Especiales

El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado ordenó este martes 25 de junio que la empresa Comiange cese todas sus actividades de minería en La Maná, Cotopaxi.

Redacción Código Vidrio

Los tres jueces anticorrupción del Tribunal de Garantías Penales aceptaron parcialmente la Acción de Protección interpuesta por una empresa embotelladora de agua, para que el Gobierno ordenara la caducidad de las tres concesiones mineras, otorgadas en La Maná, Cotopaxi, a Comiange. Desde el 2016, esa compañía ha provocado graves daños al ambiente en esta zona de gran riqueza natural, alertados pero no sancionados por los organismos de control.

En su pronunciamiento, los jueces dispusieron que la minera suspenda inmediatamente sus operaciones, hasta que cumpla todos los requisitos exigidos por las leyes, incluido el otorganiento de una licencia ambiental, informó Gonzalo Muñoz, abogado de la empresa que impulsó la demanda.

Los juristas también dispusieron que las autoridades de Ambiente, y de la Agencia de Regulación y Control Minero realicen una inspección en la zona donde están las tres concesiones de la minera, e informen al Tribunal si persiste la afectación ambiental, que deberá ser remediada en su totalidad.

Desde el 2016, según la demanda y los informes de entidades gubernamentales, las operaciones de la minera han provocado severas afectaciones a la flora y fauna de esta zona rica en biodiversidad, con bosques primarios y fuentes de agua. Esa empresa posee las concesiones de pequeña minería Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, que recibió en 2015.

Las zonas de explotación se divisan claramente desde el aire como heridas abiertas en medio de la rica y exuberante vegetación de esta región, que conecta a la Sierra con la Costa, y es muy apreciada para actividades agrícolas y ganaderas.

En su pronuncamiento oral (la sentencia escrita se entregará a las partes dentro de 15 días), los jueces dispusieron que las autoridades realicen un análisis de la documentación e inicien o continúen procesos sancionatorios a la empresa, incluida la caducidad de las concesiones.

Además pidieron que el Ministerio del Ambiente informe sobre la investigación previa que la Fiscalía habría iniciado en contra de la empresa por supuestos delitos ambientales.

En otra parte del fallo, dispusieron que se realizara una auditoría de los procesos que debían iniciarse en contra de las concesiones por la Procuraduría del Estado, y que las autoridades entreguen informes quincenales del avance de sus disposiciones.

Por último los jueces pidieron que la sentencia sea difundida entre los funcionarios a nivel nacional y delegaron a la Defensoría del Pueblo para el control de ejecución del fallo.

Inacción de las autoridades

Los últimos ocho años Comiange ha operado al margen de la ley, en medio de la inacción de las principales autoridades de los ministerios de Ambiente y Energía así como la Agencia de Regulación y Control (ARCOM), que fueron informados de todas las irregularidades y anomalías en decenas de informes técnicos, emitidos por distintos funcionarios. En este período estuvieron en el poder Rafael Correa, Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa; no obstante, ninguno sancionó en consecuencia a la minera, propiedad de Miguel Angueta Enríquez.

Desde 2016, Comiange recibió, al menos, 22 llamados de atención y sanciones de diferentes organismos de control a través de memorandos, oficios e informes técnicos del Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación. Pero esas sanciones no han pasado de los papeles. No se han concretado en un retiro de las tres concesiones para explotar oro en La Maná, según establece la Ley.

El 23 de mayo de 2016 la Agencia de Regulación -entonces conocida antes por el acrónimo ARCOM- emitió el Memorando No. ARCOM-R-CR-STCM-2016-0037-ME donde se indicaba que la concesión minera Ximena 1 no contaba con los actos administrativos de operación y que realizaba actividades de explotación sin ninguna autorización de los dueños del terreno.

También en 2016 se emitió otro memorando, un informe técnico y un oficio en contra de las concesiones de Comiange. El otro memorando fue también de la Agencia de Regulación, en el cual se concluyó que el tipo de minería practicada en Ximena 1 es considerada “minería ilegal”. Adicionalmente, indicaron que Comiange no presentó “los actos administrativos previos y ha incumplido con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito minero”.

El Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control minero y el Ministerio de Energía han emitido memorandos, oficios e informes técnicos desde 2016 alertando las ilegalidades sistemáticas de esta empresa. Sin embargo, mantienen intocables sus tres concesiones en el Cantón La Maná. Este martes la justicia decidirá si el Gobierno debe suspender sus operaciones mineras. 

Redacción Código Vidrio

Este martes 25 de junio el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dará un veredicto oral sobre la Acción de Protección interpuesta por una empresa embotelladora de agua. A través de este recurso se busca que el Gobierno ordene la caducidad de las tres concesiones mineras, otorgadas en La Maná, Cotopaxi, a la minera Comiange por sus violaciones sistemáticas a la Ley, y los graves daños causados al ambiente.

Gonzalo Muñoz, abogado de la embotelladora, informó que la primera audiencia -realizada el 6 de junio- se suspendió. “Es común que en este tipo de acciones la primera audiencia se suspenda, así los jueces tienen más tiempo para revisar las evidencias que presentamos”, dijo Muñoz.

Comiange, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), se dedica a la “extracción y preparación de minerales estimados principalmente por su contenido de metales no ferrosos: aluminio (bauxita), cobre, plomo, zinc, estaño, manganeso, cromo, níquel, cobalto, molibdeno, tántalo y vanadio”.

Según la Superintendencias de Compañías, se constituyó e inició actividades a partir del 12 de enero de 2004, en Cotopaxi. Miguel Angueta Enríquez está registrado como Gerente General y Guido Angueta Hinojosa como Presidente de la minera. En el SRI la compañía está registrada con el RUC 1791915992001.

En el registro de la Superintendencia de Compañías hay dos números telefónicos a nombre de la minera: uno de celular y otro fijo, a los cuales llamamos para buscar un pronunciamiento sobre el proceso constitucional que busca suspender sus operaciones, pero no tuvimos ninguna respuesta.

Durante esta reportería también buscamos las versiones del Ministerio de Ambiente, de la Agencia de Regulación y Control de Energía  y del Ministerio de Energía y Minas. Hasta la publicación de este informe las autoridades no respondieron a nuestros pedidos.

Comiange tiene una empresa asociada, denominada Rome Gold, que se dedica exclusivamente a la extracción de oro en tres concesiones que tienen en el Cantón La Maná: Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul.

Estas concesiones han desatado un conflicto entre Comiange y la empresa embotelladora, desde 2016. Ese año la minera comenzó “un proceso devastador del entorno de la propiedad de la empresa y de grave riesgo de afectación a las fuentes de agua autorizadas, debido a que sus trabajados incumplen las disposiciones técnico-ambientales y operan sin licencia ambiental, ni permisos de aprovechamiento de recursos hídricos”, según se indica en la Acción de protección interpuesta por la embotelladora.

“Nos sorprende que los Ministerios de Ambiente, de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables nunca hayan tomado acciones contundentes contra esta minera. Sólo unas sanciones económicas leves. Porque no es la primera vez que esta compañía es denunciada”, destacó Muñoz.

Contactamos al Ministerio del Ambiente para conocer los motivos por los que no se han llevado a cabo acciones más contundentes contra la minera Comiange. Indicaron que establecerán un vocero para que nos diera una  respuesta, lo cual no se concretó hasta el cierre de este informe.

22 sanciones sin ninguna consecuencia

Desde 2016, Comiange recibió, al menos, 22 llamados de atención y sanciones de diferentes organismos de control a través de memorandos, oficios e informes técnicos del Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación.

Pero esas sanciones no han pasado de los papeles. No se han concretado en un retiro de las tres concesiones para explotar oro en La Maná, según establece la Ley.

El 23 de mayo de 2016 la Agencia de Regulación -entonces conocida antes por el acrónimo ARCOM- emitió el Memorando No. ARCOM-R-CR-STCM-2016-0037-ME donde se indicaba que la concesión minera Ximena 1 no contaba con los actos administrativos de operación y que realizaba actividades de explotación sin ninguna autorización de los dueños del terreno.

También en 2016 se emitió otro memorando, un informe técnico y un oficio en contra de las concesiones de Comiange. El otro memorando fue también de la Agencia de Regulación, en el cual se concluyó que el tipo de minería practicada en Ximena 1 es considerada “minería ilegal”. Adicionalmente, indicaron que Comiange no presentó “los actos administrativos previos y ha incumplido con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito minero”.

“No sólo están ocasionando un daño ambiental considerable en el sector sino que también mantienen unas condiciones de trabajo que violan las leyes”, comentó Muñoz, quien confirmó que dentro de la Acción de Protección también se busca que los trabajadores dentro de estas actividades mineras cuenten con todas las protecciones necesarias.

El 16 de junio de 2016 se emitió el Oficio Nro. MAE-DPACOT-2016-0707 desde el Ministerio del Ambiente donde se verificó el incumplimiento de la normativa ambiental a través de las inspecciones realizadas a las concesiones Ximena y Campo Norsul.

En el caso de la concesión Ximena, el Ministerio del Ambiente corroboró el daño ambiental en La Maná y que la Comiange no contaba con la licencia ambiental para actividades mineras.

Para el Campo Norsul, de igual forma, no cuenta con licencia ambiental. Tras una revisión y verificación de los informes de monitoreos ambientales de agua, suelo y ruido con la normativa ambiental, determinaron que no cumplían con los parámetros acreditados y establecidos por el ministerio.

En julio de ese mismo año se emitió el Informe Técnico RH_F_RG1_DHG_002_2016 desde la Agencia de Regulación y Control del Agua donde se indicaba que «posiblemente la concesión minera Campo Norsul está obstruyendo el flujo natural de los cuerpos hídricos y las piscinas de la concesión Ximena 1 no se encuentran autorizadas por la SENAGUA».

En 2017, 2018, 2019 y 2020 el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y el Ministerio de Energía y Minas continuaron emitiendo informes sobre las irregularidades en el trabajo de las tres concesiones de la Comiange.

Por ejemplo, el 6 de marzo de 2020 la Agencia de Regulación y Control Minero emitió el Memorando Nro. ARCOM-R-CR-CM-2020-0061-ME donde daba a conocer el informe técnico de seguimiento y control a la concesión minera Campo Norsul por «una inspección in situ, con la cual se ha verificado el incumplimiento de la normativa que regula la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito minero. De igual manera se evidenció que el área minera no tiene los actos administrativos previos de conformidad con la Ley de Minería y siguen generando pasivos ambientales y haciendo uso y descarga de recursos hídricos.»

Comiange, según la Acción de Protección interpuesta por la embotelladora, llevaría 12 años trabajando en actividades mineras sin una licencia ambiental, aumentando de manera progresiva sus daños al ambiente desde el año 2016.

El presunto uso indebido de dos aeronaves del Ejército en enero pasado es analizado por la Contraloría, que recibió una denuncia formal a inicios de este mes. Ese documento señala como supuesto responsable al comandante del Ejército Fernando Adatty. En la Fuerza Terrestre no hubo un pronunciamiento sobre este caso, que también es conocido por el Comando Conjunto y la Presidencia.    

Redacción Código Vidrio

La Contraloría analiza la denuncia de un presunto uso indebido de dos aeronaves del Ejército. Una de ellas es el helicóptero MI-171, que se accidentó en abril pasado en Pastaza, causando la muerte de sus ocho ocupantes.

A inicios de este mes, la abogada Lorena Terán presentó la denuncia por supuesto peculado en la Contraloría, dirigida al titular de la institución, Mauricio Torres.

Fuentes de ese organismo confirmaron que recibieron el documento, que está bajo revisión para valorar si amerita o no iniciar un examen especial.

Entre 2017 y 2024, la entidad de control ha realizado cuatro auditorías a la contratación, mantenimiento y adquisición de repuestos de los helicópteros multipropósito MI. En todos los procesos contractuales, realizados por la Brigada de Aviación del Ejército Nro 15 Paquisha y por el Ministerio de Defensa (en una ocasión), la Contraloría detectó irregularidades, incumplimientos contractuales, pérdidas onerosas para el Estado, direccionamientos, entre otras anomalías.

Según la denuncia más reciente, entre el 24 y el 26 de enero de este año, el comandante del Ejército, Fernando Adatty, habría hecho un uso discrecional del helicóptero ruso MI-171 y del avión M28. Eso habría violentado el Plan de Sostenimiento de Operaciones Aéreas Cóndor XXIV, al transportar en esos aparatos a dos civiles: su hijo y uno de sus amigos.

