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ENFOQUE. El ministro de Defensa, Giancarlo Logoffredo, negó la apelación presentada por el general Alexander Levoyer, a la resolución del Consejo Superior de Fuerzas Armadas, que no le permitió participar en la calificación para ascender a general del División, en junio pasado. Así, el Ministro y el Mando militar desconocieron, en esencia, las acciones destacadas que el oficial tuvo en 1995 cuando fue comandante de la Batería de Artillería Ametralladora Misil N-21, que derribó cuatro helicópteros peruanos y jugó un rol determinante para el triunfo en la guerra del Cenepa. Este hecho, precisamente, fue reconocido para que reuniera los requisitos para ascender de coronel a general de Brigada, hace cuatro años. Aunque aún podía interponer una acción de protección para que un juez constitucional dirima su caso, Levoyer le dijo a Código Vidrio que no impugnará la decisión del Ministro, pues su ciclo en las FF.AA. terminó.

Redacción Código Vidrio

El desempeño valeroso que el general Alexander Levoyer tuvo en la guerra del Cenepa, en 1995, paradójicamente ha sido un punto de inflexión en su carrera, para bien y para mal.

El ministro de Defensa, Giancarlo Logoffredo, negó la apelación presentada por Levoyer a la resolución del Consejo Superior de Fuerzas Armadas, que no le permitió participar en la calificación para ascender a general del División.

Hace cuatro años, cuando estaba en un proceso de ascenso de coronel a general de Brigada, la participación del oficial en la Batería de Artillería no le fue reconocida como uno de los requisitos para ser promovido. Levoyer apeló la decisión que pasó por varias instancias y, entre otras cosas, se zanjó con un análisis jurídico-militar detallado, realizado por el entonces comandante del Ejército, Luis Altamirano. Él concluyó que efectivamente se había cometido un error en la calificación, que fue enmendada por el mando del Ejército, que ascendió al oficial a general de Brigada.

Pese a ese antecedente, el Ministro de Defensa negó la apelación del Oficial, respaldando las decisiones en este caso de la cúpula de las FF.AA., que han sido cuestionadas por altos exoficiales y abogados por su falta de motivación jurídica. Y han provocado un malestar generalizado entre el cuerpo de oficiales y tropa de todas las ramas militares.

Código Vidrio conoció que Levoyer no apelará la decisión de Logoffredo, aunque aún podía interponer una acción de protección ante un juez de garantías constitucionales y un recurso en un Tribunal de lo Contencioso.

“He terminado un ciclo. Salgo por la puerta grande con la conciencia tranquila, por el deber cumplido en beneficio del país”, dijo Levoyer, quien estuvo al frente de las operaciones militares para enfrentar el conflicto interno desde enero pasado. “Se ha realizado un trabajo en beneficio de la institución y del país. Nuestra institución debe seguir simplemente por mejores derroteros. Existirán soldados de aire, mar y tierra para construir unas nuevas FFAA.”.

Según fuentes castrenses, Levoyer quedó fuera de FF.AA. por una acción inicialmente motivada por su compañero de promoción, el general Fernando Adatty, a quien el presidente Daniel Noboa acaba de ratificar por decreto como comandante del Ejército.

El 24 de junio pasado, el mando de FF.AA. había anunciado que solo Adatty fue promovido a general de División, dejando fuera del Ejército (la fuerza más numerosa de FF.AA.) a los generales Pablo Velasco, Levoyer, Juan López y Franklin Pico.

La resolución del mando desconoce decisiones ejecutoriadas 

Según el mando, Levoyer no podía ser calificado para el ascenso por cuanto en el proceso para ser promovido de coronel a general de Brigada, en 2020, supuestamente no cumplió uno de los requisitos. Eso, sin embargo, ya había sido resuelto a favor del alto oficial por el mando del Ejército y el entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Ambas instancias ratificaron que Levoyer sí había cumplido el requisito del puntaje necesario para una nota, por lo cual lo ascendieron y eso quedó en firme.

Con esos argumentos, Levoyer pidió que el actual Mando lo recibiera en comisión para exponer sus descargos y defenderse de su exclusión, a lo cual los oficiales de la cúpula se negaron. Esto, según su abogado Lizandro Ramírez, dejó a Levoyer en la indefensión, atentado contra su derecho legal y constitucional.

Logoffredo en su pronunciamiento, no obstante, apoyó implícitamente la decisión del Mando. Insistió en que Levoyer no podía defenderse ni era necesario contar con su punto de vista cuando fue excluido por una comisión de la calificación. “Es pertinente enfatizar que para el inicio del proceso de calificación y selección para el ascenso al inmediato grado superior, en la norma establecida para el efecto, no contempla como parte del procedimiento el acto de notificar a los oficiales generales con el inicio del proceso de selección y calificación para el ascenso al inmediato grado superior, recordando al recurrente que como militar profesional de muchos años de carrera, conoce a la perfección la normativa legal que rige a las Fuerzas Armadas (…), indica Logoffredo. «No es pertinente que se pretenda confundir a la administración, afirmando que al no haberle notificado con el inicio del procedimiento y con el informe de la comisión especial N° COSUPRE-CE-2024-001- O de 05 de junio de 2024, se haya vulnerado el derecho a la defensa, pues la autoridad administrativa vela por la legalidad y la efectiva aplicación de la norma, mas no es competente para determinar sobre presuntas violaciones a derechos constitucionales”.

Violaciones recurrentes al debido proceso

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que la argumentación del Ministro contraviene lo señalado en el artículo 76 de la Constitución: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluye varias garantías básicas”. Sobre todo,  que «nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento”.

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EN CONTEXTO. Durante su permanencia como comandante de la Batería de Artillería Ametralladora Misil N-21, Alexander Levoyer también asumió las funciones de Coordinador de Apoyo de Fuegos de Artillería, según el excomandante del Ejército, Luis Altamirano. Tuvo parte de una Batería de Lanzadores Múltiples de Cohetes BM-21 (artillería de campo), y una sección de cañones de 105 mm. Esta fue una de las unidades fundamentales durante las operaciones en la guerra del Cenepa, fue responsable del derribo de cuatro helicópteros del Ejército del Perú. Además cumplió 15 misiones de fuego de artillería de saturación área, con el lanzamiento de 609 cohetes tierra-tierra. Estos dos elementos tuvieron un efecto demoledor sobre el adversario, pues restringió por completo el acceso a los helicópteros de ataque y transporte enemigos, impidiendo el ataque aire-tierra (con fuego de ametralladoras y rockets) a nuestras tropas y produciendo el alargamiento de las líneas logísticas de apoyo a las fuerzas peruanas en tierra. Además, el fuego de artillería terrestre generó un desbalance estratégico en el campo de batalla, al no disponer el adversario – en el sector de operaciones del Cenepa- de material similar o equivalente; más allá de las bajas y daños materiales causados, influyó en forma importante en el estado anímico del adversario por la enorme superioridad de apoyo que esta capacidad bélica permitía.

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La argumentación del Ministro no tendría un sustento legal sólido, según analistas consultados, pues intenta justificar que al no existir norma no se debe notificar a quien enfrenta un proceso de este tipo. La Constitución es clara: Dispone que en todo proceso o procedimiento, se deben garantizar el derecho a la defensa en todas sus fases y etapas, sin distinciones ni discriminación.

En otra parte de su fallo, al referirse al pronunciamiento del anterior ministro Jarrín, Logoffredo indica: “El ministro de Defensa de aquella época emitió un acto administrativo favorable para el coronel Levoyer”.  Pero, según Logoffredo, el entonces Ministro “se excedió en sus competencias al declarar apto para el ascenso al grado de general de brigada a Levoyer, lo cual resultaría inadecuado al atribuirse ciertas facultades que son exclusivas a los Consejos Reguladores de la Carrera Profesional, que correspondería al Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre”.

Para los analistas consultados, Logoffredo hizo un análisis sesgado, en contradicción con el derecho a la seguridad jurídica.

Eso en vista de que el exministro Jarrín solo estableció que se había vulnerado derechos y que, por tanto, la administración militar debía subsanar esa equivocación. Así, el ascenso lo dispuso el presidente de la época, Lenin Moreno, mediante decreto ejecutivo,  basado en los informes favorables del órgano regulador de la carrera en el Ejército.

El acto administrativo que declaró apto para el ascenso al general Levoyer quedó en firme desde el 2020 y en adelante no hubo ninguna acción legal que estableciera que fue lesivo, por el fondo o por la forma. Por lo tanto, Levoyer tiene y cumple los requisitos para ascender, como quedó claramente establecido por el Consejo de generales de la Fuerza Terrestre, cuando lo promovieron a general de Brigada.

Juan Carlos Chulca, alias El Chabalo, capturado el fin de semana en Manta, es una pieza clave en el engranaje de los Comandos de la Frontera para el transporte de cocaína desde Sucumbíos a los puertos de Guayas, Manabí y El Oro, según Inteligencia. Cuando fue detenido los militares descubrieron 565 mil dólares en efectivo, en su vivienda. Tiene dos empresas de transporte pesado, que creó en Lago Agrio, con algunos de sus familiares. Se inició en el mundo criminal hace más de 25 años cuando era taxista y fue enrolado como colaborador del Frente 48 de las FARC, por el Gordo Oliver Solarte, financista del grupo narcoterrorista y enlance con los carteles mexicanos.  

Alianza Código Vidrio – Vistazo

En abril del 2023 Juan Carlos Chulca, alias Chabalo, festejó su cumpleaños 44 a lo grande. Ostentoso y descomplicado no se había percatado de que agentes de Inteligencia le seguían los pasos. Conocían todos su movimientos y contactos. Su captura era cuestión de tiempo…

La madrugada del último sábado 21 julio a Chabalo se le durmió el diablo, mientras bebía whiskie Johnnie Walker Double Black con cinco de sus colaboradores. Festejaba en una lujosa casa que rentaba desde el año pasado en la opulenta zona de Barbasquillo, en Manta.

En un operativo ejecutado por el Bloque de Seguridad, miembros de Fuerzas Armadas y la Policía, con el apoyo de agencias de Estados Unidos, capturaron a Chabalo, quien es uno de los principales operadores del peligroso grupo narcoterrorista colombiano Comandos de la Frontera.

En la operación, los uniformados encontraron 565 mil dólares en efectivo, dos armas de fuego, seis vehículos de alta gama (tres de ellos blindados), relojes, joyas, ropa e implementos caros, de marca.

Chabalo es considerado un objetivo militar, un blanco de alto valor, por sus tareas de logística para los Comandos de la Frontera, que controlan la producción y venta de cocaína en el Putumayo, bajo el mando de alias Araña. Tras su captura, un juez formalizó su orden de detención y dio paso a la formulación de cargos por delincuencia organizada.

El Gordo Oliver Solarte fue su mentor

Según Inteligencia, Chabalo empezó a colaborar desde muy joven para el Frente 48 de las FARC, cuando  el El Gordo, Oliver Solarte era su jefe financiero. No pasaba de los 20 años. De hecho, Solarte fue una especie de padrino, de mentor de Chulca, a quien empezó a asignarle tareas importantes para el transporte de la “merca”.

