Especiales

• Hoy está prevista la inauguración del megapuerto de Chancay, con la presencia virtual del presidente chino, Xi Jiping. Esta obra ha generado duras críticas por la posible pérdida de soberanía de Perú y el incremento del control de China.
•  Una investigación de nuestro aliado OjoPúblico identificó que solo entre 2013 y 2023, el área de influencia del megapuerto privado de Chancay creció 685%. Para que esta expansión sea posible, ocurrieron hechos poco comunes.
•  Entre otros, la cesión de un área marítima intangible destinada a la defensa nacional del Perú, aprobaciones sin estudios de impacto ambiental, renovaciones de permisos que habían alcanzado su tope con empresas recién constituidas.
•  Esta facilidad marca un hito histórico del comercio global, pues será una escala fundamental de la nueva ruta de la seda en Suramérica y constituye una esperanza de desarrollo para Perú. El megapuerto contará con una zona operativa con cuatro muelles.
• La visita de Xi coincide con un nuevo conflicto legal entre Cosco Shipping Ports Chancay Perú (principal accionista en la construcción del megapuerto) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran): la empresa a cargo del terminal desconoce las competencias de la entidad y, por eso, presentó una acción de amparo. Foto

Texto y fotos de OjoPúblico en alianza con Código Vidrio

Desde hace alrededor de dos años, los habitantes de los barrios de La Puntilla, Santa Rosa y Peralvillo, en el distrito de Chancay —en la provincia de Huaral, en la región de Lima— convivían con los estruendos, los remezones y los estragos de la construcción del que dicen será el hub comercial de la región: el megapuerto de Chancay, ubicado en el distrito del mismo nombre.

Este proyecto, que empezó en 2007 con el fallecido exmarino Juan Ribaudo de la Torre, actualmente le pertenece en un 60% a la empresa estatal china Cosco Shipping Ports Limited y en un 40% a la minera peruana Volcan. Además, entre 2013 y 2023, su área de influencia creció en 685%: de 3,3 km² a 25,9 km², según información declarada al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace).

La inauguración de esta facilidad portuaria, sin precedentes en la región, está prevista en las próximas horas. Estará a cargo, aunque de manera virtual, del presidente de China, Xi Jinping, quien llega este jueves 14 de noviembre en visita oficial a Perú para participar en el Foro Económico Asia Pacífico (APEC), con la asistencia de mandatarios de varios países, incluido el de Estados Unidos, Joe Biden. Su visita coincide con un conflicto legal entre Cosco Shipping Ports Chancay Perú y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran): la empresa a cargo del terminal desconoce las competencias de la entidad y, por eso, presentó una acción de amparo.

En su visita Xi estará acompañado del miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCC) y director de la Oficina General del Comité Central del PCC, Cai Qi y el miembro del Buró Político del Comité Central del PCC. Comité y ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi.

Así, Xi Jinping vendrá con dos figuras altamente relevantes para los planes de China en esta región. Su ministro de Asuntos Exteriores, quien ha sido vital para asegurar la influencia de China en el intercambio comercial entre países, y el miembro del Partido Comunista Chino, Cai Qi, destacado como el «ángel guardián» del mandatario chino. Ambos juegan roles importantes y también han estado presentes en las reuniones con otros líderes de la región.

Las intensiones ocultas en este proyecto generan grandes preocupaciones, especialmente entre las autoridades de EE.UU. La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, alertó que el Megapuerto de Chancay sería de “doble uso” y podría recibir buques militares chinos, lo que que representaría un riesgo de seguridad para los intereses de su país en la región.

Después de Brasil, Perú es el país latinoamericano donde China invirtió más dinero en 2023, de acuerdo a cifras oficiales. Está previsto que durante la visita de Xi también se suscriba el proceso de perfeccionamiento del Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático.

Durante la construcción, las obras para la expansión del puerto ocasionaron rajaduras y pequeños derrumbes en las casas de algunos vecinos. Varios de los chancayanos, agrupados en el Frente de Defensa por la Libertad y Dignidad de Chancay, han reclamado a la compañía y a la Municipalidad de Chancay. A cambio, dicen, han recibido indiferencia u hostigamientos.

Esto último se hace evidente en los barrios que colindan con el puerto en construcción. A mediados de este año, un equipo de OjoPúblico visitó Chancay y, mientras registraba imágenes con un drone en los alrededores del humedal de Santa Rosa, a escasos metros de las obras del terminal portuario, el aparato fue bloqueado. No volvió a funcionar hasta alejarse del lugar.

A partir de entonces, y durante los dos días de visita al distrito, el equipo de este medio fue vigilado, grabado por celulares y ahuyentado a pitazos por el personal de seguridad de la construcción del puerto. Esto pasó cada vez que se acercaba a las inmediaciones de la obra que más atención y expectativas ha generado en los últimos tiempos en Perú.

“Acá en Chancay se respira un ambiente tenso, ¿te das cuenta?”, dijo Miriam Arce Pita, integrante del Frente de Defensa por la Libertad y Dignidad de Chancay, que acompañó a este medio en su recorrido.

La tensión se da dentro y fuera del lugar: la expansión del terminal portuario está asociada a una serie de hechos inusuales documentados por OjoPúblico con información obtenida a través de la Ley de Transparencia y publicaciones oficiales.

Entre ellos destacan, por ejemplo, aprobaciones de proyectos sin estudios de impacto ambiental, renovación de permisos que habían superado su límite con una empresa recién constituida.

A esto se suma, también, la cesión de un área marítima reservada e “inalienable” para la defensa nacional y la venta de terrenos públicos a los impulsores originales del proyecto —que conforman una porción del terminal portuario— por hasta USD 0,85 el m² .

Precisamente, por eso la soberanía del puerto está en entredicho. Desde hace meses hay fricciones entre Cosco Shipping Ports y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), que advierte que existe un vacío legal en la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN).

 El mes pasado, la empresa denunció al organismo por la supervisión del megapuerto, pues considera que este vulnera sus derechos de control. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que el puerto será declarado como Zona Económica Especial, generando dudas sobre la influencia de China en la infraestructura.

“Chancay, como proyecto, es extraordinario porque va a ayudar al desarrollo y a promover que las cargas, que hoy se mueven en otros países, se muevan por el Perú”, dijo Jorge Manchego Rendon, exgerente general de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Lo cuestionable, agregó, son algunos hechos inusuales alrededor de la obra.

El comienzo del puerto 

El megapuerto de Chancay, ubicado a unos minutos del centro del distrito homónimo y a más de 80 kilómetros de Lima Metropolitana, actualmente cuenta con un área de influencia de 25,9 km²: casi ocho veces más de lo previsto en 2013.

Al ser consultada, Cosco Shipping Ports Chancay Perú —la operadora del proyecto— indicó que este crecimiento se explica por “criterios más exigentes para la identificación de impactos ambientales”, establecidos por el Senace a partir de 2016. A este tema se añadió, explicaron, una “infraestructura de mayor envergadura”.

Su primera etapa, que tiene previsto inaugurarse hoy, consta de una zona operativa que, además de otras estructuras, incluirá cuatro muelles; un complejo con oficinas administrativas, servicios logísticos y otros, y un túnel de casi dos kilómetros de largo, para conectar la zona operativa con el complejo de oficinas.

En un inicio, la idea de la obra —que atraviesa centros poblados y asentamientos humanos como Peralvillo, Santa Rosa o La Puntilla— era bastante menos ambiciosa y no contaba con la participación de la empresa china.

El primer rastro oficial de la concepción del puerto de Chancay data de 2007. El 16 de noviembre de ese año, el fallecido exalmirante de la Marina de Guerra Juan Ribaudo de la Torre y Patricia Chiabra Tizón ampliaron las ambiciones de su empresa, Varadero Ribaudo S.A.

EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MEGAPUERTO DE CHANCAY ACTUALMENTE ES DE 25,9 KM²: CASI OCHO VECES MÁS DE LO PREVISTO EN 2013″.

La compañía —constituida por ellos un año antes, con un capital social de S/10.000, para otorgar servicios navieros y de embarcaciones— recibió una inyección de S/50.000 y pasó a llamarse Chancay Port S.A. El mismo día actualizaron su objetivo: también se dedicaría al negocio portuario y de muelles.

En esa época, se dio uno de los hechos controversiales alrededor del proyecto: la desafectación de una zona costera “intangible”. El 30 enero de 2008, Ribaudo de la Torre, como gerente general de Chancay Port, envió una carta a la Marina de Guerra del Perú pidiendo la cesión de un área marítima reservada para la defensa nacional. El motivo era la construcción de un terminal portuario multipropósito en la bahía del distrito.

Para ello, solicitó la modificación de la Resolución Suprema 0694-2005-DE/MGP, que dispone las coordenadas de las áreas costeras del litoral de uso exclusivo de la Marina de Guerra para la defensa del país. Según la normativa del sector, los inmuebles reservados para los institutos armados con fines de seguridad y defensa nacional son intangibles, inalienables e imprescriptibles por su carácter estratégico.

Dos meses después, el comandante general de la Marina de Guerra de entonces, Carlos Gamarra García, remitió un proyecto al Ministerio de Defensa (Mindef) para modificar la mencionada resolución. Inicialmente, la cartera observó el proyecto por “omisiones de carácter técnico-legal”, pero el tema no quedó allí.

El 8 de mayo de 2008, el secretario del comandante de la Marina subsanó las observaciones y señaló que el área marítima solicitada por Chancay Port S.A. de “0.170 km² aproximadamente (triángulo de 600 x 550 mts) solo representa el 0,002% del área total destinada para fines de Defensa Nacional”. Por esa razón, indicó, “no afecta estratégicamente las actividades operacionales que realizan las Fuerzas Navales”.

Así, en noviembre de ese año, el Mindef refrendó la Resolución Suprema 539-2008-DE/MGP —con la firma del entonces ministro Ántero Flores Aráoz y de Alan García, como presidente de la República—. Esta norma modificó la RS 694-2005 DE/MGP, y formalizó la cesión del área marítima a Chancay Port.

Para Jorge Manchego Rendon, esto no debió ocurrir. “No deberían [haber cedido esa área marítima]”, dijo.

 El exministro de Defensa Mariano González Fernández tiene una opinión algo distinta. Si bien no implica una irregularidad, a su criterio, esta medida es inusual. “Es algo sui generis por [lo que significa] la inversión en un puerto nuevo de esta naturaleza. No es algo que se haga todos los días, pero ha seguido el trámite legal”, afirmó al ser consultado por el tema.

El miércoles 4 de setiembre, OjoPúblico también se comunicó con la oficina de imagen del Mindef para indagar sobre la regularidad del procedimiento en favor de una iniciativa privada. El viernes 6 de setiembre por la tarde, respondieron que seguían buscando “los antecedentes” de dicha medida en los archivos.

Los primeros terrenos

Entre 2008 y 2010, el Estado le vendió cuatro bienes públicos del distrito a Chancay Port, de acuerdo a información a la que accedió OjoPúblico a través de la Ley de Transparencia. Esto ocurrió en el contexto de las negociaciones y poco después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China.

En los registros públicos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), uno de los primeros rastros de la expansión del terminal portuario data del 17 abril de 2009, cuando Chancay Port S.A, compró un terreno público de 115.876 m². En una resolución de la SBN sobre la subasta pública, se informó que ese día había pasado a ser propietaria del terreno.

LOS PRIMEROS TERRENOS PARA EL PUERTO DE CHANCAY COSTARON DESDE USD 0,85 EL METRO CUADRADO». 

El precio base era de USD 98.088,57 (alrededor de USD 0,85 el m²). Ese mismo día, Chancay Port se hizo propietaria del predio en cuestión. El pago final fue de USD 98.088,67. Es decir, apenas 10 centavos de dólar más que el precio base de la subasta por el total del terreno.

En los registros de la SBN figuran tres compras más —vía subasta pública— de terrenos por parte de Chancay Port: un área de 32.340 m², adquirida en junio de 2009 por USD 35.197 (menos de USD 1,09 por m²); otra de 39.454 m²  a USD 48.000 (menos de USD 1,22 el m²); y una más de 2.256 m²,  por las que pagó USD 11.000 (unos USD 4,88 cada m²). Los dos últimos predios fueron comprados en enero de 2010.

Los permisos especiales

Para que una empresa desarrolle infraestructura portuaria, lo primero que requiere es una autorización temporal para realizar estudios sobre la futura construcción. Este permiso lo otorga la Autoridad Portuaria Nacional (APN) por un plazo máximo de dos años, y es renovable por uno más.

En diciembre de 2008, Chancay Port inició esos trámites ante la APN, que le hizo una serie de observaciones a su plan maestro. La empresa subsanó los cuestionamientos y la APN remitió el expediente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Así, el 20 de mayo de 2009, esta cartera le otorgó a la compañía la primera autorización temporal del uso de área acuática y la franja costera de una superficie de 623.243 m² (0,62 km²). Esta tuvo la duración de un año, tal como lo solicitó Chancay Port. Vencido el plazo, la empresa tenía la posibilidad de pedir una renovación por un año más. Así lo hizo el 20 de abril de 2010.

