Especiales

• En 2023, tres pequeñas empresas mineras de oro en Ecuador exportaron 268 millones de dólares en oro a los Emiratos Árabes Unidos y la India, 20 veces más que en 2022, según una investigación de Mongabay y Código Vidrio.
• La cantidad de oro que las empresas afirman haber procesado no tiene sustento técnico, según expertos de la industria. Las inspecciones de sus concesiones no muestran indicios de que hubo operaciones formales de minería.
• Más del 35% de las exportaciones de oro de Ecuador proviene de empresas mineras de oro a pequeña escala, pero las irregularidades en su origen, permisos y operaciones, así como una crisis continua en la capacidad de monitoreo de las autoridades, sugieren que la mayoría de estos actores están comercializando oro de fuentes ilegales.
• Nuestra investigación muestra que las autoridades aprobaron permisos de exportación principalmente sin verificación en el sitio; y aunque el registro minero del país fue suspendido en 2018, la agencia a cargo continuó aprobando concesiones mineras.
• Hay 150 comercializadoras que registran direcciones inexistentes, sin un RUC actualizado, por lo que se presume que son de papel; la mayoría no tiene empleados. Eso se identificó tras controles del SRI a la actividad económica de cerca de 200 contribuyentes dedicados a la minería.

Por Arturo Torres y Dan Collyns, alianza Código Vidrio – Mongabay
Con apoyo del Fondo del Centro Pulitzer

Alrededor de una cuarta parte de las exportaciones de oro de Ecuador provenientes de la minería a pequeña escala en 2023 se originó en solo tres empresas: Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals. Sus exportaciones de 268 millones de dólares en oro a los Emiratos Árabes Unidos e India fueron aproximadamente 20 veces más que el comercio similar del año anterior. Una investigación de ocho meses sobre sus actividades, realizada por Mongabay y Código Vidrio evidencia que las exportaciones se realizaron a través de un esquema de certificados y permisos maquillados, con oro extraído de minas que en realidad no existen. Esta operación fue facilitada por la débil o inexistente supervisión gubernamental y la corrupción.

Los últimos años han evidenciado un auge en los negocios de minería de oro a pequeña escala en Ecuador. Por primera vez desde 2020, las exportaciones de los productores de oro a pequeña escala alcanzaron los 1.260 millones de dólares en 2023, superando los 1.170 millones de dólares en envíos de Aurelian, la única empresa de minería de oro  a gran escala en Ecuador, en etapa de explotación. Este auge ocurrió mientras el crimen organizado ha afianzado su control sobre la minería artesanal e ilegal de oro, a través de la violencia y la extorsión. Las tasas de homicidios aumentaron cinco veces entre 2019 y 2023, afectando en particular a las comunidades indígenas y campesinas, así como a los ecosistemas frágiles y ricos en recursos de las regiones amazónicas.

Mientras los periodistas de esta alianza seguían el rastro de todas las anomalías y los esquemas fraudulentos de este fenómeno, el 2 de septiembre pasado la Policía y la Fiscalía allanaron la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), así como el Ministerio de Energía y Minas, como parte de una investigación sobre irregularidades en la autorización de nuevos permisos y concesiones para la minería a pequeña escala. Aunque el registro minero fue suspendido a principios de 2018, entre 2019 y 2024 con la venia e inacción de la Agencia se otorgaron más de 650 concesiones, según los informes de los investigadores.

Los documentos y pruebas que revisamos, así como los testimonios y entrevistas para esta investigación, señalan que Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals y, al menos, otras 15 compañías y 18 personas, obtuvieron oro de diversas fuentes, que en su mayoría serían ilegales, con la complicidad o silencio (por temor a retaliaciones delictivas) de las autoridades de control minero. Esto fue corroborado en entrevistas con funcionarios y exfuncionarios.

Los casos de estas empresas, cuyas ganancias han aumentado 10 veces o más, en menos de un año, indican que la regulación débil, la corrupción y el crimen organizado han permitido que multimillonarias ganancias del narcotráfico se laven a través del oro extraído ilegalmente, según reveló nuestra investigación.

Desde 2020, la minería ilegal y la criminalidad se han duplicado. Esto, según Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, coincide con el cierre de ARCOM en 2020. El presidente Daniel Noboa reestableció la agencia en agosto de 2024, ante el despunte de la minería ilegal.

“Los controles sobre la minería ilegal cayeron, todo se volvió más laxo, las verificaciones técnicas y auditorías disminuyeron debido a la drástica reducción de personal y recursos”, dijo Benalcázar. “Se comenzaron a crear empresas sin ninguna verificación, y prácticamente podían exportar lo que quisieran, sin ningún límite”.

«Pequeños comerciantes»

A pesar de sus ingresos astronómicos, Rockgolden y Rocadorada (fundadas entre 2021 y 2022, según el registro de la Superintendencia de Compañías) no son empresas formales. Son lo que se conoce como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), un esquema especial que Ecuador introdujo en 2020 para apoyar a los pequeños emprendedores durante la pandemia de COVID-19.

Según analistas consultados, las SAS son ideales para el lavado de dinero porque facilitan la creación de empresas de papel. Se pueden constituir con un capital de $1, un solo propietario y sin verificaciones de antecedentes. Eso se acaba de revelar en el  expediente del caso Pampa, la investigación penal contra Dritan Gjika, uno del los cabecillas de la mafia albanesa, que traficaba cocaína a Europa desde Guayaquil. Él y otros 20 procesados lavaron USD 31 millones, mediante empresas de papel y otras relacionadas. La mayoría eran SAS.

Después de la pandemia, grupos familiares, especialmente de las provincias costeras de El Oro y Guayas, crearon decenas de empresas, incluidas SAS. “Hemos observado la presencia de personas naturales y jurídicas que no se dedican a una sola actividad en el sector, sino a varias, y camuflan sus operaciones reales al solicitar licencias y permisos a las agencias públicas”, según un informe de 2021 de la Organización de los Estados Americanos sobre minería de oro ilegal en Ecuador.

CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE ROCKGOLDEN, SOULMETALS Y ROCADORADA, COMPARADOS CON EL DE AURELIAN

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“Más del 35% de las exportaciones de oro de Ecuador proviene de la minería a pequeña escala, y una parte significativa de la minería ilegal y del lavado de dinero. Así es como la criminalidad minera explotó, estos no son casos aislados,” nos dijo Benalcázar. “Hay empresas que se multiplicaron y pagan pocos o ningún impuesto. Otras venden a través de aquellas que tienen licencias de exportación; cualquiera puede exportar, con o sin concesión,” señaló.

Nuestra investigación no encontró controles sistemáticos del Servicio de Rentas Internas (SRI) ni la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para verificar si estas empresas habían pagado impuestos o estaban involucradas en alguna irregularidad financiera o lavado de dinero. Tampoco la Superintendencia de Compañías ha intervenido para detectar y denunciar las irregularidades. La información que recaba Inteligencia del SRI solo es conocida por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y no es formalizada en ninguna investigación de la Fiscalía. Hay una ausencia total de coordinación interinstitucional para enfrentar estos casos.

No obstante, este año el SRI detectó que existen 150 firmas comercializadoras que registran direcciones inexistentes, sin un RUC actualizado, por lo que se presume que son de papel; la mayoría no tiene empleados. Eso se identificó tras controles del organismo a la verificación de actividad económica a cerca de 200 contribuyentes dedicados a la minería.

Patrón fraudulento

Desde 2020 hasta la primera mitad de 2024, cuando ARCOM fue cerrada, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) asumió sus responsabilidades. Durante este tiempo, aprobó certificados de producción y permisos de exportación para Rocadorada, Soul Metals, Rockgolden y otras pequeñas empresas mineras. Lo hizo sin poder verificar los lugares de procedencia del oro extraído y procesado, según los documentos que revisamos. La Ley establece que la autoridad a cargo solo debe revisar y aprobar que los documentos estén en orden y cumplan los requisitos formales.

A través de estos documentos, así como del registro minero, guías de exportación y pagos de impuestos, encontramos que los permisos de exportación y certificados de producción parecían seguir un patrón fraudulento.

“Estas empresas tuvieron un aumento de envíos de oro que no corresponde con su condición de pequeñas mineras,” dijo un exfuncionario de la Agencia que pidió permanecer en el anonimato por seguridad. “Las cantidades exportadas y los pagos multimillonarios recibidos no coinciden con sus informes de producción y procesamiento del mineral”.

“Al cruzar los datos reportados en 2022 y 2023, es muy probable que la fuente del oro exportado provenga de la minería ilegal,” nos comentó el exfuncionario.

Los certificados de exportación de las empresas con envíos inusuales contienen pruebas claras que apuntan a irregularidades. En particular, hay discrepancias entre las cifras de producción y exportación, según pudimos detectar al revisar esos documentos, lo cual también fue corroborado por expertos consultados para esta investigación.

Por ejemplo, en un certificado de exportación, Rockgolden declaró que en agosto de 2022 había procesado 4.588 toneladas métricas de mineral en 13 días en la concesión DENIS UNO, en la parroquia Bella María, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. De esta actividad, que ascendía a un promedio de 353 toneladas métricas de material extraído diariamente, obtuvo 43 kilogramos (95 libras) de oro puro, que vendió a una empresa en Dubái por 2.2 millones de dólares.

§ En 2023 el Estado recibió ingresos por regalías del sector minero de 207,6 millones de dólares. Una parte significativa de esos fondos, más de 80 millones provino del pago por exportaciones de oro y otros minerales.  

Aunque estas cantidades fueron validadas por las autoridades, una fuente de una empresa minera legal en la provincia de Azuay dijo que las cifras de producción señaladas por las sociedades eran desmesuradas. “Nuestra empresa tiene 700 empleados formales y es capaz de procesar 700 toneladas al mes, aproximadamente 40 toneladas al día, con lo cual obtenemos alrededor de 12 kilos (26 lbs) de oro,” dijo la fuente, y agregó que las empresas mineras a pequeña escala solo tienen permitido procesar hasta 300 toneladas métricas diarias. “Ninguna empresa de este tipo tiene esa capacidad máxima de producción.”

LA CADENA DE SUMINISTRO DE ORO EN ECUADOR

Entre julio y agosto de 2023, Soul Metals exportó 59 kg (130 lbs) de oro de un total de 2.500 toneladas métricas de mineral procesado. “Ninguna empresa minera legal a pequeña escala puede producir más de 15 kilos (33 lbs) al mes, debido a los costos, el uso de maquinaria y la capacidad de producción. Solo Aurelian puede producir más de 20 kilos (44 lbs),” afirmó la fuente.

La concesión DENIS UNO, que pertenece a Rockgolden, fue otorgada en octubre de 2013. Sin embargo, Rockgolden fue creada como una SAS en 2022. Entre 2017 y 2022, esta área, ubicada en Machala, estaba a nombre de Germán Arias Pauta, con el catastro 098697480. Y en diciembre de 2022 el dueño hizo la cesión y transferencia de la concesión a Rockgolden. “Ninguna SAS puede tener un área minera, ya que las últimas concesiones fueron otorgadas en 2017, cuando se cerró el registro minero, y en ese momento no existían este tipo de empresas,” dijo la fuente en Azuay.

Según un mapa en tiempo real al que accedimos a través del Geoportal del Catastro Minero de ARCOM, no existen minas ni instalaciones mineras operativas en esa concesión.

CATASTRO MINERO

Rocadorada no tiene empleados, al menos ninguno está registrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según fuentes de ese organismo. Soulmetals registra dos trabajadores en el IESS. Ambas empresas, según la magnitud de su explotación y producción deberían contar con una nómina de, al menos, 1.000 empleados cada una, según estima un representante de una compañía minera, que pidió el anonimato.

Este no es un caso aislado. Las concesiones mineras declaradas en los documentos de exportación se ubican en lugares donde no hay actividad minera visible, solo se aprecian ríos y aldeas, modestos caseríos. Según los mapas que revisamos para esta investigación, estas áreas no tienen entradas a minas, presas de relaves ni sitios de desechos.

“La falsificación de certificados de origen, como parte de la cadena de producción de minería ilegal, es una de las actividades más rentables dentro de los eslabones de producción ilícita, ya que el intermediario compra oro ilegal a aproximadamente el 60% del valor del mercado y lo vende a alrededor del 95%,” nos dijo Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DTOC) de la OEA.

En ciertos casos, según un investigador de Inteligencia, organizaciones criminales transnacionales con nexos con el narcotráfico crean las firmas en Dubai, la capital de Emiratos Árabes. Luego envían a sus representantes a Ecuador para que creen o adquieran SAS o compañías ya constituidas, obtengan licencias de comercialización y compren oro a mineros ilegales o artesanales. Para sus operaciones cuentan con capitales de decenas de millones de dólares en efectivo, provenientes de actividades criminales, indica el investigador.

