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Los Lobos tienen una influencia y hegemonía en 18 provincias de Ecuador; y se ha convertido en la estructura delictiva ecuatoriana de mayor crecimiento transnacional en América Latina, revela este reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico y Código Vidrio. Su expansión ha alcanzado regiones del Perú, Colombia y Chile, aprovechando las rutas de narcotráfico, los centros de la minería ilegal de oro y el contrabando de armas. Su expansión implica alianzas con grupos como el Tren de Aragua y Comandos de la Frontera.

Por: Alianza Transfronteriza Código Vidrio – Vistazo- OjoPúblico  

Antes de la pandemia Los Lobos eran un grupo de sicarios que prestaba sus servicios a otras organizaciones criminales dedicadas al tráfico global de drogas; pero apenas cinco años después se han convertido en la estructura delictiva de mayor crecimiento y penetración transnacional del Ecuador en América Latina. Su presencia alcanza a varias regiones del Perú, Colombia y Chile.

Una investigación de la Red Transfronteriza integrada por Vistazo, Código Vidrio y OjoPúblico (Perú)  identifica que esta organización, asociada con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación de México, tiene el control en 18 de las 24 provincias de Ecuador y ha extendido su influencia hacia las zonas limítrofes con Colombia (Nariño y Putumayo) y Perú (Tumbes y Piura).

Un documento de inteligencia, de fines de noviembre de este 2024, al que esta investigación tuvo acceso, confirma el nivel de expansión de este grupo, que supera al de Los Choneros que tienen presencia en ocho provincias, donde también están Los Lobos, que les han declarado la guerra por el control territorial en todo el país.

Es uno de los aproximadamente 12 grupos armados ilegales más peligrosos de Ecuador, pero es el más relevante por el amplio control territorial que ejercen de las rutas para el tráfico de cocaína y otros insumos ilegales, y por su dominio en zonas de extracción ilegal de oro. Fuentes de Inteligencia militar entrevistados para este reportaje coinciden en señalar que Los Lobos está integrado actualmente por más de 10 mil personas.

La experta en criminalística, Alexandra Mantilla, coincide con estos cálculos militares. Hacia el año 2021, cuando “estaban en franco crecimiento se estimaba que sus miembros eran siete mil; pero tres años más tarde, estimo que hay entre 10 a 12 mil personas”, explica Mantilla, en base al análisis que ha hecho sobre las acciones de violencia realizadas por esta organización.

El 6 de junio de este año, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a Los Lobos como “la organización de narcotráfico más grande del Ecuador”. La otra banda reconocida como tal por el gobierno estadounidense son Los Choneros, respaldada por el Cártel de Sinaloa, también de México. En sus inicios, Los Lobos trabajaban para Los Choneros.

El gobierno estadounidense informó que el conjunto de propiedades y bienes vinculadas a integrantes y familiares de Los Lobos que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos de los Estados Unidos serán bloqueados y reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Una veloz expansión: más allá de las fronteras

La estructura criminal de Los Lobos se especializó inicialmente en extorsiones y secuestros. Luego de las masacres carcelarias entre 2021 y 2022, que dejaron más de 400 internos muertos, el Gobierno separó a los líderes de los grupos criminales en distintas prisiones.

Esto ocasionó la dispersión de los miembros de Los Lobos hacia diferentes provincias del país. “La respuesta del gobierno coadyuvó la expansión de sus operaciones hacia Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Los Ríos, Napo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, El Oro, Azuay y Loja”, cita un informe policial al que accedimos para esta investigación.

Al norte de Ecuador, en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, sus miembros se especializaron en la extorsión a mineros ilegales, y desplazaron al Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, que operaba en la ciudad de la Merced de Buenos Aires (provincia de Imbabura).

Por el centro y sur del país, Los Lobos se extendieron en las provincias mineras de Azuay y en El Oro, que limita con Perú. Desde el 2022, en el cantón minero Ponce Enríquez se dedican a la explotación ilegal de oro, donde controlan alrededor de 20 minas, a través de operadores llamados “sableros”.

Ponce Enríquez cobró gran relevancia en los últimos años porque se convirtió en una fuente permanente de millonarios ingresos para este grupo criminal. La organización delictiva rápidamente aprendió la dinámica de toda la cadena de extracción y comercialización del oro, desde la extracción, hasta el procesamiento y exportación de oro hacia mercados internacionales.

Así, Los Lobos, que solo estaban vinculados al tráfico de drogas, encontraron en el negocio del oro la mejor manera de invertir y lavar sus activos.

Su avance hacia el lado peruano obedece, según los reportes policiales de Ecuador, a dos dinámicas: el tráfico de armas que ingresa desde el Perú y el control de la minería ilegal de oro para luego exportar el mineral desde Ecuador, por sus facilidades e inexistentes controles cruzados.

“La deficiencia en los controles fronterizos, pasos ilegales o irregulares en las fronteras de Ecuador ha permitido el paso de armas y municiones. La puerta principal del tráfico de armas es la frontera sur [de Ecuador], por uno de los 80 pasos irregulares detectados”, señala un informe de la Inteligencia.

Pero este avance territorial de Los Lobos no se realiza necesariamente de manera violenta. Pablo Zeballos, investigador y autor del libro Un virus entre las Sombras, la Expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, sostiene que “en el norte del Perú, hay indicios de vínculos entre Los Lobos y el Tren de Aragua, dos organizaciones emergentes que debieran estar en pugna pero en esta zona las vemos en acción coordinada”.

En su publicación recogió testimonios de diversos actores que explican la relación entre ambas estructuras criminales. En zonas donde hay pugnas por el control territorial, como las áreas de explotación de minería ilegal, “hay posibles acuerdos para beneficio mutuo”. Pero, advierte, las asociaciones entre organizaciones delictivas suelen ser temporales y frágiles.

Los Lobos, según el investigador, tienen en común con el Tren de Aragua su vocación trasnacional, su crecimiento exponencial y sus incursiones en actividades de minería ilegal. Además, ambas nacieron y se fortalecieron desde una prisión. Los Lobos desde la cárcel de El Turi, en Cuenca, y el Tren de Aragua, desde el presidio de Tocorón, en el estado de Aragua.

El símbolo de la alianza criminal

Las huellas de esta alianza delictiva también son visibles, precisamente, en las celdas de la cárcel Turi, en Cuenca. En esas paredes hay esbozos con símbolos, que según los expertos, son más que solo dibujos.

Un policía identificó el signo de los dedos de la mano que simula un lobo, característico del grupo criminal, con una bandera de Venezuela en la muñeca. Un oficial encargado del análisis del avance criminal cree que este signo puede ser una expresión más de la alianza entre Los Lobos y el Tren de Aragua.

Pese a las coincidencias e intereses económicos comunes, ambos grupos tienen una diferencia en la relación de sus miembros. Los Lobos, a diferencia del Tren de Aragua, son una estructura militarizada, con niveles de disciplina jerarquizados. En este sentido son más parecidos a Los Zetas, derivados de grupos armados de élite de México, dicen los oficiales ecuatorianos.

El investigador Zeballos señala que los miembros de estos grupos no le tienen miedo a la muerte y no temen ir a la cárcel, porque ésta se convirtió en su gran centro de operaciones. Esto explica su capacidad para reclutar a jóvenes, muchos de ellos menores de edad.

Zeballos resalta que es necesario prestar mayor atención a la organización de estas nuevas superestructuras criminales. “Posiblemente hay liderazgos ocultos en Los Lobos que tienen formación paramilitar”. “Esa mutación hacia una estructura de corte militar también se evidencia en su jerga: sus cabecillas piden que sus subordinados los llamen comandantes”, subraya el analista. Otra particularidad es su esquema de liderazgo, que varía de acuerdo a las corcunstancias, entre vertical y horizonal, cuando sus líderes tienen que replegarse, ante el acecho de las autoridades, o de sus rivales en la cancha criminal.

Detenciones en Perú y Chile

¿Hasta dónde llega la influencia actual de Los Lobos? El pasado 22 de agosto, uno de los integrantes de Los Lobos, Wilson Cevallos Cruz, de 23 años, fue extraditado desde Santiago de Chile a Quito, por un proceso judicial que tenía pendiente en Ecuador y que concluyó con su condena por asesinato agravado.

Zeballos tiene dudas sobre la presencia de Cevallos en Chile. “¿Buscaba evadir la cárcel en Ecuador o estaba a cargo de una silenciosa expansión de sus actividades en Chile?”, se pregunta.

Wilson Cevallos asesinó en febrero de 2019 a un hombre por una deuda de 10 dólares, en la zona El Recreo, de Durán, en la provincia costera de Guayas, según la investigación judicial en su contra.

Como la justicia le seguía los pasos, se cambió de nombre y viajó por tierra hacia Perú y luego a Chile, donde se quedó. Vivía en la comuna La Cisterna, de Santiago, con un nombre falso: Enrique David Gamarra Cruz. Incluso, llegó a obtener un registro de identidad chileno (RUT).

En Chile viven sus familiares y entorno cercano. Al investigar sus redes familiares y sociales, las autoridades locales sospecharon que se trataba del prófugo ecuatoriano integrante de Los Lobos. Cuando adoptó su falsa identidad mantuvo el apellido materno, lo que permitió que las autoridades chilenas hicieran las conexiones que lo relacionaron con Los Lobos.

El cotejamiento de huellas dactilares, a través de la colaboración de las oficinas de Interpol, corroboró que se trataba del mismo hombre.

Pero no es un caso aislado. El 7 de noviembre de 2023, Carlos Fernando Castillo Procel fue detenido en la comuna de Independencia, en el área metropolitana de Santiago de Chile. Decía trabajar como barbero y peluquero, pero Ecuador era uno de las 10 personas más buscadas por homicidio y sus vínculos con Los Lobos.

Según investigadores de la policía ecuatoriana entrevistados para este reportaje, Chile es uno de los países en el que los integrantes de Los Lobos buscados por la justicia han elegido para afincarse en su ruta de escape e influencia.

Pero no es el único. Una situación similar ocurre en Perú. En agosto de 2023, la policía de este país detuvo al ecuatoriano Bryan Maza Pardo (25) en la provincia de Zarumilla (Tumbes). Según la información de la policía peruana, Maza Pardo tenía planeado asesinar a un ciudadano peruano.

Un general de la Policía de Ecuador, que pidió no ser citado, recalcó que la colaboración con Interpol y la policía de Perú y Chile, tiene como objetivo “golpear las estructuras y fuentes de financiamiento [de Los Lobos], e identificar sus contactos y operadores” en los tres países.

De los 7.181 operativos realizados por la policía ecuatoriana en el 2024 contra las organizaciones criminales, 1.181 han sido contra Los Lobos. En las redadas se incautaron de 248 armas de fuego en poder de este grupo. En este mismo período la Policía registró 151 amenazas de atentados.

Varios cabecillas de Los Lobos han sido detenidos. Entre ellos: Carlos Angulo, alias Invisible, sentenciado como autor mediato del asesinato de Villavicencio; Fabricio Colón Pico, por amenazas contra la fiscal Diana Salazar, y Vicente Angulo, conocido como comandante Vicente, cabecilla de Los Lobos en el cantón minero Camilo Ponce Enríquez. Tras la captura de este último se desató una nueva guerra entre dos facciones que operan en ese cantón. Esta semana, a inicios de diciembre, tras tres meses de estar preso, Angulo fue liberado, pese a la abundante evidencia en su contra. A fines de noviembre 13 presuntos integrantes de eso grupo criminal también fueron detenidos en Cuenca y Manta, acusados de delincuencia organizada y microtráfico.

Acuerdos con los Comandos de la Frontera 

En las provincias amazónicas de Orellana, Sucumbíos y Napo, Los Lobos mantienen alianzas con el grupo armado de Colombia Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC. Así lo explicó el comandante del Ejército, Fernando Adatty, en una entrevista con Código Vidrio y Ojo Público.

La minería ilegal, los laboratorios desmontables de pasta básica de cocaína en plena selva y las plantaciones de hoja de coca son actividades en las que Los Lobos y Comandos de la Frontera colaboran en la frontera.

El 3 de abril de 2024, en un operativo contra la minería ilegal en el río Vicuna, provincia de Orellana, los militares ecuatorianos fueron recibidos a balazos por grupos ilegales armados. En el lugar se hallaron cinco retroexcavadoras y tres clasificadoras. Durante el enfrentamiento uno de los atacantes murió. Entre los detenidos, había dos menores de edad, de 16 y 17 años.

Mientras en las fronteras impulsan las rutas del tráfico de drogas y la extracción ilegal del oro, y forman parte de la cadena de contrabando de armas, en las ciudades, como Quito, los miembros de Los Lobos se dedican al robo y a la extorsión.

Los orígenes

Los Lobos se formaron en la provincia de Azuay, al sur de Ecuador, en 2019, bajo el liderazgo de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, conocido como Pipo o Tuerto (llamado así por la herida en el ojo que le causó uno de sus enemigos).

Al inicio, fueron parte de Los Choneros, la organización criminal vinculada al cartel mexicano de Sinaloa que dominó varias zonas de Ecuador hasta aproximadamente los primeros meses de la pandemia. Tras el asesinato de su líder (Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña), las bandas se dividieron e iniciaron una ola de violentos atentados.

Los informes policiales señalan que Wilmer Chavarría fortaleció los lazos e influencia de Los Lobos cuando estuvo preso en la cárcel de Turi, en Cuenca (Azuay).

La estrategia de Wilmer Chavarría consistió en mantener un perfil bajo y actuar en la sombra, explica un agente policial que, como los otros oficiales encargados de investigar estas organizaciones criminales en Ecuador, solicita no revelar su identidad por medidas de seguridad.

La información policial señala que Chavarría estuvo preso en 2010, pero que antes del inicio de la pandemia recuperó su libertad. Luego, durante un tiempo, radicó en Santo Domingo de los Tsáchilas, una provincia del centro de Ecuador que, por su estratégica ubicación, es el corazón de varias rutas del narcotráfico, pues une los andes con la costa.

El 23 de febrero de 2021, la familia de Chavarría registró su muerte por Covid-19 en Ecuador, pero informes reservados de la policía indican que el acta de defunción fue falsa, lo cual también fue corroborada en el caso Purga.

No era la primera vez que una persona investigada por organización criminal fingía su muerte. Precisamente, el financista de Los Lobos, condenado por lavado de activos, Leandro Norero también simuló en 2021 su muerte para huir de la justicia peruana que lo buscaba por narcotráfico.

Durante la pandemia, luego de falsificar un certificado de defunción, Norero volvió a Ecuador. Durante aquellos años, con los recursos financieros de la venta de cargamentos de cocaína, Norero financió tres estructuras armadas ilegales en Ecuador, una de ellas fue Los Lobos. Norero, según la fuente policial, ayudó a Wilmer Chavarría a simular su muerte y a salir de la cárcel.

Luego, según las mismas fuentes, Wilmer Chavarría se realizó una cirugía estética para no ser reconocido.

Sin embargo, la relación entre ambos cambió cuando Norero comenzó a tener contacto con la banda rival Los Choneros para tratar de ganar poder en la cárcel de Cotopaxi, controlada por Los Lobos. Por esta razón, en octubre de 2022, desde Europa, Chavarría habría ordenado el asesinato de Norero durante una masacre en la cárcel de Latacunga (en la provincia de Cotopaxi), donde también fueron asesinados otros 15 presos.

Norero fue una de las piezas claves para entender cómo opera el narcotráfico en la política de Ecuador. En el proceso judicial del caso conocido como Metástasis, que empezó en diciembre de 2023, a raíz de los mensajes de teléfono hallados en su celular, se conoció su influencia para excarcelar al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2018) y el pago de sobornos a jueces.

Glas, según reveló la fiscal general Diana Salazar, accedió a la libertad condicional, luego de que Norero sobornara a un juez con 250 mil dólares.

El brazo más violento

Los Lobos no son solo la organización criminal más hegemónica en Ecuador, sino también una de las más violentas. Una de sus facciones, radicada al suroriente de Quito, fue la responsable del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023.

A cambio de ejecutar al político, el grupo criminal se iba apropiar del mercado local de microtráfico de drogas en gran parte de Quito. Eso se lee en el proceso judicial contra cinco investigados por el asesinato del candidato presidencial. Todos los sicarios de Villavicencio fueron asesinados dentro de la cárcel, ocho semanas después del crimen.

Documentos de inteligencia confirman que la agrupación planificó inicialmente el asesinato del alcalde del cantón minero Ponce Enríquez, José Sánchez Reyes, quien empezó a ser incómodo cuando impulsó intervenciones de mayor impacto contra la minería ilegal con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía. En abril de 2024 fue acribillado a balazos.

 Otra de las facciones de Los Lobos también habría amenazado de muerte a la Fiscal general Diana Salazar y a su hija, menor de 12 años. Ese caso fue denunciado por Salazar, quien responsabilizó del plan a Fabricio Colón Pico, un integrante de Los Lobos preso en la cárcel La Roca, construida como un centro de máxima seguridad en Guayaquil. En octubre Colón Pico fue sentenciado en este caso a ocho años de cárcel por intimidación.

Un refugio en Turquía

Desde el 2022, el lider de Los Lobos ha ordenado los asesinato de sus rivales para controlar las rutas del narcotráfico.

La investigadora Alexandra Mantilla, que ha analizado la personalidad de estos mandos criminales, explica que Wilmer Chavarría “muestra una personalidad marcada hacia la manipulación estratégica y la capacidad para la violencia extrema. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado ser metódico y calculador, con habilidad para formar acuerdos en el mundo del crimen organizado y la eliminación de sus rivales. En prisión utilizó su influencia para crear y fortalecer a Los Lobos”, sostiene.