El permiso recién procedió un año después, con efecto retroactivo. Dos días más tarde, el 12 de abril de 2011, Chancay Port solicitó otra prórroga. Sin embargo, el MTC se la denegó porque el marco legal no contemplaba la renovación de autorizaciones temporales que ya habían sido renovadas previamente.

A la par de esta negativa, apareció un nuevo actor que solicitó una autorización temporal desde cero para el proyecto: Terminales Portuarios Chancay S.A.

Esta empresa fue constituida el 5 de abril de ese mismo año y tenía como socios participantes a Chancay Ports S.A. —la compañía a la que el MTC le había negado la renovación del permiso— y Empresa Administradora de Puertos S.A. —subsidiaria de la minera Volcan—, creada meses antes.

En este contexto y solo poco más de dos semanas después de la denegatoria a Chancay Port, el MTC le otorgó a Terminales Portuarios Chancay S.A. la autorización temporal de uso de área acuática y la franja costera. Esta vez por algo más de 1,4 millones de m² (1,4 km²), casi el doble del tamaño inicial.

Ocho meses más tarde, Terminales Portuarios Chancay S.A. aumentó su capital social de S/30.000 a alrededor de S/8,2 millones. En otras palabras, este creció en más de 27.000%, según reportaron a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Aprobaciones con reclamos ciudadanos

Otro documento importante para la construcción de un puerto es el estudio de impacto ambiental. Este fue aprobado el 13 de diciembre de 2013 por el MTC para el “Proyecto terminal de gráneles, sólidos, líquidos y carga rodante de Terminales Portuarios Chancay”.

Un año antes, el 2 de octubre de 2012, la Municipalidad Distrital de Chancay, ya le había aprobado a Terminales Portuarios Chancay los términos y condiciones de un mejoramiento vial. Este proyecto incluía un viaducto subterráneo de 2,3 kilómetros, debajo de la vías vecinales del puerto y los barrios de Santa Rosa, Peralvillo y los Álamos, y era exclusivo para el tránsito vehicular de la operación del terminal.

Los ciudadanos de las zonas afectadas enviaron un documento a la Municipalidad Distrital de Chancay, solicitando explicaciones y el sustento legal, social y económico de la construcción.

El 14 de enero de 2014, el gerente municipal de la comuna, Carlos Sánchez, respondió que Terminales Portuarios Chancay no había presentado ningún expediente técnico ni administrativo para solicitar una autorización, sino que solo hizo una exposición sobre el posible proyecto. “Oficialmente, se desconoce el recorrido de este viaducto”, afirmó.

En marzo de ese año, la gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Huaral emitió un informe técnico donde concluyó que la ejecución del viaducto causaría graves daños a las viviendas y severa contaminación acústica a los habitantes de las inmediaciones. Además, alertó que la Municipalidad Distrital de Chancay, dio conformidad al proyecto sin mayor análisis.

Siete meses después, la APN le otorgó a Terminales Portuarios Chancay S.A. una primera habilitación del proyecto “Terminal de gráneles, sólidos, líquidos y carga rodante del Terminal Portuario Chancay”.

Con ese documento, autorizó el inicio de las obras para el puerto por un plazo de 27 meses. Dos meses más tarde, el 19 de diciembre de 2014, la Municipalidad Distrital de Chancay le otorgó la licencia de edificación al terminal.

La aprobación del informe técnico sustentatorio (ITS) para la construcción del túnel-viaducto por parte del MTC ocurrió recién cerca de medio año después: el 10 de julio de 2015. Y, a los tres meses, la empresa obtuvo la licencia de la Municipalidad Distrital de Chancay para la construcción de este componente.

Los dos años siguientes, en tanto, estarían marcados por la absorción, por parte de Terminales Portuarios Chancay, de sus socias. En abril de 2016, lo hizo con Chancay Port, que había incrementado su capital social a más de S/16,5 millones.

Al año siguiente, fue el turno de la Empresa Administradora de Puertos, que también había incrementado su capital social a casi S/145,5 millones. Así, Volcan, a través de su subsidiaria, se convirtió en la dueña total del proyecto e inició la búsqueda de un socio para la construcción del puerto.

El jueves 5 de setiembre, OjoPúblico le envió al MTC una serie de preguntas sobre las resoluciones que of.icializaron estos permisos. Inicialmente, el área de prensa indicó que estaban buscando los documentos por ser de gestiones anteriores.

Sin embargo, el viernes por la noche —fuera del horario laboral de las instituciones públicas y conociendo previamente la fecha de publicación de este informe— pidieron que las consultas se realicen ante la APN. Esto aunque la mayoría eran documentos suscritos por el MTC y la entidad a la que refirieron está bajo su competencia.

El mismo 5 de setiembre, este medio le hizo llegar una serie de preguntas al área de prensa de la Municipalidad de Chancay respecto a la aprobación para la construcción del viaducto, la licencia de edificación y los reclamos vecinales. Aunque dijeron que responderían, no lo hicieron.

Cosco y las leyes modificadas

En mayo de 2019, Volcan firmó los acuerdos de asociación con la compañía china Cosco Shipping Ports Limited para desarrollar el puerto de Chancay. El 60% de las acciones de Terminales Portuarios Chancay pasó a Cosco Shipping Ports Limited y el 40% quedó para Volcan. Cuatro meses después, Terminales Portuarios Chancay cambió de nombre a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., la actual operadora.

A inicios de 2021, mientras la atención pública se centraba en la pandemia, ocurrió uno de los hechos más cuestionados alrededor del proyecto: el 10 de febrero, menos de dos meses después de recibir la solicitud de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, la APN le concedió a la empresa la habilitación portuaria de la nueva etapa 1 del puerto.

Esta habilitación establecía, entre otros puntos, que el terminal portuario de Chancay era una iniciativa privada de uso público con exclusividad para la prestación de los servicios esenciales dentro de la infraestructura portuaria. Esta última concesión fue aprobada un día antes, en una sesión del directorio de la APN.

Dicha habilitación portuaria generó debate en marzo de este año, cuando el caso se hizo público. Entonces, la APN reconoció, a través de un comunicado, que no tenía la facultad para otorgar la exclusividad de servicios al terminal y calificó haberlo hecho como un “un error en un acto administrativo». Por ello, informó, había solicitado la nulidad del artículo 2 del citado acuerdo de directorio.

En una línea similar, la Procuraduría del Ministerio de Transportes interpuso una demanda administrativacontra la empresa china para anular el acuerdo. Sin embargo, en junio, el MTC retiró la demanda.

Esto coincidió con la aprobación, por parte del Congreso, de la Ley 32048, que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional. Es decir, una adecuación normativa para permitir que una infraestructura netamente privada pueda tener, de manera automática, la exclusividad de servicios esenciales.

Para Alejandro Chirinos, especialista de temas marino-costeros de CooperAcción, estas controversias tienen que ver, en parte, con que la región de Lima carece de un plan de desarrollo portuario. “No tiene un plan que, justamente, indique observaciones y recomendaciones, y que [permita que] operen sin dificultad los que estén interesados”, dijo.

Un tema pendiente por resolver es la eventual regulación de tarifas por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Esto dependerá de un pronunciamiento del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sobre si hay condiciones de competencia en el megapuerto o no. De ser el último caso, procederá la regulación.

Verónica Zambrano Copello, presidenta de Ositran explicó que, más allá de las tarifas, la entidad sí tiene la facultad de fiscalizar que no exista ningún tipo de vulneración a los derechos de los usuarios del puerto, ya que es un terminal de uso público.

El 26 de agosto de 2024, Ositran le envió una carta a Cosco Shipping Ports Chancay Perú detallando algunas obligaciones que deberá cumplir. Consultada por OjoPúblico, esta detalló que contempla la supervisión y fiscalización de la APN, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Municipalidad de Chancay y el Indecopi. En lo que refiere a Ositran, afirmaron que esto estaba previsto “en caso de establecerse que no existen condiciones de competencia”.

Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, enfatiza que, como toda empresa de uso público, el puerto de Chancay va a tener que ser fiscalizado. “Pero los que hacen la política deben tenerlo más claro a largo plazo. No podemos aplicar lo mismo de los últimos 10 años (…) Un megaproyecto cambia las leyes y los actores públicos tienen que estar listos”, agregó.

El último sábado por la noche, cuando Cosco Shipping Ports Chancay Perú remitió sus descargos, también se le consultó por el hostigamiento del personal de seguridad hacía el equipo periodístico que visitó el distrito. Aunque confirmaron la recepción de la consulta, no llegaron a pronunciarse sobre el tema.

 Decenas de informes de entidades de control revelan que desde 2016 hasta la actualidad las mineras Comiange y más recientemente Rome Gold han operado sin contar con permisos de uso y aprovechamiento de agua, que emplean indiscriminadamente con químicos prohibidos para sus operaciones de
explotación minera en La Maná, Cotopaxi.

Si bien la minería ha sido una fuente de empleo y un atractivo en la zona hace varias décadas, la explotación de oro ya causa daños severos y contaminación a ríos y esteros, así como deforestación, en medio de la ineficacia de las autoridades para aplicar la ley y sanciones a las empresas Comiange y Rome Gold.

Texto y fotos Ana María Carvajal y Armando Prado

En las abundantes y fértiles tierras de La Maná se vive una paradoja. Mientras la minería atrajo las últimas décadas a cientos de pobladores de otros cantones para convertirlo en su hogar deslumbrados por la fiebre del oro, esa inmigración tuvo el efecto de un búmeran: se volvió una amenaza de insospechadas consecuencias para sus habitantes.

En La Maná, lo que se siembra se cosecha en abundancia, dicen sus habitantes. Al recorrer su rica geografía es fácil encontrar bastas plantaciones de banano, cacao, yuca, café, naranja… En los prados de La Maná, en el trópico de Cotopaxi, aparecen a lo lejos grandes mantos en tonos marrones de donde emana un aroma acaramelado de las semillas de cacao que están secándose al sol.

Hasta hace poco, los agricultores no necesitaban pensar en un sistema de riego. En la zona hay abundantes ojos de agua, así como los ríos San Pablo y Calope, fronterizo con el cantón Pangua, en Cotopaxi.

Aunque típicamente las lluvias son más fuertes entre diciembre y marzo, en la zona siempre ha habido “lluvias de mantenimiento”, dice Marcelo Orbea Jiménez, presidente de la Asociación de Juntas de Agua del Subtrópico de Cotopaxi. Pero hasta allí también ha llegado la sequía que está afectando al país en esta temporada. Los ríos tienen caudales muy bajos y ya se está evaluando la necesidad de crear sistemas de regadío que antes no se usaban, como canales de riego.

Si bien la minería ha sido una fuente de empleo y un atractivo en la zona, cada vez hay más voces que se levantan en su contra. Una de ellas es la de Francisco Arboleda, quien es originario de Estero Hondo, en La Maná, gravemente afectada por prácticas antitécnicas del extractivismo. Él vivió 12 años en España y con el dinero que ahorró compró un terreno del otro lado del río Calope, en el recinto La Envidia, en Pangua.

Arboleda recuerda que hay problemas con la minería desde hace por lo menos 30 años, pero se han agudizado en los últimos tiempos. “Hay compañías que dicen que son profesionales, que no contaminan y no hacen daño, pero toda minería contamina. Yo estuve 12 años en España y aprendí. No estoy de acuerdo, porque la minería no es futuro. No me quiero quedar sin nada. Aquí hay agricultura, ganadería, ciclo corto. Tenemos cacao, naranja, verde, yuca y tantas cosas… Pero para mí, toda empresa contamina el agua y usted sabe que sin agua, no hay vida”, dice.

En Estero Hondo hay concesiones mineras como Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, de las empresas Rome Gold S.A. y Comiange, que operan sin licencia ambiental desde hace ocho años. Las huellas de la extracción minera a cielo abierto son notorias mientras un equipo periodístico de Código Vidrio recorre el camino que tiene tramos asfaltados y empedrados. En las colinas el agua es cristalina y viva, pero al llegar a las zonas de explotación de oro, aparecen pequeños esteros y riachuelos de aguas turbias, que lucen aceitosas con un brillo metálico.

El 25 de junio pasado, un Tribunal de Garantías Penales aceptó una acción de protección para frenar la extracción debido a la falta de permisos ambientales y otras irregularidades en la extracción. Aunque aparentemente las empresas debían suspender sus actividades mineras por la orden judicial, según varios pobladores la explotación continuó en las noches. Tres meses después, en septiembre, la Corte de Pichincha desechó la acción, tras tomarse dos días para analizar el caso, dando luz verde para las operaciones mineras sin licencia ambiental.

Largo historial de incumplimientos y contaminación

Decenas de informes de entidades de control revelan que desde 2016 la minera Comiange ha operado sin contar con permisos de uso y aprovechamiento de agua, que emplea para sus operaciones de explotación minera en La Maná. Los reportes son del Ministerio de Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero, la Subsecretaría Zonal de Minería Centro, entre otras.

Según un informe de la Dirección Técnica de Recursos Hídricos de Guayas, desde 2018 se han descargado líquidos sin tratamiento desde Estero Hondo y Estero Sin Nombre, en Cotopaxi, hacia las aguas del río Guayas.