Durante esos tres días, el general Adatty se desplazó en el avión PZL M28, matrícula AEE-208, y en el helicóptero, matrícula AEE-485. Tres meses más tarde, el helicóptero se precipitó a tierra cuando era piloteado por el teniente Jaime Cordones Ortega.

Esa nave siniestrada en Pastaza en abril era parte de la flota de siete helicópteros rusos MI, adquiridos en 1998 por el Ejército para transporte de tropas y equipos. Cinco de esos aparatos (480-481-482-484 y 486) no estaban operativos por falta de repuestos y mantenimiento. Por eso, el Gobierno quiso entregarlos a Estados Unidos, como chatarra, a cambio de 200 millones de dólares, para triangularlos a Ucrania. Esa negociación, sin embargo, fue torpedeada por Rusia que como retaliación restringió las exportaciones de banano desde Ecuador, lo cual obligó a que el Gobierno suspendiera el acuerdo con Washington.

El MI-171, que acompañó a la comitiva encabezada por el general Adatty, era parte de ese lote adquirido el 98. Sin embargo, no iba a ser entregado a EE.UU. porque era el único que funcionaba: operó hasta el día del accidente.

Según la denuncia, el Comandante se trasladó por vía aérea a Morona Santiago acompañado por cuatro oficiales, así como de su hijo Fernando Adatty y su amigo, Leonardo Velásquez. “No existe ninguna justificación para que el general Adatty haya llevado, como si se tratara de un paseo familiar, a su hijo y su mejor amigo en un recorrido oficial, eso implica un uso indebido de bienes del Estado con fines particulares”, dijo Terán, al ser consultada por este medio.

En el Manifiesto de Pasajeros del vuelo revisado por Código Vidrio constan los nombres del alto oficial y cuatro militares más, así como los de su hijo y el amigo de éste. Ese reporte fue presentado junto a la denuncia como evidencia de que los dos civiles habrían sido transportados en naves militares, sin ninguna autorización expresa, al margen de los reglamentos vigentes. También se adjuntó un video en el cual se observa el momento de su llegada a la pista de la Brigada de Patuca.

Regulación para el transporte de civiles    

Los vuelos de aeronaves militares del Ejército están regulados en el Plan de Sostenimiento de las Operaciones Aéreas Cóndor XXIV, vigente desde este año. En ese documento revisado por este medio se detallan las normas de seguridad para el cumplimiento de las Operaciones Aéreas establecidas por el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército.

Entre las disposiciones obligatorias que se deben cumplir se destaca el artículo 5, que indica: “Es prohibido transportar pasajeros civiles cuando se efectúen vuelos de instrucción, operaciones militares o especiales; únicamente se autoriza personal civil en los vuelos logísticos o cuando son parte de pedidos específicos de entidades gubernamentales, tramitados y autorizados a nivel del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las FF.AA.”.

En las tres Órdenes de Vuelo autorizadas por la Aviación del Ejército para los desplazamientos de las dos aeronaves, entre el 24 y el 26 de enero, se indica que el objetivo oficial de dos de los viajes era “Transporte de Personal” y, en otro de los vuelos, “Transporte de Personal y Abastecimiento”. Fuentes del Ejército dijeron que el comandante viajó a la zona para asistir a los actos conmemorativos por el conflicto del Cenepa y que su hijo y amigo eran parte de sus invitados, para la ceremonia en Patuca.

Ante el pedido de Código Vidrio, en la Dirección de Comunicación del Ejército respondieron que el general no se pronunciaría sobre la denuncia. Tampoco hubo una respuesta sobre un pronunciamiento oficial del Comando Conjunto de las FF.AA., que también recibió la denuncia, al igual que la Presidencia de la República.

En los próximos días, Adatty será calificado, junto con los generales de su promoción Pablo Velasco, Juan López, Alexander Levoyer y Franklin Pico, para ascender al grado de general de División.

Este medio accedió a las tres Órdenes de Vuelo que dieron luz verde para los desplazamientos de las dos naves.

-En el documento del 24 de enero se especifica la ruta Balbina (Sangolquí)-territorio nacional-Balbina, entre las 07:30 y las 17:30.  Y la misión: Transporte de personal y abastecimiento.

-En el del 25 de enero, la ruta Shell-Macas-Patuca-Shell, entre las 11-30 y 13-30. Misión: transporte de personal.

-Y el 26 de enero, la ruta: Patuca-Gualaquiza, entre las 14:00 y 14:30. Misión: transporte de personal y abastecimiento.

En ese periplo, ambas naves realizaron entre 10 y 12 horas de vuelo, cada una. El costo de operación por cada hora de vuelo del helicóptero es de 6.326 dólares y del avión 3.656.

Piloto y copiloto sancionados

Durante su periplo en Morona, la comitiva encabezada por el jefe del Ejército viajó en el avión M28. Estaba acompañado por sus asistentes, el teniente coronel Augusto Torres, el mayor Gabriel Cevallos y dos clases. De acuerdo con los protocolos de viaje, en el desplazamiento también participaba el helicóptero MI-171.

El 25 de enero, el avión no pudo despegar desde Macas. El aeropuerto se había cerrado, debido a un percance de otra aeronave, que quedó varada en medio de la pista.

Cerca de las 16:30, Adatty decidió que la comitiva continuara con el viaje a Patuca, según lo previsto, en el helicóptero ruso. Por su gran tamaño, esta nave usualmente era empleada para transporte de tropa, vituallas y equipos.

Ese momento, el helicóptero ya estaba encendido, con dos de sus motores funcionando y sus tripulantes en el interior, siguiendo los manuales de vuelo. Al mando de la nave estaba el mayor Juan Pablo Narváez y como su copiloto el teniente Jaime Cordones; él falleció meses después en el accidente en Pastaza.

El helicóptero despegó con rumbo hacia Patuca, donde aterrizó cerca de las cinco de la tarde.

Cuando la comitiva desembarcaba, el teniente coronel Marcelo Torres habría pedido al coronel Narváez y al teniente Cordones, que le entregaran en un papel sus nombres y grados por escrito. Eso en vista de que el jefe del Ejército había dispuesto que los sancionaran por no haberle saludado, ni rendido honores, antes de subir al aparato, en Macas.

 

En contra de los dos oficiales se iniciaron procesos disciplinarios, en los cuales los defiende la abogada Terán. La defensa presentó descargos que evidenciaron que los tripulantes no podían abandonar el helicóptero, una vez que se había iniciado el proceso de encendido. El 1 de abril, el proceso fue archivado en contra del teniente Cordones, quien falleció días después. El mayor Narváez fue sancionado con un día de arresto, lo cual fue impugnado. Las semanas siguientes se declaró la nulidad parcial del proceso, que hoy es tramitado por el coronel Diego Cattán Barreiro, comandante del Grupo Aéreo 45, pese a que los plazos establecidos para resolver estos procedimientos administrativos ya terminaron.

El accidente ocurrido en abril dejó a la flota de helicópteros de fabricación rusa inoperativa. El helicóptero 483 se accidentó hace más de una década. En 2010, la Fuerza Terrestre compró dos helicópteros MI (487 y 488), que no funcionan, por falta de mantenimiento (overhaul) y repuestos.

• Durante los últimos años, Los Lobos se han involucrado cada vez más en la minería ilegal de oro en siete de las 24 provincias de Ecuador, según informes de inteligencia revisados por Código Vidrio y Mongabay.
• Los Lobos, que también operan con el cartel Jalisco Nueva Generación de México, han ingresado a áreas de minería ilegal de oro, extorsionando o expulsando a los pequeños mineros. Han tomado el control de casi todas las etapas de la cadena de suministro de este mineral.
• Ayer, 17 de junio, hubo un operativo militar para quitarles el control a los miembros de esa banda de tres minas en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay, que es su principal bastión de actividades criminales. Hubo dos detenidos, sometidos luego de enfrentamientos a tiros. 
• El grupo ha llegado a áreas remotas, incluido el Parque Nacional Podocarpus, en la frontera con Perú, donde los informes muestran que operan miles de mineros ilegales como parte de lo que los expertos describen como un violento asalto criminal a la región amazónica ecuatoriana.
• Líderes indígenas dicen que tienen cada vez más miedo de denunciar por temor a represalias, mientras que varios funcionarios locales que se oponen a la minería ilegal han sido atacados e incluso asesinados. Nota actualizada este 18 de junio de 2024.

Por Dan Collyns y Arturo Torres
Alianza transfronteriza Código Vidrio – Mongabay

El camino que conduce al Parque Nacional Podocarpus serpentea alrededor de montañas exuberantes y boscosas que parecen extenderse infinitamente en el horizonte. Cubriendo 1,463 kilómetros cuadrados, el parque va desde las estribaciones de los Andes orientales hasta la selva tropical, abarcando las provincias de Loja, al oeste, y Zamora Chinchipe, al este. Se extiende desde el páramo, un arbustal alpino brumoso, a 3 600 metros sobre el nivel del mar, hasta la selva tropical a 900 metros, con cascadas y ríos cristalinos llenos de rocas como el Bombuscaro.

Pero incluso este lugar remoto, nombrado en honor al único género de árboles de coníferas en Sudamérica, no ha escapado de la ola de crimen que azota a Ecuador. Una sola banda criminal, Los Lobos, ha intentado extender su control en el corazón del parque en los últimos años.

Según informes de inteligencia revisados por Mongabay y Código Vidrio, desde septiembre de 2023 se estima que unas 2.200 personas, ecuatorianas y también peruanas, colombianas y venezolanas, trabajaban ilegalmente en una docena de sitios diferentes dentro del parque. Incluyen a aquellos que cobran por dinamita para abrir rocas y túneles, para empujar carros y trituradoras de rocas, así como aquellos que suministran comida, combustible, drogas como cocaína y marihuana, e incluso trabajadoras sexuales. Los lugares son tan remotos, como un área conocida como San Luis, en lo profundo del parque, que incluso a tropas militares especialmente entrenadas para la selva les toma 12 horas a pie para llegar a este lugar.

Cada minero está obligado a pagar una cuota de extorsión, o vacuna, de hasta $1.000 cada mes a la banda, que vende drogas y contrabandea armas y explosivos desde Perú. No obstante, en esta región ha existido resistencia a las operaciones criminales de Los Lobos; los informes revisados por esta alianza indican que a fines de febrero de este año, cuatro miembros de la banda fueron asesinados en enfrentamientos con mineros que se negaron a pagarles. En represalia, Los Lobos mataron a dos hombres, supuestamente familiares de los mineros en comunidades fuera del parque.

Pero Podocarpus es solo uno de las últimos blancos de la banda. Debido al reciente aumento en la minería ilegal de oro en Ecuador y al aumento del valor de este mineral en los mercados internacionales, la minería aluvial en todo el país está atrayendo una actividad criminal más intensa.

Documentos de inteligencia, así como datos compartidos por tres oficiales y agentes con Mongabay y Código Vidrio, confirman que la banda dominante en el país es Los Lobos, por delante de la banda rival de narcotraficantes Los Choneros.

Este lunes 17 de junio, decenas de militares realizaron un operativo en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, que es uno de las zonas de extracción minera controlada por Los Lobos, en complicidad con operadores que trabajan en diferentes entidades públicas, como el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero, el Ministerio de Energía, entre otras. En la incursión fueron detenidos dos presuntos miembros de esa banda y se incautaron armas y municiones.

«Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas están expandiendo su cartera de servicios a otras actividades criminales», dijo Renato Rivera, coordinador técnico del Observatorio del Crimen Organizado.

«Sobre todo, no solo se han dedicado al flujo de cocaína desde Colombia hacia los puertos, sino también a controlar y extorsionar operaciones mineras ilegales en el país, especialmente en la Amazonía y en la sierra donde se han expandido mucho».

Para el especialista en seguridad chileno Pablo Zeballos, estos grupos delictivos que controlan operaciones mineras ilegales son parte de una tendencia emergente de diversificación de los mercados criminales.

«En regiones de Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia, estas actividades están siendo controladas por redes criminales y organizaciones transnacionales que someten a las personas a extorsión, explotación y semiesclavitud, así como a una devastación ambiental significativa», dijo  a Código Vidrio y Mongabay Zeballos, un exoficial de inteligencia de Carabineros de Chile especializado en crimen organizado transnacional.