La danza de los millones

La magnitud de las inusuales exportaciones de oro comenzó a generar alarmas a mediados de 2023. Entonces Patricio Bonilla, un coronel (r) del Ejército, asumió el cargo de director de ARCERNNR, la entidad reguladora minera desde 2020, tras la destitución de su predecesor, Luis Maingón, en medio de acusaciones de corrupción. Durante la gestión de Maingón, se sospecha que funcionarios alertaban a los mineros ilegales antes de las redadas policiales, particularmente en las provincias de Azuay y Napo, mientras que los reguladores mineros en provincias supuestamente cobraban tarifas y exigían sobornos a representantes de empresas exportadoras de oro para emitir permisos. Maingón dirigía ARCERNNR desde agosto de 2022 y era un colaborador cercano del exministro de minería Xavier Vera, quien fue arrestado tras ser acusado de supuestos sobornos.

Bajo el liderazgo de Bonilla, la agencia reguladora comenzó a descubrir irregularidades en las exportaciones de oro de muchas empresas. Un exfuncionario confirmó que destacaban Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals, registradas en los puertos de Machala y Guayaquil.

En 2023, Rockgolden exportó $71 millones en oro a MHGS Trading DMCC en Dubái, aproximadamente 70 veces más que en 2022. El gerente general de Rockgolden es Guillermo Bolaños, un ciudadano peruano. Shaheen Daniel Hays, un ciudadano estadounidense, es accionista. Ninguno respondió a los correos electrónicos y números de teléfono registrados en la empresa. MHGS Trading DMCC es una subsidiaria de la multinacional comercializadora de oro Metals House Inc., donde Hays figura como socio gerente en Perú.

Por su parte, Rocadorada vendió $110 millones en oro a Dubái en 2023, casi 10 veces más que en 2022. El comprador fue Al Hamra Overseas Trading Llc. Su único accionista es el ecuatoriano Christian Quijije. Los correos enviados a la dirección de Al Hamra no obtuvieron respuesta.

Soul Metals no registró ninguna exportación de oro en 2022, pero al año siguiente envió $81.4 millones en oro a India. El comprador fue A.J. Refinery Private Limited, con sede en India. Creada hace solo dos años, Soul Metals ha cambiado de propietarios y accionistas cuatro veces. Llamamos a los dos números de celular listados en su registro corporativo, pero estaban a nombre de otras personas. Tampoco respondieron a nuestros correos electrónicos.

El modo en que estas transacciones se llevan a cabo parece ser un método de lavado de dinero, según un oficial de inteligencia que consultamos y que solicitó el anonimato por razones de seguridad.

Las ganancias ilícitas del tráfico de cocaína que antes ingresaban al sistema financiero en Ecuador ahora salían del país para ser invertidas en compras de oro en Ecuador, señaló el oficial. Las mismas personas creaban empresas en los Emiratos Árabes Unidos para enviar dinero a Ecuador y así crear empresas ficticias que exportaban el oro a sus propias firmas con sede en Dubái, lavando así el dinero sucio.

La violencia impulsa la minería ilegal

El aumento de las exportaciones de oro se produjo en medio de un incremento de la delincuencia y la violencia en las zonas de minería ilegal de nueve provincias ecuatorianas, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). En la Amazonía sur, donde las bandas criminales han incursionado en la minería ilegal, las tasas de homicidios se han duplicado o incluso triplicado.

Entre enero y junio de este año, las exportaciones bajaron en un 26%. 23 firmas encabezan el listado, incluidas 3 SAS y 8 personas naturales

“La minería de oro ilegal se ha convertido en la actividad criminal más dominante en la región amazónica de Ecuador, dijo Sofía Jarrín, asesora de defensa de Amazon Watch para la Amazonía Occidental y autora principal de un informe reciente sobre bandas de oro.

“Las organizaciones criminales están reinvirtiendo las ganancias del narcotráfico en este lucrativo comercio, alimentando una lucha violenta por el control territorial”, afirmó Jarrín en el informe. “Esta dinámica no solo aumenta la violencia, la extorsión, el reclutamiento y los asesinatos por encargo, sino que también permite la expansión de otros mercados ilícitos, como el contrabando de mercurio, armas y drogas, empoderando aún más a los grupos criminales que custodian los enclaves mineros”.

Aunque no pudimos identificar un vínculo directo entre las organizaciones de narcotráfico y las empresas en cuestión, la hegemonía de grupos criminales en la minería apunta a una industria contaminada. En provincias como El Oro, Azuay, Imbabura, Napo y Zamora-Chinchipe, Los Lobos, una banda aliada con grupos criminales de Venezuela, Colombia y Perú, lucha por el control de la minería ilegal, utilizándola como un conducto para lavar los ingresos del narcotráfico y otros delitos.

Solo en el cantón de Ponce Enríquez, en Azuay, Los Lobos genera alrededor de 3.6 millones de dólares en ganancias al mes. Los operadores de empresas comerciales compran mineral de oro a los líderes de la banda y a los mineros ilegales en sus áreas de influencia, así como de Perú, según el oficial de inteligencia.

Estos intermediarios luego transportan el mineral a plantas de beneficio (procesamiento) en Ponce Enríquez o Portovelo, o en la provincia vecina de El Oro, donde se tritura hasta reducirse a polvo, para luego procesarse químicamente y fundirse en lingotes, que pueden ser exportados por las comercializadoras.

“La minería ilegal es una actividad más segura y lucrativa en la que pueden invertir dinero del narcotráfico y desde la cual pueden lavar los activos más fácilmente”, nos dijo Schulmeister de la OEA. “Es más fácil transportar un kilo de oro que un kilo de cocaína”.

Un exfuncionario que trabajó en la ARCERNRR en el gobierno anterior nos dijo que  las autoridades “solo están allí para legalizar lo ilegal”. Algunos lo hacen por miedo y otros porque son colaboradores y reciben pagos por sus servicios. Otro problema es la falta de personal y presupuesto. En Quito son apenas 20 funcionarios.

En 2023, la Agencia emitió 1.984 certificados de exportaciones de minerales, y 910 hasta junio de este 2024, según informes oficiales.

Inspecciones in situ

El exfunciuonario añadió que, al detectar el aumento en las exportaciones de Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals, la ARCENRNRR decidió en 2023 inspeccionar los lugares de las concesiones de las empresas. “Cuando llegamos… no había movimiento de tierra ni operaciones extractivas importantes. Todo era un montaje. Estimamos que el oro que exportan lo compraban a mineros ilegales en Yutzupino y Punino, en la provincia de Napo, y en Buenos Aires, en Imbabura”.

Cuando en agosto pasado se le consultó sobre el crecimiento explosivo de las exportaciones inusuales, Diego Ocampo, el viceministro de minería en ese momento, dijo que el gobierno había planeado detectar y corregir estas anomalías a través de ARCOM, que fue reinstalado este agosto. Añadió que las autoridades comenzarían a perseguir los delitos en la zona.

Según Ocampo, ARCOM había planeado realizar auditorías de los informes de producción para verificar si los coordinadores zonales estaban llevando a cabo auditorías in situ y si los datos coincidían con lo declarado en los documentos. Su posición frontal le pasaría factura.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE ORO 2018-2023

Ocampo renunció como viceministro a mediados de agosto de 2024, trasv un impasse con el ministro de Energía. En su informe final de gestión, expresó su preocupación por la situación de ARCOM, añadiendo que carecía de personal técnico, administrativo y legal, así como del presupuesto para cumplir con su labor y combatir la minería ilegal.

Según un informe interno de la Agencia que revisamos, otro indicador grave es la falta de reportes consolidados sobre las estadísticas de multas y sanciones impuestas y cobradas, ni informes sobre la distribución de regalías y ganancias mineras. Tampoco existe control in situ del muestreo de minerales, debido a la falta de personal. No hay ningún registro o informe consolidado de auditorías técnicas realizadas en 2023, y mucho menos en años anteriores.

La salida de Ocampo fue una señal de que el actual gobierno tenía serios problemas para empujar la operación de la nueva ARCOM, en medio de un juego de intereses de autoridades del Ministerio de Energía y Minas relacionadas con anomalías en el control de la minería ilegal, que alertó Ocampo. El último pico de esa crisis fue la salida de Mauricio Martínez, quien estuvo frente a la Agencia menos de un mes, y acaba de ser reemplazado por el coronel (r)  Bonilla, a inicios de septiembre.

En octubre de 2023, las autoridades de control minero reunieron pruebas sólidas de exportaciones inusuales por parte de Rockgolden y Rocadorada, que fueron reportadas por presunta evasión fiscal al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

También mantuvieron reuniones con directivos de esas entidades, así como del Centro de Inteligencia Estratégica CIESS, para explicarles los alcances del fenómeno.

Ante un pedido de esta alianza periodística sobre los resultados de la investigación a Rockgolden y Rocadorada y sus representantes, el SRI respondió. “Esta administración Tributaria está en proceso de determinación tributaria a los sujetos pasivos titulares de las concesiones mineras referidas. Sus resultados se emitirán en el marco de los plazos de caducidad de la facultad determinadora. La información proporcionada por la ARCERNNR ha sido considerada en el proceso de control que se encuentra ejecutando”.

Mientras el SRI avanza en la auditoría a esas empresas exportadoras, el director encargado de la UAFE, José Neira, no repondió nuestros pedidos de entrevista y de información sobre el avance de la investigación.

El financiamiento para la investigación de este reportaje provino del Fondo de Periodismo sobre Bosques Tropicales del Centro Pulitzer. https://rainforestjournalismfund.org/

-El remezón que acaba de sufrir el excontralor Carlos Pólit en la Corte de Florida, que lo acaba de declarar culpable de lavado de dinero y sentenciarlo a diez años de prisión, es un duro golpe para el correísmo. En 2007, Pólit fue designado contralor por el entonces presidente Rafael Correa.

-Los diez años que estuvieron en el poder, Correa, Jorge Glas y otros altos funcionarios fueron protegidos por Pólit, con quien tenían línea directa. El juez de cuentas informaba todos los meses a Carondelet sobre los casos sensibles que podrían afectar al régimen.

-En 2008, como una de las primeras muestras de su lealtad, Pólit desvaneció una glosa que Correa tenía impaga desde 1995, por irregularidades en su desempeño como director administrativo en un proyecto con el BID. Nota actualizada este 2 de octubre de 2024.

Redacción Código Vidrio

Uno de los puntales del gobierno de Rafael Correa fue la estrecha cercanía que tuvo, mientras estuvo en el poder, con el entonces contralor Carlos Pólit. Él acaba de ser sentenciado a diez años de prisión, tras  ser declarado culpable de seis cargos, incluidos conspiración y encubrimiento para lavar activos, en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos.

El fallo contra Pólit, de 73 años, es un duro golpe para el correísmo. Desmonta sus denuncias constantes de que el sistema judicial ecuatoriano y los gobiernos de turno han orquestado una persecución despiadada contra quienes ocuparon cargos importantes en su administración.

En abril pasado, tras escuchar el veredicto en el tribunal de Miami, el fiscal Alexander Kramer pidió el encarcelamiento inmediato de Pólit, por riesgo de fuga. Entonces, tres agentes se acercaron al excontralor para detenerlo, mientras él se retiraba la chaqueta y la corbata. Después abandonó el salón para ser trasladado hasta el Céntrico de Detención Federal de Miami, frente a la Corte, según publicó el portal Primicias en una nota de  su enviada, Estefanía Celly.

Ayer, 1 de octubre el Tribunal fijó una pena de diez años de prisión para Pólit, quien puede apelar el fallo ante una instancia superior.

¿Hasta dónde llegó la cercanía de Pólit con Correa?

En febrero del 2007, él fue designado juez de cuentas por el entonces mandatario, de una terna que le envió el Congreso.

El manabita de ascendencia italiana pronto se aseguró la confianza del nuevo régimen, al que protegió sistemáticamente con sus auditorías. Así, ganó dos concursos consecutivos para lograr la reelección como contralor, con notas perfectas. Lo escogió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de siete integrantes, todos incondicionales del gobierno de Alianza País.

Pólit tenía línea directa con Carondelet para informar sobre los casos sensibles que podrían afectar a sus autoridades; se comunicaba permanentemente con Correa y su vicepresidente Jorge Glas. También con representantes de algunas empresas que fiscalizaba, entre ellas Odebrecht. Precisamente, Pólit fue sentenciado en Ecuador por recibir coimas por 10 millones de dólares de esa empresa, a cambio de favores, en contubernio con el régimen. Cuando sospechó que sería procesado por la Fiscalía huyó a Miami, donde tiene varias propiedades.

Pólit fue detenido en Estados Unidos en marzo del 2022, por operaciones de blanqueo de capitales, con la ayuda de otros operadores ecuatorianos, vinculados a casos de corrupción, también investigados por la justicia estadounidense. Con los millonarios sobornos que obtuvo para favorecer al desvanecimiento de glosas de Odebrecht y otras empresas y personas en Ecuador, Pólit abrió empresas y compró propiedades, a nombre de testaferros en Florida.