Desde el 2000, las FARC estrecharon sus nexos con el cartel de Sinaloa, para el envío de cocaína desde los laboratorios en el cordón fronterizo entre Putumayo y Sucumbíos, por la ruta que llega a Santo Domingo de los Tsáchilas, donde hay bodegas para el acopio de la droga. Luego, la coca es transportada hacia diferentes puertos de Manabí, Guayas y El Oro, para la posterior exportación a mercados internacionales, en especial de Estados Unidos y Europa. El cerebro de esas operaciones criminales y enlance con los carteles mexicanos era el Gordo Solarte, mentor de quienes hoy son algunos de los cabecillas de los Comandos de la Frontera, incluido Chabalo.

Solarte se movía constantemente entre Colombia y Ecuador, donde también operaba en una hacienda en Santo Domingo, en la Bocana del Búa. Arrendaba esa propiedad, bajo el alias de Casimiro, al general (sp) René Vargas, según confirmó la Comisión de Angostura, integrada por pedido del gobierno de Rafael Correa, tras el bombardeo a una base de las FARC en Ecuador, en marzo del 2008.

Para entonces, Vargas ya se había reunido con el segundo de las FARC, Raúl Reyes, en uno de sus campamentos en el Putumayo, y luego apoyó a Correa en la campaña que lo llevó a la Presidencia, en 2006. Al posesionarse, lo nombró embajador en Caracas por su amistad cercana con el entonces presidente Hugo Chávez, otro ferviente aliado de las FARC.

Solarte murió en 2011, abatido por militares colombianos en plena frontera, en el río San Miguel, con el apoyo de miembros del Ejército ecuatoriano.

Cuando las FARC sellaron el acuerdo de paz con el gobierno colombiano, en 2016, buena parte de los miembros del Frente 48  formaron la disidencia Comandos de la Frontera, que hoy controla la producción y comercialización de coca en el Putumayo y Sucumbíos.

Con los años, Chabalo se convirtió en uno de los principales transportadores de la cocaína que ingresa por esa zona, de donde es oriundo.

Su rol principal es ser proveedor de varios grupos criminales, en especial de Los Choneros. Por su gran capacidad financiera y con su fachada de empresario de transporte pesado ha tejido una intrincada red de contactos con autoridades de la provincia amazónica, entre jueces, fiscales, autoridades seccionales, políticos y miembros de la fuerza pública, que son sus colaboradores. Su despegue en el mundo criminal está directamente vinculado con el surgimiento de los Comandos de la Frontera, que también tienen sus propias redes de colaboradores en Sucumbíos, Orellana y otras provincias de la Costa.

Para coordinar los envíos directamente, analistas de Inteligencia estiman que Chabalo se instaló en Manta, donde rentaba una casa suntuosa, pagando un arriendo mensual de 7 mil dólares.

En el portal del Consejo de la Judicatura, registra procesos por enriquecimiento ilícito, en 2005, por narcotráfico, en 2013, y por estupefacientes, en 2014.

De taxista a empresario de transporte pesado

Juan Carlos Chulca pasó de ser taxista y un simple microtraficante a un próspero empresario. En la Superintendencia de Compañías aparece como accionista principal y gerente de dos compañías de transporte de carga pesada.

-Compañía de Transportes de carga pesada »Transchul» S.A. (activa)

-Compañía de Transporte pesado Transcuvic S.A. (activa)

Varios de sus familiares son parte de esas empresas, creadas en en Lago Agrio. Las autoridades sospechan que también habrían sido usadas para el envío de cocaína en su flota de camiones.

La primera detención de Chulca se remota al 2003, por supuestas actividades de narcotráfico. Ese año, durante la operación “Dinero Fácil” en Tulcán, Carchi, personal antinarcóticos descubrió la movilización fraudulenta de 869 millones 670 mil pesos colombianos, alrededor de 350 mil dólares, tras una denuncia anónima. El dinero iba camuflado debajo del piso del cajón de madera de un vehículo Hino, sin placas, que se accidentó. El Chabalo, quien conducía el automóvil fue hospitalizado y luego detenido junto a sus tres acompañantes, con quienes viajaba hacia Sucumbíos.

Aunque la Policía estimó que el dinero incautado era producto de la venta de cocaína (se detectaron residuos de esa droga con un aparato identificador), Chabalo fue liberado. Los siguientes años siguió encumbrándose como un importante cabecilla criminal en Sucumbíos.

Desde el año anterior, agentes de Inteligencia profundizaron sus seguimientos. Así establecieron que el 13 de abril de 2023 El Chabalo celebró su cumpleaños en la Quinta “Don Pancho”, de Lago Agrio, por todo lo alto. Animaron el festejo corridos mexicanos y vallenatos. Incluso fue contratado un famoso artista colombiano.

Chabalo ha cuajado contactos con líderes importantes de algunos grupos criminales. Por eso fue uno de los invitados a la narcofiesta por el cumpleaños de Celso Moreira, un capo invisible de Los Choneros, hoy detenido por tráfico de armas.

De hecho fue uno de los 203 asistentes que estuvieron retenidos tras esa farra, por más de 12 horas, hasta rendir su versión en la Fiscalía, en mayo pasado. Luego fue liberado.

En las fotografías de las detenciones de Moreira y Chulca, ambos aparecen esposados, usando las mismas sandalias Versace, con suela dorada.

Ya ha burlado la justicia antes, en dos ocasiones. En 2018 encabezaba el listado de los Más Buscados en Manabí, pero en abril de 2024 pidió que se limpiara su pasado judicial porque había sido declarado inocente de todos los cargos por narcotráfico. Celso Moreira –el cumpleañero y anfitrión de la megafarra en Guayas- cayó preso en mayo. Ha provocado incidentes para dilatar las audiencias, esta vez por delitos relacionados con tráfico de armas, por el arsenal hallado en la narcofiesta. Él es un líder de los Choneros, a la sombra, y desde La Roca mantiene hegemonía en el grupo narcoterrorista. Desde esa cárcel ordena extorsiones, aseveran fuentes de inteligencia. Los delitos que cometió en Ecuador, relacionados con tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pudieran activar su caso como un extraditable, advierten expertos. Por eso, varios investigadores están pendientes de la audiencia de formulación de cargos que se realizará en pocas semanas.

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Celebraba su cumpleaños número 41 esa noche de mayo. Celso Moreira había actuado durante mucho tiempo con un perfil bajo, pero cometió un error garrafal: armar una fiesta-concierto, con intérpretes de vallenato, salsa, música urbana y ritmos tropicales.

La noticia de que se realizaba una megafarra en una finca privada en la vía a la Costa y con capos fuertemente armados, llegó hasta la Policía, que cayó por sorpresa a las tres de la mañana, cuando la rumba seguía prendida. Seis fusiles, 46 armas cortas y miles de municiones fueron encontrados por los uniformados. En medio de la confusión, todos se declaraban inocentes aunque lo bailado no les quitaba nadie.

Celso Moreira nació en Manabí. Por su estatura, lo conocen como ‘Patucho’. En 2009 fue detenido cuando pretendía enviar bloques de pasta base de coca en una embarcación pesquera hacia Estados Unidos, refieren fuentes que han seguido sus pasos. Estas fuentes no descartan que Moreira sea un extraditable, en la medida que los delitos de narcotráfico sean rastreables en ese país. En esa ocasión Moreira logró burlar a la justicia.

En 2014, la operación Pacífico desarticuló una organización narcodelictiva, con Moreira a la cabeza.

Esa megaoperación desarticuló una “red internacional de narcotráfico en Ecuador”, según reportó el Ministerio de Gobierno de la época. https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/operacion-pacifico-desarticula-red-internacional-de-narcotrafico-en-ecuador/

Según informó la autoridad en esa época, “más de 200 uniformados de varias unidades y servicios policiales allanaron 22 viviendas en tres provincias, capturando a 14 sujetos que integrarían la red de narcotráfico más peligrosa del país”.

En una acción simultánea, en Guayas, Santa Elena y Manabí, la madrugada del 6 de octubre de 2014, se realizaron 17 allanamientos. “En Manabí fueron detenidos Celso Miguel Moreira Heredia, quien sería el presunto cabecilla de la organización narcodelictiva”. El reporte de Gobierno destaca que en octubre de 2009 Moreira había sido detenido ya en posesión de sustancias.

La coca iba a EE.UU.

Según la investigación, cerca de 400 kilos de sustancias ilícitas eran enviadas en lanchas rápidas hasta Guatemala y Panamá. “En estos países la droga era entregada a organizaciones de narcotraficantes mexicanos, quienes la transportaban hasta México y EE.UU.”. En las indagaciones también se descubrió que este grupo narcodelictivo, “había reclutado a policías y hasta fiscales y jueces, quienes le informaban sobre los operativos antinarcóticos que se ejecutarían en sus zonas”. Según el reporte de esa época, a propósito de las autoridades vinculadas, el Consejo de la Judicatura destituyó a una fiscal de Manta y un juez de Quevedo.

En este caso de 2014, en la casa de un tripulante que presuntamente iba a viajar en una lancha se hallaron documentos que certificaban su reincidencia en deportaciones desde Guatemala. No registraba movimientos migratorios de salida, desde Ecuador. Cuando los guardacostas se acercaban, la droga era arrojada al mar y él era encontrado como un presunto náufrago.

Esta megaoperación implicó la aprehensión de diez vehículos, una moto, un yate, armas de fuego y hasta una minigallera en una finca en la vía a la costa. Allí estaban dos personas, de origen colombiano y dominicano, también vinculadas a la organización. Entre las evidencias había cartas de navegación, coordenadas de posicionamiento, dinero en efectivo, joyas, computadoras, teléfonos satelitales, mapas y un barco pesquero.

Para 2018, Moreira estaba incluido en la lista de los Más Buscados de Manabí. Y fue detenido, pero logró que la justicia borrara todos los cargos. Es más, en abril de este año, 2024, presentó escritos judiciales para que el sistema de expedientes limpiara los procesos en su contra, aduciendo que debía consagrarse su derecho constitucional al buen nombre.

Por esos días, ya se organizaba el festejo en su honor. Y vaya que fue una megafarra-concierto. Todo digno de un alto cuadro que está en la cúspide del mando de “Los Choneros”.

Con artistas de renombre

Hubo vallenato, salsa y música urbana. Todo eso, para deleitar a los invitados, que sumaron casi 300, la noche del nueve de mayo en una finca ostentosa, ubicada en el kilómetro 36,5 de la vía a la costa.

Algunos declararon que pagaron 45 dólares por la entrada. Eso sí, los licores eran variados y de las mejores y más extravagantes marcas. Llegaban a costar hasta 400 dólares por botella, según el gusto y el bolsillo.

Lo cierto es que cuando llegó la policía a la madrugada (en varias unidades, que incluyen al GIR, GOE, UMO y UNEMA) todavía la farra estaba encendida. Muchos asistentes arrojaron las armas al suelo.

