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Aunque Europa sacó del aire al canal ruso RT en 2022, tras la ola de desinformación por la guerra con Ucrania, Ecuador lo hizo antes, por la cobertura que el medio propagandístico del Kremlin hiciera de las protestas de 2019. Fue el escenario perfecto para que RT desplegara su campaña contra el FMI y EE.UU. e
intentara socavar el orden democrático en el país andino. 

Vistazo y Código Vidrio analizaron más 800 publicaciones que hizo RT y su medio satélite Sputnik en redes sociales y su página web con una clara tendencia hacia agudizar el caos. Que hubo descontento popular es un hecho. Por eso, el politólogo español Manuel Alcántara describen las democracias como «fatigadas». Pero esta insatisfacción fue exacerbada
y aprovechada por un actor político que está fuera de la región.

Alianza Vistazo – Código Vidrio
Proyecto Desinformación

INVESTIGACIÓN. Era el 4 de octubre de 2019 y nadie podía predecir que se calentaban unas protestas que estuvieron a punto de tumbar al gobierno. Tres días atrás, Lenín Moreno anunciaba la eliminación de los subsidios a los combustibles, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algunos gremios salieron a protestar por una medida que no había sido socializada, razón por la cual Moreno decretó un estado de excepción. Ese cuatro de octubre, el medio oficial ruso lanzaba un video en tono de sátira en el que aseguraba que, con el acuerdo con el FMI, “los ecuatorianos tendrán que empezar a pagar el doble por servicios básicos, ver reducidas sus vacaciones a la mitad o entregar mensualmente un día de su salario”. Y concluía: “Cada vez que el FMI intervino de una u otra manera en el Ecuador, el resultado fueron turbulencias económicas y sociales, con consecuencias desastrosas para la gente de a pie”.

Ese mismo día, un artículo en el medio satélite Sputnik Mundo, citando a voceros del correísmo se adelantaba a un escenario: “Lenín Moreno: entre la ‘muerte cruzada’ y los fantasmas de la oposición”. No solo eso, el correísmo admitía que “una eventual destitución de Moreno no sería fácil, por lo que planteaba usar el mecanismo de “muerte cruzada”, para que el presidente y la Asamblea Nacional sean depuestos y llamar a nuevas elecciones. Esos días recién empezaban a calentarse las calles: el 3 de octubre el gremio del transporte hizo un paro que terminó el mismo día, mientras el movimiento indígena, comandado por la Conaie, anunciaba una movilización hasta Quito.

Con el pasar de los días, el canal gubernamental del Kremlin, Russia Today o RT, no tenía empacho en amplificar el discurso del correísmo contra el gobierno y satanizar el acuerdo con el FMI. El expresidente y antes amigo íntimo de Lenín Moreno, decía en entrevistas con RT que era una opción lanzarse de candidato si el presidente resultaba destituido. No obstante, en ese entonces Correa, que se había ido a vivir a Bélgica, estaba siendo procesado por el caso Sobornos, lo que ponía en riesgo que al ser condenado ya no podría ser candidato en las elecciones de 2021. La posibilidad de unas elecciones anticipadas era una urgencia para el correísmo.

Para el 7 de octubre, la movilización indígena logró arribar a Quito, lo que obligó al presidente Moreno a trasladarse a Guayaquil. RT enfiló su artillería con titulares y enfoques tendenciosos:

Protestas de octubre del 2019. (Foto de archivo)

Este patrón no solo se dio durante octubre de 2019, sino que se repitió en julio de 2022, cuando las protestas también tenían como objetivo derrocar al presidente Guillermo Lasso. Los medios rusos operaron de la misma manera, y el expresidente Correa apuntaba a la salida de la muerte cruzada o renuncia de Lasso. En ese momento él ya no podía ser candidato porque ya había sido sentenciado por el caso Sobornos. ¿Cuáles son los objetivos de Rusia?

Esta alianza periodística revisó una base de datos con 496 publicaciones que hizo RT en sus redes sociales sobre las protestas de 2019 y 2022, y 371 publicaciones que hicieron RT y su medio satélite Sputnik en sus páginas web. Por medio de una consulta realizada a través de la plataforma de inteligencia de noticias Event Registry, desde DFR Lab y, con el apoyo del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos (OIME), obtuvimos y analizamos esos artículos publicados en dos períodos: entre el 13 de junio y el 31 de julio del 2022, y el 2 y el 18 de octubre del 2019.

El 70 por ciento de las publicaciones resulta tendencioso, en contra de los gobiernos de turno, satanizando las medidas económicas y haciéndole el juego al correísmo. No obstante, el papel de los medios rusos tuvo mayor relevancia en 2019, ya que ese año fue bloqueado en Ecuador después de la cobertura que dio a las protestas.

 

TRANSMISIONES EN VIVO

Las protestas de octubre de 2019 duraron 11 días. Lo más violento se vivió entre el 7 y el 13 de octubre. Y fue justamente en esos días cuando el canal ruso RT empezó a hacer transmisiones en vivo de las protestas. El cámara del medio ruso hacía tomas de las inmediaciones de la Asamblea Nacional, donde se enfrentaban policías y manifestantes, siempre desde el lado de los protestantes. Esta alianza logró recuperar 17 transmisiones en vivo que se hicieron por medio de su página de Facebook y que aún se pueden ver. Por ejemplo, una del 8 de octubre dura más de una hora. Tuvo casi 900 mil visualizaciones, más de 9 mil reacciones y más 4 mil comentarios. De todas las publicaciones analizadas de RT, estos “en vivo” fueron los que más reacciones en redes le generaron al medio.

Pero no solo se podía ver a través de internet. Russia Today llegó al Ecuador en tiempos del gobierno de Rafael Correa y parte de su programación se trasmitía por EcuadorTv, el canal público. Sin embargo, cuando Lenin Moreno llegó al poder en 2017 intervino los medios públicos y sacó esa programación. Así RT se quedó solo con la señal por cable. Durante las protestas de 2019 sus transmisiones en vivo también se veían por esa señal y repetían la palabra paquetazo en sus titulares.

Una vez concluidas las protestas, la entonces ministra del Interior, María Paula Romo, dio una rueda de prensa en la que calificó las acciones como una medida de desestabilización al gobierno y dijo: “El ataque en redes sociales, la cantidad de información falsa, la cobertura que hizo en vivo en canal público de Rusia de todo lo que estaba sucediendo en las calles. Llama la atención que haya sido una protesta transmitida en vivo por el canal público del gobierno ruso”, haciendo referencia de que Rusia sería parte de la estrategia de desestabilización. A su criterio, se habría estado exacerbando las protestas.

En respuesta, RT publicó otro video satírico en el que la presentadora dijo que Bob Esponja fue tendencia en Twitter en Ecuador porque fue lo que transmitió uno de los grandes canales “en medio de una descomunal crisis social y política”. Según Rusia, así se taparon las protestas. Y por eso argumentaba que los ecuatorianos se volcaron a las redes sociales y a los medios internacionales, en este caso RT, que mostraban una realidad muy distinta.

El cruce de calificativos pareció no pasar de eso. Ni el gobierno de Moreno inició alguna investigación o acciones legales ni RT pasó de las respuestas satíricas. Con el diálogo entre gobierno y sector indígena, y la derogatoria del decreto que eliminaba los subsidios, el país volvía a la calma. Pero justo un mes después, el 15 de noviembre, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) sacaba la señal de RT de la programación por cable.

Aunque CNT argumentó explicaciones técnicas y beneficios para los usuarios, la suspensión fue una decisión política por la cobertura que RT había hecho de las manifestaciones. De hecho, el gobierno tenía pensando hacerlo durante los días de violencia. María Paula Romo, confirmó a esta alianza periodística, más de cuatro años después, que se trató de una decisión política. Según Romo, Rusia se caracteriza por exacerbar los conflictos locales para desestabilizar las democracias y, en 2019 y 2022, usó esa estrategia a través de RT.

Si bien, el protagonismo del paro en 2019 se lo llevaron los líderes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas, que se convirtieron en el rostro de las demandas sociales, Romo dice que no fue un tema doméstico porque “el grupo de Puebla” o los expresidentes del Socialismo del Siglo XXI venían planeando una ola de desestabilización, ya que la derecha estaba desplazando a esos gobiernos. Y no es desconocido que Rusia siempre ha apoyado a esos gobernantes. De allí, según Romo, que la chispa de las protestas se prendió también en Colombia y Chile durante 2019.

No obstante, hay otra mirada sobre las protestas y la cobertura de los medios. Jonathan Luna Noa, máster en Comunicación por la Universidad Politécnica Salesiana y especialista en Comunicación Digital por la UASB, dice que los medios tradicionales no dieron cobertura a las demandas de los manifestantes y que ese papel lo asumieron los medios internacionales y los digitales. Luna, quien publicó un estudio sobre el medio nativo digital Wambra Radio que abrió sus micrófonos a la marcha indígena, dice que ese fue el motivo por el que los manifestantes quisieron quemar un canal de televisión en Quito.

