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El Consejo de la Judicatura solicitó información para investigar este caso y el polémico fallo de la jueza Fabiola del Rocío Vega Carvajal. Dos presuntos líderes de “Los Choneros” y “Los Águilas” (primeros desde la izquierda en la foto), detenidos en mayo pasado, durante una narcofiesta-concierto, en la que tronaban los fusiles y las pistolas, fueron liberados por Vega.

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Estuvieron menos de diez semanas privados de la libertad. El 25 de julio, la jueza Fabiola Vega dispuso que dos altos cuadros de grupos narcoterroristas se acogieran a medidas alternativas a la prisión preventiva. En lugar de permanecer en la Penitenciaría, deberán presentarse los días lunes, miércoles y viernes ante el fiscal.

La decisión generó desconcierto y molestia entre las filas policiales: Celso Moreira y Federico Gómez serían líderes de “Los Choneros” y “Las Àguilas”, según informes de Inteligencia. Pero además tienen un amplio historial delictivo, que aquí revelamos.

Celso Moreira (‘Patucho’) sería un cuadro de alta jerarquía en “Los Choneros”. Ha enfrentado procesos penales por supuesto tráfico de estupefacientes; y, tráfico ilícito de armas de fuego. Según los registros judiciales, fue detenido en octubre de 2008 por tenencia y posesión de sustancias; en 2014 y en 2018 por asociación ilícita.

El 10 de mayo de este año, fue detenido en el curso de una megaoperación policial, que involucró a varias agencias de élite, mientras ofrecía una fiesta-concierto en la que celebraba su cumpleaños. El festejo se realizaba en una finca en el kilómetro 36,5 de la vía a la Costa. Moreira estaba en posesión de un arma de fuego cuando llegaron los uniformados, por lo que fue detenido por un posible delito de tráfico de armas.

En cambio, Federico Gómez (“Feder”), líder de “Los Águilas”, ha enfrentado causas penales por robo calificado, transporte ilegal de armas, asesinato, asociación ilícita, robo y tráfico de armas de fuego.

Ha estado detenido en siete ocasiones:

-En 2009 por asesinato

-En 2011 por tenencia de armas no autorizadas.

-En 2013, en dos ocasiones, por robo calificado y asociación ilícita.

-En 2015 por robo.

-En 2022 por tenencia de armas.

Según registros judiciales, “Feder” recibió cinco beneficios penitenciarios. En enero de 2020 se acogió al beneficio el régimen semiabierto. En 2021 recibió el primero de cuatro hábeas corpus sucesivos. Los jueces han cedido a todos sus pedidos.

Así se desató la narcofiesta

La fiesta-concierto había reunido en una misma finca Celso Moreira, alto cuadro de “Los Choneros” y a Federico Gómez, líder de “Los Águilas”. Ocurrió a inicios de mayo. Moreira celebraba su cumpleaños por todo lo alto: luces, pantallas gigantes y artistas reconocidos que interpretaron vallenatos, música regional, ritmos urbanos y salsa.

Era un invisible. Informes de inteligencia revelan que su habilidad fue mantener un perfil muy bajo para pasar por debajo del radar. Pero la magnitud de la celebración, con casi 300 invitados, algunos de los cuales portaban desde fusiles hasta armas de grueso calibre, no pasó inadvertida para los uniformados. Equipos élite de la policía llegaron cuando la rumba aún estaba en pleno apogeo. Muchos asistentes salieron despavoridos, otros lanzaron las armas al suelo. Un grupo de 33 personas con antecedentes penales fue retenido en primera instancia para las investigaciones iniciales. El delegado de Fiscalía dispuso que 14 fueran liberados, entre ellos, el dj, los proveedores de ceviches, bocaditos, el representante de los artistas-imitadores, un empresario de electrodomésticos…

Entre los 14 que permanecieron bajo régimen de prisión preventiva se encontraban Moreira y Gómez. Ellos fueron trasladados a la Penitenciaría.

Las diligencias judiciales que debieron realizarse se dilataron por amenazas de bomba. Investigadores advirtieron que todo era parte de una estrategia para burlar a la justicia.

El último jueves de julio, los dos recibieron medidas alternativas, esto es, la obligación de presentarse tres veces por semana ante la autoridad de fiscalía y la prohibición de salida del país.

El Consejo de la Judicatura reacciona

Esta redacción consultó con fuentes del Consejo de la Judicatura, ante la conmoción causada por la noticia de la excarcelación.

El caso tendría dos escenarios posibles. “Si se trata de asuntos jurisdiccionales se requiere que alguien denuncie y con la denuncia se corra traslado a una corte provincial para que tramite la declaratoria jurisdiccional previa. En este caso, solo deciden los jueces superiores”.

No obstante, estas fuentes revelaron que Judicatura ya pidió información sobre este expediente, para analizar si la jueza incurrió en una falta en la que el Consejo puede actuar de oficio.

Desde hace cuatro meses, el CJ intensificó un proceso de depuración en el sistema de administración de justicia. En este contexto, 53 funcionarios judiciales fueron destituidos, con corte a junio de 2024. De este grupo, 25 son jueces. Ese cuerpo colegiado tiene sobre la mesa la propuesta de evaluar a casi 1.900 juzgadores, desde jueces de primer nivel hasta miembros de cortes provinciales, con el parámetro de probidad, a partir de pruebas de confianza.

DESINFORMACIÓN. La última semana de campaña electoral en Venezuela tuvo espacio en los medios rusos Sputnik y RT, que dedicaron 8 y 14 notas, respectivamente, para hablar sobre los candidatos y sus agendas. Sin embargo, es evidente la atención concentrada en el postulante oficialista, Nicolás Maduro, frente a su contrincante Edmundo González Urrutia, al que nombran poco o incluso evitan mencionar.

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Esta alianza comprobó que en 22 notas publicadas del 18 al 26 de julio en estos medios, no había ninguna que se concentrara en el principal candidato de la oposición al régimen chavista, contar su trayectoria o su plan de Gobierno. Por el contrario, sobre Maduro se difundió una nota sobre su plan llamado las siete transformaciones y otra que incluye un perfil sobre su carrera política. Ambas son del pasado 25 de julio. Allí se hace énfasis en que él tiene el desafío de “mantener el legado del líder Hugo Chávez” y resalta que su gobierno de ya 11 años ha pasado por “diversas crisis económicas y políticas”.

Sobre González Urrutia se dice muy poco incluso en las notas que se publicaron a propósito del cierre de campaña. Es notorio, por ejemplo, en el texto titulado ‘Maduro cierra su campaña en Caracas, exhortando a la unidad y recordando el legado de Chávez’, del 26 de julio y ‘Caracas en la mira: Chavismo y oposición miden fuerzas en el cierre de campaña’, del día previo.

Ambas notas tienen embebidos videos con claras diferencias. En la primero tiene una duración de siete minutos con 29 segundos, pero casi cinco de ellos son del cierre de campaña de Maduro y con tomas desde distintos puntos de la concentración e incluso con pantalla dividida. Su discurso tiene un espacio de 32 segundos, aproximadamente y es parte de la movilización. Para la oposición quedaron los dos minutos y medio restantes y de ellos, apenas 10 segundos mostraron breves frases de González, en una sala cerrada y sin sonido ambiental.

La nota de la víspera, además de característica similares en cuanto a la distribución del tiempo (de seis minutos y medio apenas dos son para la oposición, con 32 segundos para el discurso oficialista y 12 para su contendor), se pueden observar otros datos. Por ejemplo, para el oficialismo hay 11 párrafos de relato y cuatro tuits versus los seis párrafos para González y dos tuis.

Esas diferencias también se notan en la redacción. En esta publicación aparece un párrafo que reza: “Mientras que el presidente Nicolás Maduro, quien opta por la reelección este domingo, se ha presentado como la «garantía de paz y estabilidad» con cifras que respalda el llamado ‘milagro económico’, la política opositora María Corina Machado, inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos, ha posicionado como lema «hasta el final» y ha presentado un plan de Gobierno que propone privatizar la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)”.

Precisamente, María Corina Machado tiene mayor atención en las notas analizadas que el candidato que representa a su opción política. En la nota titulada ‘Recta final: Candidatos se preparan en Venezuela de cara a los comicios presidenciales’ hay una referencia que invisibiliza a González y se refiere a él así: “Mientras el otro candidato afirma que no es contra el país sino contra unos individuos, el candidato a la sombra de María Corina Machado”.