La fiebre del oro en el Podocarpus

Durante los últimos siete años, la banda ha estado involucrada en la minería ilegal de oro en siete provincias de Ecuador, desde Imbabura en el norte, Napo, Orellana y Sucumbíos en el noreste amazónico, hasta Azuay y Zamora Chinchipe en el sur, según entrevistas y documentos de inteligencia. En cada sitio, han extorsionado o asesinado a los mineros para tomar el control, mientras se encargan de toda la cadena de suministro.

«Los Lobos han llegado armados hasta los dientes a este lugar que antes era pacífico», dijo Oscar Peralta, guardabosques jefe del Parque Nacional Podocarpus a Mongabay y Código Vidrio, mientras patrullaba en su automóvil. «No podemos entrar en esas áreas sin apoyo militar; estamos desarmados».

Agregó que «hay mucho oro en San Luis [donde tiene lugar la minería] en Podocarpus; la gente dice que se pueden ver las vetas de oro en la tierra».

El atractivo del oro, descubierto por una compañía minera extranjera a fines de la década de 1970, pero nunca explotado antes de la creación del parque en 1982, no ha disminuido. «La gente recuerda dónde está y lo busca», nos dice un guardabosques del parque, pidiendo no ser identificado.

El parque alberga 1 200 especies de plantas endémicas, así como el raro oso andino (Tremarctos ornatus), el tapir de montaña (Tapirus pinchaque), el puma (Puma concolor), el jaguar (Panthera onca) y el ciervo más pequeño del mundo, el pudú norteño (Pudu mephistophiles). El parque solo se puede acceder por senderos en cuatro puntos de entrada en su perímetro. En su interior, el terreno es tan accidentado y la vegetación es tan densa que pocos, incluidos los guardabosques del parque, pueden navegar a través de él.

«[Los Lobos] han intentado sin éxito ingresar a sectores controlados por grandes grupos de mineros ilegales en Zamora», nos dijo un agente de inteligencia militar que sigue sus rastros en la provincia de Zamora Chinchipe, también bajo condición de anonimato. En estas áreas, especialmente en el parque, los mineros han establecido una presencia armada y tienen grandes redes de informantes que advierten sobre la llegada de forasteros.

A fines de febrero,  un periodista de esta alianza siguió a un convoy militar hasta uno de los puntos de entrada del parque, conocido como Loyola.

Los soldados del 17º Batallón de la Selva acampaban en la entrada sureste del parque. Gary Fuentes, capitán del batallón, dijo que decenas de personas habían cruzado un puente colgante en la salida del parque, entre ellos venezolanos y colombianos, mientras que soldados del batallón fueron en busca de miembros de la banda y mineros.

Desde las orillas del río San Luis, el camino al parque estaba marcado por huellas de excavadoras. Los soldados detuvieron a algunos hombres y mujeres como parte de su búsqueda, mientras caminaban hacia la salida del puente colgante.

Uno de ellos, Jackson Guevara, de 29 años, dijo que había caminado cuatro horas. Afirmaba haber buscado oro en los relaves dejados por las excavadoras.

Negó cualquier participación en actividades criminales, diciendo que solo estaba tratando de proveer para su familia. «La situación es muy difícil. No tuve suerte [encontrando oro], todo lo que hice fue endeudarme [comprando] comida», dijo. «En un buen día, puedo ganar $300, pero a veces pasan tres o cuatro días sin ganar nada».

Muchos de los jóvenes desempleados debido a la pandemia de COVID-19 recurrieron a la minería ilegal o se unieron a pandillas criminales. En marzo de 2024, la tasa de empleo adecuado de Ecuador, que incluye a trabajos que pagan más del salario mínimo, fue de solo el 34.4%.

«Pienso mucho en cómo afecta al parque, pero no hay otro lugar para trabajar», dijo Guevara. Los soldados lo dejaron pasar, junto con los otros hombres y mujeres que dijeron ser solo trabajadores y cocineros.

La minería de ríos para extraer oro, conocida como minería aluvial, no es nueva en la región, dijo José Villa, de 55 años, guardabosques que ha pasado 37 años protegiendo a Podocarpus. Pero en los últimos años, «ha crecido porque más allá de la contaminación y destrucción que causa, ahora hay más delincuencia», dijo.

Vertiginoso crecimiento de la minería ilegal

Se ha detectado una rápida expansión en la minería ilegal de oro en Ecuador recientemente, que en 2021 cubrió 7.495 hectáreas (18.520 acres) de tierra, más de 10. 000 estadios de fútbol, o un aumento del 300% desde 2015, según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina. Este rápido aumento, impulsado por los precios récord del oro a nivel internacional, ha atraído a las bandas de narcotráfico más poderosas al lucrativo mercado que también les permite lavar más fácilmente las ganancias del comercio de cocaína.

Por la promesa de dinero fácil, la minería se infiltra fácilmente en los pueblos pobres que viven de la agricultura, particularmente en las comunidades indígenas donde los jóvenes, con dinero en efectivo de la minería, a menudo gastan sus ganancias en alcohol, mientras que las mujeres se involucran en relaciones con extranjeros que se mudan a otras minas, muchas veces abandonando a sus hijos.

Los líderes comunitarios que se oponen a la minería, como Washington Tiwi, de 50 años, quien es presidente de la Federación Shuar en la región de Zamora Chinchipe, enfrentan amenazas de muerte si hablan.

«Salimos en los medios y los mineros siempre están buscando ver quién está causando problemas. Como sucedió con el compañero José Tendetza», dijo, refiriéndose a un líder Shuar que se opuso a la minería de cobre en el proyecto Mirador, una operación legal en la misma región, que fue asesinado en 2014.

Tiwi dijo que la reciente presencia de sicarios contratados que trabajan para bandas hace que sea mucho más peligroso denunciar. «Digamos que soy un minero y este líder realmente me está molestando. Puedo pagar para resolver el problema», dijo Tiwi, cuya comunidad de Kiim creó la reserva protegida Tiwi Nunta de 5.497 hectáreas (13,583 acres), en el margen del Parque Nacional Podocarpus.

«Nosotros, los líderes, estamos amenazados, pero las autoridades se hacen la vista gorda por sobornos y detrás de eso está la delincuencia organizada», agregó Tiwi.

Los informes sobre la presencia de Los Lobos datan de 2019, pero las autoridades, especialmente el Ejército y la Policía, enfrentan problemas para combatirlos debido a la filtración de información sobre sus operaciones. Una fuente de inteligencia que habló con Mongabay y Código Vidrio, bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo que Los Lobos tienen grandes redes de colaboradores, incluidas autoridades locales, policía y fiscales.

Investigadores policiales y militares advierten en sus informes que algunos funcionarios municipales, regionales y policiales parecen ser accionistas en concesiones mineras ilegales y utilizan su poder político para beneficiarse.

Aquellos que no colaboran a cambio de dinero se mantienen callados y no intervienen por miedo, dijo la fuente.

El crimen violento ha aumentado en Ecuador, con un incremento seis veces mayor en la tasa de homicidios en los últimos tres años, según un estudio de Fernando Carrión, experto en seguridad del Instituto de Ciencias Sociales de América Latina en Quito. Entre 2020 y 2023, la tasa pasó de 7.84 homicidios por cada 100 000 habitantes, a 47.28.

La demanda global de cocaína ha transformado a las bandas locales en empresas criminales multimillonarias, respaldadas por carteles mexicanos que han traído su brutalidad característica, evidente en la guerra de pandillas en las cárceles que ahora también ha salido a las calles.

Además, la economía dolarizada de Ecuador y su ubicación entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, lo convierten en un punto de tránsito ideal para mover drogas hacia Estados Unidos y Europa. En 2023, Ecuador ocupó el puesto 11 de homicidios intencionales a escala mundial.

En enero, el presidente Daniel Noboa calificó a 22 grupos criminales como terroristas, autorizando al Ejército a «neutralizarlas» «dentro de los límites del derecho internacional humanitario». De estos grupos, solo Los Lobos ha logrado dominar el lucrativo comercio ilícito de oro.

Alcaldes ejecutados por Los Lobos

La Policía dice que Los Lobos es el principal sospechoso en los recientes asesinatos a sangre fría de dos alcaldes locales que se opusieron a sus actividades en puntos críticos de minería ilegal en Ecuador.

José Sánchez, de 52 años, fue abatido a tiros por sospechosos vestidos con uniformes militares que usaban cascos y chalecos antibalas, mientras trotaba con un guardia de seguridad en el cantón de Camilo Ponce Enríquez, un centro de minería ilegal en la provincia de Azuay. Ambos fueron asesinados en el lugar el 17 de abril, con más de 20 disparos.

Sánchez había denunciado públicamente a Los Lobos y había sobrevivido a dos intentos de asesinato el 2023. El alcalde estaba coordinando una operación a gran escala con el Ejército y la Policía para desmantelar a los bastiones criminales de Los Lobos en sectores clave del cantón, que limita con la provincia de El Oro. Un oficial de Inteligencia alega que el asesinato fue en represalia por el arresto a finales de marzo de Vicente Angulo, conocido como Comandante Vicente, uno de los cabecillas de Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez.

Angulo era un prófugo acusado de crimen organizado, y estaba enjuiciado junto con otros cinco miembros de la banda. Jugó un papel vital en la extorsión a los mineros, según los informes de inteligencia, mientras coordinaba el envío de explosivos y armas contrabandeadas desde el sur a otras provincias del país donde la banda ha aumentado su presencia.

El antecesor de Sánchez como alcalde, Baldor Bermeo, también fue atacado en febrero de 2023 por sicarios contratados que lo hirieron gravemente con disparos. Este no fue el primer intento: un año antes, un ataque a una mina, propiedad de Bermeo, dejó tres muertos y cinco heridos.

Todos estos actos de violencia extrema han escalado desde 2023, ya que las fuerzas armadas de Ecuador han golpeado a Los Lobos en una serie de redadas, incautando armas en Camilo Ponce Enríquez.

Dos días después del asesinato de Sánchez, sospechosos en motocicletas dispararon y mataron a Jorge Maldonado, alcalde del cercano cantón de Portovelo, en El Oro. Maldonado era un empresario minero y tenía intereses en al menos dos minas de oro en cantones de la provincia de Azuay. Con una tradición minera que se remonta al siglo XIX, Portovelo es un centro de procesamiento y refinación de oro, pero también de lavado de oro extraído ilegalmente.

El oro, un recurso poderoso para lavar dinero

Zeballos dijo que el oro obtenido ilegalmente se lava a través de empresas pantalla que el estado no puede supervisar ni controlar, pese a las regulaciones contra el lavado de dinero.

En los últimos años, dijo, el oro se ha convertido en la moneda más valiosa en el mundo criminal, dada la increíble facilidad con la que puede introducirse en la economía legítima en todo el mundo. Esta tendencia respalda la teoría, compartida por el experto en seguridad Douglas Farah, presidente de IBI Consultants LLC, de que América Latina está experimentando una tercera ola de delitos transnacionales.

«Se han caracterizado por su capacidad para evolucionar rápidamente, por su naturaleza transnacional, su enfoque en fortalecer su marca y la creación de una red compleja de relaciones e interconexiones entre diferentes entidades criminales», dijo Zeballos.

La silenciosa expansión transnacional de Los Lobos

Advirtió que Los Lobos, banda vinculada al poderoso cártel Jalisco Nueva Generación de México, no solo está diversificando rápidamente su cartera criminal, sino que también está cruzando fronteras nacionales. Hay evidencia de que está activa en Chile, Perú y Colombia, donde sus líderes han formado alianzas con bandas locales y grupos armados, especialmente en áreas fronterizas, agregó.

Los Lobos continúan extrayendo oro de la región de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Según una fuente de inteligencia, transportan el oro unos 1.000 kilómetros al sur, a las localidades de Portovelo y Camilo Ponce Enríquez, donde las refinerías funden el mineral en lingotes de oro de 18 quilates. Según la fuente, los conductores de camiones pagan sobornos para evadir los controles policiales, llevando entre $40.000 y $60.000 por viaje, para extorsionar a las autoridades.