Es un hecho que la decisión que afectaba el precio de los combustibles en 2019 no fue consultada y, al ser una imposición, tomó por sorpresa a un gran sector poblacional que se sintió perjudicado. A eso se sumaron otras demandas sociales pues la economía ecuatoriana se estaba deteriorando después del boo petrolero.

Sobre el papel de RT, Luna dice que no puede ser categórico en sacar una conclusión, pero afirma que “Todos los medios tienen una ideología política y tienen una visión de si están a favor o no de un gobierno” y que la cobertura da cuenta de qué tendencia tienen los medios rusos. De todas maneras, sugiere que la razón para sacar del aire a RT pudo haber sido que las transmisiones en vivo, no necesariamente impulsaban a salir a la gente a salir a las calles, sino que se veían alrededor del mundo y eso creaba una mala imagen para el gobierno: un país en conflicto y represivo.

¿En qué medida afectó la salida del aire a RT? Quizá no mucho porque, aunque no se puede ver al canal de Kremlin por Tv, Rusia mantiene presencia en Ecuador a través de sus redes sociales y su página web. No obstante, Europa sí pudo sacar del aire a los medios rusos, no solo de los canales analógicos, sino que bloqueó todo acceso a redes sociales y páginas web, tras la ola de desinformación de la guerra con Ucrania en 2022. Incluso plataformas como Facebook y YouTube hay borrado los contenidos de RT.

Pero en Latinoamérica y Ecuador, mantiene su presencia. Eso le ha permitido cuestionar a los gobiernos que no son de su agrado o posicionar sus mensajes en contra de EE.UU., el FMI e incluso la dolarización. Con la ola de violencia desatada en Ecuador por diferentes factores, RT no escatimó, por ejemplo, en lanzar una campaña para posicionar que la dolarización es la principal causa del narcotráfico. Para Putin, el hombre que ha gobernado Rusia por casi 30 años y ha consolidado un gobierno autoritario, Russia Today funciona como un Ministerio de Defensa para un país que tiene varios frentes en conflictos internacionales para posicionar sus intereses.

Las democracias como tal enfrentan nuevos desafíos. De eso habla el politólogo español Manuel Alcántara en entrevista con esta alianza. Entre los síntomas del cansancio democrático se destacan tres: el descontento de la población; la angustia porque no vive mejor de lo que en su momento vivieron sus padres, por falta de oportunidades y acceso a servicios; y, la pérdida de organizaciones políticas que representen a los ciudadanos, lo que lleva a la personalización de la política. Esto ocurre en Ecuador, que en agosto de 2024 recordó el aniversario 45 del retorno a la vida democrática.

CAJA DE RESONANCIA

En 2019, mientras RT cubría en primera línea las protestas y amplificaba los mensajes de ciertos sectores políticos que querían ver caer al gobierno, su canal satélite Sputkin Mundo se encargaba de dar voz a distintos personajes identificados con el Socialismo del Siglo XXI para cuestionar las políticas económicas de Ecuador. Titulares como estos se repetían a diario en Sputnik:

“De eso se trata la guerra de información de Rusia, para ampliar esas diferencias”, dice Vladimir Rouvinski, un ciudadano ruso radicado en Latinoamérica desde hace 30 años, que estudia la influencia del Kremlin en la región. Rouvinski es profesor de Ciencia Política en la Universidad Icesi de Cali, Colombia, y ha escrito algunos trabajos académicos sobre cómo Rusia intenta posicionarse en América Latina. Explica que al Kremlin no le interesa la resolución de conflictos y por eso sus medios dan gran cobertura a las protestas en los países de la región.

A diferencia de China que tiene mucho dinero para dar créditos a los países latinoamericanos o competir en inversiones con EE.UU. y Europa, Rusia no tiene esos recursos, pero sí sabe cómo usar su maquinaria de propaganda y desinformación, explica Rouvinski. Por eso ya no financia dictaduras, como lo hizo en su momento la URSS con Cuba, sino que ahora promociona a sus aliados. Es el caso de la Venezuela de Nicolás Maduro que se ha convertido en un satélite del Kremlin. Y ese fenómeno se puede ver en la cobertura de las protestas en Ecuador.

Más que a cualquier analista, en las protestas de 2019 y 2022, RT y Sputnik amplificaban todo lo que salía de Venezuela y las opiniones de Maduro:

Por eso el trato con las protestas en Venezuela para RT es diferente. Mientras en el resto de países, Rusia considera legítimas las aspiraciones de los protestantes por derrocar gobiernos, en Venezuela minimiza las manifestaciones de un amplio sector que ahora se está movilizando contra la cuestionada reelección de Maduro.

En Ecuador RT usó todos los recursos posibles para deslegitimar al gobierno y dar la razón a los protestantes. Aunque el paro era el causante de la paralización del sector productivo, el medio ruso lanzó noticias y videos sobre las pérdidas económicas que eran mayores que lo Ecuador iba a recibir como préstamo del FMI. Según varias fuentes, sus periodistas decían que el país estaba perdiendo 33 millones de dólares diarios en Turismo; 120 millones diarios perdían las empresas, y 8,6 millones la producción petrolera. Los cálculos de RT anunciaban que, si el paro continuaba por un mes, las pérdidas ascenderían a cerca de 500 millones de dólares. Los analistas invitados al set ruso consideraban la salida inminente de Moreno y el rompimiento del acuerdo con el FMI.

El investigador estadounidense Douglas Farah, quien escribió el informe “Campañas de influencia rusa en América Latina”, junto al español Román Ortiz, dice que a través de estos discursos Rusia intenta posicionarse en América Latina y lo está logrando. “Lo que buscan es quitar, redefinir lo que ha definido o tratado de definir Estados Unidos y la Unión Europea desde la guerra fría. El discurso es “necesitamos un mundo multipolar, Estados Unidos maneja un mundo unipolar”. Lo que ellos entienden es que no pueden quedar mensajes muy pro rusos. No están diciendo “Rusia es lo mejor”, sino: “Somos una alternativa a Estados Unidos”.

MANIPULAR LAS EMOCIONES

Estas coyunturas críticas como movilizaciones son caldo de cultivo para la propagación de falsas noticias o bulos. Una investigación de Tania Villalva y Pablo Romero, docentes de la Universidad Politécnica Salesiana, determinó que en octubre de 2019 se usaron este tipo de estrategias para apelar a la emotividad y abonar al caos y a la crisis social. Aunque los autores son críticos con las medidas económicas del Moreno, encontraron que 48 de 53 piezas analizadas tenían como “víctima” narrativa al gobierno, con enfoques como “Gobierno modifica el sueldo básico a USD 280”, “Se incrementa el costo del pasaje”, “Militares hacen llamado al soldados indicando que es hora de sacar a Moreno”, “La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, señala que los transportistas decidieron levantar el paro y que en las calles solo quedan unos zánganos”, “Se elimina el subsidio del gas”, etc.

El estudio encontró patrones que permitieron presumir que el interés de circular bulos era para que el proceso de diálogo entre gobierno e indígenas no prosperara.

De acuerdo con Rouvinski, RT se cuida de replicar falsas noticias al igual que los otros medios de comunicación, pero su tratamiento de la información busca el mismo objetivo: polarizar más y que los conflictos se agudicen.

Con su experiencia en esta línea de investigación, Vladimir Rouvinski destaca que las campañas rusas son hábiles para explotar el ángulo emotivo de las audiencias. Para ello, además, aprendieron a usar formatos narrativos disruptivos, que impactan profundamente en las audiencias jóvenes.

En Ecuador, los jóvenes son quienes se sienten más defraudados por la democracia. En un país que no ofrece oportunidades de estudio ni empleo, la suya es una voz crítica. Del padrón electoral para las presidenciables de febrero de 2025, el 59,5 por ciento de empadronados tiene entre 19 y 49 años. «No podemos mirar a otro lado y decir que la democracia es perfecta, algo le pasa. Ella tiene instrumentos para regenerarse, ellos pasan por escuchar a voces diversas», advierte Alcántara.

EXCLUSIVA. Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, se convirtió en un escenario de violencia extrema por el control de sus codiciadas minas de oro. La megabanda de Los Lobos, aliada con el Tren de Aragua y grupos armados colombianos y peruanos, ha desplazado o sometido a mineros ilegales y legales de la zona, a través de extorsiones, secuestros y asesinatos. Las cruentas disputas internas entre facciones de Los Lobos y el creciente poder de bandas extranjeras han disparado la violencia en la región fronteriza. Esto ha obligado a las empresas mineras legales a reforzar su seguridad. En esta investigación transnacional revelamos el peligroso avance de estas alianzas criminales y sus protagonistas. Un pico de las arremetidas criminales fue en abril de 2023, cuando Los Lobos se tomaron las  instalaciones de la empresa Bonanza (Foto toma de video registrado en las cámaras de la empresa).