En la zona de protección hídrica de Estero Hondo, según el reporte, hay actividades mineras extractivas y se ha instalado un ducto de cajón en el recurso hídrico público sin autorización de Senagua. Por ello se recomendó que intervenganla Agencia de Regulación y Control del Agua y al Ministerio de Ambiente.

La Agencia de Regulación y Control de Agua emitió en julio de 2016 otro informe. Detalló que detectaron piscinas de almacenamiento y disposición de agua, sin autorización de Senagua. Además que la minera Comiange no tenía permisos para el uso del agua. Se hallaron evidencias de escombros acumulados en los 100 metros de protección hídrica. En este caso, también se recomendó una sanción administrativa para la minera, que siguió operando.

Los incumplimientos han sido recurrentes. En un informe del Ministerio de Ambiente de 2019 se detalla que se observó la descarga de agua turbia proveniente de la galería de la mina hacia las piscinas de sedimentación y decantación, que no tienen diseño técnico, por lo que el líquido no es tratado. En esa época, la Autoridad Ambiental Provincial ya había dictaminado una suspensión de actividades a Comiange, por no contar con licencia ambiental. Pero la empresa continuó con la extracción. Por eso se emitió una recomendación de escalar el informe a la Fiscalía de Cotopaxi y pedir al Ministerio de Energía y Minas, antes Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, suspender las actividades mineras hasta que la empresa consiga esa licencia.  No obstante, la Fiscalía no actuó.

Las descargas no pararon y quedaron descritas en actas nuevamente en 2021, cuando el Ministerio de Ambiente volvió a registrar una situación similar en Estero Hondo. En esa ocasión, en el informe se detalló que para la actividad minera se talaron árboles de la zona. Por eso, en abril del siguiente año, esa cartera de estado dispuso nuevamente la suspensión de la actividad minera.

En 2019, El Ministerio de Energía y Minas encontró bocaminas colapsadas abiertas recientemente, descargas de agua producto del lavado de grava directamente al estero y sin tratamiento, actividad minera en concesiones suspendidas y la presencia de mineros artesanales, que impedían el acceso a la concesión Ximena 1, que operaba de forma ilegal.

Más frentes de explotación minera

Para 2023, los incumplimientos no solo que no cesaban, sino que iban en aumento, afectando la calidad del agua. El Ministerio de Ambiente reportó el hallazgo de dos nuevos frentes donde se observó a personas realizando actividades de explotación cerca a sitios donde se detectaron aguas estancadas, focos de contaminación. Ese informe también incluyó una recomendación para escalar el caso a la Fiscalía, bajo la presunción de un delito ambiental en marcha.

Nuevamente, el Ministerio ordenó la suspensión de actividades en la concesión y el proceso estuvo a cargo de la Coordinación General de Asesoría Jurídica de esa Cartera de Estado. Así, sumaban ya más de 10 suspensiones que Comiange pasaba por alto, solo en los informes revisados por Código Vidrio para este reportaje.

En julio pasado, nuevos informes de Ambiente daban cuenta de que no había orden de suspensión de actividades ni sentencia judicial que frenara la extracción minera en los campos a cargo de Comiange en La Maná. En los reportes constan detalles sobre maquinaria, equipos y escombreras que se encontraron para la explotación minera. Según los documentos, había la presunción de que eran trabajos sin autorización, dada la falta de una disposición administrativa ambiental. También se reportó la detección de una draga para extraer material minero usada hace poco, cobertura y capa de suelo removida, inadecuado manejo de desechos y escombros dispersos de forma antitécnica y mala disposición de sustancias químicas, combustibles, aceite quemado y grasa automotriz. Todo esto a pesar de que existe en marcha una investigación previa en Fiscalía por delitos ambientales.

De acuerdo con un informe técnico del Ministerio de Ambiente de septiembre de 2024, los trabajos de extracción minera continuaron, así como las perforaciones de pozos y la extracción de material en volquetas, durante las noches, sin que se respetara la vigencia del fallo del Tribunal de Garantías Penales Especializado Anticorrupción.

Por otro lado, se registró que existían aguas estancadas que eran vectores de contaminación.  En el informe incluso consta que personas a bordo de motocicletas, que salían desde las minas, siguieron al vehículo institucional de Ambiente. Se dejó sentado que, presuntamente, quienes iban en una de las motos intentaron averiar el vehículo. Además, luego se evidenciaron daños en dos llantas. Este informe recomendaba iniciar procesos administrativos sancionadores.

Sin ningún análisis de la contaminación

Según el biólogo Rafael Cáceres, quien trabaja en la compañía Splendor y estudia la vegetación y la fauna de la zona, la minería ha causado una deforestación severa en este bosque que, dependiendo del punto, es piemontano o húmedo tropical. Aunque actualmente hay grandes zonas agrícolas, también hay un alto grado de endemismo.

Para la extracción de oro y plata se necesita mercurio y otros disolventes químicos. Y un elemento fundamental es el agua. “Como no hay un buen manejo de los desechos, la minería afecta la ictiofauna (peces) y los macrobentos (insectos acuáticos). Todo el curso del agua se relaciona con su entorno, por lo que los efectos también llegan a la vegetación circundante y a las aves, los anfibios, mamíferos y los reptiles que beben esa agua o se alimentan de la fauna y flora cercana, advierte el biólogo.

Los ríos principales son el San Pablo y el Calope. El primero se alimenta de los ríos San José y Chuquiraguas, y el segundo, antes conocido como Palenque, llega desde el Quindigua y baña luego a Malki Machay. Ambos tienen daños ambientales que aún no han sido analizados.

De acuerdo con Geovanny Calvopiña, Técnico de Gestión Ambiental del Municipio de La Maná, “por el momento no se han hecho estudios ni análisis físicos, químicos ni biológicos. No tenemos fuentes de contaminación puntuales porque no hay ningún tipo de industrias que descarguen directamente al río San Pablo”.

Sobre el río Calope, Calvopiña asegura: “La ley es clara en minería de áridos y pétreos aluviales” y que la competencia es del Ministerio de Ambiente y de agencias del Gobierno. Además, señala que al ser un río que marca el límite entre dos cantones, “ellos dan los certificados de afectación de recursos hídricos”, por lo que el Municipio no ha hecho en ninguno de los dos ríos análisis de las aguas.

Sin embargo, para los pobladores es claro que hay una problemática que debe enfrentarse. Por ejemplo, Rosario Flores, habitante de las riberas del Calope, la minería “está afectando a todos. Eso que ponen para limpiar el oro va minando el agua. Muchas personas consumen el agua del río y va contaminádose todo. Cuando lavan por arriba, viene contaminádose todo. Esto es bastante delicado”, dice.

Por eso, Cáceres considera que debería hacerse un análisis exhaustivo en el cauce alto, medio y bajo de ambos ríos, pero sobre todo en el Calope, para saber el estado del agua valorada por su riqueza, pues “tiene partículas coloidales de oro, plata, basalto y otros componentes”. Cáceres recorre a diario la zona y comenta que los moradoresle cuentan cómo era el paisaje años atrás y señalan que ahora se ve una modificación del cauce y del caudal del río y eso les preocupa.

En este bosque hay especies que deben protegerse. En la zona donde se extrae el agua Splendor, donde aún se conserva el bosque piemontano, secundario y primario y el bosque húmedo tropical, se han encontrado especies en lista roja del Ecuador y especies vulnerables, según la UICN (Unión Internacional para la Conservación y la Naturaleza). Están listados la ardilla enana de Simons, el pájaro carpintero (que estaba en toda la Costa, pero que ahora solo se refugia en los bosques más prístinos), ratón bolsero, un roedor de campo (heteromiys teleus). Es una zona rica, en la que conviven varios ecosistemas. En ese sector la altitud varía entre 201 y 421 metros sobre el nivel del mar.

En un terreno aledaño, María Asitumbay trabaja la tierra desde hace 18 años. Es originaria de la provincia de Bolívar y pasó de vivir en Caluma a trabajar en un solar en Las Naves, para cultivar en una propiedad que compraron sus padres en La Maná. Siembran yuca, verde, cacao y naranja. Aunque ahí también tienen un ojo de agua, han notado que hay menos que antes. “El agua es buena aquí, nos va bien. Siempre nos felicitan porque el agua es valiosa”, dice, pese a las alertas.

Recuerda que ahí la montaña “era virgen”, pero ahora, además de las empresas, hay “ratoneras”. “Así se conoce a los mineros ilegales que explotan, aquí y allá, para extraer todo el oro que pueden y luego desaparecer. “Acá arriba estamos bien, pero a los que viven y trabajan abajo, el agua sí se les contamina y les llega sucia”, dice.

Marcelo Orbea, quien también fue catedrático de la Universidad Técnica de Cotopaxi, señala que no se puede ignorar que una de las teorías del origen del nombre de La Maná son los vocablos Lang Mana Atti “que significa la gran mina del rey”. Eso ha motivado “la codicia de muchas empresas que han venido a llevarse el oro y la plata, hasta desde Canadá y no han dejado nada, ni caminos asfaltados, solo contaminación”.

Por eso, en 1966, se formó la Asociación de Mineros Lamanenses, lo que generó un problema mayor. Empresas de otras zonas, como Machala, absorbieron esa asociación para operar sin tomar en cuenta el impacto ambiental. “La gente pobló este lugar por el oro y se lo han llevado en tráileres y camionadas, solo han dejado secuelas. Las autoridades se hicieron de la vista gorda. Antes había una oficina técnica del Ministerio del Ambiente aquí, pero desapareció. Luego volvió, pero solo en papeles, porque no hay partida presupuestaria”, dice Orbea.

El problema de la contaminación de los ríos no solo se origina en la minería. También hay un pésimo mal manejo de los desechos de las empresas bananeras. Por ausencia de control abandonan grandes cantidades de material vegetal que luego causa taponamientos y desbordamientos.

En el río San Pablo -alerta Orbea- hay una salida del antiguo camal o un problema por la cercanía de un botadero de basura. “Hay una seria contaminación en ambos ríos. El agua es vida. No queremos que nos ocurra lo que está pasando en otros países donde ya solo les dan agua dos o tres días a la semana. La defensa por la vida es por el agua, porque no te puedes tomar un litro de oro”, indica.

La tesis doctoral de Íñigo Errejón, publicada en 2012, da pistas del grado de su conocimiento sobre los funcionarios de países a los que asesoró, entre ellos Ecuador y Bolivia. Errejón dejó la Legislatura por denuncias de violencia machista y acoso sexual. Fue un estrecho colaborador del gobierno de Rafael Correa, junto a otros españoles.

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Ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas. Íñigo Errejón, de 41 años, político español representante del progresismo y la izquierda, dejó la función pública ante denuncias de violencia machista. En sus inicios, hacia 2008, asesoró al gobierno de la revolución ciudadana, en Ecuador. Pero en su tesis doctoral se deslizó un lapsus que revela su escaso conocimiento de la realidad geográfica y política de este país.

“La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo”. Así se titula la tesis doctoral que publicó en 2011, en la Universidad Complutense de Madrid.

El documento tiene 656 páginas en total. En la página 466 se refiere a un evento ocurrido en Bolivia. Y comenta, al pie de página, bajo el acápite 260, un extracto de un diálogo que había mantenido con su mentor, su compatriota e ideólogo, Alfredo Serrano. “Alfredo Serrano, economista y experto en Ecuador y Bolivia, me contaba discutiendo sobre la cuestión del regionalismo, que el hecho de que Rafael Correa fuese originario del Estado de Zulia dificultaba enormemente para la élite local la construcción de un movimiento regionalista de oposición al gobierno central de Quito, por la imposibilidad de presentar al Presidente como ‘afuera constitutivo’ de la identidad regional postulada…”.

El Estado de Zulia se encuentra en el noroeste de Venezuela, en el límite con Colombia. Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, nació en Guayaquil.

Errejón relata en la introducción de su tesis doctoral que la fundación CEPS depositó en él su confianza al enviarle en 2006 para trabajar en la Asamblea Constituyente de Bolivia. “De ahí viene mi enamoramiento con Bolivia y su política tumultosa”. En ese texto, recuerda que siendo “un crío” le cedieron la palabra para intervenir en una reunión ante “El Tribunal Superior Electoral del Ecuador”. A la época de su intervención, la entidad se denominaba Tribunal Supremo Electoral. Luego del cambio constitucional pasó a denominarse Consejo Nacional Electoral. Son las únicas referencias que realiza a este país.

Las mieles de las consultorías

El 8 de julio de 2008, Errejón firmó en Ecuador un contrato de prestación de servicios para una consultoría en apoyo a los procesos de reforma democrática del Estado, financiada por un crédito no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por 25 mil dólares.

Poco después, se presentaba como asesor político del entonces secretario de Planificación, René Ramírez. Además, formó parte del “comité coordinador de la estrategia comunicativa, para el primer aniversario del intento del golpe de Estado contra el gobierno de Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010”. Era parte de la camada de españoles entusiastas que se integraron al gobierno de Correa para impulsar cambios constitucionales, que tenían un libreto muy parecido al que se aplicó en Venezuela y Bolivia.