Sin embargo, Mantilla advierte que Chavarría no es el mayor de los problemas. “Este grupo no improvisa, tiene una estructura bien marcada y otros líderes, ocultos, pueden estar en cualquier calle, actuando en forma invisible”.

Estas características y capacidad para establecer alianzas es uno de los atributos de Los Lobos: su sigilosa expansión hacia Perú, Colombia y Chile.

Un alto oficial de Ecuador que conversó con los reporteros de esta investigación periodística reveló que la institución policial ha solicitado a su par de Turquía, a través de Interpol, información sobre la posible presencia de Wilmer Chavarría en ese país. Pero aún no hay resultados.

En los últimos años, Turquía se ha convertido en el refugio de narcotraficantes que han huido de Ecuador. Dos operadores de la mafia albanesa, Dritan Rexhepi y Dritan Gjika, huyeron hacia ese destino.

El primero de ellos enviaba cargamentos de cocaína desde una cárcel ecuatoriana; y luego, convenció a un juez para que lo liberara usando una de sus ocho identidades. El 10 de noviembre de 2023 los agentes de la Europol lo detuvieron en Estambul.

De Dritan Gjika los reportes periodísticos desde Albania sugieren que su último destino también fue Turquía. Aún no ha sido detenido, pero las investigaciones de la justicia señalan que Gjika operaba desde Ecuador a través de una red de empresas de fachada y testaferros.

ANÁLISIS. La sociedad fue permeada primero por los intereses de grupos locales corruptos cercanos a los poderes políticos de turno y luego por corporaciones mafiosas transnacionales, incluidos carteles mexicanos y europeos, asociadas con operadores políticos y económicos, en los sectores público y privado. Este no es un fenómeno reciente. Desde hace cuatro décadas o más la corrupción ha ido erosionando diversos sectores de la sociedad, que han sido incapaces de reaccionar con estrategia para frenar su expansión. Este 9 de diciembre se conmemora el Día internacional contra la Corrupción.  

Por Arturo Torres

Ecuador, Latinoamérica y Centroamérica están asoladas por la tercera ola del crimen transnacional, que halló un terreno fértil para expandirse, en varios casos, en la corrupción sistémica que corroe al estado a distintos niveles. Es un virus silencioso que se ha reproducido en organismos débiles, con pocas defensas para neutralizarlo. “Las democracias o sociedades debilitadas, permeables y divididas, son sus preferidas. El virus requiere de las sombras de una institucionalidad resquebrajada con el objetivo de lograr la captura del Estado, según alerta en su último libro, “Un Virus Entre las Sombras”, el analista chileno Pablo Zeballos, especializado en crimen organizado y terrorismo transanacional.

En el caso de Ecuador, la corrupción sistémica se profundizó los últimos catorce años y se agudizó tras la pandemia, en 2020. El Estado ha sido especialmente golpeado los últimos cuatro años por la inseguridad, desatada a causa del narcotráfico y sus bandas, brazos armados que generan la violencia y el miedo, que también han incursionado vertiginosamente en la minería ilegal de oro, con la complicidad de actores estatales. La institucionalidad estatal fue permeada primero por los intereses de grupos locales corruptos cercanos a los poderes políticos de turno y luego por corporaciones mafiosas transnacionales, incluidos carteles mexicanos y europeos, asociadas con operadores políticos y económicos, en los sectores público y privado.

Este no es un fenómeno reciente. Desde hace cuatro décadas la corrupción ha ido erosionando diversos sectores de la sociedad, que han sido incapaces de reaccionar con estrategia para frenar su expansión. Esa tarea -enfrentar a la corrupción- ha sido delegada por la sociedad civil exclusivamente a la casta política, que perdió legitimidad y representación, por su cercanía a dinámicas corruptas. Los esfuerzos de contadas organizaciones sociales e internacionales y de los medios de comunicación se quedó corta frente a la avalancha incontenible de la descomposición institucional.

Este fenómeno ha tenido en las autoridades estales actores preponderantes, cómplices. El estado dejó de ser el eje, el rector de la política pública en beneficio de toda la población, en especial los sectores más vulnerables. Fue capturado por intereses individuales y corportaivos de castas políticas y económicas, que han ido y venido.

Así, el estado se convirtió en un vehículo, en un medio, usado por las élites y grupos políticos y económicos para beneficio, primero, de personas, familiares y amigos, para luego dar un salto y favorecer, con sus decisiones, a grupos, gobiernos autoritarios de otros países y también corporaciones criminales. Ese fue el inicio de una hipercorrupción que se caracteriza por una práctica transaccional de intercambio sostenido de intereses, entre actores públicos y privados, entre quienes ostentan el poder político y el poder económico. Estos actores han alternado en el poder, han sido juez y parte en la toma de decisones. Así se han turnado, no solo para gobernar, sino para cubrirse las espaldas en su retirada momentánea del poder.

Para este análisis consideramos el concepto de la corrupción, entendida como la vulneración de la obligación legal en un cargo o puesto, ya sea en el sector público o privado, para beneficio particular, individual. Quién más ha desarrollado este concepto es la estudiosa china Yuen Yuen Ang y en Ecuador está siendo aplicado en estudios por el académico César Montúfar, profesor de la Universidad Andina.

Para la década de los 90, los casos de corrupción eran contados con los dedos de la mano. Pero desde comienzos de este siglo este fenómeno dio un giro hacia la cúpula política del estado. Ganó en complejidad y diversificación con el boom de las materias primas, especialmente del petróleo y banano, que generó muchos más recursos para el estado en el contexto de un nuevo sistema monetario vigente: la DOLARIZACIÓN, que reemplazó al sucre como moneda de cambio en el año 2000, según Móntufar.

En ese momento Ecuador dejó de ser un país de tránsito de la cocaína colombiana, que se trafica hacia el mercado de EE.UU., esencialmente. Se convirtió silenciosamente en una plataforma para el crimen transnacional, que aprovechó las facilidades del nuevo esquema monetario para agilizar y facilitar las transacciones económicas en el sistema financiero internacional. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afianzaron sus redes logísticas y de apoyo a su país vecino Ecuador, de la mano con su alianza estratégica con el cartel de Sinaloa.

Entonces, llegar al control del Estado se volvió vital para los grupos económicos y organizaciones criminales, que penetraron en las estructuras partidistas por su lado más vulnerable: el financiamiento de las campañas políticas. Algunas de esas organizaciones convirtieron a los partidos y movimientos en un apéndice de sus empresas y negocios.

Para la toma del estado se creó otra superestructura legal, desde lo económico hasta lo judicial y político electoral. Se creó una nueva Constitución, que aplicó figuras como la Ciudadanía Universal, una garantía que permitió ingresar al Ecuador a cualquier ciudadano del planeta sin tener una visa. Eso facilitó la llegada de enviados de estructuras delictivas internacionales y carteles del narcotráfico que tendieron o aprovecharon redes existentes para sus actividades en toda la región, a partir del 2009.

Con la nueva Constitución y legislación aprobadas, el Consejo Electoral perdió independencia y capacidad de control de los fondos que ingresan a las campañas. Por esa deficiencia no se audita el origen de los recursos, ni el perfil de los donantes, muchos de ellos fantasmas; es el paraíso soñado para el narcotráfico y el crimen organizado, que ya han puesto candidatos en cargos de elección popular.

Esta nueva estructura normativa también incluyó reformas al manejo de los sectores estratégicos, que abrieron las puertas a las contrataciones sin ninguna rendición de cuentas con gobiernos extranjeros. China se volvió el principal socio y prestamista de Ecuador. A septiembre de 2024, la deuda de Ecuador con China es de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Esta deuda se contrajo con bancos chinos. La deuda con China ha ido disminuyendo desde 2017. En 2016, alcanzó su máximo pico de 8.143 millones de dólares.

La opacidad y la corrupción han marcado la ejecución de estas contrataciones. Todos los contratos son confidenciales y decenas han sido expuestos por la prensa por sus prácticas sistemáticas de delitos financieros. Los gobiernos de turno se han arrodillado a China a cambio de recursos, vía créditos opacos, sin rendición de cuentas. La Contraloría ha emitido decenas de informes por las irregularidades en las obras, pero las firmas chinas están blindadas por la coraza levantada por los poderes de turno.

Otro pilar de este esquema fue la creación de un nuevo sistema de contratación pública, que allanó el camino a la hipercorrupción, en el gobierno de la revolución ciudadana. Empresarios y funcionarios públicos estrecharon sus relaciones a punta de coimas y pago de favores.

El paraguas de este esquema es la impunidad, garantizada por jueces y autoridades de control, que ingresaron a la función judicial tras una reforma impulsada por el poder político, que recibe favores con fallos plagados de anomalías, lo cual ha mermado drásticamente la credibilidad de los ciudadanos en la justicia. Decenas de jueces han sido destituidos y apresados.

No es gratuito que encuestas y estudios hayan evaluado la confianza de los ciudadanos en la justicia, las instituciones públicas y el establecimiento político en menos del 15%.Ç

Uno de los últimos capítulos de este fenómeno es la evidencia de varios sistemas de corrupción que sacan provecho, con un papel relevante y continuo de autoridades estatales, de las exportaciones de oro, proveniente de la minería ilegal. En este proceso están involucrados alcaldes y prefectos, legisladores, altos funcionarios gubernamentales, oficiales de la policía y de Fuerzas Armadas, jueces y fiscales.

Las mismas organizaciones transnacionales, los carteles, que trafican cocaína hacia EE.UU. y Europa, también están involucradas en el jugoso negocio del oro. Usan las mismas líneas logísticas y las mismas bandas para mantener a todo vapor su lucrativo portafolio criminal. En Ecuador más de 20 bandas trabajan indistintamente para los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y de Los Albaneses. Los grupos criminales desatan la violencia en enfrentamientos por el control de territorios. Desde enero pasado, el gobierno le declaró la guerra a los grupos narcoterroristas. Predomina el eje punitivo. No hay estrategia social. Los contratos para compra de armas, municiones, equipos e infraestructura son por vía directa, a dedo, y se declararon secretos, durante cinco años.

Estamos entonces frente a un fenómeno claro de delincuencia organizada estatal, que sin embargo no podría operar con tanta facilidad si en la comunidad internacional, en los países donde se demanda la cocaína y se compra el oro, se fortalecieran los controles y la debida diligencia. Entonces, el reto es apuntalar un esquema de cooperación con rendición de cuentas de doble vía.

Metástasis, el semáforo en rojo 

El caso de Metástasis es el último campanazo. Ecuador debe actuar ahora, para enfrentar, sin titubeos, la corrupción sistémica que ha perforado todos los sectores. A la justicia, la asamblea, la policía, la fiscalía, los partidos políticos y estudios de abogados.

La corrupción germina y es solo posible con el acuerdo entre un actor que ofrece pagos económicos a cambio de algo y otro que está dipuesto a hacerle el juego. Todos somos corresponsables del avance progresivo de este virus, no solo en Ecuador sino a escala global.

Un último análisis de Transparencia Internacional (TI) apunta que se necesitan reformas audaces y significativas para recuperar las instituciones y construir un sistema de justicia que sirva al bien común, no a los criminales o a unos pocos poderosos.

La Corte Nacional acaba de condenar a 20 personas involucradas en el escándalo Metástasis, una red de corrupción que se infiltró en los sistemas judicial, policial y penitenciario del país. La red estaba vinculada al narcotraficante Leandro Norero, quien utilizó sobornos para mantener sus operaciones en funcionamiento incluso estando en prisión. Entre los condenados se encuentran jueces, fiscales provinciales, altos mandos policiales y funcionarios penitenciarios. A través del pago de sobornos se  manipularon procesos judiciales, que favorecieron a peligrosos delincuentes, vinculados a casos de lavado del crimen organizado.

El del Ecuador no es un caso aislado. El deterioro global de la justicia y del estado de derecho está permitiendo la impunidad de la corrupción en todo el mundo.

Este escándalo refleja una preocupante tendencia mundial: el debilitamiento de los sistemas de justicia está permitiendo que la corrupción prospere, según un último diagnóstico de TI. Como se destaca en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023 de ese organismo, los actos corruptos como el soborno y el abuso de poder se están infiltrando en muchos tribunales e instituciones judiciales en todo el mundo. Además, cuando la corrupción se convierte en la norma, los ricos y poderosos (incluidos los delincuentes) pueden apoderarse de sistemas de justicia enteros para su propio beneficio y a expensas del bien común.

Desde 2020, la puntuación del IPC de Ecuador ha seguido una tendencia a la baja, ha empeorado, y el año pasado cayó a una puntuación de 34 sobre 100. A principios de este año, el país se enfrentaba a una crisis de violencia, que erosionaba la confianza en las instituciones públicas y suscitaba preocupaciones sobre la posible infiltración del crimen organizado en el poder judicial. Los fallos cuestionables a favor de los delincuentes apuntaban a graves problemas de transparencia, rendición de cuentas e integridad.

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), representante de TI en Ecuador,  ha estado alertando sobre la creciente amenaza que representa el crimen organizado para los luchadores contra la corrupción, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, reduciendo aún más el espacio cívico del país. En respuesta a estos peligros crecientes, han creado el Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa, una iniciativa para compartir conocimientos y fomentar la participación ciudadana para enfrentar los desafíos de seguridad del país.

• La extrema cercanía que el narco Leandro Norero tenía con los prófugos Javier Jordán y Ronny Aleaga, exlegislador del correísmo identificado como El Ruso, se evidencia en las pruebas del caso Metástasis, que esta semana tuvo un primer desenlace. Norero se mensajeaba constantemente con Jordán, a quien llamaba su alma gemela. La Fiscal pidió la extradición de Jordán y Aleaga. 
• Veinte implicados fueron sentenciados el lunes 25 de noviembre por delincuencia organizada por operar, a distintos niveles, para Norero desde el sistema judicial, la policía, bufetes de abogados… En la cabeza de esa esquema delictivo, a más del narco, estaban Jordán, Wilman Terán (condenado a nueve años de prisión) y Ronny Aleaga. 
• El empresario guayaquileño Naín Massuh, «El Turco», estaba en la mira de Jordán luego de que Fernando Villavicencio publicara la foto de “Los Tetones” en la piscina de su casa en Miami. Norero, Jordán y Aleaga estaban seguros de que Massuh filtraba información, que obtenía del CIES, a Villavicencio para perjudicarlos. Por eso querían asesinarlos a ambos, según las evidencias del proceso. El Turco tenía acceso a información secreta y a uno de los sistemas que habría vendido a esa entidad, lo cual fue denunciado a la Fiscalía.  

Redacción Código Vidrio

Operaban como un tridente, apuntando a los mismos blancos. La extrema cercanía que el narco Leandro Norero tenía con los prófugos Javier Jordán y Ronny Aleaga, exlegislador del correísmo identificado como El Ruso, se evidencia en las pruebas del caso Metástasis que esta semana tuvo un primer desenlace. Veinte implicados fueron sentenciados el lunes 25 de noviembre por delincuencia organizada, por los jueces de la Corte Nacional, Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Pablo Loaiza. Una de las cabezas de la organización criminal fue Wilman Terán, exjuez de la Corte y expresidente de la Judicatura.

Aunque meses atrás Jordán y Aleaga fueron llamados a juicio en este caso, no se cuentan entre los sentenciados porque están prófugos. Para que enfrenten a la justicia, la fiscal Diana Salazar pidió que la Corte tramite la extradición de Jordán, quien vive en Miami, y de Aleaga, quien reside en Venezuela. Además de Marcel Loaiza. Todos tienen orden de prisión.

La jueza Caicedo anunció que notificaría el contenido de la sentencia a la Fiscalía para que abriera indagaciones contra más abogados, jueces, fiscales y periodistas mencionados en el proceso.

La prueba medular son los mensajes hallados en los celulares de ‘El Patron’ Norero (asesinado en 2022 en la cárcel de Cotopaxi), así como los testimonios de algunos de sus colaboradores e interlocutores en esas conversaciones. Sobre los periodistas, hay varias menciones. En especial sobre seguimientos y posibles atentados a reporteros de varios medios que investigaban las conexiones de Norero.

Andersson Boscán, del medio digital La Posta, aparece señalado como interlocutor de Norero con quien intercambiaban información y consejos. En marzo pasado, la Fiscalía ya abrió una investigación en su contra por estas referencias. En sus declaraciones al respecto Boscán ha señalado que sus contactos con Norero fueron esencialmente por temas periodísticos.

En las extensas conversaciones entre Norero, Jordán y El Ruso, Naín Massuh, conocido como El Turco, es uno de los personajes que concentra gran atención. El Turco es un influyente empresario que ha tenido contactos en diferentes gobiernos, a través de sus conexiones políticas. Eso le sirvió para acceder a información privilegiada y datos relevantes. Con esos datos levantaba informes de inteligencia, para ofrecerlos a diferentes interesados, dentro y fuera del país, según investigadores que han seguido sus pasos. También tuvo contactos con el excandidato presidencial, Fernando Villavicencio y con el periodista Anderson Boscán, para quienes se volvió una importante fuente de información.

En el expediente del caso Metástasis constan al menos seis chats entre Norero y Jordán que confabulan contra Massuh, a quien ambos tenían entre ceja y ceja y buscaban asesinar.