Por el expediente judicial en curso, se conoce que Celso Moreira estaba en posesión de un arma Glock, con 12 cartuchos. José Luis Cantuña, expolicía y ahora colaborador de bandas, también estaba armado, según los partes policiales.

Otro capo estaba en el sitio. Se trata de Federico Gómez, alias ‘Fede’, líder de “Los Àguilas”. Para los investigadores, “Los Águilas” son el brazo armado de “Los Choneros”, y esta dupla trabajaba, codo a codo, con el cartel Sinaloa, de México. Gómez no solo llevaba un arma en su poder, sino que estaba con un grupo de custodios personales.

En la confusión, 203 personas fueron retenidas en primera instancia. Del grupo, 33 tenían antecedentes penales. Ellos fueron trasladados a Guayaquil y fueron apresados por el delito de tráfico de armas.

Con los días, el fiscal Yerson Caicedo Valencia emitió dictamen abstentivo en contra de 14 de ellos: entre ellos, quien vendió las 230 tarrinas de ceviches y cobró 650 dólares por el servicio; quien proveyó postres y bocaditos; el DJ, el promotor y representante de artistas que son imitadores de un reallity transmitido en televisión nacional. El imitador de Gilberto Santa Rosa habría estado en el sitio, según el expediente judicial revisado por esta alianza.

Los 19 detenidos están en espera de las audiencias judiciales. Sin embargo, varias argucias han logrado dilatar las diligencias.

El cinco de julio debió realizarse una audiencia. No fue posible por una amenaza de bomba en el complejo judicial donde debía realizarse.

Celso Moreira, detenido en La Roca, sigue comandando a la organización delictiva “Los Choneros”, advierten fuentes a esta alianza; ganó poder tras la huida de Fito. Desde prisión busca nuevas estratagemas para burlar a la justicia.

No obstante, los ecuatorianos en consulta popular aprobaron ya la figura de la extradición. Por esto, no se descarta que Moreira pudiera ser requerido por Estados Unidos, de encontrarse elementos que lo vinculen con violaciones al marco legal de ese país, advierten fuentes a esta alianza. Investigadores explicaron que monitorean paso a paso las diligencias judiciales, para evitar que esta vez el capo

No solo la minería provoca daños en La Maná, Cotopaxi.  El secuestro exprés es un delito recurrente en esta zona subtropical. Las víctimas son trasladadas a Quevedo o Valencia, en Los Ríos, para obligarlas a hacerles transferencias económicas o pagos en efectivo como rescate. Los delincuentes operan con sigilo, sin ejercer violencia extrema en este cantón, porque temen la reacción de sus habitantes, que en varias ocasiones  han actuado sin contemplaciones para escarmentar a quienes cometen crímenes. El jefe de la Policía no quiso pronunciarse sobre la inseguridad. Si lo hizo la prefecta Lourdes Tibán, quien alerta la escalada de delitos en este cantón. En mayo pasado, militares del Ejército realizaron operativos de control en La Maná.    

Por Ana María Carvajal

No importa si es una vía principal o un camino angosto y rústico. En medio de extensas plantaciones de varios tipos de banano, cacao, naranja, yuca y otros productos o grandes territorios de bosque húmedo subtropical, es posible encontrarse de repente con las huellas destructivas de la minería ilegal.

Las señales son claras: no hay vegetación, pero sí trochas, maquinaria, piscinas improvisadas llenas de agua turbia. ¿A dónde va esa agua contaminada con los químicos que se usan para extraer oro y otros minerales? Es la preocupación latente en este santuario, ubicado en el límite entre Cotopaxi y Los Ríos.

En los focos más dramáticos, como la concesión minera Ximena 1, a cargo de la empresa La Maná Rome Gold S.A., desde la vía ya se puede apreciar claramente el daño. Pero desde el aire, se observa como el oramen se vuelve cada vez más profundo y la mina se abre camino, de manera brutal, entre la vegetación.

Esta es, precisamente, una de las tres concesiones mineras del cantón cotopaxense que están en suspenso bajo una acción de protección que aceptó un Tribunal de Garantías Penales, el pasado 25 de junio. Es decir que allí, desde ese día, estaban prohibidas las actividades de extracción. Sin embargo, el pasado 26 de junio un equipo de Código Vidrio constató que la maquinaria en ese campo seguía trabajando. Las otras dos concesiones que están suspendidas con Ximena y Campo Norsul. Pertenecen a la empresa Comiange.

Un informe del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico determinó que hay 11 ocurrencias medianas a lo largo de la vía Pilaló – La Maná. Pero en el Catastro Minero, que consta en el sitio web de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) aparecen 16, la mayoría de oro. De ellas, apenas tres se registran como minería artesanal. Además, aparecen 12 minas de arena, áridos pétreos y piedras de río. Estos datos  están incluidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cotopaxi 2021-2025 (PDYOT).

Ninguna de las empresas que trabajan en La Maná es parte de la Cámara de Minería. De hecho, este gremio informó que la única compañía que tienen asociada en Cotopaxi es La Plata, con exploración avanzada en Sigchos. Según la Cámara, “la empresa que tiene los problemas es de pequeña minería legal, pero que no ha cumplido con los requisitos mínimos. Nosotros creemos que la legalidad es solamente el primer paso, pero aparte, estimamos que para hacer una minería industrial responsable, como la que representamos, se debe cumplir con estándares nacionales e internacionales”. La entidad agregó que su posición es que la ley y los controles deben respetarse y las empresas que no lo hagan, deben atenerse a las consecuencias.

Los registros históricos del cantón dan cuenta de que desde 1947 se encontraron lavaderos de oro en Estero Hondo. La Prefectura de Cotopaxi recogió el testimonio de Abdón Sevillano, uno de los fundadores de La Maná, quien relató que esa zona había trabajadores que explotaban caucho y luego de almorzar se acercaban al río para lavar sus platos. Un día se encontraron pedazos de oro en el agua y sin mucho aspaviento, lo sacaban para venderlos después. Pero la noticia se regó y atrajo migración, especialmente desde sectores mineros de la provincia de Azuay y del cantón minero por excelencia: Portovelo, donde son expertos en lavar oro.

El agua que la empresa Splendor embotella en la zona y que incluso se exporta, por su calidad, se descubrió después, en los terrenos que pertenecían a Guillermo Sotomayor, quien fue candidato presidencial y un personaje muy recordado en La Maná, por sus historias y leyendas. Él también explotaba oro, hasta que entendió que era más importante preservar el entorno y el agua que extraer el precioso metal, reseña el latacungueño Germán Albán, uno de los promotores de la cantonización de La Maná.

Mineros toman control de una vía

Pero ahora, la situación es preocupante, dice Albán, porque conforme la minería crece afecta más a la naturaleza y a los recursos que consumen los lamanenses. “Yo tengo miedo de lo que está pasando en el Oriente, el río Napo”. Fue una de las razones por las que, cuando fue funcionario municipal, Albán le negó los permisos de uso de suelo a Comiange. Además, explica que no cumplía con los requisitos de ley. Según Albán, los mineros se tomaron una vía pública para sus trabajos de extracción. La gente que quiere ir al río Calope y a las Siete Cascadas debe tomar una ruta mucho más larga porque el camino más directo tiene cadenas, que puso la minera, según su testimonio y el de otros pobladores.

La ausencia de controles periódicos es evidente. En los regsitros de la ARCOM se indica que el último operativo en la zona fue hace casi tres años, en septiembre de 2021. Esa ocasión, los funcionarios  comprobaron que había “personas ajenas a la concesión que ejecutaban actividades mineras, incurriendo así en el incumplimiento de la ley de Minería”.

El problema con la minería, dice el biólogo Santiago Yerovi, es que en la medida en que se descubren metales nobles llegan otros fenómenos como la expropiación de tierras, la eliminación de grandes extensiones de bosque para generar claros. Como consecuencia llega la destrucción total del ecosistema. Agrega que el tipo de químicos (el cianuro es el más dañino) que se usan para extraer oro en la zona no solo contamina la tierra y el agua de los ríos, sino que puede filtrarse y llegar a las fuentes de agua subterránea.

Grupos opuestos a la extracción de oro

Además, existe una resistencia de varios sectores de la población. Por ejemplo, en La Maná, como en toda la provincia, existe un frente de defensa de los territorios, dice Apawki Castro, miembro del Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC). Hay grupos numerosos que se oponen al extractivismo y por ello han ocurrido violentos enfrentamientos como el de marzo pasado, en Palo Quemado. Castro afirma que el MIC sabe que la zona del subtrópico está concesionada pero no están de acuerdo y mucho menos si se trata de minería ilegal.

El MIC no apoya la minería legal ni la ilegal, pero le preocupa que exista un vacío desde el Estado del que varios actores aprovechan, porque el control es ineficiente. “Esa no es competencia de las comunidades, ni de la estructura organizativa, porque nosotros no contamos con recursos ni fuerza pública para resguardar ni cuidar”, destaca Castro. “Ahora se presentó la ley de consulta previa, libre e informada para que en los territorios tengamos la potestad de decir si permitimos o no la explotación”, afirma.

El PDYOT de Cotopaxi señala que la calidad del agua del río San Pablo, el más grande de La Maná, estaba a niveles medios de viabilidad, pero presentaba contaminación por varios drenajes de la parroquia El Tingo-La Esperanza, en Pujilí, y también en La Maná. Una de las principales razones, de acuerdo con el informe, eran los desechos contaminantes de las actividades mineras residuales de las minas de Macuchi y por la disposición de los desechos sólidos de la ciudad. Otro problema es el uso de agroquímicos que llegan al río a través de los sistemas de riego.

La tragedia de la abundancia

El problema es que precisamente La Maná y Pangua, que son cantones vecinos, es donde mayor cantidad de ricos minerales se ha encontrado. Y la minería trae consigo no solo contaminación sino miedo. Es un imán para mineros ilegales codiciosos. La gente del pueblo prefiere no identificarse cuando exterioriza esta preocupación. Los moradores comentan que desde hace décadas llegan mineros de otras provincias y se presentan como artesanales. Solo que ahora están preocupados de que no sean solo mineros sino actores delictivos, lo cual ya ha ocurrido en otras zonas como el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, o en Buenos Aires, en Imbabura. En estas zonas los grupos criminales desbordaron las capacidades del Estado.

Silencio de la Policía, en medio del despunte delictivo  

Durante una semana, este medio intentó buscar una versión del jefe de la Policía en La Maná, el teniente coronel Iván Monteros, o un vocero designado por la Comandancia, pero no obtuvo ninguna respuesta. Tampoco se pudo obtener cifras oficiales de índices delictivos.

Sin embargo, la seguridad es un tema singular, complejo. Un exmiembro de la Policía, que pidió no revelar su identidad, comentó que esta es una ciudad tranquila, pero que la delincuencia permea cuando la gente está descuidada, como en otros cantones.