Alianza Investigativa Transfronteriza Vistazo – Código Vidrio – Ojo Público  

“Aquí no vivimos. Aquí hay que ver cuánto duramos”. El hombre, de 45 años, a quien llamaremos Jorge, pide proteger su identidad porque no quiere ser víctima de los ‘desalmados’. Así llama a quienes convirtieron al cantón minero Camilo Ponce Enríquez en un territorio de oro y sangre; de cuerpos calcinados y decapitados; de mineros secuestrados; alcaldes asesinados y extorsiones.“Se volvió un infierno y yo no quiero morir quemado”, nos dice, mientras jura que no quiere volver más vivir a este lugar.

En esa pugna se enfrentan dos facciones del grupo criminal Los Lobos, bandas que se identifican como miembros del Tren de Aragua, de Venezuela; integrantes de grupos paramilitares de origen colombiano, que se presentan como el ‘Ejército Nacional’, según informes de Inteligencia levantados en el lugar. A ellos se suman células de procedencia peruana, que –según tres agentes investigadores entrevistados para este reportaje– son el enlace para el ingreso ilegal de armamento, municiones y explosivos desde este país.

El último 13 de agosto, un nuevo hecho violento conmovió a esta ciudad de aproximadamente 30 mil habitantes. Cinco hombres fueron asesinados: dos de ellos, decapitados. Un tercero, calcinado. La policía detuvo a tres presuntos involucrados en una zona ubicada muy cerca de una operación minera. Uno de los detenidos tenía menos de 18 años.

Los fallecidos eran miembros de Los Lobos Box, una disidencia de la estructura nacional. La facción rebelde es originaria de Machala, en El Oro, y desde este año disputa el control de esta zona minera.

Atrapados por está violenta disputa están los habitantes del cantón, las autoridades locales, los trabajadores y administradores de las minas legales, que operan en condiciones cada vez más peligrosas, y los mineros ilegales y sus familias.

Ponce Enríquez tiene una ubicación estratégica. Colinda con las provincias de Guayas, cuyo puerto del Océano Pacífico es usado para el envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa; y El Oro, en cuya frontera con Perú existen corredores clandestinos para el tráfico de armas, explosivos y precursores químicos.

Pero no solo eso. Este cantón también concentra un porcentaje importante de concesiones y minas de oro (en su mayoría subterráneas). De aquí se extrajo el 30% del oro obtenido entre 2005 y 2015, según datos de la autoridad local. A diferencia de otras zonas, gran parte de estas concesiones son legales.

Hacia los primeros meses de 2022, aumentó la codicia de los grupos violentos, como ya ha ocurrido en otras zonas del país. En Ponce Enríquez buena parte de las minas son operadas por compañías legales que extraen oro de concesiones otorgadas por el Estado.

Los Lobos crecen en la Sierra y la Amazonia

Esto no pasó desapercibido para Los Lobos. La agrupación fue, hasta la pandemia, el brazo armado y de sicarios de Los Choneros, estructura criminal predominante en el país. Esta banda se especializó desde la década pasada en el envío de cargamentos de droga en lanchas rápidas por el corredor del Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos.

A Los Choneros no les interesaban las provincias andinas, de la serranía. En cambio, Los Lobos tuvieron la visión de abrir rutas de microtráfico en la sierra central del país. En esa misión armaron nuevas estructuras, a la sombra, explica a esta alianza la perfiladora criminal Alexandra Mantilla. De esta manera, agrega la experta, Los Lobos dominaron la cárcel de Cotopaxi y expandieron su radio de actividades y su alcance geográfico.

Por el norte, en la proximidad con Colombia, llegaron a desplazar al Frente Oliver Sinisterra, de disidentes de las FARC, quienes controlaban la minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, advierte un exgeneral de la Policía, que estuvo al frente de operaciones de control en la frontera norte. Los Lobos cobraban cinco dólares por cada bulto, o saco, de aproximadamente 25 kilos de material mineralizado extraído de la ‘ciudad de plástico’, como la llamaron las autoridades luego de una operación masiva en 2019.  El valor de un bulto bordea los 4 mil dólares. Para esa época se calculó que siete mil personas, de distintas nacionalidades minaban ilegalmente en esa zona de montaña, ubicada en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura.

La actividad minera ilegal en esa zona se realiza en sitios de difícil acceso, y la extracción de los bultos requiere del trabajo en poleas. A partir del volumen decomisado en el operativo más grande realizado hasta el momento, se estimó la cifra de ganancias en 2 millones de dólares.

Con la experticia y los millonarios recursos obtenidos en el norte, Los Lobos se orientaron hacia las áreas mineras que se encuentran en Azuay, en la zona andina ubicada al sur del país. Incluso mantienen la explotación ilegal en Buenos Aires desde donde transportan grandes cantidades de material mineralizado hacia El Oro y Azuay, para refinarlo en las plantas de beneficio, que también están bajo su control.

Azuay es la provincia que acoge a la cárcel de Turi, donde dominaba Wilmer Chavarría, ‘Pipo’, quien es el fundador de ese grupo criminal y está prófugo. Esta expansión se aceleró después del 2020, cuando el líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue asesinado, y reemplazado por José Macías, alias Fito, y Junior Roldán. Pipo no estuvo de acuerdo con el relevo y abandonó Los Choneros, al igual que otros grupos más pequeños. Los siguientes años Pipo fortaleció su liderazgo y diversificó su portafolio criminal, especialmente con la toma de minas para explotación de oro, así como las extorsiones a empresas mineras, según informes de Inteligencia revisados por esta alianza. En 2023, según dos oficiales de Inteligencia consultados, también empezó su despunte fuera de las fronteras nacionales. A partir de alianzas con grupos armados y bandas en Colombia (Comandos de la Frontera) y con el Tren de Aragua y miembros de bandas que operan en la frontera, del lado peruano. También han sido detenidos y extraditados dos cabecillas de Los Lobos en Chile.

En este contexto, Ponce Enríquez cobró gran relevancia. Se convirtió en un laboratorio criminal y una fuente permanente de millonarios ingresos. En este cantón la organización delictiva rápidamente aprendió la dinámica de toda la cadena, desde la extracción, hasta el procesamiento, comercialización y exportación de oro hacia mercados internacionales.

Se apropian de las minas a sangre y fuego

A diferencia de Buenos Aires, en Ponce Enríquez la mayor parte de la actividad es legal. Con los meses, Los Lobos se apoderaron de minas concesionadas a titulares mineros, desalojando a sus legítimos dueños con amenazas, crímenes ejemplificadores y secuestros selectivos. A varios les permitieron operar, a cambio de que entregaran el porcentaje mayoritario de las ganancias, y les garantizaron su vida a cambio de silencio.

No siempre cumplieron el pacto. En una siguiente etapa, el grupo armado impulsó la apertura de frentes de explotación ilegal, en áreas aledañas a riberas de ríos, a cambio de una inversión inicial de entre 300 y 900 dólares por cada minero, a manera de una acción. A los mineros ilegales que apoyan a la estructura criminal les dan un nombre específico: sableros.

La estructura se hizo fuerte sembrando el miedo, en unos casos. En otros, gravitó la simpatía de quienes encontraron en la extracción del oro impulsada por esa banda, así fuese ilegal, la solución a la crisis económica y el desempleo agravado tras la pandemia, en 2020. Ponce Enríquez se había convertido en un polo de atracción para personas de varias nacionalidades, en busca de un ingreso, sin importar el riesgo. A cualquier precio.

Entre octubre de 2022 y agosto de 2023, esta megabanda multiplicó secuestros, intimidaciones, sicariatos, extorsiones, y se apoderaron por la fuerza de minas en varias concesiones auríferas de esta zona y la parroquia aledaña de Tenguel, cantón Guayaquil, en Guayas, se lee en un informe de inteligencia al que accedió esta alianza.

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Para sus actividades ilícitas -describe el documento hoy revelado- desarrollaron una estructura conformada por un brazo armado (armas de largo y corto alcance), un brazo operativo (sableros, personal experto en explosivos); y, un brazo de seguridad, a su vez integrado por tres anillos. Ciudadanos ecuatorianos, peruanos, venezolanos y colombianos colaboran en los distintos niveles de la operación. Es un ejército criminal integrado por cientos de hombres armados, según indicó un agente de Inteligencia.

Una empresa se resiste a pagar extorsiones 

Hasta 2023, las autoridades no podían intervenir, por falta de denuncias que sustentaran el inicio de procesos judiciales, especialmente, al tratarse de áreas concesionadas a empresas privadas.

Sin embargo, las declaratorias de estados de excepción, y sobre todo la del Conflicto Armado no Internacional, de enero de 2024, viabilizaron el ingreso de la fuerza uniformada, aún sin denuncias formales. Para entonces quedó en evidencia que había una veintena de minas en poder de Los Lobos, algunas de las cuales ya estaban siendo operadas durante más de un año, por la organización delictiva.