Otra noticia del mismo día, también de RT, es una denuncia de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, de un supuesto ‘blackout’ informativo sobre la campaña de Maduro, en la que aparece la repetitiva figura del fraude que él mismo mencionó tres días antes, de acuerdo con el medio. Allí no se nombra a González. Solo se hace una referencia a él como “candidato opositor aliado de la política María Corina Machado para desconocer los resultados”.

De lo publicado sobre las elecciones en Venezuela, tanto en RT como en Sputnik en el periodo analizado por esta alianza, apenas dos notas tienen un tinte neutral y fueron publicadas el 21 de julio. Ambas hablan sobre anuncios de la autoridad electoral venezolana sobre los comicios. Mientras Sputnik titula ‘Venezuela anuncia la ley seca y prohibición de armas con motivo de elecciones’, RT publica ‘Consejo Electoral venezolano afina detalles técnicos y tecnológicos de cara a las presidenciales’.

Machado aparece en el texto de Sputnik ‘Candidatos presidenciales venezolanos cierran actividades de campaña electoral’, del 25 de julio. Allí se habla de la agenda de los dos principales candidatos en los comicios, pero es evidente la diferencia en el trato: mientas que el acto de Maduro se describe con hora, lugar y cierres viales, el de González solo se menciona como “una concentración en el este de la capital”, acompañado de un tuit de Machado.

La diferencia entre las publicaciones de ambos medios es que RT tiene un tinte más noticioso, mientras que Sputnik se decanta por el análisis con entrevistas a expertos en el tema electoral. El 25 de julio, apareció el trabajo ‘Nunca en la historia de Venezuela un factor injerencista como EE.UU. había tenido tanta presencia’. La principal fuente es Óscar Schemel, director de le encuestadora Hiterlaces y se destacan citas como: “Estas son las elecciones más injustas y desiguales de toda la historia electoral venezolana. El Gobierno bolivariano llega a esta contienda electoral con el peso terrible de las sanciones económicas, casi 1.000 sanciones que han funcionado como una especie de bombardeo sobre la calidad de vida y los servicios públicos», sostiene el especialista”.

Y luego se incluye su opinión sobre González: “Hoy tenemos un candidato de oposición desconocido, absolutamente desconocido. Uno de cada cuatro venezolanos sabe quién es Edmundo González. Tres de cada cuatro no lo saben. Eso es neurosis”. Su conclusión es que el verdadero opositor de Maduro no es el candidato sino esa neurosis de la que habla en el párrafo citado.

Otra nota de Sputnik sobre el tema electoral que se publicó el 24 de julio incluye una afirmación de Miguel Ángel Pérez Pirela, ´que dirige el medio en línea Iguana TV sobre un bloqueo de YouTube a su medio “por denunciar el plan de Gobierno neoliberal que implementaría la oposición”.

Es un texto extenso en el que se encuentran ideas como esta: «canales como Telesur, La Iguana TV y nuevas plataformas como Alma, junto con medios internacionales como Sputnik y RT, han demostrado su fiabilidad a lo largo del tiempo. Estos son los medios en los que podemos confiar a pesar de la demonización continua» y menciona que son “seguros de vida para las democracias latinoamericanas” En notas de RT y Sputnik se menciona a CNN, EFE, El País y otros medios internacionales y agencias con acusaciones sobre supuestos planes en contra de la candidatura de Maduro. Esos señalamientos se extienden también a instituciones estadounidenses como la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y la NED (Fundación Nacional para la Democracia)

Esta narrativa se usa también en la nota de RT sobre el supuesto ‘blackout’, donde el presidente de la Asamblea acusaba a medios de comunicación de estar alineados con los opositores y construyendo “una metarealidad” para cumplir con objetivos distintos a los pacíficos, constitucionales y legales. El funcionario decía: “Ellos y nosotros sabemos cuáles son los verdaderos sondeos, más allá de todo ese maquillaje que montaron, más allá de toda esa mentira», afirmó y agregó que estas noticias sobre un supuesto fraude «tuvieron su eco en los medios de comunicación internacionales EFE, CNN y AFP».

Pérez Perea advierte sobre lo que considera preparativos para algo similar al “intento de golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez”. Sobe el tema, señala que “Esta vez, sin embargo, el apagón es digital. El plan es silenciar a los medios digitales progresistas y alternativos, amplificando las voces de Miami, Bogotá y Madrid, creando un Triángulo de las Bermudas de la desinformación». La nota es una retahíla de acusaciones hacia varios sectores, que resume como un plan de tres pilares de la oposición: contactar paramilitares colombianos para desestabilizar el país, inundación del panorama mediático con encuestas “delirantes” y cánticos de fraude.

RT incluye en sus trabajos dos que hablan directamente de la oposición, pero alentando dudas en su contra. La más reciente se publicó el 26 de julio y se titula ‘»Métodos nazis para difundir odio»: investigan en Venezuela maltrato animal en marcha opositora’, a propósito de un video que habría circulado en redes sociales, de un gallo colgado desde sus patas en el evento de González, como una referencia a Maduro, quien ha usado el gallo como un símbolo de su candidatura.

La otra nota se publicó el 21 de julio e insinúa que la denuncia de María Corina Machado sobre un ataque en contra de vehículos que trabajaban en la campaña de la oposición “fue ordenado por sus colaboradores”. La fuente para esta noticia fue un video de Madelein García, de la cadena Telesur, quien dijo haber entrevistado a un integrante del equipo de seguridad de Magalli Meda, de la campaña Con Venezuela, que afirma que “las autoridades del ordenaron ejecutar un falso positivo’.

Finalmente, una nota de Sputnik que podría considerarse de color sobre otros temas cabe dentro de la temática de la campaña. Se trata de un texto sobre El Cuartel de la Montaña, “un lugar cargado de simbolismo para el movimiento iniciado por Hugo Chávez”. La protagonista es Ana Sofía Cabezas, vicepresidenta de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, que no escatima en halagos al recuerdo del extinto líder del oficialismo. El lugar es descrito como “el hogar de la familia chavista, no solo de Venezuela sino del mundo”.

Y Cabezas menciona que “en los días previos a los comicios habrá una actividad especial: «Vamos a publicar El diario de operaciones que escribió en 1977. Ese es un diario que nadie ha leído, es un documento inédito, que por primera vez va a estar en manos del público en general».

DESINFORMACIÓN. Esta alianza mapeó las publicaciones de la prensa oficialista rusa, en los 15 últimos días, sobre los comicios en Venezuela. De 18 piezas, solo cuatro mantienen un tono neutral e informativo. En cambio, 14 notas son abiertos espaldarazos a la candidatura de Maduro para la reelección. Claramente, el “hermano mayor” de Venezuela tiene un favorito y no tiene reparos en hacerlo público.

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“Ha triunfado nuestro hermano mayor, son buenos presagios para el mundo”. Así reaccionó, el 18 de marzo de 2024, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al celebrar la reelección de Vladimir Putin como mandatario de Rusia. “Envío mis felicitaciones al hermano pueblo de Rusia y al presidente Vladimir Putin por su extraordinaria victoria en las elecciones presidenciales de la Federación de Rusia”.

El tono del régimen venezolano era pletórico y triunfalista. El comunicado de la Cancillería no escatimó en adjetivos. “Pueblo y gobierno ruso, con audacia y sabiduría, han sido capaces de sobreponerse a los ataques multidimensionales que ha sufrido Rusia en los últimos tiempos y lo seguirán haciendo con la determinación y el ímpetu que los ha caracterizado a lo largo de su memorable historia”.

Desde la óptica de Maduro, la Rusia de Putin es el “hermano mayor”. Por eso, no debe sorprender que el Kremlin tenga un candidato preferido para las elecciones presidenciales, que se realizan en Venezuela, el domingo 28 de julio.

Esta alianza mapeó las publicaciones de la prensa oficialista rusa, en los 15 últimos días, alrededor de los comicios en Venezuela. De 18 piezas periodísticas, solo cuatro mantienen un tono neutral e informativo sobre las elecciones en el país latinoamericano. En cambio, 14 notas son abiertos espaldarazos a la candidatura de Maduro para la reelección.

Entre estas notas de propaganda directa, se encuentra aquella que recoge las declaraciones de Maduro, cuando atacó al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, por supuesta intromisión en ese proceso.

El mandatario argentino, Javier Milei, también recibió una dosis recargada de agresividad verbal. Los medios oficialistas rusos se hicieron eco de las declaraciones de Maduro, el 18 de julio, en una concentración de campaña en Caracas.