Lo que sí ha pasado y lo destacan trabajadores, meseros, tenderos y más habitantes de la zona, es que el secuestro exprés se ha disparado. Los delincuentes, dicen, no ejercen violencia extrema, como en cantones vecinos, porque temen la reacción de los lamanenses. Pero sí se llevan a sus víctimas vía Valencia o Quevedo (Los Ríos), para exigir que hagan transferencias o saquen dinero de un cajero para liberar a sus víctimas. No obstante, la gente no suele presentar denuncias.

A las 19:00 del 21 del octubre de 2023, una unidad policial fue alertada porque una numerosa turba retuvo a tres personas a las que señalaban porque habrían llegado a la zona a ‘vacunar’. La comunidad enfurecida quemó primero una moto y luego linchó y quemó a los tres retenidos.

La situación preocupa a Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, quien dice que la seguridad está a cargo del Ejecutivo. Sin embargo, “desde la Prefectura estamos tratando de hacer un trabajo de colaboración, pero es imposible”, recalca.

Relata que esta semana un contratista que comenzó un trabajo de pavimentación en Pangua, vecino de La Maná, sufrió un ataque criminal. “Nadie quiere ir a trabajar en el subtrópico, es un gravísimo problema porque hay tres o cuatro secuestros al día y nadie lo dice, lo ven como algo normal, pero a los empresarios que hemos contratado, si se salvan de una balacera así, ya no quieren ir”.

Los perjudicados le han enviado informes escritos a la Prefecta, con las fotos de sus autos con huellas de los ataques.

La entidad que está a cargo de la Mesa de Seguridad es la Gobernación, pero según Tibán, cuando ella quiso tocar el tema, le dijeron que no se meta en lo que no le corresponde. No obstante, ella considera necesaria una articulación desde el Ejecutivo en la seguridad con los gobiernos locales. “Estoy un año en el cargo y nunca me han convocado; ni sé qué es lo que están haciendo”.

Cuando los transeúntes circulan por La Maná, todo transcurre en aparente calma, pero los habitantes alertan a los turistas no bajar la guardia, tener mucho cuidado. Un equipo de este medio visitó el Municipio para buscar una entrevista con el alcalde, Hipólito Carrera, sin éxito. Al salir, un guardia preguntó si la periodista estaba sola y si tenía cómo irse. “En realidad, dijo, aquí es tranquilo, pero siempre hay que estar pilas”. La gente suele recomendar a los visitantes “no dar papaya”.

Vecinos incómodos

Lo que sucede -dice Albán- es que La Maná está viviendo en conurbación con Quevedo y Valencia y hay falta de planificación en los tres cantones. Los niveles de inseguridad en las ciudades vecinas son altos y eso salpica a este cantón de Cotopaxi, pero no se desborda porque los delincuentes no quieren correr la misma suerte que quienes fallecieron esa noche de octubre en la vía principal de ese lugar. Esas dos poblaciones de Los Ríos son epicentros de actividades de grupos criminales que operan para el narcotráfico.

Freddy Vega migró desde Pujilí hacia La Maná hace 35 años. Dice que si bien la delincuencia no es tan alta como en otros puntos del país, sí ha aumentado. Eso ha provocado una afectación al turismo. Eso, sumado a que el año pasado el río Calope se llevó un puente importante, y destruyó la ruta hacia Moraspungo, que se perdió.

En ese sector el asfaltado es reciente, llegó hace unos cuatro años. “Podríamos decir que en ese entonces, cuando llegó el asfalto, gritábamos la gloria, porque empezaron a entrar muchos turistas de todos lados, porque cuando teníamos piedra no venía tanta gente. Se vendía muchísimo pero eso ya pasa menos”. Los días en que más visitas de turistas reciben son los feriados y en las vacaciones escolares.

Vega cuenta que por La Maná suelen caminar personas simulando ser trabajadores, llevando maletas pequeñas: “En realidad, están buscando alguna víctima”. Lo más común son los robos de motos y los secuestros, dice, como todos los consultados para esta nota. “Varios moradores o estudiantes se ven afectados con robos de teléfonos o de moto. Pero La Maná y Cotopaxi son de esos sectores que no perdonan al delincuente. Aquí han pegado, han quemado. Aquí la Policía se ha visto en compromisos porque la gente es bastante unida”.

Las Fuerzas Armadas, y la Policía realizan operaciones sostenidas contra la minería ilegal en Azuay, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, y en El Oro, en el cantón El Guabo, para golpear a las estructuras de Los Lobos. En Camilo Ponce participaron 200 militares. Oficiales de FF.AA. y la Policía alertan que las acciones armadas no son suficientes. Se requieren intervenciones integrales. Identificar a los operadores de este grupo en entidades del sector público.

Redacción Código Vidrio

Esta última semana, los agentes realizaron dos incursiones, con información de inteligencia, que permitieron la captura de cuatro integrantes de esa organización criminal. Fueron detenidos Roberto Carlos Cevallos, Narciso Valero, y los colombianos Vilmer Gómez Buitrago y John García.

Oficiales de Fuerzas Armadas y la Policía coincidieron en que los operativos no tendrán ninguna consecuencia efectiva a mediano y largo plazos para erradicar las operaciones criminales de Los Lobos y otras bandas, si el Gobierno no ubica y desmantela, con la Fiscalía y otras entidades de control, a sus principales operadores dentro del sector público; especialmente la Agencia de Regulación y Control Minero, los ministerios de Energía y Ambiente, la Policía, y los gobiernos seccionales. “Si el Gobierno no desmantela esas estructuras y sus cabezas, que incluyen políticos y poderosos empresarios mineros, sin no se apunta, con intervenciones integrales, a las zonas tomadas por estas organizaciones, los operativos solo desgastan a nuestras tropas y las exponen a la corrupción”, dijo un alto oficial, que pidió no revelar su identidad por seguridad.

4 millones de ganancias al mes

Desde hace dos años, Los Lobos, parte de las 21 organizaciones contra las cuales el Estado libra una guerra interna, tomó el control por la fuerza de 20 minas y extorsiona a empresas que tienen concesiones en 30 minas en Ponce Enríquez. También tiene bajo su mando a unos 20 grupos de mineros ilegales, conocidos como sableros. Su bastión criminal de sometimiento es Camilo Ponce Enríquez donde mensualmente se estima que obtienen ganancias de 4 millones de dólares, según reportes de Inteliegncia.

Por lo pronto, las operaciones de FF.AA. y la Policía están enfocadas en las provincias de El Oro y Azuay, bastiones de la minería ilegal, donde se explota y se procesa el oro obtenido en este sector. En distintos poblados de estas provincias el grupo delictivo tiene redes logísticas y armerías.

Esta semana en El Guabo, en El Oro, los uniformados hallanaron 5 viviendas. Incautraon

-1 fusil AM15

-2 alimentadoras de fusil

-46 cartuchos 16mm

Y fueron detenidos dos integrantes de esa banda.

Mientras en Azuay, en Camilo Ponce Enríquez, se realizó otro operativo en la concesión minera “Puntado-Dorado”, en el sector El Puntudo, propiedad de Franklin Tenezaca.

Durante la operación hubo un enfrentamiento armado con integrantes de Los Lobos, que al verse superados por los militares huyeron. En esta incursión fueron detenidos los colombianos John García y Vilmer Gómez , supuestos miembros de Los Lobos, según el reporte del incidente.

Junto a la mina había un campamento donde los delincuentes tenían secuestrados a 43 mineros, que fueron liberados. En el sector también fueron hallados cinco cuerpos, cuatro de ellos desmembrados.

En esa operación fueron incautados:

– 32 Celulares

– Fusil ILION (de combate) fabricado en EE.UU., calibre 5.56mm

– Fusil tipo M-16

– Fusil Amarican Tacticak, de EE.UU., calibre 5.56mm

– Fusil Palmetto, de EE.UU.

– Carabina Dorok, Gladieto

– Pistola Glock

– Pistola Smith Wesson

– 460 municiones 9mm

– 101 munición 7.62mm

– 463 municiones 5.56mm, para fusil

Los Lobos están en 7 provincias

Desde 2020 Los Lobos han extendido la extracción criminal de oro a SIETE provincias del país. El grupo incluso ha llegado a áreas remotas, incluido el Parque Nacional Podocarpus, en la frontera con Perú, donde  operan miles de mineros ilegales como parte de un violento asalto criminal a la región amazónica.

Líderes indígenas dicen que tienen cada vez más miedo de denunciar por temor a represalias, mientras que varios funcionarios locales que se oponen a la minería ilegal han sido atacados e incluso asesinados.

LosLobos han ingresado a áreas de minería ilegal extorsionando o expulsando a los pequeños mineros. En aliazan con otros grupos criminales han tomado el control de varios eslabones de la cadena de producción, suministro y procesamiento de oro.

Tras dos años de lucha, Julia Sánchez y Luis Fernando Vargas, padres de Aarom, el niño que murió poco antes de cumplir los nueve años, sienten que su sufrimiento servirá para que otros que como él viven con alguna discapacidad o vulnerabilidad, cuenten con un protocolo de atención médica que garantizará su derecho a la salud y a la vida.  El pasado 28 de junio se realizó el acto de reparación a la familia en el Hospital del IESS-Quito Sur.

Por Ana María Carvajal

A la familia del pequeño Aarom Vargas Sánchez solo le queda una conexión espiritual con él desde ese 14 de mayo de 2022. Por eso, el pasado 28 de junio en el acto de reparación que se realizó en el Hospital IESS-Quito Sur, acatando una sentencia judicial, lo primero que quisieron escuchar fue un pasaje bíblico, leído por un sacerdote católico. Fue un momento especial para los padres, hermana, tíos, primos, amigos y otras familias de niños con discapacidad que asistieron a esta casa de salud.

Tras dos años de duelo y lucha, Julia Sánchez y Luis Fernando Vargas, padres de Aarom, el niño que murió poco antes de cumplir los nueve años, sienten que el sufrimiento de su hijo servirá para que otros que como él viven con alguna discapacidad o vulnerabilidad, cuenten con un protocolo de atención médica que garantice su derecho a la salud y a la vida.

En agosto de 2023, Código Vidrio develó la historia de Aarom. El niño falleció al poco tiempo de ser trasladado al Hospital Padre Carollo, luego de pasar más de 20 horas de sufrimiento por una grave perforación en su intestino. El niño tenía síndrome de Down y, por esa condición, su umbral de dolor era muy bajo, explicó entonces su madre. Como el pequeño no se quejaba tanto ni presentaba fiebre, la atención fue lenta. Y los resultados de los exámenes que le realizaron tardaron en llegar. Sus padres notaron un bulto en el abdomen del niño. Además, el traslado demoró, cuando finalmente los médicos supieron que requería una intervención quirúrgica urgente, pero no podían hacérsela ahí, pues el IESS Quito Sur no cuenta con unidad de Cirugía Pediátrica.

