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El general (Sp) René Vargas Pazzos murió este primero de marzo de 2025 a los 92 años. Paradójicamente ese mismo día, hace 18 años, ocurrió el bombardeo de las fuerzas colombianas en Angostura, Sucumbíos, Ecuador. Tras este suceso se conocieron los nexos, a diferente nivel, de funcionarios del gobierno de Rafael Correa con las FARC.

Redacción Código Vidrio 

Él se declaraba nacionalista y revolucionario. El general (p) René Vargas Pazzos murió este primero de marzo de 2025 a los 92 años. Paradójicamente ese mismo día, hace 18 años, ocurrió el bombardeo de las fuerzas colombianas en Angostura, Sucumbíos, Ecuador, donde falleció el líder de las FARC, Raúl Reyes, y 25 insurgentes más.

Tras este suceso se conocieron los nexos, a diferente nivel, de funcionarios del gobierno de Rafael Correa con las FARC. Uno de los más importantes era Vargas.

El entonces presidente Álvaro Uribe y su vicepresidente, Francisco Santos, denunciaron que Reyes operaba en ese campamento con la complicidad y autorización del gobierno ecuatoriano. Correa desmintió esas afirmaciones y rompió relaciones con Colombia. Inició una gira relámpago por siete países latinoamericanos para denunciar la violación de la soberanía y la agresión del gobierno colombiano. Esto provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países por cuatro años.

Vargas era un militar apasionado y controversial. Fue el primer embajador del correísmo en Venezuela. Por su cercanía y amistad personal con el caudillo venezolano fue el nexo entre ese gobierno y el de Correa.

Su padre fue comandante liberal con Eloy Alfaro, eso lo dijo en entrevista años atrás.

El militar manabita era cercano a Hugo Chávez desde que éste intentó derrocar al entonces mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez, en 1992. Encerrado en la cárcel de San Francisco de Yaré, recibía literatura, sobre la figura de Manuelita Sáenz y sobre Eloy Alfaro. El remitente era nada menos que el general René Vargas Pazzos.

En 1998, por vueltas del destino, Chávez llegó al poder en Venezuela, y el militar ecuatoriano se convirtió en asiduo visitante del Palacio de Miraflores, como lo revela el libro “El Juego del Camaleón”. Allí, “festejó varios de sus cumpleaños y participó en el programa sabatino ‘Aló Presidente’”.

Ambos fomentaron un pensamiento bolivariano que impulsaba la unidad latinoamericana. Con esa premisa, al día siguiente de la posesión de Correa en Carondelet, le pidieron que fuera el embajador destacado en Caracas. Aún más, Chávez lo invitó a acompañarlo en visita oficial por Rusia, Bielorrusia, España y Portugal.

Vargas no solo había sido crítico con la aplicación del Plan Colombia por parte de Estados Unidos. También había visitado al segundo al mando de las FARC de Colombia, Raúl Reyes, en un campamento en el Putumayo.

En 2000, por delegación de la ONU y de Amnistía Internacional, Capítulo Suecia, fue parte de una misión humanitaria que durante varios días visitó campamentos de las FARC en Colombia y dialogó con autoridades civiles y militares.

En una entrevista que se incluyó en el libro “El Juego del Camaleón” afirmó, mientras era embajador en Caracas, que fue amigo de Raúl Reyes, y que el objetivo de esa visita, cinco años antes en el Putumayo, fue analizar la situación geopolítica y el Plan Colombia. Esa ocasión en ese viaje también estuvo el periodista Arturo Torres, con el fin de entrevistar a Reyes. Ese diálogo fue publicado en Diario El Comercio.

Vargas erigió su figura durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, a inicios de los setenta. Entre 1973 y 1977 ocupó varios cargos en el área hidrocarburífera nacional: fue subgerente y gerente de la estatal petrolera, ex CEPE, y luego Ministro de Energía. Fue uno de los artífices de la salida de la empresa norteamericana Texaco: una muestra de su ideario nacionalista, que también se plasmó en la reformulación de la Ley de Hidrocarburos de la época.

Entonces era coronel y tuvo un ascenso vertiginoso: llegó a ocupar la jefatura del Estado Mayor del Ejército. Aunque Vargas lo niega, entre los uniformados de esa época era un secreto a voces que él obligó, con pistola en mano, a que los gringos de la Gulf firmaran la entrega de las acciones. Era un fogoso y arriesgado coronel.

“Yo nací así, nacionalista y revolucionario (…) Siempre me he opuesto a la Base de Manta, al Plan Colombia”, enfatizó Vargas.

Desde mediados de 2003, Vargas arrendó una de sus haciendas, ubicada en la Bocana del Búa, en Santo Domingo, a un grupo de armados colombianos, liderados por «Casimiro», quien luego fue identificado por agentes de Inteligencia como Oliver Solarte, jefe financiero del Frente 48 de las FAR

PERFIL ⇒ José Luis Terán es uno de los tres juristas opcionados para llegar a la Corte Constitucional. Durante sus 40 años de trayectoria ha cosechado relevantes logros académicos y laborales. Ha sido juez de la Corte Nacional y decano de Derecho. También ha sido meticuloso para planificar su crecimiento económico. Los últimos ocho años duplicó su patrimonio, que hoy suma 760 mil dólares. Una inesperada prohibición del Ministerio de Trabajo para ejercer cargos públicos trastocó por una semana sus planes. Terán solventó ese traspié el 28 de febrero cuando esa cartera levantó la suspensión, que lo habilita para integrar el Tribunal, una vez que la Función de Transparencia anuncie los resultados finales del concurso esta semana. Nota actualizada este martes 4 de marzo de 2024.

Redacción Código Vidrio  

La participación como accionista en la empresa de Trasporte Turístico Airportmega persigue como una sombra a José Luis Terán Suárez, candidato a integrar la Corte Constitucional (CC).

Cuando la Comisión de Selección de la Función de Transparencia se aprestaba a anunciar, la semana pasada, los resultados del concurso, en el que Terán es uno de los tres mejores puntuados junto con Claudia Salgado y Jorge Benavídez, se supo que el jurista no podía ocupar cargos públicos, según el Ministerio de Trabajo, en vista de que fue destituido de juez en 2021. En un informe enviado a los comisionados el martes 26 de febrero, Terán insistió en que la suspensión de su destitución está vigente por el fallo dictado en 2024 por el Tribunal de lo Contencioso, que declaró la nulidad de esa acción de personal. Ante las notificaciones de la Judicatura y la Corte Nacional de que no existía ningún impedimento, la cartera de Trabajo levantó la prohibición, con lo cual Terán tiene vía libre para ser nombrado juez constitucional.

Un juez consultado que pidió el anonimato dijo que los actos administrativos de la autoridad pública (en este caso de la Judicatura) gozan de presunciones de legitimidad y deben cumplirse hasta que exista una sentencia ejecutoriada que declare la ilegalidad e ilegitimidad del acto administrativo.

El antecedente de la destitución de Terán está relacionado con la empresa Airportmega, que fue constituida en 2003 por él y 12 socios más, con un capital de 2.250 dólares, repartidos en 90 acciones. Una de las participaciones está a nombre de Suárez, que fue el primer presidente de esa firma durante cinco años, según los estatutos de creación.

