorando remitido a Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, el cargo al que desea regresar Bonifaz, el ‘Caballo de Troya’ del correísmo, y que es clave para conducir el concurso de Fiscal.

Este miércoles 29 de mayo la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia conocerá en audiencia el recurso de casación que presentaron los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado a la sentencia condenatoria por el homicidio culposo de Michelle Cobo, hace 8 años. 

Redacción Código Vidrio

Tras siete años, el juicio por el homicio culposo de la joven Michelle Cobo, como secuela de una operación estética, entra en una etapa de definición. 

Este miércoles 29 de mayo la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia conocerá  en audiencia el recurso de casación que presentaron los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado, y la abogada María Eugenia Muñoz a la sentencia condenatoria, que fue corroborada por jueces de todas las instancias de primero y segundo nivel. 

José Molina, abogado de la familia Cobo, dijo que desde el año pasado la defensa de los condenados ha buscado sistemáticamente incidentar el juicio buscando la prescripción. En octubre, precisamente, la Sala de lo Penal de la Corte negó el pedido de prescripción de la pena presentado por los sentenciados.

Para la magistrada Daniela Camacho y su colega Walter Macías ese pedido no tenía sustento legal alguno, por lo cual lo único que cabía es que se conociera el recurso de casación sin más dilaciones, pues con la demora se ha revictimizado a la familia Cobo Ramírez.

«Los familiares, especialmente los padres de Michelle, han sufrido por las dilaciones constantes del proceso, que estaba en riesgo de quedar en la impunidad», observó Molina, quien también cuestionó la actuación del entonces juez Byron Guillén, (hoy candidato a Defensor Púbico), que salvó el voto para dar paso a la prescripción y luego viralizó su pronunciamiento en X, pese a que el proceso estaba todavía en trámite.

La convocatoria a la audiencia para que los jueces de la Corte Nacional conozcan el recurso de casación se decidió el 9 de mayo pasado, por la insistencia de los demandantes. 

En octubre pasado, la Sala Penal estableció que a Toscano aún le restaban por cumplir dos años, siete meses y 22 días de prisión; a Hurtado dos años, 10 meses y 20 días, y, finalmente a Muñoz, dos años, 10 meses y 20 días. 

En los siete años que ha tardado el juicio se ha probado que Toscano, quien era dueño de la Clínica Steticus, no tenía la licencia de médico cirujano. 

El 16 de julio de 2106, Michelle Cobo entró al quirófano de la Clínica San Gabriel, que fue clausurada, confiando en Toscano para realizarse una lipoescultura. Ella tenía 20 años y ningún problema de salud. Un día después falleció por una infección generalizada, causada por la bacteria más letal de los estreptococos, en el quirófano de ese centro.

La Fiscalía estableció que Toscano y Carlos Hurtado fueron responsables de su deceso, por su negligencia en la aplicación rigurosa y científica de medidas sanitarias. Y también acusó a Muñoz, entonces gerente de la Clínica, por permitir una cirugía que el centro no estaba en capacidad de realizar ni contaban con los permisos correspondientes.

En estos siete años, la Fiscalía probó que Toscano, quien era dueño de la Clínica Steticus, una de las más renombradas de Quito, no tenía la licencia de médico cirujano. 

El exjuez de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén, es uno de los más opcionados para ganar el concurso de Defensor Público, aunque enfrenta una indagación previa por supuesto cohecho y es investigado por su relación con el caso Metástasis. Además fue cuestionado por su falta de imparcialidad en el caso por el homicido culposo de la joven Michel Cobo, ocurrido en 2017.  

Redacción Código Vidrio

El exjuez de la Corte Nacional, Byron Guillén, quien encabeza el concurso para Defensor Público, no acudió el miércoles pasado, 22 de mayo del 2024, a rendir su versión en la indagación que enfrenta en la Fiscalía por un supuesto cohecho.

Guillén al ser consultado por Código Vidrio dijo que no acudió porque su abogado tenía que cumplir otras diligencias, pero que asistirá a dar su versión cuando sea convocado nuevamente.

En diciembre pasado, Guillén participó junto con una delegación de Ecuador en la Conferencia Anticorrupción de los Estados Partes, realizada en Atlanta, Estados Unidos.

Mientras estuvo en la Corte, Guillén tuvo una actuación polémica en el juicio en el que los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado fueron sentenciados por el homicidio culposo de la joven Michelle Cobo, que este miércoles entrará en la recta final de resolución, cuando la Corte Nacional de Justicia conozca el recurso de casación que plantearon los condenados, incluida la abogada María Eugenia Muñoz, gerente de la clínica donde se practicó la cirugía estética.

Tras la sentencia, los abogados de los condenados han intentado sistemáticamente que el proceso sea declarado prescrito, para así dejar insubsistente el fallo. Precisamente, en octubre del año pasado la Sala de lo Penal de la Corte negó el pedido de prescripción de la pena presentado por los tres condenados.

Para la magistrada Daniela Camacho y su colega Walter Macías ese pedido no tenía sustento legal, por lo cual lo único que cabía es que se conociera el recurso de casación sin más dilaciones.

Estuvo en desacuerdo y salvó su voto Byron Guillén, quien luego, el 13 de octubre del 2023, incluso divulgó su criterio jurídico en redes sociales, en un hecho sin precedentes en la Corte. No es usual que los ministros mediaticen sus fallos, menos aún si son de minoría y no causan ningún efecto en el pronunciamiento de mayoría. Aunque Guillén justificó la divulgación como un tema de debate.

 El mismo 13 de octubre, los tres sentenciados interpusieron recursos de aclaración y ampliación, que fueron negados en diciembre. El 8 de mayo pasado, la defensa de Gabriel Cobo, padre de la joven fallecida en 2017, pidió que se fijará la fecha para la audiencia de casación, que fue atendida al día siguiente. Esta diligencia se realizará este próximo miércoles.

¿Guillén nexo de Correa?

Guillén es indagado por un supuesto cohecho junto al exjuez  Luis Rivera, quien tampoco acudió a dar su declaración, la semana anterior, aduciendo que estaba en Estados Unidos donde se le habría caducado su visa. En la indagación 74-2024 ambos fueron convocados a rendir sus versiones en la Fiscalía, el pasado miércoles 22 de mayo, a las 11:00.

Tanto Guillén como Rivera también son investigados por su supuesta participación en los casos Independencia Judicial y Metástasis.

Ambos eran miembros de la sala penal de la Corte Nacional y han sido cuestionados por su falta de imparcialidad en varios procesos a su cargo.

En el caso Independencia Judicial, Guillén fue señalado por el exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, quien está detenido, pero está cooperando, y rindió un testimonio anticipado.

Muñoz reveló que para protegerse de la persecución del gobierno de Guillermo Lasso buscó apoyo político. Así, conoció al expresidente Rafael Correa por intermedio de los jueces Luis Rivera y Byron Guillén. Por eso, se reunió con el expresidente en el hotel Tivoli Mofarrej de Sao Paulo, Brasil, en marzo de 2023. En el encuentro, Correa le pidió que apoye a Terán, entonces presidente de la Judicatura, a cambio de respaldarlo ante un eventual juicio político en la Asamblea, aseguró Muñoz.

Asimismo, dijo que el exmandatario tenía un plan de regreso al Ecuador si se daba paso a un recurso de revisión planteado por Ramiro Galarza, uno de los sentenciados en el Caso Sobornos. «Si le aceptaban, el caso se caía» porque se anulaba la sentencia. Quienes se encargarían de admitir el recurso eran Guillén y Rivera, con lo cual Correa podría regresar al país. Correa admitió haberse reunido con Muñoz en Brasil, pero negó que hubieran llegado a un acuerdo para anular su juicio.

Fuentes cercanas a Guillén indicaron que la versión de Muñoz no tiene ningún sustento, que es totalmente falsa.  Guillén prefirió no pronunciarse al respecto para no entorpecer la indagación de Fiscalía que es reservada.

El año pasado, Guillén rindió su versión libre y voluntaria en la Fiscalía por el caso Metástasis y negó tener alguna participación en actos de corrupción.

