Especiales

• El candidato vicepresidencial del correísmo Diego Borja y su empresa Gesticon obtuvieron importantes ingresos con los recursos provenientes de un contrato entre la empresa de servicios petroleros Downhole y Petroecuador.
• Borja tuvo la audacia financiera suficiente para hacerse con un 65% promedio de utilidades de esa contratación de 11 millones de dólares, al alquilar, sobre la marcha, un taladro para reemplazar uno que se dañó, con el que la contratista daba el mantenimiento de pozos petroleros en la Amazonia. Borja compró el equipo con un préstamo de 1,5 millones de dólares del Banco Amazonas y luego lo vendió a su empresa para que lo alquile a Downhole, como parte de un acuerdo de negocios firmado entre ambas compañías. 
• En ese convenio se estableció que el crédito que obtuvo Borja sería pagado con los recursos del contrato con Petroecuador. El convenio fue suspendido en diciembre pasado por irregularidades y posible conflicto de intereses de Borja, que ha denunciado una persecución política.
• Downhole denunció que los recursos controlados por la intermediación de Gesticon en un fideicomiso tienen un manejo opaco y discrecional. Hasta la suspensión, Petro pagó 8,5 millones por la contratación.
• Mientras en 2022, Gesticon tuvo pérdidas por 194 mil dólares, el 2023 reportó ganancias por 183 mil dólares.         

Redacción Código Vidrio

En este negocio «entre privados» el pez chico se comió al grande, en un mar de fondos públicos. El que parecía ser un proyecto seguro y beneficioso para la empresa de servicios Downhole Tools con Petroecuador, desembocó en aguas turbulentas cuando debió asociarse, sobre la marcha, con un navegante inesperado: el hoy candidato vicepresidencial del correísmo Diego Borja.

A partir de esa sociedad, que empezó en septiembre de 2022, los contratiempos y las pérdidas han sido sistemáticos para Downhole. Actualmente, esa contratista enfrenta serios problemas económicos porque no ha podido pagar a sus trabajadores ni proveedores. La principal razón son los incumplimientos, manejos opacos y discrecionales de Borja y su empresa Gesticon, a través del Fideicomiso Fidunegocios, según denunció Downhole.

 Las irregularidades en esa contratación y la participación, hasta ese momento desconocida, de Borja, salieron a la luz el pasado 19 de diciembre. Ese día, Petroecuador informó que detuvo los pagos y suspendió el contrato con Downhole, al detectar irregularidades en el proceso contractual. Sobre todo, por un presunto conflicto de intereses por los nexos directos de Downhole con Gesticon, empresa de Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), junto con Luisa González.

Entonces, Borja dijo que la decisión del Gobierno de suspender el contrato era una persecución política sin fundamento, pues él no tenía contratos con Petroecuador. Y aclaró que su empresa Gesticon fue subcontratada por Downhole para el alquiler de un taladro de mantenimiento de pozos petroleros, en 2022. Pero Downhole no subcontrató a Gesticon. Se asoció con esa firma, creada en 2019 por Borja y su esposa Mariuxi Cedeño. Ambos son sus principales accionistas.

El contrato 2022260 para el Servicio de Reacondicionamiento de Pozos con Torres de Workover Permanentes para todos los Campos en Lago Agrio, Cuyabeno y Shushufindi, operados por Petroecuador se adjudicó a Downhole Tools S.A. en junio de 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso. El monto acordado fue de 10,9 millones de dólares más el pago de IVA, con una duración de tres años (2022-2025).

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• La operación Workover implica el reacondicionamiento de pozos petroleros para aumentar la producción o reparar fallas mecánicas. Esto incluye limpiar pozos, reemplazar equipo dañado y realizar operaciones de cementación para mejorar el flujo de petróleo y gas. 

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En el convenio, la compañía garantizó que sus equipos estaban en perfecto estado y tenían la capacidad de prestar servicios durante todo el período del contrato. Además se estableció que la empresa no podrá reemplazar materiales, repuestos y equipos para la prestación de este servicio, sin una autorización escrita de Petro. Tampoco podía traspasar o ceder los derechos del contrato ni subcontratar a terceros, sin consentimiento escrito.

Borja compra el taladro en China

No obstante, a las pocas semanas de empezar los trabajos en los pozos, el taladro se dañó, por lo cual Downhole debió suspender sus operaciones de mantenimiento con las torres workover. La empresa informó lo ocurrido a Petroecuador, que le dio un plazo de 45 días para conseguir otro equipo, según fuentes del Gobierno.

Con el tiempo en contra, la empresa buscó un inversionista que pudiera adquirir el taladro para no incumplir el contrato. Entonces apareció Diego Borja, quien les ofreció ser el intermediario para solucionar lo ocurrido mediante un Acuerdo de Negocios privado. Ese acuerdo se firmó el 1 de septiembre de 2022 entre el accionista principal de Downhole, Juan Francisco Flor, con Gesticon, de Borja, para la “Adquisición de un Equipo de Workover y Periféricos para el Alquiler a Empresas Públicas y Privadas”.

 En vista de que Gesticon no tenía la solvencia necesaria para obtener un crédito para la compra del taladro -según un informe de la gerencia de la empresa del 2022- Borja gestionó y obtuvo un crédito en el Banco Amazonas de 1.550.000 dólares, que luego prestó a su empresa para que pudiera ejecutar el acuerdo con Downhole. En esta operación el candidato de RC5 fue prestamista y acreedor.

Posteriormente, Borja y su firma compraron a la empresa china Tiajin Petroleum un equipo Workover XJ650 (taladro), según las especificaciones técnicas que recibió de Downhole. Además acordaron el transporte del equipo desde Tianjin, China, hasta la base de las operaciones de mantenimiento de los pozos en El Coca, Orellana.

Para viabilizar el acuerdo se hicieron dos contratos: un Encargo Fiduciario Downhole y un Fideicomiso de Administración de Flujos Downhole, entre diciembre de 2022 y enero de 2023. En esos documentos constituidos por Downhole se estableció un rol preponderante y beneficios económicos mayoritarios para Gesticon, que sería el “interlocutor en todos los aspectos financieros ante la Fiduciaria que administrará el Encargo Fiduciario y el Banco Amazonas”.

PAGOS DE PETROECUADOR POR CONTRATO CON DOWNHOLE 

 

A través de estos instrumentos financieros se administraron el flujo de fondos y los recursos provenientes de todos los pagos realizados por Petroecuador por los servicios de mantenimiento en los pozos, con los equipos alquilados para la operación a Downhole. Como prioridad se estableció que los recursos transferidos por Petro a la cuenta del Banco Amazonas se destinaran al pago del crédito bancario. El saldo restante se transferiría a la cuenta del Fideicomiso de Administración de Flujos Downhole, para su asignación y reparto, según las instrucciones establecidas en el Acuerdo de Negocios (Septiembre) y en una Adenda (noviembre 2022).

Esos términos fueron beneficiosos para Gesticon y Borja, que como financista principal de la operación impuso sus condiciones. Ahí se estableció, entre otras cosas, el pago mensual para el hoy candidato del correísmo de tres mil dólares durante el tiempo que dure el acuerdo de negocios y contrato con Petroecuador. Además, una remuneración variable del 30% sobre la utilidad operacional que le corresponda a Gesticon.

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• Mientras en 2022, Gesticon tuvo ingresos por 9.360 dólares y declaró pérdidas por 194 mil dólares, el 2023, apuntalada por el acuerdo con Downhole, reportó ingresos por 310 mil dólares y ganancias netas de 187 mil dólares. En ese balance de la Superintendencia de Compañías no consta ningún pago por la compra del taladro en China.

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Los repartos de utilidades  

En un cuadro del Acuerdo se fijan los porcentajes de las utilidades por la participación en el proyecto. Mientras Gesticon recibe entre el 55% y  el 75% de las utilidades, Downhole recibe entre el 25% y  45, durante la ejecución de los tres años del contrato.

 

Desde la firma del contrato, en 2022, hasta marzo de 2023, los pagos de las planillas  por los servicios de Downhole Tools se depositaron en la cuenta 2100014054 en Banco del Pichincha. Sumaron 3,2 millones de dólares, según los registros de pagos de Petroecuador revisados por este medio.

A partir del 23 de abril del 2023 (cuando el acuerdo con la empresa de Borja empezó a aplicarse), los pagos cambiaron de destinatario. Fueron transferidos a la cuenta 3031076705 en el Banco Amazonas. Sumaron 5,3 millones de dólares hasta el 19 de noviembre del 2024. En total, según los reportes, Petro ha cancelado por este contrato, hasta su suspensión, más de 8,5 millones de dólares.

Pese a los pagos efectuados por Petroecuador, la mayoría de los fondos no se distribuyeron ni se han administrado en el Fideicomiso, según los términos acordados. “Dicho fideicomiso no ha reportado la distribución de flujos de manera transparente ni ha develado las liquidaciones con las que realizan dichas distribuciones dando como resultado, en nuestros registros, aproximadamente 2.5 millones de dólares pendientes de justificar, donde constan valores no liquidados”, denunció en un comunicado el viernes pasado Downhole.

“Con lo expuesto -agregó- se ha perjudicado directamente a Downhole y a todos los involucrados en nuestras operaciones (…). Se ha afectado la estabilidad financiera y operativa, junto con la imagen de quienes la representamos”.

 Además la compañía aseguró que no controla el fideicomiso, que actualmente está intervenido por la Superintendencia de Compañías, según conoció este medio. “Es la empresa Gesticon, o la persona que designe, ya que asumió la responsabilidad de administrar los recursos recibidos del contrato con Petroecuador”.

En una entrevista en el noticiero radial A Primera Hora, Borja dijo este miércoles 15 de enero que él como persona natural no maneja el fideicomiso, del cual su empresa Gesticon es parte, y es la que tiene la deuda con el Banco Amazonas. Estas afirmaciones no coinciden con lo que indican los documentos. Según consta en el fideicomiso y en el acuerdo de negocios, Borja es el acreedor del préstamo y su empresa la responsable de la intermediación para el manejo de los recursos entre las partes.

Desde la semana pasada, pedimos una entrevista con Borja para que explicara su participación y los beneficios que ha recibido, a través del fideicomiso, con los fondos del contrato con Petroecuador, pero no ha respondido a nuestros requerimientos. Tampoco ha dado a conocer qué garantías entregó para recibir el crédito de 1,5 millones, inquietud que no ha sido absuelta por representantes del Banco Amazonas o la administradora del fideicomiso, a quienes también pedimos esa información, llamando a sus celulares y enviando mensajes a las direcciones de correo electrónico que constan en los contratos notariados que revisamos. Otra inquietud no esclarecida es ¿Quién pagó finalmente el crédito? Si Gesticon es el deudor debía pagarle a Borja, para que a su vez le cancele al Banco Amazonas. No obstante, en los documentos, se establece que ni Borja ni Gesticon deben pagar el préstamo sino el Encargo Fiduciario con recursos generados por el contrato con Petroecuador.

El padre de dos de los menores asesinados denuncia que se tejen mentiras sobre el caso. Esta alianza reconstruye las fallas de la operación, dirigida por un oficial de 28 años, que tiene un juicio de alimentos y afirma no conocer Guayaquil. Los 16 militares procesados aseguran que liberaron a los cuatro chicos en Taura, con vida. El padre de dos de ellos confirmó que -por pedido de su hijo- un hombre desconocido le escribió por WhatsApp indicándole que estaba con ellos en ese poblado, golpeados, desnudos y hambrientos. Sin embargo, conforme pasaban los minutos le indicó que no pudo hacer más por los chicos porque la mafia los había retenido. Ese sector es controlado por la banda de Los Choneros. Las horas siguientes otro sujeto le escribió para extorsionarlo y pedirle el pago de un rescate, que nunca ocurrió, según consta en el expediente de más de 300 páginas revisado por este equipo periodístico.    

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Hace 37 días los vio, sin saber que sería la última vez. Sin presagiar que Ismael y Josué, dos de sus hijos, serían cruelmente asesinados e incinerados, junto a otros dos menores. Los cuatro fueron detenidos el ocho de diciembre por una patrulla militar, en el sur de Guayaquil. Los militares afirman haberlos dejado a salvo en la entrada de Taura.  Los restos calcinados fueron hallados días después. ‘Los responsables del crimen tendrán que pagar con la justicia divina’, dice Luis Arroyo, su padre. La suya es una familia que se sostiene en la fe cristiana. Él tuvo cinco hijos, tres en el hogar del que salieron Ismael y Josué, para no volver con vida.

Luis se encuentra en vacaciones forzadas mientras su familia enfrenta esta doble pérdida; el asesinato de sus hijos no ha sido esclarecido. Desde hace dos años trabaja en un almacén de distribución de electrodomésticos. A diario salía después de las cinco de la tarde de su trabajo, para recoger a Ismael, de 15 años, quien se encontraba en décimo y estudiaba en la jornada vespertina. Carismático y alegre, jugaba de delantero y quería ser futbolista profesional. Entrenaba de cinco y media hasta siete y media de la noche. “Yo mismo lo iba a recoger de los entrenamientos”, dice Arroyo, desconsolado. Ahora siente el vacío, no tiene a quién llevar a la cancha.

Su hijo Josué, que en octubre cumplió 14 años, destacaba en los estudios, cursaba noveno, en la jornada matutina. Él se quedaba acompañando a su madre, mientras su hermano entrenaba.

Luis Arroyo relata que el futbolista Michael Arroyo es su hermano por parte de padre. “Él apoyó a mis hijos siempre. En la Asoguayas jugaron entre primos hermanos. El hijo de Michael está en un equipo internacional de Durán”.

Sus hijos querían seguir esos pasos. “Se ponían aquí a conversar con la mamá, que el uno era más bueno que el otro, que el uno le iba a comprar la casa a la mamá primero. Tenían tantas aspiraciones, que uno quería jugar en Brasil y el otro en Francia”. En diciembre esos sueños quedaron truncos. Su familia, destrozada.

¿Por qué tantas mentiras?

En entrevista con esta alianza, Arroyo denuncia que sobre el caso se tejen mentiras, como “que el Presidente nos ha ayudado. Ni siquiera nos ha dado el pésame o unas disculpas. Ellos deben limpiar la honra de nuestros hijos”.

Que no es fácil lo que viven ahora, porque al dolor de la pérdida se suman los rumores, las mentiras. “La gente los tacha como delincuentes, terroristas. Cómo van a creer esto de las criaturas. Me sacrifiqué toda la vida y ellos no son unos delincuentes. Hay gente mediocre (que habla), Dios los perdone y tenga misericordia de ellos”.

Se refiere a sus hijos en tiempo presente. Aún le cuesta aceptar que ya no están a su lado. Que el reloj de su vida se detuvo ese ocho de diciembre, cuando un hombre desconocido le llamó para decir que estaba con ellos, golpeados, desnudos y hambrientos, en el poblado de Taura.

– “Amigo, yo les ayudé a sus hijos, les di agua, boxer, panes pero no podía aser (textual) más. Xq ellos estaban desnudos y los ayudé asta que más pude (textual)”. Así le escribió ese hombre por mensaje de WhatsApp. Le había pedido recogerlos y le envió una dirección. Pero cuando llegó los chicos ya no estaban, pues aparentemente los sacaron antes del sitio en motos.

Luis, angustiado, le insistía por más información, a través del mismo sistema de mensajería.

– “Estamos desesperados, mis hijos no son nada, son sanos, solo les gusta el fútbol y el estudio, barón. No pertenecen a ninguna banda ni nada, por amor a Cristo, barón”.

Luego, le preguntó qué mafia tenía a sus hijos, para hablar con ellos. Todo fue en vano.

Con esa información escasa presentó la denuncia por secuestro junto con los padres de los otros dos niños desparecidos, al amanecer del nueve de diciembre.

A las seis y media de la tarde de ese nueve de diciembre, recibieron otro mensaje truculento, extorsivo. Desde un número con el prefijo 57 (de Colombia) un hombre les indicó que necesitaba recibir dos mil dólares “para no atentar contra su vida y devolverlos sanos y salvos”, según el parte de la unidad especializada de la policía antisecuestros, UNASE. No se ha esclarecido aún cómo el sujeto supo lo que ocurría con los chicos y empezó a extorsionar a su padre.