En entrevista con Código Vidrio, Terán dice que esa acción fue un regalo de uno de sus clientes cuando, como abogado en libre ejercicio, hizo los trámites para constituir la compañía de transporte, que hoy tiene 29 socios, y está domiciliada en Quito.

“A esa acción nunca le he parado bola ni me acordé de que la tenía, porque desde cuando se constituyó la empresa nunca estuvo operativa”, explica Terán en la espaciosa sala de profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, donde fue decano y hoy es maestro a tiempo completo.
Al revisar los registros de la Superintendencia de Compañías efectivamente la empresa no registra estado de resultados, ni movimientos financieros, ingresos ni actividades comerciales, o pago de impuestos en su contabilidad. Pero sigue activa.

En 2015 cuando fue designado ministro de la Corte Nacional de Justicia, tras la reestructuración del poder judicial liderada por Gustavo Jalkh, denominada por el expresidente Rafael Correa, la «Metedura de mano en la justicia», Terán no incluyó en su declaración de bienes que era accionista de esa empresa.

“Hasta ese año no había declaraciones patrimoniales en línea, el documento se llenaba manualmente y se dejaba en una notaría. En el formulario no existía un casillero para declarar acciones en empresas, a eso se debió mi omisión”, explica Terán.

Esa inconsistencia en su declaración fue detectada por el Consejo Nacional de la Judicatura en 2019, cuando removió del cargo a Terán quien no superó una evaluación dispuesta por el Consejo de Participación Transitorio. En total 8 jueces y 10 conjueces dejaron sus cargos.

Además de su remoción, la Judicatura abrió un expediente disciplinario por presunta falsedad ideológica en contra de Terán, que en 2021 devino en su destitución por proporcionar información falsa en el proceso de selección. Se le impuso una sanción que le prohibía ocupar cargos públicos por dos años en el servicio público y de por vida en la Función Judicial.

Para anular su destitución, Terán presentó una demanda judicial. “Yo corregí mi declaración en la Contraloría, hice un alcance incluyendo mi participación accionarial en la empresa”, indicó el docente, al cuestionar al Consejo de la Judicatura por no tener competencia para sancionarlo.

En 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito le dio la razón. Declaró la nulidad de su destitución, pero rechazó su pedido de reincorporación y compensación económica. Con ese fallo en firme Terán estaba habilitado para ocupar funciones públicas, por lo cual decidió participar en el concurso para integrar la Corte Constitucional. Y en octubre el Ministerio de Trabajo certificó que no estaba inhabilitado.

Entre tanto, la Judicatura y Terán habían apelado el fallo del Tribunal, a través de un recurso de casación que fue aprobado para su trámite en la Corte Nacional de Justicia, con lo cual la sentencia del tribunal de lo Contencioso habría quedado en suspenso; eso implicaría, como acaba de certificar el Ministerio de Trabajo, que su destitución se encuentra en firme y actualmente no podría trabajar en el sector público.

Metódico y planificador para adquirir bienes   

A lo largo de sus cuarenta años de carrera como abogado litigante, juez y profesor, Terán se ha empeñado en tener logros, no solo académicos (entre 2009 y 2022 obtuvo 15 títulos, entre doctorados, maestrías y diplomados) sino en ocupar cargos relevantes en la función judicial, donde varias ocasiones ha sido juez.

Además de esa obsesión por el estudio y logros profesionales, Terán ha sido metódico y sistemático para adquirir bienes. Eso se refleja en sus declaraciones patrimoniales. Los últimos siete años sus ingresos y gastos tuvieron un aumento importante.

Entre 2018 y 2024, sus consumos con tarjetas de crédito sumaron más 200 mil dólares, mientras en sus cuentas bancarias tiene saldos promedio de $12.800 y posee 12 bienes inmuebles, además de derechos y acciones, según consta en su declaración patrimonial.

Teran Suarez reportó la posesión de los siguientes bienes inmuebles en diferentes períodos. Incluyen:

2 Parqueaderos (en Pichincha)
1 Bodega (Pichincha
1 Terreno (Pichincha)
2 Oficinas (Pichincha)
1 Departamento (Pichincha)
1 Casa (Pichincha)
Derechos y Acciones (Pichincha e Imbabura)

Suman 12 propiedades registradas en distintos años. Lo bienes muebles, es decir, equipos de oficina, menajes de casa, obras de arte joyas y colecciones, reportados se mantienen constantes en sus declaraciones.

También tiene préstamos hipotecarios y quirografarios, que desde 2018 suman $421 mil, que ha pagado en más del 50%.

“A mis 62 años, siempre he tenido varios cargos, a la vez, en el sector público y en varias universidades; siempre que llego a algún puesto planifico adquirir algún bien. Por ejemplo, cuando llegué al tribunal me propuse comprar mi oficina; en la Corte Nacional mi meta fue comprar un departamento”. Indicó.

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Mientras en 2017 su patrimonio fue de $390 mil, en 2024 llegó a $760 mil. En ese mismo período sus deudas se redujeron: pasaron de $240 mil a $169 mil. En bienes las cifras también mejoraron: de 303 mil, en 2017, llegaron a $880 mil, en 2024.  

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Para explicar ese aumento patrimonial y de consumo, Terán contó que sus gastos se redujeron drásticamente cuando sus hijos dejaron la casa y generaron sus propios recursos. “También dejé de estudiar, tengo un ingreso promedio de 4.500 dólares, mi esposa es jueza con un salario similar. Al no tener mucho en que gastar, pensé en invertir en bienes. La última propiedad que compré es un terreno en Puembo, para construir otra vivienda. Para todo hay que planificar, a si se conoce una persona, si es o no organizada”.

Con esos ingresos mensuales anualmente obtuvo $54.000. Considerando que ejerció como juez nacional durante tres años (2017-2019) y como docente a tiempo completo durante cinco años (2020-2024), los ingresos totales esperados en este período ascienden a $432 mil.

Explicó además que las propiedades que adquirió tuvieron reavalúos, con lo cual se incrementó su valor declarado. Dice que su aumento patrimonial también se debe a una herencia de un predio de su padre, que falleció en 2011, pero las particiones y lotización para la venta empezaron en 2022.
Otra fuente de sus ingresos -recalca- son los préstamos hipotecarios que ha sacado con su esposa para la compra de un departamento, a diez años plazo. “Los créditos quirografarios los uso para gastos pequeños como cerramientos y otros acabados en Puembo”.

También hay un incremento significativo en los gastos con sus tarjetas de crédito. Mientras en 2018 tuvo consumos por $21 mil, en 2024 llegaron a $93 mil. Acerca del aumento en esos consumos, indica que en promedio nunca ha pasado los $10 mil mensuales. “Con las tarjetas pago impuestos, tributos prediales, seguro médico, del vehículo…”

Terán dice que su experiencia de juez tributario le ayudó a ser metódico para comprar bienes a través de créditos. “Siempre he programado mis deudas con créditos, nunca he comprado de contado nada. Toda la vida he sacado préstamos. Tengo mi oficina y departamento rentados, porque vivo en mi casa. ¿En qué gasto?.. En medicina, seguros…”.