Fue mencionado en los chats de Leandro Norero que se conocieron en el caso de presunta delincuencia organizada, donde están involucrados jueces, fiscales, policías en servicio activo, entre otros  funcionarios públicos.

Según Guillén, «se tomaron su nombre» y aseguró no conocer a Héliver Angulo, alias ‘Estimado’, uno de los abogados del narcotraficante Leandro Norero. «No es mi amigo, no me preocupa en lo absoluto«, dijo Guillén a los medios de comunicación antes de ingresar a la Fiscalía.

El nombre de Guillén aparece en los chats entre alias ‘Estimado’ y Leandro Norero. El primero le dice al narcotraficante: “El habeas corpus en la Corte Nacional está asegurado con jueces como Byron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia».

ENTREVISTA. El contralor del Estado, Mauricio Torres, no se anda por las ramas. Quiere ponerle el cascabel al gato. Lleva adelante una serie auditorías internas a directivos, auditores y funcionarios que se guardaron informes para que caducaran, no fijaron glosas ni responsabilidades pese a evidencias abundantes, ocultaron alertas de incrementos injustificados en sus patrimonios. Favorecieron a exfuncionarios glosados. Según el Contralor, que lleva cerca de seis meses en funciones, en la Contraloría ha venido operando una estructura criminal en perjuicio del estado desde el 2008, cuando llegó al cargo Carlos Pólit, quien acaba de ser hallado culpable de lavado de dinero en Estados Unidos. 26 funcionarios son investigados penalmente en la Fiscalía, pero siguen laborando en la institución. Hay 3.000 informes que caducaron.

Por Arturo Torres

La Contraloría enfrenta el peor momento de su historia. El excontralor Carlos Pólit acaba de ser hallado culpable por lavado en Estados Unidos, y su predecesor, Pablo Celi, también fue sentenciado por corrupción. Con seguridad ellos no actuaban solos, tenían una estructura que operó por años en la Contraloría. ¿Qué acciones ha tomado usted para identificar a otros funcionarios involucrados en esta maquinaria criminal?
Empecé con tres exámenes de auditoría interna, o sea estamos haciendo exámenes a los propios funcionarios y auditores e la Contraloría, especialmente en las direcciones de responsabilidades, de revisiones y de predeterminaciones, que son las áreas más sensibles, donde van las responsabilidades. Es donde se han bajado a las glosas. Donde se negociaban las glosas, o inclusive se guardaban los informes hasta que caduquen por el paso del tiempo, digamos que se notificó, pero ahí quedó, no se siguieron los siguientes pasos.

¿No había algún sistema automatizado de alertas sobre los procesos?
No, todo hacían manual, se lo guardaron a discreción. Cuando yo llegué había como 3 mil informes caducados. Estamos investigando, ya vamos a saber con exactitud cuántos son.

 ¿Alrededor de 3 mil, es una estimación?
Es un cálculo, yo presumo. Pero con el examen que estamos haciendo vamos a tener la realidad. Que se quedaron, que no fueron despachados. Solo les guardaron y ya, se acabó todo.

 ¿Pero qué mecanismos se aplicaron?
Ocultaban los documentos, se los guardaban, o los desaparecían para así echar abajo todos los exámenes que les interesaban. Con eso se extinguieron glosas, multas… Cuando ya caducan los exámenes no se pueden notificar. La caducidad, ya sea en predeterminación o en responsabilidades. Se caducaron, se guardaron esos exámenes. Con la revisión que estamos haciendo a cada unidad vamos a determinar quiénes son los responsables, cuántos caducaron, y cuáles son las causas. Porque en algunos casos van a decir, “es que faltó personal” ya, pero eso no pueden ser todos. Y si yo si hubiera sido director de esa unidad hubiera priorizado, los de mayor cuantía acá, o empecemos después.

¿Para cuándo estiman que estaría listo, el resultado de las auditorías?
Yo creo que en un mes más ya tenemos los resultados de la auditoría.

Si funcionaba esta congeladora para hacer caducar los informes anteriores, también se han denunciado casos en los cuales los auditores simplemente no fijaban responsabilidades de diferente tipo, aunque había suficientes evidencias para hacerlo. ¿Qué se puede hacer en esos casos?
Tenemos algunos casos de esos. Estamos ya con cerca de 5 auditorías. En este momento la unidad interna de la Contraloría, que tuve que reestructurarla totalmente, está con mucho trabajo.

¿Tienen cinco auditorías concretas?
Aproximadamente son cinco, ya con declaraciones juramentadas. En un caso se hizo una auditoría a una entidad de contratos por 12 millones de dólares. Los auditores habían sido  cambiados tiempo atrás y no encuentran nada. Nosotros llegamos aquí, tuvimos ya una denuncia de eso. Analizamos el examen y en verdad hay muchas cosas que los auditores no dijeron nada. Ocultaban la información, solo faltaba decir “felicitaciones, siga adelante”. Revisamos y encontramos bastantes cosas, irregularidades. Es que hicimos un examen al examen, podría decirse. Ya no podemos revertir los resultados, ellos ya dejaron sacramentando a la entidad, pero lo que estoy haciendo es a los auditores, ellos tendrán que ir a la cárcel por haber hecho eso.

¿Entonces cometieron delitos?
Claro, ahí tenemos en la Refinería del Pacífico, otro examen. En otro caso también habían tenido guardadas en auditoría interna unos pedidos de declaraciones juramentadas a los servidores de la Contraloría, que habían hecho el contraste y tenían diferencias de 200 mil, 300 mil dólares. Una ex servidora de aquí, con un sueldo de 1.600, tenía en un momento 400 mil dólares, en tres años de patrimonio. Esto estaba guardado.

¿Se habían establecido discrepancias en los patrimonios de los auditores y ellos y sus cómplices ocultaron los resultados?
Ya estaba hecho el contraste, se establecieron irregularidades, había que hacer el examen. Analizamos una declaración del 2023 con la de 2018 y aumenta 500 mil. Pero se guardaron esos hallazgos.

 ¿Y quién establece qué pasa con los patrimonios de los funcionarios?
En planificación, nosotros pedimos que ellos hagan perfiles. Por ejemplo, yo pedí de todos los funcionarios de Contraloría los contrastes. Y a todos los que tuvieron aumento de patrimonio les estoy haciendo un examen. Aquí a los propios servidores. Pero esos que ya estaban ahí guardados son de gente que trabajó conjuntamente con los ex contralores, y tenían aumentos de patrimonio. Y que se guardaron la auditoría interna y no lo sacaron.

¿Entonces hablamos de que operaba un estructura criminal?
Claro, justo es una estructura. Hay estudios jurídicos que trabajan acá adentro, entonces no es malo tener un estudio jurídico y defender al que tiene una glosa. El problema es que hay gente de aquí que les daba información. Trabajan en conjunto para beneficiarse con los estudios.

¿Eran juez y parte?
Por supuesto. Hemos ya tratado de levantar algunos, algunos inclusive han renunciado. Hay personas que vacunaban aquí.

¿Cómo lo hacían?
Por ejemplo, el caso que me llegó la denuncia. Llegaba por ejemplo el examen que estaba caducado. Iba a salir ya el informe caducado diciendo “mire, caducó entonces usted ya no tiene nada”. Y les llamaban antes de que salga diciendo “mira, quieres que te arregle, da tanto”. Igual ya iba a salir, o sea estaba ya arreglado porque estaba caducado. Y aparte les iban a cobrar.

 ¿En lugar de auditar el uso de recursos públicos la Contraloría se usó para delinquir?
Totalmente. Esto estuvo ocurriendo mucho tiempo, pero estamos cambiando radicalmente, es la etapa de una refundación. Todavía deben haber algunos rezagos, pero estamos todos los días cambiando gente. La gente que trabajaba con estas personas está en Pomasqui, la mayoría, no están aquí en la sede. No puedo hacer nada, no puedo sacarlos porque están en investigación.

¿Son procesos abiertos que empezaron desde que usted inició?
Incluso en la Fiscalía.

¿Cuántos casos hay en la Fiscalía?
Son 26 servidores. Algunos, dos o tres, incluso son testigos protegidos, fueron parte de procesos. No los puedo tener aquí, pero tampoco los puedo botar.