Según el informe de la UNASE, tanto Arroyo como el padre de otro menor habrían acudido, siguiendo las instrucciones de los falsos captores, hacia el centro comercial Riocentro sur, para entregar 300 dólares. Esto, a pesar de que no recibieron prueba de vida alguna de los chicos.

“Una vez suscitado dicho evento, que se trataría de una estafa realizada por el accionar de las publicaciones en medios digitales (realizadas por los padres desesperados), se vuelve a reunir a las familias para indicarles que todo fue una mentira, ya que estos sujetos no tenían a sus familiares”, escribió el agente investigador de Unase en su parte, por esos días.

Esta alianza pidió su versión al padre de los dos menores. “Eso es falso. Lo que dicen las redes no es verdad”.

De su parte, Billy Navarrete, representante de la entidad de derechos humanos que apoya a las familias, afirmó desconocer sobre el presunto pedido del pago de un rescate.

El 16 de diciembre, pasadas las siete de la noche, otro de los padres recibió un mensaje, también por WhatsApp. En él, una persona que decía ser recolector de cangrejo le contaba que halló los restos de un menor en el estero Juan Chavelo. Al día siguiente la policía realizó la búsqueda por aire, en helicóptero, y por tierra, sin resultados. Horas más tarde, los familiares recibieron nuevos indicios, que tampoco arrojaron resultados.

– “Los policías y militares … no entraron a la casa que están los chicos en Taura (…) se escuchan los gritos de los chicos que piden ayuda…”.

Una nueva incursión se realizó, sin éxito, según el parte de los uniformados, adjuntado al proceso de más de 300 páginas que esta alianza periodística revisó.

Las fallas de la operación militar

Tres soldados, cinco uniformados con rango de cabo segundo; cuatro en el grado de cabo primero, dos sargentos y un suboficial segundo estaban al mando de un subteniente, de 28 años. Él dirigió las operaciones ese domingo ocho de diciembre, cuando los chicos fueron capturados. La patrulla terminaba la misión de resguardar a un camión que transportaba mercadería decomisada, hacia la Aduana.

Los 16 uniformados pertenecen a la Fuerza Aérea. Iban en dos camionetas, de color blanco y plomo. Según las versiones de los militares, mientras regresaban de ese operativo, escucharon gritos de auxilio de la población, ante el supuesto robo en la vía pública. Detuvieron los carros, persiguieron a quienes huían y capturaron a tres personas, una cuarta les fue entregada por los pobladores.

La mayoría de los uniformados coincide en mencionar que el procedimiento indicado consistía en entregar a los detenidos a la unidad policial comunitaria (UPC) más cercana, en este caso, la de Virgen de Fátima. Sin embargo, en el camino el oficial a cargo dispuso realizar un control de armas y explosivos en un carro sospechoso. Además, recibieron la alerta de desmanes en un club de diversión nocturno en la vía a Taura, por lo que tomaron una vía secundaria. Un obstáculo les impedía avanzar, por lo que los militares habrían bajado a retirarlo, con ayuda de los cuatro detenidos. Varios de los uniformados coinciden en que luego de quitar el árbol, el mayor de los aprehendidos habría pedido que los dejaran libres. De este modo los habrían liberado en la vía a Taura. Los 16 uniformados coinciden en que los dejaron vivos.

Solo dos de los militares declararon que no tuvieron dudas de que se trataba de mayores de edad, por su estatura y contextura. El resto informó que no se pudo cumplir el procedimiento de verificar la edad, porque los detenidos no tenían documentos.

El más antiguo de la patrulla, el subteniente de 28 años, afirmó que accedió a liberarlos, en retribución a la colaboración que prestaron para retirar el árbol. Estimó que el mayor de los detenidos tenía 18 a 20 años por su estatura, calculó que era más alto que él. Cuando fue interrogado sobre las unidades policiales más cercanas al sitio, afirmó que no conoce Guayaquil. Sin embargo, en su cédula se indica que nació en Carbo, Guayaquil. Cuando ocurrieron estos hechos, él acababa de enfrentar una demanda por alimentos, según documentación revisada por esta alianza.

Los militares insisten en que los dejaron vivos, sanos y vestidos en la vía a Taura, por pedido expreso de uno de los menores.

Luis Arroyo clama al cielo por justicia. Sabe que otros niños tienen temor. “Ya no salen, vieron la aberración de llegar a la cizaña de matar a nuestros hijos, llegar hasta quemarlos. No tienen perdón de Dios. (Los responsables) van a tener que pagar con la justicia divina”.

• El capo albanés Dritan Rexhepi volvió a Ecuador su centro de operaciones, desde 2011. En menos de una década creó un negocio criminal, que iba desde las plantaciones colombianas, hasta los puertos de Ecuador y las calles de Europa, rivalizando con los poderosos carteles mexicanos, revela una investigación publicada por el Washington Post.  
• El ascenso del albanés, de gatillero en su país natal, Albania, a capo transatlántico es parte fundamental de una explosión global en la industria de la cocaína. Hoy es un negocio que es mucho más grande y geográficamente más diverso que en cualquier otro momento de la historia. Ecuador es uno de los puntos de tránsito de cocaína más importantes del mundo.
• A pesar de las decenas de miles de millones de dólares gastados en la guerra de EE.UU. contra las drogas en América Latina, la industria del narcotráfico no solo ha crecido, sino que se ha globalizado, con nuevas rutas, nuevos mercados y nuevas empresas criminales, según el reportaje realizado por Samantha Schmidt, Arturo Torres y Anthony Faiola.
• La investigación del Post sobre la expansión global del negocio de la cocaína y el ascenso de los narcotraficantes albaneses se basa en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios actuales y anteriores en Ecuador, Colombia, Europa y EE.UU., miembros de bandas en Ecuador y miles de páginas de documentos judiciales de Ecuador, Albania e Italia.
• Revela cómo las redes criminales lideradas por albaneses se infiltraron en los puertos, el poder judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad de este país para hacerse con el control de eslabones clave de la cadena de suministro de cocaína y desencadenar un diluvio de la droga en Europa: un mercado de cocaína anual de más de 12 mil millones de dólares.

Redacción Código Vidrio

Desde la cárcel de Cotopaxi el capo albanés Dritan Rexhepi levantó su imperio en el negocio mundial de la cocaína, tejiendo alianzas con otros carteles y bandas, rivalizando con los poderosos carteles mexicanos, según una investigación publicada este sábado por el Washington Post 

El capo de la droga ya había escapado de la ley en tres países y planeaba hacerlo de nuevo. Así arranca el reportaje investigado en Ecuador, Colombia, Italia y Albania por Samantha Schmidt, Arturo Torres, director de este medio, y Anthony Faiola.

En menos de una década, Dritan Rexhepi había creado un negocio de contrabando que iba desde las plantaciones  amazónicas de Colombia hasta los puertos de Ecuador y las calles de Europa, según dijeron investigadores italianos y latinoamericanos, rivalizando con la influencia de los poderosos cárteles de México. Su marca, grabada en los paquetes de cocaína, era “Bello”, destaca la investigación publicada por el Washington Post, y tomó más de ocho meses de reportería.

Según destaca el Post, el ascenso del albanés, de gatillero en su país natal, Albania, a capo transatlántico es parte de una explosión global en la industria de la cocaína. Es actualmente un negocio que es mucho más grande y geográficamente más diverso que en cualquier otro momento de la historia.

América del Sur produce actualmente más del doble de cocaína que hace una década. El cultivo de coca en Colombia, origen de la mayor parte de la cocaína del mundo, se ha triplicado. La superficie de tierra utilizada para cultivar el ingrediente base de la droga es más de cinco veces mayor que cuando el infame capo de la droga Pablo Escobar fue asesinado en 1993, según datos de Estados Unidos.

No obstante -destaca el reportaje- la producción sigue aumentando. En 2022 hubo un récord de 2.757 toneladas de cocaína en todo el mundo, un aumento del 20 por ciento con respecto a 2021, según el informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

“Está subiendo y subiendo y subiendo”, dijo Thomas Pietschmann, un oficial de investigación de la ONUDC. “Hace unos años, la gente decía que el futuro eran las drogas sintéticas… En este momento, sigue siendo la cocaína”.

La industria de la cocaína se globalizó

La investigación del Post documenta que durante décadas los consumidores de cocaína fueron principalmente estadounidenses, y la interdicción era una prioridad de ese gobierno. Pero a pesar de las decenas de miles de millones de dólares gastados en la guerra de ese país contra las drogas en América Latina, la industria no solo ha crecido, sino que se ha globalizado, con nuevas rutas, nuevos mercados y nuevas empresas criminales.

Casi todos los países de la región se han convertido en un importante productor o transportador de la droga. Ecuador es hoy uno de los puntos de tránsito de cocaína más importantes del mundo. La demanda se está disparando en Europa, que rivaliza con EE.UU. como el principal destino de cocaína del mundo.

El consumo de cocaína en los países se quintuplicó entre 2011 y 2021, y superó al de Estados Unidos en 2022. Si bien EE.UU. sigue siendo un mercado enorme, el consumo de cocaína ha disminuido un 20 por ciento desde 2006, según la ONU.

Los grupos criminales de los Balcanes, Italia, Turquía y Rusia han llegado a América Latina para obtener una parte del negocio, indica el reportaje. Pocos han logrado abrirse camino en el tráfico de cocaína como las redes criminales albanesas, coinciden los investigadores y analistas.

«Sabemos que no hay un solo canal para la cocaína», dijo Marco Martino, un alto funcionario de la policía italiana a cargo de coordinar las operaciones antinarcóticos. Pero «los albaneses», dijo, «son los mejores y los más grandes».

A medida que la producción de cocaína explotaba, las redes criminales albanesas aprovecharon la oportunidad que se les presentaba. Fueron fundamentales para llevar la droga a Europa y alimentar el consumo en todo el continente.

Rexhepi levantó su imperio desde una celda en Ecuador

Rexhepi, de 44 años, construyó gran parte de su imperio desde una celda en una prisión ecuatoriana, fomentando conexiones con pandillas latinoamericanas y convirtiendo su bloque de celdas en una suite ejecutiva.

Un abogado que lo representa en Albania se negó a hacer comentarios. Rexhepi, en una apelación de 2015, negó cualquier participación en el tráfico de drogas, «ya sea como autor, cómplice o cómplice». Pero en 2021, Italia solicitó su extradición, advirtiendo a las autoridades de Ecuador en una carta de su embajada en Quito que Rexhepi era el «líder indiscutible» de una red de narcotráfico albanesa con alcance global y acceso a «cantidades infinitas de cocaína».

El surgimiento de Rexhepi como un temido agente de poder dentro de la prisión de Cotopaxi fue sintomático del colapso del control gubernamental en Ecuador. Pero como las autoridades de Roma buscaban encarcelarlo por tráfico de drogas, decidió que era hora de mudarse nuevamente. En agosto de 2021, el juez Diego Poma, alegando una necesidad médica, ordenó su liberación y dio paso a su arresto domiciliario en Samborondón, en Guayaquil, según consta en el proceso judicial.

Luego, como era previsible, Rexhepi desapareció, indica el reportaje del Post. Esta investigación sobre la expansión global del negocio de la cocaína y el ascenso de los narcotraficantes albaneses se basa en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios actuales y anteriores en Ecuador, Colombia, Europa y Estados Unidos, miembros de pandillas en Ecuador y miles de páginas de documentos judiciales de Ecuador, Albania e Italia.

Revela cómo las redes criminales lideradas por albaneses se infiltraron en los puertos, el poder judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad de Ecuador para hacerse con el control de partes clave de la cadena de suministro de cocaína y desencadenar un diluvio de la droga en Europa: un mercado de cocaína anual de más de 12 mil millones de dólares, según la Agencia Europea de Medicamentos. “Con estas ganancias, estas organizaciones logran infiltrarse en todas las instituciones públicas y privadas, corrompiendo cualquier estructura”, dijo en una entrevista al Post el exdirector antinarcóticos de Ecuador, general Willian Villarroel.

Socios, no rivales: el salto de los albaneses

Los empresarios del narcotráfico de Albania, un país de 2,8 millones de habitantes, han comenzado a rivalizar con los cárteles más poderosos del mundo trabajando con ellos, no contra ellos, transformando la forma en que se maneja el negocio. Las nuevas redes, dicen los investigadores, son a menudo coaliciones criminales de grupos dispares e independientes, en lugar de cárteles jerárquicos y violentamente competitivos.

El informe del Post indica que Europol está al tanto de docenas de clanes o redes criminales organizadas “de habla albanesa” que operan actualmente en Europa, dijo Robert Fay, el jefe de la unidad de drogas de Europol, en una entrevista.

“No se trata de cuántas personas tienes”, dijo Fatjona Mejdini, analista albanesa de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. “Se trata de las alianzas adecuadas que puedes formar”.

Desde su celda en la prisión de Ecuador, Rexhepi allanó el camino. Se hizo amigo de los líderes de la banda más poderosa de Ecuador, Los Choneros, que ya trabajaban para el cártel de Sinaloa de México, según uno de los miembros fundadores de ese grupo, que, como otros entrevistados para el artículo, habló bajo condición de anonimato por seguridad.

Así crearon asociaciones estratégicas tanto con traficantes sudamericanos como con líderes de pandillas en toda Europa. Su objetivo era simple: vender tanta cocaína como fuera posible con abundantes ganancias para todos los socios de los acuerdos.

“Rexhepi es el pionero”, dijo Mejdini.

El estallido de la cocaína

La explosión de la producción de cocaína se remonta a la desmovilización del mayor grupo rebelde de izquierda de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un histórico acuerdo de paz con el gobierno del país en 2016 puso fin al conflicto civil más prolongado del hemisferio, un conflicto en el que Estados Unidos jugó un papel fundamental.

Desde el inicio del paquete antinarcóticos y de seguridad conocido como Plan Colombia en 2000, EE.UU. ha enviado alrededor de 14 mil millones de dólares en fondos a Colombia, al menos el 60 por ciento de ellos para el Ejército y la Policía. El plan se centró en gran parte en combatir la producción y exportación de cocaína del país, que controlaban las FARC, utilizando los ingresos para financiar su insurgencia y asegurar el territorio. Cuando las guerrillas depusieron las armas, proliferaron en las zonas productoras de coca grupos armados más pequeños, impulsados ​​por el lucro más que por la ideología.

Estos narcotraficantes “ya no tienen intereses políticos”, dijo Leonardo Correa, jefe de la misión de la UNDOC en Colombia. “Lo que quieren es sacar la droga lo más rápido posible, para ganar la mayor cantidad de dinero posible”.

Proviene de campos en el centro del país, los productores de cocaína de Colombia han creado “enclaves” cerca de las fronteras y costas del país, para exportar más fácilmente la droga. Estos enclaves se convirtieron en una ventanilla única para un proceso que antes estaba disperso; ahora, el cultivo, la extracción y el refinamiento de la droga se realizan en la misma zona antes de que cruce fronteras cercanas. Tres de los cuatro enclaves más productivos limitan con Ecuador.

Los productores incluso han mejorado la propia planta, creando cultivos híbridos notablemente productivos que extraen más alcaloides de la misma cantidad de hojas.

La cantidad de tierra utilizada para plantar coca en Colombia aumentó un 10 por ciento en 2023, pero la productividad de esa tierra se disparó: la producción de cocaína aumentó un 53 por ciento, según el UNDOC.

Los grupos criminales colombianos industrializaron sus sistemas, las mafias europeas ofrecieron la perspectiva de nuevas rutas para evitar las intensificadas patrullas estadounidenses a lo largo de las costas de Colombia. La cocaína comenzó a circular en cantidades cada vez mayores a través de países como Ecuador, Costa Rica y Paraguay y en barcos con destino a Europa.

En Ecuador, un país que no produce cocaína, las autoridades capturaron más droga en 2023 que las incautaciones totales de Perú en conjunto y Bolivia, el segundo y tercer país productor más importante.

Este año, hasta mediados de diciembre, Ecuador incautó 251 toneladas de cocaína, frente a las 197 del año pasado. Más de 81 toneladas estaban destinadas a Europa, en comparación con solo unas 18 que iban a Estados Unidos y México.

Por solo un kilogramo de cocaína, que vale unos 2.000 dólares en Colombia, los narcotraficantes podrían ganar 25.000 dólares al contrabandearla a EE.UU., pero al menos 31.500 dólares si llegaba a Europa, según funcionarios de la ONU y la UE, consultados para el reportaje publicado por el Post.