“Sé todo. Quieren una hecatombe, una tragedia, para gritar: ‘suspensión de las elecciones’ y saldrían los gringos, saldría el ‘malparido’ de Milei, saldría el Noboa, saldría la derecha … (a decir) suspender las elecciones”.

Esto afirmó Maduro en la concentración realizada en el este de Caracas, en Petare. A continuación, pidió a sus seguidores “nervios de acero, calma y cordura” ya que “llueva, truene o relampaguee, el 28 de julio habrá elecciones en Venezuela; nadie las va a sabotear”.

Pero no era la primera vez que Maduro se refería al mandatario ecuatoriano en términos peyorativos. El 11 de julio, en otro mitín proselitista, dijo que Noboa es “fascista y pelucón”  y que Ecuador pasó del país más seguro a convertirse en el más violento de la región. Ya en enero, el mandatario venezolano que busca la reelección había mencionado que Ecuador está interfiriendo en la política interna de esa nación.

A tono con ese hilo discursivo, los medios oficialistas rusos amplifican la posición del presidente venezolano según la cual ni el “capitalismo salvaje” ni el “fascismo” se impondrán en esa nación, pues representan “formas decrépitas de la política”.

“El capitalismo salvaje tiene 150 años torturando a la humanidad. Puedo decir que el capitalismo salvaje es un viejo decrépito. A Venezuela no llegará el capitalismo salvaje y tampoco llegará la vieja ideología fascista, que tiene cien años”, según recogen medios rusos, sobre un acto de campaña en Catia, al oeste de Caracas.

“Esa ideología nazi de Hitler, Franco y Mussolini, es una vieja decrépita también, asesina y criminal. Y tampoco llegará a Venezuela”. Vendrá, más bien, “más democracia, más poder popular, más pueblo empoderado, más libertad”. Así la prensa rusa otorga espacios privilegiados que replican la narrativa libertadora de Maduro.

Por eso no resulta extraño que el jueves 25 de julio, en medios rusos oficialistas haya tenido eco el mensaje del músico, cofundador y vocalista del mítico grupo Pink Floyd, Roger Waters.

“La razón por la que les envío este mensaje hoy es para que voten por Maduro, presidente Maduro, en las elecciones del 28 de julio. ¿Por qué? Porque Venezuela les pertenece a ustedes, el pueblo de Venezuela, no a la corporación Chevron que es con quien (Corina) Machado quiere hacer el trato para regalar su país”.

A través de su cuenta en X, Waters difundió este discurso proselitista por video. “¿Recuerdas hace seis años, cuando tuviste un ataque a tu gran país por parte de Guaidó? Era un títere del Gobierno de Estados Unidos. Lo declararon presidente desde Washington DC. Fracasaron”… “Ahora, hay otra serpiente en la hierba. Se llama Machado y tiene otro títere (candidato actual González), es un títere de calcetín. Pero también es representante del Gobierno de los Estados Unidos”.

El mismo 25 de julio la prensa del Kremlin expuso las siete transformaciones que propone Maduro en su plan de gobierno, recogiéndolas como las “siete dimensiones de una Venezuela pujante”.

ENFOQUE. El ministro de Defensa, Giancarlo Logoffredo, negó la apelación presentada por el general Alexander Levoyer, a la resolución del Consejo Superior de Fuerzas Armadas, que no le permitió participar en la calificación para ascender a general del División, en junio pasado. Así, el Ministro y el Mando militar desconocieron, en esencia, las acciones destacadas que el oficial tuvo en 1995 cuando fue comandante de la Batería de Artillería Ametralladora Misil N-21, que derribó cuatro helicópteros peruanos y jugó un rol determinante para el triunfo en la guerra del Cenepa. Este hecho, precisamente, fue reconocido para que reuniera los requisitos para ascender de coronel a general de Brigada, hace cuatro años. Aunque aún podía interponer una acción de protección para que un juez constitucional dirima su caso, Levoyer le dijo a Código Vidrio que no impugnará la decisión del Ministro, pues su ciclo en las FF.AA. terminó.

Redacción Código Vidrio

El desempeño valeroso que el general Alexander Levoyer tuvo en la guerra del Cenepa, en 1995, paradójicamente ha sido un punto de inflexión en su carrera, para bien y para mal.

El ministro de Defensa, Giancarlo Logoffredo, negó la apelación presentada por Levoyer a la resolución del Consejo Superior de Fuerzas Armadas, que no le permitió participar en la calificación para ascender a general del División.

Hace cuatro años, cuando estaba en un proceso de ascenso de coronel a general de Brigada, la participación del oficial en la Batería de Artillería no le fue reconocida como uno de los requisitos para ser promovido. Levoyer apeló la decisión que pasó por varias instancias y, entre otras cosas, se zanjó con un análisis jurídico-militar detallado, realizado por el entonces comandante del Ejército, Luis Altamirano. Él concluyó que efectivamente se había cometido un error en la calificación, que fue enmendada por el mando del Ejército, que ascendió al oficial a general de Brigada.

Pese a ese antecedente, el Ministro de Defensa negó la apelación del Oficial, respaldando las decisiones en este caso de la cúpula de las FF.AA., que han sido cuestionadas por altos exoficiales y abogados por su falta de motivación jurídica. Y han provocado un malestar generalizado entre el cuerpo de oficiales y tropa de todas las ramas militares.

Código Vidrio conoció que Levoyer no apelará la decisión de Logoffredo, aunque aún podía interponer una acción de protección ante un juez de garantías constitucionales y un recurso en un Tribunal de lo Contencioso.

“He terminado un ciclo. Salgo por la puerta grande con la conciencia tranquila, por el deber cumplido en beneficio del país”, dijo Levoyer, quien estuvo al frente de las operaciones militares para enfrentar el conflicto interno desde enero pasado. “Se ha realizado un trabajo en beneficio de la institución y del país. Nuestra institución debe seguir simplemente por mejores derroteros. Existirán soldados de aire, mar y tierra para construir unas nuevas FFAA.”.

Según fuentes castrenses, Levoyer quedó fuera de FF.AA. por una acción inicialmente motivada por su compañero de promoción, el general Fernando Adatty, a quien el presidente Daniel Noboa acaba de ratificar por decreto como comandante del Ejército.

El 24 de junio pasado, el mando de FF.AA. había anunciado que solo Adatty fue promovido a general de División, dejando fuera del Ejército (la fuerza más numerosa de FF.AA.) a los generales Pablo Velasco, Levoyer, Juan López y Franklin Pico.

La resolución del mando desconoce decisiones ejecutoriadas 

Según el mando, Levoyer no podía ser calificado para el ascenso por cuanto en el proceso para ser promovido de coronel a general de Brigada, en 2020, supuestamente no cumplió uno de los requisitos. Eso, sin embargo, ya había sido resuelto a favor del alto oficial por el mando del Ejército y el entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Ambas instancias ratificaron que Levoyer sí había cumplido el requisito del puntaje necesario para una nota, por lo cual lo ascendieron y eso quedó en firme.

Con esos argumentos, Levoyer pidió que el actual Mando lo recibiera en comisión para exponer sus descargos y defenderse de su exclusión, a lo cual los oficiales de la cúpula se negaron. Esto, según su abogado Lizandro Ramírez, dejó a Levoyer en la indefensión, atentado contra su derecho legal y constitucional.

Logoffredo en su pronunciamiento, no obstante, apoyó implícitamente la decisión del Mando. Insistió en que Levoyer no podía defenderse ni era necesario contar con su punto de vista cuando fue excluido por una comisión de la calificación. “Es pertinente enfatizar que para el inicio del proceso de calificación y selección para el ascenso al inmediato grado superior, en la norma establecida para el efecto, no contempla como parte del procedimiento el acto de notificar a los oficiales generales con el inicio del proceso de selección y calificación para el ascenso al inmediato grado superior, recordando al recurrente que como militar profesional de muchos años de carrera, conoce a la perfección la normativa legal que rige a las Fuerzas Armadas (…), indica Logoffredo. «No es pertinente que se pretenda confundir a la administración, afirmando que al no haberle notificado con el inicio del procedimiento y con el informe de la comisión especial N° COSUPRE-CE-2024-001- O de 05 de junio de 2024, se haya vulnerado el derecho a la defensa, pues la autoridad administrativa vela por la legalidad y la efectiva aplicación de la norma, mas no es competente para determinar sobre presuntas violaciones a derechos constitucionales”.