Aleaga era un viejo conocido de Norero. En su adolescencia ambos pertenecían a pandillas rivales. Aleaga era miembro de los Latin Kings y Norero de los Ñetas. Las dos organizaciones delictivas participaron desde 2009 en un proceso de pacificación en el gobierno de Rafael Correa. Aleaga decidió entrar en la política y se integró a las filas de Alianza País, hasta llegar a la Asamblea, primero como suplente y luego principalizado, tras la destitución de Sofía Espín. Norero, mientras tanto, siguió encumbrándose silenciosamente en el mundo criminal, siempre a la sombra de su militancia en el correísmo. Miles de pandilleros como él se incorporaron a la base política del naciente movimiento, según se desprende de las conversaciones halladas en el celular de Norero.

La foto de la piscina -publicada por Villavicencio- en la casa de Jordán en Miami era también un dolor de cabeza para Aleaga, pues fue señalado por aparecer ahí junto a Jordán y otros personajes polémicos como Leonardo Cortázar. Aunque Aleaga se justificó diciendo que fue a una reunión con la familia de su novia en Miami, las sospechas jamás desaparecieron. Y los chats finalmente dan más pistas sólidas sobre la relación cercana entre Aleaga, Jordán y Norero.

“Si cae Lasso, el Ruso vuelve a resurgir”

En junio del 2022, cuando el paro indígena se complicó en el país, Norero y Jordán veían la oportunidad de tumbar al gobierno, en la misma línea del correísmo, en medio del paro de la Conaie. Estaban obsesionados con “volver al poder”. Si cae Lasso, “el Ruso vuelve a resurgir. También le han dado como cachito en fiesta”, según las conversaciones.

Los planes, sin embargo, se diluyeron pronto. Lasso se tambaleó, en medio de denuncias de La Posta de la relación de su cuñado, Danilo Carrera, con la mafia albanesa, por lo cual fue acorralado por el acoso del correísmo y la Conaie en la Asamblea. No obstante, se mantuvo gobernando, por lo cual Norero y Jordán debieron revisar sus acciones para «volver al poder». Por eso, meses después seguían preocupados de lo que publicaba la prensa.

Jordán decía que estaba harto de lo que él llamaba un invento: la relación entre él y Norero, con apoyo político del Ruso. Aunque lo negaban públicamente, los chats los delatan: evidencian que tenían una amistad cercana y que habrían planificado actos criminales, según la Fiscalía.

Los tres también tenían a Villavicencio en la mira, no solo para desacreditarlo. Aleaga se encargó de que fuera sancionado en la Asamblea por haber bautizado a los personajes de la famosa foto de la piscina como “la banda de los tetones”. Su compañera de bancada, Patricia Núñez, también presentó una queja en contra de Villavicencio, quien en ese entonces era legislador. Aleaga lo denunció ante la Fiscalía por violación a la intimidad, calumnias y delito de odio.

De amigo a enemigo

El Turco, en cambio, era un antiguo aliado que repentinamente se volvió un enemigo común. Solo entre el 13 y el 28 de junio lo mencionaron, al menos, en 13 ocasiones. En uno de los mensajes quedó registrado que Jordán es quien le dio el contacto del periodista Andersson Boscán a Norero.

Pero Jordán le advertía: “No confíes mucho en ese man, que me dijo que le hicieron dos atentados. Y es íntimo del Turco, pilas”. Norero consideraba a Boscán un amigo y se lo dijo en otro momento a Jordán. Incluso lo defendía: –“Estuve viendo la página del man y ni tú ni yo salimos ahí”.
-“Pero es que esos manes trabajan juntos, Massuh, Villa, Boscán. Pilas con lo que hablas”, le alertaba Jordán.

Jordán estaba seguro de que todo lo que Villavicencio publicaba sobre él, era porque “era socio de extorsión del Turco; entonces me da con todo”. Ambos conversaban por su cuenta con Boscán. El 18 de junio Jordán le contó: “Anda que llora Boscán, el man es sapo del Turco, pilas (…). A ese hp del Turco están que lo desarman por redes y llama a Boscán a interceder. Le dije yo no soy. ¿Cuántos enemigos tiene ese hp? Pero se sacó la máscara el man”.

Ese mismo día, ambos planeaban matar al Turco. Norero escribió: “Ya lo tengo a tu pana Massuh. Mordió la carnada, ya verás, creo que llega hoy o mañana a gye”. En el mensaje le pasó capturas con un número de teléfono y le dijo: “Este número carga, no hagas bomba, que después me piteas a la pinta. Mañana tiene reunión con esta pinta, ella me pasa la ubicación y ahí comienza la fiesta. Esa lacra es un peligro, pero por un c*** se regala”.

Según Norero, el anzuelo era una mujer con la que «El Turco» estuvo relacionado, que andaba “en todos los reinados” y que incluso ese año fue candidata a Miss Ecuador.

Lo tenían en la mira porque creían que El Turco era quien filtró la información por la que ambos eran “coche bomba” en ese momento (estaban en el ojo de la tormenta). Se sentían traicionados y lo dejaron claro en sus chats.

Norero le decía a Jordán: “Son unas lacras, les abriste la puerta de tu casa”.
-“Los senté en mi mesa”, replica Jordán.  Para ambos, Massuh no había medido las consecuencias de divulgar información. “Se creen que van a estar en el poder eternos…. Cuando volvamos tendrán que pedirnos disculpas públicas”.

Los primeros pasos del Turco

Massuh tiene 59 años. Es un sagaz empresario guayaquileño, siempre cercano al poder político, con un perfil discreto, desde los primeros años de la Revolución Ciudadana. Su nombre saltó a la vitrina pública en noviembre pasado cuando fue procesado en el caso Encuentro, que investigó una red de corrupción en el sector eléctrico, en el que fue sentenciado Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

En su versión, Massuh dijo ser comerciante. Pero su poder radicaba en su capacidad para acceder a información relevante. Ese precisamente fue un imán para convertirse en «garganta profunda» para Anderson Boscán y Villavicencio. Esa relación, según relató Massuh, era de mucha confianza, pero sin compromisos comerciales.

Conoció a Boscán hace cinco años, porque seguía sus programas en la Posta y se  volvió un “fan” de Villavicencio por sus denuncias contra la corrupción, mucho antes.

Boletos Quito-Miami-Quito 

Ante la fiscal María Lluglla Massuh descartó haber tenido una relación comercial con ellos. Sin embargo, ante las preguntas de la fiscal a cargo del caso reconoció que a Boscán y su esposa Mónica Velásquez les compró boletos de avión para un viaje que hicieron a Miami, Estados Unidos, hace unos dos años.

-“Usted en algún momento costeó los pasajes aéreos del señor Anderson Boscán y Mónica Velásquez?”, le preguntó la Fiscal.

-“Hace un par de años, no recuerdo muy bien, estaban con la intención de viajar a Estados Unidos, no conseguían el cupo, los ayudé con el cupo y me lo facturaron a mi, yo viajo frecuentemente, y luego ellos me devolvieron el pago”, respondió Massuh.

Al ser consultado por Código Vidrio, Boscán confirmó el préstamo. “Efectivamente. El señor Massuh ha tenido siempre buenas relaciones con aerolíneas. Por lo que algún día, ante la urgencia y falta de cupo, le pedí que consiguiera un par para mí. Y ofrecí pagarlo mensualmente hasta completar el monto”.

Y sobre la cantidad explicó: “No tengo a la mano el valor final y no sé qué es lo que considera “monto alto”, pero debió rondar entre 900 y 1.800 (dólares) el total de la factura, que es el precio promedio de un vuelo UIO-MÍA-UIO”.

La Fiscal también le preguntó a Massuh sobre el envío a su casillero de los estados financieros de una cuenta de Boscán y su esposa en el Wells Fargo Bank de Miami. “No los he recibido. En una ocasión, tal vez un par de años atrás, me solicitaron, el señor Boscán y la señora Velásquez, si podía ayudarles con un casillero para recibir sus estados de cuenta, les referí un casillero de mi propiedad (en Miami)”.

Boscán confirmó la versión de Massuh. “Me lo presentó Fernando Villavicencio como alguien en quien podíamos confiar. Recurrimos al casillero postal de la urbanización de Massuh porque no conocemos a muchas personas en Miami para solicitarles lo propio. La cuenta, por cierto, tiene 500 dólares americanos desde su activación. Y la solicité para activar planes celulares que al final nunca pude comprar. Porque me pedían residir en algún estado americano”.

Massuh mantenía con el periodista de La Posta conversaciones variadas, especialmente sobre temas culinarios y religiosos. “Practico la religión Yoruba (Santería); la practicamos personas, sobre todo, con serios problemas de salud y por eso mantengo conversaciones de índole espiritual religioso con varias personas, entre esas el señor Boscán”. Para el periodista esos temas de conversación eran los mismos que trataría con cualquier persona.

Sobre Villavicencio, el Turco relató que lo conoció hace muchos años en una reunión con otros periodistas.

-“Usted en algún momento costeó los pasajes aéreos del señor Fernando Villavicencio?”, interpeló la Fiscal.

-“No recuerdo con exactitud. pero de serlo sería un vuelo Quito-Guayaquil o Guayaquil-Quito, un día que no había cupo y necesitaba volar; de igual forma el asambleísta Villavicencio me devolvió el dinero del pago en efectivo”, dijo Massuh, quien aseguró que no había vuelto a conversar con Villavicencio desde cuando llegó a la Asamblea.

En medio del vértigo político del 2022, que tuvo su clímax con la Muerte Cruzada decidida por el presidente Lasso para adelantar las elecciones y evitar su posible destitución en la Asamblea, la amistad entre Villavicencio y Boscán terminó intempestivamente en medio de denuncias mutuas.

El acceso al cofre de los secretos  

Según documentos clasificados, Massuh fue en su momento un hombre de confianza del correísmo. Fue quien ayudó a que el informático de su confianza Pedro ingresara al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), donde ocupó los cargos de Asesor; Director de Seguridad de la Información; Subdirector General y, posteriormente Subdirector Técnico Estratégico de Tecnologías hasta 2021.

Antes del ingreso de Pedro al CIES, Massuh se habría encargado de promocionar el software ZQLINK desarrollado por un ecuatoriano y el argentino Alejandro R. Luego el software habría sido vendido al CIES por Massuh, por un monto aproximado de 3 millones de dólares. ZQLINK contenía información de las bases de datos de distintas entidades del Estado como IESS, ANT, Registro Civil, CNT, entre otros. A través de ese software Massuh accedía a todo tipo de informes clasificados, pues su operador Pedro habría instalado un bypass para un canal secreto de acceso.

Massuh tuvo una relación muy estrecha con altos oficiales y exoficiales de la Policía y con funcionarios de los gobiernos de Lasso y Lenin Moreno.

Habría usado la información del CIES para su beneficio particular, cuando les vendió el software ZQLINK. Accedió a esa información en vista de que administraba directamente el sistema y asignaba las claves de IP a los agentes del Centro. Ese contrato se le entregó a Massuh con aparente sobreprecio, lo que es investigado por la Fiscalía por pedido de las autoridades de esa entidad, desde 2021. Al parecer El Turco empezó a acceder a la información reservada desde el gobierno de Moreno.

“Eres mi alma gemela”

Jordán y Norero no solo hablaban de negocios, legalizaciones de venta de propiedades, audiencias y planes para atacar a sus enemigos. También descargaban sus angustias y frustraciones. Era usual que se saludaran o se despidieran enviándose bendiciones. En varias ocasiones, Jordán se quejaba de fuertes dolores de cabeza, especialmente cuando en los medios de comunicación y en redes se desataba una nueva historia o foto sobre él. Sufría por tener que darle explicaciones a su familia. Había tal cercanía entre ellos que Norero le dijo a Jordán un par de ocasiones: “Es que eres mi alma gemela”.

Durante el paro de junio de 2022, no se perdían detalles de lo que pasaba en las calles. Cuando las manifestaciones fueron más violentas, ellos celebraban. “Que se vayan todos esos hp.”, decía Jordán.

Y Norero respondía. “Jajaja, ahora falta que diga que somos los causantes”.

– “Es que eso van a decir, por qué crees que te jodo que borres todo. Nosotros somos los culpables de todo. Dan el c*** por un vínculo”, escribía Jordán.

En sus redes sociales, el entonces legislador Villavicencio subió una foto en la que Jordán aparecía junto a su esposa y sus sobrinas. El tuit decía: “Una de las investigaciones abiertas señala que desde esta piscina de Miami se estaría financiando la convulsión social y política de Ecuador”.

Ellos se burlaban. “Ese hp anda enamorado. Eres el financista del paro, ni saben que andamos hasta las mismas”, decía Jordán. Se refería a que el 17 de junio Norero estaba desesperado por conseguir 250.000 dólares pero él no podía ayudarlo. Jordán tenía dinero en Miami, pero en Ecuador le habían robado.  Solo consiguió 100 000. Desde EE.UU. El encargado de entregarle ese monto al patrón fue el Joyero.

Jordán hizo sus esfuerzos. “Me avisas, que así sea vendo mis relojes, ñaño. Yo lo apoyo”. Y aparentemente cumplió.“Vendo 3 Rolex de 50 mil cada uno, 150 mil hay. Dime a quien le entrego, confirme ñaño”. Norero respondió: “Al Joyero, ñaño, para que le pase al abogado”.

Norero se esmeraba en seguir derrochando dólares para cubrirse las espaldas y salir libre. Jordán le aconsejaba: “Estructura bien nada más y para delante, que si tú estás bien, yo también”. Norero estaba seguro de que lo lograría, porque lo único que no tenía cómo justificar luego de su captura y del allanamiento a su casa en Samborondón eran 50 000 euros en billetes de 500. El 23 de junio, Norero le dijo: “Mira lo que me prestaste me sirvió para cambiar el delito del arma, asegurar los j (jueces) y esperar la audiencia”.

Las empresas Comiange y La Maná Rome Gold han estado operando por más de una década sin licencia ambiental. La compañía Acquad’or libra una batalla judicial solitaria contra ambas mineras y varias instituciones del Gobierno. Busca frenar la explotación ilegal de oro en La Maná, Cotopaxi, una zona rica en biodiversidad y fuentes de agua, donde ya se evidencian severos daños a las especies y contaminación de ríos y esteros. Para que el Estado aplique la ley y suspenda sus operaciones la compañía presentó una Acción Extraordinaria de Protección que acaba de ser aceptada por la Corte Constitucional, el 15 de noviembre.

Redacción Código Vidrio

El litigio que libra en solitario la embotelladora de agua Acquad’or para frenar las operaciones extractivas de las empresas mineras Comiange y Rome Gold se resolverá en la Corte Constitucional. Acquad’or, que produce el agua Esplendor, presentó una Acción Extraordinaria de Protección ante ese tribunal en contra de la sentencia de segunda instancia, emitida el pasado 1 de octubre por los jueces Ruth Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Este recurso será tramitado por la jueza Karla Andrade.

En el fallo de la Corte de Pichincha se revocó una acción de protección previa, avalada por un tribunal anticorrupción, que había ordenado que las entidades de control ejecuten la suspensión de las actividades mineras de las empresas en tres concesiones en La Maná. Se trata de las concesiones Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, que colindan con la propiedad de Acquad’or. En esos sectores trabajan Comiange y Rome Gold, sin contar con licencia ni permisos ambientales, como consta en varios informes emitidos, al menos desde 2016. Según los ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y la Agencia de Regulación y Control de Minero (ARCOM), las firmas han incumplido con normativas y procesos técnicos en sus operaciones.

En primera instancia el tribunal concedió una acción de protección parcial señalando a los ministerios de Ambiente, de Energía y la ARCOM. En esa oportunidad, el pronunciamiento admitió los argumentos de Acquad’or, que reclamaba por vulneraciones a sus derechos a la seguridad jurídica y de la naturaleza, por omisiones de las instituciones estatales en cuanto al control y sanción por los daños que las empresas Comiange y La Maná Rome Gold estarían causando.

En esa oportunidad, el Tribunal de Garantías Penales Anticorrupción dispuso el cese de todas las actividades mineras en las tres concesiones que están a cargo de Comiange y que esta, a su vez, entregó bajo la figura de cesión de derechos a La Maná Rome Gold, hasta que obtenga la licencia ambiental,  autorización de la Autoridad Única del Agua y certificación de no afectación. Esa licencia “no es un mero requisito”: para obtenerla se deben presentar documentos como un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo. “Con aquella documentación, el Estado asegura que la actividad minera que está por desarrollarse cumpla con todos los parámetros técnicos para que no se genere daño ambiental”, indica el fallo. En el caso de los ministerios de Energía y de Ambiente, las omisiones señaladas por el juez estaban relacionadas con el control de las concesiones cercanas al recurso hídrico concesionado. Por otro lado, señalaba a la ARCOM por limitarse a elaborar informes sobre los incumplimientos de las empresas, sin emitir sanciones.

No obstante, ese fallo fue apelado por las entidades públicas y las empresas mineras, con los. mismos argumentos, y fue revisado por tres jueces de la Corte provincial de Pichincha. A los jueces les tomó dos días laborables revisar 927 fojas que tenían los 10 cuerpos de la Acción de Protección. Así, en octubre pasado revocaron la sentencia del tribunal anticorrupción, argumentado que las entidades gubernamentales demandadas sí cumplieron sus funciones de control. Además que la empresa no ha violado los derechos de la naturaleza ni de la seguridad jurídica, por lo cual no cabía ninguna suspensión de sus actividades ni la caducidad de las tres concesiones mineras que posee.