En 2022, por sexto año consecutivo, los estados de la UE informaron un número récord de incautaciones de cocaína: Bélgica, España y Países Bajos registraron la mayor cantidad. Casi el 70 por ciento de esas incautaciones de droga se realizaron en contenedores que llegaron desde América Latina.

Las 22 toneladas de los albaneses

Fue una de las incautaciones de cocaína más grandes del mundo registradas, y las autoridades se toparon con ella por accidente.

A fines de enero, oficiales militares ecuatorianos siguieron una pista sobre un alijo de armas y explosivos oculto en una granja de cerdos en Los Ríos. En cambio, en un sótano subterráneo, encontraron 22.000 ladrillos de cocaína, 22 toneladas en total, un botín valuado en más de 660 millones de dólares en el mercado europeo. Los paquetes estaban etiquetados con logotipos de aerolíneas: Iberia, KLM, Qatar, AB, Jet2.

El alijo pertenecía a un grupo criminal albanés, según registros judiciales y agentes de inteligencia.

Para un gobierno ecuatoriano que casi se había derrumbado debido a la violencia del narcotráfico, fue aclamado como un gran golpe al comercio de cocaína. También confirmó el papel global de Ecuador como un punto de tránsito crucial y centro logístico para los narcotraficantes más poderosos del mundo.

Enclavado entre los países productores de cocaína de Colombia y Perú, Ecuador se convirtió en un lugar ideal para los traficantes, dijeron los investigadores. El país contaba con una vigilancia costera limitada, instituciones frágiles y corruptibles, políticas de visas indulgentes que permitían la residencia a largo plazo de extranjeros y un sólido grupo de bandas locales ansiosas por asociarse con grupos europeos para transportar drogas.

El país también contaba con una próspera industria naviera. Es el principal exportador de banano a Europa, y un acuerdo de libre comercio con la UE hizo que las exportaciones de banano crecieran un 40 por ciento desde 2017. El negocio del transporte de banano, que representa más de dos tercios de las exportaciones que salen de Ecuador, proporcionó una forma ideal de tránsito, dijeron los investigadores.

En 2023, aproximadamente la mitad de la cocaína incautada en contenedores en Ecuador antes de partir hacia Europa estaba oculta en envíos de banano, según las autoridades ecuatorianas.

La incautación de enero pasado en una granja para criar cerdos también ilustró el modelo de tráfico albanés, dijeron los funcionarios de inteligencia, con socios externos contratados para cada eslabón de la cadena de suministro de cocaína.

Los grupos armados colombianos manejan la producción y el transporte por la frontera, y las bandas ecuatorianas se encargan de eso. Para trasladar las 22 toneladas de cocaína, por ejemplo, una banda, Los Lobos, transportó la droga a la bodega subterránea, según un funcionario de inteligencia con conocimiento del caso. Otra, Los Choneros, se encargó de custodiar la droga, mientras que una tercera, Los Lagartos, se suponía que la introduciría de contrabando en el puerto. Por último, Los Chone Killers, se encargaría de que saliera oculta en un buque portacontenedores designado. Tras la captura, los albaneses, a través de uno de sus intermediarios, contactaron al sargento de Inteligencia Héctor Castillo Viejo, para que consiguiera información sobre los uniformados que participaron en el operativo. Su objetivo era ubicarlos, en especial a quien dirigió la operación de inteligencia desde una unidad especial del Ejército. Castillo fue detenido en Quito cuando intentaba sobornar a militares de la unidad, que lo detuvieron en un operativo con la Policía.

Pese a las evidencias en su contra fue liberado, y la jueza María Fernanda Castro Angos  no ha convocado a la audiencia de su juzgamiento. En el Ejército Castillo fue dado de baja, en septiembre pasado, pero volvió a ser detenido por robo de combustibles hace pocas semanas.

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LAS CIFRAS DE INCAUTACIONES DE COCAÍNA EVIDENCIAN QUE EL PRINCIPAL DESTINO ES EUROPA

ESPAÑA ES EL PAÍS CON MÁS INCAUTACIONES DE COCA PROVENIENTE DE ECUADOR

EN ESTE 2024 HUBO UN NUEVO RÉCORD DE CAPTURAS DE COCAÍNA EN ECUADOR

El artista del escapismo

La investigación del medio estadounidense indica que Rexhepi llegó a Ecuador alrededor de 2011. Era parte de una oleada de albaneses, muchos de los cuales tenían profundos vínculos con grupos criminales en Europa. Ecuador estaba empezando a surgir como un centro de tránsito en el tráfico de cocaína, la residencia era relativamente fácil de adquirir y había pocas dificultades para los extranjeros en la adquisición de propiedades y la creación de empresas, dijeron los funcionarios ecuatorianos.

Rexhepi, que tenía múltiples identidades falsas, aterrizó como un hombre de negocios griego, dijeron los investigadores.

Hijo de agricultores de uva en Velce, un pueblo de montaña albanés, Rexhepi alcanzó la mayoría de edad cuando los esquemas Ponzi de finales de los años 90 provocaron un devastador colapso económico en Albania, destaca el reportaje.

Los arsenales militares fueron saqueados, lo que llevó al surgimiento de bandas criminales que hicieron que partes del país se volvieran ilegales.

“Todos tenían armas en el pueblo”, dijo el tío de Rexhepi, Arben Jaupaj, de 64 años, que regenta un bar en Velce. “Los adultos y los niños”.

Rexhepi ascendió rápidamente dentro de las filas de una red con ambiciones continentales, dijeron funcionarios albaneses. Fue arrestado en 2006 por los asesinatos seis años antes de dos oficiales de policía y un transeúnte. En un acto que convirtió a Rexhepi en un nombre familiar en Albania, escapó el día de su arresto de una estación de policía en la ciudad costera de Durres simplemente abriendo una puerta con una cerradura defectuosa en una sala de interrogatorios del sótano. Salió bailando vals, diciendo a los oficiales de policía con los que se encontró que su interrogatorio había terminado.
«Se le considera inteligente, valiente y dispuesto a asumir riesgos», dijo un funcionario policial albanés que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

En los años siguientes, Rexhepi se convirtió en uno de los criminales más buscados de Europa, perseguido de un país a otro, destaca la investigación.

Fue arrestado por tráfico de drogas en los Países Bajos y extraditado a Italia, donde fue sentenciado a 13 años de prisión. En 2011, él y otros dos albaneses escaparon de una cárcel cerca de Milán después de usar sierras de contrabando para limar barrotes y saltar por una ventana con una cuerda improvisada hecha con sábanas atadas. Meses después, fue arrestado en España, pero extraditado a Bélgica, donde era buscado por su papel en un robo violento años antes. Pero la prisión belga de baja seguridad no pudo contener a Rexhepi. Una vez más, escapó, escalando un muro de la prisión.

Pero permanecer en Europa se estaba volviendo cada vez más insostenible debido al riesgo de otro arresto. Entonces Rexhepi huyó a Ecuador. Rexhepi construyó su red haciendo uso de empresas fachada legítimas, según los fiscales italianos. Rexhepi comenzó a establecer vínculos con empresas ecuatorianas que lo ayudarían a desarrollar sus operaciones de contrabando y lavar dinero. Uno de sus socios, un vicecónsul diplomático albanés en Ecuador, tenía grandes acciones en empresas de alimentos y cannabis, según registros públicos y un analista de inteligencia ecuatoriano que ha estudiado la red.

En pocos años en Guayaquil, Rexhepi y sus compinches construyeron un sofisticado sistema de logística de drogas, comprando personal portuario y compañías navieras que les permitían un acceso casi gratuito a los contenedores que se dirigían a Europa, dijeron los investigadores. Formó alianzas en todo el espectro de grupos criminales en el país, al vender Europa como un nuevo mercado abierto donde todos podían beneficiarse.

Sin embargo, la ley alcanzó a Rexhepi nuevamente, y en 2014, fue arrestado en Guayaquil, acusado de tráfico de drogas y finalmente sentenciado a 13 años de prisión. El sistema penitenciario en Ecuador estaba en gran parte dirigido por las bandas, y Rexhepi continuó construyendo su negocio, dijeron los investigadores.

Su tío, Jaupaj, dijo que su sobrino afirma que fue acusado falsamente y que simplemente dirigía un negocio de mariscos en Ecuador.

En una apelación de 2015, Rexhepi, utilizando el nombre falso Murataj Lulezim, acusó a las autoridades ecuatorianas de confundirlo con otro hombre y privarlo de su libertad «de manera injusta, sin una sola prueba en mi contra ni una sola foto que demuestre algún rastro de participación».

«Mi único pecado, por así decirlo, es que soy ciudadano albanés y vine a este país por la publicidad en el extranjero, que promueve la inversión».

Descenso a la anarquía

En septiembre de 2020, tras una investigación de cinco años, cientos de oficiales en toda Europa llevaron a cabo una gran operación encubierta contra las acciones de Rexhepi. Detuvieron a 20 personas en Italia, los Países Bajos, Alemania, Grecia, Rumania, Hungría, España, Albania y Dubái.

Las autoridades italianas enviaron una serie de cartas a los funcionarios ecuatorianos, instándolos a iniciar los procedimientos de extradición contra Rexhepi. En una carta de 2021 de la Embajada de Italia, a la que tuvo acceso The Washington Post, los diplomáticos advirtieron que Rexhepi organizó envíos transatlánticos de drogas y ordenó el asesinato de sus rivales “gracias a una densa red de complicidad y corrupción, desde la prisión, utilizando todo tipo de sistemas de comunicación”.

Pero Rexhepi tenía sus propios planes. En agosto de 2021, un juez de Guayaquil, Diego Poma, le concedió arresto domiciliario por “razones médicas” con un grillete electrónico, según la orden judicial. Días después, el juez ordenó que se le retirara el grillete electrónico y le ordenó que se presentara ante las autoridades cada 15 días. (Posteriormente, el juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura del país, que determinó que había violado la independencia de los funcionarios judiciales en varias decisiones que beneficiaban a poderosos capos de la droga). Poma, en su proceso disciplinario, negó haber actuado mal y dijo que siguió todos los protocolos legales al tomar sus decisiones.

En 2023, su liberación fue denunciada públicamente por el candidato presidencial Fernando Villavicencio como otro ejemplo de la caída de Ecuador en la anarquía; varios meses después, Villavicencio, que prometió enfrentarse a las bandas narcotraficantes del país, fue asesinado.

Para entonces, había quedado claro cuánto poder ejercían los narcotraficantes albaneses en Ecuador. Otro destacado narcotraficante albanés, Dritan Gjika, había establecido una extensa red de conexiones políticas y comerciales, según descubrieron los investigadores, supuestamente bajo la protección del jefe de la policía ecuatoriana. Algunos funcionarios de inteligencia europeos dijeron que sospechaban que Gjika podría ser parte de la red de Rexhepi.

En enero, las bandas ecuatorianas desataron una ola de violencia sin precedentes. El nuevo presidente del país, Daniel Noboa, respondió declarando un estado de conflicto armado interno contra las bandas, movilizando a los militares para tomar el control de las ciudades y las cárceles del país. Desde entonces, el gobierno ha promocionado una caída del 18 por ciento en la tasa de asesinatos, pero los secuestros y las extorsiones han seguido aumentando, y las organizaciones de derechos humanos han acusado al gobierno de arrestar a miles de personas con pocas pruebas y sin el debido proceso.

La caída de los asesinatos, dijo Renato Rivera, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador, “no es una respuesta a la militarización, sino a los procesos de paz y las alianzas criminales” entre pandillas. A pesar de la declaración del presidente de conflicto armado interno, las estructuras criminales más poderosas del país, como los albaneses, siguen “exactamente iguales”, agregó.

“Estos grupos transnacionales no se han visto realmente afectados”, dijo Rivera.

Nuevos mercados

Y los capos de la cocaína siguen adaptándose, en especial los albaneses, diversificándose y prosperando. A medida que las autoridades policiales de Europa han intensificado las operaciones de interdicción, en particular en los principales puertos del norte de Europa, los narcotraficantes parecen estar desplazándose a otros puntos de entrada.

Los Países Bajos y Bélgica, donde se encuentran los mayores puertos de Europa, incautaron en el primer semestre de 2024 aproximadamente la mitad de la cantidad de cocaína que en el mismo período del año pasado.

España, que ha seguido incautando cantidades récord de cocaína, parece estar superando a Bélgica y los Países Bajos como la puerta de entrada más importante de cocaína a Europa. Suecia y Noruega también informaron de incautaciones récord de cocaína en los puertos en 2023, según la Agencia Europea de Drogas. Alemania vio sus incautaciones de cocaína más del doble entre 2022 y 2023, según la UNDOC.

En respuesta al exceso de cocaína, siguen abriéndose nuevos mercados fuera de Europa. Según la UNDOC, Australia y Nueva Zelanda registraron la tasa más alta de consumo de cocaína en el último año del mundo, aunque los datos sobre aguas residuales indican que la mayoría de los consumidores de cocaína siguen consumiendo la droga ocasionalmente.

Según la investigación del Post, en Asia, si bien los datos son limitados, el consumo y las incautaciones de cocaína están aumentando en China y Japón, informa la ONUDC, al tiempo que observa aumentos en las incautaciones en India, Malasia y Filipinas. Esto sugiere que podrían surgir como centros de crecimiento para los traficantes. Si las tasas de consumo de Asia se alinearan algún día con las de Europa, el número de consumidores habituales de cocaína allí podría dispararse de 2 millones a más de 40 millones, según la UNDOC.

Según informes de ese organismo, los clanes albaneses han comenzado a establecer redes en Australia, explotando las debilidades del sistema de inmigración del país y sacando provecho de un mercado floreciente con altos precios de la cocaína.

Los albaneses han perfeccionado su operación en casi cualquier lugar, dijo Mejdini.

«Ya no hay límites para ellos», agregó. «El modelo que han creado, para forjar alianzas, para cooperar con otros extranjeros, les ayuda a llegar a todas partes. Donde haya demanda, ellos serán los repartidores».

Algunos analistas especulan que Turquía, donde los funcionarios informaron de un aumento del 44 por ciento en las incautaciones de cocaína entre 2021 y 2022, podría convertirse en un corredor crucial para trasladar la droga hacia el este.

Allí fue donde las autoridades encontraron a Rexhepi en noviembre pasado, dos años después de que fuera liberado de prisión en Ecuador. Fue arrestado en respuesta a pedidos de extradición de Italia y Albania.

El capo había cambiado una vida de lujo por otra, después de llegar a Turquía con un pasaporte colombiano, bajo el alias de Benjamín Omar Pérez García, y establecerse en una villa blanca en un suburbio costero de Estambul, dijeron las autoridades.

Rexhepi sigue tras las rejas en Turquía, por ahora.

Pese a su alta peligrosidad y rol fundamental en la estructura criminal de Los Lobos, un juez de Guayaquil lo liberó la semana pasada. Vicente Angulo Sosa estuvo detenido nueve meses, luego de ser capturado en el cantón Camilo Ponce Enríquez, Azuay. Es considerado el cerebro de las operaciones de minería ilegal, cobro de vacunas y tráfico de armas y explosivos desde 2022. Nota actualizada este 19 de diciembre.

Redacción Código Vidrio

Vicente Angulo Sosa, Alias Comandante Vicente, ha dirigido desde el 2022 las operaciones de minería ilegal y cobro de vacunas en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, y parte de Zamora Chinchipe. Aquí, Los Lobos han controlado unas 20 minas y extorsionan a empresas que tienen concesiones en 30 minas más, según informes de Inteligencia.

La semana pasada, Vicente Angulo, alias Comandante Vicente, y señalado como uno de los cabecillas del grupo terrorista Los Lobos, fue liberado de la cárcel por orden de un juez de Guayaquil. Fue detenido el 30 de marzo pasado, en un operativo combinado entre las Fuerzas Armadas y la Policía, tras un seguimiento de varios meses de las unidades de inteligencia.

Su excarcelación fue duramente cuestionada este jueves 19 de diciembre de 2024, tanto por las autoridades de las Fuerzas Armadas como de la Policía por cuanto Vicente fue capturado con abundante evidencia y es considerado un blanco de alto valor por su peligrosidad.