¿Están procesados penalmente?
Están procesados penalmente, están en investigación en la Fiscalía. No puedo hacer nada hasta que salga algo para poderlos despedir. En otros casos sí se les abrió sumarios administrativos porque han seguido haciendo cosas, encontramos un caso de una persona que los activos estaba cobrando en la cuenta de la esposa. Tenemos otro caso en el que una servidora sacó la resolución ella, sin ser la autoridad jurídica, para beneficiar algunas cosas. Y con esa resolución comenzaron a hacer un montón de cosas ilícitas. Eso fue entre 2020 y  2021. Tuvimos que despedirla. Esa persona ya está afuera; estamos con varios sumarios administrativos. A otras personas yo mismo les he llamado a pedir la renuncia, algunos han renunciado, otros no se quieren ir.

¿Cuántas personas han sido sancionadas por estos temas?
Están con sumario administrativo como 5 o 6 personas.

¿Auditores?
De todo, la mayoría son de responsabilidades. Son las direcciones de juzgamiento, que se llama aquí. Tenemos también personal que ha renunciado en las direcciones de juzgamiento. Yo les he dicho “pasa esto, así que mejor váyanse”; algunos se han ido. No he podido comprobar, pero el hecho de que se vayan es porque hay algo. Hubo un caso que nos quisieron engañar con una auditoría a una empresa cuyo examen hicieron caducar a propósito. Les pedimos la renuncia a los responsables. Eran 7 millones de dólares. Me enteré y tuve que actuar enseguida. Nos siguieron una acción de protección, ganamos 11 millones para el Estado.

¿Entonces están en una etapa de identificar, sancionar y enjuiciar a los responsables. Luego se cuantificará el daño?
Exacto, ahora estamos buscando qué podemos rescatar de todo lo que tienen guardado. Para ir sacando antes de que se nos caduque. Es un trabajo duro, tenemos que reforzar el área de responsabilidades para que vayan detectando cuáles son las que todavía están rescatables. Encontramos 200 nombres de personas que nunca inscribieron las responsabilidades que les fijaron, no presentaron ni la impugnación, y no les inscribieron. Siguen trabajando hasta ahora.

 ¿200 exfuncionarios que fueron destituidos por glosas pidieron seguir trabajando en el sector público?
Así es: fueron destituidos. Y los funcionarios de Contraloría nunca inscribieron esas sanciones en el Ministerio de lo Laboral.

¿Sin la notificación no hubo ninguna consecuencia para que no vuelvan a ejercer cargos?
Sí. Ahí está el caso del exdirector del IESS, Richard Espinoza, la exministra Lady Zuñiga. No fueron inscritos 200 nombres. Fueron destituidos, pero nunca se inscribieron en el Ministerio.

¿Y por lo tanto podían seguir ejerciendo?
Y están ejerciendo. Siguen ejerciendo. Si no se quieren inscribir yo no puedo hacer nada.

¿Entonces, después de esta etapa, la realidad es que los procesos en los que estos funcionarios intervinieron son irreversibles, están en firme?
Claro. Estoy ahora buscando quiénes son los responsables para que paguen eso. Estamos haciendo auditoría interna también de los 200 nombres. Pero cambiamos todo. Es otro personal que no estaba trabajando antes en esta dirección. Son otros funcionarios, con un nuevo director, y queremos resultados. Si no les hago un examen también a ellos.

 ¿Cómo garantizar que este procedimiento no vuelva a ocurrir si no hay un sistema preventivo, que no sea discrecional de los funcionarios?
Ya tenemos el sistema preventivo, ya tenemos alertas, tanto para las auditorías como para el juzgamiento, cuando van a caducar nos dan alertas en la computadora. Tengo un sistema que también estamos controlando desde aquí, que veo como entra el informe, como sale, dónde se rebajan las cosas.

 ¿Es una trazabilidad?
Sí, comenzamos ya. Cosas que se pueden hacer aquí mismo. No hemos comprado un sistema. Estamos haciendo los programas. Con el mismo personal de aquí, sin gastar nada, estamos tratando de hacer programas que no había.

Uno de los mecanismos que aplicaba el ex contralor Pólit era que todos los exámenes importantes y glosas debían ser aprobados por él o a quien designe. Bajo ese esquema se ponían en la congeladora algunos de los informes para proteger a las autoridades del gobierno que eran intocables, a su amigos, o simplemente para negociar con ellos, exigir coimas.
En mi caso no es así. Cada director hace los exámenes y aprueba esos informes. Lo que llega al contralor y a los subcontralores es, por ejemplo, el tratamiento de recursos. Por ejemplo, en mi caso yo niego o acepto los recursos de revisión, pero que superan el monto de $90.000. A partir de ahí, yo soy el que niega o acepta el recurso. El subcontralor hace, en cambio, la parte de responsabilidades, acepta o niega tal monto. Son los directores de cada unidad los que hacen eso.

Los nueve policías, que serían parte de una red de tráfico de combustible para la minera TearraEarth, en Napo, fueron liberados y trasladados para seguir ejerciendo funciones en otras provincias, durante 120 días. A la cabeza de la organización es investigado el teniente coronel Davis Manuel Silva, quien desde este lunes ocupará el cargo de subcomandante de Morona Santiago.     

 Redacción Código Vidrio

El teniente coronel Davis Manuel Silva y ocho policías más, que fueron detenidos el miércoles 16 de mayo, investigados por ser parte de una supuesta red de tráfico de combustibles para minería ilegal en Napo, fueron liberados.

Los uniformados estuvieron detenidos cinco horas, tras varios operativos y hallanamientos en tres provincias, para recabar más pruebas sobre la red que es investigada desde enero pasado por operar a favor de la empresa minera china TerraEarth, que en varias ocasiones ha sido denunciada por operar con mineros ilegales en las concesiones que posee. Y de provocar daños severeos al ambiente, que no han sido remediados.

Luego de ser liberados los uniformados fueron reasignados desde Napo, donde trabajaban, para seguir con sus funciones a otros comandos en varias provincias. Desde este lunes 20 de mayo Silva ocupará el cargo de sucomandante policial en Morona Santiago, otra zona diezmada por la explotación ilegal de oro.

Los subalternos de Silva también fueron reasignados temporalmente, durante 120 días, a Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Qunindé, Pichincha, Babahoyo y Quevedo.

Este operativo se ejecutó como parte de una indagación previa que ejecuta la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía, por un supuesto delito de cohecho, por delitos en contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles.
Como parte de la red también fueron identificados tres ciudadanos chinos, ejecutivos de TerraEarth en Napo, que no pudieron ser detenidos para investigaciones el miércoles pasado, ya que unos 200 comuneros que también realizan actividades de minería ilegal, los protegieron. Incluso uno de los chinos se refugió en una habitación de la empresa que tenía blindaje de seguridad desde donde disparó a los agentes, que debieron retirarse del lugar.

De acuerdo con la información oficial, la estructura está compuesta por diez policías, siete civiles y tres chinos, articulados para almacenar combustible que luego era vendido, en Joya de los Sachas, Napo, a TerraEarth. A cambio de coimas de la minera china los agentes agilitaban trámites para movilizar hidrocarburos para la minería ilegal. En los hallanamientos los policías retuvieron 12 dispositivos móviles, USD 4.000 en efectivo, documentos, un CPU y un arma con munciones.

Las operaciones de esta organización criminal incluían no solo transportar y vender el combustible, sino agilitar los trámites para movilizarlo y usarlo en minería ilegal, a cambio de dinero que les pagaban funcionarios de TerraEarth, según la investigación. El operativo se extendió a las provincias de Pichincha y Orellana.
Pese a los cuestionamientos por los perjuicios ambientales que causó en Yutzupino,TerraEarth consiguió la licencia ambiental para su proyecto minero Tena, de más de 7.000 hectáreas.

Esa compañía tiene derecho sobre las concesiones Talag, Anzu Norte, El Icho y Confluencia, a orillas del río Napo, muy cerca de Tena, capital de la provincia. Una de las principales acusaciones en contra de la empresa es que ha permitido que grupos que se dedican a la minería ilegal continuaran extrayendo materiales de concesiones a su cargo, en las que las operaciones estaban suspendidas por orden de las autoridades.