Terán destaca que ha sido juez casi diez años, entre 2009 y 2019. “He manejado casos de miles de millones de dólares, como OCP, de petroleras como Andes, desde el área tributaria, Supermaxi, Bananera Noboa, El Juri, la Favorita, Banco de Guayaquil. No he tenido una sola queja. Sin en esos casos no me he ensuciado como me voy a hacer millonario como decano de la facultad, donde he tenido que poner de mi bolsillo para arreglos”.
En 2019, durante el proceso de evaluación del Consejo Transitorio sus cuentas fueron auditadas. “Nos revisaron hasta la última pulga, nos investigó la UAFE, la Contraloría, auditaron todos mis bienes, y no tuve un solo señalamiento, aparte de supuestamente no haber justificado el incremento de 25 dólares de la acción de la empresa de transporte”.

El concurso para la designación de los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional dio un giro sorpresivo. Uno de los tres finalistas para ocupar esa función, el abogado José Luis Terán, tiene prohibición del Ministerio de Trabajo para ejercer cargos públicos, por haber sido destituido de la Corte Nacional de Justicia en 2021. Terán sostiene que su remoción no está en firme sino en suspenso, por lo cual no tendría ningún impedimento para ser designado juez constitucional. Y que la disposición se subió este 24 de febrero a la página digital de esa cartera de estado, y no se respalda en ningún fallo judicial. Durante el concurso enfrentó una impugnación (foto).

Redacción Código Vidrio

El abogado José Luis Terán Suárez, uno de los tres candidatos mejor puntuados y más opcionados a integrar la Corte Constitucional, no puede ejercer cargos públicos.

Terán tiene un impedimento legal para ejercer funciones públicas por haber sido destituido en 2021 de la Corte Nacional de Justicia por el Consejo de la Judicatura, según consta en el Registro de Prohibiciones e Inhabilidades del Ministerio de Trabajo (Certificado CIWEB20002514328), revisado por Código Vidrio en la página web de esa institución.

En entrevista con este medio, Terán dijo que esa decisión fue subida hoy a la página web de la cartera de Trabajo, y que no se respalda en ningún fallo judicial. La destitución -destacó el jurista- estaba en suspenso, pues aún no existe una decisión final, en firme de la Corte Nacional, de un recurso de casación que se tramita desde 2024. “Por lo tanto, no tengo ninguna prohibición para ejercer cargos públicos”, señaló. “Por eso pasé todas las etapas de selección porque no tenía ninguna inhabilidad”.

En 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito declaró la nulidad de su destitución, pero rechazó su pedido de reincorporación y compensación económica. Posteriormente la Judicatura presentó un recurso de casación para que quede en firme la destitución, mientras Terán también interpuso ese recurso, solicitando su restitución inmediata. Actualmente, este caso está en trámite en la Corte Nacional de Justicia, que sin embargo habría reportado al Ministerio de Trabajo que Terán no puede ocupar cargos públicos, lo que implicaría que su destitución está en firme.

En octubre de 2024, cuando los postulantes presentaron las carpetas, Terán presentó un certificado de esa cartera, validado por la Comisión Calificadora, donde decía que no tenía impedimento, según la jurista María Dolores Miño.

La prohibición de Terán sale a la luz este lunes 24 de febrero cuando el concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional (CC) concluyó, con la etapa de impugnaciones y pedidos de recalificación de la prueba oral de los postulantes que llegaron a esta última etapa. Luego de revisar las impugnaciones estaba previsto que los nombres de los tres nuevos jueces se conocieran hasta este miércoles 27 de febrero.

Posteriormente, el presidente de la CC, Alí Lozada, debía disponer el inicio de un sorteo público para la salida de tres de los actuales nueve magistrados.

Entre 2022 y 2025, la Corte Constitucional se integró con los jueces Alí Lozada (presidente), Carmen Corral (vicepresidenta), además, Richard Ortiz, Jhoel Escudero, Alejandra Cárdenas, Karla Andrade, Enrique Herrería, Teresa Nuques y Daniela Salazar. Tres de ellos deberán dejar la Corte.

Los jueces de la CC desempeñarán sus cargos por un período de nueve años, sin reelección y serán renovados por tercios cada tres años, según la Constitución.

La destitución de Terán

Terán Suárez fue removido en 2019 de su cargo como juez de la Corte, por no superar la evaluación integral dispuesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

Terán ingresó a la CNJ en 2015, tras obtener una calificación de 98.5/100 en el concurso organizado en 2014 por el Consejo de la Judicatura, entonces liderado por Gustavo Jalkh.

No obstante, en 2019, obtuvo una nota de 79.1 sobre 100, por debajo del mínimo requerido de 80 puntos. Como consecuencia, el 15 de noviembre de 2019, el Pleno de la Judicatura lo removió junto con otros 8 jueces y 10 conjueces.

La Judicatura detectó supuestas inconsistencias en su declaración patrimonial de 2015, lo que llevó a la apertura de un expediente disciplinario por presunta falsedad ideológica. En abril de 2021, se le responsabilizó por proporcionar información falsa en el proceso de selección y se le impuso una sanción de destitución que le prohibía trabajar en el servicio público por dos años y, de por vida, en la Función Judicial.

En agosto de 2021, Terán presentó la demanda para anular su destitución, exigir su reintegro a la CNJ y el pago de salarios y beneficios no percibidos. Él asegura que no cometió ninguna falsedad sino que omitió incluir en su declaración una acción de 25 dólares que tenía en una empresa de transporte, porque para esa fecha (2015) en el formulario de la Contraloría no existía un casillero específico, lo cual enmendó en un alcance  de su declaración patrimonial ante la Contraloría.

 INVESTIGACIÓN ⇒ Cuatro ecuatorianos apresados en diciembre pasado por ser parte de una red que traficó 8 toneladas de cocaína a España, son dueños de una empresa minera en Camilo Ponce Enríquez, epicentro de la explotación criminal de oro. La firma es Goldenminerals, que explotó miles de toneladas de mineral aurífero en 2023, pero no reportó la exportación ni el destino que tuvo este material. Esa compañía tenía un contrato de operación con la empresa Miderzul, que hizo exportaciones inusuales de concentrado de oro a China. El Gobierno realiza una auditoría a 1.652 concesiones, para verificar si cuentan con permisos ambientales y si presentaron informes de minerales secundarios, que es su obligación para comercializar y exportar oro.

Por Arturo Torres
Alianza transfronteriza  CódigoVidrio – OjoPúblico   

Los estrechos nexos del narcotráfico y la minería ilegal de oro, que han sido un secreto a voces en Ecuador, quedan por primera vez al descubierto. La punta de la madeja que desenredamos apareció en diciembre del año pasado, cuando una red dedicada al tráfico de cocaína desde Ecuador hacia España fue desarticulada por la policía de ambos países. Al analizar en registros públicos de la Superintendencia de Compañías y otros organismos de control los perfiles económicos y societarios de cuatro de las personas investigadas y detenidas como parte de esa organización criminal, confirmamos que compraron y administraron la empresa minera Goldenminerals S.A., dedicada a la explotación de oro. El fin principal era lavar el dinero procedente del tráfico de drogas y obtener ganancias con exportaciones de oro.

La información recabada para esta investigación ratificó a que Goldenminerals S.A. es un eslabón clave, hasta hoy desconocido, de una cadena que permite entender cómo se conectan y funcionan las redes transnacionales del crimen organizado, que ha diversificado su portafolio de ingresos desde el narcotráfico hasta la minería ilegal y las extorsiones en Ecuador.