En el acto del viernes pasado, el IESS cumplió con la sentencia que le dispuso presentar disculpas públicas en el área de Emergencia de ese hospital. Al acto acudieron varias autoridades de esa casa de salud, incluida la doctora Diana Parrales, gerente del Hospital IESS-Quito Sur, quien se dirigió a los padres de Aarom y dijo que más allá de la disposición, estaban allí “por un compromiso moral, a título personal, a título profesional y a título institucional, no solo como Hospital General del Sur de Quito sino como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (…). Como profesionales de la medicina, nos preparamos para salvar vidas y ese es el pacto que hoy venimos a sellar en memoria de Aarom y como un acto de reconocimiento a él y a ustedes, su  familia”, dijo.

Además, explicó que por Aarom empezaron el Protocolo de Atención Integral Aarom que empezó a implementarse de manera obligatoria como norma, a todo el personal médico y de apoyo con el objetivo de mejorar su atención y que está basado en evidencia médica. Contiene -dijo- nuevos pasos fundamentales para aplicarse desde que un paciente llega a la Emergencia.

Empieza con el triaje visual, toma inmediata de signos vitales, admisión pronta al paciente, pase a sala de observación, con atención de un pediatra y prioridad de triaje 3. Si el paciente requiere de hospitalización, se hará la documentación de forma inmediata y si no, tendrá su primer control en máximo 72 horas luego de salir de la institución. La idea es que la atención inicial tenga una demora máxima de 60 minutos.  Este protocolo incluirá capacitación en ese y otros hospitales y casas de salud de la institución.

“El hecho de dar a conocer el caso es sentar un precedente para que no vuelvan a ocurrir estas desgracias como pasó con mi hijo. Tuvo que pasar eso para que hagan conciencia. Salvar vidas no es una opción, es una decisión que ustedes toman como médicos cuando se reciben, pienso yo. A este luto Dios no le dio nombre. Muere el esposo, queda viuda, muere la madre, queda el huérfano. Pero esto no tiene nombre, si muere un hijo Dios no le dio nombre”, dijo Julia Sánchez antes de relatar la agonía de su pequeño. “En el Padre Carollo había 90% de posibilidades de que mi hijo no salga y a pesar de eso le operaron. Ya se quedó en la cama. Ya mi hijito se quedó en la cama, fuerte guerrero. Decidí alzar mi voz y demandar, pero fue para sentar un precedente, para que no vuelva a pasar esto con ningún niño ni ninguna persona con discapacidad”.

Hugo Cahueñas encabeza el equipo jurídico que representó a la familia de Aarom. Él es profesor de la Universidad San Francisco y miembro de la Clínica Jurídica de esa institución. Junto con alumnos de la facultad de Derecho trabajó en ese caso y lograron que la acción de protección favoreciera a la familia. Este pedido no incluía medidas de reparación económica, explica el abogado.

Sin embargo, el tribunal conformado por los jueces Esteban Coronel (ponente) Fernando Sánchez y Mabel Tapia Rosero, resolvió que el niño tenía doble vulnerabilidad y que debían establecerse varias medidas, incluida una indemnización de USD 25.000. Ese valor aún no ha sido entregado a la familia, dijo Cahueñas, pero el IESS informó que el monto ya tiene partida presupuestaria y los certificados llegarán oportunamente. “Las disculpas públicas constituyen una medida que se llama de satisfacción que busca cubrir aquellos aspectos a los que la reparación económica no llega, pero jamás se va  reparar una vida, menos la pérdida de un hijo, dijo Julia. Ese vacío será eterno, pero es un avance importante”.

Al final del acto, Julia y Fernando develaron una placa en memoria e Aarom que deberá permanecer siempre en la sala de Emergencias del IESS Quito Sur, como un recordatorio de la historia del pequeño cuya sonrisa se apagó por falta de atención médica oportuna.

La Maná, en Cotopaxi, es un puente megadiverso único entre Cotopaxi y Los Ríos. Sus hermosos parajes naturales, el agua (su recurso más preciado), la historia y la leyenda confluyen. Además de su megadiversidad, es un patrimonio arqueológico. Es considerada la última morada de los incas-quiteños y de su monarca Atahualpa.

Por Ana María Carvajal
Fotos de Armando Prado

Todo en La Maná es único. Desde su historia, el modo en que nació como cantón, cómo se pobló, cómo ha crecido, las historias que forman parte de su imaginario colectivo. Y ese es precisamente el centro de su encanto, que ha dado origen a leyendas que son un patrimonio de los habitantes de esta zona megadiversa, rica en bosques primarios y fuentes de agua, sumamente apreciadas, por su riqueza mineral.

La Maná se volvió un foco de atención desde el mes pasado cuando se conoció que hace ocho años la empresa minera Comiange estaba contaminando su frágil ambiente, arrasando con su flora y fauna, por prácticas extractivas ilegales, sin contar con licencias ambientales. Eso con la complicidad y silencio de funcionarios de organismos de control. La semana pasada la justicia ordenó la suspensión de toda actividad minera de esa empresa.

El miércoles pasado un equipo de Código Vidrio se trasladó a esa zona. Para llegar a La Maná desde Quito hay que tomar la Panamericana Sur y desviarse por la ruta La Maná-Pujilí-Latacunga. El día está despejado y nos permite apreciar paisajes de ensueño, con multicolores parches de sembríos, en las laderas de los montes, que contrastan con la vegetación endémica de la zona. Es una ruta culebrera y de descenso pronunciado que tiene numerosos miradores, con vistas espectaculares, en las comunidades de Zumbahua, Tigua, Apagua, Pilaló…

En el trayecto, los matices del verde van cambiando y también los naranjas, amarillos, rojos y rosas de flores y hojas. Entre más se aproxima al subtrópico, los cerros y montañas se vuelven más densos en vegetación; el frío intenso del páramo, -que en ciertos puntos baja los cero grados-, va cambiando y elevándose hasta bordear los 24 o 25 grados cuando se llega a La Maná, ubicada en una zona subtropical de mucha humedad.

En las calles principales de este pequeño poblado hay movimiento. Una de las más concurridas es la av. 19 de Mayo, donde se encuentran decenas de restaurantes de comida tradicional ecuatoriana e internacional. En esa vía también se encuentran los principales hoteles de la ciudad.

Otro punto concurrido es el Parque Lineal La Pista. Allí, las familias salen con los niños a jugar incluso por las noches, los atletas corren en la pista. Otros simplemente pasean o aprovechan para comer en los restaurantes que hay en los alrededores. La zona es muy segura.

Pero, sin duda, la riqueza vital de La Maná está fuera de su centro poblado. Sus atractivos se entremezclan  entre sus hermosos parajes naturales, ríos y cascadas, la historia y la leyenda. Sus atributos privilegiados como uno de los polos energéticos del planeta que algunos estudiosos destacan. Este cantón cotopaxense está a 20 minutos de Valencia y a 40 minutos de Quevedo, en la provincia de Los Ríos.

En esa zona aún hay varias hectáreas de bosque húmedo subtropical, que se forma entre 200 a 600 metros sobre el nivel del mar y que colinda con El Chocó, según el biólogo Santiago Yerovi. Allí, la temperatura fluctúa entre 24 y 28 grados y la humedad puede llegar al 90 %, ya que la lluvia puede superar los 4.000 milímetros cúbicos al año. Precisamente el agua es la que sostiene este ecosistema, tanto desde el cielo como de fuentes subterráneas.

Para comprender mejor ese universo natural único, Yerovi está levantando un estudio que tomará un año. El biólogo afirma que existe muy poca información sobre la riqueza del bosque de La Maná,  donde en pocos minutos se puede constatar la presencia de hasta 30 especies de aves y 300 tipos de insectos. Esa es solo una primera aproximación a este bosque en el que, además, hay todo un mundo de anfibios, reptiles, mamíferos aún por explorar. Por ejemplo, se han visto varios tipos de lagartijas, serpientes equis, dos especies de coral, entre otras.

Un descubrimiento inesperado cambió la historia de La Maná

Un personaje del que todo lamanense ha oído hablar es el “doctor Sotomayor”. Así lo llaman siempre y todos tienen su propia versión sobre lo que él descubrió, porque es importante para ese lugar. Dos años antes de que La Maná lograra su ansiada cantonización, ocurrió un hecho misterioso, desconcertante. Guillermo Sotomayor había explorado años atrás sus tierras y extrajo oro de ese rico bosque húmedo y caluroso. También encontró vestigios arqueológicos que fue coleccionando. Pero un día empezó a tener experiencias que lo detuvieron en su afán minero.

La gente en La Maná afirma que Sotomayor encontró varias rocas, algunas en forma de pirámide y una de ellas se asemejaba a aquellas que se asocian a la cultura masónica y que, según la gente de La Maná, es una antena cósmica. Esta se complementaría con la pirámide Guiza en Egipto, y con una hallada de lo que hoy es Irak, que fue entregada por masones expulsados a Benjamin Franklin en la naciente república de Estados Unidos. Es la imagen que habría inspirado al famoso diseño del billete de un dólar. El mito dice que la tercera pirámide es la que Sotomayor habría encontrado en La Maná, exactamente a una distancia que representaría el 30% de la tierra de la gran pirámide de Egipto.

Sin embargo, su hija Alegría Sotomayor en una entrevista la medio Tours en Ecuador Xplorer, relató que a inicios de los ochenta su padre le contó que soñaba y visualizaba imágenes y las tallaba. Entre ellas estaban las famosas pirámides y una serpiente. Lo hacía porque creía que tenían un significado. “Es increíble, es un secreto que se llevó a la tumba. Él tenía su laboratorio, se despertaba a la medianoche y decía tuve un sueño y se ponía a dibujar. Me preguntaba ¿qué te parece? Le decía ¿qué es? Y él me respondía: ‘yo no lo sé’”.

§ La Maná, en Cotopaxi, es un puente entre la Sierra y la Costa. Está situada a unos 150 km de Latacunga y a 33 kilómetros de Quevedo. Es una zona agrícola exportadora de banano, tabaco fino, cacao, café, abacá, yuca (mandioca) y plátano verde. También es rica en minerales, especialmente oro. Tiene unos 42 mil habitantes. Además de sus riqueza en biodiversidad, de fuentes de agua y minerales, es un patrimonio arqueológico. Es considerada la última morada de los incas-quiteños, donde se rendía culto al malqui Atahualpa, último monarca del Tahuantinsuyo. §

Germán Albán, arquitecto y promotor de la cantonización a inicios de los años 80, dice que los mandalas o las rocas de La Maná son solo un componente de un lugar que es un centro sobre el que se teje el misterio. Sobre esta historia se construyó un mito que se alimenta de la energía que se siente claramente en este pueblo mágico, rodeado por más de veinte cascadas en su jurisdicción y cantones vecinos de Pujilí y Pangua. Su suelo es rico en minerales y perfecto para cultivar banano, cacao, palma, caña de azúcar, café, brócoli, naranja, mandarina, maracuyá y otras delicias. De hecho, el suelo de La Maná es de los más fértiles de Cotopaxi y en su parroquia rural, Pacayacu, se desarrolla una feria de ganado bovino que permite un intercambio comercial entre la sierra y la costa.