 

Diez policías, incluido un Teniente Coronel, eran parte de una red de tráfico de combustible que se desviaba hacia TerraEarth en Napo. Tres chinos de esa empresa, también investigados por cohecho, no pudieron ser detenidos por la Policía y la Fiscalía. Fueron protegidos por 200 comuneros que operan en la minería ilegal en Yutzupino.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Ocho personas, entre ellos seis policías en servicio activo, fueron capturados en un operativo la mañana del martes 14 de mayo, en Napo. Sin embargo, la Policía no pudo detener a tres ciudadanos chinos de la empresa minera TerraEarth.

Uno de ellos incluso se parapetó en una habitación que tenía blindaje de seguridad desde donde disparó a los agentes, que debieron retirarse del lugar cuando llegaron unos 200 comuneros, que protegieron a los extranjeros e impidieron su captura. Se estima que eran mineros ilegales que operan con la empresa china en actividades extractivas de oro en Napo, desde hace varios años atrás.

Este operativo se ejecutó como parte de una investigación por un supuesto delito de cohecho, según el parte policial que este medio revisó. Incluía otros delitos “en contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles”.

Las pesquisas se iniciaron hace seis meses. Fueron encabezadas por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía.

De acuerdo con la información oficial, se detectó una estructura en la que diez policías, siete civiles y tres chinos eran parte de la red que almacenaba combustible que luego era vendido, en Joya de los Sachas, en Napo, para que se usaran en las actividades mineras de TerraEarth.

Según la Fiscalía, diez policías en total y la empresa serían parte de la red de corrupción. A cambio de beneficios económicos agilitaban trámites para movilizar hidrocarburos para la minería ilegal.

En la investigación participaron la Dirección Nacional de Asuntos Internos y el Departamento de Investigación de la Conducta Policial Zona 9, bajo la dirección de la Fiscalía.

Entre los detenidos están el teniente coronel de la Policía de la Subzona Napo, Dervis Manuel S., y ocho policías más de esa misma provincia. Entre ellos Ana A., Frank Ch.,  Leonardo O., Elvia R. y Dayana M. Además Angie V. y José C.

En la operación se retuvieron 12 dispositivos móviles, USD 4.000 en efectivo, documentos, un CPU y un arma con munciones.

Las operaciones de esta organización criminal incluían no solo transportar y vender el combustible, sino agilitar los trámites para movilizarlo y usarlo en minería ilegal, a cambio de dinero que les pagaban funcionarios de TerraEarth, según la investigación. El operativo se extendió a las provincias de Pichincha y Orellana.

Polémica licencia ambiental para minera china

TerraEarth consiguió licencia ambiental para su proyecto minero Tena, de más de 7.000 hectáreas, pese a los cuestionamientos por los perjuicios ambientales que causó en Yutzupino. Ahora, esa compañía tiene derecho sobre las concesiones Talag, Anzu Norte, El Icho y Confluencia, a orillas del río Napo, muy cerca de Tena, capital de la provincia.

Una de las principales acusaciones en contra de la empresa es que ha permitido que grupos que se dedican a la minería ilegal continuaran extrayendo materiales de concesiones a su cargo, en las que las operaciones estaban suspendidas por orden de las autoridades.

Las críticas van también en contra del Ministerio de Ambiente, que le otorgó licencia ambiental para el proyecto Tena a pesar de que antes la misma cartera de Estado sancionó a TerraEarth por sus incumplimientos y por los daños que han sufrido, por ejemplo, los habitantes del cantón Carlos Julio Arrosemana y las aguas de los ríos Jatunyacu y Cumbiyacu, por descargas directas y otras prácticas. Incluso se ha cuestionado que ciertas concesiones se hayan otorgado por 30 años, cuando lo permitido son 25 años.

En febrero de 2023, en una comparecencia ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, José Dávalos, entonces viceministro de Ambiente, dijo que las suspensiones previas  no daban argumentos para cerrar la puerta a TerraEarth para una nueva concesión, porque la legislación ecuatoriana no permitía “discriminar a nadie por ninguna razón”.

La empresa china se ha defendido diciendo que está trabajando en la remediación ambiental en esa zona. Varios grupos defensores del medioambiente y que habitan en Napo y sus alrededores denuncian que la minería ilegal que arrasó cerca de 200 hectáreas de áreas naturales y contaminó el agua, especialmente entre fines de 2021 e inicios de 2022.

Varios colectivos señalan que TerraEarth compra a los ilegales el oro que sacan de sus concesiones.

De hecho, el Cuarto Informe del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, publicado a mediados de julio de 2023, señaló a TerraEarth entre los 28 proyectos chinos en Latinoamérica y ocho en Ecuador que están afectando los derechos humanos y de la Naturaleza. Ese examen incluye el caso de 15 fallecidos en medio de incidentes, producto de la minería ilegal.

LupaDigital. El llamado de Mark Ruffalo para frenar la actividad petrolera en el Yasuní registró más de 800.000 visualizaciones en un día. La duda sobre el cierre del Bloque 43 dispuesto vía consulta popular se mantiene.

Andrés Jaramillo Carrera (@andresgaj en X)

Desde que inició su mandato -noviembre de 2023-, Daniel Noboa nunca se había dado el trabajo de responder directamente a una persona, en su cuenta de X. Al menos no, hasta ese 15 de mayo, a las 10:38.

Casi dos horas y media antes, Mark Ruffalo (Hulk en la saga The Avengers) lo había mencionado en una publicación donde lo instaba a proteger a las madres, familias y niños del bosque del Yasuní «de las peligrosas y destructivas prospecciones petrolíferas».

Lo acompañó con un vídeo por el Día de la Madre donde se hacía visible los riesgos de la actividad petrolera para las mujeres waorani y sus hijos. Esto levantó una polvareda digital. En tan solo un día, se registraron más de 800.000 visualizaciones.

Ruffalo tiene más de 8,2 millones de seguidores en X. Ha logrado fidelizar una comunidad a lo largo de su vida como director, productor y actor. Luego de 31 años de carrera, cuatro nominaciones al Oscar y un lugar en el paseo de la fama de Hollywood, es también un referente de la defensa de la justicia climática.

En 2011, cofundó Water Defense para crear conciencia sobre el cuidado del agua. Es una de las figuras más visibles que ha denunciado los efectos negativos del fracking.Ruffalo también promovió The Solutions Project (2012), una incubadora de proyectos de energía renovable. Estas iniciativas hicieron que le otorguen, en 2015, el premio Rose-Walters Prize.

Ha colaborado como columnista verde en The Guardian y The Huffington Post, aunque es más conocido en el mundo por su papel en la saga de Marvel, como Hulk.

Noboa contestó al ‘Hombre Verde’ diciendo que comparte su lucha y que el 8 de mayo, con la firma del decreto 257, se inició el proceso para el retiro ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el Bloque 43 del Yasuní.

«Quiero que sepan que esto es una prioridad para este gobierno y cuentan con todo nuestro respaldo».

Sin embargo, eso dio lugar a que se abriera una conversación directa y que Ruffalo se sienta con derecho a replicar:

La publicación provocó más de 348.000 visualizaciones en menos de un día y una marea verde de comentarios. “Gracias por tu apoyo, Mark”, señaló @RescateAnimalEC en X. “Necesitamos que este plan sea eficiente, que incluya al pueblo y que su fecha de cumplimiento sea Agosto, como dijo nuestra Corte Constitucional. No aceptamos nada menos de eso”.

@VinicioIbar, por su parte, le pidió que hable también sobre la “destrucción que están causando, con la minería ilegal, en Napo”.

Pero también hubo quienes criticaron la vehemencia de Ruffalo. “Ahora hasta quieren exigir personajes que ni habitan en el país. ¿quieres ayudar? venga y haga una donación para construir hospitales para los pueblos indígenas”, comentó @antucomalo.

Noboa no volvió a contestar el mensaje de Hulk y, en la esfera digital, se quedó impregnada la duda de qué va a pasar con el Yasuní. Sobre todo, porque a diferencia de lo que colocó en su mensaje de X, en enero pasado, Noboa habló sobre una posible moratoria para aplazar el cierre del campo petrolero ITT debido a la falta de recursos para responder a las urgencias económicas del país.