Esta historia comienza con dos operativos importantes, en 2023 y 2024, en los que se capturaron ocho toneladas de cocaína (7,3 toneladas en España y 664 kilos en Ecuador) y la detención de ocho miembros de esta red en Ecuador y cuatro más en España. La droga provenía de Colombia y era cargada en contenedores de frutas listas para ser comercializadas a Europa.

La primera alerta de la operación de la organización, integrada por ecuatorianos y extranjeros, fue notificada a la Fiscalía en junio del 2022. Desde esa fecha agentes antidrogas empezaron a realizar seguimientos y posteriormente escuchas e interceptaciones telefónicas a algunos de los sospechosos de esta red, desmontada en diciembre pasado, denominada Gran Fénix 52 Gibraltar.

Entre los detenidos en Ecuador se encontraban empresarios, policías en retiro y un marino en servicio activo, que, según las pesquisas, tuvo un rol importante por su acceso a información privilegiada en el control marítimo.

Según la investigación fiscal, a la cabeza de la organización estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tráfico de drogas y peculado; y la persona encargada de las operaciones logísticas, sería su esposa, María Auxiliadora Montesdeoca.

En 2023, Carlos Eduardo Zambrano fundó la compañía Inmoalta Inmobiliaria, en Guayaquil, además de las empresas Inversiones Monar, en 1998, y Latexcol, en 2004.

La policía también identifica como socios de Zambrano al coronel en retiro de la policía, Julio César Miño del Hierro (quien había sido jefe de la Policía Judicial de Guayaquil y otros distritos) y a Galo Manuel Litardo García, capitán de Corbeta en servicio activo de la Marina. Además, a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, José Luis Bersoza Cóndolo (alías “Pollos”) y Édison Andrés Espín Vallejo, quienes eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracción de oro, entre otras actividades. Entre 2020 y 2024 todos tuvieron ingresos económicos que no pudieron justificar, según consta en el proceso judicial.

Un alto oficial de la Policía explicó que Zambrano se encargaba de la coordinación y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la justicia, la policía y en las Fuerzas Armadas. Según las mismas investigaciones, fue él quien contactó al coronel (SP) Julio César Miño y al capitán de Corbeta de la Marina, Galo Litardo; y él era también quien definía dónde se debía invertir el dinero. Uno de estos negocios fue la minería de oro.

Los actores detrás del negocio

Según la misma investigación policial, Carlos Zambrano y su pareja María Auxiliadora Montesdeoca vivían en una lujosa residencia en Samborondón, cantón de Guayas, valorada en 500 mil dólares.

Las pesquisas de la investigación fiscal en curso han identificado que el coronel en retiro Julio César Miño obtenía información en la policía, a través de sus redes de informantes, con el fin de que sus socios evitaran los controles en los puertos; mientras que el oficial de la Marina accedía a datos sobre los patrullajes acuáticos en los esteros. Así coordinaban el envío del cargamento en los buques, en la zona de cuarentena, antes de su salida a altamar, explicó un oficial del caso.

Mientras estuvo en la policía, Julio César Miño fue parte de diferentes unidades de inteligencia antidrogas y de crimen organizado, como la UIES y ULCO, en 2006 y 2008. Luego fue comandante en Manta y Los Ríos, territorios de elevada violencia asociada al narcotráfico. Fue en este último lugar, donde, según un oficial, Miño habría empezado a ser contactado por grupos criminales.

Actualmente siete de los detenidos guardan prisión, mientras el capitán Litardo tiene medidas sustitutivas, con prohibición de ausentarse del país y presentarse tres veces a la semana ante la Fiscalía, mientras se desarrolla el proceso judicial.

Las autoridades de Ecuador sostienen que el financiamiento de las actividades criminales de la organización provenía de las ganancias de contratos con empresas legalmente constituidas. Al revisar el listado de las compañías identificamos que una de ellas se dedicada a la minería.

Agentes españoles y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador estiman que los financistas principales de estas operaciones serían enviados invisibles de los carteles del narcotráfico que controlan el envío de coca hacia Europa, encabezados por la mafia albanesa, con apoyo logístico de Los Lobos y otras bandas.

La estructura empresarial era para el lavado a través de la explotación y venta de oro en el mercado internacional

Narcos con fachada de empresarios   

Desde diciembre del año pasado, este equipo periodístico recabó información para  identificar la conexión de la red de narcos con empresas, a través de sus accionistas, su modus operandi y su relación con la explotación minera.

Esta investigación identifica que cuatro de los detenidos en la intervención policial de diciembre de 2024 son accionistas y/o administradores de la compañía minera Goldenminerals, constituida en Machala en 2018. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Edison Espín.

La empresa está activa, según el portal de la Superintendencia de Bancos. Fue propiedad de Melida B. y Alisson B., hasta 2022. Ese año fue comprada por el supuesto narcotraficante Geovanny Cruz, quien también es dueño de las firmas Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models. En esas y otras compañías también aparecen como socios y administradores Espín, Alvear y Bersoza, quien es dueño, además, de la firma Avícola Rioblanco, de cría y reproducción de ganado.

Avícola Rioblanco reporta activos por 327 mil dólares, y también era empleada para lavar dinero en efectivo, según la investigación judicial.

En su último informe económico de 2023, Goldenminerals reportó activos por 209 mil dólares. No declaró pérdidas ni ganancias. Desde 2019 mantiene similares montos de activos, pérdidas y ganancias. 
Esa firma minera no tiene ninguna concesión minera. Posee un contrato de operación con la empresa Cerro Azul, Miderzul, que es la titular de la concesión La Boya, ubicada en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay.

Esta modalidad, con la entrega de contratos de operación privados a terceras personas, a cambio de un porcentaje del oro extraído, es ideal para el lavado de dinero, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la minería, porque según él no son acciones reguladas o debidamente controladas.

Desde hace tres años el cantón Ponce Enríquez es el centro de la minería ilegal en Ecuador, donde operan Los Lobos y otros grupos delictivos locales y extranjeros como el Tren de Aragua. Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales más grandes y complejas, que controlan toda la cadena de producción, desde la explotación del mineral aurífero, hasta su procesamiento y fundición en las plantas de beneficio (la mayoría ubicadas en Ponce Enríquez y Portovelo, provincia de El Oro), para su exportación como lingotes o concentrado de oro (arena mineralizada), por vía aérea y marítima a varios continentes, según informes de Inteligencia.

ZONA CONCESIONADA A MIDERZUL EN PONCE ENRÍQUEZ, DONDE OPERABA GOLDENMINERALS

Los mismos reportes y apreciaciones de Inteligencia a los que se tuvo acceso para esta investigación señalan que este intrincado ensamblaje de cómo operaba Goldenminerals habría sido montado por decenas de compañías y operadores más desde 2019, con la complicidad de autoridades de las agencias de control y el Ministerio de Energía y Minas. Estos funcionarios además se encargaron de elaborar normas y reglamentos para facilitar actividades delincuenciales, sobre todo en la pequeña minería, dijo un alto funcionario del gobierno que investiga este laberinto de corrupción.

En la cúspide de esta pirámide estarían carteles, y un escalón más abajo algunos clanes familiares locales que dominan el sector de pequeña minería desde hace décadas en El Oro y Azuay, explica un agente que sigue su pista en Ponce Enríquez.