Pero Los Lobos no solo extraen oro de alrededor de 20 minas ilegales; también extorsionan a más de dos docenas de concesiones mineras legales en el cantón de Camilo Ponce Enríquez. Además, imponen una tarifa de entre $300 y $900 a cada minero ilegal que quiera trabajar, en forma de «participación». Todas estas actividades criminales le reportan a Los Lobos un estimado de $3.6 millones al mes, o $43.2 millones de dólares al año, según los números citados en los informes de inteligencia compartidos con nosotros.

De vuelta en los límites del Parque Nacional Podocarpus, la vida en la comunidad shuar de Kiim continúa su ritmo bucólico. Por la tarde, las familias se bañan en las aguas frescas del río que da nombre a su comunidad, que fluye desde la cresta alta detrás del pueblo. Todavía está limpio, a diferencia del río Yacuambi que ha sido contaminado por los desechos de la minería ilegal, y marca la entrada a la comunidad indígena conectada a una carretera principal.

Para Tiwi, cuyo nombre Shuar, Kiro, significa «una rana cuyo canto anuncia la lluvia», la minería ilegal no solo contamina el agua de su río, sino también su forma de vida tradicional, que alguna vez estuvo libre del abuso de drogas y alcohol y de la influencia negativa de los forasteros que ofrecen dinero para explotar sus tierras.

Consciente del riesgo existencial, Tiwi dijo que todo lo que puede hacer es enfrentarse a la minería e intentar reforzar la identidad cultural de los Shuar. No hacer nada, dijo, significaría el fin de su cultura.

«Tengo a mi esposa y mis hijos, no quiero perder mi vida, tengo que luchar por ellos», dijo.

 

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-El financiamiento de la investigación para esta historia provino del Fondo de Periodismo Amazónico del Centro Pulitzer. El presupuesto para el viaje al Parque Nacional Podocarpus provino de Conservation Global.

 

“Cuando llegué ahí estaba ella, y me dice: Viejo, venga, tenemos que evacuarnos ahora mismo, pasaron los armados en un bote diciendo que salgamos lo más rápido porque viene la balacera de lado a lado y una bala puede jodernos’… Tanto que hemos trabajado pa’ tener que dejar todo botado… me da mucho sentimiento”.

*Foto de apertura: cuadro elaborado para este proyecto por el pintor Siekopai, Wilfrido Lusitande

Alianza transfronteriza  Vistazo – Código Vidrio – Ojo Público

Por María Belén Arroyo y Arturo Torres

El dramático testimonio de una indígena del pueblo Siona en Ecuador fue recogido a mediados de septiembre de 2023 por una organización de derechos humanos que trabaja en la zona. Se trata de un ciudadano Siona que denunció el impacto que vive este pueblo ante el rápido y violento avance de grupos armados del narcotráfico que operan en esta parte del territorio indígena, en la frontera amazónica que comparten Ecuador (Sucumbíos) y Colombia (Putumayo). Los ataques y amenazas se han incrementado desde que las bandas vinculadas al tráfico de drogas se disputan el control del territorio.

Los atentados y hechos de violencia de septiembre afectaron a 164 personas en el lado de Colombia. La autoridad política de Ecuador en esta frontera recibió información sobre enfrentamientos y el avance de los actores armados hacia centros poblados. Unos recibieron la orden de evacuar. Otros, por el contrario, fueron obligados al confinamiento y se restringió su derecho a la libre movilidad, ya que la ruta de movilización fluvial fue suspendida.

En esta zona opera el grupo armado denominado Comandos de la Frontera, que se disputa el control con la otra organización criminal, Frente Carolina Ramírez. Ambos se formaron luego de la desmovilización de las FARC (tras el acuerdo de paz del 2016) y están integrados por sus disidentes. Diferentes líderes locales en la frontera señalan que ambos bandos amenazan al pueblo indígena amazónico Siona, tanto en Colombia como en Ecuador.

El pueblo Siona habita en ambos lados de la frontera amazónica. En Ecuador su población se estima entre 350 y 400 habitantes, asentados en tres comunidades: Puerto Bolívar, Bi’aña y Orahuëaya. Hacia Colombia, se estima que son más de 1.800 personas que viven a orillas de los ríos Putumayo, Piñuña Blanco y Cuehembí, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo (provincia de Putumayo).

Peligro de extinción

“Parecemos mendigos, estando en nuestra misma tierra … la gente no puede circular bien, no podemos ir a nuestras casas ceremoniales, no podemos ir a pescar, a la cacería… nos da miedo salir”. 

Un indígena Siona, que vive en el extremo norte de Ecuador, relató así a un equipo de la Defensoría del Pueblo de este país los problemas que afectan a su pueblo indígena. En su alerta, esta entidad señala que los siona se encuentran en “inminente riesgo de exterminio”. Y aunque el documento data de enero de 2019, hasta ahora no se había hecho público.

El informe del equipo de la Defensoría sustenta a su vez el pedido para la adopción de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El documento de 30 páginas, de febrero de 2019, fue obtenido por esta alianza, a través de un pedido de información.

El pueblo amazónico Siona se encuentra, por el lado ecuatoriano, en la provincia de Sucumbíos, la cual a su vez limita con Colombia y Perú. El río Putumayo separa Ecuador y Colombia, pero para el pueblo Siona es un puente, más que un límite. 

Los Siona de Ecuador y Colombia comparten problemas: la amenaza de organizaciones narcodelictivas, articuladas con grupos de minería ilegal; la presencia de grupos que deforestan y tienen un efecto destructivo sobre la selva amazónica, además, las actividades extractivas.  

Una de las comunidades más afectadas en el lado ecuatoriano ocupa un territorio de 2.400 hectáreas, en la ribera del río Putumayo, donde viven unas cien personas. El nombre se omite para precautelar la vida e integridad de sus miembros, pues han recibido amenazas de muerte. 

A inicios de 2019, miembros del grupo narcodelictivo La Mafia llegaron armados hasta una casa en la zona. Informaron a esa familia que iban a matar a las autoridades locales que se opusieran a la siembra de hoja de coca. 

“Estamos pelando los dirigentes que están en contra y no dejen sembrar”. Ésta habría sido la advertencia, según recoge el documento de la Defensoría del Pueblo. 

Todo lo anterior contrasta con la versión policial, que relativiza la existencia de plantaciones de hoja de coca en Ecuador.

El 23 de marzo de este año, la Policía respondió a un requerimiento de esta alianza, sobre el número de hectáreas de hoja de coca destruidas. “No se han determinado cultivos consolidados en el territorio nacional, sin embargo, existen plantaciones silvestres, endémicas de la zona que han sido cuantificadas por el número de plantas destruidas, ya que no se abarca la cuantificación de hectáreas”. Según el reporte de la Policía, entre 2021 y 2023 se destruyeron 31.585 plantas de hoja de coca en la zona amazónica. Esta cantidad no sumaría ni una hectárea de cultivo, puesto que, según la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, los cultivos de coca tienen entre 50 mil y 100 mil plantas por hectárea.

Un agente de Inteligencia explicó que desde 2019 alrededor de 30 plantaciones de hoja de coca, de entre 2 y 5 hectáreas de superficie, fueron erradicadas por los militares.

El marco legal vigente determina que el control de las franjas de frontera está en manos del Ejército. Sin embargo, por la violencia detonada a inicios de enero de 2024, el decreto presidencial 111 también involucró a estos uniformados en el control interno, a partir de la declaratoria de conflicto armado no internacional.

https://www.vistazo.com/politica/nacional/grupos-terroristas-del-ecuador-se-han-convertido-en-objetivos-militares-no-vamos-a-retroceder-ni-a-negociar-MA6604608

No hay estudios locales que establezcan la correlación entre hectáreas deforestadas en la Amazonía y área de cultivo de hoja de coca. En la provincia de Sucumbíos creció la tasa de deforestación, pasando de 6.824 hectáreas en el período 2018 – 2020, a 9.146 hectáreas en el lapso comprendido entre 2020 y 2022, según la información enviada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a pedido de esta alianza. Sucumbíos es la segunda provincia de la Amazonía ecuatoriana con mayor tasa de deforestación. Entre 2020 y 2022, la deforestación bruta promedio en Ecuador es 95.570 hectáreas por año. Es la segunda cifra más alta desde 2008, según los datos entregados por ese Ministerio.

El pueblo amazónico que denunció hostigamiento por parte de grupos narcodelictivos afirma que está en peligro la especie arborífera del Yagé, que tiene un significado ritual.

Esclavizados por la siembra y el raspado de la hoja

Según el informe de verificación in situ de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana, en el territorio Siona, desde 2017 se mantenían actividades de reclutamiento de jóvenes, “mediante incentivos económico, para la siembra y raspado de coca o actividades de control militar”. La oferta mensual oscilaba entre 1,5 y 2 millones de pesos. Esto representa, al tipo de cambio actual, unos 520 dólares por mes. El documento también relata el caso de cuatro niños y adolescentes reclutados por la fuerza. Quienes recolectan la hoja de coca son conocidos como “raspachines”, localmente.

A las familias residentes en esta comunidad les ofrecían un pago: unos 4 millones de pesos (cerca de mil dólares, al tipo de cambio vigente) para sembrar y cosechar hoja de coca, “luego de lo cual la familia debe obligatoriamente vender la producción al grupo que le entregó el dinero”, según el documento defensorial que pide medidas cautelares a CIDH. 

La población, según la denuncia, quedaba en estado de vulnerabilidad extrema. “En caso de que la siembra se dañe, la persona está obligada a devolver la plata, teniendo que trabajar con los grupos, en las actividades y por el período que ellos definan”.

Para la fecha de la investigación defensorial, La Mafia y las exFARC mantenían un acuerdo. La primera compraba de manera directa la coca y pagaba un impuesto a la segunda, para transitar por la zona. 

Actualmente el actor armado predominante en la zona es el grupo de los Comandos de la Frontera, CDF, en pugna con el Frente Carolina Ramírez.

De acuerdo con el pedido de medidas cautelares a la CIDH, “Grupos armados estructurados por exmiembros de las FARC operan y atraviesan de manera indistinta los territorios indígenas a ambos lados de la frontera, provocando, entre otros impactos, constantes hostigamientos, amenazas y ataques contra la población y de manera particular, contra sus líderes más representativos”.

El documento recoge la encrucijada de estos pobladores, quienes viven en medio de dos frentes. Atemorizados por los grupos armados irregulares, que imponen medidas que les obligan a adoptar sus códigos de comportamiento, que incluyen pena de muerte para quienes se resistan. Y acorralados por la fuerza pública, que les acusa de colaborar con los irregulares.

El reporte defensorial relieva que mientras se realizaba la investigación de campo, murió uno de los sabios ancianos, agobiado por el cierre de una fuente de agua, que tenía un valor sagrado para ese pueblo. También enfatiza que las actividades extractivas de petróleo ponen en peligro a la sobrevivencia de los Siona.

La CIDH había dictado medidas cautelares a favor del pueblo Siona, ubicado en el territorio de Colombia, en julio de 2018. Esto no evitó, sin embargo, el ataque de septiembre de 2023 en el lado ecuatoriano. Defensores de derechos humanos explicaron fuera de grabación que el riesgo es inminente para este pueblo.

Cultivos, laboratorios y minería ilegal

Desde enero hasta abril de 2024, militares desmantelaron al menos siete hectáreas de sembríos de hoja de coca en la provincia de Sucumbíos, según informó un agente de Inteligencia a esta alianza. En los primeros meses del año, dos laboratorios de procesamiento de pasta base fueron destruidos, en la misma zona. También se desmontó una refinería artesanal. Según este investigador, los grupos irregulares están “desesperados” por acceder a gasolina para procesar la hoja de coca.

“El procesamiento de la hoja de coca consta de dos etapas: la primera, en la que se transforma la hoja en pasta básica de cocaína (PBC); y la segunda, en la que se cristaliza la PBC para obtener clorhidrato de cocaína. En la primera etapa, la hoja se combina con ácido sulfúrico, carbonato de sodio y kerosene en una poza de maceración para extraer el alcaloide de la planta y concentrarlo en la PBC. La PBC es más fácil de transportar que la hoja, su producción es relativamente económica”, según un informe de Policía. “Para cristalizar la PBC y obtener clorhidrato de cocaína, es necesario procesarla con técnicas y sustancias específicas, como ácido sulfúrico, permanganato de potasio, acetona y ácido clorhídrico. Se utilizan diferentes equipos, como hornos microondas y prensas, por la complejidad de este proceso, la cristalización a menudo no se lleva a cabo en las cuencas cocaleras, sino en ciudades grandes”, detalla el documento.