Ramírez ha sido miembro del consejo consultivo de la fundación Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Este es un tanque de pensamiento, con sede en Quito, del cual también es parte Errejón y los fundadores de Podemos.

Fue creado en el 2014 como una “institución dedicada a la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina”. Su financiamiento provino del gobierno de Rafael Correa. Tras dejar el poder, el exmandatario recibió pagos mensuales de Celag por 8 mil dólares por talleres, conferencias y consultorías. Fue contratado por algunos de sus exsubalternos, devenidos en directivos del Centro.

Político precoz y «depredador sexual»

Errejón fundó el partido Podemos, en el cual tuvo varios cargos, incluyendo diputaciones, al igual que Pablo Iglesias y José María Guijarro, fervientes aliados y defensores del correísmo. Pero en 2019 se distanció, al crear Más Madrid. Para 2020, volvió al Congreso con la divisa Más País, que integra la plataforma Sumar, donde también está Guijarro. Errejón destacó por su audacia y argucias políticas. Su locuacidad y arrestos de un político progresista defensor de los derechos de

Aunque participó en cinco períodos legislativos, las denuncias en su contra pesaron y le obligaron a dimitir, a fines de octubre de este año.

Una actriz y una colaboradora televisiva lo denunciaron por acoso sexual. Está acusado por comportamientos machistas y ejercer de forma premeditada el acoso y el maltrato tanto físico como psicológico. La intérprete Elisa Mouliaá, la primera que lo acusó ante la Policía, lo tildó de «depredador sexual» y añadió que el expolítico tiene rasgos de «psicópata narcisista».

Por el momento enfrenta dos denuncias en la Policía. Una por Elisa Mouliaá y la otra por la colaboradora televisiva, Aída Nízar, que afirmó que tras la agresión sexual sufrida se sintió «humillada, vejada, baboseada y repugnada». Si se confirman las acusaciones podría enfrentar penas entre uno y cinco años de cárcel.

La Procuraduría confirma que ya contrató un estudio jurídico especializado, para iniciar la recuperación de parte de los bienes que la Justicia de Estados Unidos incautó al excontralor Carlos Pólit. Existe la opción legal, sobre la base de acuerdos internacionales, de solicitar al gobierno de Estados Unidos el reparto de activos, apelando a la cooperación internacional.

Pólit no logró esquivar la justicia estadounidense, que lo sentenció
a diez años de cárcel y a pagar 16,5 millones con propiedades que adquirió en Florida para lavar la plata que obtuvo en Ecuador por el cobro de coimas a Odebrecht.

Unos 2.600 millones de dólares se lavaron en el sector
inmobiliario de EE.UU., en los últimos 20 años. Ese país acaba de poner candados normativos para evitar que exfuncionarios corruptos y oligarcas de otras naciones laven sus fortunas en el sector inmobiliario.

El Estado ecuatoriano recuperó, en junio pasado, 93,6 millones de dólares de cuentas suizas, producto del esquema de corrupción de Gunvor en Petroecuador.

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Se le durmió el diablo. En los últimos siete años, desde que huyó de Ecuador, los problemas, los juicios y los años le cayeron como una avalancha. La corte del Distrito Sur de Florida sentenció al excontralor Carlos Pólit a diez años de prisión y el decomiso de bienes por 16,7 millones de dólares.

En Ecuador tiene una sentencia de seis años de cárcel y una orden de reparación por 40,4 millones de dólares en bienes. Ni un solo centavo ha sido recuperado. Tampoco ha cumplido su condena. Su caso está en la impunidad.

En Florida, la jueza Kathleen Williams determinó que el exfuncionario ecuatoriano es culpable de cargos de lavado de activos y otros cuatro delitos, relacionados con corrupción y sobornos.

Según el Departamento de Justicia, el sistema ordenó el decomiso de 16,5 millones de dólares en bienes, de acuerdo con la sentencia emitida el primer día de octubre.

Pólit, de 73 años, durante el juicio rápido basó su estrategia en proyectar una imagen de honorabilidad. Su defensa intentó posicionar una narrativa de él como un adulto mayor vulnerable, bondadoso y colaborativo con las autoridades de la prisión. En la práctica, “se equivocó al creer que las cosas funcionan como en Ecuador, en Estados Unidos los procesos avanzan y al haber empezado el juicio rápido (speedy trial) la Fiscalía acumula evidencia en pocas semanas, tal como ocurrió”, explica el abogado penalista Francisco Estupiñán, presidente de la firma FEXLAW. Esta organización tiene diez años de experiencia en litigio penal y derecho complejo.

Aunque la Fiscalía de ese país había solicitado 19 años de prisión, la jueza la fijó en diez. “La decisión se enmarca en los parámetros de la justicia estadounidense. El sistema americano es pragmático y en delitos de corrupción busca la reparación del daño a través de los bienes; no a través de la cárcel”.

“El sistema anglosajón apuntó hacia los bienes y activos provenientes de un esquema de corrupción, que fueron lavados a través del sistema financiero americano; el engranaje judicial lleva 300 años de existencia y se aplica con pragmatismo”, explica Estupiñán.

Pero, ¿qué pasa con la sentencia y la obligación de pagar sus cuentas pendientes en Ecuador? Vistazo le consultó a la Procuraduría General del Estado.

Esta institución, que representa los intereses del Estado, confirmó que ya contrató un estudio jurídico internacional especializado en recuperación de activos, para iniciar las acciones que permitan recuperar los bienes en Estados Unidos. 

Ecuador va por el reparto de bienes de Pólit 

“La Procuraduría del Estado ha verificado que existe la opción de solicitar al gobierno de Estados Unidos el reparto internacional de activos basado en la cooperación internacional, la cual se contempla en la legislación americana y en la convención interamericana sobre asistencia legal mutua penal, de la cual son parte Ecuador y Estados Unidos. La entidad se encuentra coordinado acciones con las entidades pertinentes para que Ecuador pueda remitir oficialmente una solicitud de reparto internacional de activos”, respondió la entidad ante un pedido de esta alianza.

En Ecuador, Pólit tiene registrados escasos bienes. Según la Procuraduría, el hoy sentenciado tiene un departamento en el quinto piso del conjunto de edificios Plaza Torre, en La Floresta. Allí cuenta con un espacio de estacionamiento y una bodega. Además, están identificadas varias cuentas bancarias en estas entidades financieras del exterior: Regions Bank, Bank of America, Ocean Bank, Wachovia Bank y Crown Classic Banking.

Según la PGE, esta entidad “ha insistido ante el Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia para el embargo de los bienes”.

En el círculo familiar de Pólit, su hijo John se habría convertido en profesional del blanqueo de activos, por su experiencia en el sector financiero internacional, ya que cuenta con una ingeniería en producción y una maestría en administración. A sus 43 años trabajó en reconocidos bancos estadounidenses: laboraba en Merril Lynch, hasta que el entramado salió a la luz. El clan invirtió los recursos en bienes inmuebles en la Florida. Eso salió a la luz en el curso de la investigación de la justicia en ese país.

El de Pólit se convirtió en un caso de estudio a nivel internacional. El informe “Riesgo de Lavado en el Sector Inmobiliario Comercial” lo recoge. El estudio fue difundido en mayo de este año y realizado por tres entidades de la sociedad civil, preocupadas por la penetración de dineros sucios en la economía y el sistema financiero formal.

Para Estados Unidos es una voz de alerta. No menos de 2.600 millones de dólares de fondos de origen turbio habrían sido invertidos en el sector inmobiliario en los últimos 20 años, cita el documento. 22 estados de ese país serían los destinos preferidos por los blanqueadores de capitales. Entre los lavadores detectados están oligarcas rusos, corruptos de alto vuelo y el excontralor ecuatoriano.

EE.UU., top para el lavado

La investigación rastreó 25 casos, originados en esquemas de corrupción en distintos países. 14 de ellos involucran a personajes de alta exposición pública, es decir, funcionarios de altísimo perfil. Pólit es uno de ellos. Bienes inmuebles, oficinas, lavanderías, restaurantes y otros negocios en marcha están entre el abanico de bienes en poder de su círculo cercano.

Las entidades que participaron en la investigación son ACDC (siglas en inglés del Colectivo de Datos Anticorrupción), FACT Coallition (por las siglas de la Coalición para la Transparencia y la Rendición de Cuentas Financiera) y GFI, que corresponde a la entidad que busca la Integridad Financiera Global.

Julia Yansura, directora de Programas de Crímenes Ambientales y Financiamiento Ilícito de la coalición FACT, y una de las responsables del estudio, explicó a esta alianza que en los últimos cinco años, Estados Unidos se convirtió en un “sector top” para el lavado de activos. Esto motivó a que esa nación modificara sus normas antilavado.

“El sector inmobiliario es atractivo para criminales. Permite lavar grandes cantidades en una sola transacción. Es buena inversión. Los criminales son malos, pero no son tontos; buscan además rentabilidad para su dinero. En el pasado, mantenían bolsas de efectivo en su jardín; en cambio, un bien es una inversión, además, multifuncional porque pueden vivir en mansiones proyectando imagen de éxito empresarial lícito”.

Aunque el mecanismo que crea los blindajes contra el lavado de activos a nivel internacional (GAFI) emitió una normativa en 2022, para aumentar los controles, hay mucho por hacer. Estados Unidos, sin embargo, acaba de dar pasos contundentes.

“Este año, Estados Unidos tomó medidas adicionales para controlar el lavado de activos, para proteger el sistema financiero y para ayudar a combatir la corrupción y la cleptocracia. Esto va a tener impacto en otros países”, explicó la experta.

“Primero, se creó el requisito de declarar los verdaderos dueños de las empresas, los llamados beneficiarios finales. Esto aplica a empresas extranjeras, que hacen negocios en Estados Unidos. Así, un señor corrupto que robó dinero del Ecuador y creó una empresa fantasma en Florida, ya no va a poder esconderse por mucho tiempo”.

Según la reforma, la Fiscalía de terceros países podrá enviar pedidos formales para conocer quién está detrás de las empresas. Además, EE.UU. extendió  responsabilidades antilavado al sector inmobiliario residencial. La autoridad anunció que ampliará esta responsabilidad al sector comercial, de modo que tiendas, restaurantes, centros comerciales, gimnasios, casinos y otros negocios entren a la esfera de control antilavado.

Pago de sobornos de Gunvor 

El jurista Francisco Estupiñán, presidente de la firma especializada FEXLAW, cuestiona la lentitud del Estado ecuatoriano. “El sistema no ha demostrado efectividad en la recuperación de activos; yo he criticado que prefiere tener a una persona sentenciada a varios años de prisión, que recuperar los fondos de la corrupción”.

Además, cree que es inconveniente que los bienes recuperados se integren a la cuenta única del tesoro. En Estados Unidos, en cambio, los recursos se inyectan en las mismas entidades  del sistema de justicia, lo que las impulsan a seguir seguir investigando. Aquí, lamenta, “es increíble constatar la falta de recursos que enfrenta la función judicial”.

El de Pólit, si bien es un caso ampliamente mediatizado, no es el único que involucra recuperación de bienes en el exterior.

Estupiñán confirma que no solo es factible, a partir de convenciones internacionales, sino que existe un instructivo para aplicar la recuperación y el reparto de bienes entre estados víctimas de delitos de corrupción. Además, explica que casi todas las transferencias bancarias entre dos naciones pasan por la intermediación del sistema financiero estadounidense. Esto vuelve rastreable la ruta de los pagos.

Ante interrogantes de varios expertos sobre la efectividad en la tarea de recuperación del Estado ecuatoriano, esta alianza preguntó a Procuraduría (PGE) sobre el avance en los casos relacionados con delitos cometidos en Petroecuador.

El país recibió 93,6 millones de dólares, que se efectivizaron el 11 de junio de 2024, en la cuenta única del tesoro nacional, según la PGE. Este acuerdo se logró, explica el organismo estatal, luego de que en marzo la multinacional Gunvor, comercializadora de materia prima con sede en Suiza, “se declaró culpable en Estados Unidos por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”.

“La condena se dio en el contexto de la causa en la que fue sentenciado, también en Estados Unidos, Nilsen Arias, exgerente de comercio exterior de Petroecuador”.

Gunvor admitió que entregó sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano entre 2012 y 2020, para asegurar negocios con Petroecuador.

En otro caso de lavado de activos, con tres sentenciados, la cooperación internacional entre Suiza y Ecuador permitió que se repartieran 342 mil dólares, de los cuales 171 mil dólares ingresaron a las arcas del tesoro en julio de 2023.

Como parte de las acciones para identificar bienes en el exterior, de sentenciados por delitos de corrupción, Procuraduría afirma haber ubicado ocho cuentas en entidades financieras, relacionadas con Alex Bravo y empresas vinculadas, por más de 3,9  millones de dólares.

Es factible recuperar bienes y recursos producto de delitos de corrupción, a partir de la aplicación de acuerdos internacionales, lo cual no significa que sea sencillo o rápido, confirma el experto peruano en temas de recuperación de activos, Óscar Solórzano. Él explica un caso emblemático, que interesa tanto a Ecuador como a Perú.