Según documentos clasificados a los que accedimos, había 40 grupos de sableros. De cada mina a la que ingresaban, el 50 por ciento de lo extraído pertenecía a los grupos locales de mineros previamente establecidos; la mitad restante, a la estructura local de Los Lobos. Pero una vez procesado el material minero, donde según estudios la pureza es alta, la mitad del oro se destinaba directamente a la estructura nacional, establecida en El Oro y, concretamente, su capital, Machala. Del 50 por ciento restante se privilegiaba el pago a actividades de logística, administración y a los cabecillas locales. Si la producción era escasa los sableros recibían pagos mínimos. Pero si era abundante, alcanzaba para pagar 1.500 dólares a cada uno de ellos. Eso sí, les retenían un impuesto, es decir vacunaban a sus propios obreros.

En una concesión específica, donde el grupo ilegal se apropió de dos bocaminas a través de amenazas a la empresa propietaria, extraían entre 16 y 20 kilos mensuales. Cinco operadores se encargaban de la venta del oro a 58 mil dólares por kilo, en mercados donde nadie investiga el origen, ni la sangre oculta detrás del lingote. Así, la operación solo en esta mina generaba ingresos mensuales de un millón de dólares. Con otras minas en su poder, en este cantón, la estructura aseguraba ingresos mensuales de más de 3,6 millones de dólares. De ese valor, la mitad se destinaba al mando de ‘Los Lobos’ a nivel nacional, según reportes de Inteligencia.

Uno de los primeros acontecimientos que alertó sobre la peligrosidad y alcances de esta organización criminal fue la toma de las instalaciones de la empresa minera Bonanza, en octubre de 2022. Fueron secuestrados 70 trabajadores en el sector Bella Rica. Los secuestros continuaron imparables, con el fin de exigir a la empresa el pago periódico de vacunas. En diciembre del 2022 se reportaron dos nuevos episodios con la retención de 45 trabajadores legales. Y en abril del 2023 hubo otra retención de obreros y robo de material mineralizado en Bonanza.

En adelante, en contra de lo que esperaban los delincuentes, la empresa redobló su seguridad y se negó a pagar las extorsiones, tampoco cedió a las pretensiones de los cabecillas que exigían el ingreso de mineros reclutados por el grupo criminal a la compañía. De manera formal, los directivos de esa compañía pidieron la intervención de los militares y enviaron decenas de comunicaciones a autoridades del gobierno, en Quito. Denunciaron públicamente lo que estaba ocurriendo en los medios locales. Solo entonces los ataques criminales contra esa compañía pararon.

No obstante, los criminales continuaron secuestrando trabajadores y directivos de otras empresas, hasta el 4 de abril de este 2024. Ese día varios armados cubiertos los rostros con pasamontañas ingresaron a la empresa minera Minereisis.

En lo que va de este año, los s militares y policías han intensificado sus intervenciones en esta zona, en medio de constantes denuncias de mineros legales sobre amenazas de grupos criminales.

 

El Tren de Aragua llega a Ponce Enríquez

En medio de las intervenciones, los agentes  de Inteligencia recabaron indicios de que miembros identificados con el grupo de origen venezolano Tren de Aragua también actuaban en Ponce Enríquez. Para ello, desde marzo de 2023 explotaban la imagen violenta asociada a esa franquicia para generar miedo.

Esta alianza accedió a documentos que revelan la planificación de un “ataque armado empleando un aproximado de 30 a 40 ciudadanos de nacionalidad venezolana”, a mediados de 2023. Ya para entonces se habían identificado los tres anillos de seguridad: los ‘del puerto’, los ‘huevos’ y los ‘chamos’. Estos últimos, en un número fluctuante, se han venido encargando de secuestros, extorsiones y sicariatos. En tanto, los del puerto articulan con pares peruanos el ingreso de armas y el traslado del material hacia localidades de El Oro, donde están las refinerías, conocidas como plantas de beneficio. Los ‘huevos’ vigilan la producción en los túneles y minas subterráneas.

En una operación sorpresa, a mediados de ese año, los miembros del Ejército encontraron dinero en efectivo y un arsenal. Detuvieron a 11 personas, entre ellas, tres de nacionalidad peruana. En otro operativo detuvieron a otro grupo, entre ellos, un policía activo. Y en una acción de desalojo a una mina, los ilegales huyeron pero dejaron evidencias de cobros y repartos. Algo tan detallado como la contabilidad de una empresa, aunque registrado manualmente, en cuadernos. De ellos se desprende el pago a los extranjeros.

Los Lobos Box entran en disputa 

La dinámica empezó a cambiar aceleradamente, a inicios de 2024. Los militares amparados en la declaratoria de Conflicto Armado, que el gobierno de Daniel Noboa emitió en enero, empezaron a golpear las estructuras, a partir de operativos. En una de las incursiones recuperaron una de las tantas minas tomadas por el grupo criminal. Allí se instalaron de manera permanente, incluso en medio de críticas por tratarse de una zona  concesionada a una empresa privada. Sin embargo, según los altos oficiales de FF.AA., se trata de lugares de tan difícil acceso que la única manera de garantizar el control es la presencia permanente de uniformados en el sector.

Los operativos de Inteligencia y tácticos se intensificaron este año. En una acción coordinada de fuerzas cayó, nada menos, que ‘Comandante Vicente’ (Vicente Angulo Sosa), considerado uno de los mandos de alta jerarquía en Ponce Enríquez. Privado de la libertad, no pudo mantener el control del grupo porque la organización no reconocía el liderazgo de sus dos hermanos menores. Uno de ellos fue asesinado. Así, la agrupación delictiva empezó a debilitarse, en medio de la arremetida de la estructura que llegó desde Machala, conocida como Los Lobos Box, financiada por Miguel C. y liderada por un exboxeador devenido en delincuente.

Ya desde fines de 2023 se habían producido roces por el reparto de las ganancias. El grupo que se afincaba en Machala y otros poblados de El Oro empezó a disputar el control del territorio. La estructura nacional, que en ese cantón es comandada por alias “Calaca”, no se quedó atrás. Unos y otros se disputaron también el reclutamiento de los más violentos sicarios peruanos, venezolanos y colombianos. Entraron en escena los miembros del Tren de Aragua. Investigadores advirtieron a esta alianza que hay además un “significativo incremento” de irregulares colombianos, fuertemente armados, que buscan exterminar a los ‘Lobos Box’. Algunos serían contratados por responsables de la seguridad en concesiones mineras. De esta manera, en la confrontación aparecen nuevos actores: los guardias privados y los paramilitares foráneos.

Todos estos actores armados dispararon la violencia este año. Los secuestros masivos en minas para identificar delatores y traidores se volvieron noticias comunes. “Ocho cuerpos calcinados y decapitados en Ponce Enríquez”. “49 personas secuestradas en una mina”, son dos de los titulares de notas periodísticas entre junio y julio. Y el martes 13 de agosto pasado un nuevo enfrentamiento armado provocó seis muertos, dos fueron decapitados y uno incinerado. Todos eran integrantes de Los Lobos Box, que se habían tomado una mina en el sector Las Lomas. En la madrugada fueron atacados a tiros por el grupo dirigido por Calaca, causando pánico entre moradores de los caseríos y campamentos aledaños, donde operan mineros ilegales.

En medio de la escalada de los enfrentamientos, los militares explican a esta alianza que pese a las dificultades logísticas y de acceso buscan recuperar de la criminalidad a los territorios tomados. Para ello intercambian información con sus homólogos de los países vecinos, que les permitan detectar blancos de alto valor que han llegado hasta esta zona. Entre tanto, el Gobierno planifica una intervención a gran escala, que se podría concretar las próximos semanas.

Entre tanto, la fiebre del oro deja un rastro de sangre y violencia, cada vez más extenso.

China aceptó compromisos voluntarios a partir de su Examen Periódico Universal (EPU) y diez de las once recomendaciones que le hicieron sus pares sobre las actividades de sus empresas en el extranjero, sobre temas relacionados con medioambiente y derechos humanos, informó el Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA).

Por Ana María Carvajal

De acuerdo con el Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), que es una plataforma de trabajo colaborativo, en la sesión del EPU de China, que se llevó a cabo en enero pasado, 161 Estados realizaron 428 recomendaciones al país asiático para que mejore su actuación con respecto de los derechos humanos. Ese Estado decidió aceptar la mayoría de ellas. Uno de los proyectos señalados por abusos es el de la minera EXA

Entre las recomendaciones que aceptó China están las de Costa Rica y Portugal sobre la necesidad de incorporar el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible en su propia legislación. De acuerdo con CICDHA, las empresas chinas han tenido repetitivos señalamientos por el impacto que han causado en el medioambiente en varios países latinoamericanos donde tienen inversiones y se ha evidenciado poca o nula evaluación al respecto.

De acuerdo con el informes del CICDHA, difundido en noviembre pasado sobre 28 proyectos de empresas chinas analizados en Latinoamérica, en al menos 10 no habían reportes de evaluaciones ambientales completas y acuciosas. En la lista está incluido el proyecto minero San Carlos Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago, en Ecuador, y que está a cargo de la empresa china Explorcobres S.A., conocida como EXSA.  También se han reportado casos similares con otros proyectos como Buriticá, en Colombia, de la minera Zijin Continental Gold y las hidroeléctricas Sao Manuel, en Brasil y Rucalhue, en Chile.