Contratos de operación abren la puerta
 

El dueño de la minera Miderzul, que extendió el contrato de operación a Goldenminerals, es Juan Pogo Labanda, quien recibió el título de la concesión la Boya en 2021, según informes del Ministerio de Energía y Minas. Como empresa contratante, Miderzul debía encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotación de mineral aurífero, pero no lo hizo, según consta en un informe oficial al que esta alianza accedió. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental.


El contrato, firmado desde 2018, tiene una duración de diez años. Establece que la contratista deberá entregarle el 7% de la producción bruta de oro, que se liquidará en el proceso de recuperación mineral en la planta de beneficio de su elección. Una copia del contrato notarizado está en poder de esta alianza.

Como garantía, el operador pagó USD 50.000. Su obligación -según el convenio- es explotar el yacimiento e impedir actividades de minería ilegal.

Además, el titular de la concesión puede dar por terminado el contrato cuando el contratista no realice operaciones de explotación por más de tres meses, lo cual ha sido recurrente en este caso.

Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) presumen que el área era usada para actividades extractivas ilegales que no eran reportadas, para evadir el pago de impuestos y regalías, lo cual es una práctica recurrente.

Esta alianza periodística accedió también a informes y auditorías oficiales realizadas a las operaciones de Goldenminerals en esa concesión. Según uno de los reportes, la empresa no tiene licencia ambiental desde 2017. Tampoco presentó planes de desarrollo, ni de exploración o interpretación geológica. Esto, sin embargo, no fue observado por las autoridades de la zonal de Cuenca, capital de Azuay.

Esa compañía entregó un cronograma de actividades, aunque reportó que invertiría inicialmente USD 49.337.

Sobre la explotación de mineral aurífero, un informe del 2022 observa que no presentó reportes de geología y geotécnica de la mina. 
Otro documento oficial de producción de labores de exploración y explotación de 2022 confirma que la empresa no desarrolló estudios de geofísica, geoquímica, sondeos ni interpretación geológica, aunque sí extraía mineral aurífero. Respecto a la extracción de minerales, indica que solo hay reportes teóricos, que no cuenta con planta de beneficio para triturar y procesar el mineral. Alquila esos servicios en Camilo Ponce Enríquez.

En 2022, Goldenminerals no tuvo consumo de combustibles en explotación minera alguna, tampoco de energía. No registró operaciones formales entre enero y diciembre de 2022, lo cual debió ser alertado por el titular minero Miderzul, para exigirle al operador que cumpla el contrato. Pero no lo hizo, según destaca el informe técnico.

En 2023, Goldenminerals reportó la explotación de 1.004 toneladas de mineral y 161 toneladas de estéril. En la declaración juramentada de manifiesto de Producción, recogida en un informe de la Regional de Azuay, además indicó que extrajo 11.613 toneladas, en un área de 197 hectáreas. Sin embargo, no especificó cómo lo hizo, con cuántos trabajadores opera o qué pasó con el material explotado: si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializó como concentrado de oro. La empresa solo indicó que empleó 5.500 galones de diésel, pero no tuvo ningún consumo de energía eléctrica.

Ante los pedidos de esta alianza, el fiscal a cargo del caso, Fernando Guerrero, no se quiso pronunciar sobre el avance de esta investigación en la conexión con la minería, pues estaba realizando algunas diligencias.

En la práctica, según expertos del sector consultados, la capacidad de las entidades de control como la Arcom, la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Energía y Minas está desbordada, por la utilización sistemática y discrecional de títulos mineros, licencias de comercialización y contratos de operación para actividades opacas, delictivas, desde hace más de cinco años.

En el país están inscritas 1.652 concesiones (388 en trámite) y 557 contratos de operación (206 en trámite). Además hay 213 plantas de beneficio (82 en trámite), y 370 licencias de comercialización (229 en trámite).
Los actores criminales, vinculados con organizaciones del narcotráfico, se han beneficiado desde hace más de una década de estas modalidades contractuales, usando la fachada de pequeños empresarios mineros. “Han recibido títulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupción que permean todo el sistema”, observa un oficial del Ejército, que investiga esta dinámica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Perú.

Narcotráfico y minería ilegal van de la mano

Julia Yansura, directora del Programa de Delitos contra el Medioambiente y Financiación Ilícita, de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), destaca que el caso ecuatoriano no es una excepción. “Existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero en efectivo que obtienen por la venta de cocaína”, señala Yansura.

Entre las modalidades más usuales están las exportaciones ficticias de minerales auríferos en contenedores, que cuando han sido inspeccionados estaban vacíos. Los narcos declaran importantes envíos que en la mayoría de casos no son verificados, para recibir pagos que ingresan al sistema financiero sin ninguna dificultad. 
Los narcos prefieren el oro porque es mucho más fácil de transportar que el dinero en efectivo. Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones, indica Yansura. 
“La explotación y compra de oro, con fondos del narcotráfico, se ha ido extendiendo vertiginosamente los últimos 15 años en toda la región. Mientras el oro se mantiene al alza -destaca Yanzura- los precios de la cocaína han caído por la sobreproducción”. 
Esta tendencia es parte de la diversificación del modelo de negocio criminal. Los narcotraficantes siguen un esquema empresarial, buscan más rentabilidad con inversiones diversificadas, que los estados tienen dificultad en identificar y controlar con una trazabilidad más eficaz.

José Julio Neira, quien preside el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) y dirige la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), dijo en entrevista con esta alianza que el Gobierno realiza una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros, para verificar si cuentan con permisos ambientales vigentes, si han presentado los informes de minerales secundarios, que están obligados a presentar para la comercialización y exportación de minerales. También está en marcha un control integral de todas las personas naturales y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio. Para detectar posibles casos de lavado de activos, la UAFE realiza controles en toda la cadena productiva del sector minero.

Los operadores, blindados por la justicia

Aprovechando el descontrol estatal, quienes tienen contratos de operación también realizan actividades de minería criminal en áreas fuera de las concesiones asignadas para sus proyectos. Según un informe de la zonal de Cuenca, por estos casos hay 17 amparos administrativos interpuestos por titulares mineros en contra de operadores ante la Arcom, denunciando incumplimientos y prácticas de minería ilegal. Todos esos amparos han sido resueltos desde el 2020 hasta la fecha, en los cantones Camilo Ponce Enríquez y Santa Isabel, según el informe oficial.

No obstante, según representantes de una empresa minera, ese reporte de la Arcom es impreciso. Esa compañía -que pidió el anonimato por temor a represalias- presentó tres recursos de amparo administrativo, descritos como resueltos por la Arcom, pero asegura que aún no se han resuelto a su favor, están en trámite, según indican los documentos de constancia de sus denuncias a los que tuvimos acceso.

En la mayoría de los casos, dice un profesional de la empresa, son litigios que empiezan en la Arcom y pasan a la justicia ordinaria donde tardan años en resolverse o se declaran en abandono. “Los operadores interponen esas acciones en la justicia ordinaria, para impedir que les retiren contratos”, indica la fuente de esa compañía que pidió la reserva por seguridad. 
Uno de esos casos es el de la minera Porvenir, que fue denunciada por realizar explotación ilegal en la concesión Mollopongo, en Camilo Ponce Enríquez. En 2024, técnicos de la Arcom realizaron una inspección técnica en el sitio y verificaron las actividades ilegales durante dos meses consecutivos. De los tres amparos planteados, ninguno está resuelto, y solo en uno se emitió una multa.