Como lo ha advertido el movimiento indígena, insistir directa o indirectamente en el incumplimiento de la decisión ciudadana establecida en la consulta popular de 2022 de dejar el petróleo bajo tierra, podría terminar en una destitución de Daniel Noboa, la cual ni Hulk se lamentaría.

¿Por qué los medios rusos victimizan a Jorge Glas? La detención del exvicepresidente de Ecuador, por medio de una incursión de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito, dio mucho qué hablar para los medios oficialistas rusos. Las publicaciones fueron más allá de lo diplomático. La narrativa resaltó denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos de Jorge Glas. Además, hizo eco de la posición de presidentes de la región afines a su postura política.

 Alianza Código Vidrio y Vistazo

 Que Jorge Glas es el Julian Assange ecuatoriano. Que el exvicepresidente está secuestrado y ha sido torturado. Que su único error fue construir un parque recreativo en una zona devastada por el terremoto de 2016, en la Costa ecuatoriana. Son apenas tres de los mensajes que los medios oficialistas rusos han difundido desde inicios de abril.

La intencionalidad es evidente: posicionar a Glas como víctima de persecusión política.

Las cadenas rusas Sputnik y RT publicaron 42 y 52 notas, respectivamente, sobe la detención del exvicepresidente Jorge Glas, durante una incursión de la fuerza pública en la sede de la embajada de México en Quito.

En línea con la narrativa de los gobiernos de la marea rosa (identificados con el socialismo del siglo XXI en la región), el mensaje es uno solo: la incursión ecuatoriana violó el territorio mexicano y además atenta contra las normas de derecho internacional.

RT cubrió el tema a profundidad. Por ejemplo, solo el 12 de abril se publicaron en su sitio web ocho notas y cinco el día anterior. El día con más publicaciones fue el 16 de abril, cuando salieron 11 noticias en la página web.

En esa jornada hubo abundante material. El presidente colombiano Gustavo Petro decidió suspender un gabinete bilateral agendado con Ecuador para el 25 de abril, en medio de la tensión entre el país y México. La decisión se dio a la par de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que generó gran expectativa en torno a lo ocurrido en Quito.

Por ello, también tomó protagonismo en el sitio de RT el discurso de Nicolás Maduro, afín al de la Revolución Ciudadana. Se destacó, por ejemplo, la acusación que hizo en contra de los Estados Unidos, país al que señaló por supuestamente haber apoyado “el asalto” a la Embajada de México en Ecuador.

Ese mismo día, el presidente venezolano ordenó cerrar todas las sedes diplomáticas de su país en Ecuador y los ciudadanos de ese país que buscaban regularizar su situación migratoria o que requieren renovar sus documentos se quedaron en el aire. También está registrada la llamada a consultas del gobierno hondureño a su encargada de Negocios en Ecuador y la condena que los presidentes de la CELAC resolvieron sobre la decisión de Ecuador de incursionar en la embajada de México, en Quito.

Es notorio que en los titulares de RT se destacan las declaraciones y pedidos de sanciones de Maduro, Petro y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero omite detalles importantes como que solo diez de los 33 países miembros participaron de la reunión y emitieron el pronunciamiento. El video de RT de la nota titulada “CELAC reprueba el asalto a la Embajada de México y exige a Quito otorgar salvoconducto a Jorge Glas”, del 17 de abril, comienza con una claqueta que reza: “condena al unísono”. Además, la presentadora usa palabras como “unánime”. Las tomas son de Telesur.

En Sputnik la tónica es similar, pues también el 16 de abril es el día con mayor cantidad de notas, pues se subieron 10. En cambio, el 11 de abril emitió  seis publicaciones. Ese día, México puso la demanda en contra de Ecuador ante la Corte Internacional Penal de la Haya y los contenidos detallan este proceso. También reportó una reunión que mantuvieron los presidentes Petro y Maduro, en la que hablaron de la necesidad de mantener unidas a Colombia y Venezuela, pero también mencionaron el tema de Jorge Glas y reiteraron su condena. Su postura fue exigir a Ecuador la restitución del asilo político para el político que tiene sentencias pendientes.

Sputnik resalta al menos dos notas analíticas. La primera, publicada el 12 de abril, se titula: “Una estrecha relación que quedó en el pasado: así fue el vínculo entre México y Ecuador” y hace un recuento histórico de las relaciones bilaterales entre ambos países, que se remonta dos siglos atrás. El segundo es del 13 de abril, bajo el título “El camino de espinas económicas que le esperaría a Ecuador por su crisis con México” y habla sobre las posible implicaciones económicas para el país luego de detener a Glas en territorio mexicano, además de que podría “comprometer su capacidad para cerrar acuerdos comerciales o integrarse a foros internacionales en el futuro”, de acuerdo con un experto en relaciones internacionales.

RT incluye entre el 11 y el 19 de abril los pronunciamientos del Grupo de Puebla, afín a la corriente política e ideológica del correísmo, con sus notas: “Grupo de Puebla insta a exigir un salvoconducto para exvicepresidente Jorge Glas” y “El Grupo de Puebla propone una misión humanitaria para verificar el estado de salud de Jorge Glas”.

La vocería recurrente de Correa

Las opiniones del expresidente Rafael Correa son constantemente citadas en las notas que Sputnik y RT publican sobre Ecuador y sobre la región. El caso de Glas no podía ser la excepción. En Sputnik se publicó la nota “El expresidente de Ecuador expone los delitos cometidos en la captura y el encarcelamiento de Glas”, basada en un post de su cuenta de la red social X.

En este texto se cita lo que el político que vive en el exterior para evitar sus condenas ene Ecuador publicó sobre el caso. Según él, en contra de su excompañero de fórmula se habrían cometido delitos contra el derecho internacional humanitario, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; ataque a bienes protegidos; privación de libertad a persona protegida, entre otros.

En RT se difundió la nota “Correa reacciona a demanda de México y advierte que Noboa «está llevando al precipicio» a Ecuador”, tras conocerse que México había demandado a Ecuador ante la Corte Internacional Final, con su muletilla usual “los corruptos siempre fueron ellos”. La publicación en X es tan corta que la nota en X apenas ocupa tres párrafos.

La opinión de Correa vuelve a merecer cinco párrafos en RT cuando reclamó porque  la Fiscalía ordenó explotar los celulares y la tablet que Glas tenía en el lugar donde fue encontrado dentro de la residencia de la Embajada de México en Ecuador. Esa decisión despertó el enojo del líder de la Revolución Ciudadana, quien fue citado en RT así: “El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha denunciado este domingo que la Fiscalía del país andino ‘ha ordenado explotación pericial de los celulares y tableta de Jorge Glas, pese a que fueron obtenidos ilegalmente’ tras su detención en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. «Lo harán, ya que estamos en el país del quechu… Pero, ¿por qué el apuro? Fácil: buscan crear un nuevo ‘escándalo’ antes de la consulta del 21 de abril. ¡A estar preparados y no olvidar los ‘escándalos’ que inventaron en anteriores elecciones!», alertó Correa a través de X”.

El discurso de los Derechos Humanos

Aunque durante su Gobierno Correa y su equipo criticaban al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a partir de varios casos legales en contra de los miembros de la Revolución Ciudadana y ahora, tras la detención de Glas en la Embajada de México se han volcado a solicitar ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organismos como la ONU y la OEA.

Todo empezó tras la incursión a la Embajada y ha ido escalando. Los pedidos han tenido eco en los medios rusos con notas como: “Me querían hacer más daño: Jorge Glas asegura que sufrió tortura en Ecuador”, que incluye el relato del exvicepresidente sobre haber sido tratado como “una vaca”. Esta nota incluye un post de X de Radio Pichincha, una de las fuentes recurrentes en Ecuador de las cadenas rusas.