Según CICDHA, las recomendaciones para China en su cuarto EPU fueron elaboradas por más de 200 organizaciones de la sociedad civil, que elaboraron informes detallados en varios campos. Esta organización se encargó de analizar las afectaciones a las comunidades por las actividades de las empresas chinas y se enfocó en promover sus derechos y los desafíos en el ámbito multilateral.

De acuerdo con la plataforma, es importante que los estados latinoamericanos que hicieron recomendaciones a China en el examen se mantengan vigilantes para que estas se conviertan en “acciones concretas y efectivas”, pues en su tercer EPU, el país asiático aceptó seis recomendaciones, pero de acuerdo con CICDHA, no llegó a implementarlas. Por ello, la organización considera que es importante que se elaboren informes de medio término para evaluar el proceso y señalar avances o incumplimientos o la necesidad de mejoras, según el caso.

Para ello, señala que las embajadas chinas en Latinoamérica deberían ser los canales de comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, entidades financieras y entidades gubernamentales chinas y así mantener un diálogo “oportuno sobre los riesgos, impactos y conflictos ambientales y sociales que surgen en torno a los proyectos, previniendo así su escalamiento”.

Entre las recomendaciones también se incluyen las de Ecuador, que junto a México, Perú y Camerún le pidieron a China garantizar que sus empresas e instituciones financieras respeten los derechos humanos fuera de sus fronteras.

El proyecto Mirador

El reporte de CICDHA cita el caso del proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, en donde las organizaciones sociales sostienen que no hubo consulta previa, libre e informada como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y solo se difundió información entre los pobladores sin que eso significara que las comunidades dieran su consentimiento a este proyecto y se destaca que aún no ha habido reparación. Los afectados son miembros del Pueblo Shuar Arutam y la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI). En ese caso se registraron desalojos que afectaron a al menos 136 personas, incluyendo personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños.

El CICDHA resalta que el cuarto EPU de China “coincide con el décimo aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), una iniciativa a la que han adherido 150 países y que representa la política más ambiciosa de China en términos de financiamiento y construcción de infraestructura, fortaleciendo así la internacionalización de sus bancos y empresas. En paralelo, China se ha consolidado como el país líder en las cadenas de suministro de la transición energética global”.

El Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero designó al nuevo titular de esa entidad, con lo cual el Gobierno espera solucionar la crisis del sector por la acefalía de sus principales cabezas operativas, desde la semana pasada. Ese atropellado proceso ha perjudicado a grandes y pequeñas empresas de minería que no pudieron realizar exportaciones de minerales ni otros trámites. El encargado de aplicar la hoja de ruta será Mauricio Martínez Erazo, quien ya fue parte de la entidad, que se acaba de extinguir, en cargos importantes, entre 2022 y marzo de 2024. Entre febrero y abril de 2023, cuando era Director de Auditoría, estuvo a cargo de aprobar los permisos de exportación de oro. El viceministro de Minas, Diego Ocampo, dijo que todos los trámites pendientes de certificados de exportación se retomarán de forma inmediata las próximas horas.   

Redacción Código Vidrio

El Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero designó este jueves 8 de agosto a Mauricio Martínez Erazo como nuevo director de la entidad rectora del sector. Martínez fue escogido de una terna propuesta por el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves. Además del Ministro, en la designación del funcionario, que reemplazará a Franklin Erreyes, participaron con votos a través de correo electrónico Sarha Belén Moya, secretaria de Planificación, y Mishel Mancheno, secretaria Jurídica de la Presidencia.

Martínez ya tiene experiencia en esas funciones. Durante el gobierno de Guillermo Lasso fue parte de la Agencia de control minero en importantes cargos, entre otros fue Director de Auditoría, en 2023. Precisamente, entre febrero y abril de ese año, estuvo a cargo de firmar los permisos de exportación de oro, según pudo corroborar este medio al revisar varios de esos certificados.

Martínez estuvo encargado de ese cargo cuando era director de la Agencia de Regulación y Control (Arcennr), Luis Maigón, hombre de confianza del exministro Xavier Vera, quien fue llamado a juicio por cohecho, (fue liberado y tiene medidas sustitutivas), por liderar una estructura que pedía dinero a cambio de entregar puestos públicos. Especialmente en las coordinaciones zonales en provincias como Azuay y Napo, donde se emitían los permisos de exportación de oro y se planifican operativos contra la minería ilegal. El antecedente de la captura y procesamiento de Vera son las investigaciones que hizo la Policía a la filtración de información desde la Agencia, sobre operativos contra mineros ilegales, que eran alertados por funcionarios y directivos. Precisamente por eso fue detenido y enjuiciado el Director de Control de Minería en esa misma época.

Maigón  fue removido del cargo, y reemplazado por Patricio Bonilla, en medio de denuncias de supuesta corrupción de directivos de control minero por cobros para entregar cargos y coimas a representantes de empresas exportadoras de oro, para acceder a permisos de todo tipo. Bonilla denunció que en la administración anterior no hubo controles ni auditorías de los directivos a cargo de esas tareas, con lo cual se benefició a un sinnúmero de empresas exportadoras de oro. Las irregularidades y posibles delitos fueron denunciados por Bonilla ante el SRI y la UAFE.

Martínez es economista y abogado, corredor de bienes raíces y operador bursátil. También ocupó cargos durante el gobierno de Rafael Correa. Entre 2009 y 2010 estuvo en el Ministerio de Coordinación de la Política Económica; entre 2013 y 2014 estuvo en el Banco de Desarrollo, y en 2015 en el IESS. Ha sido accionista y directivo de las empresas Paciconsult (asesoría tributaria) y Corporación Bratercomsa (construcción).

En su perfil en la red Linkedin indica que por casi 30 años trabajó en áreas como Finanzas, Economía, Administración General de Recursos, Salud Publica, Proyectos, Consultoría, Asesoría y Docencia. Entre sus puestos más destacados están la Gerencia General del Banco Central del Ecuador, la Gerencia del Banco del Estado, director de Áreas Estratégicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Represados permisos y autorizaciones

Con el nombramiento de la nueva cabeza de la Agencia, el Gobierno espera superar la cadena de problemas que ha causado las acefalía en la agencia de regulación de minería, que perdió su capacidad de gestión por más de una semana en todo el país, tras la remoción funcionarios del jerárquico superior, que aún no han sido reemplazados. En este lapso, pequeñas y grandes empresas mineras han sido perjudicadas porque no pueden exportar minerales, especialmente oro y cobre, ya que ninguna autoridad expide los permisos correspondientes desde Quito. Por este motivo, exportaciones por más de 120 millones de dólares están paradas en puertos de embarque. Las compañías de pequeña minería están entre las más perjudicadas pues sus flujos financieros y ganancias dependen exclusivamente de la comercialización continua del oro para el pago de salarios y proveedores. Esto se agravó en vista del feriado que empieza este viernes 9 de agosto, dijo un empresario minero.

Al ser consultado sobre los inconvenientes causados a las empresas mineras, el viceministro de Minas, Diego Ocampo, dijo que todos los trámites pendientes de permisos de exportación se retomarán de forma inmediata las próximas horas, una vez que la nueva Agencia de Regulación y Control Minero culmine su proceso de escisión, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas está próximo a entregar el dictamen favorable para el financiamiento de su estructura.

Ocampo recalcó que el proceso de escisión de la Agencia de Regulación precisamente está encaminado a consolidar el fortalecimiento de la institucionalidad y control del sector, así como dotarla de herramientas y recursos que coadyuven en el combate a la minería ilegal.

Sobre el plan que llevaba adelante la Agencia, junto con la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), para enfrentar la minería ilegal, dijo que la nueva entidad de Regulación Minera mantendrá todas las competencias referentes al control de la minería ilegal. “En este sentido se activará y participará en la Comisión especial para el control de la minería ilegal (CECMI), tomando en consideración además que, en días pasados, se expidió la resolución qué viabiliza la destrucción de la maquinaria incautada en los operativos de control de minería ilegal”.

Terrorismo es el delito comodín para detener a todos quienes exigen sus derechos o han salido a las calles a protestar, desde el pasado domingo 28 de julio cuando se realizaron las elecciones. Según denuncian las ONG venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón, y Provea, los jueces y fiscales, leales al oficialismo, no están permitiendo a abogados privados o de ONG participar en audiencias o defender a las personas detenidas. A todas se les asignan defensores públicos. Las audiencias son colectivas, y de forma telemática, no presencial. Hay al menos 24 muertos y 2.200 detenidos en las protestas contra los resultados. Nadie informa sobre su estado de salud.

 

La Hora De Venezuela es impulsada por la plataforma CONNECTAS, de la cual es parte Código Vidrio

Más de 2.200 personas se encuentran detenidas tras la elección presidencial del domingo 28 de julio, según la información compartida por el Ministerio Público y el Gobierno. Esta cifra preocupa a algunas organizaciones no gubernamentales, que denuncian un patrón de seis elementos que se ha aplicado.