Fue liberado luego de una audiencia de revisión de medidas cautelares, que solicitaron sus abogados en un proceso de delincuencia organizada que data de 2018. En esa diligencia judicial, su abogada indicó que Angulo tenía diabetes, hipertensión y tuberculosis. Su valoración médica fue entregada a la Fiscalía, ya que en la cárcel donde estaba detenido no exist{ia la infraestructura para atender el cuadro médico de Angulo.

Ante estos argumentos, un juez de Guayaquil aceptó el pedido de sustituir la orden de prisión preventiva de Comandante Vicente. Dispuso que se presente periódicamente ante la justicia,  y que lleve un grillete electrónico mientras espera su juicio. Entre tanto, recibirá atención médica en su casa en una urbanización de Daule y trabajaría como técnico en un taller industrial en el suburbio de Guayaquil.

El Comandante coordinaba envío de explosivos y armas

Angulo estaba prófugo desde septiembre del 2023. En ese mes el juez Edwin Logroño, del Tribunal Penal de Guayas, ordenó su captura por el delito de delincuencia organizada, en el que también están enjuiciados cinco integrantes más de Los Lobos. El Comandante Vicente tenía un rol clave dentro del grupo criminal que disputa el control de territorios y hegemonía con Los Choneros. Además de la minería ilegal, se encargaba de coordinar el envío de explosivos y armas desde el sur a otras provincias del país donde el grupo criminal ha incrementado su presencia.

 En Azuay y Zamora, Los Lobos controlan a 40 grupos de mineros ilegales. Según estimaciones de Inteligencia, estas actividades criminales de minería ilegal les dejan a ese grupo criminal ganancias estimadas en 3,6 millones de dólares por mes.

Los últimos años, Los Lobos, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y que se atribuyó el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ha extendido sus actividades de tráfico de drogas, sicariato y extorsión a la extracción de oro ilegal, sobre todo al sur del país.

Según informes clasificados del sistema de inteligencia, en Camilo Ponce Enríquez, Los Lobos controlan una maquinaria criminal que genera decenas de millones de dólares cada mes, y explica en parte el crecimiento sostenido de integrantes de ese grupo delictivo, los últimos años.

El 70% de los habitantes del cantón Camilo Ponce Enríquez vive en situación de pobreza y la fuente tradicional de ingresos ha sido la minería artesanal de oro. Sin embargo, esta actividad que antes era de subsistencia, en los últimos años ha sido desplazada por la violencia de grupos armados que responden a la línea jerárquica de una organización criminal como Los Lobos.

La estructura delictiva ha establecido nexos con decenas de policías, militares, agentes estatales y operadores de justicia para garantizar su protección e impunidad en Azuay, según reportes oficiales.

Uno de los líderes de esa banda, que está siendo investigado, es un político que fue asesor en el despacho de un legislador, entre los años 2021 y 2023. El exfuncionario registra antecedentes por actividades ilícitas. Según los expedientes, este personaje es asociado como colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La incursión de Los Lobos en la minería ilegal de Ponce Enríquez se acentuó a fines de 2022, detallan los documentos de Inteligencia. Sus acciones criminales comenzaron con la “intimidación, secuestro, sicariato, extorsión y cobro de vacunas”.

En una siguiente etapa, tomaron el control de operaciones mineras que comprenden incluso concesiones legales dedicadas a la explotación de oro. Para ello incursionaron en minas y se instalaron en varias de ellas, sin dejar opción a los concesionarios legales, algunos de los cuales optaron por marcharse por temor a ser asesinados.

Con su llegada, estos actores instalaron la violencia y el miedo entre la población. El cantón Ponce Enríquez registró oficialmente 26 crímenes entre 2022 y 2023, según registros policiales. De entre las víctimas, sobresalen titulares de concesiones legales de minería de oro.

Los documentos del caso Metástasis, alrededor del narcotraficante Leandro Norero, que fingió su muerte por Covid-19 en Perú, también alertan las conexiones políticas, los métodos del lavado y el financiamiento de estas bandas en la minería. Norero era financista de Los Lobos. En su domicilio tenía 43 lingotes de oro que habían sido procesados en Portovelo, El Oro.

Un enredo administrativo que ha permitido operar a dos mineras sin licencia ambiental en La Maná y con un posible impacto a la naturaleza, se convirtió un lío judicial que ha escalado hasta la Corte Constitucional. Esta instancia deberá determinar si el fallo de tres jueces de la Corte Superior a favor de reanudar las actividades mineras se dio en apego a la norma o cometieron una falta por error inexcusable, lo que les podría costar sus cargos. Mientras tanto, las empresas siguen extrayendo oro. La defensa de Comiagne y La Mana Rome Gold asegura que las denuncias son una campaña premeditada en su contra, ya que cumplen con todas las reparaciones ambientales. Reconocen que operan sn licencia ambiental pero culpan al Ministerio de Ambiente de no entregársela.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

En la misma zona donde operan las mineras Comiagne y La Mana Rome Gold, también está asentada la embotelladora de agua Splendor, de la empresa Acquad’or que, ante lo que considera daños ambientales producidos por la actividad minera, presentó una acción de protección. Para ello argumentó los mismos informes de las entidades estatales que han determinado: “se hace de manera artesanal sin medidas de prevención y cuidado del recurso hídrico”; “existe una piscina presuntamente de sedimentación, sin ningún manejo ambiental”; “los parámetros de aluminio, sólidos suspendidos y hierro se encuentran sobre norma, por lo que se deberá solicitar a la DZ3 inicio de proceso administrativo”; “una vez realizada las inspecciones técnicas a las concesiones Ximena 1 se pudo verificar que los incumplimientos continúan y a pesar de que las mismas se encuentran suspendidas siguen realizando actividades mineras”.

En una primera instancia, en julio pasado, un tribunal anticorrupción, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, aceptó la acción de protección y ordenó el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspección y determinar la afectación ambiental. Además, pidió que se informe si hay investigaciones previas en Fiscalía por delitos ambientales, entre otras medidas. “En el caso que nos ocupa ha quedado probado el daño ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisión de las entidades demandadas”, sentenció el tribunal.

El Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minería, y la Agencia de Regulación Arcom, defendieron que han realizado un control efectivo y que prueba de ello son las docenas de informes y sanciones. La defensa de las mineras, por su parte, argumentó que acató todas las observaciones de pasivos ambientales, que no hay ningún daño al medio ambiente y opera legalmente. Tanto entidades estatales como mineras apelaron la sentencia. Y el caso fue a parar a un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, conformado por Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, quienes resolvieron el caso en un tiempo récord de dos días. Le dieron la razón a las entidades de control y las mineras y ordenaron la reapertura de las actividades extractivas en esta zona de La Maná.

Esto llevó a Acquad’or a interponer una acción de protección en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable. El motivo: Acquad’or denuncia que los jueces no dieron cuenta de la omisión cometida por los entes de control al no evidenciar los daños ambientales ya que se estaría contaminando el agua de los ríos la operación sin licencia ambiental. Además, argumenta que llama la atención que el tribunal avocó conocimiento de la causa el jueves 26 de septiembre y, el martes 1 de octubre, tras haber revisado más de 700 páginas del expediente, emitieron su decisión en favor de las mineras. En decir, “en dos días laborables”, cuando en estos casos los jueces suelen tardar semanas o meses en llegar a una resolución.

Control disciplinario

El pasado 10 de noviembre, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha ofició al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, la solicitud de declaratoria jurisdiccional en este caso. Eso quiere decir que un juez constitucional deberá analizar la causa: si no encuentra inconsistencias, archivará el caso, pero si las encuentra, emitirá un informe que se denomina “declaratoria jurisdiccional previa”. Esa es la manera en la que se controlan las acciones puntuales de los jueces.

Luego, ese informe deberá llegar al Consejo de la Judicatura para iniciar un sumario administrativo y emitir la sanción correspondiente. Un juez incurre en error inexcusable si (en una sentencia) hace una interpretación jurídica grave, mañosa o grosera, que no admite disculpa. Por lo tanto, la sanción es la destitución, explica la vocal de la Judicatura Solanda Goyes. Sin embargo, si la Judicatura resuelve que la falla no es tan grave, puede aplicar una sanción de suspensión por un mes sin sueldo. Pero, si en el análisis identifican que la decisión causó daños irreparables a las partes involucradas, a terceros o daños a la credibilidad del sistema de justicia, la única salida es la destitución.

De todos modos, Goyes dice que en el proceso de sumario administrativo los jueces observados tienen derecho a contradecir y argumentar sus descargos.  Esta alianza pidió una entrevista con los jueces Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, que fallaron a favor de las mineras, para conocer su posición en el caso. Pero, a través del departamento de Comunicación de la Corte de Pichincha, respondieron que “no pueden pronunciarse sobre las resoluciones”.

La defensa de las mineras

¿Cómo han podido operar Comiagne y La Mana Rome Gold por más de una década sin licencia ambiental en una zona de recarga hídrica? Tomás Alvear, abogado defensor de las empresas mineras, dice que todo esto es una campaña de desprestigio patrocinada por la empresa Acquad’or que solo responde a intereses económicos y no a una preocupación por el medio ambiente.

Alvear explica que en el proceso judicial se demostró que las empresas cumplieron con cada una de las sanciones emitidas por las diferentes entidades de control, dando cumplimiento a las reparaciones ambientales solicitadas. “Como todo proceso humano, la minería genera pasivos ambientales, que se han subsanado, sino no podríamos operar. No hay estudios que determinen la contaminación del agua”, dice Alvear.

Sobre la licencia ambiental que debe emitir el Ministerio de Ambiente afirma cada dos años hacen la solicitud al Ministerio de Ambiente, pero que no han recibido respuesta al trámite en los seis meses que prevé la ley, lo que da cuenta “silencio administrativo” que se interpreta como un visto bueno ya que no hay objeciones para la operación minera. “No es una omisión del titular minero, sino del Ministerio de Ambiente que no da trámite”, afirma el jurista, y añade que esto acarrea la destitución de los funcionarios que lo deben realizar.

Este medio también pidió una entrevista con un vocero de Ambiente, para conocer los motivos por los cuales no se ha emitido la licencia ambiental por más de una década, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería, dice que sí hay la figura de silencio administrativo si el trámite no se resuelve en seis meses, pero eso simplemente aprobaría un estudio de impacto ambiental que es un requisito, pero no emitirá la licencia que es un proceso posterior. “Todos estamos conscientes de las demoras e ineficacias del Estado, pero la licencia ambiental es el permiso más importante. Hay empresas que esperan hasta 18 meses porque quieren hacer un trabajo legítimo”.

Alvear culpa al Ministerio de Ambiente y dice que lo de Comiagne y La Mana Rome Gold no es el único caso, puesto que el 90 por ciento de las empresas de régimen de pequeña minería operan sin licencia ambiental por la ineficiencia del Ministerio de Ambiente. Está seguro que la Corte Constitucional les dará la razón.

¿Y los derechos de la naturaleza?

La Corte Constitucional deberá resolver este caso por dos vías. El primero será dar trámite a una acción de protección extraordinaria que presentó Acquad’or para revisar la sentencia del tribunal de Corte Provincial de Pichincha y la segunda será el informe de error inexcusable contra los mismos jueces.

Según Miguel Molina, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de Universidad Internacional (UIDE), el principal problema de la sentencia, más allá de que llama la atención que solo tomó dos días laborables en emitir su decisión, es que los jueces no tomaron en cuenta los derechos de la naturaleza, y consideraron suficientes los argumentos de los entes de control, cuando ha quedado demostrado que, pese a los informes y sanciones, el daño ambiental y los incumpliendo se siguen prolongando. Lo que considera una inobservancia a los derechos constitucionales.

“Sentimos que es trabajo de la academia involucrarse en esto”, dice Molina, quien el 9 de diciembre presentó un Amicus Curie dentro de esta causa. Este término que se traduce como amigo de la corte, para aportar datos e ideas que puedan ayudar a tomar la decisión a los jueces constitucionales.

Con este criterio coincide Ramiro Ávila, expresidente de Corte Constitucional: “La Corte ha emitido amplia jurisprudencia respecto a los derechos de la naturaleza: está el caso de Los Cedros, que habla del principio de precaución frente los posibles daños que podría afectar una actividad minera, por ejemplo, y el caso Río Monjas que trata sobre el cuidado de los ríos”. Efectivamente, estos argumentos no fueron considerados por los jueces, aunque el caso Los Cedros sí fue considerado por el tribunal anticorrupción que falló a favor de cesar las actividades de Comiagne y La Mana Rome Gold en primera instancia.

Según los constitucionalistas las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, y se podría considerar una vulneración si los jueces no aplicaron esta jurisprudencia, por desconocimiento u otra razón.

No obstante, para el abogado de las mineras los tres jueces consideraron todos los derechos, incluidos los de naturaleza. Hace énfasis en que la justicia constitucional no debe resolver cuestiones que ya resolvieron los entes de control como el Ministerio de Ambiente, aunque todavía no emita la licencia ambiental.

¿En qué terminará? La acción de protección la deberá resolver Karla Andrade, magistrada de la Corte Constitucional. Y lo más seguro, dice Miguel Molina, es que ella misma tendrá que pronunciarse sobre el error inexcusable, ya que se trata del mismo tema. El caso se resolverá en los próximos meses.

Control de polémicas sentencias

Hay dos niveles en la evaluación del sistema judicial que no tiene un mecanismo para examinar la calidad de las sentencias de una manera sistemática. Por el momento puede actuar de oficio en casos puntuales porque un juez se demora mucho en emitir una sentencia, por ejemplo. Pero cuando hay casos para revisar la actuación sobre las decisiones de un juez hace falta una demanda o queja para proceder con el proceso disciplinario de error inexcusable u otras causales que, previamente debe ser declarado por los tribunales superiores.

La vocal de la Judicatura explica que el control disciplinario es un nivel. Y el otro nivel es la evaluación de jueces, que tiene que hacerse por ley cada tres años, pero que no se ha hecho y hacen falta reformas para una evaluación oportuna. En ese contexto, Goyes ha propuesto la evaluación de tres pilares. Primero, la productividad para analizar cuántas sentencias emite en determinado periodo. Segundo la calidad de las decisiones, para lo cual debe tomarse una muestra, pues los jueces dictan entre 300 y 500 sentencias cada año, y no se pueden analizar todas. Y tercero la probidad, que implica que la Contraloría y otras instituciones del Estado proporcionen información sobre el patrimonio y otras consideraciones de los servidores judiciales.

Pero para esto también hace falta la aprobación de una reforma que está en manos de la Asamblea. “Entonces nadie mide la calidad de los fallos ni si están sustentados, hasta que la Asamblea apruebe la reforma. Esto hace que evita la rendición de cuentas sobre los pronunciamientos o sentencias”, comenta un juez que prefiere que no aparezca su nombre. Esto impide tener una radiografía del sistema judicial y separar a los jueces que tengan un desempeño deficiente.

 

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ENTREVISTA.  SANTIAGO PEÑAHERRERA, EXDIRECTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Los jueces no han sido evaluados desde hace ocho años

¿Cómo está operando la evaluación de jueces de la Corte Provincial de Pichincha. Alguien evalúa la calidad de los fallos, si están fundamentados y correctamente motivados?

El ejercicio de las potestades correctivas le corresponde a los jueces superiores, en el presente caso de la Corte Nacional de Justicia, quienes al conocer los recursos de casación están llamados a realizar un control de legalidad de las actuaciones de los jueces de primera y segunda instancia. Uno de los aspectos a verificarse es si las decisiones judiciales cuentan o no con una motivación suficiente, según la sentencia de la Corte Constitucional No. 1158-17-EP/21. Sería conveniente contar con estadísticas actualizadas respecto a casaciones admitidas en cada materia, tener una idea de cuántas sentencias son declaradas nulas por falta, indebida motivación o motivación suficiente, cuántas causas son reportadas al Consejo de la Judicatura, para que inicie los sumarios disciplinarios por la falta disciplinaria grave tipificada en el artículo 108 numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Además es importante considerar que la falta o indebida motivación puede conllevar al cometimiento de determinado juzgador de la infracción gravísima de error inexcusable, la cual debe ser declarada por los tribunales superiores, responsabilidad que en el caso de la consulta formulada recae del mismo modo sobre los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En este punto corresponde preguntarse si ¿en todos los casos los diferentes tribunales del máximo órgano de justicia ordinaria del país están declarado el error inexcusable, la manifiesta negligencia y el dolo? La respuesta es no, lo cual se evidencia con las declaraciones de estas inconductas que realiza la Corte Constitucional en procesos en los cuales ha existido casación. Sería conveniente que exista una investigación y una estadística respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 652 numeral 10 del COIP, referente a la condena a costas a juzgadores, cuando les sea imputable la nulidad del proceso. Lo señalado no sólo tiene relevancia respecto a los procedimientos administrativos sancionadores sino también en los procesos de evaluación lo cual es de competencia del Consejo de la Judicatura, pues sin duda serían importantes elementos para evaluar a los jueces, no olvidemos para el efecto existen tres grandes parámetros: cuantitativo, cualitativos, de legitimidad y transparencia.

