“Lo que hicieron con nuestros hijos no tiene perdón de Dios”

El padre de dos de los menores asesinados denuncia que se tejen mentiras sobre el caso. Esta alianza reconstruye las fallas de la operación, dirigida por un oficial de 28 años, que tiene un juicio de alimentos y afirma no conocer Guayaquil. Los 16 militares procesados aseguran que liberaron a los cuatro chicos en Taura, con vida. El padre de dos de ellos confirmó que -por pedido de su hijo- un hombre desconocido le escribió por WhatsApp indicándole que estaba con ellos en ese poblado, golpeados, desnudos y hambrientos. Sin embargo, conforme pasaban los minutos le indicó que no pudo hacer más por los chicos porque la mafia los había retenido. Ese sector es controlado por la banda de Los Choneros. Las horas siguientes otro sujeto le escribió para extorsionarlo y pedirle el pago de un rescate, que nunca ocurrió, según consta en el expediente de más de 300 páginas revisado por este equipo periodístico.    

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Hace 37 días los vio, sin saber que sería la última vez. Sin presagiar que Ismael y Josué, dos de sus hijos, serían cruelmente asesinados e incinerados, junto a otros dos menores. Los cuatro fueron detenidos el ocho de diciembre por una patrulla militar, en el sur de Guayaquil. Los militares afirman haberlos dejado a salvo en la entrada de Taura.  Los restos calcinados fueron hallados días después. ‘Los responsables del crimen tendrán que pagar con la justicia divina’, dice Luis Arroyo, su padre. La suya es una familia que se sostiene en la fe cristiana. Él tuvo cinco hijos, tres en el hogar del que salieron Ismael y Josué, para no volver con vida.

Luis se encuentra en vacaciones forzadas mientras su familia enfrenta esta doble pérdida; el asesinato de sus hijos no ha sido esclarecido. Desde hace dos años trabaja en un almacén de distribución de electrodomésticos. A diario salía después de las cinco de la tarde de su trabajo, para recoger a Ismael, de 15 años, quien se encontraba en décimo y estudiaba en la jornada vespertina. Carismático y alegre, jugaba de delantero y quería ser futbolista profesional. Entrenaba de cinco y media hasta siete y media de la noche. “Yo mismo lo iba a recoger de los entrenamientos”, dice Arroyo, desconsolado. Ahora siente el vacío, no tiene a quién llevar a la cancha.

Su hijo Josué, que en octubre cumplió 14 años, destacaba en los estudios, cursaba noveno, en la jornada matutina. Él se quedaba acompañando a su madre, mientras su hermano entrenaba.

Luis Arroyo relata que el futbolista Michael Arroyo es su hermano por parte de padre. “Él apoyó a mis hijos siempre. En la Asoguayas jugaron entre primos hermanos. El hijo de Michael está en un equipo internacional de Durán”.

Sus hijos querían seguir esos pasos. “Se ponían aquí a conversar con la mamá, que el uno era más bueno que el otro, que el uno le iba a comprar la casa a la mamá primero. Tenían tantas aspiraciones, que uno quería jugar en Brasil y el otro en Francia”. En diciembre esos sueños quedaron truncos. Su familia, destrozada.

¿Por qué tantas mentiras?

En entrevista con esta alianza, Arroyo denuncia que sobre el caso se tejen mentiras, como “que el Presidente nos ha ayudado. Ni siquiera nos ha dado el pésame o unas disculpas. Ellos deben limpiar la honra de nuestros hijos”.

El 24 de diciembre se confirmó que los restos de cuatro cuerpos incinerados, hallados en Taura, eran de los menores de edad desaparecidos desde el 8 de diciembre. Foto de archivo

Que no es fácil lo que viven ahora, porque al dolor de la pérdida se suman los rumores, las mentiras. “La gente los tacha como delincuentes, terroristas. Cómo van a creer esto de las criaturas. Me sacrifiqué toda la vida y ellos no son unos delincuentes. Hay gente mediocre (que habla), Dios los perdone y tenga misericordia de ellos”.

Se refiere a sus hijos en tiempo presente. Aún le cuesta aceptar que ya no están a su lado. Que el reloj de su vida se detuvo ese ocho de diciembre, cuando un hombre desconocido le llamó para decir que estaba con ellos, golpeados, desnudos y hambrientos, en el poblado de Taura.

– “Amigo, yo les ayudé a sus hijos, les di agua, boxer, panes pero no podía aser (textual) más. Xq ellos estaban desnudos y los ayudé asta que más pude (textual)”. Así le escribió ese hombre por mensaje de WhatsApp. Le había pedido recogerlos y le envió una dirección. Pero cuando llegó los chicos ya no estaban, pues aparentemente los sacaron antes del sitio en motos.

Luis, angustiado, le insistía por más información, a través del mismo sistema de mensajería.

– “Estamos desesperados, mis hijos no son nada, son sanos, solo les gusta el fútbol y el estudio, barón. No pertenecen a ninguna banda ni nada, por amor a Cristo, barón”.

Luego, le preguntó qué mafia tenía a sus hijos, para hablar con ellos. Todo fue en vano.

Con esa información escasa presentó la denuncia por secuestro junto con los padres de los otros dos niños desparecidos, al amanecer del nueve de diciembre.