“Tenemos información de que a nivel nacional no están permitiendo a abogados privados o de ONG participar en audiencias o defender a las personas detenidas en recientes protestas de Venezuela”, denunció este jueves 1 de agosto la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en su cuenta de la red X.

La coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, señaló que a ese patrón se le suma la realización de audiencias telemáticas y a los detenidos se los obliga a aceptar defensores públicos con la imputación a todos los detenidos de los mismos delitos. “Alertamos de que se realizan audiencias colectivas en las que no hay individualización de los presuntos delitos”, acotó Provea.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también denunció que las autoridades no ofrecen información sobre el estado de los detenidos ni permiten contacto con sus familiares, que tras una búsqueda incesante se enteran dónde se encuentran.
“Terrorismo es el delito comodín para dejar detenidos a quienes exigen sus derechos”, señaló el abogado defensor de los derechos humanos Joel García.
Según el abogado, entre los detenidos hay transeúntes que pasaban cerca de las protestas y ahora permanecen tras las rejas por estar en el lugar y momento equivocados. Se les aplicará la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada (terrorismo).

Colectivos en las calles

García destacó en una conversación telefónica, que el otro patrón de conducta es la presencia de los colectivos a las calles para que repriman y ataquen a las personas que salieron a mostrar su descontento con los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Así escudarse en que no es responsabilidad del Estado, por no ser funcionarios de seguridad quienes ejercen esas acciones, pero sabemos que los grupos civiles actúan con aquiescencia (consentimiento) del Estado, lo que también constituye crimen de lesa humanidad y es lo que estamos viendo. Ese es el patrón de conducta”, agregó el abogado.

Indicó que estos civiles armados son, de alguna manera, promovidos y protegidos por el Estado porque los funcionarios policiales están de su lado. «No hacen nada en contra de esas personas, que andan armadas, aun cuando en el país el porte de armas está prohibido», dijo.

Justicia, Encuentro y Perdón destacó su preocupación por las irregularidades que rondan estos procesos. “Vulneran los mandatos constitucionales que consagran los derechos y garantías fundamentales para los ciudadanos”, acotó.

“Denunciamos claras violaciones a los derechos a la defensa y al debido proceso, consagrados en la Constitución nacional en su artículo 49. Reiteramos, la protesta no es un delito”, argumentó Provea.

Asimismo, Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades respetar los principios básicos de justicia y garantizar un proceso legal, justo y transparente para todos los detenidos. “Que se les permita la asistencia legal adecuada”, insistió la ONG.

Las agencias de regulación de minería, hidrocarburos y electricidad están en acefalía y sin capacidad de control efectivo cerca de una semana. Estas áreas estratégicas están paradas desde hace seis días, cuando la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) removió a 19 directivos y coordinadores, que aún no han sido reemplazados. Las exportaciones de aproximadamente 100 millones de dólares de oro y cobre están en suspenso porque la autoridad responsable todavía no ha sido designada, por falta de autorización del Ministerio de Economía al presupuesto de tres nuevas agencias de regulación.

Redacción Código Vidrio

Los seis días de acefalía que enfrentan las agencias de regulación de minería, electricidad e hidrocarburos causan estragos en las exportaciones de minerales, la importación de combustibles, y el control de actividades ilegales en esos campos estratégicos. Esto es parte del proceso de reestructuración y reforzamiento del control en esas áreas sensibles, que lleva a cabo del Gobierno desde este año.

Según fuentes del sector, la suspensión de entrega de certificados de exportación de oro, cobre y otros minerales, genera graves problemas y pérdidas a decenas de empresas nacionales e internacionales.

Especialistas consultados estiman que desde el pasado 29 de julio hasta este jueves estarían represados alrededor de 100 millones de dólares en exportaciones de oro y cobre, que debían salir a diferentes países, entre otros a Emiratos Árabes, Suiza, China y Canadá.

La semana pasada Franklin Erreyes, director de la Arcernnr, decidió que la aprobación de permisos de exportación solo se realizaría desde la matriz en Quito y no desde las distritales en provincias. Eso en vista de la serie de denuncias de cobro de coimas a las empresas exportadoras, que, en algunos casos, fluctuaban el 0,4% del total exportado. La mayoría de certificados se emitía desde Guayaquil.

Entre tanto, la paralización de los trámites implica que las empresas exportadoras deben pagar costos adicionales a compañías privadas de custodia de valores. Los más grandes exportadores perjudicados son la canadiense Aurelian y la china Ecuacorriente.

En promedio semanal, durante 2023, se emitieron certificados de exportación por USD 64 millones de oro, cobre, plomo ( y concentrados), zeolita, zinc, piedra pómez y plata.

Durante el primer semestre del 2024 se emitieron certificados de exportación semanal por USD 50´7 millones de cobre, oro, plomo y concentrados. Solo en exportación semanal promedio de oro se emitieron certificados de exportación por USD 20,3 millones semanales, indicaron fuentes del sector.

Según el exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, no es la primera ni será la última vez que los exportadores estén molestos. “Igual lo hicieron en agosto del 2019 cuando se emitió por primera vez la regulación para controlar la calidad de las exportaciones de minerales, esperar unos pocos días no les afectará en nada”, destacó Benalcázar.

Ante la consulta de un posible autoboicot, Benalcázar dijo que más bien queda en evidencia la falta de profesionales que pasen los tamices del gobierno, “en cuanto a la seguridad y tranquilidad que aparentemente buscan para no caer en los errores de corrupción y pobreza moral que se han presentado desde el gobierno anterior”.

No hay que olvidar -agregó- el caso del exministro del ramo del anterior gobierno, Xavier Vera, que estuvo con prisión preventiva y ahora tiene medidas substitutivas a la espera del juicio respectivo.

Permisos de exportación en veremos

Desde la semana pasada, la entrega de certificados está suspendida en vista de que la Arcernnr sacó de sus cargos a 19 directores y coordinadores, que no han sido reemplazados porque el Ministerio de Economía y Finanzas no ha aprobado todavía el informe presupuestario para las nuevas estructuras institucionales.

Sin contar con el visto bueno de Economía, Franklin Erreyes, director de la Arcennr, removió a todos los funcionarios de escalafón superior, bajo el argumento de que se debían ejecutar actos administrativos inherentes al proceso de extinción de la Agencia de Regulación, que el presidente Daniel Noboa dispuso en mayo pasado. En su lugar ordenó extinguir la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, que centralizaba todo el control, y en su lugar está previsto crear:
-Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL)
-Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)
-Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH)

Benalcázar dijo que este proceso precisamente va de la mano con lo que se debe concretar hasta el 8 de agosto en cuanto a la separación de la Arcernnr,  de acuerdo al plazo establecido por el Presidente el 8 de mayo.  “Se removieron 19 cabezas de esa entidad por decisión multiministerial, de aquéllos que son parte de la CECMI, como lo hizo público el actual director”, indicó.

“Tuvieron tres meses para la separación de las agencias de control minero pero hoy Arcom no despacha certificados de exportación a las empresas legales que viven de su producción; a punto de empezar un feriado la respuesta del ministerio es que esperemos”, dijo un pequeño comercializador de oro, que pidió el anonimato.

“En la Agencia no despachan porque no tienen designado presupuesto y en las empresas legales, que vivimos de nuestra producción, no podemos cumplir con nuestros empleados”.

Otros coletazos

Por la falta de cabezas en las agencias de regulación de los tres sectores, no solo las exportaciones de oro están represadas. Ninguna autoridad está autorizando la toma de muestras de minerales y trámites subsecuentes en laboratorios (paso previo a exportación de productos de minería); las importaciones de combustibles también están paradas, no hay directrices para el control en la calidad del servicio eléctrico, en la explotación de la minería ilega, así como la falta de control en el trasporte, extracción y refinamiento de combustibles, según funcionarios que están preocupados por la inacción, que solo favorece a las actividades delictivas.

Desde el 31 de julio pasado, los funcionarios de carrera encargados del control estratégico de las actividades de los sectores minero, eléctrico e hidrocarburífero en todo el país, no reciben ninguna directriz de cómo, cuando, o dónde realizar sus funciones, debido a que no existen cabezas que definan las acciones y operativicen los servicios en los tres sectores. El detonante fue la salida de 19 directores y coordinadores, lo cual ha provocado la paralización de servicios vinculados con las exportaciones de minerales, permisos de operación eléctrica e hidrocarburífera.

Redacción Código Vidrio

El control estratégico de las actividades de los sectores minero, eléctrico e hidrocarburífero está paralizado. La suspensión se debe a la decisión que el 31 de julio pasado tomó Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), de cesar en sus funciones a todo el personal de nivel jerárquico superior, personal de contrato de servicios ocasionales y de nombramiento provisional a nivel nacional.

Esa decisión generó la suspensión de las competencias de control y regulación de las actividades en esas áreas estratégicas, provocando la paralización de servicios vinculados con las exportaciones de minerales, permisos de operación eléctrica e hidrocarburífera.

