La fiebre del oro volvió a Ponce Enríquez el epicentro del crimen transnacional

EXCLUSIVA. Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, se convirtió en un escenario de violencia extrema por el control de sus codiciadas minas de oro. La megabanda de Los Lobos, aliada con el Tren de Aragua y grupos armados colombianos y peruanos, ha desplazado o sometido a mineros ilegales y legales de la zona, a través de extorsiones, secuestros y asesinatos. Las cruentas disputas internas entre facciones de Los Lobos y el creciente poder de bandas extranjeras han disparado la violencia en la región fronteriza. Esto ha obligado a las empresas mineras legales a reforzar su seguridad. En esta investigación transnacional revelamos el peligroso avance de estas alianzas criminales y sus protagonistas. Un pico de las arremetidas criminales fue en abril de 2023, cuando Los Lobos se tomaron las  instalaciones de la empresa Bonanza (Foto toma de video registrado en las cámaras de la empresa).

Alianza Investigativa Transfronteriza Vistazo – Código Vidrio – Ojo Público  

“Aquí no vivimos. Aquí hay que ver cuánto duramos”. El hombre, de 45 años, a quien llamaremos Jorge, pide proteger su identidad porque no quiere ser víctima de los ‘desalmados’. Así llama a quienes convirtieron al cantón minero Camilo Ponce Enríquez en un territorio de oro y sangre; de cuerpos calcinados y decapitados; de mineros secuestrados; alcaldes asesinados y extorsiones.“Se volvió un infierno y yo no quiero morir quemado”, nos dice, mientras jura que no quiere volver más vivir a este lugar.

En esa pugna se enfrentan dos facciones del grupo criminal Los Lobos, bandas que se identifican como miembros del Tren de Aragua, de Venezuela; integrantes de grupos paramilitares de origen colombiano, que se presentan como el ‘Ejército Nacional’, según informes de Inteligencia levantados en el lugar. A ellos se suman células de procedencia peruana, que –según tres agentes investigadores entrevistados para este reportaje– son el enlace para el ingreso ilegal de armamento, municiones y explosivos desde este país.

El último 13 de agosto, un nuevo hecho violento conmovió a esta ciudad de aproximadamente 30 mil habitantes. Cinco hombres fueron asesinados: dos de ellos, decapitados. Un tercero, calcinado. La policía detuvo a tres presuntos involucrados en una zona ubicada muy cerca de una operación minera. Uno de los detenidos tenía menos de 18 años.

Los fallecidos eran miembros de Los Lobos Box, una disidencia de la estructura nacional. La facción rebelde es originaria de Machala, en El Oro, y desde este año disputa el control de esta zona minera.

Atrapados por está violenta disputa están los habitantes del cantón, las autoridades locales, los trabajadores y administradores de las minas legales, que operan en condiciones cada vez más peligrosas, y los mineros ilegales y sus familias.

Ponce Enríquez tiene una ubicación estratégica. Colinda con las provincias de Guayas, cuyo puerto del Océano Pacífico es usado para el envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa; y El Oro, en cuya frontera con Perú existen corredores clandestinos para el tráfico de armas, explosivos y precursores químicos.

Pero no solo eso. Este cantón también concentra un porcentaje importante de concesiones y minas de oro (en su mayoría subterráneas). De aquí se extrajo el 30% del oro obtenido entre 2005 y 2015, según datos de la autoridad local. A diferencia de otras zonas, gran parte de estas concesiones son legales.

Hacia los primeros meses de 2022, aumentó la codicia de los grupos violentos, como ya ha ocurrido en otras zonas del país. En Ponce Enríquez buena parte de las minas son operadas por compañías legales que extraen oro de concesiones otorgadas por el Estado.

Los Lobos crecen en la Sierra y la Amazonia

Esto no pasó desapercibido para Los Lobos. La agrupación fue, hasta la pandemia, el brazo armado y de sicarios de Los Choneros, estructura criminal predominante en el país. Esta banda se especializó desde la década pasada en el envío de cargamentos de droga en lanchas rápidas por el corredor del Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos.

A Los Choneros no les interesaban las provincias andinas, de la serranía. En cambio, Los Lobos tuvieron la visión de abrir rutas de microtráfico en la sierra central del país. En esa misión armaron nuevas estructuras, a la sombra, explica a esta alianza la perfiladora criminal Alexandra Mantilla. De esta manera, agrega la experta, Los Lobos dominaron la cárcel de Cotopaxi y expandieron su radio de actividades y su alcance geográfico.