En Ecuador, la relación Pólit con el gobierno de Correa está detallada en cientos de páginas encontradas en los archivos de su exasesora Pamela Martínez, dentro del juicio ´Sobornos´.

“Resumen de informes”, se titula uno de ellos, del 20 de mayo de 2011. -“Contralor: Pide al SP (Señor Presidente) que se le otorgue 15 minutos al mes para mantenerlo informado de varios temas en la ciudad y el lugar que el presidente disponga y ratifica su lealtad”.

También quedó en evidencia que ese gobierno incluso ubicó funcionarios de su confianza en dependencias de la Contraloría.

-“Auditores internos en Alcaldías y Prefecturas. El contralor solicita que el señor presidente le dé los nombres para estos cargos, meses atrás Irina Cabezas recomendó a 150 personas pero no han resultado tan competentes ni leales al gobierno”, indica un documento adjuntado al juicio.

-“Director de la Contraloría en Manabí: el contralor pide que el presidente le dé el nombre, lo necesita con urgencia, previamente lo ha pedido al Dr. Alexis Mera, pero la candidata sugerida no cubre las expectativas del puesto”.

Pólit, quien fugó a Miami en 2017, ha negado su estrecha cercanía con Correa, asegurando que en su administración sí se hicieron auditorías que establecieron irregularidades de instituciones y funcionarios de ese gobierno.

⇒El excontralor era un protegido del correísmo, que lo blindó también en el poder judicial, que tenía bajo su control. El 20 de abril del 2017, meses antes de que terminara el mandato de Correa, los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) fueron condenados a un año de prisión por acusar al entonces contralor Pólit, por su vinculación con las coimas de Odebrecht. «Siete años exactos después, en el juicio en EE.UU. se nos ha dado la razón», dijo el titular de la Comisión, Germán Rodas⇐

Pólit extinguió la glosa de Correa

Corría el año 1992. El joven economista Correa encandiló a sus jefes y colegas con su locuacidad y empuje. Llegó como un torbellino. Pero de un momento a otro, cuando las cosas se salieron de control y se revirtieron en su contra, no dudó en atacar a todos los que lo señalaban por sus abusos de poder.

El estreno de Correa en el sector público se remonta a inicios de los 90, en el proyecto MEC-BID, con el Ministerio de Educación.

El primer campanazo fue en 1992. A su regreso de Bélgica, fue empleado en un proyecto del Ministerio de Educación, y asumió el cargo de director administrativo del MEC-BID, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Por cerca de un año, Correa, quien entonces tenía 29 años, fue parte de ese programa para el mejoramiento del sistema educativo, con un presupuesto de 110 millones y un equipo permanente de 120 personas.

Precisamente en 1995, dos años después de su salida, Correa fue denunciado por funcionarios del MEC-BID, por haber cobrado su salario (1.300 dólares) sin trabajar, según una auditoría del Ministerio de Educación. La investigación determinó que perjudicó al proyecto.

El año siguiente, las autoridades de control determinaron más irregularidades. Establecieron que se pagaron anticipos de contratos en condiciones perjudiciales para el proyecto.

Esas anomalías tuvieron más secuelas para Correa. Detonaron el inicio de un examen de Contraloría que en 1998 confirmó una glosa que quedó en firme en su contra y de Pedro Espinel (director de Obras Civiles) de 23 millones de sucres, equivalentes a 3.285 dólares, al tipo de cambio de la época. El salario básico mensual era de 100 mil sucres.

En su informe, revisado por este portal, los auditores establecieron que mientras estuvo en el MEC-BID Correa aprobó tardíamente el reajuste de precios del anticipo del contrato de construcción del colegio UNE, por 44 millones de sucres, violentando la Ley de Contratación, por lo que debía pagarse solo 19,5 millones. El perjuicio fue de 23 millones.

La versión de Correa sobre lo ocurrido en el MEC-BID se recoge en su libro ´Ecuador: De Banana Republic a la no República´. “Cuando como director administrativo-financiero de los proyectos MEC-BID, manifesté que era mejor terminar con algunos de los más ineficientes, mis superiores me llamaron la atención por imprudente. Cuando me negué a pagar un contrato por su evidente ilegalidad, para sorpresa mía se me vino el mundo encima. Desde el propio Ministro de Educación se me ordenó seguir pagando el ilícito contrato. Después de una larga lucha de varios años, en que tuve incluso que enfrentar varios procesos judiciales en mi contra, la justicia me dio la razón y ordenó la terminación del ilegal contrato”.

La glosa contra Correa estuvo en firme hasta su llegada al poder. El 3 de diciembre del 2007, el exmandatario fue invitado por Pólit a la ceremonia por el aniversario de la Contraloría. Uno de los actos centrales fue la entrega de reconocimientos a los funcionarios de mayor antiguendad entre quienes estaban Marco Manjarrés, el auditor que elaboró el informe del MEC-BID, y Hugo Espinosa, director de Responsabilidades.

Luego, ante cientos de empleados, Correa tomó la palabra. Atacó al auditor y al Director que lo investigaron y determinaron la glosa, acusándolos de haberlo perseguido injustamente por años, solo por cumplir su trabajo y evidenciar las fallas de los proyectos que tenía el BID con Educación.

La arremetida del entonces presidente desconcertó a los funcionarios presentes. Incluso, dos dirigentes de los trabajadores de la Contraloría abandonaron el salón, en señal de protesta y solidaridad con sus compañeros, según recuerdó un funcionario de carrera de la institución.

La embestida tuvo consecuencias once meses después. En noviembre del 2008, el entonces contralor Pólit ordenó que se desvaneciera la glosa por responsabilidad solidaria en contra de Correa y de Espinel.

EN 1998 LA CONTRALORÍA CONFIRMÓ LA GLOSA SOLIDARIA CONTRA RAFAEL CORREA. DIEZ AÑOS MÁS TARDE, PÓLIT LA EXTINGUIÓ

Dos ciudadanos rusos invirtieron cerca de USD 10 millones en la creación de una empresa que difundía información seleccionada del medio Russia Today (RT) en Estados Unidos. Así lo dieron a conocer desde la Oficina de Asuntos Públicos (Office of Public Affairs) del Departamento de Justicia de este país, el pasado 4 de septiembre.

Redacción Código Vidrio

Según el Deparatmento de Justicia de EE.UU., la sospecha se convirtió en una acusación formal en contra de Kostiantyn K. y Elena A. por “violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) y por conspiración” al cometer lavado de dinero.

Los acusados, de acuerdo con el fiscal federal Damian Williams, habrían utilizado identidades falsas y una “empresas fantasma” para difundir información perniciosa seleccionada por el medio del Kremlin y que buscaba “influir en las audiencias estadounidenses”. Según el comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos, ambos acusados se encuentran prófugos.

“El Departamento de Justicia no tolerará los intentos de un régimen autoritario de explotar el libre intercambio de ideas de nuestro país para promover de forma encubierta sus propios esfuerzos de propaganda, y nuestra investigación sobre este asunto sigue en curso”, indicó el Fiscal General Merrick B. Garland.

Pero esta no sería la primera acusación de este tipo proveniente desde el gobierno estadounidense en contra de los intentos de Rusia de propagar información falsa y perniciosa. Algo similar ocurrió en julio del 2024, cuando se acusó a otro supuesto empleado de RT de usar cuentas en redes sociales para compartir contenido a favor de Rusia del conflicto contra Ucrania.

Moscú rechaza supuestas intervenciones

Sobre esta nueva acusación, desde el medio oficialista de Rusia RT no se ha hecho público ningún pronunciamiento a través de sus distintas plataformas mediáticas de acceso global.

Lo que sí ha difundido el portal digital RT ha sido noticias, videos y análisis parcializados sobre el apoyo que el presidente Wladimir Putin ha dado a la candidata demócrata Kamala Harris.

Al menos desde el pasado 5 de septiembre, cuando se conoció la preparación de una acusación desde el gobierno de Joe Biden contra el Kremlin, de intervenir en los próximos comicios presidenciales.

La noticia se difundió desde medios como CNN, en los que se refirieron a una “acción policial dirigida a la campaña encubierta rusa”.

La acusación señala directamente a RT

La acusación en contra de los dos ciudadanos rusos consta en un documento judicial de 32 páginas, con el sello del Distrito Sur de Nueva York.

El texto contiene una extensa introducción que incluye detallados párrafos sobre RT, que se lo menciona como un medio que “durante casi dos décadas (…) ha promovido los objetivos del Gobierno de Rusia de publicar desinformación y propaganda, aprovechando su red internacional para amplificar el mensaje a audiencias extranjeras y utilizar su apariencia como medio de comunicación convencional para dar credibilidad a esos contenidos”.

En el documento también se detalla que ambos acusados habrían creado y publicado videos, desde marzo del 2021, incluso con nombres falsos.

“Los intentos encubiertos de sembrar la división y engañar a los estadounidenses para que consuman propaganda extranjera sin saberlo representan ataques a nuestra democracia”, dijo el director del FBI, Christopher A. Wray.

Ambos ciudadanos están acusados de violar la FARA y de conspiración por lavado de dinero. Ambos delitos suman penas de hasta 20 años de prisión.

La Fiscalía y la Policía investigan una serie de anomalías y supuesta corrupción en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) por la emisión de concesiones mineras, permisos de exportación de oro, y de operación de plantas de beneficio para el procesamiento de material aurífero, hasta inicios de este año.

Redacción Código Vidrio

Este caso se conoció el martes 2 de septiembre pasado cuando personal de la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Ministerio de Energía y Minas en Quito.

Durante varios meses, agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza (INIDCAN) investigaron las operaciones de la ARCOM y determinaron supuestas anomalías en sus sistemas informáticos y en el otorgamiento de todo tipo de permisos.

Entre 2019 y 2024 se habrían emitido 652 concesiones mineras a nivel nacional de manera irregular. Eso pese que en desde enero de 2018 está vigente una resolución de la ARCOM, que aprobó el cierre temporal del catastro minero, para el otorgamiento de concesiones mineras en los regímenes de minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala.

Además, según los investigadores, hubo un aparente crecimiento significativo en el número de plantas de beneficio que estarían procesando material aurífero sin verificar la trazabilidad y procedencia del mineral, que se presume se origina en la minería ilegal.

Según la investigación de la INIDCAN hubo una falta de control sistemático en el otorgamiento de licencias y certificados exportación de oro, lo que habría generado el blanqueamiento del material aurífero.

Con este antecedente, esa unidad especial de la Policía pidió que se verificara la existencia de esos documentos en los allamientos que se realizaron en la ARCOM y el Ministerio de Energía y Minas. “Es necesario preservar y conservar esta información pues existe una presunción de que sea destruida o adulterada”.

La Policía detuvo en Buenos Aires, Imbabura, 14 integrantes de una supuesta red delictiva que transportaba 600 bultos con material aurífero en tres camiones. El grupo era encabezado por el teniente coronel del Ejército, Mauricio G., comandante del Grupo Especial de Comandos GEK-9, de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, y tres cabos bajo su mando, además de cinco venezolanos y otros seis ecuatorianos. En la madrugada los cuatro militares fueron liberados por el juez de Urcuqui, Iván Sucuzhañay, quien les concedió medidas sustitutivas para que se defiendan en libertad. Pero ratificó la detención de los diez civiles.

Redacción Código Vidrio

Un grupo de 14 individuos, encabezado por el teniente coronel del Ejército, Mauricio G. A., comandante del Grupo Especial de Comandos GEK-9 de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, y tres cabos primeros bajo su mando, fueron detenidos la madrugada de este lunes 26 de agosto en Imbabura.

El oficial investigado fue director de Planificación y Gestión Estratégica en la Casa Militar de la Presidencia de la República, en 2022. Y estaba asignado a cumplir funciones en Esmeraldas. Imbabura no era su jurisdicción, según fuentes oficiales.

Los sospechosos fueron capturados mientras circulaban en una camioneta Ford Ranger y tres camiones, que transportaban 600 sacos de yute con material aurífero (oro) triturado. El auto pertenece y tiene matrícula del Centro de Inteligencia Estratégica CIES.

Se estima que el material mineralizado provenía de las minas de Buenos Aires, una zona de explotación minera ilegal controlada por la banda de Los Lobos y era transportado hacia plantas de beneficio en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, para ser refinado y convertido en lingotes de oro.

La detención de los sospechosos ocurrió cerca de las 03:30 de la madrugada en el subcircuito Ciudad Blanca, y tuvo la participación de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza  UN-IDCAN y unidades tácticas GOE y UMO. Además de los militares fueron capturados cinco venezolanos, y seis ecuatorianos, incluidos los conductores de los vehículos, según indica el parte policial del operativo.