Al ser consultadas por Código Vidrio, sobre el perjuicio que esto está ocasionando, fuentes de esos sectores dijeron que por la complejidad y la magnitud todavía no se podría dimensionar el impacto económico para el país y para las empresas vinculadas, por la paralización de los servicios conexos que viabilizan el desarrollo económico, y productivo.

Este medio también buscó un pronunciamiento de Erreyes, contactándolo a su celular, pero no obtuvo una contestación, hasta el cierre de este informe, ayer domingo 4 de agosto.

Funcionarios no reciben directrices para el control

Funcionarios que pidieron en anonimato dijeron que a nivel de organización todo el personal de nombramiento definitivo se encuentra sin ninguna directriz de cómo, cuando, o dónde realizar sus funciones, debido a que no existen cabezas que definan las acciones y operativicen los servicios en los tres sectores.

Desde el 31 de julio del 2024, se ha vulnerado la custodia de los bienes incautados por las actividades de la minería ilegal, cobro de tasas por servicios, sistemas de acceso a los servicios cerrados, indicó otro funcionario del Ministerio de Energía, rector de estas áreas. No existen autoridades a nivel nacional que instrumentalicen cualquier cambio de custodios o direccionen la gestión y prestación de los servicios en todo el país.

“Se ha bloqueado todo tipo de comunicación interna y externa, se ha desvinculado del IESS a todo el personal indistintamente su tipo de contratación, vulnerando sus derechos y posibilidad de efectuar préstamos ante ese organismo”, dijo el funcionario.

El 31 de julio fueron cesados 19 directores y coordinadores, bajo el argumento de que se debían ejecutar actos administrativos inherentes al proceso de escisión institucional, que el presidente Daniel Noboa dispuso en mayo pasado. En un Decreto ordenó extinguir la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, que centralizaba todo el control, y en su lugar está previsto crear:
-Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL)
-Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)
-Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH)     

La decisión de descabezar a las autoridades ocurrió depués de que Franklin Erreyes emitiera dos resoluciones consideradas claves para enfrentar a la minería ilegal: El 26 de julio emitió la regulación ARCERNNR-2024-0035-RES que faculta a militares y policías la destrucción, inhabilitación y demolición de los bienes, insumos, maquinarias, equipos y vehículos utilizados en minería ilegal y que sean identificados in situ. Y los días siguientes dispuso que todos los permisos de exportación de oro solo se emitan a través de la Coordinación Técnica de Regulación y Control Minero, en la oficina matriz, en Quito.

El funcionario tomó esa decisión ante la serie de denuncias del cobro sistemático de coimas por la emisión de certificados en las coordinaciones zonales de varias provincias. Detrás de la exportación de oro se han montado esquemas criminales, que incluye la creación de empresas de papel que no son controladas por ninguna entidad, lo cual fue revelado por el medio digital Plan V. Esas estructuras delictivas cuentan con operadores en distintas instituciones, lo cual empezó a revertirse los últimos meses con la salida de funcionarios, especialmente en las regionales, en provincias. Esa decisión se tomó desde la ARCERNNR y tuvo el apoyo y soporte de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), integrada por funcionarios y técnicos de diferentes instituciones gubernamentales.

El jueves pasado, el directorio de las tres agencias, integrado por el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves; la delegada el Presidente de la República, Mishel Mancheno, y la Secretaria de Planificación, tenía previsto reunirse para designar al nuevo director de la ARCERNNR. No obstante, la reunión se suspendió a último momento, sin mediar mayores explicaciones.

Un tsunami ha causado la separación sorpresiva de 19 cabezas de las tres agencias que controlan los sectores minero, hidrocarburífero y energético. Paradójicamente esto frena las acciones que son parte de la estrategia del gobierno, para combatir las mafias que se han beneficiado de ilícitos en las exportaciones de oro y comercialización de combustibles. Otro paso en ese sentido es la designación de nuevo director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr), prevista para hoy jueves 1 de agosto en la noche.

Redacción Código Vidrio

Franklin Erreyes, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) cesó en sus cargos a 19 directores y coordinadores de las agencias de control minero, energético e hidrocarburífero, que llevaban a cabo acciones importantes en áreas sensibles como la minería ilegal y la exportación de oro.

La decisión tomada por Erreyes ha generado preocupación y malestar entre las autoridades de varias instituciones gubernamentales.

Fuentes de dos de esas entidades, que pidieron el anonimato, dijeron que al descabezar a las tres entidades, especialmente a la Agencia de Control Minero, se interrumpe el plan que está en marcha para atacar a las estructuras corruptas de minería ilegal, que han venido operando dentro y fuera del Estado, desde hace muchos años.

Estas acciones, a nivel estratégico, son coordinadas con la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), integrada por funcionarios y técnicos de diferentes instituciones gubernamentales. Pero esta última decisión no fue debatida a este nivel, lo cual también ha causado dudas sobre los intereses que la motivaron, al margen de consideraciones técnicas sino de intereses particulares.

Al argumentar el descabezamiento, Erreyes indicó que daba por terminados los nombramientos de los 19 funcionarios de jerárquico superior (directores) y medio (coordinadores), para ejecutar actos administrativos inherentes al proceso de escisión institucional, que el presidente Daniel Noboa dispuso en mayo pasado, en el Decreto Ejecutivo 256. En esa normativa se decidió extinguir la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables y crear las siguientes entidades:
-Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL)
-Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)
-Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH)     

Desde la semana pasada, el mismo Erreyes emitió dos resoluciones consideradas claves para enfrentar a la minería ilegal: El 26 de julio emitió la regulación ARCERNNR-2024-0035-RES que faculta a militares y policías la destrucción, inhabilitación y demolición de los bienes, insumos, maquinarias, equipos y vehículos utilizados en minería ilegal y que sean identificados in situ. Y el martes anterior dispuso que todos los permisos de exportación de oro solo se emitirán a través de la Coordinación Técnica de Regulación y Control Minero, en la oficina matriz, en Quito.

El funcionario tomó esa decisión ante la serie de denuncias del cobro sistemático de coimas por la emisión de certificados en las coordinaciones zonales de varias provincias, lo cual también fue conocido por la CECMI. Detrás de la exportación de oro se han montado esquemas criminales, que incluyen la creación de empresas de papel que no son controladas por ninguna entidad, según reveló una investigación el medio digital Plan V. Es más, cuentan con operadores en distintas instituciones, lo cual empezó a revertirse los últimos meses con la salida de funcionarios, especialmente en las regionales, en provincias.

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Durante los últimos 3 años el crecimiento de la exportación de minerales, sobre todo de oro, ha tenido incrementos sustanciales en las exportaciones cientos de millones de dólares. Estas fueros las cifras:
-2.142 millones, en 2021
-2.726 millones, en 2022
-3.075 millones, en 2023
Según informes oficiales, los últimos dos años hubo un crecimiento de 933 millones de dólares en la exportación de oro. Hasta junio de este año se reportan USD 1.218 millones en exportaciones. En 2023 se emitieron 1.984 certificados de exportaciones de minerales. Y hasta junio de este 2024, 910 certificados.

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La Agencia dispuso que los certificados de exportación ya no sean expedidos ni autorizados por los funcionarios de las Coordinaciones Regionales en Guayas, El Oro, Imbabura, Azuay, Orellana y Chimborazo. En algunas de esas zonales, según varias fuentes del sector consultadas, se venían cobrando comisiones (coimas) del 0,4% del total del monto exportado por cada empresa.

Estas últimas resoluciones habrían desatado presiones a diferente nivel, sobre todo dentro del Ministerio de Energía. Extraoficialmente se conoció que un alto funcionario del sector trataría de revertir las medidas, para que los coordinadores de las regionales vuelvan a tener la facultad de conceder los permisos de exportación de oro, especialmente en Guayaquil, de donde sale la mayor cantidad del mineral refinado hacia el exterior.

Hoy, precisamente, está previsto que el directorio de las tres agencias, integrado por el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves; la delegada el Presidente de la República, Mishel Mancheno, y la Secretaria de Planificación, designen de una terna al nuevo director de la Arcernnr, quien reemplazará a Erreyes.

 Fuentes del Ministerio dijeron que uno de los candidatos más opcionados para dirigir la entidad sería el abogado y economista guayaquileño Mauricio Martínez. Él ya ha ocupado cargos en el sector público, durante el gobierno de Rafael Correa. Entre 2009 y 2010 estuvo en el Ministerio de Coordinación de la Política Económica; entre 2013 y 2014 estuvo en el Banco de Desarrollo, y en 2015 en el IESS. También ha sido accionista y directivo de las empresas Paciconsult (asesoría tributaria) y Corporación Bratercomsa (construcción).

Las Fuerzas Armadas y la Policía reiniciarán las operaciones de destrucción de maquinaria y equipos empleados en minería ilegal en varias provincias del país, que estaban suspendidas desde enero pasado. Estas acciones son parte de una estrategia del Gobierno para enfrentar este fenómeno criminal a varios niveles, que está a cargo de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI). En nueve provincias del país, la mayoría de la Amazonía, están identificadas 32 zonas críticas de estas actividades delictivas.