Por el norte, en la proximidad con Colombia, llegaron a desplazar al Frente Oliver Sinisterra, de disidentes de las FARC, quienes controlaban la minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, advierte un exgeneral de la Policía, que estuvo al frente de operaciones de control en la frontera norte. Los Lobos cobraban cinco dólares por cada bulto, o saco, de aproximadamente 25 kilos de material mineralizado extraído de la ‘ciudad de plástico’, como la llamaron las autoridades luego de una operación masiva en 2019.  El valor de un bulto bordea los 4 mil dólares. Para esa época se calculó que siete mil personas, de distintas nacionalidades minaban ilegalmente en esa zona de montaña, ubicada en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura.

La actividad minera ilegal en esa zona se realiza en sitios de difícil acceso, y la extracción de los bultos requiere del trabajo en poleas. A partir del volumen decomisado en el operativo más grande realizado hasta el momento, se estimó la cifra de ganancias en 2 millones de dólares.

Con la experticia y los millonarios recursos obtenidos en el norte, Los Lobos se orientaron hacia las áreas mineras que se encuentran en Azuay, en la zona andina ubicada al sur del país. Incluso mantienen la explotación ilegal en Buenos Aires desde donde transportan grandes cantidades de material mineralizado hacia El Oro y Azuay, para refinarlo en las plantas de beneficio, que también están bajo su control.

Azuay es la provincia que acoge a la cárcel de Turi, donde dominaba Wilmer Chavarría, ‘Pipo’, quien es el fundador de ese grupo criminal y está prófugo. Esta expansión se aceleró después del 2020, cuando el líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue asesinado, y reemplazado por José Macías, alias Fito, y Junior Roldán. Pipo no estuvo de acuerdo con el relevo y abandonó Los Choneros, al igual que otros grupos más pequeños. Los siguientes años Pipo fortaleció su liderazgo y diversificó su portafolio criminal, especialmente con la toma de minas para explotación de oro, así como las extorsiones a empresas mineras, según informes de Inteligencia revisados por esta alianza. En 2023, según dos oficiales de Inteligencia consultados, también empezó su despunte fuera de las fronteras nacionales. A partir de alianzas con grupos armados y bandas en Colombia (Comandos de la Frontera) y con el Tren de Aragua y miembros de bandas que operan en la frontera, del lado peruano. También han sido detenidos y extraditados dos cabecillas de Los Lobos en Chile.

En este contexto, Ponce Enríquez cobró gran relevancia. Se convirtió en un laboratorio criminal y una fuente permanente de millonarios ingresos. En este cantón la organización delictiva rápidamente aprendió la dinámica de toda la cadena, desde la extracción, hasta el procesamiento, comercialización y exportación de oro hacia mercados internacionales.

Se apropian de las minas a sangre y fuego

A diferencia de Buenos Aires, en Ponce Enríquez la mayor parte de la actividad es legal. Con los meses, Los Lobos se apoderaron de minas concesionadas a titulares mineros, desalojando a sus legítimos dueños con amenazas, crímenes ejemplificadores y secuestros selectivos. A varios les permitieron operar, a cambio de que entregaran el porcentaje mayoritario de las ganancias, y les garantizaron su vida a cambio de silencio.

No siempre cumplieron el pacto. En una siguiente etapa, el grupo armado impulsó la apertura de frentes de explotación ilegal, en áreas aledañas a riberas de ríos, a cambio de una inversión inicial de entre 300 y 900 dólares por cada minero, a manera de una acción. A los mineros ilegales que apoyan a la estructura criminal les dan un nombre específico: sableros.

La estructura se hizo fuerte sembrando el miedo, en unos casos. En otros, gravitó la simpatía de quienes encontraron en la extracción del oro impulsada por esa banda, así fuese ilegal, la solución a la crisis económica y el desempleo agravado tras la pandemia, en 2020. Ponce Enríquez se había convertido en un polo de atracción para personas de varias nacionalidades, en busca de un ingreso, sin importar el riesgo. A cualquier precio.

Entre octubre de 2022 y agosto de 2023, esta megabanda multiplicó secuestros, intimidaciones, sicariatos, extorsiones, y se apoderaron por la fuerza de minas en varias concesiones auríferas de esta zona y la parroquia aledaña de Tenguel, cantón Guayaquil, en Guayas, se lee en un informe de inteligencia al que accedió esta alianza.