Esta alianza accedió a los certificados de exportación y producción de la minera Miderzul, cuyo dueño y gerente es José Pogo Labanda. Él es titular de la misma concesión La Boya, donde también opera Goldenminerals. 
Entre 2023 y 2024 Miderzul exportó a China 827 toneladas de concentrado de oro, es decir arena con mineral aurífero.

Esos cargamentos se enviaron en “big bags” por vía marítima. Por estos despachos Miderzul recibió un pago de USD 2,5 millones. Según los reportes, el concentrado provino de la Boya y fue triturado en plantas de beneficio de Camilo Ponce, la principal es Metalesa, propiedad de los hermanos Milton y Fredy Romero Guaicha. Ellos también son dueños de la empresa Romero Miningcorp y tienen concesiones mineras en esa zona. 
En ninguno de los informes de producción o exportación de Miderzul se indica dónde están las barras de oro que se habrían obtenido de las 827 toneladas de concentrado exportadas a China.

Agentes de Inteligencia sospechan que ese material exportado por Miderzul a China por el puerto de Guayaquil sería el que explotó Goldenminerals.

Según una exfuncionaria de Arcom consultada, ese faltante debería ser investigado y aclarado por las autoridades.

María Laura Patiño, consultora financiera, experta en lavado de activos, subrayó que en Ecuador el sector minero es un espacio ideal para el blanqueo de capitales. Especialmente por la ausencia de controles integrales y seguimiento a los titulares de las concesiones, los operadores, y los propietarios de las plantas de beneficio, para que cumplan sus obligaciones. 
Patiño recalca que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quien es el beneficiario final. “En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores”, apunta.

Esta alianza pidió una entrevista con Juan Pogo para tener su versión sobre el contrato de operación con Goldenminerals y sus incumplimientos, así como las exportaciones de sus empresas Miderzul a China, pero no obtuvo una respuesta, hasta el cierre de este reportaje.

El 29 de enero pasado, el representante de una de sus compañías respondió a uno de nuestros correos. Dijo que él sí nos concedería una entrevista, sin especificar la fecha. Aseguró que ninguna de las firmas de Pogo ha realizado exportaciones de oro relacionadas con Goldenminerals. Aseguró que todas sus empresas mineras están legalmente constituidas. Se dedican a la comercialización de metales y minerales, así como a brindar servicios para exportación.

Exportaciones de Miderzul a China 

 

78 mineras suspendidas

Las anomalías detectadas en esta reportería son parte de un esquema turbio empleando empresas de papel, que aún no ha podido ser desmantelado por el Gobierno, que investiga sus conexiones y patrones.

José Julio Neira confirmó que 78 empresas mineras están suspendidas, con acciones administrativas sancionatorias, por ser parte de esquemas de exportaciones millonarias de oro inusuales, plagadas de irregularidades. Según estimaciones oficiales, más de USD1.300 millones en exportaciones de oro provienen de operaciones de minería ilegal.

En las inspecciones in situ realizadas por el SRI -destaca Neira- la primera anomalía encontrada es la inexistencia de empresas exportadoras en los lugares registrados como domicilio fiscal. “Son empresas fantasmas, que posiblemente son utilizadas para el cometimiento de uno o varios delitos, entre evasión fiscal, corrupción y lavado de activos”.

El mecanismo de envíos desde empresas fantasmas empezó a operar en toda su magnitud en 2023. Ese año, según reveló una investigación de Código Vidrio , las empresas de pequeña minería Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals exportaron 268 millones de dólares en oro a Emiratos Árabes Unidos y la India, 20 veces más que en 2022. Realizaron sus envíos a través de un esquema de certificados y permisos maquillados, fraudulentos, con oro extraído de minas inexistentes en sus concesiones. Sin empleados registrados en el Instituto de Seguridad Social.

Precisamente, una de las prácticas de la delincuencia organizada en el proceso minero es la creación de empresas de un día para el otro, particularmente de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), que con un capital mínimo realizan exportaciones por millones de dólares de material mineralizado, según Neira. Bajo este régimen precisamente han operado Rockgolden y Rocadorada.

Estas anomalías fueron identificadas desde fines de 2023 por funcionarios de la Arcom, que alertaron lo ocurrido a autoridades del SRI.

Esta alianza periodística conoció que para frenar estas prácticas ilícitas en la entrega y uso de las concesiones, plantas de beneficio, licencias de comercialización, y exportaciones de oro, desde el Ministerio de Energía y Minas y el Conim se impulsa una serie de reformas normativas y reglamentarias (algunas ya se aprobaron), con la cooperación de especialistas de la Arcom.

Adicionalmente, según Neira, ya se aplica el registro geolocalizado sistemático de maquinaria amarilla (retroexcavadoras que se usan para la minería ilegal), además del control ambiental en las plantas de beneficio para verificar que cuenten con los permisos ambientales vigentes. También el control de informe de minerales secundarios a los titulares de derechos previo a la exportación y el incremento de auditoras in situ en las concesiones mineras.

El concurso para Corte Constitucional entró en su recta final. Entre los candidatos hay un postulante removido como juez nacional y otro aspirante que fue un alto funcionario de Lasso.

Redacción Código Vidrio

El concurso de oposición y méritos para renovar un tercio de la Corte Constitucional llega esta semana a su etapa decisiva. Seis de los nueve postulantes que quedan en el proceso rendirán el examen oral entre el martes 18 y miércoles de 19 de febrero, que es la última fase del proceso.

La prueba se desarrollará en la Contraloría y tiene un valor de 35 puntos, al igual que la prueba escrita que se rindió la semana pasada. Los 100 puntos del concurso se completan con la calificación de la experiencia profesional y académica, que fue la primera etapa del concurso.

En este proceso de renovación de la Corte Constitucional participa un postulante que fue removido en 2019 como juez de la Corte Nacional de Justicia, por no haber superado la evaluación integral que ese año se realizó por mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-Transitorio).

Se trata de José Luis Terán Suárez, quien llegó a la Corte Nacional de Justicia en 2015, después de que fuera el ganador del concurso organizado en 2014 por el Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Jalkh. Su nota rozó la perfección: 98,5/100.

Sin embargo, después de cinco años, en 2019, Terán Suárez no tuvo el mismo desempeño y no pudo superar la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura de la época. Su calificación fue de 79,1 /100, con lo que no consiguió alcanzar el puntaje mínimo fijado para ese proceso, que era de 80 puntos.

Por esta razón, el 15 de noviembre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, resolvió remover de su cargo de juez a Terán Suárez junto a otros 8 jueces y 10 conjueces.

Sin embargo, en el caso de Terán, el efecto de la evaluación no quedó solo en su remoción. Como resultado de ese proceso, la Judicatura indicó que la declaración juramentada de enero de 2015 del entonces magistrado no había incluido toda su información patrimonial. “(…) La omisión de información en dicha declaración bien puede considerarse como falsedad ideológica, lo que conlleva a que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario inicie el sumario disciplinario en función del artículo 109, numeral 9 del Consejo de la Judicatura (sic)”, señaló un informe de la Dirección Jurídica del Consejo.