Tras su captura, los implicados fueron trasladados a Urcuqui, donde ayer en la noche estaba prevista la audiencia de formulación de cargos por parte del fiscal Fernando Haro.

En la audiencia, el teniente coronel Mauricio G. y los tres cabos primeros del Ejército fueron procesados por presuntos delitos de actividad ilícita de recursos mineros, pero fueron liberados. El juez de Urcuquí, Iván Sucuzhañay, les concedió medidas sustitutivas para que se defiendan en libertad, durante la audiencia de calificación de flagrancia.

El juez, en cambio, sí ordenó la prisión de los diez detenidos restantes, todos civiles. En contra de los militares el juez dictaminó prohibición de salida del país, y presentación periódica ante la autoridad competente en Esmeraldas, donde cumplían sus funciones.

Un Teniente Coronel de Fuerzas Especiales encabezaba el convoy

Una llamada anónima alertó a la Policía que una caravana encabezado por un alto oficial del Ejército estaba transportando material mineralizado desde Buenos Aires. Así, a las 03:20 aproximadamente llegó al control No.2 de la Policía una camioneta plateada Ford Ranger, sin placas, de donde bajó el teniente coronel Mauricio G., quien estaba acompañado por tres cabos del Ejército. Según el informe, el oficial les dijo a los policías encargados del control que estaba encabezando un convoy de tres camiones que llevaban material aurífero, que iban a arrojar en un botadero de desechos.

“También indicó que no tenía aprehendidos y que los conductores de los camiones con material aurífero, solo estaban colaborando para ir a botar el material”, indica el reporte policial.

Entonces, el personal policial de servicio, junto con los refuerzos de las unidades tácticas empezó a revisar cada uno de los camiones.

Uno de los vehículos era de marca Hino, color blanco, con cajón de madera. Tenía protección plástica (carpa), de placas QAA-0479, y era conducido por Darwin I., de 39 años. Al revisar su contenido los agentes encontraron sacos de yute llenos de material aurífero.

Otro era un furgón Isuzu blanco, placas PAA-9953, conducido por Raúl T., de 58 años. Al verificar su contenido constataron que llevaba también decenas de sacos de yute llenos de material aurifero.

El tercer vehículo era un camión Hino blanco, con cajón de madera, cubierto con una carpa plástica, de placas PAB-0477, conducido por David I., de 28 años. Al verificar su contenido los uniformados confirmaron que llevaba también varios sacos de yute con material mineralizado. Y en la parte posterior, tras los bultos, se encontraban los venezolanos:

-Wilmer F.

– Abraham P.

– Carlos Alberto M.

– Duglas G.

– Romer P.

– Cristian E.

Y el ecuatoriano Juan A.

En total fueron detenidos:

– 4 ecuatorianos (conductores y 1 cargador)

– 6 venezolanos (cargadores)

– 4 militares

Los policías incautaron los siguientes indicios:

– 3 camiones

– 11 terminales móviles

– Aproximadamente 600 sacos de yute con material mineralizado (triturado) de 45 kilos aproximadamente, cada uno. Y 80 sacos que fueron botados a granel en un compartimento por parte de los que cargaron.

– Una camioneta Ford Ranger, placas PEC7188, perteneciente al Centro de Inteligencia Estratégica, según indica la matrícula.

– 3 armas de fuego, tipo fusil.

– 4 pistolas

– 7 cargadores 5.56

– 4 cargador de pistola 9 mm.

– 44 cartuchos 9 mm

– 256 cartuchos 5.56 mm

Los indicios aprehendidos fueron ingresados  a las bodegas de la UN-AIE de la Subzona Imbabura.

DESINFORMACIÓN. Entre agosto y septiembre del 2023, esta alianza analizó 47 publicaciones del medio RT y 44 de Sputnik, sobre los entonces candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Fue notoria la parcialización de los medios rusos a favor de la candidata del correísmo, tanto en la cantidad de notas como en los enfoques. Por el contrario, su adversario y actual Presidente Daniel Noboa tuvo un espacio mínimo en los medios leales a Vladimir Putin. Entre los emblemas discursivos destacados estuvieron la nostálgica “década ganada” y la victimización por supuestos ataques y persecución.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

La parcialización de los medios Russia Today (RT) y Sputnik a favor de la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, fue notoria durante la campaña de las elecciones anticipadas del 2023. Eso se evidenció en las 91 publicaciones (noticias, análisis y videos) que ambos medios oficialistas hicieron, entre el 21 de agosto y el 15 de octubre del 2023 y que esta alianza cuantificó en detalle.

En ese período, las publicaciones de ambas páginas, financiadas por el gobierno de Vladimir Putin, se enfocaron en lo sorpresivo que resultó el paso del ahora presidente Daniel Noboa a segunda vuelta frente a la oportunidad del supuesto cambio que se abría para que González le brindara a la Revolución Ciudadana (RC) un anhelado triunfo.

En las notas de Sputnik es repetitivo el uso de frases rimbombantes de la RC como “recuperar la patria” o hacer historia con el posible triunfo de una mujer, portadora del legado de Rafael Correa. De hecho, su nombre aparece en al menos ocho de las al menos 43 notas sobre las elecciones que en ese periodo publicó la cadena rusa en su sitio en español.

Su misión, de acuerdo con la extensa semblanza sobre ella titulada: ‘Luisa González: la candidata que busca revivir el legado de Correa en Ecuador’, se usan citas de su discurso donde menciona referencias como: «La Revolución Ciudadana ya convirtió a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica y lo volveremos a hacer», afirmaba a fines de julio la candidata en su cuenta de la red social TikTok”.

Bajo esa línea se difundieron noticias, redacciones cortas de un párrafo o dos, extractos de emisiones noticiosas, entrevistas, análisis y videos. Todas expusieron lecturas sobre lo “esperanzador” que resultaría el regreso de la izquierda en Ecuador y la región, tanto en Sputnik como en RT.

Una vez conocido el paso de los candidatos González y Noboa al balotaje presidencial, en RT aparecieron, al menos, 46 notas que este medio mapeó, sobre las elecciones desde el día después de la primera vuelta electoral hasta la segunda vuelta, cuando al final del día Ecuador ya conoció a su nuevo Presidente.

Entre agosto y septiembre fueron reproducidas las mismas notas en las redes sociales de los medios rusos. Las reacciones y comentarios en apoyo al correísmo tampoco se hicieron esperar ni fueron filtrados. En al menos 21 de los posts de RT, el correísmo, su candidata, los logros del gobierno de RC y sus principales voceros, fueron los ejes.

Por ejemplo, la noticia titulada ‘Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer (Luisa González) logra un porcentaje tan alto (33%)’ –acompañada de un video- alcanzó 1.200 me gusta y 691 reposteos en la cuenta de X de RT. Se convirtió en el ‘post’ con la mayor cantidad de ‘likes’ que obtuvo Russia Today, desde mayo del 2023 cuando se anunció la muerte cruzada. Solo fue superada por una columna de opinión de Rafael Correa sobre la inseguridad del país, que llegó a mas 2.000 likes.

En el caso de RT, 13 de las 46 publicaciones en su portal web tuvieron como protagonista a la entonces candidata de RC y al mismo expresidente Correa. De hecho, días antes del sufragio, el medio del Kremlin le dio un amplio espacio a una denuncia sobre un posible atentado en contra de González. Se habló hasta de un detenido y de persecución.

Por ejemplo, en el texto titulado ‘La candidata ecuatoriana Luisa González confirma una alerta de posible atentado en su contra’ se replica una frase de la excandidata brindada en una entrevista a Radio Pichincha: «En lugar de vencer en las urnas, se busca quitar la vida a un candidato». Declaraciones que se acompañan de la reacción de Correa en sus redes sociales.

La misma denuncia sobre este atentado también tuvo eco en otros medios locales e internacionales. Google arroja 44 enunciados con esta noticia en portales ecuatorianos como Primicias, Diario Digital, La Hora, El Universo, Expreso, La República, El Mercurio y KCH.

En el ámbito internacional, el supuesto intento criminal apareció en Voz de América, Últimas Noticias (Venezuela), Venezuela News, Telesur, Extra (Perú), Swissinfo, El Correo (España), Página 12 (Argentina), Canal 26 (Argentina), C5N (Argentina), La Razón (Bolivia), W Radio (Colombia), France 24 entre otros. Y aunque en este último espacio –también afín a la izquierda- incluso se juntó esta acusación a un extenso perfil de a quien se refirieron como “La reencarnación de Correa”, el hecho se publicó una vez en cada espacio digital.

RT abordó este acontecimiento con seis publicaciones consecutivas durante septiembre pasado, a días de la segunda vuelta electoral.

El otro candidato, Daniel Noboa apenas fue mencionado como voz principal en tres notas del medio ruso y en dos de ellas se lo mostró como un candidato acusado por “evasión tributaria” y poseedor de empresas en paraísos fiscales.

Pero al realizar una búsqueda en redes, esas acusaciones en contra del hoy Presidente apenas se reprodujeron, como seguimientos, en tres publicaciones en medios locales: en el portal Confirmado.Net, El Diario Digital y Primicias.

Sputnik y su énfasis en el análisis

En Sputnik, 13 de las 43 notas publicadas sobre los entonces candidatos pueden considerarse neutrales, pues trataron aspectos logísticos e informativos de las elecciones:

-La repetición de las elecciones legislativas por los problemas del voto telemático en el exterior.
-El inicio de la campaña de segunda vuelta.
-El envío de documentos para las elecciones presenciales en el exterior.
-Las votaciones anticipadas para grupos prioritarios.

A esas se sumaron dos que abordaron la consulta popular para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra.
Así, Sputnik mantuvo su línea en el análisis, más allá de las noticias, a diferencia de RT. En sus textos fueron notorios los manejos de trabajos sobre los candidatos González y Noboa, pues en el primer caso se puso énfasis a su hoja de vida en el ámbito público como exfuncionaria de la revolución ciudadana, sin mencionar a su familia, mientras que al segundo se lo describió, de entrada, como el hijo de Álvaro Noboa y Anabella Azín, un magnate de derecha y heredero de una bananera.

En un intento por mostrar equilibrio, Sputnik publicó dos notas sobre González y dos sobre Noboa, el 21 de agosto y el 13 de octubre, respectivamente. En gran parte, las notas son similares, pero hay mayor espacio y profundidad en los textos sobre González.

En cambio, en una nota sobre ambos aspirantes titulada ‘La seguridad, en el foco de los candidatos a la Presidencia de Ecuador’, del 12 de octubre, hubo evidentes tratos diferenciados para favorecer a González: “Para la especialista en seguridad, Carla Álvarez, la propuesta de González es «ambiciosa» pero «realista», ya que propone “fortalecer la institucionalidad del Estado para que garantice la seguridad de los ecuatorianos”, destacó un párrafo sobre la candidata correísta.

El dedicado a Noboa dice: “Para Álvarez, el candidato centroderechista tiene una propuesta de seguridad «corta, sencilla y de orientación social», pero cuestiona que no sea esta la que Noboa presenta en sus discursos de campaña”. Mientras que en otro párrafo se analizó lo inaplicable de su propuesta.

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto, antes de la primera vuelta electoral, también tuvo despliegue en las notas de Sputnik hasta el balotaje.

El tema fue mencionado en por lo menos 18 notas. En muchas de ellas se lo trató como un motivo de preocupación para el movimiento correísta. Un ejemplo fue la publicación del 3 de octubre, en la que se citó como fuente al analista político Decio Machado, un exasesor del presidente Rafael Correa, en sus primeros años en el poder. Él enfatizó que lo ocurrido alrededor del caso se trató de una maniobra para culpar al correísmo, una injerencia de EE.UU, que tenía una intención de involucrar a Gustavo Petro, presidente de Colombia, y al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Allí se publicaron frases como: “Machado sostiene que resulta «evidente» desde el punto de vista geopolítico, que al Gobierno de EEUU «no le interesa que gane las elecciones la candidata Luisa González, que es la representante del progresismo», acusó”.

RT exalta la idílica “década ganada”

“Nunca he visto tantas pruebas tan contundentes, y es uno de los casos de corrupción más cínicos, porque un tipo que tras su traición se ha pasado dos años hablando de la lucha anticorrupción». Es una frase de Rafael Correa –sobre el expresidente Lenin Moreno- que RT recoge en una nota del 21 de marzo del 2019.

Esta publicación corresponde a uno de los 221 resultados que arroja Google al indagar si en el medio ruso hay publicaciones que mencionan la palabra corrupción y que también hablen de  Correa. Y en el 90% de esas publicaciones, el cacique de la Revolución Ciudadana es el protagonista y la voz principal de las noticias, nutridas con extensas frases de su autoría.