Los investigadores atribuyen a los Comandos de la Frontera (CDF), un grupo armado colombiano escindido del Frente 48 de las FARC, el control de la mayoría de laboratorios y cristalizaderos en el cordón fronterizo entre Putumayo y Sucumbíos, así como del cobro de extorsiones y vacunas a los campesinos que siembran la hoja de coca. Los últimos años esta estructura criminal de formación militar tuvo un vertiginoso crecimiento, que va de la mano con la diversificación de su portafolio criminal. Éste incluye actividades de minería ilegal no solo en Sucumbíos sino en otra provincia amazónica, Orellana, limítrofe con Perú.

El grupo de los CDF tiene vasos comunicantes con Los Lobos -que también operan en Perú- y esporádicamente con los Choneros, brazos delictivos locales, con los cuales intervienen en minería ilegal. Además estas bandas aprovisionan a los CDF de gasolina y combustible para procesar la hoja de coca, según coinciden dos de lo investigadores entrevistados para este informe. 

https://www.vistazo.com/actualidad/internacional/detienen-a-presunto-sicario-de-la-banda-ecuatoriana-los-lobos-en-peru-estaba-a-punto-de-cometer-un-asesinato-ED5757677

El 22 de marzo de 2024, un militar que hacía labores de inteligencia en Barranca Bermeja, cantón Cascales provincia de Sucumbíos, murió durante la emboscada de un grupo de 15 hombres armados. Las autoridades presumen que se trataba del grupo CDF, que protegía a uno de sus altos cuadros, reveló uno de los agentes. 

El cabo segundo Daniel Valencia ofrendó su vida “en cumplimiento del sagrado juramento de defender a sus conciudadanos y a su Patria”, afirmó el Ejército. Realizaba labores de inteligencia en búsqueda de nexos entre los CDF y otras actividades ilegales.

https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/un-soldado-ecuatoriano-fallecio-tras-ser-emboscado-por-mas-de-una-decena-de-sujetos-armados-en-sucumbios-FX7055733

En una operación de seguimiento, el Ejército llegó hasta la provincia de Orellana, y desmanteló una zona de minería ilegal. El  grupo delictivo respondió con armas de fuego y uno de los irregulares falleció.

https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/ejercito-abate-a-un-sujeto-en-operacion-contra-la-mineria-ilegal-en-orellana-ED7104611

 Actores armados, alianzas y conflictos

Unas 30 mil hectáreas tienen cultivos de hoja de coca en el territorio colombiano del Putumayo, en la región amazónica. En Nariño, que colinda con las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Carchi, hay aproximadamente 45 mil hectáreas con sembradíos de hoja de coca, según informes en poder de esta alianza.

“Es una zona delicada. El problema que tiene Colombia en la frontera con los disidentes de las FARC, en Nariño y Putumayo, es complejo. Al no tener el componente ideológico, los actores armados han transformado su accionar en un tema delincuencial vinculado al narcotráfico”, explicó en entrevista para esta alianza el general Fernando Adatty, comandante general del Ejército ecuatoriano.

Ecuador por el control de Fuerzas Armadas y el Ejército, en la frontera,  ha logrado frenar la existencia de sembríos. Sí hay laboratorios y ahora se incrementa un mecanismo adicional para financiar su actividad delictiva, la minería ilegal, agregó.

El alto oficial explicó la complejidad de la tarea asignada al Ejército, “Se le encargaron responsabilidades que otras funciones del Estado no cumplieron”, dijo en entrevista.

El jefe del Ejército confirmó que “estos grupos narcodelictivos están buscando adueñarse del recurso minero y financiar sus actividades”.

“Hay laboratorios, inclusive se han encontrado cristalizaderos. Son grupos armados que extorsionan a mineros ilegales, les tienen que pagar vacuna, peaje o parte de sus ingresos a los ilegales”.

Explicó que “Hay zonas y grupos relacionados con Lobos y con Choneros, a veces disputan el territorio. A veces llegan a acuerdos con estos grupos para mantener el control, dependiendo de los cabecillas, hay acuerdos o hay disputas”.

Según pudo identificar esta alianza, el grupo CDF se unió desde 2021 a las FARC-Segunda Marquetalia. Este es el grupo narcoterrorista conformado por guerrilleros que se negaron a entregar las armas. Su cabecilla: Iván Márquez. 

El coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército, explicó que CDF trabaja para el Comando Vermelho. “Cuidan los diferentes corredores en territorio ecuatoriano”. Pazmiño califica a Comando Vermelho como una “protomafia”, una estructura con capacidad superior a un cartel, que en algún momento se puede convertir en una mafia.

CDF está involucrado en toda la cadena del narcotráfico, en Putumayo y Sucumbíos. Inicialmente se encargaban de la protección a los cultivos y cristalizaderos, mientras que su socio La Constru está a cargo los contactos internacionales para negociar los cargamentos, según informó un agente investigador.

El grupo CDF mantiene disputas con el Frente Primero Carolina Ramírez, que opera desde Cabo Pantoja, una localidad peruana de Loreto ubicada a orillas del río Napo, en la desembocadura del río Aguarico, cerca de la frontera con Ecuador. En esta región, al sur oriente de Ecuador y Colombia, también hay complejos de laboratorios donde se procesa la droga que es negociada con carteles brasileños.

“Contesta, mal parido. Triple htp. Sigue hablando y te callamos”. Éste es el texto de la amenaza que recibió Rommel Esteban Pérez, hoy desempleado, que denunció un esquema de cobros indebidos por parte del círculo cercano de la vicepresidenta Verónica Abad. Esto dio origen al caso Nene, expediente fiscal que por indicios de posible participación de esa alta autoridad, se trasladó por fuero de corte a la Corte Nacional de Justicia. Este viernes 14 de junio, la Asamblea se alista a conocer el caso y pronunciarse sobre la situación de Abad.

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El denunciante Rommel Esteban Pérez recibió también una amenaza previa. En ella, quienes buscan intimidarle describen la ubicación de sus familiares queridos y le exhortan a callarse, para salvaguardar su integridad.

Pérez vivía en Guayaquil y se vinculó a la campaña para la candidatura de Abad a la Alcaldía de Cuenca. El proceso electoral se realizó en febrero de 2023.

Por sus servicios debía recibir 1.500 dólares pero recibió algo menos del 50 por ciento. Se unió a otros excolaboradores para iniciar una acción judicial, tras lo cual el grupo recibió diez mil dólares para subsanar las obligaciones pendientes.

Según su versión, dos días después de su elección, Abad lo contactó para integrar el círculo de funcionarios en la Vicepresidencia.

Un mes antes de la posesión, en diálogos por chat, Abad le habría recomendado conversar con “Daniel”. Se trataría de Daniel Redrován Palomeque, quien a pesar de no tener nombramiento en esa entidad habría decidido, desde el hotel Marriot, sobre contrataciones y sueldos.

El ocho de diciembre de 2023, hacia las 20h30, en ese hotel se habría producido la reunión en la cual se habría pactado el esquema de pagos. En inicio, Pérez habría aceptado recibir 1.500 dólares de sueldo y entregar 1.700 dólares a sus interlocutores, cada mes. Se trataría del hijo de la vicepresidenta, Sebastián Barreiro, y del asesor político de la segunda mandataria, Daniel Redrován.

Barreiro, según su registro laboral, trabajó en la Gobernación del Azuay entre 2021 y 2023, con un sueldo de 1.154 dólares. También consta que laboró en la Defensoría Pública.

En cambio Redrován, según sus registros de identidad, tiene una discapacidad. Según conoció esta alianza extraoficialmente, salió desde Perú hacia Israel, sin registros de que haya regresado al país.

Los pagos y la letra de cambio

Según la denuncia, por tener que trasladarse de ciudad, ya que el cargo se localizaba en Quito, Pérez no pudo cumplir el acuerdo y entregar el pago. Pero había firmado una letra de cambio por más de 30 mil dólares en garantía. Se trasladó inclusive hacia Cuenca, en procura de obtener ese documento de vuelta, para poder salir del país, ya que con los cambios administrativos en la Vicepresidencia se había quedado sin el puesto de trabajo.

En este contexto, mantuvo un diálogo con el hijo de la Vicepresidenta, en el cual se mencionan las negociaciones para el pago. La pericia confirma la veracidad del diálogo, y consta en el proceso judicial. Aquí un extracto:

-Rommel Esteban Pérez: Serían 1.300 de diciembre y 1.300 de enero, serian 2.600.

-Sebastián Barreiro: Simón

-Pérez: Ya, y no me puedes ayudar con algo (pide una rebaja, argumenta que no tiene plata por gastos imprevistos de movilización de ciudad).

-Barreiro: Y cuánto es algo… Sabes qué con unos 2.100, ya.

-Pérez: 2.100 tengo que darte y me quedo con 500.

-Barreiro: Simón, simón, para que estés fresco, ya mi cholo.

Nuevos nombres de figuras políticas salen a la luz, en medio de la investigación por supuesta concusión que salpica a la vicepresidenta, María Verónica Abad Rodas. Esta vez se trata del exasambleísta por Santo Domingo, Gruber Zambrano. A su nombre está registrado el alquiler de la suite en el hotel donde se negoció el pago indebido. El exlegislador negó vinculación alguna, y dice que puede ser un error o una falsificación de su firma en el contrato de arrendamiento de la suite. El denunciante de los cobros a cambio del nombramiento ha recibido amenazas contra su vida, desde un número de Colombia. El brazo derecho de la Vicepresidenta, Daniel Redrován Palomeque -sin nombramiento en esa entidad- habría salido hacia Israel desde Perú. Era quien decidía todo en la Vicepresidencia: un factótum sin cargo. Y según la investigación conocía de los pagos indebidos, al igual que el hijo de Abad.

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No rindió su versión en el caso “Nene”, diligencia para la cual estuvo citada para este jueves 13 de junio, por vía telemática. El dedo acusador de Fiscalía apunta hacia la Vicepresidenta de la República, por “elementos que permiten inferir de manera lógica la elevada probabilidad de la participación de María Verónica Abad Rodas”, en los hechos investigados.

Su brazo derecho, Daniel Redrován Palomeque, no tenía funciones oficiales en la Vicepresidencia, pero era quien tomaba las decisiones cruciales en esa entidad. En diciembre, Redrován viajó hacia Tel Aviv (Israel), pero no lo habría hecho desde Ecuador, sino desde Perú, porque tenía prohibición de dejar el país por una causa judicial en su contra, según conoció esta alianza.

Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, hijo de la Vicepresidenta, habrían tenido conocimiento de los cobros indebidos a cambio de cargos públicos, según la investigación fiscal que sustenta el caso Nene. El proceso penal buscará esclarecer si estos hechos fueron conocidos por la segunda mandataria. Ella ha insistido en que no estaba al tanto, y afirmó que es víctima de persecución política, en una coyuntura en la cual el Presidente en funciones se niega a encargarle el poder, mientras actúa en campaña hacia las elecciones generales de 2025.

Mientras la Asamblea se apresta a conocer el caso, nuevos elementos surgen en la investigación fiscal.

Un exlegislador. Según el expediente, la negociación del pago irregular a cambio del puesto público se realizó en el hotel Marriot, de Quito, el 8 de diciembre de 2023, alrededor de las 20h30. Una pericia confirmó que tres personas estuvieron en el sitio: el denunciante Rommel Esteban Pérez, y por la parte contratante, Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, ninguno de los dos tenía relación laboral con la Vicepresidencia de la República.

El contrato de arrendamiento de dos suites en el Marriot está a nombre de Gruber Zambrano Azua, quien fue legislador en el período que empezó en 2021. Zambrano llegó por el Partido Social Cristiano y a inicios de junio de ese año se desvinculó de esa tienda política. Posteriormente fue independiente. También fue gobernador de Santo Domingo de los Tsáchilas en el gobierno de Guillermo Lasso.

El fiscal Leonardo Alarcón le convocó a explicar las razones por las cuales el arrendamiento de la suite consta a su nombre, al igual que la factura. A través de su abogado, Zambrano explicó que como asambleísta arrendó suites en el hotel Marriot por tratarse de un lugar seguro, ya que durante su estadía en Quito residió en ese lugar. Refirió que, al verla en el aeropuerto, sugirió a la Vicepresidenta electa alojarse en ese lugar. E insistió en que por un error o por una falsificación, el alquiler de la suite seguiría constando a su nombre.