Por ese motivo, el Pleno dispuso el 12 de noviembre de 2019 que la Subdirección de Control Disciplinario abra un expediente administrativo en su contra por supuestamente haber incurrido en infracción gravísima establecida en el art. 109 numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Después de tramitar ese expediente disciplinario, el 27 de abril de 2021, el Pleno de la Judicatura responsabilizó a Terán Suárez de haber cometido la infracción gravísima de “proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su nombramiento”.

Uno de los efectos de la destitución es que el sancionado no puede trabajar durante dos años en el servicio público y, además, no puede regresar a trabajar de por vida a la Función Judicial; la Corte Constitucional jurídicamente no es parte del Poder Judicial.

Tras esa sanción, en agosto de 2021, el ahora candidato a la Corte Constitucional planteó una acción contenciosa para que se declare la nulidad de su destitución, se le reintegre a la Corte Nacional. Además que se le paguen los sueldos, salarios y beneficios que dejó de percibir. Su argumento fue que subsanó de manera reglamentaria ante la Contraloría la información que no contenían sus declaraciones juramentada y que, además, la Judicatura no tenía competencia para sancionarlo en un asunto de este tipo.

El 28 de junio de 2024, el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Quito le dio parcialmente la razón, al declarar la nulidad de su destitución, pero rechazó su pretensión de volver al cargo y recibir los recursos que dejó de recibir.

Su caso actualmente está en la Corte Nacional de Justicia, donde están en trámite la admisibilidad de los recursos de casación planteados por Terán y el Consejo de la Judicatura.

De hecho, Terán no quedó satisfecho con esa resolución jurisdiccional. Por ese motivo, solicita que le sea “i) restituido en forma obligatoria, a su cargo dentro del término de cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución; (ii) recibir las remuneraciones que dejó de percibir; (iii) recibir los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial con los descuentos que apliquen”, dice su escrito presentado el pasado viernes 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando completó su pedido de casación.

El jurista Juan Carlos Vilema explica que, al encontrarse este proceso en casación, la destitución del 27 de abril de 2021 sigue vigente.

Jorge Benavides Ordóñez es otro de los perfiles que buscan ocupar una silla en la Corte Constitucional. Llegó al concurso como parte de la terna de la Función de Transparencia y Control Social.

Además de su trayectoria en el mundo de la academia y la docencia, Benavides recientemente tuvo un paso por la actividad política. Específicamente fue un alto funcionario del gobierno de Guillermo Lasso. Allí desempeñó varios cargos de confianza del ex presidente de la República y líder del partido CREO.

Benavides fue viceministro de Trabajo, subsecretario Jurídico de la Presidencia durante el proceso de muerte cruzada de mayo de 2023 y, por último, fue presidente del Director de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), en reemplazo de Hernán Luque Lecaro, procesado por el caso de corrupción denominado Encuentro.

La Corte Constitucional admitió una acción extraordinaria de protección por indicios de violaciones a los derechos de la naturaleza en La Maná. Las causantes de las afectaciones serían las empresas mineras Comiange y La Maná Rome Gold, en sus operaciones extractivas, en medio de la negligencia de los ministerios de Ambiente y Energía, y de la Agencia de Control Minero. Desde enero pasado, tres jueces analizan la causa, que puede sentar un precedente sobre las operaciones de explotación minera sin permisos ambientales, y la incapacidad del Estado para ejercer su potestad de que se cumplan sus decisiones.

Redacción Código Vidrio

El Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, conformado por las juezas Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Jhoel Escudero Soliz, empezó a conocer la acción extraordinaria de protección de la empresa Acquad’or C.A. en contra de las autoridades los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). En esa demanda la empresa embotelladora de agua Splendor alega omisiones y negligencias sistemáticas los últimos ocho años de las entidades gubernamentales para controlar las actividades extractivas de las empresas Comiange y Rome Gold.

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CRONOLOGÍA

• ACQUAD’OR C.A. presentó una acción de protección en contra del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación en la que alegó omisiones por parte de las entidades accionadas para controlar actividades mineras aledañas a un inmueble de su propiedad, donde realiza sus actividades económicas como embotelladora de agua.
• En sentencia de 12 de julio de 2024, el Tribunal de Garantías Penales Especializado aceptó parcialmente la accióny ordenó medidas de reparación integral. Las entidades demandadas y la minera apelaron.
• El 1 de octubre de 2024, la Sala Especializada de lo Penal de Pichincha (“Corte Provincial”) aceptó los recursos de apelación y revocó la sentencia de primer nivel.
• El 29 de octubre de 2024, la empresa presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Corte Provincial.
• Por sorteo, le correspondió el conocimiento de la causa a la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo. El expediente fue recibido en esta Corte en la misma fecha y en el despacho de la jueza ponente el 18 de noviembre de 2024.
• Desde enero el caso es tramitado por tres jueces constitucionales.

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La acción extraordinaria de protección fue presentada en la Corte impugnando la sentencia de segunda instancia, emitida en octubre pasado por la Corte Superior de Pichincha. En primera instancia, tres meses antes, un Tribunal Anticorrupción, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, aceptó la acción de protección y ordenó el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspección y determinar la afectación ambiental. Además, pidió que se informe si hay investigaciones previas en Fiscalía por delitos ambientales, entre otras medidas. “En el caso que nos ocupa ha quedado probado el daño ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisión de las entidades demandadas”, sentenció el tribunal.

Entonces, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minería, y la Arcom defendieron que han realizado un control efectivo, lo cual se reflejaría en docenas de informes y sanciones emitidos. En esa misma línea, la defensa de las mineras  argumentó que acató todas las observaciones de pasivos ambientales, que no hay ningún daño ambiental y que opera legalmente. Tanto entidades estatales como mineras apelaron la sentencia. El caso subió a un tribunal de la Corte de Pichincha, conformado por Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, quienes resolvieron la causa en un tiempo récord de dos días.

Sin pronunciarse sobre el fondo de la acción, le dieron la razón a las entidades de control y a las mineras. Ordenaron la reapertura de las actividades extractivas en esta zona de La Maná.

Esto llevó a Acquad’or a interponer una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable.

La empresa demandante, que tiene sus instalaciones en la zona de influencia de las operaciones extractivas, indicó que en la sentencia impugnada se vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, además menciona que se vulneraron “los derechos de la naturaleza”.

Posibles omisiones de los jueces

En cuanto a la vulneración de la garantía de motivación (argumentación), la demandante señala que los jueces de la Corte de Pichincha no se pronunciaron sobre uno de sus cargos relevantes: la falta de otorgamiento –a favor de Comiange- de licencia ambiental, autorización de uso de aprovechamiento de agua y certificación de no afectación, para ejercer actividades mineras. También omitieron abordar otro argumento relevante, que es el contenido de varios informes de inspección realizados por entidades gubernamentales, ya que la sentencia impugnada solo alude a la mera realización de los reportes. No analiza su contenido.

La Corte Provincial concluyó que no existió vulneración a la seguridad jurídica. Indicó que el Ministerio de Energía y Minas tramitó procedimientos administrativos iniciados por denuncias de la demandante (en los que se solicitó la caducidad de las concesiones). Sin embargo, no analizó ni se pronunció sobre las omisiones alegadas para demostrar la violación de derechos de ese ministerio. Tampoco sobre las posibles negligencias de las otras entidades públicas involucradas.