Redacción Código Vidrio

Franklin Erreyes, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), expidió el 26 de julio pasado la resolución ARCERNNR-2024-0035-RES, que dispone la destrucción, inhabilitación y/o demolición de los bienes, insumos, maquinarias, equipos y vehículos utilizados en minería ilegal y que sean identificados in situ.

Este procedimiento se realizará mediante la aplicación del «Protocolo de Destrucción de Equipos, Maquinaria Pesada y Amarilla», que se elabora en coordinación con a Policía y las Fuerzas Armadas. Todo este proceso ha estado a cargo de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), integrada por directivos y técnicos de varias instituciones de control. Esta Comisión diseña la estrategia para enfrentar estas actividades criminales que han aumentado vertiginosamente los últimos cuatro años.

Operaciones suspendidas seis meses

Las operaciones de demolición de maquinaria usada para la minería ilegal han estado suspendidas cerca de siete meses. En enero pasado, el excoordinador de la ARCERNNR, Juan Carlos Pindo, derogó la resolución que amparaba la inhabilitación de equipos pesados que se emplean en minería ilegal, con el uso de explosivos. Justificó su decisión en un pedido del Ministerio de Ambiente, bajo el argumento de que la destrucción de la maquinaria supuestamente generaba daños en zonas sensibles de flora y fauna, según fuentes consultadas por este medio.

La última operación en que los militares y policías destrozaron retroexcavadoras y otros equipos con el uso de explosivos se realizó el 22 de septiembre pasado en Orellana y Napo. Personal de FF.AA. y la Policía, en coordinación con la Fiscalía y la ARCERNNR, destruyeron 15 máquinas en Punino Alto (Orellana) y Talag (Napo), donde cientos de mineros ilegales operan en coodinación con grupos criminales.  Otro gran operativo se realizó en mayo de ese año en el río Punino, entre Orellana y Napo. Los uniformados encontraron 34 excavadoras, 7 clasificadores y 2 generadores de energía que fueron destruidos. cada máquina cuesta alrededor de 250 mil dólares, y se financia con recursos de actividades ilícitas, en buena parte relacionadas con el narcotráfico, según fuentes de Inteligencia.

32 sectores tomados por mineros ilegales en 9 provincias

La Agencia de Regulación articulará en adelante las acciones con la Policía y FF.AA. en nueve provincias, donde existen focos críticos de minería ilegal, para demoler los bienes, insumos, maquinarias, equipos y vehículos utilizados en la explotación minera al margen de la ley. Según reportes oficiales, los mineros ilegales operan en Imbabura (3 sectores), Sucumbíos (3), Napo (3), Orellana (2), Pastaza (1), Morona Santiago (4), Zamora Chinchipe (9), Azuay (2) y El Oro (5).

Durante los últimos siete años, la banda de Los Lobos ha estado involucrada en la minería ilegal de oro en siete provincias, desde Imbabura en el norte, Napo, Orellana y Sucumbíos en el noreste amazónico, hasta Azuay y Zamora Chinchipe en el sur, según entrevistas y documentos de inteligencia revisados por Código Vidrio. En cada sitio, sus integrantes han extorsionado o asesinado a los mineros para tomar el control, mientras se encargan de toda la cadena de suministro del mineral.

En Ecuador se ha detectado una rápida expansión en la minería ilegal de oro, que en 2021 cubrió 7.495 hectáreasde tierra (más de 10.000 estadios de fútbol), o un aumento del 300% desde 2015, según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina. Este rápido aumento, impulsado por los precios récord del oro a nivel internacional, ha atraído a las bandas de narcotráfico más poderosas al lucrativo mercado que también les permite lavar más fácilmente las ganancias del comercio de cocaína. Los capos de los carteles han incursionado de lleno en esta actividad, según estimaciones de agentes de FF.AA. y la Policía.

Con la promesa de dinero fácil, la minería se infiltra fácilmente entre los campesinos que viven de la agricultura, particularmente en las comunidades indígenas, donde los jóvenes, con dinero en efectivo de la minería, a menudo gastan sus ganancias en alcohol, mientras que las mujeres se involucran en relaciones con extranjeros que se mudan a otras minas, muchas veces abandonando a sus hijos. Este patrón es una constante en buena parte de las zonas afectadas por esta actividad criminal.

DESINFORMACIÓN. De veinte publicaciones difundidas por los medios oficialistas del Kremlin, más de la mitad desacredita a la candidata demócrata Kamala Harris. Y en todas ellas, la principal fuente es la campaña del opositor Donald Trump.

 Alianza Código Vidrio – Vistazo

“Trump dice que Kamala Harris tiene un bajo IQ”. Este es el título de una nota emitida por medios oficialistas rusos el 28 de julio de 2024. No es una nota excepcional.

“Caos total en el Partido Demócrata tras la postulación de Kamala Harris”. “La elección de Kamala Harris sería un desastre para Estados Unidos”. “La campaña de Trump presenta una denuncia por transferencia millonaria de fondos de Biden a Harris”. “Harris es una lunática de izquierda radical que destruirá EE.UU.”.

La lectura de Rusia sobre los eventos políticos que han ocurrido durante la última semana en la arena electoral de Estados Unidos parte desde una óptica predominante: la del expresidente, y hoy contendor de Harris en la campaña, Donald Trump.

Esta alianza analizó una veintena de publicaciones vertidas por el medio oficialista del Kremlin desde que, en Estados Unidos, el actual presidente Joe Biden anunció su renunciamiento a continuar en la lid electoral. En su discurso, señaló que con una gran dosis de sacrificio personal cedía el reto a un relevo generacional. Así, anunciaba que su actual vicepresidenta Kamala Harris sería la postulante para las presidenciales de ese país. El 53 por ciento de las publicaciones, esto es, más de la mitad, contiene un tono abiertamente crítico contra la hoy candidata. En ese grupo de publicaciones, el 80 por ciento tiene como fuente a la candidatura de Trump.

En una nota difundida el 22 de julio pasado, se cita íntegramente la tesis del comité nacional de Partido Republicano. Este órgano denunció que la vicepresidenta (Harris) “ayudó a Joe Biden a encubrir su declinante salud mientras estaba en el cargo, lo que destruye la credibilidad de la política”.

La prensa oficialista rusa no tiene miramientos a la hora de reproducir íntegramente las críticas del sector republicano. “Todos y cada uno de los fracasos que hemos visto de Joe Biden –la retirada de Afganistán, una crisis fronteriza, una inflación aplastante y unos Estados Unidos debilitados en el extranjero- han sido entregados de la mano de Kamala Harris. Harris no solo sería un desastre en la Casa Blanca, sino que también ayudó a Biden a encubrir su declinante salud mientras estaba en el cargo”.

“Kamala Haarris es un fraude, una mentirosa descarada cuyo encubrimiento del deterioro cognitivo de Biden es el escándalo del siglo. También es poco original, molesta y tremendamente incompetente”. De esta forma, la prensa rusa se hace eco de la versión republicana.

El 24 de julio, la misma prensa recogió una nota de una organización sin fines de lucro que, citando informes del Senado de Estados Unidos, advierte que el 31 de marzo de 2024 solo 4 de los 47 empleados iniciales de la Vicepresidencia en la gestión de Harris seguían enrolados. Resalta además que 24 empleados de Harris habrían renunciado en los 12 meses previos. La publicación recoge que este fenómeno de alta rotación también se produce en la Casa Blanca, donde “solo 127 de los 560 empleados siguen trabajando en sus puestos”.

El día previo, el mismo medio oficialista se hizo eco de declaraciones del expresidente Trump a un influyente periódico estadounidense. “Hay dos palabras para describir a Kamala Harris: maliciosa y tonta. Es una mala combinación”.

El jueves 25 de julio, la prensa rusa volvió a reproducir declaraciones del expresidente Donald Trump, al citar sus declaraciones ante partidarios de Carolina del Norte. “Kamala Harris es la vicepresidenta más incompetente y de extrema izquierda de la historia estadounidense, responsable de cada fracaso del presidente Joe Biden”. (Harris) “Ha sido la fuerza impulsora ultraliberal detrás de cada catástrofe de Biden. Es una lunática de la izquierda radical que destruirá nuestro país, si alguna vez tiene la oportunidad de llegar al cargo presidencial”.

Pero la narrativa subió de tono el último sábado de julio. En la conferencia Bitcoin 2024, en Tennessee, el candidato Trump dijo que en la carrera por las presidenciales se enfrenta a un individuo con bajo coeficiente intelectual. Destacó que se trataba de una mujer. Así, sin nombrarla se refirió a la postulante Harris. La prensa oficial rusa no dudó en recoger la nota íntegramente.

El sábado pasado, en la conferencia Bitcoin 2024 celebrada en la ciudad de Nashville, estado de Tennessee, el candidato a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, señaló que en la carrera electoral se enfrenta a un individuo con «bajo coeficiente intelectual«, y destacó que se trataba de una mujer, en clara referencia a la actual vicepresidenta del país y posible candidata demócrata, Kamala Harris.