¿Desde cuándo no hay una evaluación del desempeño de los jueces, en cuanto a sus fallos, y por qué?

A los jueces de la carrera judicial jurisdiccional, es decir jueces de primer nivel, de cortes provinciales y de los tribunales de lo contencioso administrativo y tributario no se los ha evaluado desde hace unos ocho años. Todo proceso de evaluación implica necesariamente presupuesto el cual como es de conocimiento general es limitado, requiere talento humano, que en el Consejo de la Judicatura está destinado a atender una gran cantidad de trámites que tienen el carácter urgente, y por supuesto, se requiere que no existan obstáculos legales. El Pleno del Consejo de la Judicatura, con resolución Nro. 186-2021 de 17 de noviembre de 2021, emitió el Reglamento General para la Evaluación del Desempeño y Productividad de las y los Jueces de las Cortes Provinciales y de las y los jueces de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario a nivel Nacional. Hasta el final de mi gestión como director general del Consejo de la Judicatura, 31 de enero de 2023, las áreas técnicas se encontraban trabajando en el instructivo para la evaluación. Sin embargo que existía avances respecto a la regulación de los procesos de evaluación, es importante señalar que dentro del recurso de apelación interpuesto en la acción de protección Nro. 17160-2020 00272, un tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante sentencia de 30 de diciembre de 2021, resolvió aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto y, revocó la sentencia de primera instancia del 2020, emitida por la Jueza de la Unidad Judicial de Contravenciones Penales y de Tránsito de Tumbaco. Dispuso: “(…) Como medidas de reparación inmaterial se dispone que: a) El legitimado pasivo presente a la Asamblea un proyecto de ley que incorpore la metodología y el desarrollo de los parámetros cualitativos, cuantitativos, legitimidad y transparencia, por cada materia y cargo para la evaluación integral de Jueces, funcionarios judiciales y funcionarios administrativos de la Función Judicial de manera pormenorizada, que puede ser mediante Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, de igual manera deberá plantear una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en la cual se establezca la creación de jueces especializados en materia constitucional tanto de primer nivel cuanto las Salas respectivas en las Cortes Provinciales de Justicia (…)”. La referida medida de reparación dispuesta tiene un sentido claro: para evaluar a todos los servidores judiciales debería previamente aprobarse una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para establecer los parámetros de evaluación cuantitativa, cualitativa, de legitimidad y de transparencia. No obstante, esa medida no es jurídica ni técnicamente viable, primero porque el Consejo de la Judicatura carece de iniciativa legislativa, no puede presentar proyectos de ley. Y en segundo lugar porque la Constitución es clara al determinar que le corresponde al órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial determinar los parámetros de evaluación y no al legislador. Por último no es técnicamente conveniente establecer parámetros de evaluación en la ley, pues no es lo mismo evaluar a jueces que a fiscales, que a defensores públicos, que a servidores administrativos y no es lo mismo evaluar hoy a un juez que dentro de diez o más años. Si no lo ha hecho aún, la Asamblea debería pronunciarse expresamente en dicho sentido y de esta manera, dar la viabilidad para que el CJ continúe con la determinación de los parámetros de evaluación sin necesidad de reforma legal, lo otro es que se declare la inejecutabilidad parcial de la sentencia.

 ¿Qué implica la falta de una evaluación permanente a los jueces, en qué medida afecta a los usuarios?

 El artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial regula la evaluación permanente, la cual busca medir la calidad de trabajo que realizan los jueces. Permite contar con una radiografía del órgano jurisdiccional, separar a jueces que hayan tenido un desempeño deficiente, diseñar estrategias de mejora continua, legitimar y trasparentar la gestión de los operadores de justicia.En tal sentido, la evaluación constituye una garantía, en especial para los usuarios que la tutela judicial efectiva no es una frase carente de sentido práctico.

¿Se puede medir técnicamente si los fallos de los jueces son sólidos, fundamentados, que no estén sesgados o estén claramente direccionados para beneficiar a una de las partes, por factores extrajudiciales?

 Por supuesto que sí, el principal mecanismo es al conocerse y resolverse diferentes recursos por parte de las instancias jurisdiccionales superiores. Otro mecanismo es con la inteligencia artificial, la cual permite saber cuántas sentencias corresponden a determinado juzgador, saber cómo ha resuelto, conocer si en situaciones en las cuales los supuestos son los mismos se ha apartado de su criterio y con ello, de ser el caso iniciar una investigación de transparencia. De hecho, como director general del Consejo de la Judicatura suscribí un convenio con el Instituto Republicano Internacional que tiene por objetivo el fortalecer el sistema de justicia ecuatoriano, transferencia de conocimientos e intercambio de buenas prácticas en la región, ejecución de proyectos conjuntos y de investigación jurídica, asistencia técnica y metodológica; procesos de formación enfocados en la especialización de los operadores de justicia, con vigencia de 2 años a partir del 05 de agosto de 2022; con dicho convenio se busca la implementación de un software que permita lo antes señalado, es importante que el CJ gestione su pronta implementación.

 

En un operativo antidrogas en Arica, al norte de Chile, fueron detenidas 12 personas de nacionalidad ecuatoriana, 11 de ellas mujeres, el 3 de diciembre pasado. El único hombre apresado tenía en su celular un video que registra un ritual de adoración a la Santa Muerte. El experto en crimen organizado Pablo Zeballos explica que la “Santa Muerte” fue adoptada en Ecuador por algunas bandas, en especial la de “Los Lobos”, como parte de la influencia directa de los carteles mexicanos.

Redacción Código Vidrio

Las once ecuatorianas y el connacional, José Luis Herrera Pozo, presunto cabecilla de la red, fueron detenidos el 3 de diciembre en Arica, al norte de Chile, por narcotráfico. Integraban una red que tenía en su poder 18 kilos de ketamina pura, guardadas en 54 fundas plásticas, valorados en un millón de dólares.

Aunque en los hospitales la ketamina se utiliza como sedante, anestésico y analgésico, también es comercializada ilegalmente porque puede ser usada como una droga recreativa por sus efectos alucinógenos.

Un video que muestra cómo un ecuatoriano se encomienda a “la Santa Muerte”, figura central del culto de carteles mexicanos, fue encontrado en el teléfono de Herrera el sábado pasado, por personal de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco), junto con la Fiscalía, según publicó el medio chileno El Mostrador.

Según la Fiscalía, la investigación está vinculada al caso que sigue las operaciones de la organización criminal transnacional “Los Costeños”, a quienes pertenecían 97 kilos de ketamina que fueron decomisados meses atrás en Arica, que habían sido vendidos al Tren de Aragua. 

Según estimaciones preliminares, la red de mujeres ecuatorianas sería manejada por un venezolano detenido, identificado como uno de los cabecillas del Tren de Aragua. El venezolano estaría amenazando a los ecuatorianos que al parecer trataban de llevarse a las mujeres a Santiago.

Este caso evidencia las asociaciones criminales que el Tren de Aragua ha ido hilvanando con bandas en Ecuador Perú y Chile, a escala regional.

Los primeros seguimientos

El operativo para ubicar a la banda empezó el viernes pasado, cuando los policías comenzaron a seguir a un automóvil Nissan con matrícula peruana, conducido  por dos individuos de esa nacionalidad, además del ecuatoriano, con quien se reunieron en una terminal de buses, reportó la prensa local. 

Luego se movilizaron hasta una casa. A la mañana siguiente uno de los peruanos se trasladó hasta un taller donde le cambiaron el parachoques trasero del vehículo, después de lo cual regresó a la vivienda, bajando un bolso de peso considerable.

Horas más tarde, la Policía incursionó en el lugar, encontrando a todos los ecuatorianos en posesión de 18 kilos de ketamina, valorados en mil millones de pesos, más de un millón de dólares.

También encontraron fajas y tampones, que serían utilizados por las mujeres para esconder la droga en sus cuerpos y viajar a Santiago para entregarla. Para ello, contaban con pasajes aéreos y terrestres. Al menos siete de las ecuatorianas residen en Chile, en distintos barrios de Santiago.

Las 11 ecuatorianas y su compatriota fueron acusados formalmente por tráfico de drogas y asociación ilícita. Y el juez dictó su prisión preventiva.

La Santa Muerte

La investigación cobró un giro sorpresivo, cuando la policía revisó el celular del único hombre del grupo, José Luis Herrera. En su dispositivo encontraron un video grabado poco antes de la detención. 

Las imágenes muestran una vela encendida, alrededor de la cual están amontonadas las bolsas del polvo blanco de ketamina, mientras se escucha de fondo la voz del ecuatoriano:

-“Te pedimos tu bendición, madre santísima, para que todo lo que hacemos nos vaya con bien, para que todas las cosas que intervenimos sea maravilloso y para que las cosas que hacemos en suciedad, bajo la no protección… sabemos que dios no va con lo malo, pero en el nombre tuyo, madre misericordiosa, te pedimos que tengas misericordia en nosotros y que veas nuestro corazón”, dice con una gran devoción que raya en la timidez.

-“Nuestro corazón es humilde y las cosas que hacemos, aun no sean correctas, las hacemos por la misericordia de dios padre. Que todas y cada una de las chicas que están caminando con esto lleguen con bien. Que todas y cada una de las personas que le ponga la mano, nadie pueda tocar y robar, que nadie pueda más decir, que nadie pueda, en el nombre misericordioso de la santísima Madre Muerte yo te imploro y te pido que tú me des tu bendición aquí, en este momento, en este lugar, santifiques este trabajo para que este trabajo llegue con bien donde quiera que tenga que ir, para que este trabajo se dignifique, para que este trabajo se consagre, para que este trabajo llegue con bien y la maldad de nosotros los hombres no se convierte…”.

El experto en crimen organizado Pablo Zeballos, autor del libro Un virus entre sombras, quien ha estado varias veces en Ecuador mapeando la evolución del crimen organizado, dijo que el rito de la “Santa Muerte” se extendió hace varios años ya por distintos países de América Latina, entre ellos, Ecuador, donde una de las organizaciones criminales más importantes, “Los Lobos”, la adoptó como suya. Eso debido al contacto que ha tenido con carteles mexicanos, que les han dado de entrenamiento. En especial Jalisco Nueva Generación.

“Si un ciudadano ecuatoriano efectúa rituales de la Santa Muerte, existe una posibilidad importante de que sea miembro o haya tenido un contacto estrecho con esa agrupación criminal, por lo tanto, es imprescindible que la policía y el Ministerio Público investiguen rigurosamente”.

En este contexto de gran criminalidad, una de las formas para identificar cuándo las organizaciones criminales han traspasado las fronteras nacionales es cuando se produce la transmisión de identidad cultural. Uno de los aspectos más decidores es la religiosidad”, apuntó Zeballos.

Los Lobos tienen una influencia y hegemonía en 18 provincias de Ecuador; y se ha convertido en la estructura delictiva ecuatoriana de mayor crecimiento transnacional en América Latina, revela este reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico y Código Vidrio. Su expansión ha alcanzado regiones del Perú, Colombia y Chile, aprovechando las rutas de narcotráfico, los centros de la minería ilegal de oro y el contrabando de armas. Su expansión implica alianzas con grupos como el Tren de Aragua y Comandos de la Frontera.

Por: Alianza Transfronteriza Código Vidrio – Vistazo- OjoPúblico  

Antes de la pandemia Los Lobos eran un grupo de sicarios que prestaba sus servicios a otras organizaciones criminales dedicadas al tráfico global de drogas; pero apenas cinco años después se han convertido en la estructura delictiva de mayor crecimiento y penetración transnacional del Ecuador en América Latina. Su presencia alcanza a varias regiones del Perú, Colombia y Chile.

Una investigación de la Red Transfronteriza integrada por Vistazo, Código Vidrio y OjoPúblico (Perú)  identifica que esta organización, asociada con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación de México, tiene el control en 18 de las 24 provincias de Ecuador y ha extendido su influencia hacia las zonas limítrofes con Colombia (Nariño y Putumayo) y Perú (Tumbes y Piura).

Un documento de inteligencia, de fines de noviembre de este 2024, al que esta investigación tuvo acceso, confirma el nivel de expansión de este grupo, que supera al de Los Choneros que tienen presencia en ocho provincias, donde también están Los Lobos, que les han declarado la guerra por el control territorial en todo el país.

Es uno de los aproximadamente 12 grupos armados ilegales más peligrosos de Ecuador, pero es el más relevante por el amplio control territorial que ejercen de las rutas para el tráfico de cocaína y otros insumos ilegales, y por su dominio en zonas de extracción ilegal de oro. Fuentes de Inteligencia militar entrevistados para este reportaje coinciden en señalar que Los Lobos está integrado actualmente por más de 10 mil personas.

La experta en criminalística, Alexandra Mantilla, coincide con estos cálculos militares. Hacia el año 2021, cuando “estaban en franco crecimiento se estimaba que sus miembros eran siete mil; pero tres años más tarde, estimo que hay entre 10 a 12 mil personas”, explica Mantilla, en base al análisis que ha hecho sobre las acciones de violencia realizadas por esta organización.

El 6 de junio de este año, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a Los Lobos como “la organización de narcotráfico más grande del Ecuador”. La otra banda reconocida como tal por el gobierno estadounidense son Los Choneros, respaldada por el Cártel de Sinaloa, también de México. En sus inicios, Los Lobos trabajaban para Los Choneros.

El gobierno estadounidense informó que el conjunto de propiedades y bienes vinculadas a integrantes y familiares de Los Lobos que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos de los Estados Unidos serán bloqueados y reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Una veloz expansión: más allá de las fronteras

La estructura criminal de Los Lobos se especializó inicialmente en extorsiones y secuestros. Luego de las masacres carcelarias entre 2021 y 2022, que dejaron más de 400 internos muertos, el Gobierno separó a los líderes de los grupos criminales en distintas prisiones.

Esto ocasionó la dispersión de los miembros de Los Lobos hacia diferentes provincias del país. “La respuesta del gobierno coadyuvó la expansión de sus operaciones hacia Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Los Ríos, Napo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, El Oro, Azuay y Loja”, cita un informe policial al que accedimos para esta investigación.

Al norte de Ecuador, en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, sus miembros se especializaron en la extorsión a mineros ilegales, y desplazaron al Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, que operaba en la ciudad de la Merced de Buenos Aires (provincia de Imbabura).

Por el centro y sur del país, Los Lobos se extendieron en las provincias mineras de Azuay y en El Oro, que limita con Perú. Desde el 2022, en el cantón minero Ponce Enríquez se dedican a la explotación ilegal de oro, donde controlan alrededor de 20 minas, a través de operadores llamados “sableros”.

Ponce Enríquez cobró gran relevancia en los últimos años porque se convirtió en una fuente permanente de millonarios ingresos para este grupo criminal. La organización delictiva rápidamente aprendió la dinámica de toda la cadena de extracción y comercialización del oro, desde la extracción, hasta el procesamiento y exportación de oro hacia mercados internacionales.

Así, Los Lobos, que solo estaban vinculados al tráfico de drogas, encontraron en el negocio del oro la mejor manera de invertir y lavar sus activos.

Su avance hacia el lado peruano obedece, según los reportes policiales de Ecuador, a dos dinámicas: el tráfico de armas que ingresa desde el Perú y el control de la minería ilegal de oro para luego exportar el mineral desde Ecuador, por sus facilidades e inexistentes controles cruzados.

“La deficiencia en los controles fronterizos, pasos ilegales o irregulares en las fronteras de Ecuador ha permitido el paso de armas y municiones. La puerta principal del tráfico de armas es la frontera sur [de Ecuador], por uno de los 80 pasos irregulares detectados”, señala un informe de la Inteligencia.