Ante la decisión de la Corte provincial, el equipo legal de Acquad’or interpuso una Acción Extraordinaria de Protección basada en informes de las entidades estatales, que detallan claras alertas de daño ambiental que no fueron frenadas a tiempo por los ministerios ni el ente de control, como la instalación de rudimentarias piscinas de sedimentación y sin autorización de Senagua; procedimientos dudosos de disposición final de agua, combustible y desechos; almacenamiento inseguro de combustibles.

Para Acquad’or, esa decisión es una grave vulneración de derechos como el de la seguridad jurídica, el debido proceso y los de la naturaleza. Por ello decidió recurrir a la Corte “para precautelar sus derechos y los derechos de la naturaleza y el agua, a raíz de las inobservancias de dichas compañías a los procedimientos ambientales”. En su apelación incluyó 49 informes en donde constan las afectaciones ambientales, especialmente al agua del sector de Estero Hondo en La Maná. Ahora será la Corte la que resuelva el futuro de esta zona.

En dos visitas que realizó al lugar un equipo periodístico de Código Vidrio constató que a pesar de la vigencia de una sentencia que ordenaba paralizar operaciones, los trabajos continuaban. El agua que salía de la actividad minera iba hacia riachuelos y otras fuentes de agua, sin ningún tratamiento. De ello dan fe pobladores de la zona. https://www.codigovidrio.com/code/los-quimicos-y-desechos-de-la-explotacion-minera-en-la-mana-se-acumulan-en-piscinas-sin-tratamiento-ni-control/

¿Qué se puede esperar del segundo mandato de un presidente que vuelve recargado de poder, amenaza con deportar a millones de migrantes, subir los aranceles a las importaciones y seguramente recortará los fondos para la agenda de derechos y socavará la lucha contra la crisis climática? En este reportaje profundizamos en el impacto que puede tener el nuevo gobierno de Donald Trump para la región. “[A él] solo le importa la inmigración con América Latina, aunque no pueda pararla ni con deportaciones masivas”, dice en este análisis, James Robinson, Premio Nobel de Economía de este año. Reproducimos este reportaje como parte de nuestra alianza con OjoPúblico.

Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico / Catalina Lobo-Guerrero

Si los discursos y promesas de un candidato en campaña son un indicativo de sus prioridades e intereses como presidente, las palabras pronunciadas por Donald Trump en los últimos meses auguran un futuro sombrío para millones de personas en América Latina.

De manera recurrente, Trump retrató a los latinoamericanos, y en especial a los migrantes venezolanos, como “asesinos”, “criminales”, “pandilleros”, “monstruos” que ocupaban apartamentos en Colorado o “acuchillaban” mujeres en Carolina del Norte. Decía que usaban armas largas, tipo AK-47,  y equiparaba la violencia brutal del  Tren de Aragua con la de la legendaria Mara Salvatrucha o con la del Congo africano.

Dijo que había que detener a esa “invasión” de maleantes que no era espontánea, sino un plan de los otros países de la región que consistía en vaciar sus cárceles y sus asilos para “exportar” a los más peligrosos y enfermos –incluso en avión– hasta la frontera con México, convirtiendo a los estados limítrofes como Arizona en un “vertedero de criminales”. No fueron pocas las veces que mintió al afirmar que los índices de criminalidad en Venezuela y Colombia habían bajado gracias a esa estrategia.

En sus discursos Trump mencionó a Venezuela o a los venezolanos 348 veces, y cuando no los criminalizó, dijo que su petróleo era puro “alquitrán” y que si Kamala Harris ganaba, los Estados Unidos sería “como Venezuela en esteroides”. A los demás países de Sudamérica los nombró poco (Colombia seis veces, Perú tres, Chile dos y Ecuador una), y la mayoría de las veces los pintó como lugares que exportan criminales: “Kamala dejó entrar al líder de una banda peruana que había cometido 23 asesinatos”, dijo en uno de sus discursos.

Estos datos fueron parte de un análisis realizado por el medio aliado La Silla Vacía (Colombia), con la ayuda de la inteligencia artificial a las transcripciones de todos los discursos en 148 eventos de campaña en diferentes estados, y que fueron compartidos con nuestro equipo para este reportaje.

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“EN SU CAMPAÑA TRUMP MENCIONÓ A VENEZUELA O A LOS VENEZOLANOS 348 VECES, Y CUANDO NO LOS CRIMINALIZÓ, DIJO QUE SU PETRÓLEO ERA PURO “ALQUITRÁN”.

Trump solo se expresó de manera menos peyorativa o positiva de Brasil (nombrado cuatro veces), como un país “fuerte” que cobra demasiados aranceles a los Estados Unidos, y Argentina (cinco veces), un lugar donde un “tipo” (Javier Milei) utilizó la plataforma MAGA (siglas de Make Argentina Great Again) para ganar las elecciones y ahora, como presidente, “lo está haciendo muy bien”.

Esta misma retórica estigmatizante sobre los “bad hombres” que vivían al otro lado de la frontera lo llevó por primera vez a la Casa Blanca en 2017. No fue simplemente una estrategia para exacerbar los miedos de los electores en campaña, sino que Trump mantuvo su narrativa antiinmigrante durante los cuatro años de gobierno, en los que endureció sus medidas de control, expulsó a cientos de miles de personas que llegaban a la frontera sur a pedir asilo bajo una medida extraordinaria conocida como Título 42, y canceló varios acuerdos de TPS (Estatus de Protección Temporal).

Los demás asuntos con América Latina le importaron poco. Aunque renegoció el tratado de libre comercio con México, dejó de buscar nuevos acuerdos comerciales con otros países de la región. El presidente Trump también redujo la cooperación y la financiación internacional, socavó el multilateralismo y otros espacios de trabajo conjunto en todo tipo de temas, y mantuvo una postura dura de sanciones y no diálogo hacia los países que considera enemigos (Venezuela, Cuba y Nicaragua), lo que no consiguió sino agravar la crisis política y económica en estos países.

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“DE TODOS LOS PRESIDENTES ESTADOUNIDENSES DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, TRUMP HA SIDO EL MENOS INTERESADO EN LO QUE SUCEDE EN AMÉRICA LATINA”.

 De todos los presidentes estadounidenses de las últimas décadas, tal vez Trump ha sido el menos interesado en lo que sucede en América Latina, que otrora fue considerada como el “patio trasero” de los Estados Unidos por mandatarios injerencistas, tanto republicanos como demócratas. Esa doctrina, sin embargo, se ha transformado y perdido fuerza.

“Latinoamérica ha sido un asunto secundario para los Estados Unidos en las últimas décadas y solo surge como preocupación cuando hay problemas, crisis políticas o factores que impactan a los Estados Unidos de forma más directa”, dijo Michael McKinley, exembajador en Perú, Colombia y Brasil, al analizar las relaciones en un reciente podcast de la organización, Network 20-20, especializada en política exterior.

Teniendo en cuenta los antecedentes de su primera administración y el olvido creciente de la política exterior estadounidense hacia la región, es poco probable que Donald Trump le preste mayor atención a lo que suceda al sur de la frontera en los próximos años, a menos que pueda sacar provecho de ello. Lo paradójico es que aunque le dé la espalda –¿el patio como botadero?–, su presidencia terminará afectando política, económica y socialmente a la región.

Más allá del discurso demagógico: cambiar las reglas y el balance de poder 

“Creo que a Trump solo le importa la inmigración con América Latina, aunque no pueda pararla ni con deportaciones masivas”, dice a OjoPúblico el economista James Robinson, profesor de la Universidad de Chicago y galardonado con el Nobel junto con Daren Acemoglu y Simon Johnson por sus investigaciones sobre la relación entre la calidad de las instituciones, el crecimiento económico y la democracia. Son las instituciones las que pueden hacerle un contrapeso a la idea de las deportaciones masivas, que, en principio, serían inviables, ya que no existen ni los recursos, ni la capacidad institucional, ni la legislación que permitan llevarlas a cabo.

Pero es posible que, sintiéndose envalentonado porque ahora tiene el Senado y a la Corte Suprema de su lado, Trump intente reformar la ley para violar el debido proceso que existe en el mecanismo del deportación actual. Varias veces ha mencionado que invocará el Alien Enemies Act de 1798, una medida de guerra que autoriza al presidente a deportar a extranjeros de ciertos países considerados enemigos. También ha dicho que va a cambiar las reglas para usar a la Guardia Nacional en labores que solo le corresponden al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

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“CREO QUE A TRUMP SOLO LE IMPORTA LA INMIGRACIÓN CON AMÉRICA LATINA, DICE EL NOBEL DE ECONOMÍA JAMES ROBINSON A OJOPÚBLICO”.

 Y aunque no hay presupuesto para llevar a cabo este tipo de operaciones que son muy costosas, Trump le dijo a una periodista de NBC que “no es una cuestión de precio. No lo es… de verdad, no tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, y cuando los capos de la droga han destruido países, tienen que volver a esos países porque aquí no se van a quedar”. ¿De dónde sacará los recursos?

“Creo que su política fiscal será muy imprudente y arbitraria. Así lo ha sido con sus empresas y negocios”, dice Robinson. Considera que una de las primeras batallas institucionales de Trump será con el Banco Central, una movida clásica de los mandatarios populistas que buscan socavar su independencia para imprimir papel moneda y así financiar sus proyectos políticos, aunque en el proceso lleven a sus países a la ruina económica, como sucedió en Venezuela.

El Migration Policy Institute estima que hay alrededor de 11,3 millones de indocumentados en los Estados Unidos. El 65% son mexicanos y centroamericanos, pero también hay un 10% de sudamericanos, principalmente venezolanos, colombianos, y brasileños, y un 4% de isleños del Caribe.

Para deportarlos en avión, el Gobierno de Estados Unidos tendría que reanudar relaciones con países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, o llegar a un acuerdo con terceros países para que los reciban, como lo hizo antes con México y los países del Triángulo Norte centroamericano, mientras estuvo vigente el Título 42. “Es un modelo que se está utilizando en todas partes. Los italianos están tratando de exportar personas a Albania, los ingleses a Ruanda. Así que es muy posible que [Trump] lo haga”, dice Robinson.

Los métodos transaccionales y punitivos

Teniendo en cuenta lo difícil y costoso que resultaría deportar a 11 millones de personas en avión, Trump podría llevar a cabo algunas operaciones muy mediáticas para mostrar que está cumpliendo su promesa. Su recién nombrado “zar de la frontera”, el exdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, dio a entender que se harán detenciones selectivas y operaciones en plantas de trabajadores. Si las realizan en los estados limítrofes, será más fácil expulsar a los indocumentados detenidos por la frontera con México.

Lo más probable es que la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, colabore con los nuevos planes, tal como lo hizo su antecesor, después de que Trump amenazara con subir los aranceles en un 25% a todos los productos mexicanos. Esa misma amenaza la está repitiendo ahora.

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“LO MÁS PROBABLE ES QUE LA PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, COLABORE CON LOS NUEVOS PLANES, TAL COMO LO HIZO AMLO”.

 Pero hay una diferencia importante: Trump suele menospreciar a las mujeres, aunque sean jefes de Estado, y no tratará a Scheinbaum como trataba a Andrés Manuel López Obrador. Además del tema migratorio, la presionará para que obtenga mayores resultados en la guerra contra los carteles que producen y comercializan el fentanilo, mucho más de lo que presionó a AMLO en su anterior administración.

 

El estilo de política exterior de Trump se basa en las relaciones personales bilaterales y se divide entre aliados y adversarios. No obstante, estas categorías pueden ser acomodaticias y pasan por otras consideraciones: qué tanta fuerza, autoridad, recursos y mano dura exhiben otros mandatarios, aunque sean de ideologías contrarias, como Vladimir Putin.

En ese sentido, es una interrogante cuál será su relación con Nicolás Maduro. “Trump utiliza a Venezuela como instrumento retórico para decir que es lo peor que hay en el planeta, pero hemos visto que ha hecho pactos con el diablo si le conviene”, dice Renata Segura, directora del programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group.

Nicolás Maduro lo sabe. Horas después de conocerse el resultado electoral, se apresuró a felicitar a Trump y a enviarle un mensaje conciliador para entablar una relación distinta a la que mantuvieron en el pasado, cuando Maduro lo llamaba “miserable” y “mafioso” y Trump lo tildaba de “títere de Cuba” y “tirano”. Fue un momento en que se impuso la línea dura desde Washington, máxima presión y sanciones colectivas, y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino en  2019.

Pero, según Geoff Ramsey, experto en las turbulentas relaciones entre ambos países y senior fellow del Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council, el momento ahora es distinto: “Trump solo está viendo a Venezuela a través del lente de la migración; no ha dicho nada sobre la democracia ni los derechos humanos, y no ha mencionado a María Corina Machado ni a Edmundo González”.

Es previsible que el tema migratorio sea utilizado, tanto por la oposición venezolana y por el gobierno de Maduro para buscar algún tipo de transacción y apoyo de Trump. Uno de los mensajes en la red social X de María Corina Machado resaltaba que, solo con el regreso de la oposición al poder, los venezolanos que se han ido, regresarán a su país y existirán condiciones favorables para la inversión económica. Y es posible que Maduro le ofrezca un nuevo entendimiento, que incluya recibir vuelos de deportados en Caracas y un mayor control por parte de los militares en la frontera con Colombia, a cambio de nuevos negocios petroleros y cierta normalización de relaciones para llevar una coexistencia, si bien distante, al menos pacífica.

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“EL ESTILO DE POLÍTICA EXTERIOR DE TRUMP SE BASA EN LAS RELACIONES PERSONALES BILATERALES Y SE DIVIDE ENTRE ALIADOS Y ADVERSARIOS”.

 Es lo que más le conviene a Maduro, pero para Trump sería políticamente costoso legitimarlo tras el fraude electoral del 28 de julio, especialmente ante su base de votantes “magazuelans” [como se denomina a un grupo de venezolanos que apoyan a Donald Trump y su estrategia Make America Great Again]  y cubanos en Florida, que más bien esperan que se cumplan las amenazas y castigos. Una señal clave de hacia dónde orientaría su postura, al menos a corto plazo, ha sido  el nombramiento de su secretario de Estado, Marco Rubio.

El republicano de origen cubano y de línea dura considera al régimen de Maduro como una narcodictadura. Sin embargo, quien tendrá la última palabra en política exterior no será Rubio, sino el presidente. Y Rubio es consciente de ello, o al menos así lo expresó en un breve comunicado al aceptar el cargo: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, lograremos la paz a través de la fuerza y siempre pondremos los intereses de los estadounidenses y de los EE.UU. por encima de todo lo demás”.

En cualquier caso, lo que suceda en Venezuela en las próximas semanas y en su relación con Trump tendrá un impacto directo en el resto de países de la región. La ruta que miles de venezolanos –pero también, colombianos, ecuatorianos, peruanos y chilenos, entre otros– han utilizado para tratar de llegar a Estados Unidos, ha sido la del paso por la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Siguiendo la costumbre de externalizar los controles y aduanas, Trump presionaría a Colombia y Panamá para frenar el flujo de migrantes que atraviesan por allí.

“Seguiremos trabajando juntos en temas de migración, seguridad y comercio internacional”, escribió en X el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, tras felicitar a Trump, mientras que el colombiano Gustavo Petro marcó mayor distancia ante las formas de entender el problema migratorio: “La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos”.

Si Venezuela y Estados Unidos no normalizan sus relaciones, es posible que Trump presione a Colombia para que reciba más venezolanos deportados y combata de manera más activa al Clan del Golfo, grupo criminal que controla el paso por el Darién, pero que hace parte de las negociaciones de Paz Total de Petro.

Esos diálogos con ese grupo y otros similares han avanzado poco y seguramente no contarán con el visto bueno del presidente entrante. En Colombia se teme  incluso  una “descertificación” por parte del nuevo gobierno en Washington si no se emprende una guerra más frontal contra el narcotráfico –como lo hicieron gobiernos anteriores de derecha– y sobre el posible regreso de las fumigaciones, ya que los cultivos de coca han alcanzado cifras récord en los últimos tres años.

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa tratará de forjar una alianza con la nueva administración en Washington a toda costa. Noboa quiere ser reelegido y necesita mostrar resultados rápidos en su apuesta de “mano dura” contra el crimen organizado y la violencia del narcotráfico que ha azotado al país en los últimos años. Si la condición es que Ecuador se convierta en un destino de deportaciones, tanto de connacionales como de personas de otros países, lo más seguro es que lo acepte.

Al diablo la “responsabilidad compartida”

Todos los acuerdos bilaterales entre los mandatarios de la región y Trump romperían con la idea de que la migración es una “responsabilidad compartida”, ya que las medidas que un país adopta pueden afectar a otros. Las iniciativas y espacios de diálogo hemisférico con Estados Unidos en materia migratoria, como la Declaración de Los Ángeles, se verían debilitados por el estilo de diplomacia de Trump. Y es dudoso que iniciativas más regionales, como el Proceso de Quito (que busca articular una estrategia latinoamericana para atender la crisis migratoria venezolana), tengan la suficiente cohesión y fuerza para plantear otras alternativas.

La situación política en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití no mejorará en el corto plazo. Tampoco se resolverán pronto las condiciones económicas de Argentina ni los problemas de violencia e inseguridad en Colombia, Ecuador, Chile o Perú. Ante esta situación, los latinoamericanos van a seguir buscando otros destinos y rutas si Estados Unidos cierra aún más sus fronteras. ¿Lo harán Brasil, Uruguay y otros países de la región? Habrá que ver qué decisiones se adoptan en la reunión de Santiago de Chile, con motivo de la celebración de los 40 años de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados, en la que se han propuesto trazar un plan de acción y una estrategia de cooperación regional para atender a los desplazados.