Sputnik también difundió el 16 de abril una nota donde asegura que Glas permaneció diez días incomunicado y cita a una abogada de Glas quien señalaba que el político estuvo “secuestrado, y siempre bajo vigilancia militar”. Luego, el 7 de mayo, la cadena publica una nueva nota donde cuanta que la defensa de Glas acudió a la CIDH y a la ONU para que aboguen por la liberación de Glas y para que se le otorgue un salvoconducto que le permita salir de Ecuador de forma segura, repitiendo el argumento de que estaría secuestrado y de que habría sido “víctima de gravísimos maltratos”.

A diferencia de RT, Sputnik solo incluye en el texto la denuncia que Norma Espinel, madre de Glas, puso en conta del presidente Daniel Noboa y de la ministra del Interior, Mónica Palencia, entre otras autoridades, por varios delitos en contra de su hijo, incluyendo una supuesta “desaparición forzada”. RT, en cambio, publicó una nota del 6 de mayo cuyo título incluía esta denuncia de Espinel.

Esa cadena fue reiterativa en estas publicaciones, pues el 7 de mayo sacó otra nota con el título “Piden a la ONU que abogue por la libertad de Jorge Glas” y el 8 de mayo una más, con el titular: “Abogado: Esperamos pronunciamiento de la ONU ante denuncia de ilegalidad en la detención de Glas”

Por otro lado, el 12 de abril en ese mismo medio se difundió “Ciudadanos exigen la liberación de Glas mientras se realiza audiencia de ‘habeas corpus’ a su favor” y en video se habla de ilegalidad de la detención y pedidos de renuncia a Daniel Noboa. No es usual que en una cadena internacional se difundan protestas cuando no son multitudinarias o se desenvuelven sin mayores novedades. Las imágenes fueron tomadas del medio digital Only Panas y el reporte se hace desde México.

El 18 y 19 de abril, Sputnik y RT, respectivamente, publicaron la denuncia sobre su situación que Jorge Glas hizo, a través de cartas escritas a mano, a los presidentes López Obrado, Petro y Luiz Inácio Lula da Silva. En ellas, él habla de una “persecución brutal” y de estar recluido en la “peor cárcel”, por lo que les pidió ayuda.

Un reporte de Sputnik fue más allá y publicó una nota en la cual lo califica como el Julian Assange ecuatoriano. Se basa en entrevistas según las cuales Jorge Glas es un trofeo, fue vicepresidente con el correísmo durante diez años y representa a un gobierno de izquierda que hizo mucho por su país.

“Glas era vicepresidente, en Ecuador, tuvimos un terremoto, un grave evento, él guió los esfuerzos de reconstrucción en la provincia donde el efecto fue mayor. Él construyó un parque que no existía previamente. Y eso, según la Fiscalía general, es corrupción. Glas fue acusado de corrupción y sobornos relacionados con esos esfuerzos de reconstrucción”. En esta narrativa victimizante, fiscales atribuyeron a Glas delitos relacionados con sobornos de una constructora brasileña (la nota no nombra a Odebrecht), y la justicia lo sentenció, según este relato falso, en forma injusta.

Para monitorear y controlar a miles de personas que abandonaron China tras la pandemia, en 2020, el gobierno de ese país puso en funcionamiento 54 estaciones secretas de policía en 30 países, incluido Ecuador. Siguiendo el rastro de esas operaciones este medio llegó hasta el Hotel Quito, donde la agencia de viajes Andywei Travel, propiedad de un ciudadano chino, arrendaba uno de sus locales hasta marzo pasado. Informes internacionales y de inteligencia coinciden en que la agencia era la fachada de una estación clandestina de agentes encubiertos.

Investigación Alianza Código Vidrio – Vistazo

El brazo largo del Partido Comunista Chino se extiende por el mundo. En septiembre del 2022 la organización internacional de derechos humanos Safeguard Defenders denunció la existencia de estaciones clandestinas de la policía china en 30 países de varios continentes. Según esta ONG, los agentes chinos actúan a espaldas de las autoridades locales en más de 54 estaciones. Una de esas delegaciones aparece domiciliada en la avenida González Suárez, en la agencia de viajes Andywei Travel, que hasta marzo pasado rentaba un local en la planta baja del Hotel Quito. La dirección y el teléfono celular del representante de ese local como sede de la dependencia policial están registrados en informes del gobierno chino.

Esta denuncia fue investigada por esta alianza periodística durante ocho meses. Accedimos a reportes del sistema financiero, informes de Inteligencia, reportes de organizaciones de derechos humanos y de varios gobiernos, incluido el de la República Popular China; entrevistamos a emigrantes chinos que residen en Ecuador y en Estados Unidos, a funcionarios y exfuncionarios, así como agentes de Inteligencia de Ecuador y de dos de sus países aliados.

Cuando el informe de Safeguard Defenders se hizo público, las autoridades de cuatro países investigaron las denuncias sobre espionaje y persecución a ciudadanos chinos y ordenaron el cierre inmediato de las estaciones policiales clandestinas. También abrieron procesos judiciales y parlamentarios.

PAÍSES DONDE FUERON IDENTIFICADAS SUPUESTAS ESTACIONES SECRETAS  

El gobierno chino, por su parte, negó las acusaciones de los regímenes de Canadá, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido. Sus portavoces aseguraron que las agencias de policía se crearon para ayudar a sus conciudadanos en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, no para perseguirlos.

Esta política de asistencia y monitoreo se ejecutó en el contexto del éxodo masivo de chinos por el mundo, que ha tenido picos importantes desde 2021. La Organización de Naciones Unidas (ONU) estimó que en 2023 310.000 personas abandonaron China. Casi tres veces más de las que salieron en 2012.

“Fui secuestrado por la policía secreta china tres veces”

Según Amnistía Internacional, durante el régimen del presidente Xi Jinping se ha registrado un número creciente de detenciones arbitrarias, así como censura de la libertad de expresión y asociación. Sus políticas suponen una amenaza para los derechos, no sólo en China, sino en todo el mundo, alertó la organización.

Entre quienes más han sufrido persecución hay disidentes y defensores de derechos humanos, que ahora se refugian en otros países, especialmente en Estados Unidos. Uno de ellos es Teng Biao, abogado de derechos humanos, quien vive exiliado en New Jersey tras huir del hostigamiento del régimen chino.

“Por mucho tiempo supimos (los activistas chinos) que el gobierno chino ha enviado agentes, espías y policías encubiertos a todo el mundo, en muchos países. Ellos monitorean, intimidan y acosan a disidentes y activistas de derechos humanos”, destacó en entrevista con este medio.

“Yo era defensor de derechos humanos, disidente y académico en China. Debido a mi trabajo, me prohibieron enseñar y eventualmente me despidieron de la universidad en la que trabajaba. De vez en cuando me ponían en arresto domiciliario. Fui secuestrado por la policía secreta de China tres veces, detenido y torturado. Escapé de China en 2014. Sin embargo, en EE.UU. puedo sentir todavía el brazo largo del gobierno chino”.

La última oleada de ciudadanos chinos, de los últimos tres años, llegó a EEUU por tierra, pagando a redes de coyotes desde Ecuador. Este país se convirtió en el epicentro de un fenómeno inédito en la región, pues los ciudadanos de China no requieren una visa para ingresar como turistas.

Los datos oficiales confirman que hubo un aumento explosivo en la llegada de chinos. Revelan también que una parte se queda en este país para emprender sus propios negocios o hacer diferentes inversiones.

LA LLEGADA DE CIUDADANOS CHINOS TUVO UN PICO EN 2023 

Mientras en 2020, llegaron 25 mil chinos y salieron 26 mil, en 2023 arribaron 50 mil y salieron sólo 25 mil. Hasta el año pasado, se han quedado más 29 mil chinos, según estadísticas del Ministerio del Interior.

Dos mujeres confirman la represión

Entre quienes vinieron el 2023 están Xiao Wei, de 28 años, y Xiao Li, de 33 años. Sus nombres han sido cambiados por seguridad. Las dos son mujeres nacidas en Shanghai. Abandonaron China por la represión y los severos encierros que vivieron con sus familiares y amigos durante la pandemia. Luego de ingresar como turistas, ambas se quedaron en Ecuador con visas de profesionales e inversionistas.