Pero este avance territorial de Los Lobos no se realiza necesariamente de manera violenta. Pablo Zeballos, investigador y autor del libro Un virus entre las Sombras, la Expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, sostiene que “en el norte del Perú, hay indicios de vínculos entre Los Lobos y el Tren de Aragua, dos organizaciones emergentes que debieran estar en pugna pero en esta zona las vemos en acción coordinada”.

En su publicación recogió testimonios de diversos actores que explican la relación entre ambas estructuras criminales. En zonas donde hay pugnas por el control territorial, como las áreas de explotación de minería ilegal, “hay posibles acuerdos para beneficio mutuo”. Pero, advierte, las asociaciones entre organizaciones delictivas suelen ser temporales y frágiles.

Los Lobos, según el investigador, tienen en común con el Tren de Aragua su vocación trasnacional, su crecimiento exponencial y sus incursiones en actividades de minería ilegal. Además, ambas nacieron y se fortalecieron desde una prisión. Los Lobos desde la cárcel de El Turi, en Cuenca, y el Tren de Aragua, desde el presidio de Tocorón, en el estado de Aragua.

El símbolo de la alianza criminal

Las huellas de esta alianza delictiva también son visibles, precisamente, en las celdas de la cárcel Turi, en Cuenca. En esas paredes hay esbozos con símbolos, que según los expertos, son más que solo dibujos.

Un policía identificó el signo de los dedos de la mano que simula un lobo, característico del grupo criminal, con una bandera de Venezuela en la muñeca. Un oficial encargado del análisis del avance criminal cree que este signo puede ser una expresión más de la alianza entre Los Lobos y el Tren de Aragua.

Pese a las coincidencias e intereses económicos comunes, ambos grupos tienen una diferencia en la relación de sus miembros. Los Lobos, a diferencia del Tren de Aragua, son una estructura militarizada, con niveles de disciplina jerarquizados. En este sentido son más parecidos a Los Zetas, derivados de grupos armados de élite de México, dicen los oficiales ecuatorianos.

El investigador Zeballos señala que los miembros de estos grupos no le tienen miedo a la muerte y no temen ir a la cárcel, porque ésta se convirtió en su gran centro de operaciones. Esto explica su capacidad para reclutar a jóvenes, muchos de ellos menores de edad.

Zeballos resalta que es necesario prestar mayor atención a la organización de estas nuevas superestructuras criminales. “Posiblemente hay liderazgos ocultos en Los Lobos que tienen formación paramilitar”. “Esa mutación hacia una estructura de corte militar también se evidencia en su jerga: sus cabecillas piden que sus subordinados los llamen comandantes”, subraya el analista. Otra particularidad es su esquema de liderazgo, que varía de acuerdo a las corcunstancias, entre vertical y horizonal, cuando sus líderes tienen que replegarse, ante el acecho de las autoridades, o de sus rivales en la cancha criminal.

Detenciones en Perú y Chile

¿Hasta dónde llega la influencia actual de Los Lobos? El pasado 22 de agosto, uno de los integrantes de Los Lobos, Wilson Cevallos Cruz, de 23 años, fue extraditado desde Santiago de Chile a Quito, por un proceso judicial que tenía pendiente en Ecuador y que concluyó con su condena por asesinato agravado.

Zeballos tiene dudas sobre la presencia de Cevallos en Chile. “¿Buscaba evadir la cárcel en Ecuador o estaba a cargo de una silenciosa expansión de sus actividades en Chile?”, se pregunta.

Wilson Cevallos asesinó en febrero de 2019 a un hombre por una deuda de 10 dólares, en la zona El Recreo, de Durán, en la provincia costera de Guayas, según la investigación judicial en su contra.

Como la justicia le seguía los pasos, se cambió de nombre y viajó por tierra hacia Perú y luego a Chile, donde se quedó. Vivía en la comuna La Cisterna, de Santiago, con un nombre falso: Enrique David Gamarra Cruz. Incluso, llegó a obtener un registro de identidad chileno (RUT).

En Chile viven sus familiares y entorno cercano. Al investigar sus redes familiares y sociales, las autoridades locales sospecharon que se trataba del prófugo ecuatoriano integrante de Los Lobos. Cuando adoptó su falsa identidad mantuvo el apellido materno, lo que permitió que las autoridades chilenas hicieran las conexiones que lo relacionaron con Los Lobos.

El cotejamiento de huellas dactilares, a través de la colaboración de las oficinas de Interpol, corroboró que se trataba del mismo hombre.

Pero no es un caso aislado. El 7 de noviembre de 2023, Carlos Fernando Castillo Procel fue detenido en la comuna de Independencia, en el área metropolitana de Santiago de Chile. Decía trabajar como barbero y peluquero, pero Ecuador era uno de las 10 personas más buscadas por homicidio y sus vínculos con Los Lobos.

Según investigadores de la policía ecuatoriana entrevistados para este reportaje, Chile es uno de los países en el que los integrantes de Los Lobos buscados por la justicia han elegido para afincarse en su ruta de escape e influencia.

Pero no es el único. Una situación similar ocurre en Perú. En agosto de 2023, la policía de este país detuvo al ecuatoriano Bryan Maza Pardo (25) en la provincia de Zarumilla (Tumbes). Según la información de la policía peruana, Maza Pardo tenía planeado asesinar a un ciudadano peruano.

Un general de la Policía de Ecuador, que pidió no ser citado, recalcó que la colaboración con Interpol y la policía de Perú y Chile, tiene como objetivo “golpear las estructuras y fuentes de financiamiento [de Los Lobos], e identificar sus contactos y operadores” en los tres países.

De los 7.181 operativos realizados por la policía ecuatoriana en el 2024 contra las organizaciones criminales, 1.181 han sido contra Los Lobos. En las redadas se incautaron de 248 armas de fuego en poder de este grupo. En este mismo período la Policía registró 151 amenazas de atentados.

Varios cabecillas de Los Lobos han sido detenidos. Entre ellos: Carlos Angulo, alias Invisible, sentenciado como autor mediato del asesinato de Villavicencio; Fabricio Colón Pico, por amenazas contra la fiscal Diana Salazar, y Vicente Angulo, conocido como comandante Vicente, cabecilla de Los Lobos en el cantón minero Camilo Ponce Enríquez. Tras la captura de este último se desató una nueva guerra entre dos facciones que operan en ese cantón. Esta semana, a inicios de diciembre, tras tres meses de estar preso, Angulo fue liberado, pese a la abundante evidencia en su contra. A fines de noviembre 13 presuntos integrantes de eso grupo criminal también fueron detenidos en Cuenca y Manta, acusados de delincuencia organizada y microtráfico.

Acuerdos con los Comandos de la Frontera 

En las provincias amazónicas de Orellana, Sucumbíos y Napo, Los Lobos mantienen alianzas con el grupo armado de Colombia Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC. Así lo explicó el comandante del Ejército, Fernando Adatty, en una entrevista con Código Vidrio y Ojo Público.

La minería ilegal, los laboratorios desmontables de pasta básica de cocaína en plena selva y las plantaciones de hoja de coca son actividades en las que Los Lobos y Comandos de la Frontera colaboran en la frontera.

El 3 de abril de 2024, en un operativo contra la minería ilegal en el río Vicuna, provincia de Orellana, los militares ecuatorianos fueron recibidos a balazos por grupos ilegales armados. En el lugar se hallaron cinco retroexcavadoras y tres clasificadoras. Durante el enfrentamiento uno de los atacantes murió. Entre los detenidos, había dos menores de edad, de 16 y 17 años.

Mientras en las fronteras impulsan las rutas del tráfico de drogas y la extracción ilegal del oro, y forman parte de la cadena de contrabando de armas, en las ciudades, como Quito, los miembros de Los Lobos se dedican al robo y a la extorsión.

Los orígenes

Los Lobos se formaron en la provincia de Azuay, al sur de Ecuador, en 2019, bajo el liderazgo de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, conocido como Pipo o Tuerto (llamado así por la herida en el ojo que le causó uno de sus enemigos).

Al inicio, fueron parte de Los Choneros, la organización criminal vinculada al cartel mexicano de Sinaloa que dominó varias zonas de Ecuador hasta aproximadamente los primeros meses de la pandemia. Tras el asesinato de su líder (Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña), las bandas se dividieron e iniciaron una ola de violentos atentados.

Los informes policiales señalan que Wilmer Chavarría fortaleció los lazos e influencia de Los Lobos cuando estuvo preso en la cárcel de Turi, en Cuenca (Azuay).

La estrategia de Wilmer Chavarría consistió en mantener un perfil bajo y actuar en la sombra, explica un agente policial que, como los otros oficiales encargados de investigar estas organizaciones criminales en Ecuador, solicita no revelar su identidad por medidas de seguridad.

La información policial señala que Chavarría estuvo preso en 2010, pero que antes del inicio de la pandemia recuperó su libertad. Luego, durante un tiempo, radicó en Santo Domingo de los Tsáchilas, una provincia del centro de Ecuador que, por su estratégica ubicación, es el corazón de varias rutas del narcotráfico, pues une los andes con la costa.

El 23 de febrero de 2021, la familia de Chavarría registró su muerte por Covid-19 en Ecuador, pero informes reservados de la policía indican que el acta de defunción fue falsa, lo cual también fue corroborada en el caso Purga.

No era la primera vez que una persona investigada por organización criminal fingía su muerte. Precisamente, el financista de Los Lobos, condenado por lavado de activos, Leandro Norero también simuló en 2021 su muerte para huir de la justicia peruana que lo buscaba por narcotráfico.

Durante la pandemia, luego de falsificar un certificado de defunción, Norero volvió a Ecuador. Durante aquellos años, con los recursos financieros de la venta de cargamentos de cocaína, Norero financió tres estructuras armadas ilegales en Ecuador, una de ellas fue Los Lobos. Norero, según la fuente policial, ayudó a Wilmer Chavarría a simular su muerte y a salir de la cárcel.

Luego, según las mismas fuentes, Wilmer Chavarría se realizó una cirugía estética para no ser reconocido.

Sin embargo, la relación entre ambos cambió cuando Norero comenzó a tener contacto con la banda rival Los Choneros para tratar de ganar poder en la cárcel de Cotopaxi, controlada por Los Lobos. Por esta razón, en octubre de 2022, desde Europa, Chavarría habría ordenado el asesinato de Norero durante una masacre en la cárcel de Latacunga (en la provincia de Cotopaxi), donde también fueron asesinados otros 15 presos.

Norero fue una de las piezas claves para entender cómo opera el narcotráfico en la política de Ecuador. En el proceso judicial del caso conocido como Metástasis, que empezó en diciembre de 2023, a raíz de los mensajes de teléfono hallados en su celular, se conoció su influencia para excarcelar al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2018) y el pago de sobornos a jueces.

Glas, según reveló la fiscal general Diana Salazar, accedió a la libertad condicional, luego de que Norero sobornara a un juez con 250 mil dólares.

El brazo más violento

Los Lobos no son solo la organización criminal más hegemónica en Ecuador, sino también una de las más violentas. Una de sus facciones, radicada al suroriente de Quito, fue la responsable del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023.

A cambio de ejecutar al político, el grupo criminal se iba apropiar del mercado local de microtráfico de drogas en gran parte de Quito. Eso se lee en el proceso judicial contra cinco investigados por el asesinato del candidato presidencial. Todos los sicarios de Villavicencio fueron asesinados dentro de la cárcel, ocho semanas después del crimen.

Documentos de inteligencia confirman que la agrupación planificó inicialmente el asesinato del alcalde del cantón minero Ponce Enríquez, José Sánchez Reyes, quien empezó a ser incómodo cuando impulsó intervenciones de mayor impacto contra la minería ilegal con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía. En abril de 2024 fue acribillado a balazos.

 Otra de las facciones de Los Lobos también habría amenazado de muerte a la Fiscal general Diana Salazar y a su hija, menor de 12 años. Ese caso fue denunciado por Salazar, quien responsabilizó del plan a Fabricio Colón Pico, un integrante de Los Lobos preso en la cárcel La Roca, construida como un centro de máxima seguridad en Guayaquil. En octubre Colón Pico fue sentenciado en este caso a ocho años de cárcel por intimidación.

Un refugio en Turquía

Desde el 2022, el lider de Los Lobos ha ordenado los asesinato de sus rivales para controlar las rutas del narcotráfico.

La investigadora Alexandra Mantilla, que ha analizado la personalidad de estos mandos criminales, explica que Wilmer Chavarría “muestra una personalidad marcada hacia la manipulación estratégica y la capacidad para la violencia extrema. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado ser metódico y calculador, con habilidad para formar acuerdos en el mundo del crimen organizado y la eliminación de sus rivales. En prisión utilizó su influencia para crear y fortalecer a Los Lobos”, sostiene.

Sin embargo, Mantilla advierte que Chavarría no es el mayor de los problemas. “Este grupo no improvisa, tiene una estructura bien marcada y otros líderes, ocultos, pueden estar en cualquier calle, actuando en forma invisible”.

Estas características y capacidad para establecer alianzas es uno de los atributos de Los Lobos: su sigilosa expansión hacia Perú, Colombia y Chile.

Un alto oficial de Ecuador que conversó con los reporteros de esta investigación periodística reveló que la institución policial ha solicitado a su par de Turquía, a través de Interpol, información sobre la posible presencia de Wilmer Chavarría en ese país. Pero aún no hay resultados.

En los últimos años, Turquía se ha convertido en el refugio de narcotraficantes que han huido de Ecuador. Dos operadores de la mafia albanesa, Dritan Rexhepi y Dritan Gjika, huyeron hacia ese destino.

El primero de ellos enviaba cargamentos de cocaína desde una cárcel ecuatoriana; y luego, convenció a un juez para que lo liberara usando una de sus ocho identidades. El 10 de noviembre de 2023 los agentes de la Europol lo detuvieron en Estambul.

De Dritan Gjika los reportes periodísticos desde Albania sugieren que su último destino también fue Turquía. Aún no ha sido detenido, pero las investigaciones de la justicia señalan que Gjika operaba desde Ecuador a través de una red de empresas de fachada y testaferros.

ANÁLISIS. La sociedad fue permeada primero por los intereses de grupos locales corruptos cercanos a los poderes políticos de turno y luego por corporaciones mafiosas transnacionales, incluidos carteles mexicanos y europeos, asociadas con operadores políticos y económicos, en los sectores público y privado. Este no es un fenómeno reciente. Desde hace cuatro décadas o más la corrupción ha ido erosionando diversos sectores de la sociedad, que han sido incapaces de reaccionar con estrategia para frenar su expansión. Este 9 de diciembre se conmemora el Día internacional contra la Corrupción.  

Por Arturo Torres

Ecuador, Latinoamérica y Centroamérica están asoladas por la tercera ola del crimen transnacional, que halló un terreno fértil para expandirse, en varios casos, en la corrupción sistémica que corroe al estado a distintos niveles. Es un virus silencioso que se ha reproducido en organismos débiles, con pocas defensas para neutralizarlo. “Las democracias o sociedades debilitadas, permeables y divididas, son sus preferidas. El virus requiere de las sombras de una institucionalidad resquebrajada con el objetivo de lograr la captura del Estado, según alerta en su último libro, “Un Virus Entre las Sombras”, el analista chileno Pablo Zeballos, especializado en crimen organizado y terrorismo transanacional.

En el caso de Ecuador, la corrupción sistémica se profundizó los últimos catorce años y se agudizó tras la pandemia, en 2020. El Estado ha sido especialmente golpeado los últimos cuatro años por la inseguridad, desatada a causa del narcotráfico y sus bandas, brazos armados que generan la violencia y el miedo, que también han incursionado vertiginosamente en la minería ilegal de oro, con la complicidad de actores estatales. La institucionalidad estatal fue permeada primero por los intereses de grupos locales corruptos cercanos a los poderes políticos de turno y luego por corporaciones mafiosas transnacionales, incluidos carteles mexicanos y europeos, asociadas con operadores políticos y económicos, en los sectores público y privado.

Este no es un fenómeno reciente. Desde hace cuatro décadas la corrupción ha ido erosionando diversos sectores de la sociedad, que han sido incapaces de reaccionar con estrategia para frenar su expansión. Esa tarea -enfrentar a la corrupción- ha sido delegada por la sociedad civil exclusivamente a la casta política, que perdió legitimidad y representación, por su cercanía a dinámicas corruptas. Los esfuerzos de contadas organizaciones sociales e internacionales y de los medios de comunicación se quedó corta frente a la avalancha incontenible de la descomposición institucional.