En los últimos años, los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda en el continente, han ido endureciendo su legislación, los requisitos de visas, documentos o permisos de permanencia hacia los migrantes. También ha cambiado el tono del discurso. Incluso el presidente de Chile, Gabriel Boric dijo en la asamblea general de las Naciones Unidas, tras las elecciones en Venezuela, el 28 de julio, que su país no estaba en capacidad de recibir más migrantes.

En parte, es porque los recursos de cooperación internacional destinados a atenderlos se han reducido significativamente en los últimos años.

Si Estados Unidos, con la visión criminalizadora y punitiva de los migrantes de Trump, corta los recursos destinados a entidades clave como ACNUR, OIM, OMS o la plataforma de coordinación interagencial RV4 (que también incluye a organizaciones religiosas y oenegés de la sociedad civil), la situación para los migrantes latinoamericanos puede ser dramática, pues siempre ha sido el principal financiador. “Los kits de atención primaria o la píldora del día después, que se reparten como medidas de atención humanitaria, dependen de esos fondos”, afirma una persona que trabaja en una organización de derechos humanos en la región.

¿La agenda 2025?: la revancha de la derecha contra el Estado profundo

Trump dos no será igual que Trump uno; es un hombre impredecible. Pero no cabe duda de que esta vez irá mucho más lejos en su confrontación con el llamado Deep State o Estado profundo —los más de dos millones de funcionarios públicos que, en su primera administración, actuaron como contención ante sus planes más controvertidos—, y que incluye también al servicio diplomático y a entidades y agencias con presencia en otros países, como la USAID.

Esta vez designará únicamente a personas de absoluta lealtad, posiblemente más radicales, y ha amenazado con purgar a quienes no se alineen con su visión ideológica, declarando enfáticamente: “O el Estado profundo destruye a los Estados Unidos, o nosotros destruimos el Estado profundo”.

Más allá de su retórica, este es uno de los puntos explícitos de su plan de gobierno, conocido como Agenda 47, que fue presentado en varios videos de campaña y pueden verse en su página web. Así está estipulado también en un documento de más de 900 páginas conocido como el Proyecto 2025: mandato para un liderazgo conservador, elaborado por el Heritage Foundation, en el que participaron varias de las personas de su primer gobierno y que comparte las mismas ideas que la Agenda 47, que es la oficial.

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“ESTA VEZ IRÁ MUCHO MÁS LEJOS EN SU CONFRONTACIÓN CON EL LLAMADO DEEP STATE. ESTA VEZ DESIGNARÁ ÚNICAMENTE A PERSONAS DE ABSOLUTA LEALTAD”.

 Durante la campaña, Trump trató de distanciarse del Proyecto 2025, que habla de manera detallada de la necesidad de recortar masivamente los recursos, incluida la ayuda internacional, y el personal de varias entidades estratégicas, como la USAID, que, según ellos, ha alimentado a la izquierda progresista y “woke” en todas partes.

“La próxima Administración conservadora debería reducir la huella global de USAID, al mínimo…. Debería desradicalizar los programas y las estructuras de USAID y basarse en las reformas conservadoras instituidas por la Administración Trump”, dice el documento.

Esto tendría serias implicaciones para la agenda de la democracia y los derechos en América Latina. También se habla de nuevo de la famosa Global Gag Rule, impulsada por los republicanos, que prohibiría cualquier financiación destinada a programas u organizaciones que promuevan los derechos sexuales y reproductivos.

De igual manera, se recortarían los fondos para la agenda de género, las comunidades LGBTQ+ y cualquier iniciativa, tanto pública como privada, o de la sociedad civil que promueva la igualdad o equidad, así como para los proyectos educativos y de periodismo independiente que se alineen con cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de las Naciones Unidas, que lucha contra la pobreza y por el cuidado del medio ambiente, la paz y la justicia, entre otros.

Aún es demasiado pronto para saber si Estados Unidos no buscará tener un papel activo en situaciones de emergencia o crisis en la región, como en Haití, o cuando la democracia y el estado de derecho estén en peligro, como lo hizo el gobierno de Biden con los fiscales guatemaltecos que intentaron impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo en Guatemala.

En cualquier caso, por su actitud en su primer mandato, Donald Trump terminará debilitando aún más los esfuerzos multilaterales, como el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. “Creo que Trump va a ser muy crítico de todo eso, incluso de los bancos, como el Banco Mundial, el BID o la CAF”, dice un funcionario que trabaja en este sector.

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“LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN CONSERVADORA DEBERÍA REDUCIR LA HUELLA GLOBAL DE USAID, AL MÍNIMO», DICE EL PROYECTO 2025, AL QUE LO HAN VINCULADO CON TRUMP”.

Lo que se avecina es la agenda de la derecha más conservadora, pero con un empaque 2.0, que tiene lazos cercanos con iglesias cristianas y evangélicas en América Latina y con proyectos políticos como los de Jair Bolsonaro, Javier Milei o Nayib Bukele, adversarios de la agenda global.

Este mismos sector se ha acercado al Heritage Foundation (este artículo de Open Democracy señala como Milei ya ejecuta un programa de gobierno en la misma línea que el Proyecto 2025 y comparte el mismo lobista en Washington con Bukele). Aunque no son estadounidenses, han participado de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), por sus siglas en inglés.

 

Estos líderes políticos de derecha se sienten respaldados y envalentonados con el triunfo de Trump. Bukele lo llamó a las pocas horas, esta semana Milei viajó a Mar-a-lago (el refugio de Trump en Palm Beach, Miami) para participar en un evento de celebración con Trump, y Bolsonaro dio una entrevista al diario Folha de São Paulo al día siguiente, en la que aseguró que “ser presidente era una mierda”, pero que el regreso de su amigo a la Casa Blanca, era un paso importantísimo para que él pudiera regresar al poder en 2026, pese a estar inhabilitado porque “todo lo que sucede allá, sucede aquí (en Brasil)”, declaró.

Es posible que el regreso de Trump también sirva de aliciente para otros políticos de la derecha más conservadora en el continente como José Antonio Kast en Chile, María Fernanda Cabal o Vicky Dávila en Colombia, y con perfiles más autoritarios en Perú, gobernado actualmente por la presidenta Dina Boluarte como parte de una alianza congresal integrada por bancadas de un sector de la derecha y la izquierda más conservadora.

Un daño irreversible

En paralelo a esa agenda que avanza en detrimento de los derechos está una agenda económica que será proteccionista, pero también geopolítica. “Ya vimos en la primera administración de Trump un interés por priorizar la contención de la influencia china y rusa en el hemisferio, y creo que eso va a continuar”, dice Geoff Ramsey.

Según el Proyecto 2025, el objetivo de su apuesta económica no es solo hacer grandes negocios, sino asegurar importantes recursos minerales en el continente  y sacar a China de la carrera. El gigante asiático ha avanzado a grandes pasos en Sudamérica en los últimos años, invirtiendo en proyectos importantes de infraestructura como el metro de Bogotá o el puerto de Chancay, y ha prestado miles de millones a distintos países de la región. Se estima que la deuda con China asciende a 130 billones de dólares, de los cuales la mitad corresponde a Venezuela.

China también ha negociado toda clase de acuerdos comerciales con varios países, entre ellos Perú. “Esto tiene un impacto positivo y uno negativo. Lo positivo es que el país ya no depende de los cambios de la política norteamericana, porque lo que se avecina es bastante preocupante, con los aranceles y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  Lo negativo es que China no necesariamente se preocupa por temas de derechos humanos, de respeto de las libertades políticas, etc. por parte de sus socios”, dice Paolo Sosa, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

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“EL REGRESO DE TRUMP TAMBIÉN ES EL REGRESO A LA EXPLOTACIÓN SIN FRENO DE COMBUSTIBLES FÓSILES DENTRO Y FUERA DE SU TERRITORIO”.

 En esta competencia económica, se habla de la idea de “nearshoring” (trasladar procesos, servicios o funciones a países cercanos geográficamente) y en ese sentido, para Estados Unidos será prioritario lo que pueda lograr con su país vecino, México, y con algunos países de Centroamérica. Según James Robinson, no se trata de una idea descabellada, si se tiene en cuenta el contexto: nos estamos moviendo hacia una situación similar a la de la Guerra Fría, especialmente si China trata de anexarse a Taiwán.

El regreso de Trump también es el regreso a la explotación sin freno de combustibles fósiles dentro y fuera de su territorio. Queda la pregunta de si otros países de la región, como México y Brasil, van a seguir el mismo camino en el sector petrolero. También hay que ver qué pasa con la minería en el continente, ya que se calcula que el 60 % de las reservas de litio, cobre y otros minerales clave, se encuentran en países como Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela.

La primacía de la explotación sin restricciones en el hemisferio, sin embargo, afectaría a varios de los planes y compromisos internacionales logrados en los últimos años para tratar de frenar los peores efectos del calentamiento global. La Agenda 47 de Trump plantea explícitamente la retirada de los Acuerdos de París. Queda la incógnita de cuál será la posición de algunos gobiernos de la región ante esta realidad.

Quizás el líder más vehemente contra el calentamiento global en Sudamérica ha sido Petro, pero no tiene el mismo peso que Lula. Y aunque su gobierno ha hecho esfuerzos por detener la deforestación en la Amazonía que avanzó con Bolsonaro, es dudoso que Lula esté dispuesto a ser el líder de la región que se enfrente a Trump por la defensa del medio ambiente.

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“LA AGENDA 47 DE TRUMP PLANTEA EXPLÍCITAMENTE LA RETIRADA DE LOS ACUERDOS DE PARÍS”.

 Tampoco se vislumbra una alianza fuerte como bloque de países —ni la Unasur, ni la Alianza del Pacífico, y mucho menos la CELAC o la CAN— que pueda hacerle contrapeso a Trump. Al igual que en los otros temas, Trump solo negociará de manera directa y bilateral cualquier acuerdo con cada país, si ve que le conviene, baipaseando cualquier esfuerzo diplomático conjunto.

Mientras tanto, avanzará en el desmonte de lo poco ha logrado Estados Unidos en materia ambiental. Dentro del Proyecto 2025 está contemplada la revisión minuciosa y el posible congelamiento de cada uno de los acuerdos internacionales firmados en los últimos tiempos, así como el recorte de los fondos destinados a esta causa en otros países.

“La próxima Administración conservadora debería rescindir todas las políticas climáticas de sus programas de ayuda exterior (en concreto, la Estrategia Climática 2022-2030 de USAID); cerrar las oficinas, programas y directivas de la agencia diseñados para promover el Acuerdo Climático de París; y limitar estrictamente la financiación a los esfuerzos tradicionales de mitigación del cambio climático”, dice el documento de Proyecto 2025. También recomienda dejar de patrocinar y colaborar con organizaciones progresistas, fundaciones y ongs de activistas del “fanatismo climático”.

Para Donald Trump y varias de las personas que lo rodean, el calentamiento global es un “gran engaño”. No creen en la ciencia ni en la evidencia científica al respecto, dice Renata Segura, y añade: “De todas las cosas graves, lo más grave es lo del clima. La erosión democrática tiene reverso; el calentamiento global, no”.

• Hoy está prevista la inauguración del megapuerto de Chancay, con la presencia virtual del presidente chino, Xi Jiping. Esta obra ha generado duras críticas por la posible pérdida de soberanía de Perú y el incremento del control de China.
•  Una investigación de nuestro aliado OjoPúblico identificó que solo entre 2013 y 2023, el área de influencia del megapuerto privado de Chancay creció 685%. Para que esta expansión sea posible, ocurrieron hechos poco comunes.
•  Entre otros, la cesión de un área marítima intangible destinada a la defensa nacional del Perú, aprobaciones sin estudios de impacto ambiental, renovaciones de permisos que habían alcanzado su tope con empresas recién constituidas.
•  Esta facilidad marca un hito histórico del comercio global, pues será una escala fundamental de la nueva ruta de la seda en Suramérica y constituye una esperanza de desarrollo para Perú. El megapuerto contará con una zona operativa con cuatro muelles.
• La visita de Xi coincide con un nuevo conflicto legal entre Cosco Shipping Ports Chancay Perú (principal accionista en la construcción del megapuerto) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran): la empresa a cargo del terminal desconoce las competencias de la entidad y, por eso, presentó una acción de amparo. Foto

Texto y fotos de OjoPúblico en alianza con Código Vidrio

Desde hace alrededor de dos años, los habitantes de los barrios de La Puntilla, Santa Rosa y Peralvillo, en el distrito de Chancay —en la provincia de Huaral, en la región de Lima— convivían con los estruendos, los remezones y los estragos de la construcción del que dicen será el hub comercial de la región: el megapuerto de Chancay, ubicado en el distrito del mismo nombre.

Este proyecto, que empezó en 2007 con el fallecido exmarino Juan Ribaudo de la Torre, actualmente le pertenece en un 60% a la empresa estatal china Cosco Shipping Ports Limited y en un 40% a la minera peruana Volcan. Además, entre 2013 y 2023, su área de influencia creció en 685%: de 3,3 km² a 25,9 km², según información declarada al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace).

La inauguración de esta facilidad portuaria, sin precedentes en la región, está prevista en las próximas horas. Estará a cargo, aunque de manera virtual, del presidente de China, Xi Jinping, quien llega este jueves 14 de noviembre en visita oficial a Perú para participar en el Foro Económico Asia Pacífico (APEC), con la asistencia de mandatarios de varios países, incluido el de Estados Unidos, Joe Biden. Su visita coincide con un conflicto legal entre Cosco Shipping Ports Chancay Perú y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran): la empresa a cargo del terminal desconoce las competencias de la entidad y, por eso, presentó una acción de amparo.

En su visita Xi estará acompañado del miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCC) y director de la Oficina General del Comité Central del PCC, Cai Qi y el miembro del Buró Político del Comité Central del PCC. Comité y ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi.

Así, Xi Jinping vendrá con dos figuras altamente relevantes para los planes de China en esta región. Su ministro de Asuntos Exteriores, quien ha sido vital para asegurar la influencia de China en el intercambio comercial entre países, y el miembro del Partido Comunista Chino, Cai Qi, destacado como el «ángel guardián» del mandatario chino. Ambos juegan roles importantes y también han estado presentes en las reuniones con otros líderes de la región.

Las intensiones ocultas en este proyecto generan grandes preocupaciones, especialmente entre las autoridades de EE.UU. La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, alertó que el Megapuerto de Chancay sería de “doble uso” y podría recibir buques militares chinos, lo que que representaría un riesgo de seguridad para los intereses de su país en la región.

Después de Brasil, Perú es el país latinoamericano donde China invirtió más dinero en 2023, de acuerdo a cifras oficiales. Está previsto que durante la visita de Xi también se suscriba el proceso de perfeccionamiento del Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático.

Durante la construcción, las obras para la expansión del puerto ocasionaron rajaduras y pequeños derrumbes en las casas de algunos vecinos. Varios de los chancayanos, agrupados en el Frente de Defensa por la Libertad y Dignidad de Chancay, han reclamado a la compañía y a la Municipalidad de Chancay. A cambio, dicen, han recibido indiferencia u hostigamientos.

Esto último se hace evidente en los barrios que colindan con el puerto en construcción. A mediados de este año, un equipo de OjoPúblico visitó Chancay y, mientras registraba imágenes con un drone en los alrededores del humedal de Santa Rosa, a escasos metros de las obras del terminal portuario, el aparato fue bloqueado. No volvió a funcionar hasta alejarse del lugar.

A partir de entonces, y durante los dos días de visita al distrito, el equipo de este medio fue vigilado, grabado por celulares y ahuyentado a pitazos por el personal de seguridad de la construcción del puerto. Esto pasó cada vez que se acercaba a las inmediaciones de la obra que más atención y expectativas ha generado en los últimos tiempos en Perú.

“Acá en Chancay se respira un ambiente tenso, ¿te das cuenta?”, dijo Miriam Arce Pita, integrante del Frente de Defensa por la Libertad y Dignidad de Chancay, que acompañó a este medio en su recorrido.

La tensión se da dentro y fuera del lugar: la expansión del terminal portuario está asociada a una serie de hechos inusuales documentados por OjoPúblico con información obtenida a través de la Ley de Transparencia y publicaciones oficiales.

Entre ellos destacan, por ejemplo, aprobaciones de proyectos sin estudios de impacto ambiental, renovación de permisos que habían superado su límite con una empresa recién constituida.

A esto se suma, también, la cesión de un área marítima reservada e “inalienable” para la defensa nacional y la venta de terrenos públicos a los impulsores originales del proyecto —que conforman una porción del terminal portuario— por hasta USD 0,85 el m² .

Precisamente, por eso la soberanía del puerto está en entredicho. Desde hace meses hay fricciones entre Cosco Shipping Ports y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), que advierte que existe un vacío legal en la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN).

 El mes pasado, la empresa denunció al organismo por la supervisión del megapuerto, pues considera que este vulnera sus derechos de control. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que el puerto será declarado como Zona Económica Especial, generando dudas sobre la influencia de China en la infraestructura.

“Chancay, como proyecto, es extraordinario porque va a ayudar al desarrollo y a promover que las cargas, que hoy se mueven en otros países, se muevan por el Perú”, dijo Jorge Manchego Rendon, exgerente general de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Lo cuestionable, agregó, son algunos hechos inusuales alrededor de la obra.

El comienzo del puerto 

El megapuerto de Chancay, ubicado a unos minutos del centro del distrito homónimo y a más de 80 kilómetros de Lima Metropolitana, actualmente cuenta con un área de influencia de 25,9 km²: casi ocho veces más de lo previsto en 2013.