El valor mensual del alquiler de dos suites se acerca a los tres mil dólares y está impago, según la administración del hotel. El administrador comentó que con regularidad había visto a la Vicepresidenta, en esas instalaciones. Según coincidieron varios exfuncionarios de esa entidad, ese hotel era el centro de operaciones, y en ocasiones estaba presente en lar reuniones la Vicepresidenta.

Pero, ¿qué inculparía a la Vicepresidenta?

1. La versión de Rommel Esteban Pérez, el denunciante. Según su declaración, la propia Vicepresidenta electa lo llamó 48 horas después del triunfo en urnas, para pedirle que se vinculara a su grupo cercano de colaboradores en esa institución. Él había trabajado con el equipo de campaña de Abad para la Alcaldía de Cuenca, en labores relacionadas a comunicación social. Las elecciones seccionales se realizaron en febrero de 2023. A Pérez se le había ofrecido un pago de 1.500 dólares por su trabajo. De ese monto recibió menos de la mitad; se unió al grupo de excolaboradores impagos, quienes a través de un proceso judicial obtuvieron la cancelación de sus haberes. El denunciante reveló que le llamó la atención que la misma Vicepresidenta electa lo convocara a colaborar, tomando en cuenta el antecedente de la acción judicial interpuesta para que cancelaran los honorarios a todo el grupo de la campaña seccional de 2023. Ella le habría insistido en que requería funcionarios de mucha confianza.
2. Desde Barcelona, donde reside desde febrero de 2024, el exsecretario general de la Vicepresidencia, Marco Polo Molina, afirmó en su versión que quien dispuso el ingreso de Rommel Esteban Pérez a esa entidad fue “la señora vicepresidenta Verónica Abad”. Esto, a pesar de que el contratado no tenía el perfil profesional idóneo para el cargo de coordinador general de comunicación, pues tiene apenas título de bachiller.
3. De conversaciones telefónicas extraídas del celular del denunciante, se extraen diálogos con la propia Vicepresidenta electa. El 24 de octubre de 2023, un mes antes de la posesión, ella le habría mensajeado: “Estebitan , estamos en reunión, Daniel ya te hablará para proponerte y saber si estás de acuerdo”. Menciona la necesidad de establecer condiciones claras para no tener problemas. El contexto de la investigación afirma que “Daniel” era su brazo derecho en la Vicepresidencia, Daniel Palomeque, a quien exfuncionarios identifican como su asesor político.
4. Una exfuncionaria de Vicepresidencia mencionó que el hijo de la segunda mandataria preguntaba detalles internos del funcionamiento de la entidad y averiguaba datos sobre el fondo rotativo para reposición de viajes. En su versión ante Fiscalía, ella reconoció que le observó sobre lo inadecuado de esas preguntas, pero asumió que él averiguaba esos datos para agilitar trámites, en nombre de su madre.
5. De acuerdo con versiones de otros exfuncionarios, tanto el hijo de la VP como su esposa dictaminaban los lineamientos de la política de comunicación en esa entidad, sin tener cargo ni nombramiento.
6. La influencia del círculo íntimo de la VP, su hijo Sebastián, su nuera y su “asesor político”, en el manejo de la Vicepresidencia es parte de la investigación. De hecho, en una reunión con la Embajada de China participó su hijo, su asesor Daniel Redrován. Los diplomáticos de ese país, inclusive, les regalaron un presente, según la versión del exsecretario.

Las organizaciones criminales han convertido a la Amazonía andina en un territorio en disputa debido a la débil presencia del Estado: asesinan líderes indígenas e invaden sus territorios y áreas protegidas. Y aunque los cultivos ilegales de hoja de coca no son la principal causa de la deforestación, entre el 2018 y 2022, su incremento en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú ha sido alarmante. Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, con sus socios La Silla Vacía, Vistazo, Código Vidrio y El Deber, expone cómo la reconfiguración de los poderes criminales está transformando el mapa de la droga en la región y expandiendo el control en la selva baja.

Con la colaboración de Iván Paredes (en Bolivia)

A más de 3.730 metros de altitud, en Oruro, las autoridades de Bolivia hallaron en enero de este año lo que puede ser una de las incautaciones de droga más grande y sofisticada de estos tiempos: 8,7 toneladas de cocaína impregnadas como barniz en  miles de tablones de madera que iban a transitar primero a Chile y luego Panamá, para llegar después llegar a Bélgica y finalmente a Países Bajos.

Este decomiso muestra el auge del tráfico de drogas en la región, que ahora tiene como principal foco de disputa el territorio amazónico. Mientras el Perú, Colombia y Bolivia continúan siendo el epicentro de la producción de cocaína en el mundo y Ecuador dejó de ser una zona de tránsito para convertirse en el centro de la distribución, las mafias del narcotráfico han puesto su atención en la invasión de tierras indígenas y bosques amazónicos para extender la frontera de la hoja de coca ilegal.

Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, con sus socios La Silla Vacía en Colombia, Vistazo en Ecuador y El Deber en Bolivia, identifica que la reconfiguración de las organizaciones criminales está modificando el mapa de la droga, expandiendo los cultivos ilegales de hoja de coca en áreas protegidas.

Solo entre 2018 y 2022, según cifras oficiales, la deforestación en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú superó el millón de hectáreas. Pero la situación más alarmante se presentó en Bolivia, donde la pérdida de bosques alcanzó, solo el 2023, más de 696 mil hectáreas, que representa un aumentó del 27 % respecto al año anterior, según los reportes de Global Forest Watch.

Gran parte de esta destrucción está relacionada al avance de las plantaciones de coca sobre suelos de bosques. El análisis de datos espaciales y estadísticos realizado por el equipo de OjoPúblico revela que en Perú, el 64% de la deforestación (356 mil hectáreas) correspondió a zonas de la Amazonía donde los cultivos de coca se han acentuado.

Acelerados por la innovación genética, la tecnificación de recursos, el empoderamiento de actores criminales internacionales que han tomado el control de las plantaciones y de las rutas hacia Brasil, se ha impuesto un nuevo orden en el mercado de la coca en medio una crisis que atraviesa el precio de la hoja de coca en Colombia.

 El nuevo orden territorial del crimen

Las zonas de la Amazonía en donde los últimos años se están extendiendo los cultivos de hoja de coca son las localidades ubicadas en las fronteras. Así ocurre en la frontera de Perú con Colombia y Brasil, en la denominada triple frontera: las plantaciones crecen en las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí. Pero también ocurre hacia el sur, en la frontera de Perú con el estado de Acre (Brasil), y en los límites de Bolivia con Perú y Brasil. Y se repite, en el norte, en la frontera de Ecuador con Colombia.

En la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, límite con la provincia colombiana del Putumayo y la provincia peruana del mismo nombre, la deforestación pasó de 6.824 hectáreas en 2020, a 9.146 hectáreas en 2022, lo que representa un incremento del 34%. Es la segunda provincia de la Amazonía ecuatoriana con mayor pérdida de bosques. En primer lugar se ubica Morona Santiago, también frontera con Perú, con 9.828 hectáreas deforestadas el 2022.

Desde las riberas de los ríos  Putumayo, que atraviesa  Brasil, Colombia y Perú, y Yavarí, que separa Perú de Brasil; hasta las fronteras de Perú con Bolivia y Brasil, los cultivos de hoja de coca se extienden en Ecuador, Perú y Bolivia impulsados por grupos criminales que captan y muchas otras veces, invaden los territorios de las comunidades indígenas para forzarlos a sembrar coca.

El avance de los cultivos coincide con el fortalecimiento de seis grupos criminales que tienen el control territorial de estas fronteras amazónicas: Primer Comando Capital y el Comando Vermelho (de Brasil, con influencia y presencia en Perú), Comando de la Frontera y Frente Carolina Ramirez (de Colombia, con influencia y presencia en Ecuador y Perú), y Los Lobos y Los Choneros (de Ecuador, con presencia en Perú).

Variación de hoja de coca en la Amazonia (2021-2022)

 

En Perú, entre 2018 y 2022, la superficie cultivada de hoja de coca se incrementó en los distritos amazónicos de la frontera con Colombia, Brasil y Bolivia, principalmente, en las regiones Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

De este grupo, el aumento más elevado de cultivo de hoja de coca se registró en el sector conocido como Callería, Ucayali. Sobre esta área, el incremento fue de más de siete veces: entre 2018 y 2022 pasaron de 1.047 a 7.846 hectáreas.

En el mismo tiempo, en la zona conocida como Bajo Amazonas –que corresponde a la frontera peruana con Colombia y Brasil, entre las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí– los cultivos aumentaron cuatro veces: pasaron de 277 a 1.211 hectáreas. Una situación similar se registra en Sandia, en la frontera con Bolivia.

Los datos de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) de Bolivia a los que se accedieron para esta investigación confirman que Sandia es uno de los puntos de inicio del tráfico de coca desde Perú hacia Bolivia, en las localidades de Palmeras y Miraflores.

En los últimos años, también se ha incrementado el decomiso de cocaína en territorio amazónico. Entre 2018 y 2023, según los datos de la Dirección Antidrogas de la Policía a los que OjoPúblico tuvo acceso, en los distritos de Callería y Masisea, también en Ucayali frontera con Brasil –donde las investigaciones apuntan a la presencia del Comando Vermelho– se triplicó la incautación de Pasta Básica de Cocaína (PBC). En 2018 se confiscó 100 gramos de cocaína, y el 2023 la cifra superó los 14 kilos.

El informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia identificó al 2023 que el 65% de los cultivos de coca del país se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo. De acuerdo a estas cifras, en 2021, solo la zona del Putumayo albergaba 31.874 hectáreas de coca, pero el 2022 alcanzó las 53.648 hectáreas, lo que representa un aumento del 68%.

En este mismo departamento de la frontera con Perú y Ecuador, la pérdida de bosques representó el 6% (116.427 hectáreas) de toda la deforestación colombiana entre 2013 y 2022, última cifra sobre la que las autoridades tienen registro.

En el departamento colombiano de Nariño, que limita con las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Carchi, en 2022 hubo más de 59.000 hectáreas con sembríos de hoja de coca, según el mismo reporte de la Unodc.

El avance de estos cultivos en Colombia ha sido histórico, y como ocurre en Perú y Bolivia, se da sobre territorios indígenas (18% de tierras afectadas) y áreas naturales protegidas (21%).

La coca en áreas naturales protegidas

En Perú, Colombia y Bolivia, según la información proporcionada por las autoridades, hay penetración de cultivos de hoja de coca sobre áreas protegidas, y junto a estas plantaciones se instalan laboratorios de procesamiento de cocaína y pistas de aterrizaje clandestinas usadas para el transporte de droga.

En Bolivia, la siembra se ha registrado en 6 de las 23 áreas protegidas nacionales y 4 de estas se encuentran en la Amazonía. En los seis parques hay un total de 435 hectáreas de coca, con un leve descenso respecto a 2021, cuando se llegó a 452 hectáreas. El caso más crítico es el del Parque Nacional Carrasco, ya que alberga el 51% de los cultivos de coca en áreas protegidas, con 224 hectáreas.

A diferencia de lo que ocurre en Colombia y Perú, hasta octubre del 2023, según las cifras recogidaspor la Unodc para Bolivia, el cultivo de hoja de coca disminuyó entre 2021 y 2022. Esta caída también se reflejó en zonas amazónicas.

En Perú, la superficie de coca sobre áreas naturales protegidas alcanzó el 16% de las 95.008 hectáreas monitoreadas en 2022. De este grupo, la mayor parte (39,4%) se concentró en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, con 277 hectáreas cultivadas.

Por su parte, en Colombia el 49% de los cultivos de coca se encuentran en zonas categorizadas como manejo especial, entre las que se encuentran parques naturales (21%), resguardos indígenas (18%), terrenos de comunidades afrodescendientes (4%) y reservas forestales (2%).

En 2021, un 37% de los cultivos se concentraron en parques de la Amazonía colombiana y un 24% en resguardos de esa región. La Serranía de la Macarena, en Meta, La Reserva Natural Nukak, entre Caquetá y Guaviare, y La Paya en Putumayo, fueron los parques más afectados por la siembra. El 60% de la deforestación en 2022, a su vez, ocurrió en zonas de protección la mayoría del bioma amazónico.