ENTREVISTA. El expresidente del Tribunal Electoral, Carlos Aguinaga, pinta un panorama desolador. Y no le faltan motivos. Advierte que medios y periodistas deben armar una plataforma de seguridad, un protocolo, porque son blancos fijos de las organzaciones criminales, en un entorno creciente de inseguridad por el narcotráfico. Los atentados -alerta- son muy probables. Advierte que las autoridades electorales son cómplices en la fracasada tarea de identificar y sancionar el lavado de dinero sucio en las campañas. Y eso será mucho más evidente en este nuevo proceso para elegir presidente y asambleístas, en 2025.      

Redacción Código Vidrio

P. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los medios de comunicación y periodistas durante el proceso electoral que está en marcha para elegir presidente de la república y legisladores en 2024. Eso en medio de claras evidencias de inseguridad y ataques a candidatos de organizaciones criminales, como ya ocurrió en los dos últimos procesos del 2021 y 2023?
R. Realmente, los medios de comunicación y periodistas que interactúan, no sólo en el área política sino también en la cobertura judicial, en época electoral, deben construir una plataforma de seguridad, utilizar en gran medida los medios digitales y telemáticos a su alcance para evitar la exposición a sufrir atentados de los Grupos Delictivos Organizados. Deben construir núcleos de información sectoriales con políticas de contraste y verificación. Pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se los incluya en el Plan de Seguridad de las Elecciones 2025, junto con los candidatos. Este organismo debe coordinar acciones con las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia.

P. Lo más probable es que los grupos criminales ya tengan una hoja de ruta para generar el terror y enfilar sus ataques violentos a actores específicos.
R. Así es. Los grupos narcodelictivos y las pandillas tendrán instrucciones de generar caos en este proceso electoral, le apostarán al fracaso del plan de seguridad del Gobierno, ya que es un actor principal del proceso electoral. No hay posibilidad alguna de que no existan ataques, atentados y violencia política. Un objetivo de impacto son los medios de comunicación y los periodistas.

P. ¿Cómo ve el control que realizan las autoridades electorales sobre posibles intentos de lavado de dinero o narcotráfico en las campañas políticas?
R. Nulo. La omisión de las autoridades electorales les convierte en cómplices, afectando gravemente a la democracia por la falta de controles y acciones efectivas y reales para detener y detectar los dineros oscuros y sucios en la Política. En especial, del manejo de dinero en efectivo para el pago de personas que actúan para los partidos y candidatos. También para la adquisición de medios y recursos materiales que utilizan en las campañas, para la compra de bienes que se entregan en las campañas, los cuales están prohibidos como equipos de hogar, de tecnología; para la compra de votos. Tampoco está permitidfo el alquiler y compra de automotores que prestan servicio, contratación de redes sociales y plataformas digitales, etc.

P¿Han concretado las autoridades electorales alguna alianza con organismos de control como la UAFE para investigar las fuentes de financiamiento ilegales?
R. Lo correcto es que, sobre la base del principio de colaboración obligatorio que tiene el Código de la Democracia, que obliga a todas las entidades públicas, incluso privadas, a colaborar con el proceso electoral, se hubiera creado un centro de mando unificado de control del financiamiento ilegal, con integrantes y delegados de la UAFE, el SRI, la Fiscalia, el Consejo de la Judicatura, la policía, superintendencias de bancos y de economia popular y solidaria… Además, que se instale un sistema de control, rastreo y verificación de la fuente ilegal de financiamiento. Muchas de ellas, se gestan en el extranjero, con procesos comerciales desde el exterior. Debe haber un equipo de investigación fuerte con respaldo tecnológico pero no existe. Decir que la UAFE lo haga sola, es irreal, ya que no tiene la capacidad operativa ni tecnológica para detectar el dinero sucio en la política.

P. ¿Qué escenarios se prevé en cuánto a la violencia política e inseguridad, antes y durante el proceso electoral?

R. Me atrevería afirmar que la planificación de las mafias políticas y criminales, en cuanto a violencia política, ya está configurada. Desde ya se debe tener alertas tempranas y establecer políticas de prevención, cuidado y seguridad para todos los actores del proceso electoral. Siguen insistiendo desde hace una década que la violencia política les generará réditos, incluso mandando a atentar contra candidatos de las organizaciones que quieren que ganen. El código de la mafia ya está en operación.Por ello, hoy las campañas serán en la redes sociales y plataformas informáticas, en la nube digital. Sin embargo, la autoridad electoral se niega a controlar, lo cual genera un absoluto desequilibrio y falta total de condiciones de equidad en la participación político electoral.

P. ¿Tiene alguna expectativa sobre los resultados electorales?
R. Una mala expectativa, ya que con la falta de legitimidad de origen de los candidatos, al no haber sido seleccionados en forma democrática, con verdaderas elecciones primarias universales, obligatorias y secretas, ni tampoco en procesos electorales internos de los partidos con la votación de sus afiliados, (que de paso no quieren que se enteren que no lo tienen en función de las adhesiones y afiliaciones que dicen tener ) es una suerte de quien gana la guerra en la selva digital electoral. La maldad digital está funcionando desde hace rato y sin controles no se puede esperar mucho.

P. ¿Entonces las autoridades electorales están completamente ausentes y tampoco hay normas que garanticen una contienda electoral justa?
R. Totalmente. A ello abona la falta de reglamentación adecuada y diferenciada de lo que son actos de gobierno, actos de campaña, actos de proselitismo político, actos de respaldo partidario o político, actos de promoción partidaria, actos de promoción y propaganda electoral, diversos tipos de publicidad tradicional y digital. Además los actos en plataformas informáticas y en la nube digital, la valoración de cada segundo expuesto en medios y sistemas digitales. Si no hay todo esto, el CNE esta perdido y la competencia no será justa. El resultado es indescifrable.

P. ¿En este contexto, cuáles son los desafíos y prioridades para la sociedad civil?
R. Hoy más que nunca, viviendo y sintiendo todo este proceso de anomia política, de desintegración de la sociedad, de desinstitucionalización democrática, de imperio de la corrupción en todos los niveles, desde corruptelas hasta grandes negociados, es un imperativo y obligación cívica y moral de los ciudadanos empoderarse de la situación y construir una reingeniería política de todo el sistema democrático. Este modelo colapsó y nos está llevando a un abismo profundo o a una especie de hoyo negro infinito, en el cual reina la maldad, la codicia política, la corrupción. El engranaje de trabar toda iniciativa, los trust de corrupción seguirán, la narcopolítica dominará el régimen nada democrático de los partidos, los ciudadanos estaremos sometidos sino hacemos conciencia de lo que se viene. Debemos reconstruir a la sociedad y a sus sistemas político, electoral y de partidos. Hay que ciudadanizar la política no a través de la democracia representativa sino de la democracia social participativa.

Tres jueces de la sala penal de la Corte Provincial de Pichincha desecharon la Acción de Protección que el Tribunal Anticorrupción concedió en junio, y suspendió la explotación minera en La Maná, Cotopaxi, por los sistemáticos y graves daños al ambiente y especies. El mes pasado, tres instituciones del Gobierno y la minera Comiange apelaron la suspensión, que fue conocida y concedida por la Corte, en apenas dos días. Así, la empresa sigue con la extracción, aunque no tiene una licencia del Ministerio de Ambiente. En Estero Hondo (foto) hay evidencias de piscinas con agua contaminada, producto de la explotación de oro.   

Redacción Código Vidrio

Dos días laborables les tomó a los tres jueces de la Corte provincial penal de Pichincha revisar 927 fojas que tienen los 10 cuerpos de la Acción de Protección, demandada por la explotación minera ilegal de la empresa Comiange en La Maná, en Cotopaxi.

Esa apresurada revisión incluyó la sentencia que el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado emitió en este caso, el 25 de junio pasado, aceptando la Acción de Protección. Ese fallo había ordenado la suspensión inmediata de todas las actividades extractivas de la minera por los severos daños ambientales causados y la operación, sin licencia ambiental, en medio de la inacción de entidades gubernamentales para frenar sus operaciones, hasta que repare los daños causados y cumpla la ley.

Ese pronunciamiento fue epelado por los ministerios de Ambiente, de Energía y Minas, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), así como de Comiange. La impugnación se subió al Sistema de Trámite Judicial (Satje), el jueves 26 de septiembre pasado. Ese día fue conocida por los jueces Lady Avila Freire (ponente), Diana Fernández León, y Xavier Barriga Bedoya, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha.

El martes 1 de octubre -cuatro días después- los jueces aceptaron la apelación y revocaron la sentencia del tribunal anticorrupción, argumentado que las entidades gubernamenamentales demandadas sí cumplieron sus funciones de control. Además que la empresa no ha violado los derechos de la naturaleza ni de la seguridad jurídica, por lo cual no cabía ninguna suspensión de sus actividades ni la caducidad de las tres concesiones mineras que posee, desde 2016.

El fallo contradice el pronunciamiento de los jueces del tribunal de primera instancia, que se tomaron 20 días para analizar los alegatos de la Acción de Protección, tras escuchar a todas las partes en audiencia.

La demanda fue impulsada por la empresa embotelladora Acquad´or CA, fabricante del agua Splendor, que tiene su planta en La Maná. Esta compañía opera en una zona próxima a los sitios de impacto por la explotación minera, que según decenas de informes de los ministerios de Ambiente y Minas, expedidos desde 2016, ha causado daños y contaminación con metales, desechos peligrosos y combustibles sin ningún tratamiento técnico.

¿Las autoridades a espaldas de la ley?

No obstante, y pese a las prácticas sistemáticas de contaminación, ninguna autoridad ha aplicado lo que establece la Ley de Minería, declarando la caducidad de los títulos mineros en las concesiones Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, según el abogado de Acquad´or CA, Gonzalo Muñoz. Él no ocultó su preocupación por la premura con que los jueces estudiaron el caso y desecharon el pronunciamiento de primera instancia.

La falta de una licencia ambiental por más de ocho años, precisamente fue uno de los argumentos centrales que respaldó el fallo del Tribunal Anticorrupción para aceptar parcialmente la Acción de Protección. Por eso, los jueces dispusieron que las autoridades de control sean las encargadas de verificar que la empresa suspenda sus operaciones, lo cual nunca ocurrió. Entre junio y octubre, la explotación de oro en las concesiones de Comiange continuó en las noches, y supuestamente estuvo a cargo de mineros ilegales.

No obstante, la sala Penal de la Corte Superior aceptó los alegatos de Ambiente, Minas y la Arcom, que tuvieron un aliado en la Procuraduría, defendiendo la misma tesis para deslindar su responsabilidad.

Así, se alinearon con Cominage, que asegura que ninguna de sus actividades está fuera de la ley. “Las compañías concesionarias gozan de un título debidamente inscrito y, como ha dicho el Ministerio del Ambiente, el licenciamiento ambiental se encuentra en trámite para el año 2023. Todas y cada una de las acciones que han realizado los entes de control, con el pasar del tiempo, han sido subsanadas en cuanto ha correspondido y se han aceptado las sanciones”.

La minera indicó en la apelación judicial que Ambiente tenía seis meses para responder el pedido de licenciamiento, pero no lo hizo por lo cual “se entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades mineras. Es decir, estamos trabajando bajo el amparo de la norma (…). El Ministerio no se da abasto y no contesta los licenciamientos ambientales dentro del término de seis meses que establece la ley”.

“Inacción y complicidad de funcionarios”

Ante la última decisión judicial, la empresa Acquad’or hizo público ayer domingo un comunicado dirigido al presidente Daniel Noboa, denunciando la inacción de varias instituciones del Estado y la complicidad de ciertos funcionarios que “responden a intereses ajenos al país”, en el contexto de los fallos judiciales sobre las operaciones de Comiange.

“Señor Presidente, su intervención es indispensable para detener estos abusos. Esto no sería posible sin la complicidad de funcionarios del ARCOM y la pasividad del SRI, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, que han observado este problema sin actuar de manera efectiva”, dice la carta. “Esta semana hemos solicitado la caducidad de las concesiones mineras de Comiange S.A. por evasión tributaria; por considerarse minería ilegal; por contaminar del agua y por el grave daño ambiental que han causado. Creemos que esta medida es fundamental para frenar la devastación y restaurar el respeto a la legalidad y los derechos de la naturaleza”.

En la apelación ante la sala penal de la Corte Superior, los abogados de las cuatro entidades públicas coincidieron en un argumento medular, que también fue defendido por Comiange: todas las instituciones han realizado acciones de control y seguimiento -aseguraron- emitiendo informes donde detallan las violaciones legales y prácticas antitécnicas de la compañía, propiedad de Miguel Angueta Enríquez y Guido Angueta Hinojosa, quienes cedieron sus derechos mineros a favor de la compañía la Maná Rome Gold S.A.

Al contrario de lo que estimaron los jueces del Tribunal Anticorrupción, la Corte Superior no encontró ningún impedimento para que Comiange siga con sus operaciones extractivas, aunque no cuente con una licencia ambiental del Ministerio de Ambiente desde hace ocho años. Para los jueces basta que la licencia esté en trámite, aunque el incumplimiento de ese requsito ha sido indefinido y sistemático desde 2016.