Violaciones recurrentes al debido proceso

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que la argumentación del Ministro contraviene lo señalado en el artículo 76 de la Constitución: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluye varias garantías básicas”. Sobre todo,  que «nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento”.

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EN CONTEXTO. Durante su permanencia como comandante de la Batería de Artillería Ametralladora Misil N-21, Alexander Levoyer también asumió las funciones de Coordinador de Apoyo de Fuegos de Artillería, según el excomandante del Ejército, Luis Altamirano. Tuvo parte de una Batería de Lanzadores Múltiples de Cohetes BM-21 (artillería de campo), y una sección de cañones de 105 mm. Esta fue una de las unidades fundamentales durante las operaciones en la guerra del Cenepa, fue responsable del derribo de cuatro helicópteros del Ejército del Perú. Además cumplió 15 misiones de fuego de artillería de saturación área, con el lanzamiento de 609 cohetes tierra-tierra. Estos dos elementos tuvieron un efecto demoledor sobre el adversario, pues restringió por completo el acceso a los helicópteros de ataque y transporte enemigos, impidiendo el ataque aire-tierra (con fuego de ametralladoras y rockets) a nuestras tropas y produciendo el alargamiento de las líneas logísticas de apoyo a las fuerzas peruanas en tierra. Además, el fuego de artillería terrestre generó un desbalance estratégico en el campo de batalla, al no disponer el adversario – en el sector de operaciones del Cenepa- de material similar o equivalente; más allá de las bajas y daños materiales causados, influyó en forma importante en el estado anímico del adversario por la enorme superioridad de apoyo que esta capacidad bélica permitía.

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La argumentación del Ministro no tendría un sustento legal sólido, según analistas consultados, pues intenta justificar que al no existir norma no se debe notificar a quien enfrenta un proceso de este tipo. La Constitución es clara: Dispone que en todo proceso o procedimiento, se deben garantizar el derecho a la defensa en todas sus fases y etapas, sin distinciones ni discriminación.

En otra parte de su fallo, al referirse al pronunciamiento del anterior ministro Jarrín, Logoffredo indica: “El ministro de Defensa de aquella época emitió un acto administrativo favorable para el coronel Levoyer”.  Pero, según Logoffredo, el entonces Ministro “se excedió en sus competencias al declarar apto para el ascenso al grado de general de brigada a Levoyer, lo cual resultaría inadecuado al atribuirse ciertas facultades que son exclusivas a los Consejos Reguladores de la Carrera Profesional, que correspondería al Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre”.

Para los analistas consultados, Logoffredo hizo un análisis sesgado, en contradicción con el derecho a la seguridad jurídica.

Eso en vista de que el exministro Jarrín solo estableció que se había vulnerado derechos y que, por tanto, la administración militar debía subsanar esa equivocación. Así, el ascenso lo dispuso el presidente de la época, Lenin Moreno, mediante decreto ejecutivo,  basado en los informes favorables del órgano regulador de la carrera en el Ejército.

El acto administrativo que declaró apto para el ascenso al general Levoyer quedó en firme desde el 2020 y en adelante no hubo ninguna acción legal que estableciera que fue lesivo, por el fondo o por la forma. Por lo tanto, Levoyer tiene y cumple los requisitos para ascender, como quedó claramente establecido por el Consejo de generales de la Fuerza Terrestre, cuando lo promovieron a general de Brigada.

Juan Carlos Chulca, alias El Chabalo, capturado el fin de semana en Manta, es una pieza clave en el engranaje de los Comandos de la Frontera para el transporte de cocaína desde Sucumbíos a los puertos de Guayas, Manabí y El Oro, según Inteligencia. Cuando fue detenido los militares descubrieron 565 mil dólares en efectivo, en su vivienda. Tiene dos empresas de transporte pesado, que creó en Lago Agrio, con algunos de sus familiares. Se inició en el mundo criminal hace más de 25 años cuando era taxista y fue enrolado como colaborador del Frente 48 de las FARC, por el Gordo Oliver Solarte, financista del grupo narcoterrorista y enlance con los carteles mexicanos.  

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En abril del 2023 Juan Carlos Chulca, alias Chabalo, festejó su cumpleaños 44 a lo grande. Ostentoso y descomplicado no se había percatado de que agentes de Inteligencia le seguían los pasos. Conocían todos su movimientos y contactos. Su captura era cuestión de tiempo…

La madrugada del último sábado 21 julio a Chabalo se le durmió el diablo, mientras bebía whiskie Johnnie Walker Double Black con cinco de sus colaboradores. Festejaba en una lujosa casa que rentaba desde el año pasado en la opulenta zona de Barbasquillo, en Manta.

En un operativo ejecutado por el Bloque de Seguridad, miembros de Fuerzas Armadas y la Policía, con el apoyo de agencias de Estados Unidos, capturaron a Chabalo, quien es uno de los principales operadores del peligroso grupo narcoterrorista colombiano Comandos de la Frontera.

En la operación, los uniformados encontraron 565 mil dólares en efectivo, dos armas de fuego, seis vehículos de alta gama (tres de ellos blindados), relojes, joyas, ropa e implementos caros, de marca.

Chabalo es considerado un objetivo militar, un blanco de alto valor, por sus tareas de logística para los Comandos de la Frontera, que controlan la producción y venta de cocaína en el Putumayo, bajo el mando de alias Araña. Tras su captura, un juez formalizó su orden de detención y dio paso a la formulación de cargos por delincuencia organizada.

El Gordo Oliver Solarte fue su mentor

Según Inteligencia, Chabalo empezó a colaborar desde muy joven para el Frente 48 de las FARC, cuando  el El Gordo, Oliver Solarte era su jefe financiero. No pasaba de los 20 años. De hecho, Solarte fue una especie de padrino, de mentor de Chulca, a quien empezó a asignarle tareas importantes para el transporte de la “merca”.

Desde el 2000, las FARC estrecharon sus nexos con el cartel de Sinaloa, para el envío de cocaína desde los laboratorios en el cordón fronterizo entre Putumayo y Sucumbíos, por la ruta que llega a Santo Domingo de los Tsáchilas, donde hay bodegas para el acopio de la droga. Luego, la coca es transportada hacia diferentes puertos de Manabí, Guayas y El Oro, para la posterior exportación a mercados internacionales, en especial de Estados Unidos y Europa. El cerebro de esas operaciones criminales y enlance con los carteles mexicanos era el Gordo Solarte, mentor de quienes hoy son algunos de los cabecillas de los Comandos de la Frontera, incluido Chabalo.

Solarte se movía constantemente entre Colombia y Ecuador, donde también operaba en una hacienda en Santo Domingo, en la Bocana del Búa. Arrendaba esa propiedad, bajo el alias de Casimiro, al general (sp) René Vargas, según confirmó la Comisión de Angostura, integrada por pedido del gobierno de Rafael Correa, tras el bombardeo a una base de las FARC en Ecuador, en marzo del 2008.

Para entonces, Vargas ya se había reunido con el segundo de las FARC, Raúl Reyes, en uno de sus campamentos en el Putumayo, y luego apoyó a Correa en la campaña que lo llevó a la Presidencia, en 2006. Al posesionarse, lo nombró embajador en Caracas por su amistad cercana con el entonces presidente Hugo Chávez, otro ferviente aliado de las FARC.

Solarte murió en 2011, abatido por militares colombianos en plena frontera, en el río San Miguel, con el apoyo de miembros del Ejército ecuatoriano.

Cuando las FARC sellaron el acuerdo de paz con el gobierno colombiano, en 2016, buena parte de los miembros del Frente 48  formaron la disidencia Comandos de la Frontera, que hoy controla la producción y comercialización de coca en el Putumayo y Sucumbíos.

Con los años, Chabalo se convirtió en uno de los principales transportadores de la cocaína que ingresa por esa zona, de donde es oriundo.

Su rol principal es ser proveedor de varios grupos criminales, en especial de Los Choneros. Por su gran capacidad financiera y con su fachada de empresario de transporte pesado ha tejido una intrincada red de contactos con autoridades de la provincia amazónica, entre jueces, fiscales, autoridades seccionales, políticos y miembros de la fuerza pública, que son sus colaboradores. Su despegue en el mundo criminal está directamente vinculado con el surgimiento de los Comandos de la Frontera, que también tienen sus propias redes de colaboradores en Sucumbíos, Orellana y otras provincias de la Costa.

Para coordinar los envíos directamente, analistas de Inteligencia estiman que Chabalo se instaló en Manta, donde rentaba una casa suntuosa, pagando un arriendo mensual de 7 mil dólares.