En territorio ecuatoriano, a pesar de la poca información proporcionada por la policía sobre la presencia de plantaciones de hoja de coca, la actividad tiene vínculos e impactos en el pueblo indígena Siona, que vive permanentemente amenazada por grupos de foráneos que invaden sus tierras para el cultivo de coca, indica un informe de la Defensoría del Pueblo de Ecuador al que accedió la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico y que se hace público por primera vez.

Actores criminales

En la cadena productiva del narcotráfico, las plantaciones y la producción de cocaína, así como el control de las rutas, responde a organizaciones criminales multinacionales que tienen presencia en los países de frontera. La Red Transfronteriza de OjoPúblico identificó a dos provenientes de Brasil (Primer Comando Capital y el Comando Vermelho), igual número en Colombia (Comando de la Frontera y Frente Carolina Ramirez) y en Ecuador, las bandas de Los Lobos y Los Choneros.

Las disidencias colombianas detectadas, aunque se enfrentan entre ellas por el control territorial especialmente en el río Putumayo en la frontera con Guaviare y Meta colombianos, como ha reportado La Silla Vacía, tienen relaciones de colaboración con los principales grupos criminales brasileños. Esto hace que la sumatoria del poderío de todos incremente su influencia y alcance territorial a lo largo de este territorio.

Fuentes de seguridad de Ecuador consultadas para esta investigación atribuyen a los Comandos de la Frontera el control de la mayoría de laboratorios y cristalizaderos en el cordón fronterizo entre Putumayo y la región de Sucumbios, así como del cobro de extorsiones y cupos a los campesinos que siembran la hoja de coca.

Este territorio ecuatoriano, según datos policiales de ese país, también es una ruta terrestre para el traslado de cocaína y su salida hacia los puertos de la costa.

Además, como se corroboró en esta investigación, a las familias del pueblo indígena Siona que viven en la frontera con Colombia, estos grupos les ofrecían un pago de 4 millones de pesos colombianos (cerca de mil dólares, al tipo de cambio vigente) por una sola siembra y cosecha de hoja de coca. . “Luego [de esta situación] la familia debe obligatoriamente vender la producción al grupo que le entregó el dinero”, detalla el documento defensorial que, por la gravedad del caso, solicita medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Detrás de las amenazas al pueblo siona en Colombia y Ecuador, de acuerdo a entrevistas con fuentes locales, se encuentran los Comandos de la Frontera, que actualmente están enfrentados con el frente Carolina Ramírez. Estos grupos armados están integrados por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El grupo de los Comando De la Frontera también tiene nexos con el grupo de los Lobos —que operan en Ecuador y Perú— y, en menor medida, con Los Choneros. Además, estas bandas son proveedoras de combustible para que los Comandos de la Frontera puedan procesar la cocaína, coinciden investigadores entrevistados.

Innovación y tecnología: enclaves de la coca 

La producción de droga, a partir de la hoja de coca, ha generado en los últimos años nuevas modalidades y procesos para su posterior envío —desde Sudamérica— a otras latitudes internacionales como Estados Unidos o países de la Unión Europea.

En diferentes visitas realizadas al lado peruano, altos mandos policiales señalaron a OjoPúblico que han identificado más de 100 de laboratorios de producción de droga en territorios cercanos a la provincia del Putumayo. Sin embargo, el poco presupuesto y personal asignado no permite una intervención en estos lugares.

En el caso ecuatoriano, según indicaron fuentes de inteligencia policial, el procesamiento de hoja de coca ocurre en dos niveles. El primero es cuando se produce la pasta básica de cocaína (PBC) y el segundo cuando esta se cristaliza para obtener clorhidrato de cocaína.

“Para cristalizar la PBC y obtener clorhidrato de cocaína, es necesario procesarla con técnicas y sustancias específicas, como ácido sulfúrico, permanganato de potasio, acetona y ácido clorhídrico. Se utilizan diferentes equipos, como hornos microondas y prensas, por la complejidad de este proceso, la cristalización [en Ecuador] a menudo no se lleva a cabo en las cuencas cocaleras, sino en ciudades grandes”, detalla un documento policial al que accedió Vistazo para esta publicación.

LAS ZONAS DE LA AMAZONÍA EN DONDE LOS ÚLTIMOS AÑOS SE ESTÁN EXTENDIENDO LOS CULTIVOS DE HOJA DE COCA SON LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LAS FRONTERAS.

En los últimos cinco años, la Unodc ha identificado en Colombia una nueva dinámica del narcotráfico denominada enclaves, referida a los centros de concentración, tecnificación y mejoramiento de los procesos de la siembra, extracción, producción y comercialización de la droga.

En el caso de la Amazonía, la mayoría de estos lugares se han establecido en la frontera del Río Putumayo para garantizar el ingreso de insumos, así como la salida de la coca y sus derivados. Además, con la caída de las FARC, el control recayó en sus grupos disidentes: el frente Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera.

El impacto de los enclaves, según un especialista de la Unodc entrevistado por La Silla Vacía, es que antes en un departamento como el Putumayo había bosque y en el medio pequeños cultivos de coca que sembraban los campesinos o comunidades indígenas. Pero ahora lo que se ve son enormes hectáreas taladas y deforestadas.

A diferencia de los manchones de coca cultivados de a pocos en años, en los enclaves los grupos arrasan con todo en una sola zona, rompiendo corredores biológicos y el equilibrio de los bosques. El área calculada por este tipo de afectación, según un estudio del 2022 de distintos investigadores, supera los 188.000 kilómetros cuadrados (18’800.000 hectáreas), más que el área total de Corea del Sur.

Este fenómeno ha sido estudiado por la científica Dolors Armenteras, y lo llama el efecto de borde. “Es resultado de unas transiciones que se generan cuando se fragmentan los bosques, es decir, los bordes se crean donde se termina el bosque y empieza un pedazo de tierra con una cobertura totalmente diferente que expone esos bordes a desecación. No retiene la humedad y está más expuesto a especies invasoras y al sol, viento, etcétera”, señala la investigadora en una entrevista con La Silla Vacía.

La dinámica de los precios 

Aunque en el último año se ha hablado mucho de la crisis de la coca en Colombia, el análisis comparado de los precios de la hoja de coca en la región ofrece nuevas luces.

Las cifras oficiales de Perú y Colombia muestran que el costo de la hoja de coca cambia según la localidad y el período revisado. En Colombia no se cuenta con información oficial actualizada, pero –en promedio– La Silla Vacía identificó que se aprecia un aumento en el precio —en moneda local— para el período 2013 a 2018. En este tiempo la hoja de coca pasó de 2.014 pesos colombianos (USD 0,5 al cambio actual) por kilo a 2.250 (USD 0,57).

Este incremento se dio en las zonas colombianas de Putumayo-Caquetá, Corredor Amazónico, Meta-Guaviare y Orinoquía. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos no dispone de datos actuales y actualmente están en un proceso de cambio metodológico debido a las nuevas dinámicas de la coca.

Leonardo Correa, director del Simsi de la Unodc para la Región Andina y Cono Sur, declaró a La Silla Vacía para esta investigación que los precios de la coca y sus derivados se han mantenido estables en los últimos años, si se comparan desde 2005. Sin embargo, esta oficina ha reevaluado su sistema de medición pues ahora el precio es variable dependiendo del lugar donde se consulte. Antes era homogéneo dado el monopolio que tenían las FARC en la zona amazónica.

«SON MENOS LOS CAMPESINOS QUE ESTÁN ACCEDIENDO AL MERCADO PORQUE NO HAY COMPRADORES Y HAY CONFLICTO ENTRE LOS COMPRADORES».

El especialista también advirtió que hay zonas donde los grupos criminales “compiten con precios diferentes” así como grupos de personas que vende el producto barato “para salir rápido” de esa actividad. “Son menos los campesinos que están accediendo al mercado porque no hay compradores y hay conflicto entre los compradores”, explicó.

En Perú, la información oficial y más actualizada indica que el precio promedio nacional de la hoja de coca es de USD 2,14 por kilo. Este valor cambia según la zona. Desde 2020, los distintos montos están divididos en seis puntos: el Corredor Amazónico (Ucayali y amazonía central), el Huallaga, el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el Sur Amazónico, La Convención – Kosñipata y la Triple Frontera. Los tres últimos agregados desde los reportes de hace tres años.

El valor más alto de la hoja de coca se encuentra en el Sur Amazónico (Puno y Madre de Dios)donde alcanza los USD 3,33 por kilo. Mientras que en el caso de la Triple Frontera (Bajo Amazonas y Putumayo) el costo se reduce a USD 2,11 el kilo y en el Corredor Amazónico (Pichis – Palcazú y Aguaytía) el precio cae a USD 1,9 el kilo.

Fuentes del Ministerio del Interior explicaron a OjoPúblico que esta diferencia responde a costos adicionales presentes en la Amazonía como la construcción de pistas de aterrizaje, las avionetas y el pago a otras personas que participan en la producción de la cocaína.

Los valores históricos de la hoja de coca muestran una caída del 52,8% si se comparan las cifras del 2014 con las de mayo del 2023, último período analizado por Devida, entidad del estado peruano que monitorea los cultivos.

Hace una década, el precio superaba los USD 4,54 el kilo pero ahora el costo promedio nacional llega a los USD 2,14. Y esa caída ha sido constante. En 2019 —otro período revisado— el precio llegaba a USD 3,29 por kilo.

Si se revisan los montos por zonas, el precio también tuvo una caída considerable para el caso del Corredor Amazónico peruano. En este lugar, el preció cayó en 55,3% para el período 2013 a 2023. Pasó de USD 4,26 a USD 1,90. En el Huallaga bajó de USD 5,46 a USD 2,11 (caída de 61,3%) y en el Vraem de USD 3,91 a USD 2,01.

Líderes asesinados

Que la amazonía se haya convertido en el nuevo escenario en disputa del narco, no solo invade tierras y deforesta, a su paso, la violencia de los grupos armados que ahora controlan las plantaciones, amenaza y asesina a líderes de pueblos indígenas amazónicos. Entre el 2017 y el 2022, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los municipios de Colombia con cultivos de coca la población civil sufrió 2,8 veces más amenazas y 4,3 veces más homicidios que en los municipios sin presencia de cultivos de coca.

Entre 2021 y 2024, según los registros oficiales, hubo 109 asesinatos de líderes indígenas en Colombia, Ecuador y Perú. En Perú, 10 de los asesinatos se registraron contra líderes que denunciaban la invasión de sus tierras por parte de grupos criminales dedicados al sembrío de coca para el narcotráfico. Una de las últimas víctimas ha sido Benjamín Flores Ríos, del pueblo indígena kakataibo, en la provincia de Atalaya, región Ucayali, muy cerca a la frontera con Brasil.

Colombia, según el último reporte de la organización Global Witness, lidera la lista de países de asesinatos a líderes indígenas con 60 muertes. Esta cifra representa casi el doble de asesinatos registrados en 2021.

En un 84% de la región amazónica los líderes sociales enfrentan riesgos de acuerdo a la Defensoría del Pueblo colombiana. Y una de las causas es la oposición a la siembra de cultivos de coca, especialmente, en el Bajo Putumayo, en la frontera con Ecuador, y en la cuenca del río Caquetá, donde además los Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez  se disputan el control.

En Ecuador, en los últimos años, las muertes de líderes indígenas han estado vinculada a su rechazo a proyectos petroleros y mineros. Entre 2009 y 2014, por lo menos, tres dirigentes amazónicos de ese país fueron asesinados por oponerse a estos sectores. Sin embargo, en febrero de este año, Alberto Quiñónez junto a su sobrino de 12 años —ambos de la comunidad indígena Chachi— murieron al caer a una quebrada luego de que el auto donde viajaban fuera baleado.

El asesinato ocurrió en Esmeraldas, provincia ecuatoriana ubicada en territorio limítrofe con Colombia y amenazada por el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación. En el lado colombiano de esta localidad se encuentran amplios cultivos de hoja de coca.

Aunque los cultivos de hoja de coca no sean la principal causa de la deforestación en la Amazonía andina, sí constituyen una de las actividades que más rápido se están extendiendo, y en muchos casos, como ocurre en Perú y Ecuador, con mucha violencia. Esta nueva configuración del crimen, tras la desmovilización de las FARC y el avance de las organizaciones criminales de Brasil, suponen nuevos desafíos para la protección de los bosques y sus principales defensores, los pueblos indígenas.