Al ser consultada, Cosco Shipping Ports Chancay Perú —la operadora del proyecto— indicó que este crecimiento se explica por “criterios más exigentes para la identificación de impactos ambientales”, establecidos por el Senace a partir de 2016. A este tema se añadió, explicaron, una “infraestructura de mayor envergadura”.

Su primera etapa, que tiene previsto inaugurarse hoy, consta de una zona operativa que, además de otras estructuras, incluirá cuatro muelles; un complejo con oficinas administrativas, servicios logísticos y otros, y un túnel de casi dos kilómetros de largo, para conectar la zona operativa con el complejo de oficinas.

En un inicio, la idea de la obra —que atraviesa centros poblados y asentamientos humanos como Peralvillo, Santa Rosa o La Puntilla— era bastante menos ambiciosa y no contaba con la participación de la empresa china.

El primer rastro oficial de la concepción del puerto de Chancay data de 2007. El 16 de noviembre de ese año, el fallecido exalmirante de la Marina de Guerra Juan Ribaudo de la Torre y Patricia Chiabra Tizón ampliaron las ambiciones de su empresa, Varadero Ribaudo S.A.

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EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MEGAPUERTO DE CHANCAY ACTUALMENTE ES DE 25,9 KM²: CASI OCHO VECES MÁS DE LO PREVISTO EN 2013″.

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La compañía —constituida por ellos un año antes, con un capital social de S/10.000, para otorgar servicios navieros y de embarcaciones— recibió una inyección de S/50.000 y pasó a llamarse Chancay Port S.A. El mismo día actualizaron su objetivo: también se dedicaría al negocio portuario y de muelles.

En esa época, se dio uno de los hechos controversiales alrededor del proyecto: la desafectación de una zona costera “intangible”. El 30 enero de 2008, Ribaudo de la Torre, como gerente general de Chancay Port, envió una carta a la Marina de Guerra del Perú pidiendo la cesión de un área marítima reservada para la defensa nacional. El motivo era la construcción de un terminal portuario multipropósito en la bahía del distrito.

Para ello, solicitó la modificación de la Resolución Suprema 0694-2005-DE/MGP, que dispone las coordenadas de las áreas costeras del litoral de uso exclusivo de la Marina de Guerra para la defensa del país. Según la normativa del sector, los inmuebles reservados para los institutos armados con fines de seguridad y defensa nacional son intangibles, inalienables e imprescriptibles por su carácter estratégico.

Dos meses después, el comandante general de la Marina de Guerra de entonces, Carlos Gamarra García, remitió un proyecto al Ministerio de Defensa (Mindef) para modificar la mencionada resolución. Inicialmente, la cartera observó el proyecto por “omisiones de carácter técnico-legal”, pero el tema no quedó allí.

El 8 de mayo de 2008, el secretario del comandante de la Marina subsanó las observaciones y señaló que el área marítima solicitada por Chancay Port S.A. de “0.170 km² aproximadamente (triángulo de 600 x 550 mts) solo representa el 0,002% del área total destinada para fines de Defensa Nacional”. Por esa razón, indicó, “no afecta estratégicamente las actividades operacionales que realizan las Fuerzas Navales”.

Así, en noviembre de ese año, el Mindef refrendó la Resolución Suprema 539-2008-DE/MGP —con la firma del entonces ministro Ántero Flores Aráoz y de Alan García, como presidente de la República—. Esta norma modificó la RS 694-2005 DE/MGP, y formalizó la cesión del área marítima a Chancay Port.

Para Jorge Manchego Rendon, esto no debió ocurrir. “No deberían [haber cedido esa área marítima]”, dijo.

 El exministro de Defensa Mariano González Fernández tiene una opinión algo distinta. Si bien no implica una irregularidad, a su criterio, esta medida es inusual. “Es algo sui generis por [lo que significa] la inversión en un puerto nuevo de esta naturaleza. No es algo que se haga todos los días, pero ha seguido el trámite legal”, afirmó al ser consultado por el tema.

El miércoles 4 de setiembre, OjoPúblico también se comunicó con la oficina de imagen del Mindef para indagar sobre la regularidad del procedimiento en favor de una iniciativa privada. El viernes 6 de setiembre por la tarde, respondieron que seguían buscando “los antecedentes” de dicha medida en los archivos.

Los primeros terrenos

Entre 2008 y 2010, el Estado le vendió cuatro bienes públicos del distrito a Chancay Port, de acuerdo a información a la que accedió OjoPúblico a través de la Ley de Transparencia. Esto ocurrió en el contexto de las negociaciones y poco después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China.

En los registros públicos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), uno de los primeros rastros de la expansión del terminal portuario data del 17 abril de 2009, cuando Chancay Port S.A, compró un terreno público de 115.876 m². En una resolución de la SBN sobre la subasta pública, se informó que ese día había pasado a ser propietaria del terreno.

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LOS PRIMEROS TERRENOS PARA EL PUERTO DE CHANCAY COSTARON DESDE USD 0,85 EL METRO CUADRADO». 

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El precio base era de USD 98.088,57 (alrededor de USD 0,85 el m²). Ese mismo día, Chancay Port se hizo propietaria del predio en cuestión. El pago final fue de USD 98.088,67. Es decir, apenas 10 centavos de dólar más que el precio base de la subasta por el total del terreno.

En los registros de la SBN figuran tres compras más —vía subasta pública— de terrenos por parte de Chancay Port: un área de 32.340 m², adquirida en junio de 2009 por USD 35.197 (menos de USD 1,09 por m²); otra de 39.454 m²  a USD 48.000 (menos de USD 1,22 el m²); y una más de 2.256 m²,  por las que pagó USD 11.000 (unos USD 4,88 cada m²). Los dos últimos predios fueron comprados en enero de 2010.

Los permisos especiales

Para que una empresa desarrolle infraestructura portuaria, lo primero que requiere es una autorización temporal para realizar estudios sobre la futura construcción. Este permiso lo otorga la Autoridad Portuaria Nacional (APN) por un plazo máximo de dos años, y es renovable por uno más.

En diciembre de 2008, Chancay Port inició esos trámites ante la APN, que le hizo una serie de observaciones a su plan maestro. La empresa subsanó los cuestionamientos y la APN remitió el expediente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Así, el 20 de mayo de 2009, esta cartera le otorgó a la compañía la primera autorización temporal del uso de área acuática y la franja costera de una superficie de 623.243 m² (0,62 km²). Esta tuvo la duración de un año, tal como lo solicitó Chancay Port. Vencido el plazo, la empresa tenía la posibilidad de pedir una renovación por un año más. Así lo hizo el 20 de abril de 2010.

El permiso recién procedió un año después, con efecto retroactivo. Dos días más tarde, el 12 de abril de 2011, Chancay Port solicitó otra prórroga. Sin embargo, el MTC se la denegó porque el marco legal no contemplaba la renovación de autorizaciones temporales que ya habían sido renovadas previamente.

A la par de esta negativa, apareció un nuevo actor que solicitó una autorización temporal desde cero para el proyecto: Terminales Portuarios Chancay S.A.

Esta empresa fue constituida el 5 de abril de ese mismo año y tenía como socios participantes a Chancay Ports S.A. —la compañía a la que el MTC le había negado la renovación del permiso— y Empresa Administradora de Puertos S.A. —subsidiaria de la minera Volcan—, creada meses antes.

En este contexto y solo poco más de dos semanas después de la denegatoria a Chancay Port, el MTC le otorgó a Terminales Portuarios Chancay S.A. la autorización temporal de uso de área acuática y la franja costera. Esta vez por algo más de 1,4 millones de m² (1,4 km²), casi el doble del tamaño inicial.

Ocho meses más tarde, Terminales Portuarios Chancay S.A. aumentó su capital social de S/30.000 a alrededor de S/8,2 millones. En otras palabras, este creció en más de 27.000%, según reportaron a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Aprobaciones con reclamos ciudadanos

Otro documento importante para la construcción de un puerto es el estudio de impacto ambiental. Este fue aprobado el 13 de diciembre de 2013 por el MTC para el “Proyecto terminal de gráneles, sólidos, líquidos y carga rodante de Terminales Portuarios Chancay”.

Un año antes, el 2 de octubre de 2012, la Municipalidad Distrital de Chancay, ya le había aprobado a Terminales Portuarios Chancay los términos y condiciones de un mejoramiento vial. Este proyecto incluía un viaducto subterráneo de 2,3 kilómetros, debajo de la vías vecinales del puerto y los barrios de Santa Rosa, Peralvillo y los Álamos, y era exclusivo para el tránsito vehicular de la operación del terminal.

Los ciudadanos de las zonas afectadas enviaron un documento a la Municipalidad Distrital de Chancay, solicitando explicaciones y el sustento legal, social y económico de la construcción.

El 14 de enero de 2014, el gerente municipal de la comuna, Carlos Sánchez, respondió que Terminales Portuarios Chancay no había presentado ningún expediente técnico ni administrativo para solicitar una autorización, sino que solo hizo una exposición sobre el posible proyecto. “Oficialmente, se desconoce el recorrido de este viaducto”, afirmó.

En marzo de ese año, la gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Huaral emitió un informe técnico donde concluyó que la ejecución del viaducto causaría graves daños a las viviendas y severa contaminación acústica a los habitantes de las inmediaciones. Además, alertó que la Municipalidad Distrital de Chancay, dio conformidad al proyecto sin mayor análisis.

Siete meses después, la APN le otorgó a Terminales Portuarios Chancay S.A. una primera habilitación del proyecto “Terminal de gráneles, sólidos, líquidos y carga rodante del Terminal Portuario Chancay”.

Con ese documento, autorizó el inicio de las obras para el puerto por un plazo de 27 meses. Dos meses más tarde, el 19 de diciembre de 2014, la Municipalidad Distrital de Chancay le otorgó la licencia de edificación al terminal.

La aprobación del informe técnico sustentatorio (ITS) para la construcción del túnel-viaducto por parte del MTC ocurrió recién cerca de medio año después: el 10 de julio de 2015. Y, a los tres meses, la empresa obtuvo la licencia de la Municipalidad Distrital de Chancay para la construcción de este componente.

Los dos años siguientes, en tanto, estarían marcados por la absorción, por parte de Terminales Portuarios Chancay, de sus socias. En abril de 2016, lo hizo con Chancay Port, que había incrementado su capital social a más de S/16,5 millones.

Al año siguiente, fue el turno de la Empresa Administradora de Puertos, que también había incrementado su capital social a casi S/145,5 millones. Así, Volcan, a través de su subsidiaria, se convirtió en la dueña total del proyecto e inició la búsqueda de un socio para la construcción del puerto.

El jueves 5 de setiembre, OjoPúblico le envió al MTC una serie de preguntas sobre las resoluciones que of.icializaron estos permisos. Inicialmente, el área de prensa indicó que estaban buscando los documentos por ser de gestiones anteriores.

Sin embargo, el viernes por la noche —fuera del horario laboral de las instituciones públicas y conociendo previamente la fecha de publicación de este informe— pidieron que las consultas se realicen ante la APN. Esto aunque la mayoría eran documentos suscritos por el MTC y la entidad a la que refirieron está bajo su competencia.

El mismo 5 de setiembre, este medio le hizo llegar una serie de preguntas al área de prensa de la Municipalidad de Chancay respecto a la aprobación para la construcción del viaducto, la licencia de edificación y los reclamos vecinales. Aunque dijeron que responderían, no lo hicieron.

Cosco y las leyes modificadas

En mayo de 2019, Volcan firmó los acuerdos de asociación con la compañía china Cosco Shipping Ports Limited para desarrollar el puerto de Chancay. El 60% de las acciones de Terminales Portuarios Chancay pasó a Cosco Shipping Ports Limited y el 40% quedó para Volcan. Cuatro meses después, Terminales Portuarios Chancay cambió de nombre a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., la actual operadora.

A inicios de 2021, mientras la atención pública se centraba en la pandemia, ocurrió uno de los hechos más cuestionados alrededor del proyecto: el 10 de febrero, menos de dos meses después de recibir la solicitud de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, la APN le concedió a la empresa la habilitación portuaria de la nueva etapa 1 del puerto.

Esta habilitación establecía, entre otros puntos, que el terminal portuario de Chancay era una iniciativa privada de uso público con exclusividad para la prestación de los servicios esenciales dentro de la infraestructura portuaria. Esta última concesión fue aprobada un día antes, en una sesión del directorio de la APN.

Dicha habilitación portuaria generó debate en marzo de este año, cuando el caso se hizo público. Entonces, la APN reconoció, a través de un comunicado, que no tenía la facultad para otorgar la exclusividad de servicios al terminal y calificó haberlo hecho como un “un error en un acto administrativo». Por ello, informó, había solicitado la nulidad del artículo 2 del citado acuerdo de directorio.

En una línea similar, la Procuraduría del Ministerio de Transportes interpuso una demanda administrativacontra la empresa china para anular el acuerdo. Sin embargo, en junio, el MTC retiró la demanda.

Esto coincidió con la aprobación, por parte del Congreso, de la Ley 32048, que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional. Es decir, una adecuación normativa para permitir que una infraestructura netamente privada pueda tener, de manera automática, la exclusividad de servicios esenciales.

Para Alejandro Chirinos, especialista de temas marino-costeros de CooperAcción, estas controversias tienen que ver, en parte, con que la región de Lima carece de un plan de desarrollo portuario. “No tiene un plan que, justamente, indique observaciones y recomendaciones, y que [permita que] operen sin dificultad los que estén interesados”, dijo.

Un tema pendiente por resolver es la eventual regulación de tarifas por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Esto dependerá de un pronunciamiento del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sobre si hay condiciones de competencia en el megapuerto o no. De ser el último caso, procederá la regulación.

Verónica Zambrano Copello, presidenta de Ositran explicó que, más allá de las tarifas, la entidad sí tiene la facultad de fiscalizar que no exista ningún tipo de vulneración a los derechos de los usuarios del puerto, ya que es un terminal de uso público.

El 26 de agosto de 2024, Ositran le envió una carta a Cosco Shipping Ports Chancay Perú detallando algunas obligaciones que deberá cumplir. Consultada por OjoPúblico, esta detalló que contempla la supervisión y fiscalización de la APN, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Municipalidad de Chancay y el Indecopi. En lo que refiere a Ositran, afirmaron que esto estaba previsto “en caso de establecerse que no existen condiciones de competencia”.

Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, enfatiza que, como toda empresa de uso público, el puerto de Chancay va a tener que ser fiscalizado. “Pero los que hacen la política deben tenerlo más claro a largo plazo. No podemos aplicar lo mismo de los últimos 10 años (…) Un megaproyecto cambia las leyes y los actores públicos tienen que estar listos”, agregó.

El último sábado por la noche, cuando Cosco Shipping Ports Chancay Perú remitió sus descargos, también se le consultó por el hostigamiento del personal de seguridad hacía el equipo periodístico que visitó el distrito. Aunque confirmaron la recepción de la consulta, no llegaron a pronunciarse sobre el tema.

 Decenas de informes de entidades de control revelan que desde 2016 hasta la actualidad las mineras Comiange y más recientemente Rome Gold han operado sin contar con permisos de uso y aprovechamiento de agua, que emplean indiscriminadamente con químicos prohibidos para sus operaciones de
explotación minera en La Maná, Cotopaxi.

Si bien la minería ha sido una fuente de empleo y un atractivo en la zona hace varias décadas, la explotación de oro ya causa daños severos y contaminación a ríos y esteros, así como deforestación, en medio de la ineficacia de las autoridades para aplicar la ley y sanciones a las empresas Comiange y Rome Gold.

Texto y fotos Ana María Carvajal y Armando Prado

En las abundantes y fértiles tierras de La Maná se vive una paradoja. Mientras la minería atrajo las últimas décadas a cientos de pobladores de otros cantones para convertirlo en su hogar deslumbrados por la fiebre del oro, esa inmigración tuvo el efecto de un búmeran: se volvió una amenaza de insospechadas consecuencias para sus habitantes.

En La Maná, lo que se siembra se cosecha en abundancia, dicen sus habitantes. Al recorrer su rica geografía es fácil encontrar bastas plantaciones de banano, cacao, yuca, café, naranja… En los prados de La Maná, en el trópico de Cotopaxi, aparecen a lo lejos grandes mantos en tonos marrones de donde emana un aroma acaramelado de las semillas de cacao que están secándose al sol.

Hasta hace poco, los agricultores no necesitaban pensar en un sistema de riego. En la zona hay abundantes ojos de agua, así como los ríos San Pablo y Calope, fronterizo con el cantón Pangua, en Cotopaxi.

Aunque típicamente las lluvias son más fuertes entre diciembre y marzo, en la zona siempre ha habido “lluvias de mantenimiento”, dice Marcelo Orbea Jiménez, presidente de la Asociación de Juntas de Agua del Subtrópico de Cotopaxi. Pero hasta allí también ha llegado la sequía que está afectando al país en esta temporada. Los ríos tienen caudales muy bajos y ya se está evaluando la necesidad de crear sistemas de regadío que antes no se usaban, como canales de riego.

Si bien la minería ha sido una fuente de empleo y un atractivo en la zona, cada vez hay más voces que se levantan en su contra. Una de ellas es la de Francisco Arboleda, quien es originario de Estero Hondo, en La Maná, gravemente afectada por prácticas antitécnicas del extractivismo. Él vivió 12 años en España y con el dinero que ahorró compró un terreno del otro lado del río Calope, en el recinto La Envidia, en Pangua.