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Para sus actividades ilícitas -describe el documento hoy revelado- desarrollaron una estructura conformada por un brazo armado (armas de largo y corto alcance), un brazo operativo (sableros, personal experto en explosivos); y, un brazo de seguridad, a su vez integrado por tres anillos. Ciudadanos ecuatorianos, peruanos, venezolanos y colombianos colaboran en los distintos niveles de la operación. Es un ejército criminal integrado por cientos de hombres armados, según indicó un agente de Inteligencia.

Una empresa se resiste a pagar extorsiones 

Hasta 2023, las autoridades no podían intervenir, por falta de denuncias que sustentaran el inicio de procesos judiciales, especialmente, al tratarse de áreas concesionadas a empresas privadas.

Sin embargo, las declaratorias de estados de excepción, y sobre todo la del Conflicto Armado no Internacional, de enero de 2024, viabilizaron el ingreso de la fuerza uniformada, aún sin denuncias formales. Para entonces quedó en evidencia que había una veintena de minas en poder de Los Lobos, algunas de las cuales ya estaban siendo operadas durante más de un año, por la organización delictiva.

Según documentos clasificados a los que accedimos, había 40 grupos de sableros. De cada mina a la que ingresaban, el 50 por ciento de lo extraído pertenecía a los grupos locales de mineros previamente establecidos; la mitad restante, a la estructura local de Los Lobos. Pero una vez procesado el material minero, donde según estudios la pureza es alta, la mitad del oro se destinaba directamente a la estructura nacional, establecida en El Oro y, concretamente, su capital, Machala. Del 50 por ciento restante se privilegiaba el pago a actividades de logística, administración y a los cabecillas locales. Si la producción era escasa los sableros recibían pagos mínimos. Pero si era abundante, alcanzaba para pagar 1.500 dólares a cada uno de ellos. Eso sí, les retenían un impuesto, es decir vacunaban a sus propios obreros.

En una concesión específica, donde el grupo ilegal se apropió de dos bocaminas a través de amenazas a la empresa propietaria, extraían entre 16 y 20 kilos mensuales. Cinco operadores se encargaban de la venta del oro a 58 mil dólares por kilo, en mercados donde nadie investiga el origen, ni la sangre oculta detrás del lingote. Así, la operación solo en esta mina generaba ingresos mensuales de un millón de dólares. Con otras minas en su poder, en este cantón, la estructura aseguraba ingresos mensuales de más de 3,6 millones de dólares. De ese valor, la mitad se destinaba al mando de ‘Los Lobos’ a nivel nacional, según reportes de Inteligencia.

Uno de los primeros acontecimientos que alertó sobre la peligrosidad y alcances de esta organización criminal fue la toma de las instalaciones de la empresa minera Bonanza, en octubre de 2022. Fueron secuestrados 70 trabajadores en el sector Bella Rica. Los secuestros continuaron imparables, con el fin de exigir a la empresa el pago periódico de vacunas. En diciembre del 2022 se reportaron dos nuevos episodios con la retención de 45 trabajadores legales. Y en abril del 2023 hubo otra retención de obreros y robo de material mineralizado en Bonanza.

En adelante, en contra de lo que esperaban los delincuentes, la empresa redobló su seguridad y se negó a pagar las extorsiones, tampoco cedió a las pretensiones de los cabecillas que exigían el ingreso de mineros reclutados por el grupo criminal a la compañía. De manera formal, los directivos de esa compañía pidieron la intervención de los militares y enviaron decenas de comunicaciones a autoridades del gobierno, en Quito. Denunciaron públicamente lo que estaba ocurriendo en los medios locales. Solo entonces los ataques criminales contra esa compañía pararon.

No obstante, los criminales continuaron secuestrando trabajadores y directivos de otras empresas, hasta el 4 de abril de este 2024. Ese día varios armados cubiertos los rostros con pasamontañas ingresaron a la empresa minera Minereisis.

En lo que va de este año, los s militares y policías han intensificado sus intervenciones en esta zona, en medio de constantes denuncias de mineros legales sobre amenazas de grupos criminales.

 

El Tren de Aragua llega a Ponce Enríquez

En medio de las intervenciones, los agentes  de Inteligencia recabaron indicios de que miembros identificados con el grupo de origen venezolano Tren de Aragua también actuaban en Ponce Enríquez. Para ello, desde marzo de 2023 explotaban la imagen violenta asociada a esa franquicia para generar miedo.