Las historias que relata la gente van desde que Sotomayor construyó un ovnipuerto y que aún hay muchos misterios que esconde el bosque, las piedras y las pirámides colocadas en los tanques que construyó en las fuentes de agua viva. Además de la primera marca Agua Viva, que comercializó luego de descubrir que en sus terrenos, mucho más preciado que el oro, era el agua que proviene desde el volcán Cotopaxi, por  debajo de la tierra. Fue esa misma agua milagrosa la que, según los relatos familiares, salvó la vida de su hija Alegría, cuando los médicos decían que no había esperanzas de que sobreviviera.

Tanto se extendieron las historias de ovnis y sucesos extraños por la energía de la zona, que los trabajadores de la embotelladora Splendor comentan que inclusive una acaudalada empresaria construyó hace algunos años en esta zona un búnker para refugiarse, cuando se vaticinaba que el mundo se acabaría en 2012.

Ese acontecimiento no ocurrió pero la construcción sigue allí como un testimonio de esa historia, muy cerca de un resort, en forma de pirámide, que está próximo a inaugurarse y empleará a habitantes de esta zona, como un polo de desarrollo turístico.

Mucho de ese misticismo se conserva en la tecnología que hoy todavía se usa en Estero Hondo para obtener el agua de esa zona. El agua se extrae de los acuíferos y viaja por tuberías de acero quirúrgico e imanes con el fin de garantizar que mantenga sus propiedades hasta llegar a los consumidores. Este proceso es aplicado precisamente en la planta de Splendor.

Naturaleza, vestigios y caminos por explorar

La Maná como hoy se conoce es un pueblo muy joven. Su iglesia, que es uno de sus atractivos, se construyó apenas en 1953 y su carretera hasta esa época era conocida como la vía las Siete Lomas, de acceso de Pujilí a Quevedo. Tiene tres parroquias, la más grande, La Maná, que es la única urbana, y Guasaganda y Pucayacu, que son rurales.

Sus atractivos están dentro de sus límites como sus vecinos, pero su gente afirma que La Maná es el centro de operaciones, pues la zona urbana de Pujilí está a 2 horas y 40 minutos de sus límites con el siguiente cantón.

Algo parecido ocurre con Pangua. Uno de los atractivos de la zona es el río Calope, que es el límite natural entre ambos cantones. Unos metros más adelante están las Siete Cascadas, que están en un terreno privado, al que se puede acceder por un dólar de entrada. Están ubicadas en el Recinto La Envidia, que pertenece a Pangua. Allí trabaja Benito Ramos, quien recibe a los visitantes que suelen recorrerlas en una o dos horas.

Algunos prefieren acampar y allí les prestan el servicio. Ramos cuenta que la llegada de turistas ha aumentado, porque la Prefectura recientemente habilitó un paso provisional por el río para vehículos. Por más de un año, la gente solo podía avanzar a pie, pues el río creció en marzo de 2023 y se llevó el puente.

La Tumba de Atahualpa

El lugar es atractivo para ecuatorianos y extranjeros. El último miércoles de junio, Fanny Calvache, de Latacunga, llevó a unos amigos y a su familia a visitar las cascadas, para que pudieran disfrutar de la comida, la naturaleza y la hospitalidad de los lugareños. La idea era aprovechar la visita de Érika Haro, de 18 años, quien es hija de un manabita y una salcedense, pero nació en Barcelona, España y vive allí. Para ella es una experiencia emocionante disfrutar de la libertad que siente en medio de los parajes naturales de Ecuador. “Han sido días increíbles”, dice.

Uno de los rincones que más historia y misterio encierran son las ruinas de Malqui Machay, en la parroquia Guasaganda. Este lugar es considerado la posible tumba de Atahualpa, según la teoría de la historiadora Tamara Estupiñán, quien señala que su nombre sería una clara pista: Malqui significa cadáver del Inca, y Machay describe un sitio de descanso final. Ella hizo una larga investigación documental e in situ y encontró las ruinas en ese lugar, pero su trabajo está en suspenso. Sin embargo, se pueden conocer los vestigios ya expuestos y contagiarse del misticismo del lugar. El ingreso es por un camino en la vía entre Chugchilán y Pucayacu.

En La Maná hay varios sitios para hospedarse. Uno de ellos es El Refugio de Grace Hotel, de Holger Cepeda y Carmita Zambrano. Cepeda cuenta que cada vez que llegan visitantes les recomienda visitar ese lugar, pero también la Cascada del Milagro, en Pujilí, el Guadual, los cerros Tilipulo, La Maná y La Virgen, la cascada Lomapí y comer delicias de verde, yuca y carnes preparadas con ganado criado en la zona. La cascada del Oso o La Cueva de los Murciélagos son otras alternativas.

A Cepeda, como a muchos de los tenderos y meseros y dueños de otros locales de La Maná le gusta contar historias curiosas. Por ejemplo, les relata la vez cuando el ingeniero Sotomayor, dueño del Estero Sagrado, en ese entonces se candidatizó a presidente de la República. “Él decía que con el oro del Estero Hondo se pagaría la deuda externa y que el agua sería el negocio del futuro. Yo creo que no se equivocó”, dice.

Aunque en principio él fue de los promotores de la minería y, según cuenta Albán, tenía sacos llenos de oro en su oficina, luego entendió que era más importante cuidar el medioambiente y apoyó los sueños de volver cantón a La Maná. Como todos, era un migrante que se enamoró de ese lugar: Cepeda nació en Puembo, Sotomayor era de Quevedo y Albán de Latacunga. Los tres se encontraron en La Maná y la vieron crecer hasta convertirse en el cuarto cantón más poblado de Cotopaxi, con sueños de crecer, sin perder su encanto natural.

Albán cuenta que en medio de la década que tomó la cantonización y los eternos viajes hacia Quito por la sinuosa carretera, un día Sotomayor les regaló media barra de oro. El comité de cantonización compró la otra mitad y tallaron en el lingote: La Maná. Lo trajeron con cuidado a Quito y se lo entregaron como un símbolo de la riqueza que significaba su tierra para el país al entonces presidente del Congreso, Raúl Baca Carbo. Entre risas, recuerda que el político lo recibió con gusto y agradecimiento. Hubo abrazos y optimismo, pero la meta no se logró.

La Maná se convirtió en cantón el 19 de mayo de 1986, cuando Averroes Bucaram dirigía el parlamento y León Febres Cordero presidía el Ecuador. Los lamanenses celebraron su triunfo en el Congreso y claro, al regresar a su tierra organizaron su primer comité de fiestas. Desde entonces, cada año en esa fecha hay algarabía en sus calles.

 

El excomandante del Ejército, Luis Altamirano, sostiene que el Consejo Supremo de las FF.AA. está mal asesorado por su departamento jurídico, que excluyó del ascenso para general de División al director de Operaciones, Alexander Levoyer. Asegura que el Mando no le permitió participar al oficial en la calificación, aplicando una normativa de forma retroactiva, lo cual es ilegal e inconstitucional. Altamirano fue jefe de la Fuerza Terrestre cuando Levoyer entró en el proceso para ascender de coronel a general de Brigada. Él elaboró el informe que luego le sirvió a Levoyer para ser promovido, en agosto de 2021, por su desempeño destacado en la guerra de El Cenepa. En ese conflicto, cuando era capitán de Artillería, en 1995, Levoyer comandó la unidad que derribó cuatro helicópteros del ejército peruano. Además cumplió 15 misiones de fuego de artillería de saturación área, con el lanzamiento de 609 cohetes tierra-tierra. Esas operaciones tuvieron un efecto devastador sobre el adversario y fueron determinantes para ganar el conflicto, subraya el exjefe de la Fuerza Terrestre. 

Por Arturo Torres

-El Consejo Supremo de las FF.AA. excluyó de la calificación de ascenso al general Alexander Levoyer, quien apeló esa decisión ante el Ministro de Defensa. Usted fue parte del Consejo que años antes lo calificó para ascender a general de Brigada. ¿En qué se basó el Mando para justificar la exclusión de Levoyer de este último proceso?
-El 24 de enero de 2023, con la promulgación de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, se incluyó como requisito específico para el ascenso al grado de General de División, que el postulante haya contado con la resolución favorable del Consejo de Oficiales Generales o del Consejo Supremo de las FF.AA., lo cual inhabilitaría el ascenso del general Alexander Levoyer. Sin embargo, esta norma se expidió luego de la fecha en la cual fue promovido del grado de coronel a general de Brigada, la que corresponde al 10 de agosto de 2021. En este contexto, el asesoramiento jurídico no consideró preceptos básicos que constan en el Código Civil. Entre otros, el art. 7 el cual indica que la ley no dispone sino para lo venidero, no tiene efecto retroactivo. Esto significa que este cambio promulgado en 2023 debe aplicarse para las promociones que aún no han sido calificadas para el grado de General de Brigada, en la fecha indicada.

-La defensa de Levoyer destaca que la Comisión integrada para los ascensos estableció unilateralmente que no cumplía los requisitos para entrar en la selección, pues el consejo de generales del Ejército, en 2021, no dio paso a su ascenso, aunque luego reconoció que se había equivocado en una valoración de una nota y lo promovió. Entonces la exclusión no tendría un sustento jurídico, es ambigua y subjetiva. ¿Cuál es su criterio?
-Durante ese proceso yo ejercía las funciones de Comandante del Ejército, y por lo tanto presidía el Consejo de Generales. En el proceso de calificación, el entonces coronel Levoyer no fue considerado para el ascenso al grado de general de Brigada. Posteriormente el oficial presentó una solicitud de reconsideración al Consejo, argumentando que uno de los requisitos que le permitiría alcanzar el puntaje, de 350 sobre 500, para ser promovido al grado de general de Brigada, no se había considerado de forma positiva. Pidió que se reconsiderara el ítem “Permanencia en unidades de riesgo por un lapso no menor a 5 años”, en vista de que la Batería de Artillería Ametralladora Misil N-21., no se encontraba considerada como unidad de riesgo, pero había participado durante el conflicto del Alto Cenepa. Cabe recalcar que la Directiva sobre Unidades de Riesgos había sido aprobada luego de este evento histórico.

«Durante su permanencia como comandante de la Batería de Artillería Ametralladora Misil N-21. Alexander Levoyer asumió, a la vez, las funciones de Coordinador de Apoyo de Fuegos de Artillería, contando para ello con parte de una Batería de Lanzadores Múltiples de Cohetes BM-21 (artillería de campo), y una sección de cañones de 105 mm. Esta fue una de las unidades fundamentales durante las operaciones en la guerra del Cenepa, fue responsable del derribo de cuatro helicópteros del Ejército del Perú. Además cumplió con 15 misiones de fuego de artillería de saturación de área, mediante el lanzamiento de 609 cohetes tierra-tierra. Estos dos elementos tuvieron un efecto devastador sobre el adversario, pues restringió por completo el acceso a los helicópteros de ataque y transporte enemigos, impidiendo el ataque aire-tierra (con fuego de ametralladoras y rockets) a nuestras tropas y produciendo el alargamiento de las líneas logísticas de apoyo a las fuerzas peruanas en tierra. Además, el fuego de artillería terrestre generó un desbalance estratégico en el campo de batalla, al no disponer el adversario – en el sector de operaciones del Cenepa- de material similar o equivalente; más allá de las bajas y daños materiales causados, influyó en forma importante en el estado anímico del adversario por la enorme superioridad de apoyo que esta capacidad bélica permitía».