Arboleda recuerda que hay problemas con la minería desde hace por lo menos 30 años, pero se han agudizado en los últimos tiempos. “Hay compañías que dicen que son profesionales, que no contaminan y no hacen daño, pero toda minería contamina. Yo estuve 12 años en España y aprendí. No estoy de acuerdo, porque la minería no es futuro. No me quiero quedar sin nada. Aquí hay agricultura, ganadería, ciclo corto. Tenemos cacao, naranja, verde, yuca y tantas cosas… Pero para mí, toda empresa contamina el agua y usted sabe que sin agua, no hay vida”, dice.

En Estero Hondo hay concesiones mineras como Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, de las empresas Rome Gold S.A. y Comiange, que operan sin licencia ambiental desde hace ocho años. Las huellas de la extracción minera a cielo abierto son notorias mientras un equipo periodístico de Código Vidrio recorre el camino que tiene tramos asfaltados y empedrados. En las colinas el agua es cristalina y viva, pero al llegar a las zonas de explotación de oro, aparecen pequeños esteros y riachuelos de aguas turbias, que lucen aceitosas con un brillo metálico.

El 25 de junio pasado, un Tribunal de Garantías Penales aceptó una acción de protección para frenar la extracción debido a la falta de permisos ambientales y otras irregularidades en la extracción. Aunque aparentemente las empresas debían suspender sus actividades mineras por la orden judicial, según varios pobladores la explotación continuó en las noches. Tres meses después, en septiembre, la Corte de Pichincha desechó la acción, tras tomarse dos días para analizar el caso, dando luz verde para las operaciones mineras sin licencia ambiental.

Largo historial de incumplimientos y contaminación

Decenas de informes de entidades de control revelan que desde 2016 la minera Comiange ha operado sin contar con permisos de uso y aprovechamiento de agua, que emplea para sus operaciones de explotación minera en La Maná. Los reportes son del Ministerio de Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero, la Subsecretaría Zonal de Minería Centro, entre otras.

Según un informe de la Dirección Técnica de Recursos Hídricos de Guayas, desde 2018 se han descargado líquidos sin tratamiento desde Estero Hondo y Estero Sin Nombre, en Cotopaxi, hacia las aguas del río Guayas.

En la zona de protección hídrica de Estero Hondo, según el reporte, hay actividades mineras extractivas y se ha instalado un ducto de cajón en el recurso hídrico público sin autorización de Senagua. Por ello se recomendó que intervenganla Agencia de Regulación y Control del Agua y al Ministerio de Ambiente.

La Agencia de Regulación y Control de Agua emitió en julio de 2016 otro informe. Detalló que detectaron piscinas de almacenamiento y disposición de agua, sin autorización de Senagua. Además que la minera Comiange no tenía permisos para el uso del agua. Se hallaron evidencias de escombros acumulados en los 100 metros de protección hídrica. En este caso, también se recomendó una sanción administrativa para la minera, que siguió operando.

Los incumplimientos han sido recurrentes. En un informe del Ministerio de Ambiente de 2019 se detalla que se observó la descarga de agua turbia proveniente de la galería de la mina hacia las piscinas de sedimentación y decantación, que no tienen diseño técnico, por lo que el líquido no es tratado. En esa época, la Autoridad Ambiental Provincial ya había dictaminado una suspensión de actividades a Comiange, por no contar con licencia ambiental. Pero la empresa continuó con la extracción. Por eso se emitió una recomendación de escalar el informe a la Fiscalía de Cotopaxi y pedir al Ministerio de Energía y Minas, antes Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, suspender las actividades mineras hasta que la empresa consiga esa licencia.  No obstante, la Fiscalía no actuó.

Las descargas no pararon y quedaron descritas en actas nuevamente en 2021, cuando el Ministerio de Ambiente volvió a registrar una situación similar en Estero Hondo. En esa ocasión, en el informe se detalló que para la actividad minera se talaron árboles de la zona. Por eso, en abril del siguiente año, esa cartera de estado dispuso nuevamente la suspensión de la actividad minera.

En 2019, El Ministerio de Energía y Minas encontró bocaminas colapsadas abiertas recientemente, descargas de agua producto del lavado de grava directamente al estero y sin tratamiento, actividad minera en concesiones suspendidas y la presencia de mineros artesanales, que impedían el acceso a la concesión Ximena 1, que operaba de forma ilegal.

Más frentes de explotación minera

Para 2023, los incumplimientos no solo que no cesaban, sino que iban en aumento, afectando la calidad del agua. El Ministerio de Ambiente reportó el hallazgo de dos nuevos frentes donde se observó a personas realizando actividades de explotación cerca a sitios donde se detectaron aguas estancadas, focos de contaminación. Ese informe también incluyó una recomendación para escalar el caso a la Fiscalía, bajo la presunción de un delito ambiental en marcha.

Nuevamente, el Ministerio ordenó la suspensión de actividades en la concesión y el proceso estuvo a cargo de la Coordinación General de Asesoría Jurídica de esa Cartera de Estado. Así, sumaban ya más de 10 suspensiones que Comiange pasaba por alto, solo en los informes revisados por Código Vidrio para este reportaje.

En julio pasado, nuevos informes de Ambiente daban cuenta de que no había orden de suspensión de actividades ni sentencia judicial que frenara la extracción minera en los campos a cargo de Comiange en La Maná. En los reportes constan detalles sobre maquinaria, equipos y escombreras que se encontraron para la explotación minera. Según los documentos, había la presunción de que eran trabajos sin autorización, dada la falta de una disposición administrativa ambiental. También se reportó la detección de una draga para extraer material minero usada hace poco, cobertura y capa de suelo removida, inadecuado manejo de desechos y escombros dispersos de forma antitécnica y mala disposición de sustancias químicas, combustibles, aceite quemado y grasa automotriz. Todo esto a pesar de que existe en marcha una investigación previa en Fiscalía por delitos ambientales.

De acuerdo con un informe técnico del Ministerio de Ambiente de septiembre de 2024, los trabajos de extracción minera continuaron, así como las perforaciones de pozos y la extracción de material en volquetas, durante las noches, sin que se respetara la vigencia del fallo del Tribunal de Garantías Penales Especializado Anticorrupción.

Por otro lado, se registró que existían aguas estancadas que eran vectores de contaminación.  En el informe incluso consta que personas a bordo de motocicletas, que salían desde las minas, siguieron al vehículo institucional de Ambiente. Se dejó sentado que, presuntamente, quienes iban en una de las motos intentaron averiar el vehículo. Además, luego se evidenciaron daños en dos llantas. Este informe recomendaba iniciar procesos administrativos sancionadores.

 

Sin ningún análisis de la contaminación

Según el biólogo Rafael Cáceres, quien trabaja en la compañía Splendor y estudia la vegetación y la fauna de la zona, la minería ha causado una deforestación severa en este bosque que, dependiendo del punto, es piemontano o húmedo tropical. Aunque actualmente hay grandes zonas agrícolas, también hay un alto grado de endemismo.

Para la extracción de oro y plata se necesita mercurio y otros disolventes químicos. Y un elemento fundamental es el agua. “Como no hay un buen manejo de los desechos, la minería afecta la ictiofauna (peces) y los macrobentos (insectos acuáticos). Todo el curso del agua se relaciona con su entorno, por lo que los efectos también llegan a la vegetación circundante y a las aves, los anfibios, mamíferos y los reptiles que beben esa agua o se alimentan de la fauna y flora cercana, advierte el biólogo.

Los ríos principales son el San Pablo y el Calope. El primero se alimenta de los ríos San José y Chuquiraguas, y el segundo, antes conocido como Palenque, llega desde el Quindigua y baña luego a Malki Machay. Ambos tienen daños ambientales que aún no han sido analizados.

De acuerdo con Geovanny Calvopiña, Técnico de Gestión Ambiental del Municipio de La Maná, “por el momento no se han hecho estudios ni análisis físicos, químicos ni biológicos. No tenemos fuentes de contaminación puntuales porque no hay ningún tipo de industrias que descarguen directamente al río San Pablo”.

Sobre el río Calope, Calvopiña asegura: “La ley es clara en minería de áridos y pétreos aluviales” y que la competencia es del Ministerio de Ambiente y de agencias del Gobierno. Además, señala que al ser un río que marca el límite entre dos cantones, “ellos dan los certificados de afectación de recursos hídricos”, por lo que el Municipio no ha hecho en ninguno de los dos ríos análisis de las aguas.

Sin embargo, para los pobladores es claro que hay una problemática que debe enfrentarse. Por ejemplo, Rosario Flores, habitante de las riberas del Calope, la minería “está afectando a todos. Eso que ponen para limpiar el oro va minando el agua. Muchas personas consumen el agua del río y va contaminádose todo. Cuando lavan por arriba, viene contaminádose todo. Esto es bastante delicado”, dice.

Por eso, Cáceres considera que debería hacerse un análisis exhaustivo en el cauce alto, medio y bajo de ambos ríos, pero sobre todo en el Calope, para saber el estado del agua valorada por su riqueza, pues “tiene partículas coloidales de oro, plata, basalto y otros componentes”. Cáceres recorre a diario la zona y comenta que los moradoresle cuentan cómo era el paisaje años atrás y señalan que ahora se ve una modificación del cauce y del caudal del río y eso les preocupa.

En este bosque hay especies que deben protegerse. En la zona donde se extrae el agua Splendor, donde aún se conserva el bosque piemontano, secundario y primario y el bosque húmedo tropical, se han encontrado especies en lista roja del Ecuador y especies vulnerables, según la UICN (Unión Internacional para la Conservación y la Naturaleza). Están listados la ardilla enana de Simons, el pájaro carpintero (que estaba en toda la Costa, pero que ahora solo se refugia en los bosques más prístinos), ratón bolsero, un roedor de campo (heteromiys teleus). Es una zona rica, en la que conviven varios ecosistemas. En ese sector la altitud varía entre 201 y 421 metros sobre el nivel del mar.

En un terreno aledaño, María Asitumbay trabaja la tierra desde hace 18 años. Es originaria de la provincia de Bolívar y pasó de vivir en Caluma a trabajar en un solar en Las Naves, para cultivar en una propiedad que compraron sus padres en La Maná. Siembran yuca, verde, cacao y naranja. Aunque ahí también tienen un ojo de agua, han notado que hay menos que antes. “El agua es buena aquí, nos va bien. Siempre nos felicitan porque el agua es valiosa”, dice, pese a las alertas.

Recuerda que ahí la montaña “era virgen”, pero ahora, además de las empresas, hay “ratoneras”. “Así se conoce a los mineros ilegales que explotan, aquí y allá, para extraer todo el oro que pueden y luego desaparecer. “Acá arriba estamos bien, pero a los que viven y trabajan abajo, el agua sí se les contamina y les llega sucia”, dice.

Marcelo Orbea, quien también fue catedrático de la Universidad Técnica de Cotopaxi, señala que no se puede ignorar que una de las teorías del origen del nombre de La Maná son los vocablos Lang Mana Atti “que significa la gran mina del rey”. Eso ha motivado “la codicia de muchas empresas que han venido a llevarse el oro y la plata, hasta desde Canadá y no han dejado nada, ni caminos asfaltados, solo contaminación”.

Por eso, en 1966, se formó la Asociación de Mineros Lamanenses, lo que generó un problema mayor. Empresas de otras zonas, como Machala, absorbieron esa asociación para operar sin tomar en cuenta el impacto ambiental. “La gente pobló este lugar por el oro y se lo han llevado en tráileres y camionadas, solo han dejado secuelas. Las autoridades se hicieron de la vista gorda. Antes había una oficina técnica del Ministerio del Ambiente aquí, pero desapareció. Luego volvió, pero solo en papeles, porque no hay partida presupuestaria”, dice Orbea.

El problema de la contaminación de los ríos no solo se origina en la minería. También hay un pésimo mal manejo de los desechos de las empresas bananeras. Por ausencia de control abandonan grandes cantidades de material vegetal que luego causa taponamientos y desbordamientos.

En el río San Pablo -alerta Orbea- hay una salida del antiguo camal o un problema por la cercanía de un botadero de basura. “Hay una seria contaminación en ambos ríos. El agua es vida. No queremos que nos ocurra lo que está pasando en otros países donde ya solo les dan agua dos o tres días a la semana. La defensa por la vida es por el agua, porque no te puedes tomar un litro de oro”, indica.

La tesis doctoral de Íñigo Errejón, publicada en 2012, da pistas del grado de su conocimiento sobre los funcionarios de países a los que asesoró, entre ellos Ecuador y Bolivia. Errejón dejó la Legislatura por denuncias de violencia machista y acoso sexual. Fue un estrecho colaborador del gobierno de Rafael Correa, junto a otros españoles.

Alianza Vistazo y Código Vidrio

Ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas. Íñigo Errejón, de 41 años, político español representante del progresismo y la izquierda, dejó la función pública ante denuncias de violencia machista. En sus inicios, hacia 2008, asesoró al gobierno de la revolución ciudadana, en Ecuador. Pero en su tesis doctoral se deslizó un lapsus que revela su escaso conocimiento de la realidad geográfica y política de este país.

“La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo”. Así se titula la tesis doctoral que publicó en 2011, en la Universidad Complutense de Madrid.

El documento tiene 656 páginas en total. En la página 466 se refiere a un evento ocurrido en Bolivia. Y comenta, al pie de página, bajo el acápite 260, un extracto de un diálogo que había mantenido con su mentor, su compatriota e ideólogo, Alfredo Serrano. “Alfredo Serrano, economista y experto en Ecuador y Bolivia, me contaba discutiendo sobre la cuestión del regionalismo, que el hecho de que Rafael Correa fuese originario del Estado de Zulia dificultaba enormemente para la élite local la construcción de un movimiento regionalista de oposición al gobierno central de Quito, por la imposibilidad de presentar al Presidente como ‘afuera constitutivo’ de la identidad regional postulada…”.

El Estado de Zulia se encuentra en el noroeste de Venezuela, en el límite con Colombia. Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, nació en Guayaquil.

Errejón relata en la introducción de su tesis doctoral que la fundación CEPS depositó en él su confianza al enviarle en 2006 para trabajar en la Asamblea Constituyente de Bolivia. “De ahí viene mi enamoramiento con Bolivia y su política tumultosa”. En ese texto, recuerda que siendo “un crío” le cedieron la palabra para intervenir en una reunión ante “El Tribunal Superior Electoral del Ecuador”. A la época de su intervención, la entidad se denominaba Tribunal Supremo Electoral. Luego del cambio constitucional pasó a denominarse Consejo Nacional Electoral. Son las únicas referencias que realiza a este país.

Las mieles de las consultorías

El 8 de julio de 2008, Errejón firmó en Ecuador un contrato de prestación de servicios para una consultoría en apoyo a los procesos de reforma democrática del Estado, financiada por un crédito no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por 25 mil dólares.

Poco después, se presentaba como asesor político del entonces secretario de Planificación, René Ramírez. Además, formó parte del “comité coordinador de la estrategia comunicativa, para el primer aniversario del intento del golpe de Estado contra el gobierno de Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010”. Era parte de la camada de españoles entusiastas que se integraron al gobierno de Correa para impulsar cambios constitucionales, que tenían un libreto muy parecido al que se aplicó en Venezuela y Bolivia.

Ramírez ha sido miembro del consejo consultivo de la fundación Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Este es un tanque de pensamiento, con sede en Quito, del cual también es parte Errejón y los fundadores de Podemos.

Fue creado en el 2014 como una “institución dedicada a la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina”. Su financiamiento provino del gobierno de Rafael Correa. Tras dejar el poder, el exmandatario recibió pagos mensuales de Celag por 8 mil dólares por talleres, conferencias y consultorías. Fue contratado por algunos de sus exsubalternos, devenidos en directivos del Centro.

Político precoz y «depredador sexual»

Errejón fundó el partido Podemos, en el cual tuvo varios cargos, incluyendo diputaciones, al igual que Pablo Iglesias y José María Guijarro, fervientes aliados y defensores del correísmo. Pero en 2019 se distanció, al crear Más Madrid. Para 2020, volvió al Congreso con la divisa Más País, que integra la plataforma Sumar, donde también está Guijarro. Errejón destacó por su audacia y argucias políticas. Su locuacidad y arrestos de un político progresista defensor de los derechos de

Aunque participó en cinco períodos legislativos, las denuncias en su contra pesaron y le obligaron a dimitir, a fines de octubre de este año.

Una actriz y una colaboradora televisiva lo denunciaron por acoso sexual. Está acusado por comportamientos machistas y ejercer de forma premeditada el acoso y el maltrato tanto físico como psicológico. La intérprete Elisa Mouliaá, la primera que lo acusó ante la Policía, lo tildó de «depredador sexual» y añadió que el expolítico tiene rasgos de «psicópata narcisista».

Por el momento enfrenta dos denuncias en la Policía. Una por Elisa Mouliaá y la otra por la colaboradora televisiva, Aída Nízar, que afirmó que tras la agresión sexual sufrida se sintió «humillada, vejada, baboseada y repugnada». Si se confirman las acusaciones podría enfrentar penas entre uno y cinco años de cárcel.

La Procuraduría confirma que ya contrató un estudio jurídico especializado, para iniciar la recuperación de parte de los bienes que la Justicia de Estados Unidos incautó al excontralor Carlos Pólit. Existe la opción legal, sobre la base de acuerdos internacionales, de solicitar al gobierno de Estados Unidos el reparto de activos, apelando a la cooperación internacional.