Muñoz dijo que presentarán una nueva Acción de Protección ante la Corte Constitucional, pues hay evidentes violaciones a los derechos de la naturaleza y al debido proceso, que fueron desestimadas por la Corte Superior sin un análisis profundo ni motivado en un tiempo prudencial.

Incluso en su fallo los jueces, que acogieron la tesis de Comiange y las entidades estatales demandadas, los jueces indicaron que en este caso no es facultad del poder judicial establecer sanciones, como la suspensión o la caducidad, que solo les competen a las autoridades administrativas por incumplimientos legales.

Pese a que la consecuencia de no contar con licencia ambiental implica, según la ley, la sanción de perder las concesiones, para la Corte Superior esa decisión solo le compete al Ministerio de Minas, lo cual también fue defendido por la Procuraduría.

Es más, en su alegato de apelación Ambiente admitió que las tres concesiones mineras están en un proceso de regularización, no tienen licencia ambiental. “Debido a que no cuentan con licencias ambientales, se ha iniciado procesos de control en los cuales se han realizado informes técnicos, requerimientos de información de Comiange, por lo que se han emitido sanciones que han sido ratificadas por la parte accionante y se han establecido sanciones pecuniarias y legales”.

La Corte también acogió el criterio de la ARCOM que en su descargo indicó que no se ha podido probar cuál es la afectación real a la naturaleza. “No hay una prueba contundente más allá de todos los aspectos documentales que han sido añadidos al expediente”.

Sin embargo, durante el proceso judicial se presentaron 48 informes de las entidades de control que demuestran incumplimientos sucesivos legales de Comiange S.A.  También demuestran el amedrentamiento a funcionarios de Ambiente en la última inspección realizada a las concesiones, en septiembre.

Acquad’or pidió que el Gobierno impulsé la denuncia presentada por el Ministerio de Ambiente a la Fiscalía el 18 de julio de 2022.  Esa demanda incluye todos los informes de esa cartera de Estado  y ARCOM. Ahí se evidencia -indica la embotelladora- la quema de residuos, la descarga a ríos, quebradas y esteros de aguas contaminadas, la contaminación con químicos y lubricantes de las capas del suelo y subsuelo, la desviación de los cursos hídricos y el desacato de las órdenes de suspensión establecidas por las autoridades, desde junio hasta septiembre, cuando la Corte se pronunció.

El embajador de Estados Unidos, Art Brown, cumplió sus primeros 100 días de funciones en Ecuador. En este lapso firmó un acuerdo de cooperación en seguridad por $25 millones de dólares para aumentar las capacidades del gobierno y anunció una inversión adicional en desarrollo de $39 millones, para fortalecer la democracia y la gobernabilidad.

Redacción Código Vidrio

En sus primeros 100 días en funciones en Ecuador, el embajador de los Estados Unidos, Art Brown, enfocó su gestión en prevenir y responder a las amenazas y a los crímenes transnacionales, así como fortalecer la aplicación de la ley y el Estado de Derecho.

Desde su llegada al país, ha llevado a cabo actividades centradas en fortalecer la relación bilateral y fomentar una comunidad más unida y segura. Su objetivo es crear lazos con las comunidades locales, comprender sus necesidades y trabajar juntos en objetivos comunes, según un comunicado de la embajada.

Brown firmó un acuerdo de cooperación en seguridad por $25 millones para aumentar las capacidades del gobierno y anunció una inversión adicional en desarrollo de $39 millones, para fortalecer la democracia y la gobernabilidad. Además, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación de los efectos del cambio climático, la seguridad ciudadana y la reactivación económica.

Una prioridad de Brown es apoyar al Gobierno para enfrentar la crisis del cambio climático que ha causado graves incendios en varias provincias y severas sequías. Para mitigar los incendios forestales, la ayuda del Gobierno de EE.UU. alcanza ya los $230.000. También continúa trabajando estrechamente para analizar los fenómenos que afectan la producción de energía y definir estrategias del sector privado. Así se busca diversificar las fuentes de generación de energía.

El Embajador visitó Guayaquil y Esmeraldas, donde destacó la importancia de una comunidad fuerte como elemento crucial para mejorar la seguridad en el país. “El Ecuador me ha recibido con los brazos abiertos. Compartir con sus comunidades en estos primeros días me ha permitido conocer la valentía y determinación de los ecuatorianos”, expresó el Embajador.

Todos los destituidos están vinculados por favorecer supuestos delitos en los casos Metástasis, Purga y Plaga, que tienen como protagonista central al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. 

Redacción Código Vidrio

El Consejo de la Judicatura destituyó a 25 servidores judiciales que están siendo investigados en los casos Purga, Plaga y Metástasis.

El Consejo informó que seguirá aplicando sanciones  contra los servidores que han incurrido en actos irregulares durante el ejercicio de sus funciones. Entre los destituidos hay 18 jueces y juezas, tres fiscales y cuatro secretarios.

Para el exvocal del Consejo, Fausto Murillo, la decisión es positiva. Sin embargo -observó- es cuestionable que ha sido la Fiscalía la que puso en evidencia los presuntos delitos de los servidores judiciales y no el órgano administrativo de la Judicatura. «Es decir, luego de la intervención de la Fiscalía, recién se activa el régimen disciplinario. Esto evidencia que la Dirección Nacional de Transparencia y la Subdireccion Nacional de Control Disciplinario carecen de iniciativas en la investigación de infracciones disciplinarias», destacó Murillo.

De 25 funcionarios destituidos, la mayoría está relacionado con el caso Plaga. En ese proceso se investiga una supuesta delincuencia organizada relacionada con el pago de favores judiciales a favor de personajes políticos y servidores del poder Judicial. Aún está pendiente la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En el caso están involucradas trece personas, con el exdiputado socialcristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, y varios exjueces, a la cabeza. Precisamente Gallardo es una de las judiciales que fueron despedidas por la Judicatura.

En el juicio Metástasis se investiga el delito de delincuencia organizada relacionada con una red de corrupción que favorecía con fallos judiciales al ahora fallecido narcotraficante Leandro Norero, sus familiares y amigos. Hay 30 personas llamadas a juicio, entre las que constan el expresidente de la Judicatura Wilman Terán, el exlegislador correísta Ronny Aleaga, el empresario Xavier Jordán. y Christian Romero, abogado de Norero.

Mientras que en el caso Purga se investiga también una estructura de delincuencia organizada. Están  involucrados policías, jueces, funcionarios y abogados, para favorecer a criminales y políticos. Hay 31 investigados. Este lunes, 21 de octubre, está convocada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

Los 25 destituidos por la Judicatura corresponden a dependencias de cinco provincias: Guayas, Santo Domingo, Manabí, El Oro, Cotopaxi.

LISTADO DE LOS FUNCIONARIOS DESTITUIDOS

 En Ecuador se han detectado, con medios satelitales empleados por un organismo privado, 2.000 hectáreas de hoja de coca, sembradas los tres últimos años, según afirmó el presidente Daniel Noboa. No obstante, este año los militares solo han descubierto seis plantaciones en Sucumbíos, que suman 16 hectáreas, debido a que disminuyeron los operativos y personal, que fue
asignado a otras misiones en el resto del país, desde enero pasado. 

Las organizaciones armadas transnacionales han convertido a la Amazonía andina en un territorio en disputa para sus actividades, por la débil presencia del Estado. En Colombia las fuerzas militares no tienen
presencia ni puestos fijos de control en la frontera.

Desde 2018, los cultivos ilegales de hoja de coca han tenido un aumento alarmante en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Este fenómeno ha provocado también una severa deforestación, así como asesinatos de
líderes indígenas y la invasión de sus territorios y áreas protegidas.

El avance de los cultivos coincide con el fortalecimiento de seis grupos criminales que tienen el control territorial en las
fronteras amazónicas de Colombia, Brasil y Ecuador.

Redacción Código Vidrio

El anuncio sorprendió a muchos, incluidos militares y policías. En Ecuador se han detectado 2.000 hectáreas de hoja de coca, gracias a información satelital obtenida con asistencia internacional, dijo anoche el presidente Daniel Noboa en cadena nacional. “No nos haremos de la vista gorda, cerraremos las puertas a estas organizaciones, vamos por su financiamiento. Este 11 de octubre ya empezaron las operaciones”, agregó Noboa, quien responsabilizó de esas acciones a grupos narcoterroristas locales relacionados con organizaciones criminales internacionales.

Al día siguiente del anuncio, se desató una polémica por la cifra, que no era conocida ni había sido socializada entre las cabezas de las unidades militares que operan en las zonas donde se ubican los cultivos en el estudio. La cúpula e FF.AA. no se ha pronunciado oficialmente sobre el estudio.

Fuentes de Inteligencia dijeron a Código Vidrio que efectivamente hay un avance importante de los cultivos en las zonas selváticas fronterizas ecuatorianas con Colombia, pero que es la primera vez que conocen que existe una cuantificación de los cultivos ilegales, que está fuera de los parámetros que ellos tienen.

Lo cierto es que desde enero pasado, la mayoría de uniformados de Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, disminuyó su presencia en personal y los operativos en esa zona, para desplazarse a otras ciudades y provincias para enfrentar a los grupos criminales y atender funciones de control en las cárceles, zonas de minería ilegal, puertos del país, así como en las hidroeléctricas y otros sectores estratégicos. “Estas estructuras narcodelictivas están tratando de controlar importantes corredores de movilidad de trasporte de drogas desde Colombia hacia los puertos de Guayaquil y Manabí”, según un reporte de Inteligencia.

El sinnúmero de funciones asignadas a los militares y la Policía, en especial desde inicios de este año cuando Noboa declaró el estado de guerra interna contra los grupos nacoterroristas, mermó el control en las provincias amazónicas, vecinas al Putumayo colombiano, donde se produce más de 60% de la coca, al igual que Nariño, frente a Carchi y Esmeraldas.

En el cordón fronterizo con Colombia los grupos disidentes, aliados con bandas narcodelictivas y redes de cooperantes ecuatorianas, ejecutan nuevas dinámicas para el procesamiento de pasta base de coca. Eso incluye centros de concentración, tecnificación, mejoramiento de los procesos de la siembra, extracción, producción y comercialización de la droga. Así expanden sus cultivos especialmente en áreas protegidas con el apoyo de las comunidades indigenas, que adquieren los precursores quimicos para actividades agrícolas.

Destruyen plantación de 2,5 hectáreas

Este medio confirmó que el viernes pasado el Ejército ecuatoriano detectó en el sector de Manzoya, en el cantón Putumayo, en Sucumbíos, una plantación de 2,5 hectáreas de hoja de coca.

Los uniformados del Batallón de Selva 25 Putumayo, parte de la Brigada Napo 19, ubicaron los sembradíos en un barrido, gracias a la información de inteligencia del GIM87 Amazonas.

Durante el reconocimiento del lugar, los militares identificaron una estructura de madera utilizada como laboratorio para el procesamiento de pasta pase de cocaína y hoja de coca. En el sitio los uniformados también hallaron víveres, una balanza, hoja de coca picada, una moto guadaña y repuestos.

Tras acordonar el lugar, los militares incineraron las plantas de coca, así como la estructura complementaria para su acopio y procesamiento bruto. Según un informe, la destrucción de estos sembríos afecta la producción aproximada de 15 kilos de clorhidrato de cocaína, valorada en 40.000 dólares.

Oficiales del Ejército ecuatoriano realizaron coordinaciones con sus homólogos colombianos para reforzar la seguridad, desde sus embarcaciones en territorio colombiano, durante la ejecución de la operación militar, el viernes pasado.

Según un reporte de Inteligencia, las plantaciones y laboratorios que operan en el límite frontertizo, en Sucumbós y Orellana, son controlados por los Comandos de la Frontera, que mantienen alianzas criminales con Los Lobos y Los Choneros, tanto para el narcotráfico como para la minería ilegal.

Esos sembradíos  están orientados inicialmente para la producción de pasta base de cocaína, que luego es transportada a los laboratorios, donde es tratada con precursores químicos para convertirla en clorhidrato de cocaína. Los grupos armados cuentan con el apoyo de habitantes de los sectores aledaños, que son parte de las redes de apoyo logístico y de alertas sobre operaciones del Ejéricto. Otro factor que ha agravado esta dinámica son los diálogos para llegar a un acuerdo de paz que el gobierno colombiano mantiene con grupos armados, que han aprovechado la tregua para aumentar la producción de cocaína.

Entre agosto del 2022 y abril pasado, el Ejército descubrió ocho laboratorios en el lado ecuatoriano, la mayoría en Esmeraldas. En lo que va del año se han descubierto seis plantaciones en Sucumbíos, que suman 16 hectáreas.

Débil presencia estatal facilita acciones criminales

 El aumento de los cultivos ilegales de coca no es reciente, ni coyuntural.  Desde 2018, las organizaciones armadas transnacionales han convertido a la Amazonía andina en un territorio en disputa para sus actividades, debido a la débil presencia de los estados. Los cultivos ilegales de hoja han tenido un aumento alarmante en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.

Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, con sus socios La Silla Vacía, Vistazo, Código Vidrio y El Deber, reveló en junio pasado https://www.codigovidrio.com/code/narcodeforestacion-el-nuevo-mapa-de-la-coca-destruye-la-amazonia-andina/cómo la reconfiguración de los poderes criminales está transformando el mapa de la droga en la región y expandiendo el control en la selva baja.

Las zonas de la Amazonía en donde los últimos años se están extendiendo los cultivos de hoja de coca son las localidades fronterizas. Así ocurre en la frontera de Perú con Colombia y Brasil, en la denominada triple frontera: las plantaciones crecen en las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí. Pero también ocurre hacia el sur, en la frontera de Perú con el estado de Acre (Brasil), y en los límites de Bolivia con Perú y Brasil. Y se repite, en el norte, en la frontera de Ecuador con Colombia. Este fenómeno ha provocado también una severa deforestación, así como asesinatos de líderes indígenas y la  invasión de sus territorios y áreas protegidas.

Severa deforestación

En Sucumbíos, límite con la provincia colombiana del Putumayo y la provincia peruana del mismo nombre, la deforestación pasó de 6.824 hectáreas en 2020, a 9.146 hectáreas en 2022, lo que representa un incremento del 34%. Es la segunda provincia de la Amazonía ecuatoriana con mayor pérdida de bosques. En primer lugar se ubica Morona Santiago, también frontera con Perú, con 9.828 hectáreas deforestadas el 2022.

Desde las riberas de los ríos Putumayo, que atraviesa  Brasil, Colombia y Perú, y Yavarí, que separa Perú de Brasil; hasta las fronteras de Perú con Bolivia y Brasil, los cultivos de hoja de coca se extienden en Ecuador, Perú y Bolivia impulsados por grupos criminales que captan y muchas otras veces, invaden los territorios de las comunidades indígenas para forzarlos a sembrar coca.

Seis grupos criminales se fortalecen

El avance de los cultivos coincide con el fortalecimiento de seis grupos criminales que tienen el control territorial de estas fronteras amazónicas: Primer Comando Capital y el Comando Vermelho (de Brasil, con influencia y presencia en Perú), Comandos de la Frontera y Frente Carolina Ramirez (de Colombia, con influencia y presencia en Ecuador y Perú), y Los Lobos y Los Choneros (de Ecuador, con presencia en Perú).

El auge del tráfico de drogas en la región ahora tiene como principal foco de disputa el territorio amazónico, según informes y expertos consultados. Mientras Perú, Colombia y Bolivia continúan siendo el epicentro de la producción de cocaína en el mundo, y Ecuador dejó de ser una zona de tránsito para convertirse en el centro de la distribución, las mafias del narcotráfico han puesto su atención en la invasión de tierras indígenas y bosques amazónicos para extender la frontera de la hoja de coca ilegal.

Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico identifica que la reconfiguración de las organizaciones criminales está modificando el mapa de la droga, expandiendo los cultivos ilegales de hoja de coca en áreas protegidas.

Solo entre 2018 y 2022, según cifras oficiales, la deforestación en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú superó el millón de hectáreas. Pero la situación más alarmante se presentó en Bolivia, donde la pérdida de bosques alcanzó, solo el 2023, más de 696 mil hectáreas, que representa un aumentó del 27 % respecto al año anterior, según los reportes de Global Forest Watch.

Gran parte de esta destrucción está relacionada al avance de las plantaciones de coca sobre suelos de bosques.

El análisis de datos espaciales y estadísticos realizado revela que en Perú el 64% de la deforestación (356 mil hectáreas) correspondió a zonas de la Amazonía donde los cultivos de coca se han acentuado.

Acelerados por la innovación genética, la tecnificación de recursos, el empoderamiento de actores criminales internacionales que han tomado el control de las plantaciones y de las rutas hacia Brasil, se ha impuesto un nuevo orden en el mercado de la coca en medio una crisis que atraviesa el precio de la hoja de coca en Colombia.

• En 2023, tres pequeñas empresas mineras de oro en Ecuador exportaron 268 millones de dólares en oro a los Emiratos Árabes Unidos y la India, 20 veces más que en 2022, según una investigación de Mongabay y Código Vidrio.
• La cantidad de oro que las empresas afirman haber procesado no tiene sustento técnico, según expertos de la industria. Las inspecciones de sus concesiones no muestran indicios de que hubo operaciones formales de minería.
• Más del 35% de las exportaciones de oro de Ecuador proviene de empresas mineras de oro a pequeña escala, pero las irregularidades en su origen, permisos y operaciones, así como una crisis continua en la capacidad de monitoreo de las autoridades, sugieren que la mayoría de estos actores están comercializando oro de fuentes ilegales.
• Nuestra investigación muestra que las autoridades aprobaron permisos de exportación principalmente sin verificación en el sitio; y aunque el registro minero del país fue suspendido en 2018, la agencia a cargo continuó aprobando concesiones mineras.
• Hay 150 comercializadoras que registran direcciones inexistentes, sin un RUC actualizado, por lo que se presume que son de papel; la mayoría no tiene empleados. Eso se identificó tras controles del SRI a la actividad económica de cerca de 200 contribuyentes dedicados a la minería.

Por Arturo Torres y Dan Collyns, alianza Código Vidrio – Mongabay
Con apoyo del Fondo del Centro Pulitzer

Alrededor de una cuarta parte de las exportaciones de oro de Ecuador provenientes de la minería a pequeña escala en 2023 se originó en solo tres empresas: Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals. Sus exportaciones de 268 millones de dólares en oro a los Emiratos Árabes Unidos e India fueron aproximadamente 20 veces más que el comercio similar del año anterior. Una investigación de ocho meses sobre sus actividades, realizada por Mongabay y Código Vidrio evidencia que las exportaciones se realizaron a través de un esquema de certificados y permisos maquillados, con oro extraído de minas que en realidad no existen. Esta operación fue facilitada por la débil o inexistente supervisión gubernamental y la corrupción.

Los últimos años han evidenciado un auge en los negocios de minería de oro a pequeña escala en Ecuador. Por primera vez desde 2020, las exportaciones de los productores de oro a pequeña escala alcanzaron los 1.260 millones de dólares en 2023, superando los 1.170 millones de dólares en envíos de Aurelian, la única empresa de minería de oro  a gran escala en Ecuador, en etapa de explotación. Este auge ocurrió mientras el crimen organizado ha afianzado su control sobre la minería artesanal e ilegal de oro, a través de la violencia y la extorsión. Las tasas de homicidios aumentaron cinco veces entre 2019 y 2023, afectando en particular a las comunidades indígenas y campesinas, así como a los ecosistemas frágiles y ricos en recursos de las regiones amazónicas.

Mientras los periodistas de esta alianza seguían el rastro de todas las anomalías y los esquemas fraudulentos de este fenómeno, el 2 de septiembre pasado la Policía y la Fiscalía allanaron la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), así como el Ministerio de Energía y Minas, como parte de una investigación sobre irregularidades en la autorización de nuevos permisos y concesiones para la minería a pequeña escala. Aunque el registro minero fue suspendido a principios de 2018, entre 2019 y 2024 con la venia e inacción de la Agencia se otorgaron más de 650 concesiones, según los informes de los investigadores.

Los documentos y pruebas que revisamos, así como los testimonios y entrevistas para esta investigación, señalan que Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals y, al menos, otras 15 compañías y 18 personas, obtuvieron oro de diversas fuentes, que en su mayoría serían ilegales, con la complicidad o silencio (por temor a retaliaciones delictivas) de las autoridades de control minero. Esto fue corroborado en entrevistas con funcionarios y exfuncionarios.

Los casos de estas empresas, cuyas ganancias han aumentado 10 veces o más, en menos de un año, indican que la regulación débil, la corrupción y el crimen organizado han permitido que multimillonarias ganancias del narcotráfico se laven a través del oro extraído ilegalmente, según reveló nuestra investigación.

Desde 2020, la minería ilegal y la criminalidad se han duplicado. Esto, según Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, coincide con el cierre de ARCOM en 2020. El presidente Daniel Noboa reestableció la agencia en agosto de 2024, ante el despunte de la minería ilegal.

“Los controles sobre la minería ilegal cayeron, todo se volvió más laxo, las verificaciones técnicas y auditorías disminuyeron debido a la drástica reducción de personal y recursos”, dijo Benalcázar. “Se comenzaron a crear empresas sin ninguna verificación, y prácticamente podían exportar lo que quisieran, sin ningún límite”.

«Pequeños comerciantes»

A pesar de sus ingresos astronómicos, Rockgolden y Rocadorada (fundadas entre 2021 y 2022, según el registro de la Superintendencia de Compañías) no son empresas formales. Son lo que se conoce como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), un esquema especial que Ecuador introdujo en 2020 para apoyar a los pequeños emprendedores durante la pandemia de COVID-19.

Según analistas consultados, las SAS son ideales para el lavado de dinero porque facilitan la creación de empresas de papel. Se pueden constituir con un capital de $1, un solo propietario y sin verificaciones de antecedentes. Eso se acaba de revelar en el  expediente del caso Pampa, la investigación penal contra Dritan Gjika, uno del los cabecillas de la mafia albanesa, que traficaba cocaína a Europa desde Guayaquil. Él y otros 20 procesados lavaron USD 31 millones, mediante empresas de papel y otras relacionadas. La mayoría eran SAS.

Después de la pandemia, grupos familiares, especialmente de las provincias costeras de El Oro y Guayas, crearon decenas de empresas, incluidas SAS. “Hemos observado la presencia de personas naturales y jurídicas que no se dedican a una sola actividad en el sector, sino a varias, y camuflan sus operaciones reales al solicitar licencias y permisos a las agencias públicas”, según un informe de 2021 de la Organización de los Estados Americanos sobre minería de oro ilegal en Ecuador.

CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE ROCKGOLDEN, SOULMETALS Y ROCADORADA, COMPARADOS CON EL DE AURELIAN

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“Más del 35% de las exportaciones de oro de Ecuador proviene de la minería a pequeña escala, y una parte significativa de la minería ilegal y del lavado de dinero. Así es como la criminalidad minera explotó, estos no son casos aislados,” nos dijo Benalcázar. “Hay empresas que se multiplicaron y pagan pocos o ningún impuesto. Otras venden a través de aquellas que tienen licencias de exportación; cualquiera puede exportar, con o sin concesión,” señaló.

Nuestra investigación no encontró controles sistemáticos del Servicio de Rentas Internas (SRI) ni la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para verificar si estas empresas habían pagado impuestos o estaban involucradas en alguna irregularidad financiera o lavado de dinero. Tampoco la Superintendencia de Compañías ha intervenido para detectar y denunciar las irregularidades. La información que recaba Inteligencia del SRI solo es conocida por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y no es formalizada en ninguna investigación de la Fiscalía. Hay una ausencia total de coordinación interinstitucional para enfrentar estos casos.

No obstante, este año el SRI detectó que existen 150 firmas comercializadoras que registran direcciones inexistentes, sin un RUC actualizado, por lo que se presume que son de papel; la mayoría no tiene empleados. Eso se identificó tras controles del organismo a la verificación de actividad económica a cerca de 200 contribuyentes dedicados a la minería.

Patrón fraudulento

Desde 2020 hasta la primera mitad de 2024, cuando ARCOM fue cerrada, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) asumió sus responsabilidades. Durante este tiempo, aprobó certificados de producción y permisos de exportación para Rocadorada, Soul Metals, Rockgolden y otras pequeñas empresas mineras. Lo hizo sin poder verificar los lugares de procedencia del oro extraído y procesado, según los documentos que revisamos. La Ley establece que la autoridad a cargo solo debe revisar y aprobar que los documentos estén en orden y cumplan los requisitos formales.

A través de estos documentos, así como del registro minero, guías de exportación y pagos de impuestos, encontramos que los permisos de exportación y certificados de producción parecían seguir un patrón fraudulento.

“Estas empresas tuvieron un aumento de envíos de oro que no corresponde con su condición de pequeñas mineras,” dijo un exfuncionario de la Agencia que pidió permanecer en el anonimato por seguridad. “Las cantidades exportadas y los pagos multimillonarios recibidos no coinciden con sus informes de producción y procesamiento del mineral”.

“Al cruzar los datos reportados en 2022 y 2023, es muy probable que la fuente del oro exportado provenga de la minería ilegal,” nos comentó el exfuncionario.

Los certificados de exportación de las empresas con envíos inusuales contienen pruebas claras que apuntan a irregularidades. En particular, hay discrepancias entre las cifras de producción y exportación, según pudimos detectar al revisar esos documentos, lo cual también fue corroborado por expertos consultados para esta investigación.

Por ejemplo, en un certificado de exportación, Rockgolden declaró que en agosto de 2022 había procesado 4.588 toneladas métricas de mineral en 13 días en la concesión DENIS UNO, en la parroquia Bella María, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. De esta actividad, que ascendía a un promedio de 353 toneladas métricas de material extraído diariamente, obtuvo 43 kilogramos (95 libras) de oro puro, que vendió a una empresa en Dubái por 2.2 millones de dólares.