En el portal del Consejo de la Judicatura, registra procesos por enriquecimiento ilícito, en 2005, por narcotráfico, en 2013, y por estupefacientes, en 2014.

De taxista a empresario de transporte pesado

Juan Carlos Chulca pasó de ser taxista y un simple microtraficante a un próspero empresario. En la Superintendencia de Compañías aparece como accionista principal y gerente de dos compañías de transporte de carga pesada.

-Compañía de Transportes de carga pesada »Transchul» S.A. (activa)

-Compañía de Transporte pesado Transcuvic S.A. (activa)

Varios de sus familiares son parte de esas empresas, creadas en en Lago Agrio. Las autoridades sospechan que también habrían sido usadas para el envío de cocaína en su flota de camiones.

La primera detención de Chulca se remota al 2003, por supuestas actividades de narcotráfico. Ese año, durante la operación “Dinero Fácil” en Tulcán, Carchi, personal antinarcóticos descubrió la movilización fraudulenta de 869 millones 670 mil pesos colombianos, alrededor de 350 mil dólares, tras una denuncia anónima. El dinero iba camuflado debajo del piso del cajón de madera de un vehículo Hino, sin placas, que se accidentó. El Chabalo, quien conducía el automóvil fue hospitalizado y luego detenido junto a sus tres acompañantes, con quienes viajaba hacia Sucumbíos.

Aunque la Policía estimó que el dinero incautado era producto de la venta de cocaína (se detectaron residuos de esa droga con un aparato identificador), Chabalo fue liberado. Los siguientes años siguió encumbrándose como un importante cabecilla criminal en Sucumbíos.

Desde el año anterior, agentes de Inteligencia profundizaron sus seguimientos. Así establecieron que el 13 de abril de 2023 El Chabalo celebró su cumpleaños en la Quinta “Don Pancho”, de Lago Agrio, por todo lo alto. Animaron el festejo corridos mexicanos y vallenatos. Incluso fue contratado un famoso artista colombiano.

Chabalo ha cuajado contactos con líderes importantes de algunos grupos criminales. Por eso fue uno de los invitados a la narcofiesta por el cumpleaños de Celso Moreira, un capo invisible de Los Choneros, hoy detenido por tráfico de armas.

De hecho fue uno de los 203 asistentes que estuvieron retenidos tras esa farra, por más de 12 horas, hasta rendir su versión en la Fiscalía, en mayo pasado. Luego fue liberado.

En las fotografías de las detenciones de Moreira y Chulca, ambos aparecen esposados, usando las mismas sandalias Versace, con suela dorada.

Ya ha burlado la justicia antes, en dos ocasiones. En 2018 encabezaba el listado de los Más Buscados en Manabí, pero en abril de 2024 pidió que se limpiara su pasado judicial porque había sido declarado inocente de todos los cargos por narcotráfico. Celso Moreira –el cumpleañero y anfitrión de la megafarra en Guayas- cayó preso en mayo. Ha provocado incidentes para dilatar las audiencias, esta vez por delitos relacionados con tráfico de armas, por el arsenal hallado en la narcofiesta. Él es un líder de los Choneros, a la sombra, y desde La Roca mantiene hegemonía en el grupo narcoterrorista. Desde esa cárcel ordena extorsiones, aseveran fuentes de inteligencia. Los delitos que cometió en Ecuador, relacionados con tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pudieran activar su caso como un extraditable, advierten expertos. Por eso, varios investigadores están pendientes de la audiencia de formulación de cargos que se realizará en pocas semanas.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Celebraba su cumpleaños número 41 esa noche de mayo. Celso Moreira había actuado durante mucho tiempo con un perfil bajo, pero cometió un error garrafal: armar una fiesta-concierto, con intérpretes de vallenato, salsa, música urbana y ritmos tropicales.

La noticia de que se realizaba una megafarra en una finca privada en la vía a la Costa y con capos fuertemente armados, llegó hasta la Policía, que cayó por sorpresa a las tres de la mañana, cuando la rumba seguía prendida. Seis fusiles, 46 armas cortas y miles de municiones fueron encontrados por los uniformados. En medio de la confusión, todos se declaraban inocentes aunque lo bailado no les quitaba nadie.

Celso Moreira nació en Manabí. Por su estatura, lo conocen como ‘Patucho’. En 2009 fue detenido cuando pretendía enviar bloques de pasta base de coca en una embarcación pesquera hacia Estados Unidos, refieren fuentes que han seguido sus pasos. Estas fuentes no descartan que Moreira sea un extraditable, en la medida que los delitos de narcotráfico sean rastreables en ese país. En esa ocasión Moreira logró burlar a la justicia.

En 2014, la operación Pacífico desarticuló una organización narcodelictiva, con Moreira a la cabeza.

Esa megaoperación desarticuló una “red internacional de narcotráfico en Ecuador”, según reportó el Ministerio de Gobierno de la época. https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/operacion-pacifico-desarticula-red-internacional-de-narcotrafico-en-ecuador/

Según informó la autoridad en esa época, “más de 200 uniformados de varias unidades y servicios policiales allanaron 22 viviendas en tres provincias, capturando a 14 sujetos que integrarían la red de narcotráfico más peligrosa del país”.

En una acción simultánea, en Guayas, Santa Elena y Manabí, la madrugada del 6 de octubre de 2014, se realizaron 17 allanamientos. “En Manabí fueron detenidos Celso Miguel Moreira Heredia, quien sería el presunto cabecilla de la organización narcodelictiva”. El reporte de Gobierno destaca que en octubre de 2009 Moreira había sido detenido ya en posesión de sustancias.

La coca iba a EE.UU.

Según la investigación, cerca de 400 kilos de sustancias ilícitas eran enviadas en lanchas rápidas hasta Guatemala y Panamá. “En estos países la droga era entregada a organizaciones de narcotraficantes mexicanos, quienes la transportaban hasta México y EE.UU.”. En las indagaciones también se descubrió que este grupo narcodelictivo, “había reclutado a policías y hasta fiscales y jueces, quienes le informaban sobre los operativos antinarcóticos que se ejecutarían en sus zonas”. Según el reporte de esa época, a propósito de las autoridades vinculadas, el Consejo de la Judicatura destituyó a una fiscal de Manta y un juez de Quevedo.

En este caso de 2014, en la casa de un tripulante que presuntamente iba a viajar en una lancha se hallaron documentos que certificaban su reincidencia en deportaciones desde Guatemala. No registraba movimientos migratorios de salida, desde Ecuador. Cuando los guardacostas se acercaban, la droga era arrojada al mar y él era encontrado como un presunto náufrago.

Esta megaoperación implicó la aprehensión de diez vehículos, una moto, un yate, armas de fuego y hasta una minigallera en una finca en la vía a la costa. Allí estaban dos personas, de origen colombiano y dominicano, también vinculadas a la organización. Entre las evidencias había cartas de navegación, coordenadas de posicionamiento, dinero en efectivo, joyas, computadoras, teléfonos satelitales, mapas y un barco pesquero.

Para 2018, Moreira estaba incluido en la lista de los Más Buscados de Manabí. Y fue detenido, pero logró que la justicia borrara todos los cargos. Es más, en abril de este año, 2024, presentó escritos judiciales para que el sistema de expedientes limpiara los procesos en su contra, aduciendo que debía consagrarse su derecho constitucional al buen nombre.

Por esos días, ya se organizaba el festejo en su honor. Y vaya que fue una megafarra-concierto. Todo digno de un alto cuadro que está en la cúspide del mando de “Los Choneros”.

Con artistas de renombre

Hubo vallenato, salsa y música urbana. Todo eso, para deleitar a los invitados, que sumaron casi 300, la noche del nueve de mayo en una finca ostentosa, ubicada en el kilómetro 36,5 de la vía a la costa.

Algunos declararon que pagaron 45 dólares por la entrada. Eso sí, los licores eran variados y de las mejores y más extravagantes marcas. Llegaban a costar hasta 400 dólares por botella, según el gusto y el bolsillo.

Lo cierto es que cuando llegó la policía a la madrugada (en varias unidades, que incluyen al GIR, GOE, UMO y UNEMA) todavía la farra estaba encendida. Muchos asistentes arrojaron las armas al suelo.

Por el expediente judicial en curso, se conoce que Celso Moreira estaba en posesión de un arma Glock, con 12 cartuchos. José Luis Cantuña, expolicía y ahora colaborador de bandas, también estaba armado, según los partes policiales.