Esta alianza accedió a documentos que revelan la planificación de un “ataque armado empleando un aproximado de 30 a 40 ciudadanos de nacionalidad venezolana”, a mediados de 2023. Ya para entonces se habían identificado los tres anillos de seguridad: los ‘del puerto’, los ‘huevos’ y los ‘chamos’. Estos últimos, en un número fluctuante, se han venido encargando de secuestros, extorsiones y sicariatos. En tanto, los del puerto articulan con pares peruanos el ingreso de armas y el traslado del material hacia localidades de El Oro, donde están las refinerías, conocidas como plantas de beneficio. Los ‘huevos’ vigilan la producción en los túneles y minas subterráneas.

En una operación sorpresa, a mediados de ese año, los miembros del Ejército encontraron dinero en efectivo y un arsenal. Detuvieron a 11 personas, entre ellas, tres de nacionalidad peruana. En otro operativo detuvieron a otro grupo, entre ellos, un policía activo. Y en una acción de desalojo a una mina, los ilegales huyeron pero dejaron evidencias de cobros y repartos. Algo tan detallado como la contabilidad de una empresa, aunque registrado manualmente, en cuadernos. De ellos se desprende el pago a los extranjeros.

Los Lobos Box entran en disputa 

La dinámica empezó a cambiar aceleradamente, a inicios de 2024. Los militares amparados en la declaratoria de Conflicto Armado, que el gobierno de Daniel Noboa emitió en enero, empezaron a golpear las estructuras, a partir de operativos. En una de las incursiones recuperaron una de las tantas minas tomadas por el grupo criminal. Allí se instalaron de manera permanente, incluso en medio de críticas por tratarse de una zona  concesionada a una empresa privada. Sin embargo, según los altos oficiales de FF.AA., se trata de lugares de tan difícil acceso que la única manera de garantizar el control es la presencia permanente de uniformados en el sector.

Los operativos de Inteligencia y tácticos se intensificaron este año. En una acción coordinada de fuerzas cayó, nada menos, que ‘Comandante Vicente’ (Vicente Angulo Sosa), considerado uno de los mandos de alta jerarquía en Ponce Enríquez. Privado de la libertad, no pudo mantener el control del grupo porque la organización no reconocía el liderazgo de sus dos hermanos menores. Uno de ellos fue asesinado. Así, la agrupación delictiva empezó a debilitarse, en medio de la arremetida de la estructura que llegó desde Machala, conocida como Los Lobos Box, financiada por Miguel C. y liderada por un exboxeador devenido en delincuente.

Ya desde fines de 2023 se habían producido roces por el reparto de las ganancias. El grupo que se afincaba en Machala y otros poblados de El Oro empezó a disputar el control del territorio. La estructura nacional, que en ese cantón es comandada por alias “Calaca”, no se quedó atrás. Unos y otros se disputaron también el reclutamiento de los más violentos sicarios peruanos, venezolanos y colombianos. Entraron en escena los miembros del Tren de Aragua. Investigadores advirtieron a esta alianza que hay además un “significativo incremento” de irregulares colombianos, fuertemente armados, que buscan exterminar a los ‘Lobos Box’. Algunos serían contratados por responsables de la seguridad en concesiones mineras. De esta manera, en la confrontación aparecen nuevos actores: los guardias privados y los paramilitares foráneos.

Todos estos actores armados dispararon la violencia este año. Los secuestros masivos en minas para identificar delatores y traidores se volvieron noticias comunes. “Ocho cuerpos calcinados y decapitados en Ponce Enríquez”. “49 personas secuestradas en una mina”, son dos de los titulares de notas periodísticas entre junio y julio. Y el martes 13 de agosto pasado un nuevo enfrentamiento armado provocó seis muertos, dos fueron decapitados y uno incinerado. Todos eran integrantes de Los Lobos Box, que se habían tomado una mina en el sector Las Lomas. En la madrugada fueron atacados a tiros por el grupo dirigido por Calaca, causando pánico entre moradores de los caseríos y campamentos aledaños, donde operan mineros ilegales.

En medio de la escalada de los enfrentamientos, los militares explican a esta alianza que pese a las dificultades logísticas y de acceso buscan recuperar de la criminalidad a los territorios tomados. Para ello intercambian información con sus homólogos de los países vecinos, que les permitan detectar blancos de alto valor que han llegado hasta esta zona. Entre tanto, el Gobierno planifica una intervención a gran escala, que se podría concretar las próximos semanas.

Entre tanto, la fiebre del oro deja un rastro de sangre y violencia, cada vez más extenso.