§ En 2023 el Estado recibió ingresos por regalías del sector minero de 207,6 millones de dólares. Una parte significativa de esos fondos, más de 80 millones provino del pago por exportaciones de oro y otros minerales.  

Aunque estas cantidades fueron validadas por las autoridades, una fuente de una empresa minera legal en la provincia de Azuay dijo que las cifras de producción señaladas por las sociedades eran desmesuradas. “Nuestra empresa tiene 700 empleados formales y es capaz de procesar 700 toneladas al mes, aproximadamente 40 toneladas al día, con lo cual obtenemos alrededor de 12 kilos (26 lbs) de oro,” dijo la fuente, y agregó que las empresas mineras a pequeña escala solo tienen permitido procesar hasta 300 toneladas métricas diarias. “Ninguna empresa de este tipo tiene esa capacidad máxima de producción.”

LA CADENA DE SUMINISTRO DE ORO EN ECUADOR

Entre julio y agosto de 2023, Soul Metals exportó 59 kg (130 lbs) de oro de un total de 2.500 toneladas métricas de mineral procesado. “Ninguna empresa minera legal a pequeña escala puede producir más de 15 kilos (33 lbs) al mes, debido a los costos, el uso de maquinaria y la capacidad de producción. Solo Aurelian puede producir más de 20 kilos (44 lbs),” afirmó la fuente.

La concesión DENIS UNO, que pertenece a Rockgolden, fue otorgada en octubre de 2013. Sin embargo, Rockgolden fue creada como una SAS en 2022. Entre 2017 y 2022, esta área, ubicada en Machala, estaba a nombre de Germán Arias Pauta, con el catastro 098697480. Y en diciembre de 2022 el dueño hizo la cesión y transferencia de la concesión a Rockgolden. “Ninguna SAS puede tener un área minera, ya que las últimas concesiones fueron otorgadas en 2017, cuando se cerró el registro minero, y en ese momento no existían este tipo de empresas,” dijo la fuente en Azuay.

Según un mapa en tiempo real al que accedimos a través del Geoportal del Catastro Minero de ARCOM, no existen minas ni instalaciones mineras operativas en esa concesión.

CATASTRO MINERO

Rocadorada no tiene empleados, al menos ninguno está registrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según fuentes de ese organismo. Soulmetals registra dos trabajadores en el IESS. Ambas empresas, según la magnitud de su explotación y producción deberían contar con una nómina de, al menos, 1.000 empleados cada una, según estima un representante de una compañía minera, que pidió el anonimato.

Este no es un caso aislado. Las concesiones mineras declaradas en los documentos de exportación se ubican en lugares donde no hay actividad minera visible, solo se aprecian ríos y aldeas, modestos caseríos. Según los mapas que revisamos para esta investigación, estas áreas no tienen entradas a minas, presas de relaves ni sitios de desechos.

“La falsificación de certificados de origen, como parte de la cadena de producción de minería ilegal, es una de las actividades más rentables dentro de los eslabones de producción ilícita, ya que el intermediario compra oro ilegal a aproximadamente el 60% del valor del mercado y lo vende a alrededor del 95%,” nos dijo Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DTOC) de la OEA.

En ciertos casos, según un investigador de Inteligencia, organizaciones criminales transnacionales con nexos con el narcotráfico crean las firmas en Dubai, la capital de Emiratos Árabes. Luego envían a sus representantes a Ecuador para que creen o adquieran SAS o compañías ya constituidas, obtengan licencias de comercialización y compren oro a mineros ilegales o artesanales. Para sus operaciones cuentan con capitales de decenas de millones de dólares en efectivo, provenientes de actividades criminales, indica el investigador.

La danza de los millones

La magnitud de las inusuales exportaciones de oro comenzó a generar alarmas a mediados de 2023. Entonces Patricio Bonilla, un coronel (r) del Ejército, asumió el cargo de director de ARCERNNR, la entidad reguladora minera desde 2020, tras la destitución de su predecesor, Luis Maingón, en medio de acusaciones de corrupción. Durante la gestión de Maingón, se sospecha que funcionarios alertaban a los mineros ilegales antes de las redadas policiales, particularmente en las provincias de Azuay y Napo, mientras que los reguladores mineros en provincias supuestamente cobraban tarifas y exigían sobornos a representantes de empresas exportadoras de oro para emitir permisos. Maingón dirigía ARCERNNR desde agosto de 2022 y era un colaborador cercano del exministro de minería Xavier Vera, quien fue arrestado tras ser acusado de supuestos sobornos.

Bajo el liderazgo de Bonilla, la agencia reguladora comenzó a descubrir irregularidades en las exportaciones de oro de muchas empresas. Un exfuncionario confirmó que destacaban Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals, registradas en los puertos de Machala y Guayaquil.

En 2023, Rockgolden exportó $71 millones en oro a MHGS Trading DMCC en Dubái, aproximadamente 70 veces más que en 2022. El gerente general de Rockgolden es Guillermo Bolaños, un ciudadano peruano. Shaheen Daniel Hays, un ciudadano estadounidense, es accionista. Ninguno respondió a los correos electrónicos y números de teléfono registrados en la empresa. MHGS Trading DMCC es una subsidiaria de la multinacional comercializadora de oro Metals House Inc., donde Hays figura como socio gerente en Perú.

Por su parte, Rocadorada vendió $110 millones en oro a Dubái en 2023, casi 10 veces más que en 2022. El comprador fue Al Hamra Overseas Trading Llc. Su único accionista es el ecuatoriano Christian Quijije. Los correos enviados a la dirección de Al Hamra no obtuvieron respuesta.

Soul Metals no registró ninguna exportación de oro en 2022, pero al año siguiente envió $81.4 millones en oro a India. El comprador fue A.J. Refinery Private Limited, con sede en India. Creada hace solo dos años, Soul Metals ha cambiado de propietarios y accionistas cuatro veces. Llamamos a los dos números de celular listados en su registro corporativo, pero estaban a nombre de otras personas. Tampoco respondieron a nuestros correos electrónicos.

El modo en que estas transacciones se llevan a cabo parece ser un método de lavado de dinero, según un oficial de inteligencia que consultamos y que solicitó el anonimato por razones de seguridad.

Las ganancias ilícitas del tráfico de cocaína que antes ingresaban al sistema financiero en Ecuador ahora salían del país para ser invertidas en compras de oro en Ecuador, señaló el oficial. Las mismas personas creaban empresas en los Emiratos Árabes Unidos para enviar dinero a Ecuador y así crear empresas ficticias que exportaban el oro a sus propias firmas con sede en Dubái, lavando así el dinero sucio.

La violencia impulsa la minería ilegal

El aumento de las exportaciones de oro se produjo en medio de un incremento de la delincuencia y la violencia en las zonas de minería ilegal de nueve provincias ecuatorianas, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). En la Amazonía sur, donde las bandas criminales han incursionado en la minería ilegal, las tasas de homicidios se han duplicado o incluso triplicado.

Entre enero y junio de este año, las exportaciones bajaron en un 26%. 23 firmas encabezan el listado, incluidas 3 SAS y 8 personas naturales

“La minería de oro ilegal se ha convertido en la actividad criminal más dominante en la región amazónica de Ecuador, dijo Sofía Jarrín, asesora de defensa de Amazon Watch para la Amazonía Occidental y autora principal de un informe reciente sobre bandas de oro.

“Las organizaciones criminales están reinvirtiendo las ganancias del narcotráfico en este lucrativo comercio, alimentando una lucha violenta por el control territorial”, afirmó Jarrín en el informe. “Esta dinámica no solo aumenta la violencia, la extorsión, el reclutamiento y los asesinatos por encargo, sino que también permite la expansión de otros mercados ilícitos, como el contrabando de mercurio, armas y drogas, empoderando aún más a los grupos criminales que custodian los enclaves mineros”.

Aunque no pudimos identificar un vínculo directo entre las organizaciones de narcotráfico y las empresas en cuestión, la hegemonía de grupos criminales en la minería apunta a una industria contaminada. En provincias como El Oro, Azuay, Imbabura, Napo y Zamora-Chinchipe, Los Lobos, una banda aliada con grupos criminales de Venezuela, Colombia y Perú, lucha por el control de la minería ilegal, utilizándola como un conducto para lavar los ingresos del narcotráfico y otros delitos.

Solo en el cantón de Ponce Enríquez, en Azuay, Los Lobos genera alrededor de 3.6 millones de dólares en ganancias al mes. Los operadores de empresas comerciales compran mineral de oro a los líderes de la banda y a los mineros ilegales en sus áreas de influencia, así como de Perú, según el oficial de inteligencia.

Estos intermediarios luego transportan el mineral a plantas de beneficio (procesamiento) en Ponce Enríquez o Portovelo, o en la provincia vecina de El Oro, donde se tritura hasta reducirse a polvo, para luego procesarse químicamente y fundirse en lingotes, que pueden ser exportados por las comercializadoras.

“La minería ilegal es una actividad más segura y lucrativa en la que pueden invertir dinero del narcotráfico y desde la cual pueden lavar los activos más fácilmente”, nos dijo Schulmeister de la OEA. “Es más fácil transportar un kilo de oro que un kilo de cocaína”.

Un exfuncionario que trabajó en la ARCERNRR en el gobierno anterior nos dijo que  las autoridades “solo están allí para legalizar lo ilegal”. Algunos lo hacen por miedo y otros porque son colaboradores y reciben pagos por sus servicios. Otro problema es la falta de personal y presupuesto. En Quito son apenas 20 funcionarios.

En 2023, la Agencia emitió 1.984 certificados de exportaciones de minerales, y 910 hasta junio de este 2024, según informes oficiales.

Inspecciones in situ

El exfunciuonario añadió que, al detectar el aumento en las exportaciones de Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals, la ARCENRNRR decidió en 2023 inspeccionar los lugares de las concesiones de las empresas. “Cuando llegamos… no había movimiento de tierra ni operaciones extractivas importantes. Todo era un montaje. Estimamos que el oro que exportan lo compraban a mineros ilegales en Yutzupino y Punino, en la provincia de Napo, y en Buenos Aires, en Imbabura”.

Cuando en agosto pasado se le consultó sobre el crecimiento explosivo de las exportaciones inusuales, Diego Ocampo, el viceministro de minería en ese momento, dijo que el gobierno había planeado detectar y corregir estas anomalías a través de ARCOM, que fue reinstalado este agosto. Añadió que las autoridades comenzarían a perseguir los delitos en la zona.

Según Ocampo, ARCOM había planeado realizar auditorías de los informes de producción para verificar si los coordinadores zonales estaban llevando a cabo auditorías in situ y si los datos coincidían con lo declarado en los documentos. Su posición frontal le pasaría factura.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE ORO 2018-2023

Ocampo renunció como viceministro a mediados de agosto de 2024, trasv un impasse con el ministro de Energía. En su informe final de gestión, expresó su preocupación por la situación de ARCOM, añadiendo que carecía de personal técnico, administrativo y legal, así como del presupuesto para cumplir con su labor y combatir la minería ilegal.

Según un informe interno de la Agencia que revisamos, otro indicador grave es la falta de reportes consolidados sobre las estadísticas de multas y sanciones impuestas y cobradas, ni informes sobre la distribución de regalías y ganancias mineras. Tampoco existe control in situ del muestreo de minerales, debido a la falta de personal. No hay ningún registro o informe consolidado de auditorías técnicas realizadas en 2023, y mucho menos en años anteriores.

La salida de Ocampo fue una señal de que el actual gobierno tenía serios problemas para empujar la operación de la nueva ARCOM, en medio de un juego de intereses de autoridades del Ministerio de Energía y Minas relacionadas con anomalías en el control de la minería ilegal, que alertó Ocampo. El último pico de esa crisis fue la salida de Mauricio Martínez, quien estuvo frente a la Agencia menos de un mes, y acaba de ser reemplazado por el coronel (r)  Bonilla, a inicios de septiembre.

En octubre de 2023, las autoridades de control minero reunieron pruebas sólidas de exportaciones inusuales por parte de Rockgolden y Rocadorada, que fueron reportadas por presunta evasión fiscal al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

También mantuvieron reuniones con directivos de esas entidades, así como del Centro de Inteligencia Estratégica CIESS, para explicarles los alcances del fenómeno.

Ante un pedido de esta alianza periodística sobre los resultados de la investigación a Rockgolden y Rocadorada y sus representantes, el SRI respondió. “Esta administración Tributaria está en proceso de determinación tributaria a los sujetos pasivos titulares de las concesiones mineras referidas. Sus resultados se emitirán en el marco de los plazos de caducidad de la facultad determinadora. La información proporcionada por la ARCERNNR ha sido considerada en el proceso de control que se encuentra ejecutando”.

Mientras el SRI avanza en la auditoría a esas empresas exportadoras, el director encargado de la UAFE, José Neira, no repondió nuestros pedidos de entrevista y de información sobre el avance de la investigación.

El financiamiento para la investigación de este reportaje provino del Fondo de Periodismo sobre Bosques Tropicales del Centro Pulitzer. https://rainforestjournalismfund.org/