Otro capo estaba en el sitio. Se trata de Federico Gómez, alias ‘Fede’, líder de “Los Àguilas”. Para los investigadores, “Los Águilas” son el brazo armado de “Los Choneros”, y esta dupla trabajaba, codo a codo, con el cartel Sinaloa, de México. Gómez no solo llevaba un arma en su poder, sino que estaba con un grupo de custodios personales.

En la confusión, 203 personas fueron retenidas en primera instancia. Del grupo, 33 tenían antecedentes penales. Ellos fueron trasladados a Guayaquil y fueron apresados por el delito de tráfico de armas.

Con los días, el fiscal Yerson Caicedo Valencia emitió dictamen abstentivo en contra de 14 de ellos: entre ellos, quien vendió las 230 tarrinas de ceviches y cobró 650 dólares por el servicio; quien proveyó postres y bocaditos; el DJ, el promotor y representante de artistas que son imitadores de un reallity transmitido en televisión nacional. El imitador de Gilberto Santa Rosa habría estado en el sitio, según el expediente judicial revisado por esta alianza.

Los 19 detenidos están en espera de las audiencias judiciales. Sin embargo, varias argucias han logrado dilatar las diligencias.

El cinco de julio debió realizarse una audiencia. No fue posible por una amenaza de bomba en el complejo judicial donde debía realizarse.

Celso Moreira, detenido en La Roca, sigue comandando a la organización delictiva “Los Choneros”, advierten fuentes a esta alianza; ganó poder tras la huida de Fito. Desde prisión busca nuevas estratagemas para burlar a la justicia.

No obstante, los ecuatorianos en consulta popular aprobaron ya la figura de la extradición. Por esto, no se descarta que Moreira pudiera ser requerido por Estados Unidos, de encontrarse elementos que lo vinculen con violaciones al marco legal de ese país, advierten fuentes a esta alianza. Investigadores explicaron que monitorean paso a paso las diligencias judiciales, para evitar que esta vez el capo

No solo la minería provoca daños en La Maná, Cotopaxi.  El secuestro exprés es un delito recurrente en esta zona subtropical. Las víctimas son trasladadas a Quevedo o Valencia, en Los Ríos, para obligarlas a hacerles transferencias económicas o pagos en efectivo como rescate. Los delincuentes operan con sigilo, sin ejercer violencia extrema en este cantón, porque temen la reacción de sus habitantes, que en varias ocasiones  han actuado sin contemplaciones para escarmentar a quienes cometen crímenes. El jefe de la Policía no quiso pronunciarse sobre la inseguridad. Si lo hizo la prefecta Lourdes Tibán, quien alerta la escalada de delitos en este cantón. En mayo pasado, militares del Ejército realizaron operativos de control en La Maná.    

Por Ana María Carvajal

No importa si es una vía principal o un camino angosto y rústico. En medio de extensas plantaciones de varios tipos de banano, cacao, naranja, yuca y otros productos o grandes territorios de bosque húmedo subtropical, es posible encontrarse de repente con las huellas destructivas de la minería ilegal.

Las señales son claras: no hay vegetación, pero sí trochas, maquinaria, piscinas improvisadas llenas de agua turbia. ¿A dónde va esa agua contaminada con los químicos que se usan para extraer oro y otros minerales? Es la preocupación latente en este santuario, ubicado en el límite entre Cotopaxi y Los Ríos.

En los focos más dramáticos, como la concesión minera Ximena 1, a cargo de la empresa La Maná Rome Gold S.A., desde la vía ya se puede apreciar claramente el daño. Pero desde el aire, se observa como el oramen se vuelve cada vez más profundo y la mina se abre camino, de manera brutal, entre la vegetación.

Esta es, precisamente, una de las tres concesiones mineras del cantón cotopaxense que están en suspenso bajo una acción de protección que aceptó un Tribunal de Garantías Penales, el pasado 25 de junio. Es decir que allí, desde ese día, estaban prohibidas las actividades de extracción. Sin embargo, el pasado 26 de junio un equipo de Código Vidrio constató que la maquinaria en ese campo seguía trabajando. Las otras dos concesiones que están suspendidas con Ximena y Campo Norsul. Pertenecen a la empresa Comiange.

Un informe del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico determinó que hay 11 ocurrencias medianas a lo largo de la vía Pilaló – La Maná. Pero en el Catastro Minero, que consta en el sitio web de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) aparecen 16, la mayoría de oro. De ellas, apenas tres se registran como minería artesanal. Además, aparecen 12 minas de arena, áridos pétreos y piedras de río. Estos datos  están incluidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cotopaxi 2021-2025 (PDYOT).

Ninguna de las empresas que trabajan en La Maná es parte de la Cámara de Minería. De hecho, este gremio informó que la única compañía que tienen asociada en Cotopaxi es La Plata, con exploración avanzada en Sigchos. Según la Cámara, “la empresa que tiene los problemas es de pequeña minería legal, pero que no ha cumplido con los requisitos mínimos. Nosotros creemos que la legalidad es solamente el primer paso, pero aparte, estimamos que para hacer una minería industrial responsable, como la que representamos, se debe cumplir con estándares nacionales e internacionales”. La entidad agregó que su posición es que la ley y los controles deben respetarse y las empresas que no lo hagan, deben atenerse a las consecuencias.

Los registros históricos del cantón dan cuenta de que desde 1947 se encontraron lavaderos de oro en Estero Hondo. La Prefectura de Cotopaxi recogió el testimonio de Abdón Sevillano, uno de los fundadores de La Maná, quien relató que esa zona había trabajadores que explotaban caucho y luego de almorzar se acercaban al río para lavar sus platos. Un día se encontraron pedazos de oro en el agua y sin mucho aspaviento, lo sacaban para venderlos después. Pero la noticia se regó y atrajo migración, especialmente desde sectores mineros de la provincia de Azuay y del cantón minero por excelencia: Portovelo, donde son expertos en lavar oro.

El agua que la empresa Splendor embotella en la zona y que incluso se exporta, por su calidad, se descubrió después, en los terrenos que pertenecían a Guillermo Sotomayor, quien fue candidato presidencial y un personaje muy recordado en La Maná, por sus historias y leyendas. Él también explotaba oro, hasta que entendió que era más importante preservar el entorno y el agua que extraer el precioso metal, reseña el latacungueño Germán Albán, uno de los promotores de la cantonización de La Maná.

Mineros toman control de una vía

Pero ahora, la situación es preocupante, dice Albán, porque conforme la minería crece afecta más a la naturaleza y a los recursos que consumen los lamanenses. “Yo tengo miedo de lo que está pasando en el Oriente, el río Napo”. Fue una de las razones por las que, cuando fue funcionario municipal, Albán le negó los permisos de uso de suelo a Comiange. Además, explica que no cumplía con los requisitos de ley. Según Albán, los mineros se tomaron una vía pública para sus trabajos de extracción. La gente que quiere ir al río Calope y a las Siete Cascadas debe tomar una ruta mucho más larga porque el camino más directo tiene cadenas, que puso la minera, según su testimonio y el de otros pobladores.

La ausencia de controles periódicos es evidente. En los regsitros de la ARCOM se indica que el último operativo en la zona fue hace casi tres años, en septiembre de 2021. Esa ocasión, los funcionarios  comprobaron que había “personas ajenas a la concesión que ejecutaban actividades mineras, incurriendo así en el incumplimiento de la ley de Minería”.

El problema con la minería, dice el biólogo Santiago Yerovi, es que en la medida en que se descubren metales nobles llegan otros fenómenos como la expropiación de tierras, la eliminación de grandes extensiones de bosque para generar claros. Como consecuencia llega la destrucción total del ecosistema. Agrega que el tipo de químicos (el cianuro es el más dañino) que se usan para extraer oro en la zona no solo contamina la tierra y el agua de los ríos, sino que puede filtrarse y llegar a las fuentes de agua subterránea.

Grupos opuestos a la extracción de oro

Además, existe una resistencia de varios sectores de la población. Por ejemplo, en La Maná, como en toda la provincia, existe un frente de defensa de los territorios, dice Apawki Castro, miembro del Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC). Hay grupos numerosos que se oponen al extractivismo y por ello han ocurrido violentos enfrentamientos como el de marzo pasado, en Palo Quemado. Castro afirma que el MIC sabe que la zona del subtrópico está concesionada pero no están de acuerdo y mucho menos si se trata de minería ilegal.