Son textos en los que abundan declaraciones del correísmo sobre el caso Ina Papers, campañas ‘sucias’ en contra de RC, intentos de golpe de estado y decenas de comentarios sobre las acusaciones de la Fiscalía en su contra. Pero referencias específicas sobre las consecuencias judiciales y casos de corrupción que se develaron desde el 2020 –que involucran directamente a militantes del correísmo-, son casi inexistentes para RT.

La palabra corrupción en las publicaciones de este medio es común en aquellas notas referidas a personajes claves del correísmo, pero se los muestra como víctimas o perseguidos políticos acusados de estos delitos. Tal y como ocurrió con las seis publicaciones consecutivas donde se dio un significativo espacio al presunto atentado contra Luisa González, en septiembre del 2023, a puertas de la Segunda Vuelta.

Por ejemplo, en otra nota titulada ‘Justicia ecuatoriana confirma legalidad de la detención de Glas en la Embajada de México’, del pasado 8 de junio del 2024, el exvicepresidente es quien “enfrenta investigaciones por corrupción, soborno y más”. Pero, en esta noticia o en otras no se brindan detalles de las investigaciones judiciales por las cuales está acusado y sentenciado. No tiene pasado judicial.

Y para que la opción del correísmo no se vea salpicada, RT apeló durante la pasada campaña electoral a la idea esperanzadora de un retorno a la “década ganada”. Así se expuso sin tapujos en el artículo de opinión del 28 de agosto del 2023, titulado ¿Puede Ecuador volver a la gloria de la ‘Década Ganada’?, del periodista ruso Denis Rogatyuk.

Hasta el 14 de mayo del 2024, la nota tuvo 864 visualizaciones en Facebook. Los datos citados por Rogatyuk se basan en una única fuente: el Centro de Investigación y Política Económica.

Según este análisis las principales características que definen a estos 10 años de Correa en el poder tienen que ver con la reducción de los índices de pobreza durante los años que duró su gobierno, reducción de la desigualdad, mejores cifras de empleo y menos asesinatos.

Los hechos sepultan la muletilla

En 2019, un informe que recoge auditorías internacionales sobre los 10 años del gobierno de Rafael Correa, “contabilizó” el coste de la corrupción en ese entonces. De acuerdo con esta revisión, entre el 2007 y el 2017 Ecuador perdió entre 30.000 y 70.000 millones de dólares por malversación de fondos.

Para Luis Verdesoto, exsecretario Anticorrupción en la presidencia de Guillermo Laso, el excedente público y el aumento de los precios del petróleo en el gobierno de Correa funcionaron como el “chantaje” ideal para que el país aceptara obras, pese a su alto costo. Aunque eso haya ocurrido “a cambio de una degradación democrática”.

El petróleo, entre el 2005-2017, promedió los USD 77 por barril, pero se mantuvo en precios elevados entre 2005 y 2014 (el promedio hasta ese entonces fue de USD 80). Ese último año, estuvo en alrededor de USD 100 por barril pero sucedió lo inesperado. Para 2015, el expresidente calificó como un “duro golpe” a la caída del precio del petróleo a USD 50 por barril pues representaba la mitad de las exportaciones del país y 2.000 millones de dólares en pérdidas.

Más allá de la infraestructura -explica Verdesoto-  hubo otros cimientos de corrupción sembrados en esta década como la creación de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), en el 2015. Una entidad desde donde se tomaron decisiones claves en otros organismos como Petroecuador, Flopec, por citar algunas.

Infraestructura que le costó más al país

Uno de los mensajes propagandísticos del Gobierno de Correa fue el cambio de la matriz productiva, que cobró fuerza cuando fue vicepresidente.

En 2013, Glas (a cargo del sector estratégico) proyectó un incremento de la hidroenergía del 45 al 93% y prometió que los excedentes petroleros y mineros se invertirán en infraestructura local. En esa línea, una de las obras bandera fue la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Carolina Bernal, investigadora de la Politécnica, dijo en declaraciones a la prensa que la hidroeléctrica que le costó al país, al menos, 2.400 millones de dólares estaba condenada a desaparecer porque el río fue alterado en su transporte de sedimentos y no se colocaron compuertas de base.

Mientras esta hidroeléctrica estaba en construcción, a cargo de la empresa china Sinohydro, la Revolución Ciudadana la promocionaba como una obra levantada con la mejor tecnología del mundo. En el gobierno de Moreno se empezaron a conocer un sinnúmero de fallas, grietas, fisuras y problemas técnicos, en la central que requieren intervenciones constantes. Once años después la obra aún no se entrega. Y está en riesgo de colapsar por la erosión regresiva del río Coca que cada vez está más cerca de la central. Ese riesgo nunca se tomó en cuenta ni se evaluó antes de la edificación.

Las ganancias de los negociados para la RC

Los perjuicios se extendieron también a otros proyectos, como los 3,8 millones de afectación al Estado que encontró la Contraloría en la construcción del Complejo Judicial Norte, a cargo del Consejo de la Judicatura, de la época de Correa.

Otra prueba fue la construcción de cinco edificios de Yachay Tech, la universidad promocionada como la Ciudad del Conocimiento. Según la Contraloría, desde las fases iniciales como las consultorías y estudios, pasando por la construcción e incluyendo la fiscalización hubo un perjuicio para el Estado de USD 31,4 millones.

Leonardo Gómez, del Observatorio de Gasto Público, recuerda que este tipo de “ganancias” durante la década correísta se repitieron en los países donde también coincidieron gobernantes de la misma corriente política, como Venezuela, España y Colombia. Y también Rusia y China, que se han interesado en este continente por cuestiones estratégicas y geopolíticas.

El festín del terremoto

Glas estuvo al frente del proceso del cierre del Fondo de Solidaridad, que dejó al país sin ahorros para solventar los imprevistos. Ese fue uno de los principales errores que se cometieron en ese régimen, según Gómez. Las consecuencias fueron evidentes en el terremoto del 16 de abril de 2016, que sorprendió al país sin ningún respaldo económico.

Esta tragedia significó uno de los puntos de inflexión de la “década ganada” tanto por las pérdidas, como por los cuestionamientos de la tan esperada reconstrucción.

El Gobierno presupuestó más de 3.000 millones de dólares para ese fin, ayuda que finalmente ingresó con un incremento del IVA del 12 al 15%, donaciones y créditos de organismos internacionales. Pero el detalle de esos recursos y sus usos nunca fueron claros.

Hasta el 2022, la Contraloría realizó 97 exámenes especiales sobre las obras, uso del dinero proveniente de donaciones y créditos para la reactivación de las zonas afectadas. Allí se encontraron gastos no justificados, entrega de anticipos sin sustento, bonos entregados a personas no afectadas, nombres de beneficiarios duplicados, proyectos inconclusos, entre otras novedades. Por ejemplo, –y a manera de seguimiento- esta entidad ejecutó dos exámenes especiales aprobados en el 2021 sobre recursos entregados destinados a la recuperación habitacional de familias afectadas en Manabí.

En ambas revisiones, el organismo de control examinó más de USD 153 millones y encontró entrega de anticipos a contratistas del 50% al 70% cuyos valores no se justificaron.

Danilo Herrera, exministro de Transporte en el gobierno de Lasso, fue testigo de que hasta el 2017 los fondos en efectivo reservados para la reconstrucción, ya no existían. Lo que quedó, hasta ese momento según el exministro, fueron líneas de crédito y la información que debieron recabar los gobiernos locales sobre avances, se perdió con el cambio de cada administración.

Listado de las 91 publicaciones Sputnik y RT analizadas por esta alianza

El enfoque de RT es más noticioso

Aunque Europa sacó del aire al canal ruso RT en 2022, tras la ola de desinformación por la guerra con Ucrania, Ecuador lo hizo antes, por la cobertura que el medio propagandístico del Kremlin hiciera de las protestas de 2019. Fue el escenario perfecto para que RT desplegara su campaña contra el FMI y EE.UU. e
intentara socavar el orden democrático en el país andino. 

Vistazo y Código Vidrio analizaron más 800 publicaciones que hizo RT y su medio satélite Sputnik en redes sociales y su página web con una clara tendencia hacia agudizar el caos. Que hubo descontento popular es un hecho. Por eso, el politólogo español Manuel Alcántara describen las democracias como «fatigadas». Pero esta insatisfacción fue exacerbada
y aprovechada por un actor político que está fuera de la región.

Alianza Vistazo – Código Vidrio
Proyecto Desinformación

INVESTIGACIÓN. Era el 4 de octubre de 2019 y nadie podía predecir que se calentaban unas protestas que estuvieron a punto de tumbar al gobierno. Tres días atrás, Lenín Moreno anunciaba la eliminación de los subsidios a los combustibles, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algunos gremios salieron a protestar por una medida que no había sido socializada, razón por la cual Moreno decretó un estado de excepción. Ese cuatro de octubre, el medio oficial ruso lanzaba un video en tono de sátira en el que aseguraba que, con el acuerdo con el FMI, “los ecuatorianos tendrán que empezar a pagar el doble por servicios básicos, ver reducidas sus vacaciones a la mitad o entregar mensualmente un día de su salario”. Y concluía: “Cada vez que el FMI intervino de una u otra manera en el Ecuador, el resultado fueron turbulencias económicas y sociales, con consecuencias desastrosas para la gente de a pie”.

Ese mismo día, un artículo en el medio satélite Sputnik Mundo, citando a voceros del correísmo se adelantaba a un escenario: “Lenín Moreno: entre la ‘muerte cruzada’ y los fantasmas de la oposición”. No solo eso, el correísmo admitía que “una eventual destitución de Moreno no sería fácil, por lo que planteaba usar el mecanismo de “muerte cruzada”, para que el presidente y la Asamblea Nacional sean depuestos y llamar a nuevas elecciones. Esos días recién empezaban a calentarse las calles: el 3 de octubre el gremio del transporte hizo un paro que terminó el mismo día, mientras el movimiento indígena, comandado por la Conaie, anunciaba una movilización hasta Quito.

Con el pasar de los días, el canal gubernamental del Kremlin, Russia Today o RT, no tenía empacho en amplificar el discurso del correísmo contra el gobierno y satanizar el acuerdo con el FMI. El expresidente y antes amigo íntimo de Lenín Moreno, decía en entrevistas con RT que era una opción lanzarse de candidato si el presidente resultaba destituido. No obstante, en ese entonces Correa, que se había ido a vivir a Bélgica, estaba siendo procesado por el caso Sobornos, lo que ponía en riesgo que al ser condenado ya no podría ser candidato en las elecciones de 2021. La posibilidad de unas elecciones anticipadas era una urgencia para el correísmo.

Para el 7 de octubre, la movilización indígena logró arribar a Quito, lo que obligó al presidente Moreno a trasladarse a Guayaquil. RT enfiló su artillería con titulares y enfoques tendenciosos:

Protestas de octubre del 2019. (Foto de archivo)

Este patrón no solo se dio durante octubre de 2019, sino que se repitió en julio de 2022, cuando las protestas también tenían como objetivo derrocar al presidente Guillermo Lasso. Los medios rusos operaron de la misma manera, y el expresidente Correa apuntaba a la salida de la muerte cruzada o renuncia de Lasso. En ese momento él ya no podía ser candidato porque ya había sido sentenciado por el caso Sobornos. ¿Cuáles son los objetivos de Rusia?

Esta alianza periodística revisó una base de datos con 496 publicaciones que hizo RT en sus redes sociales sobre las protestas de 2019 y 2022, y 371 publicaciones que hicieron RT y su medio satélite Sputnik en sus páginas web. Por medio de una consulta realizada a través de la plataforma de inteligencia de noticias Event Registry, desde DFR Lab y, con el apoyo del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos (OIME), obtuvimos y analizamos esos artículos publicados en dos períodos: entre el 13 de junio y el 31 de julio del 2022, y el 2 y el 18 de octubre del 2019.

El 70 por ciento de las publicaciones resulta tendencioso, en contra de los gobiernos de turno, satanizando las medidas económicas y haciéndole el juego al correísmo. No obstante, el papel de los medios rusos tuvo mayor relevancia en 2019, ya que ese año fue bloqueado en Ecuador después de la cobertura que dio a las protestas.

TRANSMISIONES EN VIVO

Las protestas de octubre de 2019 duraron 11 días. Lo más violento se vivió entre el 7 y el 13 de octubre. Y fue justamente en esos días cuando el canal ruso RT empezó a hacer transmisiones en vivo de las protestas. El cámara del medio ruso hacía tomas de las inmediaciones de la Asamblea Nacional, donde se enfrentaban policías y manifestantes, siempre desde el lado de los protestantes. Esta alianza logró recuperar 17 transmisiones en vivo que se hicieron por medio de su página de Facebook y que aún se pueden ver. Por ejemplo, una del 8 de octubre dura más de una hora. Tuvo casi 900 mil visualizaciones, más de 9 mil reacciones y más 4 mil comentarios. De todas las publicaciones analizadas de RT, estos “en vivo” fueron los que más reacciones en redes le generaron al medio.

