ANÁLISIS. La sociedad fue permeada primero por los intereses de grupos locales corruptos cercanos a los poderes políticos de turno y luego por corporaciones mafiosas transnacionales, incluidos carteles mexicanos y europeos, asociadas con operadores políticos y económicos, en los sectores público y privado. Este no es un fenómeno reciente. Desde hace cuatro décadas o más la corrupción ha ido erosionando diversos sectores de la sociedad, que han sido incapaces de reaccionar con estrategia para frenar su expansión. Este 9 de diciembre se conmemora el Día internacional contra la Corrupción.
Por Arturo Torres
Ecuador, Latinoamérica y Centroamérica están asoladas por la tercera ola del crimen transnacional, que halló un terreno fértil para expandirse, en varios casos, en la corrupción sistémica que corroe al estado a distintos niveles. Es un virus silencioso que se ha reproducido en organismos débiles, con pocas defensas para neutralizarlo. “Las democracias o sociedades debilitadas, permeables y divididas, son sus preferidas. El virus requiere de las sombras de una institucionalidad resquebrajada con el objetivo de lograr la captura del Estado, según alerta en su último libro, “Un Virus Entre las Sombras”, el analista chileno Pablo Zeballos, especializado en crimen organizado y terrorismo transanacional.
En el caso de Ecuador, la corrupción sistémica se profundizó los últimos catorce años y se agudizó tras la pandemia, en 2020. El Estado ha sido especialmente golpeado los últimos cuatro años por la inseguridad, desatada a causa del narcotráfico y sus bandas, brazos armados que generan la violencia y el miedo, que también han incursionado vertiginosamente en la minería ilegal de oro, con la complicidad de actores estatales. La institucionalidad estatal fue permeada primero por los intereses de grupos locales corruptos cercanos a los poderes políticos de turno y luego por corporaciones mafiosas transnacionales, incluidos carteles mexicanos y europeos, asociadas con operadores políticos y económicos, en los sectores público y privado.
Este no es un fenómeno reciente. Desde hace cuatro décadas la corrupción ha ido erosionando diversos sectores de la sociedad, que han sido incapaces de reaccionar con estrategia para frenar su expansión. Esa tarea -enfrentar a la corrupción- ha sido delegada por la sociedad civil exclusivamente a la casta política, que perdió legitimidad y representación, por su cercanía a dinámicas corruptas. Los esfuerzos de contadas organizaciones sociales e internacionales y de los medios de comunicación se quedó corta frente a la avalancha incontenible de la descomposición institucional.
Este fenómeno ha tenido en las autoridades estales actores preponderantes, cómplices. El estado dejó de ser el eje, el rector de la política pública en beneficio de toda la población, en especial los sectores más vulnerables. Fue capturado por intereses individuales y corportaivos de castas políticas y económicas, que han ido y venido.
Así, el estado se convirtió en un vehículo, en un medio, usado por las élites y grupos políticos y económicos para beneficio, primero, de personas, familiares y amigos, para luego dar un salto y favorecer, con sus decisiones, a grupos, gobiernos autoritarios de otros países y también corporaciones criminales. Ese fue el inicio de una hipercorrupción que se caracteriza por una práctica transaccional de intercambio sostenido de intereses, entre actores públicos y privados, entre quienes ostentan el poder político y el poder económico. Estos actores han alternado en el poder, han sido juez y parte en la toma de decisones. Así se han turnado, no solo para gobernar, sino para cubrirse las espaldas en su retirada momentánea del poder.
Para este análisis consideramos el concepto de la corrupción, entendida como la vulneración de la obligación legal en un cargo o puesto, ya sea en el sector público o privado, para beneficio particular, individual. Quién más ha desarrollado este concepto es la estudiosa china Yuen Yuen Ang y en Ecuador está siendo aplicado en estudios por el académico César Montúfar, profesor de la Universidad Andina.
