Las Fuerzas Armadas y la Policía reiniciarán las operaciones de destrucción de maquinaria y equipos empleados en minería ilegal en varias provincias del país, que estaban suspendidas desde enero pasado. Estas acciones son parte de una estrategia del Gobierno para enfrentar este fenómeno criminal a varios niveles, que está a cargo de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI). En nueve provincias del país, la mayoría de la Amazonía, están identificadas 32 zonas críticas de estas actividades delictivas.
Redacción Código Vidrio
Franklin Erreyes, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), expidió el 26 de julio pasado la resolución ARCERNNR-2024-0035-RES, que dispone la destrucción, inhabilitación y/o demolición de los bienes, insumos, maquinarias, equipos y vehículos utilizados en minería ilegal y que sean identificados in situ.
Este procedimiento se realizará mediante la aplicación del «Protocolo de Destrucción de Equipos, Maquinaria Pesada y Amarilla», que se elabora en coordinación con a Policía y las Fuerzas Armadas. Todo este proceso ha estado a cargo de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), integrada por directivos y técnicos de varias instituciones de control. Esta Comisión diseña la estrategia para enfrentar estas actividades criminales que han aumentado vertiginosamente los últimos cuatro años.
Operaciones suspendidas seis meses
Las operaciones de demolición de maquinaria usada para la minería ilegal han estado suspendidas cerca de siete meses. En enero pasado, el excoordinador de la ARCERNNR, Juan Carlos Pindo, derogó la resolución que amparaba la inhabilitación de equipos pesados que se emplean en minería ilegal, con el uso de explosivos. Justificó su decisión en un pedido del Ministerio de Ambiente, bajo el argumento de que la destrucción de la maquinaria supuestamente generaba daños en zonas sensibles de flora y fauna, según fuentes consultadas por este medio.
La última operación en que los militares y policías destrozaron retroexcavadoras y otros equipos con el uso de explosivos se realizó el 22 de septiembre pasado en Orellana y Napo. Personal de FF.AA. y la Policía, en coordinación con la Fiscalía y la ARCERNNR, destruyeron 15 máquinas en Punino Alto (Orellana) y Talag (Napo), donde cientos de mineros ilegales operan en coodinación con grupos criminales. Otro gran operativo se realizó en mayo de ese año en el río Punino, entre Orellana y Napo. Los uniformados encontraron 34 excavadoras, 7 clasificadores y 2 generadores de energía que fueron destruidos. cada máquina cuesta alrededor de 250 mil dólares, y se financia con recursos de actividades ilícitas, en buena parte relacionadas con el narcotráfico, según fuentes de Inteligencia.
32 sectores tomados por mineros ilegales en 9 provincias
La Agencia de Regulación articulará en adelante las acciones con la Policía y FF.AA. en nueve provincias, donde existen focos críticos de minería ilegal, para demoler los bienes, insumos, maquinarias, equipos y vehículos utilizados en la explotación minera al margen de la ley. Según reportes oficiales, los mineros ilegales operan en Imbabura (3 sectores), Sucumbíos (3), Napo (3), Orellana (2), Pastaza (1), Morona Santiago (4), Zamora Chinchipe (9), Azuay (2) y El Oro (5).
Durante los últimos siete años, la banda de Los Lobos ha estado involucrada en la minería ilegal de oro en siete provincias, desde Imbabura en el norte, Napo, Orellana y Sucumbíos en el noreste amazónico, hasta Azuay y Zamora Chinchipe en el sur, según entrevistas y documentos de inteligencia revisados por Código Vidrio. En cada sitio, sus integrantes han extorsionado o asesinado a los mineros para tomar el control, mientras se encargan de toda la cadena de suministro del mineral.
En Ecuador se ha detectado una rápida expansión en la minería ilegal de oro, que en 2021 cubrió 7.495 hectáreasde tierra (más de 10.000 estadios de fútbol), o un aumento del 300% desde 2015, según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina. Este rápido aumento, impulsado por los precios récord del oro a nivel internacional, ha atraído a las bandas de narcotráfico más poderosas al lucrativo mercado que también les permite lavar más fácilmente las ganancias del comercio de cocaína. Los capos de los carteles han incursionado de lleno en esta actividad, según estimaciones de agentes de FF.AA. y la Policía.
Con la promesa de dinero fácil, la minería se infiltra fácilmente entre los campesinos que viven de la agricultura, particularmente en las comunidades indígenas, donde los jóvenes, con dinero en efectivo de la minería, a menudo gastan sus ganancias en alcohol, mientras que las mujeres se involucran en relaciones con extranjeros que se mudan a otras minas, muchas veces abandonando a sus hijos. Este patrón es una constante en buena parte de las zonas afectadas por esta actividad criminal.