Pero no solo se podía ver a través de internet. Russia Today llegó al Ecuador en tiempos del gobierno de Rafael Correa y parte de su programación se trasmitía por EcuadorTv, el canal público. Sin embargo, cuando Lenin Moreno llegó al poder en 2017 intervino los medios públicos y sacó esa programación. Así RT se quedó solo con la señal por cable. Durante las protestas de 2019 sus transmisiones en vivo también se veían por esa señal y repetían la palabra paquetazo en sus titulares.

Una vez concluidas las protestas, la entonces ministra del Interior, María Paula Romo, dio una rueda de prensa en la que calificó las acciones como una medida de desestabilización al gobierno y dijo: “El ataque en redes sociales, la cantidad de información falsa, la cobertura que hizo en vivo en canal público de Rusia de todo lo que estaba sucediendo en las calles. Llama la atención que haya sido una protesta transmitida en vivo por el canal público del gobierno ruso”, haciendo referencia de que Rusia sería parte de la estrategia de desestabilización. A su criterio, se habría estado exacerbando las protestas.

En respuesta, RT publicó otro video satírico en el que la presentadora dijo que Bob Esponja fue tendencia en Twitter en Ecuador porque fue lo que transmitió uno de los grandes canales “en medio de una descomunal crisis social y política”. Según Rusia, así se taparon las protestas. Y por eso argumentaba que los ecuatorianos se volcaron a las redes sociales y a los medios internacionales, en este caso RT, que mostraban una realidad muy distinta.

El cruce de calificativos pareció no pasar de eso. Ni el gobierno de Moreno inició alguna investigación o acciones legales ni RT pasó de las respuestas satíricas. Con el diálogo entre gobierno y sector indígena, y la derogatoria del decreto que eliminaba los subsidios, el país volvía a la calma. Pero justo un mes después, el 15 de noviembre, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) sacaba la señal de RT de la programación por cable.

Aunque CNT argumentó explicaciones técnicas y beneficios para los usuarios, la suspensión fue una decisión política por la cobertura que RT había hecho de las manifestaciones. De hecho, el gobierno tenía pensando hacerlo durante los días de violencia. María Paula Romo, confirmó a esta alianza periodística, más de cuatro años después, que se trató de una decisión política. Según Romo, Rusia se caracteriza por exacerbar los conflictos locales para desestabilizar las democracias y, en 2019 y 2022, usó esa estrategia a través de RT.

Si bien, el protagonismo del paro en 2019 se lo llevaron los líderes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas, que se convirtieron en el rostro de las demandas sociales, Romo dice que no fue un tema doméstico porque “el grupo de Puebla” o los expresidentes del Socialismo del Siglo XXI venían planeando una ola de desestabilización, ya que la derecha estaba desplazando a esos gobiernos. Y no es desconocido que Rusia siempre ha apoyado a esos gobernantes. De allí, según Romo, que la chispa de las protestas se prendió también en Colombia y Chile durante 2019.

No obstante, hay otra mirada sobre las protestas y la cobertura de los medios. Jonathan Luna Noa, máster en Comunicación por la Universidad Politécnica Salesiana y especialista en Comunicación Digital por la UASB, dice que los medios tradicionales no dieron cobertura a las demandas de los manifestantes y que ese papel lo asumieron los medios internacionales y los digitales. Luna, quien publicó un estudio sobre el medio nativo digital Wambra Radio que abrió sus micrófonos a la marcha indígena, dice que ese fue el motivo por el que los manifestantes quisieron quemar un canal de televisión en Quito.

Es un hecho que la decisión que afectaba el precio de los combustibles en 2019 no fue consultada y, al ser una imposición, tomó por sorpresa a un gran sector poblacional que se sintió perjudicado. A eso se sumaron otras demandas sociales pues la economía ecuatoriana se estaba deteriorando después del boo petrolero.

Sobre el papel de RT, Luna dice que no puede ser categórico en sacar una conclusión, pero afirma que “Todos los medios tienen una ideología política y tienen una visión de si están a favor o no de un gobierno” y que la cobertura da cuenta de qué tendencia tienen los medios rusos. De todas maneras, sugiere que la razón para sacar del aire a RT pudo haber sido que las transmisiones en vivo, no necesariamente impulsaban a salir a la gente a salir a las calles, sino que se veían alrededor del mundo y eso creaba una mala imagen para el gobierno: un país en conflicto y represivo.

¿En qué medida afectó la salida del aire a RT? Quizá no mucho porque, aunque no se puede ver al canal de Kremlin por Tv, Rusia mantiene presencia en Ecuador a través de sus redes sociales y su página web. No obstante, Europa sí pudo sacar del aire a los medios rusos, no solo de los canales analógicos, sino que bloqueó todo acceso a redes sociales y páginas web, tras la ola de desinformación de la guerra con Ucrania en 2022. Incluso plataformas como Facebook y YouTube hay borrado los contenidos de RT.

Pero en Latinoamérica y Ecuador, mantiene su presencia. Eso le ha permitido cuestionar a los gobiernos que no son de su agrado o posicionar sus mensajes en contra de EE.UU., el FMI e incluso la dolarización. Con la ola de violencia desatada en Ecuador por diferentes factores, RT no escatimó, por ejemplo, en lanzar una campaña para posicionar que la dolarización es la principal causa del narcotráfico. Para Putin, el hombre que ha gobernado Rusia por casi 30 años y ha consolidado un gobierno autoritario, Russia Today funciona como un Ministerio de Defensa para un país que tiene varios frentes en conflictos internacionales para posicionar sus intereses.

Las democracias como tal enfrentan nuevos desafíos. De eso habla el politólogo español Manuel Alcántara en entrevista con esta alianza. Entre los síntomas del cansancio democrático se destacan tres: el descontento de la población; la angustia porque no vive mejor de lo que en su momento vivieron sus padres, por falta de oportunidades y acceso a servicios; y, la pérdida de organizaciones políticas que representen a los ciudadanos, lo que lleva a la personalización de la política. Esto ocurre en Ecuador, que en agosto de 2024 recordó el aniversario 45 del retorno a la vida democrática.

CAJA DE RESONANCIA

En 2019, mientras RT cubría en primera línea las protestas y amplificaba los mensajes de ciertos sectores políticos que querían ver caer al gobierno, su canal satélite Sputkin Mundo se encargaba de dar voz a distintos personajes identificados con el Socialismo del Siglo XXI para cuestionar las políticas económicas de Ecuador. Titulares como estos se repetían a diario en Sputnik:

“De eso se trata la guerra de información de Rusia, para ampliar esas diferencias”, dice Vladimir Rouvinski, un ciudadano ruso radicado en Latinoamérica desde hace 30 años, que estudia la influencia del Kremlin en la región. Rouvinski es profesor de Ciencia Política en la Universidad Icesi de Cali, Colombia, y ha escrito algunos trabajos académicos sobre cómo Rusia intenta posicionarse en América Latina. Explica que al Kremlin no le interesa la resolución de conflictos y por eso sus medios dan gran cobertura a las protestas en los países de la región.

A diferencia de China que tiene mucho dinero para dar créditos a los países latinoamericanos o competir en inversiones con EE.UU. y Europa, Rusia no tiene esos recursos, pero sí sabe cómo usar su maquinaria de propaganda y desinformación, explica Rouvinski. Por eso ya no financia dictaduras, como lo hizo en su momento la URSS con Cuba, sino que ahora promociona a sus aliados. Es el caso de la Venezuela de Nicolás Maduro que se ha convertido en un satélite del Kremlin. Y ese fenómeno se puede ver en la cobertura de las protestas en Ecuador.

Más que a cualquier analista, en las protestas de 2019 y 2022, RT y Sputnik amplificaban todo lo que salía de Venezuela y las opiniones de Maduro:

Por eso el trato con las protestas en Venezuela para RT es diferente. Mientras en el resto de países, Rusia considera legítimas las aspiraciones de los protestantes por derrocar gobiernos, en Venezuela minimiza las manifestaciones de un amplio sector que ahora se está movilizando contra la cuestionada reelección de Maduro.

En Ecuador RT usó todos los recursos posibles para deslegitimar al gobierno y dar la razón a los protestantes. Aunque el paro era el causante de la paralización del sector productivo, el medio ruso lanzó noticias y videos sobre las pérdidas económicas que eran mayores que lo Ecuador iba a recibir como préstamo del FMI. Según varias fuentes, sus periodistas decían que el país estaba perdiendo 33 millones de dólares diarios en Turismo; 120 millones diarios perdían las empresas, y 8,6 millones la producción petrolera. Los cálculos de RT anunciaban que, si el paro continuaba por un mes, las pérdidas ascenderían a cerca de 500 millones de dólares. Los analistas invitados al set ruso consideraban la salida inminente de Moreno y el rompimiento del acuerdo con el FMI.

El investigador estadounidense Douglas Farah, quien escribió el informe “Campañas de influencia rusa en América Latina”, junto al español Román Ortiz, dice que a través de estos discursos Rusia intenta posicionarse en América Latina y lo está logrando. “Lo que buscan es quitar, redefinir lo que ha definido o tratado de definir Estados Unidos y la Unión Europea desde la guerra fría. El discurso es “necesitamos un mundo multipolar, Estados Unidos maneja un mundo unipolar”. Lo que ellos entienden es que no pueden quedar mensajes muy pro rusos. No están diciendo “Rusia es lo mejor”, sino: “Somos una alternativa a Estados Unidos”.

MANIPULAR LAS EMOCIONES

Estas coyunturas críticas como movilizaciones son caldo de cultivo para la propagación de falsas noticias o bulos. Una investigación de Tania Villalva y Pablo Romero, docentes de la Universidad Politécnica Salesiana, determinó que en octubre de 2019 se usaron este tipo de estrategias para apelar a la emotividad y abonar al caos y a la crisis social. Aunque los autores son críticos con las medidas económicas del Moreno, encontraron que 48 de 53 piezas analizadas tenían como “víctima” narrativa al gobierno, con enfoques como “Gobierno modifica el sueldo básico a USD 280”, “Se incrementa el costo del pasaje”, “Militares hacen llamado al soldados indicando que es hora de sacar a Moreno”, “La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, señala que los transportistas decidieron levantar el paro y que en las calles solo quedan unos zánganos”, “Se elimina el subsidio del gas”, etc.

El estudio encontró patrones que permitieron presumir que el interés de circular bulos era para que el proceso de diálogo entre gobierno e indígenas no prosperara.

De acuerdo con Rouvinski, RT se cuida de replicar falsas noticias al igual que los otros medios de comunicación, pero su tratamiento de la información busca el mismo objetivo: polarizar más y que los conflictos se agudicen.

Con su experiencia en esta línea de investigación, Vladimir Rouvinski destaca que las campañas rusas son hábiles para explotar el ángulo emotivo de las audiencias. Para ello, además, aprendieron a usar formatos narrativos disruptivos, que impactan profundamente en las audiencias jóvenes.

En Ecuador, los jóvenes son quienes se sienten más defraudados por la democracia. En un país que no ofrece oportunidades de estudio ni empleo, la suya es una voz crítica. Del padrón electoral para las presidenciables de febrero de 2025, el 59,5 por ciento de empadronados tiene entre 19 y 49 años. «No podemos mirar a otro lado y decir que la democracia es perfecta, algo le pasa. Ella tiene instrumentos para regenerarse, ellos pasan por escuchar a voces diversas», advierte Alcántara.

EXCLUSIVA. Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, se convirtió en un escenario de violencia extrema por el control de sus codiciadas minas de oro. La megabanda de Los Lobos, aliada con el Tren de Aragua y grupos armados colombianos y peruanos, ha desplazado o sometido a mineros ilegales y legales de la zona, a través de extorsiones, secuestros y asesinatos. Las cruentas disputas internas entre facciones de Los Lobos y el creciente poder de bandas extranjeras han disparado la violencia en la región fronteriza. Esto ha obligado a las empresas mineras legales a reforzar su seguridad. En esta investigación transnacional revelamos el peligroso avance de estas alianzas criminales y sus protagonistas. Un pico de las arremetidas criminales fue en abril de 2023, cuando Los Lobos se tomaron las  instalaciones de la empresa Bonanza (Foto toma de video registrado en las cámaras de la empresa).

Alianza Investigativa Transfronteriza Vistazo – Código Vidrio – Ojo Público  

“Aquí no vivimos. Aquí hay que ver cuánto duramos”. El hombre, de 45 años, a quien llamaremos Jorge, pide proteger su identidad porque no quiere ser víctima de los ‘desalmados’. Así llama a quienes convirtieron al cantón minero Camilo Ponce Enríquez en un territorio de oro y sangre; de cuerpos calcinados y decapitados; de mineros secuestrados; alcaldes asesinados y extorsiones.“Se volvió un infierno y yo no quiero morir quemado”, nos dice, mientras jura que no quiere volver más vivir a este lugar.