El MIC no apoya la minería legal ni la ilegal, pero le preocupa que exista un vacío desde el Estado del que varios actores aprovechan, porque el control es ineficiente. “Esa no es competencia de las comunidades, ni de la estructura organizativa, porque nosotros no contamos con recursos ni fuerza pública para resguardar ni cuidar”, destaca Castro. “Ahora se presentó la ley de consulta previa, libre e informada para que en los territorios tengamos la potestad de decir si permitimos o no la explotación”, afirma.

El PDYOT de Cotopaxi señala que la calidad del agua del río San Pablo, el más grande de La Maná, estaba a niveles medios de viabilidad, pero presentaba contaminación por varios drenajes de la parroquia El Tingo-La Esperanza, en Pujilí, y también en La Maná. Una de las principales razones, de acuerdo con el informe, eran los desechos contaminantes de las actividades mineras residuales de las minas de Macuchi y por la disposición de los desechos sólidos de la ciudad. Otro problema es el uso de agroquímicos que llegan al río a través de los sistemas de riego.

La tragedia de la abundancia

El problema es que precisamente La Maná y Pangua, que son cantones vecinos, es donde mayor cantidad de ricos minerales se ha encontrado. Y la minería trae consigo no solo contaminación sino miedo. Es un imán para mineros ilegales codiciosos. La gente del pueblo prefiere no identificarse cuando exterioriza esta preocupación. Los moradores comentan que desde hace décadas llegan mineros de otras provincias y se presentan como artesanales. Solo que ahora están preocupados de que no sean solo mineros sino actores delictivos, lo cual ya ha ocurrido en otras zonas como el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, o en Buenos Aires, en Imbabura. En estas zonas los grupos criminales desbordaron las capacidades del Estado.

Silencio de la Policía, en medio del despunte delictivo  

Durante una semana, este medio intentó buscar una versión del jefe de la Policía en La Maná, el teniente coronel Iván Monteros, o un vocero designado por la Comandancia, pero no obtuvo ninguna respuesta. Tampoco se pudo obtener cifras oficiales de índices delictivos.

Sin embargo, la seguridad es un tema singular, complejo. Un exmiembro de la Policía, que pidió no revelar su identidad, comentó que esta es una ciudad tranquila, pero que la delincuencia permea cuando la gente está descuidada, como en otros cantones.

Lo que sí ha pasado y lo destacan trabajadores, meseros, tenderos y más habitantes de la zona, es que el secuestro exprés se ha disparado. Los delincuentes, dicen, no ejercen violencia extrema, como en cantones vecinos, porque temen la reacción de los lamanenses. Pero sí se llevan a sus víctimas vía Valencia o Quevedo (Los Ríos), para exigir que hagan transferencias o saquen dinero de un cajero para liberar a sus víctimas. No obstante, la gente no suele presentar denuncias.

A las 19:00 del 21 del octubre de 2023, una unidad policial fue alertada porque una numerosa turba retuvo a tres personas a las que señalaban porque habrían llegado a la zona a ‘vacunar’. La comunidad enfurecida quemó primero una moto y luego linchó y quemó a los tres retenidos.

La situación preocupa a Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, quien dice que la seguridad está a cargo del Ejecutivo. Sin embargo, “desde la Prefectura estamos tratando de hacer un trabajo de colaboración, pero es imposible”, recalca.

Relata que esta semana un contratista que comenzó un trabajo de pavimentación en Pangua, vecino de La Maná, sufrió un ataque criminal. “Nadie quiere ir a trabajar en el subtrópico, es un gravísimo problema porque hay tres o cuatro secuestros al día y nadie lo dice, lo ven como algo normal, pero a los empresarios que hemos contratado, si se salvan de una balacera así, ya no quieren ir”.

Los perjudicados le han enviado informes escritos a la Prefecta, con las fotos de sus autos con huellas de los ataques.

La entidad que está a cargo de la Mesa de Seguridad es la Gobernación, pero según Tibán, cuando ella quiso tocar el tema, le dijeron que no se meta en lo que no le corresponde. No obstante, ella considera necesaria una articulación desde el Ejecutivo en la seguridad con los gobiernos locales. “Estoy un año en el cargo y nunca me han convocado; ni sé qué es lo que están haciendo”.

Cuando los transeúntes circulan por La Maná, todo transcurre en aparente calma, pero los habitantes alertan a los turistas no bajar la guardia, tener mucho cuidado. Un equipo de este medio visitó el Municipio para buscar una entrevista con el alcalde, Hipólito Carrera, sin éxito. Al salir, un guardia preguntó si la periodista estaba sola y si tenía cómo irse. “En realidad, dijo, aquí es tranquilo, pero siempre hay que estar pilas”. La gente suele recomendar a los visitantes “no dar papaya”.

Vecinos incómodos

Lo que sucede -dice Albán- es que La Maná está viviendo en conurbación con Quevedo y Valencia y hay falta de planificación en los tres cantones. Los niveles de inseguridad en las ciudades vecinas son altos y eso salpica a este cantón de Cotopaxi, pero no se desborda porque los delincuentes no quieren correr la misma suerte que quienes fallecieron esa noche de octubre en la vía principal de ese lugar. Esas dos poblaciones de Los Ríos son epicentros de actividades de grupos criminales que operan para el narcotráfico.

Freddy Vega migró desde Pujilí hacia La Maná hace 35 años. Dice que si bien la delincuencia no es tan alta como en otros puntos del país, sí ha aumentado. Eso ha provocado una afectación al turismo. Eso, sumado a que el año pasado el río Calope se llevó un puente importante, y destruyó la ruta hacia Moraspungo, que se perdió.

En ese sector el asfaltado es reciente, llegó hace unos cuatro años. “Podríamos decir que en ese entonces, cuando llegó el asfalto, gritábamos la gloria, porque empezaron a entrar muchos turistas de todos lados, porque cuando teníamos piedra no venía tanta gente. Se vendía muchísimo pero eso ya pasa menos”. Los días en que más visitas de turistas reciben son los feriados y en las vacaciones escolares.

Vega cuenta que por La Maná suelen caminar personas simulando ser trabajadores, llevando maletas pequeñas: “En realidad, están buscando alguna víctima”. Lo más común son los robos de motos y los secuestros, dice, como todos los consultados para esta nota. “Varios moradores o estudiantes se ven afectados con robos de teléfonos o de moto. Pero La Maná y Cotopaxi son de esos sectores que no perdonan al delincuente. Aquí han pegado, han quemado. Aquí la Policía se ha visto en compromisos porque la gente es bastante unida”.

Las Fuerzas Armadas, y la Policía realizan operaciones sostenidas contra la minería ilegal en Azuay, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, y en El Oro, en el cantón El Guabo, para golpear a las estructuras de Los Lobos. En Camilo Ponce participaron 200 militares. Oficiales de FF.AA. y la Policía alertan que las acciones armadas no son suficientes. Se requieren intervenciones integrales. Identificar a los operadores de este grupo en entidades del sector público.

Redacción Código Vidrio

Esta última semana, los agentes realizaron dos incursiones, con información de inteligencia, que permitieron la captura de cuatro integrantes de esa organización criminal. Fueron detenidos Roberto Carlos Cevallos, Narciso Valero, y los colombianos Vilmer Gómez Buitrago y John García.

Oficiales de Fuerzas Armadas y la Policía coincidieron en que los operativos no tendrán ninguna consecuencia efectiva a mediano y largo plazos para erradicar las operaciones criminales de Los Lobos y otras bandas, si el Gobierno no ubica y desmantela, con la Fiscalía y otras entidades de control, a sus principales operadores dentro del sector público; especialmente la Agencia de Regulación y Control Minero, los ministerios de Energía y Ambiente, la Policía, y los gobiernos seccionales. “Si el Gobierno no desmantela esas estructuras y sus cabezas, que incluyen políticos y poderosos empresarios mineros, sin no se apunta, con intervenciones integrales, a las zonas tomadas por estas organizaciones, los operativos solo desgastan a nuestras tropas y las exponen a la corrupción”, dijo un alto oficial, que pidió no revelar su identidad por seguridad.

4 millones de ganancias al mes

Desde hace dos años, Los Lobos, parte de las 21 organizaciones contra las cuales el Estado libra una guerra interna, tomó el control por la fuerza de 20 minas y extorsiona a empresas que tienen concesiones en 30 minas en Ponce Enríquez. También tiene bajo su mando a unos 20 grupos de mineros ilegales, conocidos como sableros. Su bastión criminal de sometimiento es Camilo Ponce Enríquez donde mensualmente se estima que obtienen ganancias de 4 millones de dólares, según reportes de Inteliegncia.