Para la década de los 90, los casos de corrupción eran contados con los dedos de la mano. Pero desde comienzos de este siglo este fenómeno dio un giro hacia la cúpula política del estado. Ganó en complejidad y diversificación con el boom de las materias primas, especialmente del petróleo y banano, que generó muchos más recursos para el estado en el contexto de un nuevo sistema monetario vigente: la DOLARIZACIÓN, que reemplazó al sucre como moneda de cambio en el año 2000, según Móntufar.
En ese momento Ecuador dejó de ser un país de tránsito de la cocaína colombiana, que se trafica hacia el mercado de EE.UU., esencialmente. Se convirtió silenciosamente en una plataforma para el crimen transnacional, que aprovechó las facilidades del nuevo esquema monetario para agilizar y facilitar las transacciones económicas en el sistema financiero internacional. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afianzaron sus redes logísticas y de apoyo a su país vecino Ecuador, de la mano con su alianza estratégica con el cartel de Sinaloa.
Entonces, llegar al control del Estado se volvió vital para los grupos económicos y organizaciones criminales, que penetraron en las estructuras partidistas por su lado más vulnerable: el financiamiento de las campañas políticas. Algunas de esas organizaciones convirtieron a los partidos y movimientos en un apéndice de sus empresas y negocios.
Para la toma del estado se creó otra superestructura legal, desde lo económico hasta lo judicial y político electoral. Se creó una nueva Constitución, que aplicó figuras como la Ciudadanía Universal, una garantía que permitió ingresar al Ecuador a cualquier ciudadano del planeta sin tener una visa. Eso facilitó la llegada de enviados de estructuras delictivas internacionales y carteles del narcotráfico que tendieron o aprovecharon redes existentes para sus actividades en toda la región, a partir del 2009.
Con la nueva Constitución y legislación aprobadas, el Consejo Electoral perdió independencia y capacidad de control de los fondos que ingresan a las campañas. Por esa deficiencia no se audita el origen de los recursos, ni el perfil de los donantes, muchos de ellos fantasmas; es el paraíso soñado para el narcotráfico y el crimen organizado, que ya han puesto candidatos en cargos de elección popular.
Esta nueva estructura normativa también incluyó reformas al manejo de los sectores estratégicos, que abrieron las puertas a las contrataciones sin ninguna rendición de cuentas con gobiernos extranjeros. China se volvió el principal socio y prestamista de Ecuador. A septiembre de 2024, la deuda de Ecuador con China es de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Esta deuda se contrajo con bancos chinos. La deuda con China ha ido disminuyendo desde 2017. En 2016, alcanzó su máximo pico de 8.143 millones de dólares.
La opacidad y la corrupción han marcado la ejecución de estas contrataciones. Todos los contratos son confidenciales y decenas han sido expuestos por la prensa por sus prácticas sistemáticas de delitos financieros. Los gobiernos de turno se han arrodillado a China a cambio de recursos, vía créditos opacos, sin rendición de cuentas. La Contraloría ha emitido decenas de informes por las irregularidades en las obras, pero las firmas chinas están blindadas por la coraza levantada por los poderes de turno.
Otro pilar de este esquema fue la creación de un nuevo sistema de contratación pública, que allanó el camino a la hipercorrupción, en el gobierno de la revolución ciudadana. Empresarios y funcionarios públicos estrecharon sus relaciones a punta de coimas y pago de favores.
El paraguas de este esquema es la impunidad, garantizada por jueces y autoridades de control, que ingresaron a la función judicial tras una reforma impulsada por el poder político, que recibe favores con fallos plagados de anomalías, lo cual ha mermado drásticamente la credibilidad de los ciudadanos en la justicia. Decenas de jueces han sido destituidos y apresados.
No es gratuito que encuestas y estudios hayan evaluado la confianza de los ciudadanos en la justicia, las instituciones públicas y el establecimiento político en menos del 15%.Ç
Uno de los últimos capítulos de este fenómeno es la evidencia de varios sistemas de corrupción que sacan provecho, con un papel relevante y continuo de autoridades estatales, de las exportaciones de oro, proveniente de la minería ilegal. En este proceso están involucrados alcaldes y prefectos, legisladores, altos funcionarios gubernamentales, oficiales de la policía y de Fuerzas Armadas, jueces y fiscales.