¿Y qué pasó con la solicitud de Levoyer para que se tomen en cuenta en su calificación su desempeño como Comandante en la Batería de Artillería fue aceptada? 
No fue aceptada. Posteriormente el coronel Levoyer apeló al Consejo Supremo de las FF.AA., sin recibir una aceptación, retornando el tramité al Comando del Ejército. En estas circunstancias, el Consejo de Generales del Ejército negó por tercera ocasión la revisión del proceso. En mi calidad de Comandante del Ejército presenté un informe en el que argumenté que se trataba de un error de la administración, pues no tenía lógica alguna que se sostenga en una decisión por una Directiva de Unidades de Riesgos, que no se compadecía con la realidad del pasado de la institución, y de la persona que estaba siendo evaluada. Con base a este informe, el coronel Levoyer realizó un pedido extraordinario de revisión al Ministerio de Defensa, que pese al alargamiento de la respuesta jurídica -más allá de los plazos establecidos- dispuso su ascenso.

-Levoyer también indica que se lo excluyó de la selección en un proceso unilateral, que violó su derecho a la defensa, pues nunca fue notificado con el inicio de este procedimiento administrativo, para que pudiera presentar sus pruebas de descargo. ¿En estos casos cómo se manejan los procedimientos en la Comisión de Ascensos? ¿Es usual que decidan excluir a cualquier oficial sin pedirle su versión para no dejarlo en la indefensión?
-El Consejo Supremo de las FF.AA. para iniciar el proceso de calificación debió recibir el parecer jurídico del Ejército, en el cual se estableció la existencia del no cumplimiento del requisito constante en la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de FF.AA. Sin embargo, como expliqué anteriormente, la aplicación de esta normativa tendría un carácter retroactivo, toda vez que el general Levoyer, al publicarse la misma ya se encontraba en el grado de General de Brigada. Este parecer debió ser analizado en el Consejo Supremo, como órgano regulador de carrera, para el caso pertinente. En este sentido debió observarse lo consagrado en el artículo 11 de la Constitución, que establece: “Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”. Debe entenderse que el ascenso militar es un derecho, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. En el presente caso se incluyó un requisito posteriormente, luego de haber alcanzado el grado actual. Cabe recalcar que el general Levoyer no ha sido sujeto a un proceso de evaluación de su desempeño en el grado, pues al argumentar el no cumplimiento del requisito mencionado, ha quedado inhabilitado de tal procedimiento. Eso pese a que ha tenido una función destacada en las asignaciones encomendadas. Su conducta no solo ha mostrado el liderazgo y profesionalismo que demanda las funciones cumplidas, sino el compromiso y voluntad importante de enfrentar la situación que el Ecuador atraviesa.

-Levoyer efectivamente ha tenido una carrera destacada, es considerado un oficial íntegro por sus compañeros y subalternos, siempre ha estado entre las primeras antigüedades, incluso tuvo un desempeño valiente, destacado, en la guerra del Cenepa, por lo cual fue condecorado. ¿Cuál es la señal que está dando el mando de FF.AA. a sus miembros cuando excluye de esta forma, sin motivación ni argumentos legales sólidos, a un oficial que es visto como un referente y un ejemplo?
-No conozco si más allá del señalamiento de la inhabilidad que se le imputa al General Alexander Levoyer -de ingresar al proceso de evaluación y selección para el siguiente grado- se haya establecido otros argumentos. Estimo que no. Es importante comprender más allá de la persona, un elemento fundamental en un estado de derecho, es la seguridad jurídica, en este caso con respeto a la regulación de la carrera militar. Imaginemos que el día de mañana se modifica la ley referente al ascenso que debe cumplir cualquier miembro de las FF.AA., esta alteración o cambio no puede regir para la promoción al próximo grado, sino para los subsiguientes. La Constitución, en el artículo 76, también es un elemento que debe entrar en el análisis jurídico. Este artículo indica: «En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”.

-Se ha denunciado constantemente que los procesos de ascensos a generales tienen un grado alto de subjetividad, que en algunos casos ampara la promoción de oficiales que tienen padrinos, o excluye a quienes no han sido obsecuentes con quienes están en el mando y han sido críticos. ¿Cómo evalúa la independencia y madurez del actual Mando, su ecuanimidad, para evaluar de forma justa a los oficiales?
-Uno de los desafíos en todo proceso de evaluación es el grado de objetividad que puede lograrse. Alrededor de los procedimientos que se aplican hay una serie de elementos que necesariamente recaen en aspectos subjetivos, y que difícilmente pueden ser valorados en una escala numérica o que generen un consenso absoluto. Sin duda, es necesario que quienes conforman estos órganos reguladores de la carrera militar se desprendan de intereses particulares o sectarios. Con ello no digo que esto haya ocurrido en el presente caso. A lo largo de cerca de 40 años de permanencia en FF.AA., he visto situaciones excepcionales de aplicación diferenciada de la norma, en procesos de reconocimiento de desempeño o sancionatorios. El mando debe recordar que conductas de esta naturaleza destruyen la fe en la institución, afectando la credibilidad del sistema y alentando a prácticas reprochables. Es por ello que casos como estos deben ser revisados, argumentados adecuadamente, sin que ello quebrante las leyes o normas. En mi opinión, ha existido debilidad en el asesoramiento jurídico, con base a los aspectos que se ha señalado. No es responsable de mi parte, con base a este hecho establecer un criterio de la madurez del mando, pues justamente, basado en este concepto, al no contar con información más amplia de lo sucedido me veo impedido de establecer un juicio de valor en tal sentido.

-Desde enero pasado, el presidente Daniel Noboa declaró la guerra interna contra 22 grupos narcoterroristas. Y puso a las FF.AA. y la Policía al frente de un conflicto que se libra en varias provincias. ¿Cuán lógico es que por motivos burocráticos y administrativos el Mando mande a su casa a cuatro generales que ocupaban puestos claves en el Ejército, en medio del conflicto?
-Las FF.AA se han caracterizado por procesos rigurosos de selección para el ascenso, más aún cuando se califica para el grado de general, toda vez que un aspecto que se considera es que cualquiera de los seleccionados estaría en la posibilidad de ocupar el cargo de comandante de una de las ramas de las FF.AA. Esto no quiere decir que haya una infalibilidad completa. En tal sentido entiendo que el proceso desarrollado haya observado aspectos del cual no puedo pronunciarme al desconocer sus detalles, no así en el caso del General Alexander Levoyer, toda vez que es público, y ha sido el único oficial de los cuatro que ha solicitado un procedimiento de apelación al Ministerio de Defensa.

-Usted es un estudioso del ajedrez. ¿Se puede decir que en este caso, en plena partida, el Mando sacrificó dos alfiles, una torre y un caballo para conservar el último caballo?
-El ajedrez es un juego que conlleva una serie de estrategias que permite el uso de celadas o combinaciones. El sacrificio, denominado de esa forma, se lo hace en el marco de los dos elementos señalados anteriormente, procurando obtener un resultado posicional superior frente al adversario, a pesar que el resultante inmediato conduzca a una deficiencia material, esto es en piezas disponibles en el tablero. Un sacrificio -en este apasionante juego- pretende alcanzar mejores resultados. Ahora bien, si hay un mal calculo en las variantes que devienen de un sacrificio sus resultados pueden ser catastróficos. En este contexto no me atrevo a decir que se trate de un “sacrificio”, sino más bien del resultado de un proceso, que entiendo debe ser justificado a quienes no han sido seleccionados para el ascenso. Recordemos que el ajedrez es un juego en donde la ubicación de todas las piezas son visibles a los dos contendores. La vida real, por experiencia propia, lo compararía con un juego de cartas, allí saber jugar es importante, pero no siempre produce los mejores resultados, pues la fortuna o coincidencias influyen grandemente. Aún más cuando es un juego que puede estar sujeto a “mañas” o “trampas”. En el ajedrez esas mecánicas no existen. Espero que conservemos el “As” de la baraja, pues el General Alexander Levoyer le ha dado “una buena mano” al juego perverso del crimen organizado en las funciones que le ha correspondido ejecutar.

-¿Cuál es su lectura sobre las decisiones que está tomando el Mando, concretamente esta última de sacar a cuatro altos oficiales en tiempos de conflicto? Eso no desnudaría una falta de estrategia,  que busque logros eficaces, a mediano y lago plazo, con el empleo racional y eficaz de los escasos recursos humanos, sobre todo de altos oficiales con una alta preparación, con los que cuenta las FF.AA.
-Los procesos administrativos de selección y calificación para los ascensos no deben estar alejados de la realidad que afronta el país. Sin embargo, estos se sujetan a normativas específicas que deben ser observadas. La concepción operacional militar es independiente de la administración de la institución, tanto en este caso así como en otros relacionados a la regulación de la carrera militar.

¿Cómo ve el desenlace más favorable de esta crisis a propósito de las decisiones que tomó el mando sobre el ascenso del general Levoyer?Fundamentalmente debe resolverse el tema jurídico, pues se debe discutir si la norma vigente es o no aplicable a la situación del general Alexander Levoyer, tal como ya lo he expresado.

¿Cree que el Ministro de Defensa enmendará las equivocaciones del Mando, cuánto tiempo tiene para pronunciarse?
-Estoy convencido que el presente caso tendrá una respuesta favorable, pues más allá de la hoja de servicio del general Levoyer hay un error jurídico en el asesoramiento al mando militar, al aplicar la normativa vigente en un claro sentido retroactivo. El Ministro deberá pronunciarse en un máximo de 30 días, desde la presentación de la apelación. Cabe recalcar, que una respuesta favorable, abre la puerta a que el referido oficial recién pueda ser sometido al proceso de evaluación para el ascenso por parte del Consejo Supremo, pues esto no se ha cumplido, al ser excluido a este procedimiento por encontrarse inhabilitado.

-¿Qué ocurriría si el Ministro niega la apelación, puede el general Levoyer interponer una demanda en la Corte Constitucional?
-En el caso que se niegue la apelación, no cabe la presentación de un recurso extraordinario de revisión, pues no existe instancia superior al ministro de defensa en términos de la facultad administrativa en FF.AA. Lo que sí es procedente es que el general Levoyer presente al Ministro de Defensa una solicitud de revisión de la decisión, para que esta cartera de Estado proceda con una autotutela administrativa, la que es una facultad que posee la autoridad -en este caso el ministro- de hacer frente a un pedido de revisión. Concluido este trámite, en el caso que persista una negativa a que sea sometido al proceso de calificación, el general Levoyer habrá agotado todas las instancias administrativas en la institución militar, por lo cual deberá ser separado obligatoriamente de la misma, sin que ello le impida apelar la decisión al Tribunal Contencioso Administrativo. Esa es otra historia, una bien larga.