Esta alianza conversó con ambas en un barrio del centro norte de Quito.
“La gente se quedó muy frustrada después del encierro por la pandemia del Covid-19. Debido a razones políticas se decidió un encierro total de la población. No se podía salir fácilmente fuera de China, no solo por la situación política, sino por razones económicas”, dijo Wei, quien tiene una empresa de alimentos y  vino, que produce de manera artesanal.  “Me enteré de casos muy graves, gente no tenía comida, personas mayores o embarazadas que no recibían atención médica porque no podían salir de sus casas. Y tenían gente que los vigilaba y obligaba a permanecer en el encierro”, agregó.

Wei llegó al Ecuador el año pasado y hoy está totalmente adaptada y satisfecha por el éxito de su negocio que administra con su esposo.

Xiao Li ha hecho inversiones financieras en Ecuador donde los bancos pagan intereses más altos que en China por depósitos a plazo fijo. Ella también abandonó su país por temor al incremento de las medidas restrictivas y autoritarias del Gobierno. “La gente vive con temor, porque no tienen ningún control de lo que puede pasar, todo está en manos del Partido. El miedo es generalizado, hay mucha inconformidad, pero quienes se atreven a criticar al Gobierno son inmediatamente censurados y hostigados”, dice Li, quien ha realizado viajes de turismo por varias provincias, y no ha pensado en retornar a China.

Precisamente, otro indicador de esta ola migratoria es el número creciente de visados otorgados, desde inversionistas hasta refugiados. Según informes de la Cancillería, desde 2013 a 2023 se han otorgado más de 57 mil visas a ciudadanos chinos.

CRBC, de constructora a operadora hotelera

Según los datos difundidos internacionalmente, una de las estaciones operaba en el Hotel Quito, que es propiedad de la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC).

CRBC adquirió el hotel en 2016 al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), en el gobierno de Rafael Correa. Durante su régimen se estrecharon los nexos a todo nivel con China, que se volvió su principal aliado y prestamista para proyectos. La mayoría con fallas y denuncias de corrupción.

La empresa CRBC actualmente está en medio de una encendida polémica, porque intenta construir tres torres habitacionales de más de 16 pisos en predios patrimoniales del Hotel Quito, a lo cual se oponen colectivos de la ciudad, así como gremios, ex alcaldes y autoridades judiciales y del gobierno.

Sobre los cuestionamientos al avance del proyecto, los representantes de CRBC indicaron que aún no han iniciado ninguna obra en el Hotel Quito y, por decisión de las autoridades de control, se ha suspendido el proyecto.

Según la empresa, “El objetivo principal del proyecto (…) es la recuperación y preservación de la riqueza patrimonial del Hotel Quito, no solo para potenciar su actividad turística sino para impulsar más oportunidades de desarrollo (…), más fuentes de empleo y, sobre todo, garantizará la intervención técnica urgente que requiere el hotel para mantener intacto su patrimonio”.

Por otro lado, agregó CRBC, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, el 3 de abril de 2024, emitió un oficio en el que cita que …“Se resolvió que el Municipio suspenda todos los trámites y los permisos relacionados con la construcción de obras civiles de los proyectos inmobiliarios presentados por la empresa China Road and Bridge Corporation, hasta que se decida sobre la actualización de la ficha de inventario del “Hotel Quito”.
“Es importante aclarar que no nos han invitado a formar parte de las mesas de trabajo para la revisión de la ficha, a pesar de ser propietarios del hotel”, destacó la empresa china.

CRBC arrendaba el local mencionado a la Agencia de Viajes Andywei Travel, que operó hasta marzo de 2024 y se ubicaba junto a la sede de la Confederación de la Colonia China en Ecuador.

Cuando se difundió el informe de SafeGuard Defenders, Juan Zapata era Ministro del Interior en el Gobierno de Guillermo Lasso. Entrevistado por este medio, Zapata aseguró que mientras estuvo al frente de esa cartera no conoció ninguna denuncia sobre operaciones clandestinas de agentes policiales chinos.

Sin embargo, según fuentes de inteligencia, en el Hotel Quito sí habría funcionado una estación secreta. Al frente de sus operaciones, según estas fuentes, fueron identificados cuatro ciudadanos chinos que obtuvieron cédulas ecuatorianas. Agentes de inteligencia de dos países que cooperan con Ecuador también confirmaron que AndyWei Travel habría sido fachada para operaciones encubiertas.

La agencia promocionaba varios paquetes turísticos dentro y fuera del país que aún se pueden observar en redes sociales. https://www.instagram.com/p/Ck0o7TVKVMh/

Hasta marzo de 2024, mientras aún funcionaba la agencia, periodistas de esta alianza acudieron al local para constatar sus actividades comerciales. Los reporteros atestiguaron que la mayoría del tiempo esas dependencias lucían desoladas. Al ser consultados dos de sus dependientes, dijeron que no vendían paquetes turísticos a China, sino solo pasajes aéreos.

En la última visita un periodista volvió a la Agencia, donde estaba una mujer china que no hablaba español y otra ecuatoriana que también atendía en la Confederación de la Colonia China, en el mismo local. Mientras desde fuera, en la fachada, parecían dos locales diferentes, en el interior eran una sola oficina.

12 millones en ingresos

Pese a que casi no tenía clientes, entre 2016 y 2022 Andywei Travel tuvo ingresos por 12 millones de dólares, pero no por ventas de paquetes turísticos. Ese monto fue transferido por otras 13 empresas chinas contratistas de obras públicas con el estado ecuatoriano, incluida CRBC, según informes del sistema financiero. Esas firmas aparecían como clientes de la Agencia. Sin embargo, se registraron discrepancias significativas entre lo que Andywei Travel facturó y lo que le transfirieron.

Del 2013 al 2022, la agencia declaró 1.500 dólares en Impuesto a la Renta. Y desde el 2016 al 2022, siempre estuvo a pérdida, según sus balances. El último informe financiero en la Superintendencia de Compañías del 2023 también reportó pérdidas por 7.454 dólares, y deudas acumuladas por 23 mil dólares. No obstante, según consta en el sitio web de la Superintendencia, la empresa cumplió con sus obligaciones societarias y existencia legal.

Hay otro dato llamativo. En enero del 2023, la agencia fue clausurada por el SRI por problemas detectados de tributación, pero fue reabierta inmediatamente, según fuentes que investigaron el caso. Sin embargo, en los registros del SRI no hay ninguna constancia de esta sanción a la Agencia, ni de ningún proceso abierto en su contra.

El presidente de Andywei Travel desde 2013 es Wei Fuyan, originario de China. Se conoce que su agencia no solo ha operado en el Hotel Quito,  tenía tres sucursales más en otros sectores de la ciudad, pero cerraron.

Hay registros de que Fuyan llegó a Ecuador en 2005 para dirigir un medio de comunicación enfocado en el éxodo en Sudamérica, con el respaldo del Departamento de Trabajo del Frente Unido de su país, según artículos de medios oficiales de ese gobierno.

Inicialmente, Fuyan tuvo trabajos a tiempo parcial con estudios de español, antes de abrir la agencia, que en ese entonces atendía a grupos de turistas asiáticos, gestionándoles visas y paquetes de estadía. Al mismo tiempo, se vinculaba e impulsaba la creación de asociaciones locales alineadas con su gobierno.

En el currículum de Fuyan destacan funciones directivas en El Comité Juvenil de la Federación de Chinos Retornados del Exterior, La Federación de Reunificación, La Confederación de la Colonia, entre otros.

Su participación en estas asociaciones lo convirtió en un líder reconocido y portavoz ocasional ante los medios de su país, en nombre de la colonia que funcionaba en la misma oficina de la Agencia.

Recabamos la información sobre Fuyan en medios estatales chinos y en canales oficiales del gobierno.

Al parecer, existe un patrón de funcionamiento de las estaciones clandestinas: además de ser empresarios, sus dirigentes se acercan a las asociaciones de emigrantes chinos en cada país y tienen una relación directa con la embajada China.

Un caso similar fue descubierto en Gran Bretaña, donde el colaborador de Código Vidrio, Kris Cheng, corroboró esta estrategia. Descubrió que un ciudadano chino que tuvo contactos con políticos influyentes británicos se convirtió en un líder de la colonia china en ese país con una fachada de empresario. Su objetivo era operativizar el funcionamiento de una agencia secreta, que tras las denuncias de la prensa, cerró sus puertas en Londres.

