China aceptó compromisos voluntarios a partir de su Examen Periódico Universal (EPU) y diez de las once recomendaciones que le hicieron sus pares sobre las actividades de sus empresas en el extranjero, sobre temas relacionados con medioambiente y derechos humanos, informó el Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA).
Por Ana María Carvajal
De acuerdo con el Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), que es una plataforma de trabajo colaborativo, en la sesión del EPU de China, que se llevó a cabo en enero pasado, 161 Estados realizaron 428 recomendaciones al país asiático para que mejore su actuación con respecto de los derechos humanos. Ese Estado decidió aceptar la mayoría de ellas. Uno de los proyectos señalados por abusos es el de la minera EXA
Entre las recomendaciones que aceptó China están las de Costa Rica y Portugal sobre la necesidad de incorporar el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible en su propia legislación. De acuerdo con CICDHA, las empresas chinas han tenido repetitivos señalamientos por el impacto que han causado en el medioambiente en varios países latinoamericanos donde tienen inversiones y se ha evidenciado poca o nula evaluación al respecto.
De acuerdo con el informes del CICDHA, difundido en noviembre pasado sobre 28 proyectos de empresas chinas analizados en Latinoamérica, en al menos 10 no habían reportes de evaluaciones ambientales completas y acuciosas. En la lista está incluido el proyecto minero San Carlos Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago, en Ecuador, y que está a cargo de la empresa china Explorcobres S.A., conocida como EXSA. También se han reportado casos similares con otros proyectos como Buriticá, en Colombia, de la minera Zijin Continental Gold y las hidroeléctricas Sao Manuel, en Brasil y Rucalhue, en Chile.
Según CICDHA, las recomendaciones para China en su cuarto EPU fueron elaboradas por más de 200 organizaciones de la sociedad civil, que elaboraron informes detallados en varios campos. Esta organización se encargó de analizar las afectaciones a las comunidades por las actividades de las empresas chinas y se enfocó en promover sus derechos y los desafíos en el ámbito multilateral.
De acuerdo con la plataforma, es importante que los estados latinoamericanos que hicieron recomendaciones a China en el examen se mantengan vigilantes para que estas se conviertan en “acciones concretas y efectivas”, pues en su tercer EPU, el país asiático aceptó seis recomendaciones, pero de acuerdo con CICDHA, no llegó a implementarlas. Por ello, la organización considera que es importante que se elaboren informes de medio término para evaluar el proceso y señalar avances o incumplimientos o la necesidad de mejoras, según el caso.
Para ello, señala que las embajadas chinas en Latinoamérica deberían ser los canales de comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, entidades financieras y entidades gubernamentales chinas y así mantener un diálogo “oportuno sobre los riesgos, impactos y conflictos ambientales y sociales que surgen en torno a los proyectos, previniendo así su escalamiento”.
Entre las recomendaciones también se incluyen las de Ecuador, que junto a México, Perú y Camerún le pidieron a China garantizar que sus empresas e instituciones financieras respeten los derechos humanos fuera de sus fronteras.
El proyecto Mirador
El reporte de CICDHA cita el caso del proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, en donde las organizaciones sociales sostienen que no hubo consulta previa, libre e informada como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y solo se difundió información entre los pobladores sin que eso significara que las comunidades dieran su consentimiento a este proyecto y se destaca que aún no ha habido reparación. Los afectados son miembros del Pueblo Shuar Arutam y la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI). En ese caso se registraron desalojos que afectaron a al menos 136 personas, incluyendo personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños.
El CICDHA resalta que el cuarto EPU de China “coincide con el décimo aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), una iniciativa a la que han adherido 150 países y que representa la política más ambiciosa de China en términos de financiamiento y construcción de infraestructura, fortaleciendo así la internacionalización de sus bancos y empresas. En paralelo, China se ha consolidado como el país líder en las cadenas de suministro de la transición energética global”.