Pólit no logró esquivar la justicia estadounidense, que lo sentenció
a diez años de cárcel y a pagar 16,5 millones con propiedades que adquirió en Florida para lavar la plata que obtuvo en Ecuador por el cobro de coimas a Odebrecht.

Unos 2.600 millones de dólares se lavaron en el sector
inmobiliario de EE.UU., en los últimos 20 años. Ese país acaba de poner candados normativos para evitar que exfuncionarios corruptos y oligarcas de otras naciones laven sus fortunas en el sector inmobiliario.

El Estado ecuatoriano recuperó, en junio pasado, 93,6 millones de dólares de cuentas suizas, producto del esquema de corrupción de Gunvor en Petroecuador.

Alianza Revista Vistazo – Código Vidrio

Se le durmió el diablo. En los últimos siete años, desde que huyó de Ecuador, los problemas, los juicios y los años le cayeron como una avalancha. La corte del Distrito Sur de Florida sentenció al excontralor Carlos Pólit a diez años de prisión y el decomiso de bienes por 16,7 millones de dólares.

En Ecuador tiene una sentencia de seis años de cárcel y una orden de reparación por 40,4 millones de dólares en bienes. Ni un solo centavo ha sido recuperado. Tampoco ha cumplido su condena. Su caso está en la impunidad.

En Florida, la jueza Kathleen Williams determinó que el exfuncionario ecuatoriano es culpable de cargos de lavado de activos y otros cuatro delitos, relacionados con corrupción y sobornos.

Según el Departamento de Justicia, el sistema ordenó el decomiso de 16,5 millones de dólares en bienes, de acuerdo con la sentencia emitida el primer día de octubre.

Pólit, de 73 años, durante el juicio rápido basó su estrategia en proyectar una imagen de honorabilidad. Su defensa intentó posicionar una narrativa de él como un adulto mayor vulnerable, bondadoso y colaborativo con las autoridades de la prisión. En la práctica, “se equivocó al creer que las cosas funcionan como en Ecuador, en Estados Unidos los procesos avanzan y al haber empezado el juicio rápido (speedy trial) la Fiscalía acumula evidencia en pocas semanas, tal como ocurrió”, explica el abogado penalista Francisco Estupiñán, presidente de la firma FEXLAW. Esta organización tiene diez años de experiencia en litigio penal y derecho complejo.

Aunque la Fiscalía de ese país había solicitado 19 años de prisión, la jueza la fijó en diez. “La decisión se enmarca en los parámetros de la justicia estadounidense. El sistema americano es pragmático y en delitos de corrupción busca la reparación del daño a través de los bienes; no a través de la cárcel”.

“El sistema anglosajón apuntó hacia los bienes y activos provenientes de un esquema de corrupción, que fueron lavados a través del sistema financiero americano; el engranaje judicial lleva 300 años de existencia y se aplica con pragmatismo”, explica Estupiñán.

Pero, ¿qué pasa con la sentencia y la obligación de pagar sus cuentas pendientes en Ecuador? Vistazo le consultó a la Procuraduría General del Estado.

Esta institución, que representa los intereses del Estado, confirmó que ya contrató un estudio jurídico internacional especializado en recuperación de activos, para iniciar las acciones que permitan recuperar los bienes en Estados Unidos. 

Ecuador va por el reparto de bienes de Pólit 

“La Procuraduría del Estado ha verificado que existe la opción de solicitar al gobierno de Estados Unidos el reparto internacional de activos basado en la cooperación internacional, la cual se contempla en la legislación americana y en la convención interamericana sobre asistencia legal mutua penal, de la cual son parte Ecuador y Estados Unidos. La entidad se encuentra coordinado acciones con las entidades pertinentes para que Ecuador pueda remitir oficialmente una solicitud de reparto internacional de activos”, respondió la entidad ante un pedido de esta alianza.

En Ecuador, Pólit tiene registrados escasos bienes. Según la Procuraduría, el hoy sentenciado tiene un departamento en el quinto piso del conjunto de edificios Plaza Torre, en La Floresta. Allí cuenta con un espacio de estacionamiento y una bodega. Además, están identificadas varias cuentas bancarias en estas entidades financieras del exterior: Regions Bank, Bank of America, Ocean Bank, Wachovia Bank y Crown Classic Banking.

Según la PGE, esta entidad “ha insistido ante el Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia para el embargo de los bienes”.

En el círculo familiar de Pólit, su hijo John se habría convertido en profesional del blanqueo de activos, por su experiencia en el sector financiero internacional, ya que cuenta con una ingeniería en producción y una maestría en administración. A sus 43 años trabajó en reconocidos bancos estadounidenses: laboraba en Merril Lynch, hasta que el entramado salió a la luz. El clan invirtió los recursos en bienes inmuebles en la Florida. Eso salió a la luz en el curso de la investigación de la justicia en ese país.

El de Pólit se convirtió en un caso de estudio a nivel internacional. El informe “Riesgo de Lavado en el Sector Inmobiliario Comercial” lo recoge. El estudio fue difundido en mayo de este año y realizado por tres entidades de la sociedad civil, preocupadas por la penetración de dineros sucios en la economía y el sistema financiero formal.

Para Estados Unidos es una voz de alerta. No menos de 2.600 millones de dólares de fondos de origen turbio habrían sido invertidos en el sector inmobiliario en los últimos 20 años, cita el documento. 22 estados de ese país serían los destinos preferidos por los blanqueadores de capitales. Entre los lavadores detectados están oligarcas rusos, corruptos de alto vuelo y el excontralor ecuatoriano.

EE.UU., top para el lavado

La investigación rastreó 25 casos, originados en esquemas de corrupción en distintos países. 14 de ellos involucran a personajes de alta exposición pública, es decir, funcionarios de altísimo perfil. Pólit es uno de ellos. Bienes inmuebles, oficinas, lavanderías, restaurantes y otros negocios en marcha están entre el abanico de bienes en poder de su círculo cercano.

Las entidades que participaron en la investigación son ACDC (siglas en inglés del Colectivo de Datos Anticorrupción), FACT Coallition (por las siglas de la Coalición para la Transparencia y la Rendición de Cuentas Financiera) y GFI, que corresponde a la entidad que busca la Integridad Financiera Global.

Julia Yansura, directora de Programas de Crímenes Ambientales y Financiamiento Ilícito de la coalición FACT, y una de las responsables del estudio, explicó a esta alianza que en los últimos cinco años, Estados Unidos se convirtió en un “sector top” para el lavado de activos. Esto motivó a que esa nación modificara sus normas antilavado.

“El sector inmobiliario es atractivo para criminales. Permite lavar grandes cantidades en una sola transacción. Es buena inversión. Los criminales son malos, pero no son tontos; buscan además rentabilidad para su dinero. En el pasado, mantenían bolsas de efectivo en su jardín; en cambio, un bien es una inversión, además, multifuncional porque pueden vivir en mansiones proyectando imagen de éxito empresarial lícito”.

Aunque el mecanismo que crea los blindajes contra el lavado de activos a nivel internacional (GAFI) emitió una normativa en 2022, para aumentar los controles, hay mucho por hacer. Estados Unidos, sin embargo, acaba de dar pasos contundentes.

“Este año, Estados Unidos tomó medidas adicionales para controlar el lavado de activos, para proteger el sistema financiero y para ayudar a combatir la corrupción y la cleptocracia. Esto va a tener impacto en otros países”, explicó la experta.

“Primero, se creó el requisito de declarar los verdaderos dueños de las empresas, los llamados beneficiarios finales. Esto aplica a empresas extranjeras, que hacen negocios en Estados Unidos. Así, un señor corrupto que robó dinero del Ecuador y creó una empresa fantasma en Florida, ya no va a poder esconderse por mucho tiempo”.

Según la reforma, la Fiscalía de terceros países podrá enviar pedidos formales para conocer quién está detrás de las empresas. Además, EE.UU. extendió  responsabilidades antilavado al sector inmobiliario residencial. La autoridad anunció que ampliará esta responsabilidad al sector comercial, de modo que tiendas, restaurantes, centros comerciales, gimnasios, casinos y otros negocios entren a la esfera de control antilavado.

Pago de sobornos de Gunvor 

El jurista Francisco Estupiñán, presidente de la firma especializada FEXLAW, cuestiona la lentitud del Estado ecuatoriano. “El sistema no ha demostrado efectividad en la recuperación de activos; yo he criticado que prefiere tener a una persona sentenciada a varios años de prisión, que recuperar los fondos de la corrupción”.

Además, cree que es inconveniente que los bienes recuperados se integren a la cuenta única del tesoro. En Estados Unidos, en cambio, los recursos se inyectan en las mismas entidades  del sistema de justicia, lo que las impulsan a seguir seguir investigando. Aquí, lamenta, “es increíble constatar la falta de recursos que enfrenta la función judicial”.

El de Pólit, si bien es un caso ampliamente mediatizado, no es el único que involucra recuperación de bienes en el exterior.

Estupiñán confirma que no solo es factible, a partir de convenciones internacionales, sino que existe un instructivo para aplicar la recuperación y el reparto de bienes entre estados víctimas de delitos de corrupción. Además, explica que casi todas las transferencias bancarias entre dos naciones pasan por la intermediación del sistema financiero estadounidense. Esto vuelve rastreable la ruta de los pagos.

Ante interrogantes de varios expertos sobre la efectividad en la tarea de recuperación del Estado ecuatoriano, esta alianza preguntó a Procuraduría (PGE) sobre el avance en los casos relacionados con delitos cometidos en Petroecuador.

El país recibió 93,6 millones de dólares, que se efectivizaron el 11 de junio de 2024, en la cuenta única del tesoro nacional, según la PGE. Este acuerdo se logró, explica el organismo estatal, luego de que en marzo la multinacional Gunvor, comercializadora de materia prima con sede en Suiza, “se declaró culpable en Estados Unidos por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”.

“La condena se dio en el contexto de la causa en la que fue sentenciado, también en Estados Unidos, Nilsen Arias, exgerente de comercio exterior de Petroecuador”.

Gunvor admitió que entregó sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano entre 2012 y 2020, para asegurar negocios con Petroecuador.

En otro caso de lavado de activos, con tres sentenciados, la cooperación internacional entre Suiza y Ecuador permitió que se repartieran 342 mil dólares, de los cuales 171 mil dólares ingresaron a las arcas del tesoro en julio de 2023.

Como parte de las acciones para identificar bienes en el exterior, de sentenciados por delitos de corrupción, Procuraduría afirma haber ubicado ocho cuentas en entidades financieras, relacionadas con Alex Bravo y empresas vinculadas, por más de 3,9  millones de dólares.

Es factible recuperar bienes y recursos producto de delitos de corrupción, a partir de la aplicación de acuerdos internacionales, lo cual no significa que sea sencillo o rápido, confirma el experto peruano en temas de recuperación de activos, Óscar Solórzano. Él explica un caso emblemático, que interesa tanto a Ecuador como a Perú.

ENTREVISTA. El expresidente del Tribunal Electoral, Carlos Aguinaga, pinta un panorama desolador. Y no le faltan motivos. Advierte que medios y periodistas deben armar una plataforma de seguridad, un protocolo, porque son blancos fijos de las organzaciones criminales, en un entorno creciente de inseguridad por el narcotráfico. Los atentados -alerta- son muy probables. Advierte que las autoridades electorales son cómplices en la fracasada tarea de identificar y sancionar el lavado de dinero sucio en las campañas. Y eso será mucho más evidente en este nuevo proceso para elegir presidente y asambleístas, en 2025.      

Redacción Código Vidrio

P. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los medios de comunicación y periodistas durante el proceso electoral que está en marcha para elegir presidente de la república y legisladores en 2024. Eso en medio de claras evidencias de inseguridad y ataques a candidatos de organizaciones criminales, como ya ocurrió en los dos últimos procesos del 2021 y 2023?
R. Realmente, los medios de comunicación y periodistas que interactúan, no sólo en el área política sino también en la cobertura judicial, en época electoral, deben construir una plataforma de seguridad, utilizar en gran medida los medios digitales y telemáticos a su alcance para evitar la exposición a sufrir atentados de los Grupos Delictivos Organizados. Deben construir núcleos de información sectoriales con políticas de contraste y verificación. Pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se los incluya en el Plan de Seguridad de las Elecciones 2025, junto con los candidatos. Este organismo debe coordinar acciones con las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia.

P. Lo más probable es que los grupos criminales ya tengan una hoja de ruta para generar el terror y enfilar sus ataques violentos a actores específicos.
R. Así es. Los grupos narcodelictivos y las pandillas tendrán instrucciones de generar caos en este proceso electoral, le apostarán al fracaso del plan de seguridad del Gobierno, ya que es un actor principal del proceso electoral. No hay posibilidad alguna de que no existan ataques, atentados y violencia política. Un objetivo de impacto son los medios de comunicación y los periodistas.

P. ¿Cómo ve el control que realizan las autoridades electorales sobre posibles intentos de lavado de dinero o narcotráfico en las campañas políticas?
R. Nulo. La omisión de las autoridades electorales les convierte en cómplices, afectando gravemente a la democracia por la falta de controles y acciones efectivas y reales para detener y detectar los dineros oscuros y sucios en la Política. En especial, del manejo de dinero en efectivo para el pago de personas que actúan para los partidos y candidatos. También para la adquisición de medios y recursos materiales que utilizan en las campañas, para la compra de bienes que se entregan en las campañas, los cuales están prohibidos como equipos de hogar, de tecnología; para la compra de votos. Tampoco está permitidfo el alquiler y compra de automotores que prestan servicio, contratación de redes sociales y plataformas digitales, etc.

P¿Han concretado las autoridades electorales alguna alianza con organismos de control como la UAFE para investigar las fuentes de financiamiento ilegales?
R. Lo correcto es que, sobre la base del principio de colaboración obligatorio que tiene el Código de la Democracia, que obliga a todas las entidades públicas, incluso privadas, a colaborar con el proceso electoral, se hubiera creado un centro de mando unificado de control del financiamiento ilegal, con integrantes y delegados de la UAFE, el SRI, la Fiscalia, el Consejo de la Judicatura, la policía, superintendencias de bancos y de economia popular y solidaria… Además, que se instale un sistema de control, rastreo y verificación de la fuente ilegal de financiamiento. Muchas de ellas, se gestan en el extranjero, con procesos comerciales desde el exterior. Debe haber un equipo de investigación fuerte con respaldo tecnológico pero no existe. Decir que la UAFE lo haga sola, es irreal, ya que no tiene la capacidad operativa ni tecnológica para detectar el dinero sucio en la política.

P. ¿Qué escenarios se prevé en cuánto a la violencia política e inseguridad, antes y durante el proceso electoral?

R. Me atrevería afirmar que la planificación de las mafias políticas y criminales, en cuanto a violencia política, ya está configurada. Desde ya se debe tener alertas tempranas y establecer políticas de prevención, cuidado y seguridad para todos los actores del proceso electoral. Siguen insistiendo desde hace una década que la violencia política les generará réditos, incluso mandando a atentar contra candidatos de las organizaciones que quieren que ganen. El código de la mafia ya está en operación.Por ello, hoy las campañas serán en la redes sociales y plataformas informáticas, en la nube digital. Sin embargo, la autoridad electoral se niega a controlar, lo cual genera un absoluto desequilibrio y falta total de condiciones de equidad en la participación político electoral.

P. ¿Tiene alguna expectativa sobre los resultados electorales?
R. Una mala expectativa, ya que con la falta de legitimidad de origen de los candidatos, al no haber sido seleccionados en forma democrática, con verdaderas elecciones primarias universales, obligatorias y secretas, ni tampoco en procesos electorales internos de los partidos con la votación de sus afiliados, (que de paso no quieren que se enteren que no lo tienen en función de las adhesiones y afiliaciones que dicen tener ) es una suerte de quien gana la guerra en la selva digital electoral. La maldad digital está funcionando desde hace rato y sin controles no se puede esperar mucho.

P. ¿Entonces las autoridades electorales están completamente ausentes y tampoco hay normas que garanticen una contienda electoral justa?
R. Totalmente. A ello abona la falta de reglamentación adecuada y diferenciada de lo que son actos de gobierno, actos de campaña, actos de proselitismo político, actos de respaldo partidario o político, actos de promoción partidaria, actos de promoción y propaganda electoral, diversos tipos de publicidad tradicional y digital. Además los actos en plataformas informáticas y en la nube digital, la valoración de cada segundo expuesto en medios y sistemas digitales. Si no hay todo esto, el CNE esta perdido y la competencia no será justa. El resultado es indescifrable.

P. ¿En este contexto, cuáles son los desafíos y prioridades para la sociedad civil?
R. Hoy más que nunca, viviendo y sintiendo todo este proceso de anomia política, de desintegración de la sociedad, de desinstitucionalización democrática, de imperio de la corrupción en todos los niveles, desde corruptelas hasta grandes negociados, es un imperativo y obligación cívica y moral de los ciudadanos empoderarse de la situación y construir una reingeniería política de todo el sistema democrático. Este modelo colapsó y nos está llevando a un abismo profundo o a una especie de hoyo negro infinito, en el cual reina la maldad, la codicia política, la corrupción. El engranaje de trabar toda iniciativa, los trust de corrupción seguirán, la narcopolítica dominará el régimen nada democrático de los partidos, los ciudadanos estaremos sometidos sino hacemos conciencia de lo que se viene. Debemos reconstruir a la sociedad y a sus sistemas político, electoral y de partidos. Hay que ciudadanizar la política no a través de la democracia representativa sino de la democracia social participativa.