Este fenómeno ha tenido en las autoridades estales actores preponderantes, cómplices. El estado dejó de ser el eje, el rector de la política pública en beneficio de toda la población, en especial los sectores más vulnerables. Fue capturado por intereses individuales y corportaivos de castas políticas y económicas, que han ido y venido.

Así, el estado se convirtió en un vehículo, en un medio, usado por las élites y grupos políticos y económicos para beneficio, primero, de personas, familiares y amigos, para luego dar un salto y favorecer, con sus decisiones, a grupos, gobiernos autoritarios de otros países y también corporaciones criminales. Ese fue el inicio de una hipercorrupción que se caracteriza por una práctica transaccional de intercambio sostenido de intereses, entre actores públicos y privados, entre quienes ostentan el poder político y el poder económico. Estos actores han alternado en el poder, han sido juez y parte en la toma de decisones. Así se han turnado, no solo para gobernar, sino para cubrirse las espaldas en su retirada momentánea del poder.

Para este análisis consideramos el concepto de la corrupción, entendida como la vulneración de la obligación legal en un cargo o puesto, ya sea en el sector público o privado, para beneficio particular, individual. Quién más ha desarrollado este concepto es la estudiosa china Yuen Yuen Ang y en Ecuador está siendo aplicado en estudios por el académico César Montúfar, profesor de la Universidad Andina.

Para la década de los 90, los casos de corrupción eran contados con los dedos de la mano. Pero desde comienzos de este siglo este fenómeno dio un giro hacia la cúpula política del estado. Ganó en complejidad y diversificación con el boom de las materias primas, especialmente del petróleo y banano, que generó muchos más recursos para el estado en el contexto de un nuevo sistema monetario vigente: la DOLARIZACIÓN, que reemplazó al sucre como moneda de cambio en el año 2000, según Móntufar.

En ese momento Ecuador dejó de ser un país de tránsito de la cocaína colombiana, que se trafica hacia el mercado de EE.UU., esencialmente. Se convirtió silenciosamente en una plataforma para el crimen transnacional, que aprovechó las facilidades del nuevo esquema monetario para agilizar y facilitar las transacciones económicas en el sistema financiero internacional. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afianzaron sus redes logísticas y de apoyo a su país vecino Ecuador, de la mano con su alianza estratégica con el cartel de Sinaloa.

Entonces, llegar al control del Estado se volvió vital para los grupos económicos y organizaciones criminales, que penetraron en las estructuras partidistas por su lado más vulnerable: el financiamiento de las campañas políticas. Algunas de esas organizaciones convirtieron a los partidos y movimientos en un apéndice de sus empresas y negocios.

Para la toma del estado se creó otra superestructura legal, desde lo económico hasta lo judicial y político electoral. Se creó una nueva Constitución, que aplicó figuras como la Ciudadanía Universal, una garantía que permitió ingresar al Ecuador a cualquier ciudadano del planeta sin tener una visa. Eso facilitó la llegada de enviados de estructuras delictivas internacionales y carteles del narcotráfico que tendieron o aprovecharon redes existentes para sus actividades en toda la región, a partir del 2009.

Con la nueva Constitución y legislación aprobadas, el Consejo Electoral perdió independencia y capacidad de control de los fondos que ingresan a las campañas. Por esa deficiencia no se audita el origen de los recursos, ni el perfil de los donantes, muchos de ellos fantasmas; es el paraíso soñado para el narcotráfico y el crimen organizado, que ya han puesto candidatos en cargos de elección popular.

Esta nueva estructura normativa también incluyó reformas al manejo de los sectores estratégicos, que abrieron las puertas a las contrataciones sin ninguna rendición de cuentas con gobiernos extranjeros. China se volvió el principal socio y prestamista de Ecuador. A septiembre de 2024, la deuda de Ecuador con China es de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Esta deuda se contrajo con bancos chinos. La deuda con China ha ido disminuyendo desde 2017. En 2016, alcanzó su máximo pico de 8.143 millones de dólares.

La opacidad y la corrupción han marcado la ejecución de estas contrataciones. Todos los contratos son confidenciales y decenas han sido expuestos por la prensa por sus prácticas sistemáticas de delitos financieros. Los gobiernos de turno se han arrodillado a China a cambio de recursos, vía créditos opacos, sin rendición de cuentas. La Contraloría ha emitido decenas de informes por las irregularidades en las obras, pero las firmas chinas están blindadas por la coraza levantada por los poderes de turno.

Otro pilar de este esquema fue la creación de un nuevo sistema de contratación pública, que allanó el camino a la hipercorrupción, en el gobierno de la revolución ciudadana. Empresarios y funcionarios públicos estrecharon sus relaciones a punta de coimas y pago de favores.

El paraguas de este esquema es la impunidad, garantizada por jueces y autoridades de control, que ingresaron a la función judicial tras una reforma impulsada por el poder político, que recibe favores con fallos plagados de anomalías, lo cual ha mermado drásticamente la credibilidad de los ciudadanos en la justicia. Decenas de jueces han sido destituidos y apresados.

No es gratuito que encuestas y estudios hayan evaluado la confianza de los ciudadanos en la justicia, las instituciones públicas y el establecimiento político en menos del 15%.Ç

Uno de los últimos capítulos de este fenómeno es la evidencia de varios sistemas de corrupción que sacan provecho, con un papel relevante y continuo de autoridades estatales, de las exportaciones de oro, proveniente de la minería ilegal. En este proceso están involucrados alcaldes y prefectos, legisladores, altos funcionarios gubernamentales, oficiales de la policía y de Fuerzas Armadas, jueces y fiscales.

Las mismas organizaciones transnacionales, los carteles, que trafican cocaína hacia EE.UU. y Europa, también están involucradas en el jugoso negocio del oro. Usan las mismas líneas logísticas y las mismas bandas para mantener a todo vapor su lucrativo portafolio criminal. En Ecuador más de 20 bandas trabajan indistintamente para los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y de Los Albaneses. Los grupos criminales desatan la violencia en enfrentamientos por el control de territorios. Desde enero pasado, el gobierno le declaró la guerra a los grupos narcoterroristas. Predomina el eje punitivo. No hay estrategia social. Los contratos para compra de armas, municiones, equipos e infraestructura son por vía directa, a dedo, y se declararon secretos, durante cinco años.

Estamos entonces frente a un fenómeno claro de delincuencia organizada estatal, que sin embargo no podría operar con tanta facilidad si en la comunidad internacional, en los países donde se demanda la cocaína y se compra el oro, se fortalecieran los controles y la debida diligencia. Entonces, el reto es apuntalar un esquema de cooperación con rendición de cuentas de doble vía.

Metástasis, el semáforo en rojo 

El caso de Metástasis es el último campanazo. Ecuador debe actuar ahora, para enfrentar, sin titubeos, la corrupción sistémica que ha perforado todos los sectores. A la justicia, la asamblea, la policía, la fiscalía, los partidos políticos y estudios de abogados.

La corrupción germina y es solo posible con el acuerdo entre un actor que ofrece pagos económicos a cambio de algo y otro que está dipuesto a hacerle el juego. Todos somos corresponsables del avance progresivo de este virus, no solo en Ecuador sino a escala global.

Un último análisis de Transparencia Internacional (TI) apunta que se necesitan reformas audaces y significativas para recuperar las instituciones y construir un sistema de justicia que sirva al bien común, no a los criminales o a unos pocos poderosos.

La Corte Nacional acaba de condenar a 20 personas involucradas en el escándalo Metástasis, una red de corrupción que se infiltró en los sistemas judicial, policial y penitenciario del país. La red estaba vinculada al narcotraficante Leandro Norero, quien utilizó sobornos para mantener sus operaciones en funcionamiento incluso estando en prisión. Entre los condenados se encuentran jueces, fiscales provinciales, altos mandos policiales y funcionarios penitenciarios. A través del pago de sobornos se  manipularon procesos judiciales, que favorecieron a peligrosos delincuentes, vinculados a casos de lavado del crimen organizado.

El del Ecuador no es un caso aislado. El deterioro global de la justicia y del estado de derecho está permitiendo la impunidad de la corrupción en todo el mundo.

Este escándalo refleja una preocupante tendencia mundial: el debilitamiento de los sistemas de justicia está permitiendo que la corrupción prospere, según un último diagnóstico de TI. Como se destaca en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023 de ese organismo, los actos corruptos como el soborno y el abuso de poder se están infiltrando en muchos tribunales e instituciones judiciales en todo el mundo. Además, cuando la corrupción se convierte en la norma, los ricos y poderosos (incluidos los delincuentes) pueden apoderarse de sistemas de justicia enteros para su propio beneficio y a expensas del bien común.

Desde 2020, la puntuación del IPC de Ecuador ha seguido una tendencia a la baja, ha empeorado, y el año pasado cayó a una puntuación de 34 sobre 100. A principios de este año, el país se enfrentaba a una crisis de violencia, que erosionaba la confianza en las instituciones públicas y suscitaba preocupaciones sobre la posible infiltración del crimen organizado en el poder judicial. Los fallos cuestionables a favor de los delincuentes apuntaban a graves problemas de transparencia, rendición de cuentas e integridad.

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), representante de TI en Ecuador,  ha estado alertando sobre la creciente amenaza que representa el crimen organizado para los luchadores contra la corrupción, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, reduciendo aún más el espacio cívico del país. En respuesta a estos peligros crecientes, han creado el Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa, una iniciativa para compartir conocimientos y fomentar la participación ciudadana para enfrentar los desafíos de seguridad del país.

• La extrema cercanía que el narco Leandro Norero tenía con los prófugos Javier Jordán y Ronny Aleaga, exlegislador del correísmo identificado como El Ruso, se evidencia en las pruebas del caso Metástasis, que esta semana tuvo un primer desenlace. Norero se mensajeaba constantemente con Jordán, a quien llamaba su alma gemela. La Fiscal pidió la extradición de Jordán y Aleaga. 
• Veinte implicados fueron sentenciados el lunes 25 de noviembre por delincuencia organizada por operar, a distintos niveles, para Norero desde el sistema judicial, la policía, bufetes de abogados… En la cabeza de esa esquema delictivo, a más del narco, estaban Jordán, Wilman Terán (condenado a nueve años de prisión) y Ronny Aleaga. 
• El empresario guayaquileño Naín Massuh, «El Turco», estaba en la mira de Jordán luego de que Fernando Villavicencio publicara la foto de “Los Tetones” en la piscina de su casa en Miami. Norero, Jordán y Aleaga estaban seguros de que Massuh filtraba información, que obtenía del CIES, a Villavicencio para perjudicarlos. Por eso querían asesinarlos a ambos, según las evidencias del proceso. El Turco tenía acceso a información secreta y a uno de los sistemas que habría vendido a esa entidad, lo cual fue denunciado a la Fiscalía.  

Redacción Código Vidrio

Operaban como un tridente, apuntando a los mismos blancos. La extrema cercanía que el narco Leandro Norero tenía con los prófugos Javier Jordán y Ronny Aleaga, exlegislador del correísmo identificado como El Ruso, se evidencia en las pruebas del caso Metástasis que esta semana tuvo un primer desenlace. Veinte implicados fueron sentenciados el lunes 25 de noviembre por delincuencia organizada, por los jueces de la Corte Nacional, Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Pablo Loaiza. Una de las cabezas de la organización criminal fue Wilman Terán, exjuez de la Corte y expresidente de la Judicatura.

Aunque meses atrás Jordán y Aleaga fueron llamados a juicio en este caso, no se cuentan entre los sentenciados porque están prófugos. Para que enfrenten a la justicia, la fiscal Diana Salazar pidió que la Corte tramite la extradición de Jordán, quien vive en Miami, y de Aleaga, quien reside en Venezuela. Además de Marcel Loaiza. Todos tienen orden de prisión.

La jueza Caicedo anunció que notificaría el contenido de la sentencia a la Fiscalía para que abriera indagaciones contra más abogados, jueces, fiscales y periodistas mencionados en el proceso.

La prueba medular son los mensajes hallados en los celulares de ‘El Patron’ Norero (asesinado en 2022 en la cárcel de Cotopaxi), así como los testimonios de algunos de sus colaboradores e interlocutores en esas conversaciones. Sobre los periodistas, hay varias menciones. En especial sobre seguimientos y posibles atentados a reporteros de varios medios que investigaban las conexiones de Norero.

Andersson Boscán, del medio digital La Posta, aparece señalado como interlocutor de Norero con quien intercambiaban información y consejos. En marzo pasado, la Fiscalía ya abrió una investigación en su contra por estas referencias. En sus declaraciones al respecto Boscán ha señalado que sus contactos con Norero fueron esencialmente por temas periodísticos.

En las extensas conversaciones entre Norero, Jordán y El Ruso, Naín Massuh, conocido como El Turco, es uno de los personajes que concentra gran atención. El Turco es un influyente empresario que ha tenido contactos en diferentes gobiernos, a través de sus conexiones políticas. Eso le sirvió para acceder a información privilegiada y datos relevantes. Con esos datos levantaba informes de inteligencia, para ofrecerlos a diferentes interesados, dentro y fuera del país, según investigadores que han seguido sus pasos. También tuvo contactos con el excandidato presidencial, Fernando Villavicencio y con el periodista Anderson Boscán, para quienes se volvió una importante fuente de información.

En el expediente del caso Metástasis constan al menos seis chats entre Norero y Jordán que confabulan contra Massuh, a quien ambos tenían entre ceja y ceja y buscaban asesinar.

Aleaga era un viejo conocido de Norero. En su adolescencia ambos pertenecían a pandillas rivales. Aleaga era miembro de los Latin Kings y Norero de los Ñetas. Las dos organizaciones delictivas participaron desde 2009 en un proceso de pacificación en el gobierno de Rafael Correa. Aleaga decidió entrar en la política y se integró a las filas de Alianza País, hasta llegar a la Asamblea, primero como suplente y luego principalizado, tras la destitución de Sofía Espín. Norero, mientras tanto, siguió encumbrándose silenciosamente en el mundo criminal, siempre a la sombra de su militancia en el correísmo. Miles de pandilleros como él se incorporaron a la base política del naciente movimiento, según se desprende de las conversaciones halladas en el celular de Norero.

La foto de la piscina -publicada por Villavicencio- en la casa de Jordán en Miami era también un dolor de cabeza para Aleaga, pues fue señalado por aparecer ahí junto a Jordán y otros personajes polémicos como Leonardo Cortázar. Aunque Aleaga se justificó diciendo que fue a una reunión con la familia de su novia en Miami, las sospechas jamás desaparecieron. Y los chats finalmente dan más pistas sólidas sobre la relación cercana entre Aleaga, Jordán y Norero.

“Si cae Lasso, el Ruso vuelve a resurgir”

En junio del 2022, cuando el paro indígena se complicó en el país, Norero y Jordán veían la oportunidad de tumbar al gobierno, en la misma línea del correísmo, en medio del paro de la Conaie. Estaban obsesionados con “volver al poder”. Si cae Lasso, “el Ruso vuelve a resurgir. También le han dado como cachito en fiesta”, según las conversaciones.

Los planes, sin embargo, se diluyeron pronto. Lasso se tambaleó, en medio de denuncias de La Posta de la relación de su cuñado, Danilo Carrera, con la mafia albanesa, por lo cual fue acorralado por el acoso del correísmo y la Conaie en la Asamblea. No obstante, se mantuvo gobernando, por lo cual Norero y Jordán debieron revisar sus acciones para «volver al poder». Por eso, meses después seguían preocupados de lo que publicaba la prensa.

Jordán decía que estaba harto de lo que él llamaba un invento: la relación entre él y Norero, con apoyo político del Ruso. Aunque lo negaban públicamente, los chats los delatan: evidencian que tenían una amistad cercana y que habrían planificado actos criminales, según la Fiscalía.

Los tres también tenían a Villavicencio en la mira, no solo para desacreditarlo. Aleaga se encargó de que fuera sancionado en la Asamblea por haber bautizado a los personajes de la famosa foto de la piscina como “la banda de los tetones”. Su compañera de bancada, Patricia Núñez, también presentó una queja en contra de Villavicencio, quien en ese entonces era legislador. Aleaga lo denunció ante la Fiscalía por violación a la intimidad, calumnias y delito de odio.