¿Sea cuál fuere la decisión del Ministro, cómo evalúa usted el liderazgo del actual Mando?
-Liderar una institución demanda varias cualidades profesionales y personales, esto conlleva mantener una perspectiva innovadora, la cual no se sujeta a la exclusiva gestión y administración de la coyuntura. Es importante caminar hacia procesos de cambio importantes para que  las FF.AA. estén a la altura de las circunstancias para un futuro impredecible y de abundante incertidumbre. El resultado de la Guerra del Cenepa fue un trabajo de años, de prospección y anticipación. En este marco el factor político es importante, hoy enfrentamos lo urgente; sin embargo, no podemos perder de vista la necesidad de ver más allá del día a día que enfrenta el país. Estimo que este repensar, despojados del interés de cada uno de los componentes que forman las FF.AA. debe primar ante todo. No me atrevo a dar un juicio de valor sobre el liderazgo del actual Mando, pero considerando los procesos de selección a los que han sido sujetos son actualmente los más representativos de la institución armada en término de méritos, preparación y cualidades profesionales.

-Desde el año pasado, los militares de las tres fuerzas han estado sometidos a ritmos forzados para enfrentar el crimen organizado y sus diferentes manifestaciones. Las tropas están cansadas, saturadas. ¿No es un error del Gobierno seguir apelando a lo punitivo, tratando de contener la criminalidad exclusivamente con militares y policías? El cansancio de las tropas se evidenciaría también en la salida de más miembros de FF.AA. El año pasado, 6.000 militares pidieron la baja, según denuncias de la prensa. ¿Cuál es su apreciación sobre este fenómeno?
-Estimo que el numérico presentado no es correcto, es importante puntualizar que la salida del personal de FF.AA., no es cíclica, existen picos, normalmente causados por la incertidumbre de la normativa que les regirá a futuro en términos de la seguridad social, al cual se añaden otros factores. La salida histórica en las tres ramas militares oscilan entre 1.100 a 1.300 al año. Los picos más representativos se presentaron en 2015 y 2016, con un numérico de bajas de aproximadamente de 1.700, cada año, justamente producto de las pretendidas reformas a la seguridad social militar que se encontraban en debate por parte del gobierno de turno. Otro importante número elevado de salidas se produjo en 2022, con un total de 2.130, causado nuevamente por la incertidumbre de las reformas que trabajaba el Ministerio de Defensa en ese año. Allí una falta de pedagogía. No en tanto, en 2023 dejaron FF.AA aproximadamente 1.170 uniformados. En esta año hasta el mes de mayo el estimado apenas sobrepasaba los 500 efectivos, lo que se puede catalogar como una situación de normalidad, producto de la no selección para ascensos, cumplimiento de tiempo de servicio o desvinculaciones voluntarias. Ahora bien sin desconocer este “rumor” de un crecimiento de pedidos de baja, es preciso que se aclare desde el Ministerio de Defensa, pues su efecto genera zozobra y produce una imagen negativa, así como más bien puede inducir a que esto genere un aumento de solicitudes. Sin embargo, es preciso reconocer que hay una presión elevada sobre los miembros de la institución militar, pues su forma de operar y rotación es muy diferente a otras instituciones. Esto lógicamente genera un desgaste en el personal militar; sin embargo, la adecuada planificación administrativa puede alivianar las difíciles circunstancias a las que se encuentran sujetos el personal uniformado. Consideremos que hay unidades que sus sistemas de trabajo son de 28 días de actividades seguidas, sin horario fijo, con descansos de cuatro a seis días. Sin embargo, la preparación a la que los miembros de las FF.AA. son sujetos son una garantía a la misión encomendada a FF.AA.

El general Alexander Levoyer apeló y pidió la nulidad de la decisión del alto mando de las Fuerzas Armadas que lo excluyó -sin ninguna motivación jurídica, violentando sus derechos legales y constitucionales- de participar en el proceso de calificación para ascender a general de División. El Ministro de Defensa deberá resolver el pedido del oficial, que es director de Operaciones en el Ejército. 

Redacción Código Vidrio

Hasta el lunes 24 de junio, cuando apeló esa resolución ante el Ministerio de Defensa, no se conocía públicamente que el director de Operaciones del Ejército, Alexander Levoyer, había sido excluido de la selección para ascender a general de División.

Ese día, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) anunció que en el proceso de selección entre los cinco generales de la promoción 85 solo fue ascendido a ese grado el jefe del Ejército, Fernando Adatty.

Así, el mando militar dejó fuera del Ejército (la fuerza más numerosa de FF.AA.) a los generales Pablo Velasco, Alexander Levoyer, Juan López y Franklin Pico, en medio del conflicto interno que el gobierno mantiene contra 22 grupos narcoterroristas, desde enero pasado.

La decisión del mando ha generado malestar entre oficiales y miembros de la tropa de las diferentes fuerzas. Sobre todo, por la decisión de no calificar a Levoyer, quien es respetado por su liderazgo, desempeño sobresaliente y su vocación de servicio durante su carrera militar de 40 años. Desde enero, ha sido la cabeza de las operaciones de Fuerzas Armadas contra los grupos criminales en todo el país. Anteriormente estuvo al Frente de la Fuerza de Tarea Esmeraldas, que logró una significativa reducción de los índices delictivos, según reportes del Gobierno.

Hasta que se resuelva la apelación en el Ministerio de Defensa, en los próximos días, Levoyer seguirá ocupando el cargo de Director de Operaciones.

El general (SP) Paco Moncayo, cuestionó la última resolución del mando de sacar a cuatro generales en medio de una guerra interna. “Si estamos en guerra no podemos estarnos desangrando nosotros mismos. Cómo podemos perder la experiencia de personas que han estado combatiendo en el terreno. Se están aplicando las normas burocráticas (de calificación para ascensos) que pueden estar muy bien en época de paz”, observó Moncayo, quien fue jefe del Comando Conjunto de FF.AA. durante la victoria de la guerra del Cenepa, en 1995. Precisamente, Levoyer combatió cuando era capitán de Artillería en el conflicto con Perú. Fue condecorado con el reconocimiento Encomnio Solemne “por su excepcional valor precautelando la defensa y soberanía nacional” en esa guerra.

“Creo que debe haber una reflexión al interior de las FF.AA., porque nadie está acusando a los generales no ascendidos de ninguna actitud delictual o inmoral de ningún tipo; sino que en esta estricta forma que tenemos, desde mucho tiempo atrás, de calificar los ascensos hay que diferenciar si estamos en guerra o en época de normalidad. Hoy estamos en una guerra, nos hacen falta recursos humanos valiosos”, destacó Moncayo en una entrevista en radio Democracia.

Los generales dejan a Levoyer en indefensión

Al anunciar su decisión, el Comaco indicó el lunes anterior que la selección de Adatty “obedeció a un proceso transparente, con estricto apego a las leyes y reglamentos de FF.AA.”. No obstante, en la apelación presentada por Levoyer se evidencian violaciones legales y constitucionales flagrantes, descritas y fundamentadas en un alegato de 23 páginas, revisado por Código Vidrio, que deberá ser resuelto por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Levoyer pidió la nulidad de la resolución del Consejo Supremo, encabezado por el contralmirante Jaime Vela. Sostiene que el Consejo de FF.AA. “violó sus derechos constitucionales a la defensa, debido proceso e igualdad ante la ley”.

El oficial fue excluido, según la apelación, sin ninguna justificación legal, de manera unilateral, sin que haya podido presentar sus pruebas de descargo, lo cual lo dejó en indefensión.

Estos hechos empezaron a evidenciarse desde el 5 de junio pasado. Ese día, la Comisión Especial del Consejo expidió el informe COSUPRE-CE-2024-001-O titulado: «Sobre las inhabilidades de los superiores Generales de Brigada de la promoción 85 arma de la Fuerza Terrestre». Ese reporte fue conocido por el Consejo Supremo dos semanas después, el 19 de junio, en una sesión ordinaria. Participaron los contralmirantes Vela, Miguel Córdova, comandante de la Marina, y el brigadier Celiano Cevallos, jefe de la Fuerza Aérea.

En vista de que el informe de la Comisión detallaba señalamientos y conclusiones jurídicas de un supuesto incumplimiento de un requisito para el ascenso de Levoyer, antes de tratarlo y tomar una decisión, el Consejo Supremo debió convocarlo -según mandan la Constitución y la ley-  para que pudiera defenderse en una audiencia. Pero no lo hizo. Tampoco le pidió sus descargos ni le notificó su decisión la Comisión que estableció la presunta inhabilidad para el ascenso.

“Al no notificarle con el proceso, el Consejo Superior lesionó el derecho a la defensa del general Levoyer”, destacó su abogado Xavier Ramírez.

Ante las violaciones al debido proceso, el 20 de junio Levoyer pidió al contralmirtante Vela ser recibido en comisión general para defenderse, lo cual no fue proveído en forma oportuna.

¿Por qué el Consejo sacó a Levoyer de la calificación? Según el mando, el oficial no podía entrar en la calificación porque en febrero del 2021 el Consejo de Oficiales del Ejército, en primera instancia, lo había declarado no apto para ascender de coronel a general de Brigada. Esa decisión, sin embargo, fue apelada por Levoyer ante el Ministerio de Defensa, argumentando que el Consejo se había equivocado en el puntaje de una de sus calificaciones.

Dos meses después, el entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y el Consejo Superior de Generales del Ejército, le dieron la razón. Revocaron la negativa a ascenderlo, por errores de fondo y forma, y aprobaron su ascenso a general de Brigada.

Pese a que esas decisiones están ejecutoriadas y en firme, el Consejo no las tomó en cuenta y tuvo su propia interpretación subjetiva de la norma. Así, el Mando motivó su decisión de excluir a Levoyer en un acto administrativo (la negativa inicial del ascenso) que fue revocado el 2021.

¿El Consejo Supremo interpretó la Ley?

En esencia, el Consejo Supremo estima que Levoyer no podía participar en la última selección porque en primera instancia no fue calificado para ascender a general de Brigada, el 2021.

Pero en este caso, según el jurista Ramírez, es claro que la actuación del Consejo no tiene ningún fundamento legal, ya que Levoyer sí fue ascendido, por sus méritos. Y esa resolución es la que está vigente y prevalece habilitándolo para entrar en la calificación para general de División. «La decisión del Mando supone una limitación en el ejercicio de sus derechos, que grava o penaliza el hecho de impugnar resoluciones sin fundamento del Mando».

La interpretación del Consejo, agrega Ramírez, viola expresamente la Ley de Personal de las FF.AA., que establece un mandato de objetividad y sujeción a los requisitos normativos específicos previstos y la prohibición de acudir a hechos subjetivos.

Todos estos elementos configuran, según la apelación, violaciones a la Constitución y la Ley, que acarrean la nulidad de la resolución del mando, que deberá ser analizada por el Ministro de Defensa.

Si se acepta su apelación, el Consejo Superior debe resolver sobre el fondo del asunto para que Levoyer pueda ser considerado en el proceso de selección y calificación para el ascenso a general de división.