Las mismas organizaciones transnacionales, los carteles, que trafican cocaína hacia EE.UU. y Europa, también están involucradas en el jugoso negocio del oro. Usan las mismas líneas logísticas y las mismas bandas para mantener a todo vapor su lucrativo portafolio criminal. En Ecuador más de 20 bandas trabajan indistintamente para los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y de Los Albaneses. Los grupos criminales desatan la violencia en enfrentamientos por el control de territorios. Desde enero pasado, el gobierno le declaró la guerra a los grupos narcoterroristas. Predomina el eje punitivo. No hay estrategia social. Los contratos para compra de armas, municiones, equipos e infraestructura son por vía directa, a dedo, y se declararon secretos, durante cinco años.
Estamos entonces frente a un fenómeno claro de delincuencia organizada estatal, que sin embargo no podría operar con tanta facilidad si en la comunidad internacional, en los países donde se demanda la cocaína y se compra el oro, se fortalecieran los controles y la debida diligencia. Entonces, el reto es apuntalar un esquema de cooperación con rendición de cuentas de doble vía.
Metástasis, el semáforo en rojo
El caso de Metástasis es el último campanazo. Ecuador debe actuar ahora, para enfrentar, sin titubeos, la corrupción sistémica que ha perforado todos los sectores. A la justicia, la asamblea, la policía, la fiscalía, los partidos políticos y estudios de abogados.
La corrupción germina y es solo posible con el acuerdo entre un actor que ofrece pagos económicos a cambio de algo y otro que está dipuesto a hacerle el juego. Todos somos corresponsables del avance progresivo de este virus, no solo en Ecuador sino a escala global.
Un último análisis de Transparencia Internacional (TI) apunta que se necesitan reformas audaces y significativas para recuperar las instituciones y construir un sistema de justicia que sirva al bien común, no a los criminales o a unos pocos poderosos.
La Corte Nacional acaba de condenar a 20 personas involucradas en el escándalo Metástasis, una red de corrupción que se infiltró en los sistemas judicial, policial y penitenciario del país. La red estaba vinculada al narcotraficante Leandro Norero, quien utilizó sobornos para mantener sus operaciones en funcionamiento incluso estando en prisión. Entre los condenados se encuentran jueces, fiscales provinciales, altos mandos policiales y funcionarios penitenciarios. A través del pago de sobornos se manipularon procesos judiciales, que favorecieron a peligrosos delincuentes, vinculados a casos de lavado del crimen organizado.
El del Ecuador no es un caso aislado. El deterioro global de la justicia y del estado de derecho está permitiendo la impunidad de la corrupción en todo el mundo.
Este escándalo refleja una preocupante tendencia mundial: el debilitamiento de los sistemas de justicia está permitiendo que la corrupción prospere, según un último diagnóstico de TI. Como se destaca en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023 de ese organismo, los actos corruptos como el soborno y el abuso de poder se están infiltrando en muchos tribunales e instituciones judiciales en todo el mundo. Además, cuando la corrupción se convierte en la norma, los ricos y poderosos (incluidos los delincuentes) pueden apoderarse de sistemas de justicia enteros para su propio beneficio y a expensas del bien común.
Desde 2020, la puntuación del IPC de Ecuador ha seguido una tendencia a la baja, ha empeorado, y el año pasado cayó a una puntuación de 34 sobre 100. A principios de este año, el país se enfrentaba a una crisis de violencia, que erosionaba la confianza en las instituciones públicas y suscitaba preocupaciones sobre la posible infiltración del crimen organizado en el poder judicial. Los fallos cuestionables a favor de los delincuentes apuntaban a graves problemas de transparencia, rendición de cuentas e integridad.
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), representante de TI en Ecuador, ha estado alertando sobre la creciente amenaza que representa el crimen organizado para los luchadores contra la corrupción, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, reduciendo aún más el espacio cívico del país. En respuesta a estos peligros crecientes, han creado el Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa, una iniciativa para compartir conocimientos y fomentar la participación ciudadana para enfrentar los desafíos de seguridad del país.