De amigo a enemigo

El Turco, en cambio, era un antiguo aliado que repentinamente se volvió un enemigo común. Solo entre el 13 y el 28 de junio lo mencionaron, al menos, en 13 ocasiones. En uno de los mensajes quedó registrado que Jordán es quien le dio el contacto del periodista Andersson Boscán a Norero.

Pero Jordán le advertía: “No confíes mucho en ese man, que me dijo que le hicieron dos atentados. Y es íntimo del Turco, pilas”. Norero consideraba a Boscán un amigo y se lo dijo en otro momento a Jordán. Incluso lo defendía: –“Estuve viendo la página del man y ni tú ni yo salimos ahí”.
-“Pero es que esos manes trabajan juntos, Massuh, Villa, Boscán. Pilas con lo que hablas”, le alertaba Jordán.

Jordán estaba seguro de que todo lo que Villavicencio publicaba sobre él, era porque “era socio de extorsión del Turco; entonces me da con todo”. Ambos conversaban por su cuenta con Boscán. El 18 de junio Jordán le contó: “Anda que llora Boscán, el man es sapo del Turco, pilas (…). A ese hp del Turco están que lo desarman por redes y llama a Boscán a interceder. Le dije yo no soy. ¿Cuántos enemigos tiene ese hp? Pero se sacó la máscara el man”.

Ese mismo día, ambos planeaban matar al Turco. Norero escribió: “Ya lo tengo a tu pana Massuh. Mordió la carnada, ya verás, creo que llega hoy o mañana a gye”. En el mensaje le pasó capturas con un número de teléfono y le dijo: “Este número carga, no hagas bomba, que después me piteas a la pinta. Mañana tiene reunión con esta pinta, ella me pasa la ubicación y ahí comienza la fiesta. Esa lacra es un peligro, pero por un c*** se regala”.

Según Norero, el anzuelo era una mujer con la que «El Turco» estuvo relacionado, que andaba “en todos los reinados” y que incluso ese año fue candidata a Miss Ecuador.

Lo tenían en la mira porque creían que El Turco era quien filtró la información por la que ambos eran “coche bomba” en ese momento (estaban en el ojo de la tormenta). Se sentían traicionados y lo dejaron claro en sus chats.

Norero le decía a Jordán: “Son unas lacras, les abriste la puerta de tu casa”.
-“Los senté en mi mesa”, replica Jordán.  Para ambos, Massuh no había medido las consecuencias de divulgar información. “Se creen que van a estar en el poder eternos…. Cuando volvamos tendrán que pedirnos disculpas públicas”.

Los primeros pasos del Turco

Massuh tiene 59 años. Es un sagaz empresario guayaquileño, siempre cercano al poder político, con un perfil discreto, desde los primeros años de la Revolución Ciudadana. Su nombre saltó a la vitrina pública en noviembre pasado cuando fue procesado en el caso Encuentro, que investigó una red de corrupción en el sector eléctrico, en el que fue sentenciado Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

En su versión, Massuh dijo ser comerciante. Pero su poder radicaba en su capacidad para acceder a información relevante. Ese precisamente fue un imán para convertirse en «garganta profunda» para Anderson Boscán y Villavicencio. Esa relación, según relató Massuh, era de mucha confianza, pero sin compromisos comerciales.

Conoció a Boscán hace cinco años, porque seguía sus programas en la Posta y se  volvió un “fan” de Villavicencio por sus denuncias contra la corrupción, mucho antes.

Boletos Quito-Miami-Quito 

Ante la fiscal María Lluglla Massuh descartó haber tenido una relación comercial con ellos. Sin embargo, ante las preguntas de la fiscal a cargo del caso reconoció que a Boscán y su esposa Mónica Velásquez les compró boletos de avión para un viaje que hicieron a Miami, Estados Unidos, hace unos dos años.

-“Usted en algún momento costeó los pasajes aéreos del señor Anderson Boscán y Mónica Velásquez?”, le preguntó la Fiscal.

-“Hace un par de años, no recuerdo muy bien, estaban con la intención de viajar a Estados Unidos, no conseguían el cupo, los ayudé con el cupo y me lo facturaron a mi, yo viajo frecuentemente, y luego ellos me devolvieron el pago”, respondió Massuh.

Al ser consultado por Código Vidrio, Boscán confirmó el préstamo. “Efectivamente. El señor Massuh ha tenido siempre buenas relaciones con aerolíneas. Por lo que algún día, ante la urgencia y falta de cupo, le pedí que consiguiera un par para mí. Y ofrecí pagarlo mensualmente hasta completar el monto”.

Y sobre la cantidad explicó: “No tengo a la mano el valor final y no sé qué es lo que considera “monto alto”, pero debió rondar entre 900 y 1.800 (dólares) el total de la factura, que es el precio promedio de un vuelo UIO-MÍA-UIO”.

La Fiscal también le preguntó a Massuh sobre el envío a su casillero de los estados financieros de una cuenta de Boscán y su esposa en el Wells Fargo Bank de Miami. “No los he recibido. En una ocasión, tal vez un par de años atrás, me solicitaron, el señor Boscán y la señora Velásquez, si podía ayudarles con un casillero para recibir sus estados de cuenta, les referí un casillero de mi propiedad (en Miami)”.

Boscán confirmó la versión de Massuh. “Me lo presentó Fernando Villavicencio como alguien en quien podíamos confiar. Recurrimos al casillero postal de la urbanización de Massuh porque no conocemos a muchas personas en Miami para solicitarles lo propio. La cuenta, por cierto, tiene 500 dólares americanos desde su activación. Y la solicité para activar planes celulares que al final nunca pude comprar. Porque me pedían residir en algún estado americano”.

Massuh mantenía con el periodista de La Posta conversaciones variadas, especialmente sobre temas culinarios y religiosos. “Practico la religión Yoruba (Santería); la practicamos personas, sobre todo, con serios problemas de salud y por eso mantengo conversaciones de índole espiritual religioso con varias personas, entre esas el señor Boscán”. Para el periodista esos temas de conversación eran los mismos que trataría con cualquier persona.

Sobre Villavicencio, el Turco relató que lo conoció hace muchos años en una reunión con otros periodistas.

-“Usted en algún momento costeó los pasajes aéreos del señor Fernando Villavicencio?”, interpeló la Fiscal.

-“No recuerdo con exactitud. pero de serlo sería un vuelo Quito-Guayaquil o Guayaquil-Quito, un día que no había cupo y necesitaba volar; de igual forma el asambleísta Villavicencio me devolvió el dinero del pago en efectivo”, dijo Massuh, quien aseguró que no había vuelto a conversar con Villavicencio desde cuando llegó a la Asamblea.

En medio del vértigo político del 2022, que tuvo su clímax con la Muerte Cruzada decidida por el presidente Lasso para adelantar las elecciones y evitar su posible destitución en la Asamblea, la amistad entre Villavicencio y Boscán terminó intempestivamente en medio de denuncias mutuas.

El acceso al cofre de los secretos  

Según documentos clasificados, Massuh fue en su momento un hombre de confianza del correísmo. Fue quien ayudó a que el informático de su confianza Pedro ingresara al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), donde ocupó los cargos de Asesor; Director de Seguridad de la Información; Subdirector General y, posteriormente Subdirector Técnico Estratégico de Tecnologías hasta 2021.

Antes del ingreso de Pedro al CIES, Massuh se habría encargado de promocionar el software ZQLINK desarrollado por un ecuatoriano y el argentino Alejandro R. Luego el software habría sido vendido al CIES por Massuh, por un monto aproximado de 3 millones de dólares. ZQLINK contenía información de las bases de datos de distintas entidades del Estado como IESS, ANT, Registro Civil, CNT, entre otros. A través de ese software Massuh accedía a todo tipo de informes clasificados, pues su operador Pedro habría instalado un bypass para un canal secreto de acceso.

Massuh tuvo una relación muy estrecha con altos oficiales y exoficiales de la Policía y con funcionarios de los gobiernos de Lasso y Lenin Moreno.

Habría usado la información del CIES para su beneficio particular, cuando les vendió el software ZQLINK. Accedió a esa información en vista de que administraba directamente el sistema y asignaba las claves de IP a los agentes del Centro. Ese contrato se le entregó a Massuh con aparente sobreprecio, lo que es investigado por la Fiscalía por pedido de las autoridades de esa entidad, desde 2021. Al parecer El Turco empezó a acceder a la información reservada desde el gobierno de Moreno.

“Eres mi alma gemela”

Jordán y Norero no solo hablaban de negocios, legalizaciones de venta de propiedades, audiencias y planes para atacar a sus enemigos. También descargaban sus angustias y frustraciones. Era usual que se saludaran o se despidieran enviándose bendiciones. En varias ocasiones, Jordán se quejaba de fuertes dolores de cabeza, especialmente cuando en los medios de comunicación y en redes se desataba una nueva historia o foto sobre él. Sufría por tener que darle explicaciones a su familia. Había tal cercanía entre ellos que Norero le dijo a Jordán un par de ocasiones: “Es que eres mi alma gemela”.

Durante el paro de junio de 2022, no se perdían detalles de lo que pasaba en las calles. Cuando las manifestaciones fueron más violentas, ellos celebraban. “Que se vayan todos esos hp.”, decía Jordán.

Y Norero respondía. “Jajaja, ahora falta que diga que somos los causantes”.

– “Es que eso van a decir, por qué crees que te jodo que borres todo. Nosotros somos los culpables de todo. Dan el c*** por un vínculo”, escribía Jordán.

En sus redes sociales, el entonces legislador Villavicencio subió una foto en la que Jordán aparecía junto a su esposa y sus sobrinas. El tuit decía: “Una de las investigaciones abiertas señala que desde esta piscina de Miami se estaría financiando la convulsión social y política de Ecuador”.

Ellos se burlaban. “Ese hp anda enamorado. Eres el financista del paro, ni saben que andamos hasta las mismas”, decía Jordán. Se refería a que el 17 de junio Norero estaba desesperado por conseguir 250.000 dólares pero él no podía ayudarlo. Jordán tenía dinero en Miami, pero en Ecuador le habían robado.  Solo consiguió 100 000. Desde EE.UU. El encargado de entregarle ese monto al patrón fue el Joyero.

Jordán hizo sus esfuerzos. “Me avisas, que así sea vendo mis relojes, ñaño. Yo lo apoyo”. Y aparentemente cumplió.“Vendo 3 Rolex de 50 mil cada uno, 150 mil hay. Dime a quien le entrego, confirme ñaño”. Norero respondió: “Al Joyero, ñaño, para que le pase al abogado”.

Norero se esmeraba en seguir derrochando dólares para cubrirse las espaldas y salir libre. Jordán le aconsejaba: “Estructura bien nada más y para delante, que si tú estás bien, yo también”. Norero estaba seguro de que lo lograría, porque lo único que no tenía cómo justificar luego de su captura y del allanamiento a su casa en Samborondón eran 50 000 euros en billetes de 500. El 23 de junio, Norero le dijo: “Mira lo que me prestaste me sirvió para cambiar el delito del arma, asegurar los j (jueces) y esperar la audiencia”.

Las empresas Comiange y La Maná Rome Gold han estado operando por más de una década sin licencia ambiental. La compañía Acquad’or libra una batalla judicial solitaria contra ambas mineras y varias instituciones del Gobierno. Busca frenar la explotación ilegal de oro en La Maná, Cotopaxi, una zona rica en biodiversidad y fuentes de agua, donde ya se evidencian severos daños a las especies y contaminación de ríos y esteros. Para que el Estado aplique la ley y suspenda sus operaciones la compañía presentó una Acción Extraordinaria de Protección que acaba de ser aceptada por la Corte Constitucional, el 15 de noviembre.

Redacción Código Vidrio

El litigio que libra en solitario la embotelladora de agua Acquad’or para frenar las operaciones extractivas de las empresas mineras Comiange y Rome Gold se resolverá en la Corte Constitucional. Acquad’or, que produce el agua Esplendor, presentó una Acción Extraordinaria de Protección ante ese tribunal en contra de la sentencia de segunda instancia, emitida el pasado 1 de octubre por los jueces Ruth Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Este recurso será tramitado por la jueza Karla Andrade.

En el fallo de la Corte de Pichincha se revocó una acción de protección previa, avalada por un tribunal anticorrupción, que había ordenado que las entidades de control ejecuten la suspensión de las actividades mineras de las empresas en tres concesiones en La Maná. Se trata de las concesiones Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, que colindan con la propiedad de Acquad’or. En esos sectores trabajan Comiange y Rome Gold, sin contar con licencia ni permisos ambientales, como consta en varios informes emitidos, al menos desde 2016. Según los ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y la Agencia de Regulación y Control de Minero (ARCOM), las firmas han incumplido con normativas y procesos técnicos en sus operaciones.

En primera instancia el tribunal concedió una acción de protección parcial señalando a los ministerios de Ambiente, de Energía y la ARCOM. En esa oportunidad, el pronunciamiento admitió los argumentos de Acquad’or, que reclamaba por vulneraciones a sus derechos a la seguridad jurídica y de la naturaleza, por omisiones de las instituciones estatales en cuanto al control y sanción por los daños que las empresas Comiange y La Maná Rome Gold estarían causando.

En esa oportunidad, el Tribunal de Garantías Penales Anticorrupción dispuso el cese de todas las actividades mineras en las tres concesiones que están a cargo de Comiange y que esta, a su vez, entregó bajo la figura de cesión de derechos a La Maná Rome Gold, hasta que obtenga la licencia ambiental,  autorización de la Autoridad Única del Agua y certificación de no afectación. Esa licencia “no es un mero requisito”: para obtenerla se deben presentar documentos como un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo. “Con aquella documentación, el Estado asegura que la actividad minera que está por desarrollarse cumpla con todos los parámetros técnicos para que no se genere daño ambiental”, indica el fallo. En el caso de los ministerios de Energía y de Ambiente, las omisiones señaladas por el juez estaban relacionadas con el control de las concesiones cercanas al recurso hídrico concesionado. Por otro lado, señalaba a la ARCOM por limitarse a elaborar informes sobre los incumplimientos de las empresas, sin emitir sanciones.

No obstante, ese fallo fue apelado por las entidades públicas y las empresas mineras, con los. mismos argumentos, y fue revisado por tres jueces de la Corte provincial de Pichincha. A los jueces les tomó dos días laborables revisar 927 fojas que tenían los 10 cuerpos de la Acción de Protección. Así, en octubre pasado revocaron la sentencia del tribunal anticorrupción, argumentado que las entidades gubernamentales demandadas sí cumplieron sus funciones de control. Además que la empresa no ha violado los derechos de la naturaleza ni de la seguridad jurídica, por lo cual no cabía ninguna suspensión de sus actividades ni la caducidad de las tres concesiones mineras que posee.

Ante la decisión de la Corte provincial, el equipo legal de Acquad’or interpuso una Acción Extraordinaria de Protección basada en informes de las entidades estatales, que detallan claras alertas de daño ambiental que no fueron frenadas a tiempo por los ministerios ni el ente de control, como la instalación de rudimentarias piscinas de sedimentación y sin autorización de Senagua; procedimientos dudosos de disposición final de agua, combustible y desechos; almacenamiento inseguro de combustibles.

Para Acquad’or, esa decisión es una grave vulneración de derechos como el de la seguridad jurídica, el debido proceso y los de la naturaleza. Por ello decidió recurrir a la Corte “para precautelar sus derechos y los derechos de la naturaleza y el agua, a raíz de las inobservancias de dichas compañías a los procedimientos ambientales”. En su apelación incluyó 49 informes en donde constan las afectaciones ambientales, especialmente al agua del sector de Estero Hondo en La Maná. Ahora será la Corte la que resuelva el futuro de esta zona.

En dos visitas que realizó al lugar un equipo periodístico de Código Vidrio constató que a pesar de la vigencia de una sentencia que ordenaba paralizar operaciones, los trabajos continuaban. El agua que salía de la actividad minera iba hacia riachuelos y otras fuentes de agua, sin ningún tratamiento. De ello dan fe pobladores de la zona. https://www.codigovidrio.com/code/los-quimicos-y-desechos-de-la-explotacion-minera-en-la-mana-se-acumulan-en-piscinas-sin-tratamiento-ni-control/