Al otro lado, en Colombia, el surgimiento de enclaves altamente tecnificados, como señalan los investigadores, también está dejando por fuera del negocio a muchos pequeños campesinos con procesos más artesanales que dependían de estos ingresos y ahora quedan fuera, generando una severa crisis económica en estas localidades.

El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado tendrá la última palabra. Este jueves, los jueces Maribel Tapia, Esteban Coronel y Lauro Sánchez, conocerán la Acción de Protección interpuesta por una empresa embotelladora de agua para que el Gobierno ordene la caducidad de las tres concesiones mineras, otorgadas en La Maná, Cotopaxi, a la minera Comiange, que habría operado sin licencia ambiental y ha causado graves daños ambientales alertados pero no sancionados por los organismos de control.    

Alianza  Código Vidrio – Vistazo

La compañía Comiange ha causado severos daños ambientales en la zona y ha operado sin contar con licencias ni permisos ambientales. Los últimos años ha trabajado omitiendo las observaciones de organismos de control, que han sido incapaces de frenar sus actividades reñidas con la ley, según se indica en la Acción de Protección, presentada por el abogado Gonzalo Muñoz.

Esto en medio de la inacción de las principales autoridades de los ministerios de Ambiente y Energía así como la Agencia de Regulación y Control (ARCOM), que fueron informados de todas las irregularidades y anomalías en decenas de informes técnicos, emitidos por distintos funcionarios, los últimos ocho años. En este período estuvieron en el poder Rafael Correa, Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa; no obstante, ninguno sancionó en consecuencia a la minera, propiedad de Miguel Angueta Enríquez.

Lo insólito en este caso es que, según los documentos citados en la Acción, la minera ha realizado acciones extractivas de oro sin tener licencias ambientales. Esto ha sido denunciado sistemáticamente por los afectados a los entes de control, que no intervinieron para frenar los supuestos abusos.

Eso ha provocado severas afectaciones a la flora y fauna de esta zona rica en biodiversidad, con bosques primarios y fuentes de agua únicas donde la minera posee las concesiones de pequeña minería Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, que recibió en 2015. Las zonas de explotación se divisan claramente desde el aire como heridas abiertas en medio de la rica y exuberante vegetación de esta región, que conecta a la Sierra con la Costa, y es muy apreciada para actividades agrícolas y ganaderas.

“En este caso se ha demostrado la violación de nuestro derecho a la seguridad jurídica y a los derechos de la naturaleza”, indica la empresa demandante, cuyas instalaciones colindan con las zonas de explotación minera. “La autoridad de la que emanan las omisiones que violan los derechos constitucionales de mi representada son el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y la ARCOM”. Concretamente, sus representantes legales: las ministras Andrea Arrobo Peña y Sade Fritschi Naranjo y Gustavo Tapia Buenaño, director de la Agencia.

Con esos antecedentes, la empresa afectada pidió que el Tribunal declare la violación de sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica y los derechos de la naturaleza, amparados por la Constitución. Y para reparar las violaciones recurrentes los últimos ocho años solicitó que los jueces dispusieran la actuación inmediata de las instituciones públicas demandas, para que cumplan su función de control, ordenando la caducidad de las tres concesiones mineras y la prohibición de ejercer cualquier actividad en el área de influencia del recurso hídrico.

Buscamos la versión de los representantes de la empresa minera pero no respondieron a nuestras llamadas.

Entre las pruebas de las violaciones legales y constitucionales se citan 22 documentos oficiales. Estos incluyen sendos informes técnicos, expedidos por las autoridades de los tres entes demandados, donde, entre otras cosas, se establece que:

-La empresa minera no cuenta con una licencia ambiental para sus actividades en todas sus concesiones.

-No emplea las disposiciones técnicoambientales específicas para actividades de explotación, ni maneja técnicamente los desechos peligrosos.

-Incumple el Reglamento de Seguridad y Salud, pues quienes laboran en el interior de la mina no utilizan la ropa necesaria e implementos de seguridad, tampoco existe señalética para operar.

-Las áreas de explotación no prestan condiciones seguras ni cuentan con los actos administrativos, según la Ley de Minería.

-El área minera XIMENA I fue suspendida por una medida cautelar dictada en auto de inicio de proceso administrativo sancionador; no obstante, la suspensión no fue ejecutada porque era competencia del entonces Ministro de Energía,  mediante resolución motivada, lo cual nunca ocurrió.

–El titular minero incumplió la normativa porque no empleó las disposiciones técnicas específicas para actividades de explotación, ni hizo un apropiado manejo a los desechos peligrosos.

-Desde 2016 se confirmó que las relaveras y piscinas de sedimentación no poseían un diseño técnico apropiado; lo que es más, no contaban con los actos administrativos previos de conformidad con la Ley. Tampoco existe un sistema de pararrayos ni sistema de descarga de corriente estática

-Según la Arcom, el tipo de extracción que ha realizado la empresa ha sido considerada minería ilegal. Adicionalmente, la minera no ha presentado los actos administrativos previos y ha incumplido con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-Tras una inspección in situ, se concluyó que las 3 concesiones: XIMENA, XIMENA I Y CAMPOS NORSUL tampoco poseían los actos administrativos previos, por lo cual se consideran operaciones inseguras, pues la explotación es inadecuada y representa un riesgo inminente para los trabajadores.

-Desde mayo del 2016, se evidenció en un informe que a la propiedad minera ingresó maquinaria pesada para remover terreno y filtrar el oro, puesto que tanto los suelos como aguas son ricos en minerales; no obstante, esto no justifica la explotación indebida ni el daño que se produce al medio ambiente y al propietario del terreno. La dimensión del terreno afectado es de aproximadamente 6 hectáreas.

–Se evidenció que posiblemente la concesión minera Campo Nosur está obstruyendo el flujo natural de los cuerpos hídricos y las piscinas de la concesión XIMENA 1 no se encuentran autorizadas por la SENAGUA.

Con base en esas evidencias, la compañía demandante señala que hubo omisiones graves y persistentes del Ministerio de Energía y Minas para ejercer su rectoría y control sobre las concesiones mineras en la Maná; del Ministerio del Ambiente, por no aplicar el oportuno control ambiental y verificar que no existan actividades mineras sin permisos, y la omisión de la ARCOM en ejercer el control sobre las actividades mineras sin actos previos necesarios como la suspensión de las operaciones ilegales.

Luego de conocer la Acción de Protección, los jueces empezarán etapas de estudio y deliberación antes de expedir una resolución, lo cual tomará varios días.

En un nuevo incidente procesal, el médico Patricio Toscano (foto) recusó, a través de su abogado, a la jueza Daniela Camacho, buscando impedir que conozca el recurso de casación de la sentencia por homicidio culposo de Michelle Cobo, ocurrido en 2017.  Los padres de la joven temen que el caso quede en la impunidad por supuestas presiones extrajudiciales. En este caso tuvo un actuación polémica el exjuez Byron Guillén.        

Redacción Código Vidrio

Una vez que fracasó la estrategia de que la sentencia por homicidio culposo contra los médicos Patricio Toscano Reyes, Carlos Hurtado Bucheli y María Eugenia Muñoz, fuera declarada prescrita, uno de sus abogados defensores presentó una demanda de recusación contra la jueza Daniela Camacho.

La recusación será resuelta por el juez Manuel Cabrera, quien pidió al abogado del médico Toscano, Jorge Luis Ortega, que complete la demanda y presente pruebas que respalden si cabe o no el recurso. Ante lo cual el abogado pidió copias certificadas de:
-Acta de sorteo del 28 de febrero del 2023, mediante la cual se designó al Tribunal de Casación.
-Providencia que confirme si Toscano, Hurtado y Muñoz Jaramillo, fueron sentenciados al 7 de febrero del 2019. Además que se indique el tiempo transcurrido desde cuando se dio inicio a la formulación de cargos, el 17 de agosto del 2017.
-Fallo emitido 10 de octubre del 2023 en el cual los jueces Daniella Camacho y Walter Samno Macías, en voto de mayoría, se pronunciaron en contra de la prescripción de la condena, por lo cual decidieron que el proceso avance a la etapa de casación.

En octubre del año pasado, precisamente, Camacho y Macías, integrantes de la Sala Penal, establecieron que a Toscano aún le restaban por cumplir dos años, siete meses y 22 días de prisión; a Hurtado dos años, 10 meses y 20 días, y, finalmente a Muñoz, dos años, 10 meses y 20 días. Es decir que no cabía ninguna prescripción de sus condenas, que había sido solicitada por los condenados.

Quien si les dio la razón fue el entonces juez de esa Sala, Byron Guillén, quien salvó su voto mostrándose a favor de la prescripción. Y fue más lejos. Divulgó su criterio jurídico en redes sociales, en un hecho sin precedentes en la Corte. No es usual que los ministros mediaticen sus fallos, menos aún si son de minoría y no causan ningún efecto en el pronunciamiento de mayoría.

Este lunes 3 de junio, la Fiscalía abrió una indagación contra Guillén por un presunto concusión, después de que el sentenciado Daniel Salcedo revelara que le pagó 70 mil dólares al exjuez para que lo beneficiara en un caso de lavado de activos, que se tramitaba en la Corte Nacional. Esos días Salcedo viajó a Panamá y poco después el proceso no prosperó, por lo que Guillén le devolvió 60 mil dólares mediante trasferencias a cuentas de sus amigos en Portoviejo, pero aún le debe USD 10 mil.

El exjuez también enfrenta otra investigación  por cohecho. En el caso Independencia Judicial, Guillén fue señalado por el exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, quien reveló que él intermedió para que se reuniera en Brasil con el expresidente Rafael Correa, en marzo de 2023. El exmandatario tenía un plan de regreso al Ecuador si se daba paso a un recurso de revisión planteado por Ramiro Galarza, uno de los sentenciados en el Caso Sobornos. «Si le aceptaban, el caso se caía» porque se anulaba la sentencia. Entre quienes se encargarían de admitir el recurso estaba Guillén. quien ayer fue descalificado del concurso para Defensor Público, por falta de probidad notoria. También es investigado por supuestos beneficios al narco asesinado Leandro Norero.

«Solo esperamos que los jueces fallen en derecho»

A inicios del mes pasado, la Sala Penal de la Corte había fijado para el miércoles 29 de mayo la audiencia del recurso de casación presentado por los procesados a la condena, que los últimos cinco años ha sido corroborada por jueces de todas las instancias.

José Molina, abogado de la familia Cobo, dijo que la recusación a la jueza Camacho es un incidente más dentro de la cadena interminable de dilaciones de los abogados de los sentenciados para impedir que en este caso se haga justicia. “Los sentenciados han tratado por todos los medios posibles de dilatar este proceso, de entorpecerlo. Han sido siete años de una lucha desigual, en medio de presiones de todo tipo”, dijo Molina.

Una vez que esta semana se resuelva la recusación, la Sala fijará nueva fecha para conocer el recurso de casación, que será resuelto por los conjueces Javier de la Cadena y Manuel Cabrera Esquivel, y Camacho si se niega el pedido.

Gabriel Cobo, padre de Michelle, se mostró angustiado por todas las dilaciones de los abogados de los sentenciados, que buscan a toda costa que el caso quedé en la impunidad, para lo cual han recurrido a todo tipo de maniobras. «Solo esperamos que los jueces se ciñan a la ley, que fallen en justicia, una justicia que nos ha sido negada por cerca de siete años», destacó Cobo.

Durante el juicio, la Fiscalía probó que Toscano no tenía la licencia de médico cirujano, aunque así se promocionaba entre sus pacientes.

El 16 de julio de 2106, Michelle Cobo entró al quirófano de la Clínica San Gabriel, donde Toscano también realizaba operaciones estéticas, para someterse a una lipoescultura. Tenía 20 años. Un día después falleció por una infección generalizada, causada por la bacteria más letal de los estreptococos, de la cual se contagió en el quirófano de ese centro.

La Fiscalía ratificó que Toscano y Carlos Hurtado fueron responsables de su deceso, por su negligencia en la aplicación rigurosa y científica de medidas sanitarias. Y también acusó a Muñoz, entonces gerente de la Clínica, por permitir una cirugía que el centro no estaba en capacidad de realizar ni contaban con los permisos correspondientes. Todos los jueces que conocieron el proceso se pronuciaron por la culpabilidad de los tres.