En esa pugna se enfrentan dos facciones del grupo criminal Los Lobos, bandas que se identifican como miembros del Tren de Aragua, de Venezuela; integrantes de grupos paramilitares de origen colombiano, que se presentan como el ‘Ejército Nacional’, según informes de Inteligencia levantados en el lugar. A ellos se suman células de procedencia peruana, que –según tres agentes investigadores entrevistados para este reportaje– son el enlace para el ingreso ilegal de armamento, municiones y explosivos desde este país.

El último 13 de agosto, un nuevo hecho violento conmovió a esta ciudad de aproximadamente 30 mil habitantes. Cinco hombres fueron asesinados: dos de ellos, decapitados. Un tercero, calcinado. La policía detuvo a tres presuntos involucrados en una zona ubicada muy cerca de una operación minera. Uno de los detenidos tenía menos de 18 años.

Los fallecidos eran miembros de Los Lobos Box, una disidencia de la estructura nacional. La facción rebelde es originaria de Machala, en El Oro, y desde este año disputa el control de esta zona minera.

Atrapados por está violenta disputa están los habitantes del cantón, las autoridades locales, los trabajadores y administradores de las minas legales, que operan en condiciones cada vez más peligrosas, y los mineros ilegales y sus familias.

Ponce Enríquez tiene una ubicación estratégica. Colinda con las provincias de Guayas, cuyo puerto del Océano Pacífico es usado para el envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa; y El Oro, en cuya frontera con Perú existen corredores clandestinos para el tráfico de armas, explosivos y precursores químicos.

Pero no solo eso. Este cantón también concentra un porcentaje importante de concesiones y minas de oro (en su mayoría subterráneas). De aquí se extrajo el 30% del oro obtenido entre 2005 y 2015, según datos de la autoridad local. A diferencia de otras zonas, gran parte de estas concesiones son legales.

Hacia los primeros meses de 2022, aumentó la codicia de los grupos violentos, como ya ha ocurrido en otras zonas del país. En Ponce Enríquez buena parte de las minas son operadas por compañías legales que extraen oro de concesiones otorgadas por el Estado.

Los Lobos crecen en la Sierra y la Amazonia

Esto no pasó desapercibido para Los Lobos. La agrupación fue, hasta la pandemia, el brazo armado y de sicarios de Los Choneros, estructura criminal predominante en el país. Esta banda se especializó desde la década pasada en el envío de cargamentos de droga en lanchas rápidas por el corredor del Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos.

A Los Choneros no les interesaban las provincias andinas, de la serranía. En cambio, Los Lobos tuvieron la visión de abrir rutas de microtráfico en la sierra central del país. En esa misión armaron nuevas estructuras, a la sombra, explica a esta alianza la perfiladora criminal Alexandra Mantilla. De esta manera, agrega la experta, Los Lobos dominaron la cárcel de Cotopaxi y expandieron su radio de actividades y su alcance geográfico.

Por el norte, en la proximidad con Colombia, llegaron a desplazar al Frente Oliver Sinisterra, de disidentes de las FARC, quienes controlaban la minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, advierte un exgeneral de la Policía, que estuvo al frente de operaciones de control en la frontera norte. Los Lobos cobraban cinco dólares por cada bulto, o saco, de aproximadamente 25 kilos de material mineralizado extraído de la ‘ciudad de plástico’, como la llamaron las autoridades luego de una operación masiva en 2019.  El valor de un bulto bordea los 4 mil dólares. Para esa época se calculó que siete mil personas, de distintas nacionalidades minaban ilegalmente en esa zona de montaña, ubicada en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura.

La actividad minera ilegal en esa zona se realiza en sitios de difícil acceso, y la extracción de los bultos requiere del trabajo en poleas. A partir del volumen decomisado en el operativo más grande realizado hasta el momento, se estimó la cifra de ganancias en 2 millones de dólares.

Con la experticia y los millonarios recursos obtenidos en el norte, Los Lobos se orientaron hacia las áreas mineras que se encuentran en Azuay, en la zona andina ubicada al sur del país. Incluso mantienen la explotación ilegal en Buenos Aires desde donde transportan grandes cantidades de material mineralizado hacia El Oro y Azuay, para refinarlo en las plantas de beneficio, que también están bajo su control.

Azuay es la provincia que acoge a la cárcel de Turi, donde dominaba Wilmer Chavarría, ‘Pipo’, quien es el fundador de ese grupo criminal y está prófugo. Esta expansión se aceleró después del 2020, cuando el líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue asesinado, y reemplazado por José Macías, alias Fito, y Junior Roldán. Pipo no estuvo de acuerdo con el relevo y abandonó Los Choneros, al igual que otros grupos más pequeños. Los siguientes años Pipo fortaleció su liderazgo y diversificó su portafolio criminal, especialmente con la toma de minas para explotación de oro, así como las extorsiones a empresas mineras, según informes de Inteligencia revisados por esta alianza. En 2023, según dos oficiales de Inteligencia consultados, también empezó su despunte fuera de las fronteras nacionales. A partir de alianzas con grupos armados y bandas en Colombia (Comandos de la Frontera) y con el Tren de Aragua y miembros de bandas que operan en la frontera, del lado peruano. También han sido detenidos y extraditados dos cabecillas de Los Lobos en Chile.

En este contexto, Ponce Enríquez cobró gran relevancia. Se convirtió en un laboratorio criminal y una fuente permanente de millonarios ingresos. En este cantón la organización delictiva rápidamente aprendió la dinámica de toda la cadena, desde la extracción, hasta el procesamiento, comercialización y exportación de oro hacia mercados internacionales.

Se apropian de las minas a sangre y fuego

A diferencia de Buenos Aires, en Ponce Enríquez la mayor parte de la actividad es legal. Con los meses, Los Lobos se apoderaron de minas concesionadas a titulares mineros, desalojando a sus legítimos dueños con amenazas, crímenes ejemplificadores y secuestros selectivos. A varios les permitieron operar, a cambio de que entregaran el porcentaje mayoritario de las ganancias, y les garantizaron su vida a cambio de silencio.

No siempre cumplieron el pacto. En una siguiente etapa, el grupo armado impulsó la apertura de frentes de explotación ilegal, en áreas aledañas a riberas de ríos, a cambio de una inversión inicial de entre 300 y 900 dólares por cada minero, a manera de una acción. A los mineros ilegales que apoyan a la estructura criminal les dan un nombre específico: sableros.

La estructura se hizo fuerte sembrando el miedo, en unos casos. En otros, gravitó la simpatía de quienes encontraron en la extracción del oro impulsada por esa banda, así fuese ilegal, la solución a la crisis económica y el desempleo agravado tras la pandemia, en 2020. Ponce Enríquez se había convertido en un polo de atracción para personas de varias nacionalidades, en busca de un ingreso, sin importar el riesgo. A cualquier precio.

Entre octubre de 2022 y agosto de 2023, esta megabanda multiplicó secuestros, intimidaciones, sicariatos, extorsiones, y se apoderaron por la fuerza de minas en varias concesiones auríferas de esta zona y la parroquia aledaña de Tenguel, cantón Guayaquil, en Guayas, se lee en un informe de inteligencia al que accedió esta alianza.

Para sus actividades ilícitas -describe el documento hoy revelado- desarrollaron una estructura conformada por un brazo armado (armas de largo y corto alcance), un brazo operativo (sableros, personal experto en explosivos); y, un brazo de seguridad, a su vez integrado por tres anillos. Ciudadanos ecuatorianos, peruanos, venezolanos y colombianos colaboran en los distintos niveles de la operación. Es un ejército criminal integrado por cientos de hombres armados, según indicó un agente de Inteligencia.

Una empresa se resiste a pagar extorsiones 

Hasta 2023, las autoridades no podían intervenir, por falta de denuncias que sustentaran el inicio de procesos judiciales, especialmente, al tratarse de áreas concesionadas a empresas privadas.

Sin embargo, las declaratorias de estados de excepción, y sobre todo la del Conflicto Armado no Internacional, de enero de 2024, viabilizaron el ingreso de la fuerza uniformada, aún sin denuncias formales. Para entonces quedó en evidencia que había una veintena de minas en poder de Los Lobos, algunas de las cuales ya estaban siendo operadas durante más de un año, por la organización delictiva.

Según documentos clasificados a los que accedimos, había 40 grupos de sableros. De cada mina a la que ingresaban, el 50 por ciento de lo extraído pertenecía a los grupos locales de mineros previamente establecidos; la mitad restante, a la estructura local de Los Lobos. Pero una vez procesado el material minero, donde según estudios la pureza es alta, la mitad del oro se destinaba directamente a la estructura nacional, establecida en El Oro y, concretamente, su capital, Machala. Del 50 por ciento restante se privilegiaba el pago a actividades de logística, administración y a los cabecillas locales. Si la producción era escasa los sableros recibían pagos mínimos. Pero si era abundante, alcanzaba para pagar 1.500 dólares a cada uno de ellos. Eso sí, les retenían un impuesto, es decir vacunaban a sus propios obreros.

En una concesión específica, donde el grupo ilegal se apropió de dos bocaminas a través de amenazas a la empresa propietaria, extraían entre 16 y 20 kilos mensuales. Cinco operadores se encargaban de la venta del oro a 58 mil dólares por kilo, en mercados donde nadie investiga el origen, ni la sangre oculta detrás del lingote. Así, la operación solo en esta mina generaba ingresos mensuales de un millón de dólares. Con otras minas en su poder, en este cantón, la estructura aseguraba ingresos mensuales de más de 3,6 millones de dólares. De ese valor, la mitad se destinaba al mando de ‘Los Lobos’ a nivel nacional, según reportes de Inteligencia.

Uno de los primeros acontecimientos que alertó sobre la peligrosidad y alcances de esta organización criminal fue la toma de las instalaciones de la empresa minera Bonanza, en octubre de 2022. Fueron secuestrados 70 trabajadores en el sector Bella Rica. Los secuestros continuaron imparables, con el fin de exigir a la empresa el pago periódico de vacunas. En diciembre del 2022 se reportaron dos nuevos episodios con la retención de 45 trabajadores legales. Y en abril del 2023 hubo otra retención de obreros y robo de material mineralizado en Bonanza.

En adelante, en contra de lo que esperaban los delincuentes, la empresa redobló su seguridad y se negó a pagar las extorsiones, tampoco cedió a las pretensiones de los cabecillas que exigían el ingreso de mineros reclutados por el grupo criminal a la compañía. De manera formal, los directivos de esa compañía pidieron la intervención de los militares y enviaron decenas de comunicaciones a autoridades del gobierno, en Quito. Denunciaron públicamente lo que estaba ocurriendo en los medios locales. Solo entonces los ataques criminales contra esa compañía pararon.

No obstante, los criminales continuaron secuestrando trabajadores y directivos de otras empresas, hasta el 4 de abril de este 2024. Ese día varios armados cubiertos los rostros con pasamontañas ingresaron a la empresa minera Minereisis.

En lo que va de este año, los s militares y policías han intensificado sus intervenciones en esta zona, en medio de constantes denuncias de mineros legales sobre amenazas de grupos criminales.

El Tren de Aragua llega a Ponce Enríquez

En medio de las intervenciones, los agentes  de Inteligencia recabaron indicios de que miembros identificados con el grupo de origen venezolano Tren de Aragua también actuaban en Ponce Enríquez. Para ello, desde marzo de 2023 explotaban la imagen violenta asociada a esa franquicia para generar miedo.

Esta alianza accedió a documentos que revelan la planificación de un “ataque armado empleando un aproximado de 30 a 40 ciudadanos de nacionalidad venezolana”, a mediados de 2023. Ya para entonces se habían identificado los tres anillos de seguridad: los ‘del puerto’, los ‘huevos’ y los ‘chamos’. Estos últimos, en un número fluctuante, se han venido encargando de secuestros, extorsiones y sicariatos. En tanto, los del puerto articulan con pares peruanos el ingreso de armas y el traslado del material hacia localidades de El Oro, donde están las refinerías, conocidas como plantas de beneficio. Los ‘huevos’ vigilan la producción en los túneles y minas subterráneas.

En una operación sorpresa, a mediados de ese año, los miembros del Ejército encontraron dinero en efectivo y un arsenal. Detuvieron a 11 personas, entre ellas, tres de nacionalidad peruana. En otro operativo detuvieron a otro grupo, entre ellos, un policía activo. Y en una acción de desalojo a una mina, los ilegales huyeron pero dejaron evidencias de cobros y repartos. Algo tan detallado como la contabilidad de una empresa, aunque registrado manualmente, en cuadernos. De ellos se desprende el pago a los extranjeros.