Las actividades de Fuyan en Ecuador encajarían en ese patrón. Buscamos entrevistarlo, pero no respondió a nuestras llamadas y mensajes a su celular, registrado en la Superintendencia de Compañías. También pedimos una entrevista con él enviando mensajes al correo electrónico de la agencia y tampoco tuvimos una contestación.

Al ser consultada sobre el funcionamiento de una estación policial china en Andywei Travel, la empresa CRBC respondió. “La administración del Hotel Quito mantuvo un contrato de arrendamiento con la Agencia de Viajes Andywei Travel, correspondiente a uno de los almacenes comerciales disponibles dentro de los servicios de terceros en el hotel, este contrato se terminó en marzo de este año”.

Efectivamente, cuando volvimos al Hotel Quito a inicios de este mes de mayo del 2024, el local donde funcionaba la agencia de viajes y la sede de la Confederación de la Colonia China en el Ecuador estaba totalmente vacío.

En vista de que la operación de policías encubiertos de ese país constituiría una violación a la soberanía de Ecuador, en varias ocasiones este medio pidió, por vía telefónica y por correo electrónico, un pronunciamiento de la embajada de China en Quito. Tampoco hubo una respuesta de sus autoridades.

Un informe reveló que el discurso ruso que se propaga en los medios RT y Sputnik sortea la prohibición que la Unión Europea impuso a su difusión de noticias identificadas como parte de la propaganda del gobierno de Vladimir Putin. En la región y en Ecuador ambos medios no tienen limitación alguna.

Redacción Código Vidrio

El embrollo desatado por un proyecto inmobiliario que se prevé construir en una zona protegida en Santa Elena, y que involucra al Ejecutivo y a la Primera Dama, Lavinia Valbonesi, llegó hasta los titulares del medio oficialista del Kremlin Russia Today.

La publicación titulada ‘Denuncian ante la Fiscalía a la primera dama de Ecuador por polémico proyecto inmobiliario’ alcanzó, hasta las 20:00 del pasado 9 de mayo, alrededor de 7.000 visualizaciones en la red social X. Tras dos horas de haber sido publicado, el post ya reflejó 277 ‘likes’, 213 reposteos y 10 comentarios de los cuales nueve provenían de cuentas creadas en Ecuador.

Como ya es habitual en RT, la nota no incluye las últimas declaraciones del presidente Daniel Noboa al respecto, de Valbonesi ni la de ninguno de los mencionados en los hechos relatados. Aún así, ni la nota, ni los 12 comentarios de lectores desplegados al final de ella –cargados de insultos en contra de los funcionarios- poseen filtros. Cualquier lector que acceda desde Ecuador a este portal ruso puede leerla y calificarla.

Eso no es permitido en ninguno de los 27 estados miembros de la Unión Europea, en donde se restringió por completo la transmisión de los medios rusos RT y Sputnik. La decisión se tomó en marzo del 2022 justo en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Sobre todo, tras la avasalladora campaña desinformativa que el Kremlin trató de difundir a nivel mundial para ocultar sus ataques y desmentir lo que sucedía en territorio ucraniano.

Pero un reporte de la ONG española Inform Napalm (International Volunteer Community) reveló que la desinformación si llegó a audiencias en Europa, a través de distintos canales virtuales. En los hallazgos también participaron periodistas de Insigth News, un medio digital especializado en información de Europa del este.

La investigación dio a conocer que pese a los impedimentos, el discurso ruso pro guerra se propagó en 139 portales digitales con posturas ideológicas afines al Kremlin. Según Napalm, la mayor parte de las publicaciones analizadas y relacionadas a la guerra afirmaban que “Rusia inevitablemente ganará y derrotará a Ucrania”. Los discursos incluyen notas donde narran teorías conspirativas desde países de Occidente.

¿Qué pasaría si Ecuador también restringe a los medios rusos?

Michel Levi, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales en la Universidad Andina Simón Bolívar, cree que de aplicarse limitaciones similares a las que mantiene vigentes la UE a medios como RT o Sputnik, las consecuencias pueden llegar hasta lo diplomático.

Al tratarse de medios oficiales, comenta Levi, las posibles restricciones podrían asimilarse como un intento de “limitar otro tipo de conocimiento”. Eso, de alguna manera, incluso desencadenaría futuros condicionamientos o prohibiciones comerciales. Algo que ya ocurrió en febrero pasado tras la polémica porla compra de armamento que realizó Ecuador.

A criterio del internacionalista, los controles a ese tipo de información por los que optó la UE responden a la complejidad y a la cercanía. “Los medios rusos quieren llegar con mayor efectividad (a esos espacios) para vender su posición política, que está limitada. Rusia busca medios alternos para difundir su versión de los hechos”.

De hecho, el gobierno de Vladimir Putin ya cruzó la línea de la amenaza mediática justamente por la decisión que tomó la UE de vetar a sus canales oficiales. En marzo del 2022, el Kremlin prohibió el acceso de las audiencias al medio alemán Deutsche Welle (DW).

Entonces, el director de DW, Peter Limbourg, mencionó que la medida fue una clara “señal de que el gobierno ruso no está interesado en la libertad de prensa ni en la libertad de opinión”.

La desinformación digital se regó por Europa

En marzo pasado, la investigación de Inform Napalm reportó innumerables conexiones (visualizadas en un mapa) y apariciones de información rusa en portales digitales con distintos nombres, que fueron publicados continuamente en seis países europeos: España, Francia, Alemania, República Checa, Eslovaquia y Austria. El reporte también incluye conexiones de dicha información digital en páginas web de Canadá.

A través de sistemas de motores de búsqueda, la ONG encontró información cargada de propaganda rusa y a favor del conflicto bélico en 139 portales cuyos discursos se enlazaban con otros publicados en varios de esos mismos portales.

De ese total, 57 de esas páginas tienen libre acceso en Francia, 53 tienen su dominio en Alemania, 8 en Suiza, 4 en República Checa, 7 en Canadá, 2 en España, 1 en Portugal, Eslovaquia y Austria; y 5 en distintos espacios de la UE.

De acuerdo con la ONG, la propaganda pro Rusia apareció –y aún es visible- en medios que hasta ofrecen información en distintos idiomas. Algunos de esos portales son El Informador (https://qactus.fr/), Epoch Times (https://www.epochtimes.de/), Rebelión (https://rebelion.org/), Les Crises (https://www.les-crises.fr/), entre otros.

En la lista se mencionan portales web con accesos directos hacia el medio RT, como https://francais.rt.com/ que muestra titulares y noticias del medio RT realizadas enFrancia y en ese mismo idioma.

Captura de pantalla de dos titulares del portal con dominio francés denominado El Informador, del 9 de mayo del 2024. La página web está disponible en 22 idiomas, incluido el ruso.

La intención de posicionar un relato vs. la libertad de expresión

Así como ocurrió con Rusia y la UE en el 2022, en los últimos días también se han realizado otras acciones gubernamentales en contra de medios que tratan de posicionar relatos o que simplemente comunican desde alguna postura política e ideológica.

Esteban Santos, abogado internacionalista y docente universitario, puso ese ejemplo con lo ocurrido el pasado 4 de mayo, cuando Israel dio la orden de cerrar la transmisión de la cadena árabe Al Jazeera, cuya señal en cable y en la web ya fue vetada completamente de ese país.

En estos casos, comenta Santos, es importante hablar de censura pero viéndola más allá de ataques a medios considerados “opositores”, sino de canales que se hacen eco de una propaganda política. Por ello, opina que mientras los medios cruzan “esa línea roja” sí se puede hablar sobre desinformación y relatos que están muy bien orquestados desde distintos medios.

Lo importante, concluye, es saber reconocer cuando un medio trata de “retorcer la verdad y los hechos objetivos”, que resulta más grave cuando se lo hace con fondos públicos.

Santo explica que, en el caso de la UE, se hizo valer un poder de “supranacionalidad”. Es decir, la capacidad institucional de varias naciones de aplicar medidas con cumplimiento inmediato que superan a cualquier ley local. Algo que en Latinoamérica aún no se realiza.