A las seis y media de la tarde de ese nueve de diciembre, recibieron otro mensaje truculento, extorsivo. Desde un número con el prefijo 57 (de Colombia) un hombre les indicó que necesitaba recibir dos mil dólares “para no atentar contra su vida y devolverlos sanos y salvos”, según el parte de la unidad especializada de la policía antisecuestros, UNASE. No se ha esclarecido aún cómo el sujeto supo lo que ocurría con los chicos y empezó a extorsionar a su padre.

Desde la desaparición forzada de los cuatro chicos, el Comité de DD.HH., encabezado por Billy Navarrete (chaleco azul), ha acompañado a las familias para darles asistencia judicial, médica y psicológica. Foto de archivo

Según el informe de la UNASE, tanto Arroyo como el padre de otro menor habrían acudido, siguiendo las instrucciones de los falsos captores, hacia el centro comercial Riocentro sur, para entregar 300 dólares. Esto, a pesar de que no recibieron prueba de vida alguna de los chicos.

“Una vez suscitado dicho evento, que se trataría de una estafa realizada por el accionar de las publicaciones en medios digitales (realizadas por los padres desesperados), se vuelve a reunir a las familias para indicarles que todo fue una mentira, ya que estos sujetos no tenían a sus familiares”, escribió el agente investigador de Unase en su parte, por esos días.

Esta alianza pidió su versión al padre de los dos menores. “Eso es falso. Lo que dicen las redes no es verdad”.

De su parte, Billy Navarrete, representante de la entidad de derechos humanos que apoya a las familias, afirmó desconocer sobre el presunto pedido del pago de un rescate.

El 16 de diciembre, pasadas las siete de la noche, otro de los padres recibió un mensaje, también por WhatsApp. En él, una persona que decía ser recolector de cangrejo le contaba que halló los restos de un menor en el estero Juan Chavelo. Al día siguiente la policía realizó la búsqueda por aire, en helicóptero, y por tierra, sin resultados. Horas más tarde, los familiares recibieron nuevos indicios, que tampoco arrojaron resultados.

– “Los policías y militares … no entraron a la casa que están los chicos en Taura (…) se escuchan los gritos de los chicos que piden ayuda…”.

Una nueva incursión se realizó, sin éxito, según el parte de los uniformados, adjuntado al proceso de más de 300 páginas que esta alianza periodística revisó.

Las fallas de la operación militar

Tres soldados, cinco uniformados con rango de cabo segundo; cuatro en el grado de cabo primero, dos sargentos y un suboficial segundo estaban al mando de un subteniente, de 28 años. Él dirigió las operaciones ese domingo ocho de diciembre, cuando los chicos fueron capturados. La patrulla terminaba la misión de resguardar a un camión que transportaba mercadería decomisada, hacia la Aduana.

Toma de video que evidencia el momento de la detención de los cuatro chicos, durante un operativo de una patrulla militar en Las Malvinas, en Guayaquil.

Los 16 uniformados pertenecen a la Fuerza Aérea. Iban en dos camionetas, de color blanco y plomo. Según las versiones de los militares, mientras regresaban de ese operativo, escucharon gritos de auxilio de la población, ante el supuesto robo en la vía pública. Detuvieron los carros, persiguieron a quienes huían y capturaron a tres personas, una cuarta les fue entregada por los pobladores.

La mayoría de los uniformados coincide en mencionar que el procedimiento indicado consistía en entregar a los detenidos a la unidad policial comunitaria (UPC) más cercana, en este caso, la de Virgen de Fátima. Sin embargo, en el camino el oficial a cargo dispuso realizar un control de armas y explosivos en un carro sospechoso. Además, recibieron la alerta de desmanes en un club de diversión nocturno en la vía a Taura, por lo que tomaron una vía secundaria. Un obstáculo les impedía avanzar, por lo que los militares habrían bajado a retirarlo, con ayuda de los cuatro detenidos. Varios de los uniformados coinciden en que luego de quitar el árbol, el mayor de los aprehendidos habría pedido que los dejaran libres. De este modo los habrían liberado en la vía a Taura. Los 16 uniformados coinciden en que los dejaron vivos.

Solo dos de los militares declararon que no tuvieron dudas de que se trataba de mayores de edad, por su estatura y contextura. El resto informó que no se pudo cumplir el procedimiento de verificar la edad, porque los detenidos no tenían documentos.

Los padres de los menores de edad sufren graves secuelas de salud y psicológicas, así como falta de recursos para mantener a sus familias. Son de escasos recursos económicos. Foto Vistazo-CV

El más antiguo de la patrulla, el subteniente de 28 años, afirmó que accedió a liberarlos, en retribución a la colaboración que prestaron para retirar el árbol. Estimó que el mayor de los detenidos tenía 18 a 20 años por su estatura, calculó que era más alto que él. Cuando fue interrogado sobre las unidades policiales más cercanas al sitio, afirmó que no conoce Guayaquil. Sin embargo, en su cédula se indica que nació en Carbo, Guayaquil. Cuando ocurrieron estos hechos, él acababa de enfrentar una demanda por alimentos, según documentación revisada por esta alianza.

Los militares insisten en que los dejaron vivos, sanos y vestidos en la vía a Taura, por pedido expreso de uno de los menores.

Luis Arroyo clama al cielo por justicia. Sabe que otros niños tienen temor. “Ya no salen, vieron la aberración de llegar a la cizaña de matar a nuestros hijos, llegar hasta quemarlos. No tienen perdón de Dios. (Los responsables) van a tener que pagar con la justicia divina”.

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