Los Lobos Box entran en disputa 

La dinámica empezó a cambiar aceleradamente, a inicios de 2024. Los militares amparados en la declaratoria de Conflicto Armado, que el gobierno de Daniel Noboa emitió en enero, empezaron a golpear las estructuras, a partir de operativos. En una de las incursiones recuperaron una de las tantas minas tomadas por el grupo criminal. Allí se instalaron de manera permanente, incluso en medio de críticas por tratarse de una zona  concesionada a una empresa privada. Sin embargo, según los altos oficiales de FF.AA., se trata de lugares de tan difícil acceso que la única manera de garantizar el control es la presencia permanente de uniformados en el sector.

Los operativos de Inteligencia y tácticos se intensificaron este año. En una acción coordinada de fuerzas cayó, nada menos, que ‘Comandante Vicente’ (Vicente Angulo Sosa), considerado uno de los mandos de alta jerarquía en Ponce Enríquez. Privado de la libertad, no pudo mantener el control del grupo porque la organización no reconocía el liderazgo de sus dos hermanos menores. Uno de ellos fue asesinado. Así, la agrupación delictiva empezó a debilitarse, en medio de la arremetida de la estructura que llegó desde Machala, conocida como Los Lobos Box, financiada por Miguel C. y liderada por un exboxeador devenido en delincuente.

Ya desde fines de 2023 se habían producido roces por el reparto de las ganancias. El grupo que se afincaba en Machala y otros poblados de El Oro empezó a disputar el control del territorio. La estructura nacional, que en ese cantón es comandada por alias “Calaca”, no se quedó atrás. Unos y otros se disputaron también el reclutamiento de los más violentos sicarios peruanos, venezolanos y colombianos. Entraron en escena los miembros del Tren de Aragua. Investigadores advirtieron a esta alianza que hay además un “significativo incremento” de irregulares colombianos, fuertemente armados, que buscan exterminar a los ‘Lobos Box’. Algunos serían contratados por responsables de la seguridad en concesiones mineras. De esta manera, en la confrontación aparecen nuevos actores: los guardias privados y los paramilitares foráneos.

Todos estos actores armados dispararon la violencia este año. Los secuestros masivos en minas para identificar delatores y traidores se volvieron noticias comunes. “Ocho cuerpos calcinados y decapitados en Ponce Enríquez”. “49 personas secuestradas en una mina”, son dos de los titulares de notas periodísticas entre junio y julio. Y el martes 13 de agosto pasado un nuevo enfrentamiento armado provocó seis muertos, dos fueron decapitados y uno incinerado. Todos eran integrantes de Los Lobos Box, que se habían tomado una mina en el sector Las Lomas. En la madrugada fueron atacados a tiros por el grupo dirigido por Calaca, causando pánico entre moradores de los caseríos y campamentos aledaños, donde operan mineros ilegales.

En medio de la escalada de los enfrentamientos, los militares explican a esta alianza que pese a las dificultades logísticas y de acceso buscan recuperar de la criminalidad a los territorios tomados. Para ello intercambian información con sus homólogos de los países vecinos, que les permitan detectar blancos de alto valor que han llegado hasta esta zona. Entre tanto, el Gobierno planifica una intervención a gran escala, que se podría concretar las próximos semanas.

Entre tanto, la fiebre del oro deja un rastro de sangre y violencia, cada vez más extenso.

China aceptó compromisos voluntarios a partir de su Examen Periódico Universal (EPU) y diez de las once recomendaciones que le hicieron sus pares sobre las actividades de sus empresas en el extranjero, sobre temas relacionados con medioambiente y derechos humanos, informó el Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA).

Por Ana María Carvajal

De acuerdo con el Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), que es una plataforma de trabajo colaborativo, en la sesión del EPU de China, que se llevó a cabo en enero pasado, 161 Estados realizaron 428 recomendaciones al país asiático para que mejore su actuación con respecto de los derechos humanos. Ese Estado decidió aceptar la mayoría de ellas. Uno de los proyectos señalados por abusos es el de la minera EXA

Entre las recomendaciones que aceptó China están las de Costa Rica y Portugal sobre la necesidad de incorporar el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible en su propia legislación. De acuerdo con CICDHA, las empresas chinas han tenido repetitivos señalamientos por el impacto que han causado en el medioambiente en varios países latinoamericanos donde tienen inversiones y se ha evidenciado poca o nula evaluación al respecto.

De acuerdo con el informes del CICDHA, difundido en noviembre pasado sobre 28 proyectos de empresas chinas analizados en Latinoamérica, en al menos 10 no habían reportes de evaluaciones ambientales completas y acuciosas. En la lista está incluido el proyecto minero San Carlos Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago, en Ecuador, y que está a cargo de la empresa china Explorcobres S.A., conocida como EXSA.  También se han reportado casos similares con otros proyectos como Buriticá, en Colombia, de la minera Zijin Continental Gold y las hidroeléctricas Sao Manuel, en Brasil y Rucalhue, en Chile.

Según CICDHA, las recomendaciones para China en su cuarto EPU fueron elaboradas por más de 200 organizaciones de la sociedad civil, que elaboraron informes detallados en varios campos. Esta organización se encargó de analizar las afectaciones a las comunidades por las actividades de las empresas chinas y se enfocó en promover sus derechos y los desafíos en el ámbito multilateral.

De acuerdo con la plataforma, es importante que los estados latinoamericanos que hicieron recomendaciones a China en el examen se mantengan vigilantes para que estas se conviertan en “acciones concretas y efectivas”, pues en su tercer EPU, el país asiático aceptó seis recomendaciones, pero de acuerdo con CICDHA, no llegó a implementarlas. Por ello, la organización considera que es importante que se elaboren informes de medio término para evaluar el proceso y señalar avances o incumplimientos o la necesidad de mejoras, según el caso.

Para ello, señala que las embajadas chinas en Latinoamérica deberían ser los canales de comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, entidades financieras y entidades gubernamentales chinas y así mantener un diálogo “oportuno sobre los riesgos, impactos y conflictos ambientales y sociales que surgen en torno a los proyectos, previniendo así su escalamiento”.

Entre las recomendaciones también se incluyen las de Ecuador, que junto a México, Perú y Camerún le pidieron a China garantizar que sus empresas e instituciones financieras respeten los derechos humanos fuera de sus fronteras.

El proyecto Mirador

El reporte de CICDHA cita el caso del proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, en donde las organizaciones sociales sostienen que no hubo consulta previa, libre e informada como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y solo se difundió información entre los pobladores sin que eso significara que las comunidades dieran su consentimiento a este proyecto y se destaca que aún no ha habido reparación. Los afectados son miembros del Pueblo Shuar Arutam y la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI). En ese caso se registraron desalojos que afectaron a al menos 136 personas, incluyendo personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños.

El CICDHA resalta que el cuarto EPU de China “coincide con el décimo aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), una iniciativa a la que han adherido 150 países y que representa la política más ambiciosa de China en términos de financiamiento y construcción de infraestructura, fortaleciendo así la internacionalización de sus bancos y empresas. En paralelo, China se ha consolidado como el país líder en las cadenas de suministro de la transición energética global”.

El Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero designó al nuevo titular de esa entidad, con lo cual el Gobierno espera solucionar la crisis del sector por la acefalía de sus principales cabezas operativas, desde la semana pasada. Ese atropellado proceso ha perjudicado a grandes y pequeñas empresas de minería que no pudieron realizar exportaciones de minerales ni otros trámites. El encargado de aplicar la hoja de ruta será Mauricio Martínez Erazo, quien ya fue parte de la entidad, que se acaba de extinguir, en cargos importantes, entre 2022 y marzo de 2024. Entre febrero y abril de 2023, cuando era Director de Auditoría, estuvo a cargo de aprobar los permisos de exportación de oro. El viceministro de Minas, Diego Ocampo, dijo que todos los trámites pendientes de certificados de exportación se retomarán de forma inmediata las próximas horas.   

Redacción Código Vidrio

El Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero designó este jueves 8 de agosto a Mauricio Martínez Erazo como nuevo director de la entidad rectora del sector. Martínez fue escogido de una terna propuesta por el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves. Además del Ministro, en la designación del funcionario, que reemplazará a Franklin Erreyes, participaron con votos a través de correo electrónico Sarha Belén Moya, secretaria de Planificación, y Mishel Mancheno, secretaria Jurídica de la Presidencia.

Martínez ya tiene experiencia en esas funciones. Durante el gobierno de Guillermo Lasso fue parte de la Agencia de control minero en importantes cargos, entre otros fue Director de Auditoría, en 2023. Precisamente, entre febrero y abril de ese año, estuvo a cargo de firmar los permisos de exportación de oro, según pudo corroborar este medio al revisar varios de esos certificados.

Martínez estuvo encargado de ese cargo cuando era director de la Agencia de Regulación y Control (Arcennr), Luis Maigón, hombre de confianza del exministro Xavier Vera, quien fue llamado a juicio por cohecho, (fue liberado y tiene medidas sustitutivas), por liderar una estructura que pedía dinero a cambio de entregar puestos públicos. Especialmente en las coordinaciones zonales en provincias como Azuay y Napo, donde se emitían los permisos de exportación de oro y se planifican operativos contra la minería ilegal. El antecedente de la captura y procesamiento de Vera son las investigaciones que hizo la Policía a la filtración de información desde la Agencia, sobre operativos contra mineros ilegales, que eran alertados por funcionarios y directivos. Precisamente por eso fue detenido y enjuiciado el Director de Control de Minería en esa misma época.

Maigón  fue removido del cargo, y reemplazado por Patricio Bonilla, en medio de denuncias de supuesta corrupción de directivos de control minero por cobros para entregar cargos y coimas a representantes de empresas exportadoras de oro, para acceder a permisos de todo tipo. Bonilla denunció que en la administración anterior no hubo controles ni auditorías de los directivos a cargo de esas tareas, con lo cual se benefició a un sinnúmero de empresas exportadoras de oro. Las irregularidades y posibles delitos fueron denunciados por Bonilla ante el SRI y la UAFE.

Martínez es economista y abogado, corredor de bienes raíces y operador bursátil. También ocupó cargos durante el gobierno de Rafael Correa. Entre 2009 y 2010 estuvo en el Ministerio de Coordinación de la Política Económica; entre 2013 y 2014 estuvo en el Banco de Desarrollo, y en 2015 en el IESS. Ha sido accionista y directivo de las empresas Paciconsult (asesoría tributaria) y Corporación Bratercomsa (construcción).

En su perfil en la red Linkedin indica que por casi 30 años trabajó en áreas como Finanzas, Economía, Administración General de Recursos, Salud Publica, Proyectos, Consultoría, Asesoría y Docencia. Entre sus puestos más destacados están la Gerencia General del Banco Central del Ecuador, la Gerencia del Banco del Estado, director de Áreas Estratégicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Represados permisos y autorizaciones

Con el nombramiento de la nueva cabeza de la Agencia, el Gobierno espera superar la cadena de problemas que ha causado las acefalía en la agencia de regulación de minería, que perdió su capacidad de gestión por más de una semana en todo el país, tras la remoción funcionarios del jerárquico superior, que aún no han sido reemplazados. En este lapso, pequeñas y grandes empresas mineras han sido perjudicadas porque no pueden exportar minerales, especialmente oro y cobre, ya que ninguna autoridad expide los permisos correspondientes desde Quito. Por este motivo, exportaciones por más de 120 millones de dólares están paradas en puertos de embarque. Las compañías de pequeña minería están entre las más perjudicadas pues sus flujos financieros y ganancias dependen exclusivamente de la comercialización continua del oro para el pago de salarios y proveedores. Esto se agravó en vista del feriado que empieza este viernes 9 de agosto, dijo un empresario minero.

Al ser consultado sobre los inconvenientes causados a las empresas mineras, el viceministro de Minas, Diego Ocampo, dijo que todos los trámites pendientes de permisos de exportación se retomarán de forma inmediata las próximas horas, una vez que la nueva Agencia de Regulación y Control Minero culmine su proceso de escisión, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas está próximo a entregar el dictamen favorable para el financiamiento de su estructura.

Ocampo recalcó que el proceso de escisión de la Agencia de Regulación precisamente está encaminado a consolidar el fortalecimiento de la institucionalidad y control del sector, así como dotarla de herramientas y recursos que coadyuven en el combate a la minería ilegal.

Sobre el plan que llevaba adelante la Agencia, junto con la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), para enfrentar la minería ilegal, dijo que la nueva entidad de Regulación Minera mantendrá todas las competencias referentes al control de la minería ilegal. “En este sentido se activará y participará en la Comisión especial para el control de la minería ilegal (CECMI), tomando en consideración además que, en días pasados, se expidió la resolución qué viabiliza la destrucción de la maquinaria incautada en los operativos de control de minería ilegal”.