Por lo pronto, las operaciones de FF.AA. y la Policía están enfocadas en las provincias de El Oro y Azuay, bastiones de la minería ilegal, donde se explota y se procesa el oro obtenido en este sector. En distintos poblados de estas provincias el grupo delictivo tiene redes logísticas y armerías.

Esta semana en El Guabo, en El Oro, los uniformados hallanaron 5 viviendas. Incautraon

-1 fusil AM15

-2 alimentadoras de fusil

-46 cartuchos 16mm

Y fueron detenidos dos integrantes de esa banda.

Mientras en Azuay, en Camilo Ponce Enríquez, se realizó otro operativo en la concesión minera “Puntado-Dorado”, en el sector El Puntudo, propiedad de Franklin Tenezaca.

Durante la operación hubo un enfrentamiento armado con integrantes de Los Lobos, que al verse superados por los militares huyeron. En esta incursión fueron detenidos los colombianos John García y Vilmer Gómez , supuestos miembros de Los Lobos, según el reporte del incidente.

Junto a la mina había un campamento donde los delincuentes tenían secuestrados a 43 mineros, que fueron liberados. En el sector también fueron hallados cinco cuerpos, cuatro de ellos desmembrados.

En esa operación fueron incautados:

– 32 Celulares

– Fusil ILION (de combate) fabricado en EE.UU., calibre 5.56mm

– Fusil tipo M-16

– Fusil Amarican Tacticak, de EE.UU., calibre 5.56mm

– Fusil Palmetto, de EE.UU.

– Carabina Dorok, Gladieto

– Pistola Glock

– Pistola Smith Wesson

– 460 municiones 9mm

– 101 munición 7.62mm

– 463 municiones 5.56mm, para fusil

Los Lobos están en 7 provincias

Desde 2020 Los Lobos han extendido la extracción criminal de oro a SIETE provincias del país. El grupo incluso ha llegado a áreas remotas, incluido el Parque Nacional Podocarpus, en la frontera con Perú, donde  operan miles de mineros ilegales como parte de un violento asalto criminal a la región amazónica.

Líderes indígenas dicen que tienen cada vez más miedo de denunciar por temor a represalias, mientras que varios funcionarios locales que se oponen a la minería ilegal han sido atacados e incluso asesinados.

LosLobos han ingresado a áreas de minería ilegal extorsionando o expulsando a los pequeños mineros. En aliazan con otros grupos criminales han tomado el control de varios eslabones de la cadena de producción, suministro y procesamiento de oro.

Tras dos años de lucha, Julia Sánchez y Luis Fernando Vargas, padres de Aarom, el niño que murió poco antes de cumplir los nueve años, sienten que su sufrimiento servirá para que otros que como él viven con alguna discapacidad o vulnerabilidad, cuenten con un protocolo de atención médica que garantizará su derecho a la salud y a la vida.  El pasado 28 de junio se realizó el acto de reparación a la familia en el Hospital del IESS-Quito Sur.

Por Ana María Carvajal

A la familia del pequeño Aarom Vargas Sánchez solo le queda una conexión espiritual con él desde ese 14 de mayo de 2022. Por eso, el pasado 28 de junio en el acto de reparación que se realizó en el Hospital IESS-Quito Sur, acatando una sentencia judicial, lo primero que quisieron escuchar fue un pasaje bíblico, leído por un sacerdote católico. Fue un momento especial para los padres, hermana, tíos, primos, amigos y otras familias de niños con discapacidad que asistieron a esta casa de salud.

Tras dos años de duelo y lucha, Julia Sánchez y Luis Fernando Vargas, padres de Aarom, el niño que murió poco antes de cumplir los nueve años, sienten que el sufrimiento de su hijo servirá para que otros que como él viven con alguna discapacidad o vulnerabilidad, cuenten con un protocolo de atención médica que garantice su derecho a la salud y a la vida.

En agosto de 2023, Código Vidrio develó la historia de Aarom. El niño falleció al poco tiempo de ser trasladado al Hospital Padre Carollo, luego de pasar más de 20 horas de sufrimiento por una grave perforación en su intestino. El niño tenía síndrome de Down y, por esa condición, su umbral de dolor era muy bajo, explicó entonces su madre. Como el pequeño no se quejaba tanto ni presentaba fiebre, la atención fue lenta. Y los resultados de los exámenes que le realizaron tardaron en llegar. Sus padres notaron un bulto en el abdomen del niño. Además, el traslado demoró, cuando finalmente los médicos supieron que requería una intervención quirúrgica urgente, pero no podían hacérsela ahí, pues el IESS Quito Sur no cuenta con unidad de Cirugía Pediátrica.

En el acto del viernes pasado, el IESS cumplió con la sentencia que le dispuso presentar disculpas públicas en el área de Emergencia de ese hospital. Al acto acudieron varias autoridades de esa casa de salud, incluida la doctora Diana Parrales, gerente del Hospital IESS-Quito Sur, quien se dirigió a los padres de Aarom y dijo que más allá de la disposición, estaban allí “por un compromiso moral, a título personal, a título profesional y a título institucional, no solo como Hospital General del Sur de Quito sino como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (…). Como profesionales de la medicina, nos preparamos para salvar vidas y ese es el pacto que hoy venimos a sellar en memoria de Aarom y como un acto de reconocimiento a él y a ustedes, su  familia”, dijo.

Además, explicó que por Aarom empezaron el Protocolo de Atención Integral Aarom que empezó a implementarse de manera obligatoria como norma, a todo el personal médico y de apoyo con el objetivo de mejorar su atención y que está basado en evidencia médica. Contiene -dijo- nuevos pasos fundamentales para aplicarse desde que un paciente llega a la Emergencia.

Empieza con el triaje visual, toma inmediata de signos vitales, admisión pronta al paciente, pase a sala de observación, con atención de un pediatra y prioridad de triaje 3. Si el paciente requiere de hospitalización, se hará la documentación de forma inmediata y si no, tendrá su primer control en máximo 72 horas luego de salir de la institución. La idea es que la atención inicial tenga una demora máxima de 60 minutos.  Este protocolo incluirá capacitación en ese y otros hospitales y casas de salud de la institución.

“El hecho de dar a conocer el caso es sentar un precedente para que no vuelvan a ocurrir estas desgracias como pasó con mi hijo. Tuvo que pasar eso para que hagan conciencia. Salvar vidas no es una opción, es una decisión que ustedes toman como médicos cuando se reciben, pienso yo. A este luto Dios no le dio nombre. Muere el esposo, queda viuda, muere la madre, queda el huérfano. Pero esto no tiene nombre, si muere un hijo Dios no le dio nombre”, dijo Julia Sánchez antes de relatar la agonía de su pequeño. “En el Padre Carollo había 90% de posibilidades de que mi hijo no salga y a pesar de eso le operaron. Ya se quedó en la cama. Ya mi hijito se quedó en la cama, fuerte guerrero. Decidí alzar mi voz y demandar, pero fue para sentar un precedente, para que no vuelva a pasar esto con ningún niño ni ninguna persona con discapacidad”.

Hugo Cahueñas encabeza el equipo jurídico que representó a la familia de Aarom. Él es profesor de la Universidad San Francisco y miembro de la Clínica Jurídica de esa institución. Junto con alumnos de la facultad de Derecho trabajó en ese caso y lograron que la acción de protección favoreciera a la familia. Este pedido no incluía medidas de reparación económica, explica el abogado.

Sin embargo, el tribunal conformado por los jueces Esteban Coronel (ponente) Fernando Sánchez y Mabel Tapia Rosero, resolvió que el niño tenía doble vulnerabilidad y que debían establecerse varias medidas, incluida una indemnización de USD 25.000. Ese valor aún no ha sido entregado a la familia, dijo Cahueñas, pero el IESS informó que el monto ya tiene partida presupuestaria y los certificados llegarán oportunamente. “Las disculpas públicas constituyen una medida que se llama de satisfacción que busca cubrir aquellos aspectos a los que la reparación económica no llega, pero jamás se va  reparar una vida, menos la pérdida de un hijo, dijo Julia. Ese vacío será eterno, pero es un avance importante”.

Al final del acto, Julia y Fernando develaron una placa en memoria e Aarom que deberá permanecer siempre en la sala de Emergencias del IESS Quito Sur, como un recordatorio de la historia del pequeño cuya sonrisa se apagó por falta de atención médica oportuna.