Además, alega que se vulneró la garantía de cumplimiento de normas y derechos de las partes, porque ante la ausencia de pruebas de las entidades estatales para demostrar que no existió una omisión que vulnerara derechos constitucionales, debió aplicarse la inversión de la carga de la prueba. En estos casos son esas instituciones las que debían probar que eso ocurrió. No lo hicieron.

Por último, la demandante alega que en la sentencia impugnada se vulneran precedentes de la Corte Constitucional relativos a los principios pronatura y precautorio en materia de derechos de la naturaleza

Como pretensión, solicita que se acepte la acción, se deje sin efecto la sentencia de segundo nivel, se declare el error inexcusable de los jueces accionados y se ordenen las medidas de reparación integral correspondientes.

¿Por qué la Corte admitió el recurso?

Con relación a la afectación de los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica, el tribunal de la Corte Constitucional indica que los argumentos expuestos de Acquad’or C.A. especifican claramente cuáles circunstancias relevantes acarrearon la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales. Consisten en que la decisión impugnada no se pronunció sobre los cargos relevantes formulados en la acción de protección de origen y que se vulneraron preceptos relacionados con la carga de la prueba en materia de garantías jurisdiccionales.

Además, se observa la existencia de argumentos claros sobre cómo las actuaciones del órgano judicial han presuntamente infringido los derechos alegados.

Para los jueces constitucionales, el fundamento de la acción no se agota en lo injusto del fallo, ni en argumentos sobre la falta o indebida aplicación de la ley, ni tampoco se fundamenta en la apreciación de prueba del juez, sino en presuntas violaciones a los derechos constitucionales de la empresa por la Corte Provincial.

Por su excepcionalidad solo un 10% de estos recursos son admitidos por la Corte Constitucional. Un requisito para que este alto tribunal admita una acción extraordinaria de protección es que permita solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional o sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional.

“Este Tribunal considera que la admisión de la demanda podría resolver una posible vulneración grave de derechos constitucionales de la sociedad accionante, relacionada con la falta de motivación por incongruencia frente a las partes y la reversión de la carga de la prueba en garantías jurisdiccionales. Por consiguiente, la demanda presentada cumple con el requisito de relevancia constitucional”.

La jueza anticorrupción María Fernanda Castro Argos sobreseyó al sargento del Ejército, Segundo C., y a los militares, en servicio pasivo, Leonel J. y Jairo A., pese a que la Fiscalía presentó abundantes pruebas sobre su supuesta participación en delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. En el juicio existen chats del celular de Segundo C., que indican que fue contratado por operadores de la mafia albanesa para identificar a los militares que en enero del 2024 ubicaron y capturaron 22 toneladas de cocaína en una hacienda en Los Ríos. El plan habría sido infiltrar a la unidad de inteligencia y dar con el paradero de sus fuentes, para asesinarlas.   

Redacción Código Vidrio

Pese a las abundantes pruebas en su contra, que apuntan a su relación con la mafia albanesa, la jueza anticorrupción, María Fernanda Castro Argos, sobreseyó al sargento del Ejército, Segundo C., y a los militares en servicio pasivo Leonel J. y Jairo A., procesados por lavado de dinero y asociación ilícita.

La decisión de la jueza, que ha causado una gran preocupación en las Fuerzas Armadas y el Gobierno, fue inmediatamente apelada por la Fiscalía durante la audiencia oral preparatorio de juicio celebrada en el complejo judicial en Quito, el viernes 25 de enero pasado.

Este proceso ha estado marcado por dilaciones y demoras desde cuando empezó, en marzo del año pasado. La audiencia de juzgamiento se celebró diez meses después por continuos diferimientos avalados por la jueza Castro. Por este motivo la causa estuvo a punto de extinguirse.

La captura de los uniformados

Los tres militares fueron capturados el jueves 1 de marzo pasado, por la Policía en un restaurante de KFC, cerca al parque El Ejido, en el centro norte de Quito, en una operación coordinada con Inteligencia militar. Cuando fueron capturados, los uniformados no pudieron justificar el origen de 100 mil dólares, con los cuales querían sobornar a agentes de Inteligencia para recabar información sobre el operativo que en enero decomisó 22 toneladas de cocaína en Los Ríos, por un requerimiento de operadores de la mafia albanesa, según consta en el proceso judicial.

En su defensa, los procesados dijeron que habían llegado a Quito desde Los Ríos con ese dinero para comprar un camión. Sobre el origen del dinero indicaron que los obtuvieron a través de préstamos y con la venta de un automóvil. Los montos que proporcionaron no coincidían, tampoco tenían respaldos documentales que corroboren sus versiones, según la Fiscalía.

Entonces, la jueza ordenó la prisión preventiva de los dos exmilitares y concedió medidas sustitutivas a favor de Segundo C., quien fue liberado y se ha presentado periódicamente al juzgado, con prohibición de abandonar el país.

Informes y documentos adjuntados al proceso y revisados por Código Vidrio indican que en realidad todo el dinero pertenecía al sargento Segundo C. Según chats encontrados en su celular, él había sido reclutado por un representante de la mafia Albanesa, que le pagó 300 mil dólares para que ubicara a la fuente que dio información a unidades de Inteligencia del Ejército, lo que permitió la incautación de las 22 toneladas de cocaína.

El alijo fue descubierto cuando los militares que realizaban el operativo en la hacienda buscaban armas y explosivos. Durante la búsqueda llegaron a una bodega subterránea de cemento, ubicada debajo de una chanchera. En el lugar descubrieron un pasillo de 20 metros de largo, aproximadamente, que los condujo hasta pequeños cuartos, cada uno tenía 8 metros de largo, 6 metros de ancho y 2 de altura. En esas habitaciones los militares descubrieron 500 sacos de yute. Cada uno contenía alrededor de 30 paquetes, tipo ladrillo, de cocaína, que estaban envueltos con cinta aislante. Algunos de los bloques tenían sellos con las siglas de dos aerolíneas europeas.

La droga, valorada en más de 300 millones de dólares en el mercado internacional, fue trasladada hasta Quevedo para su pesaje y luego fue destruida. Las 22 toneladas de cocaína fueron transportadas hasta la bodega subterránea por la banda de Los Lobos, según investigadores con conocimiento del caso. Otra -Los Choneros- se encargó de custodiar la droga, mientras que una tercera -Los Lagartos- se suponía que la introduciría de contrabando en el puerto. Por último, Los Chone Killers, se encargaría de que saliera oculta en un buque portacontenedores designado.

Tras la captura de la droga, los albaneses, a través de uno de sus intermediarios, contactaron al sargento Segundo C. V., para que consiguiera información sobre los uniformados que participaron en el operativo. Su objetivo era ubicarlos, en especial a quien dirigió la operación de inteligencia desde una unidad especial.

Tras la incautación del mayor cargamento de droga se abrieron tres procesos judiciales. Dos para investigar quienes eran los dueños de la droga, que empezaron inmediatamente, y el de lavado y asociación ilícita.

En el Ejército el sargento de Inteligencia fue dado de baja, en septiembre pasado, pero volvió a ser detenido por robo de combustibles en diciembre pasado.

El sargento contacta a sus compañeros   

Pocas semanas después de la captura de la droga, en enero de 2024, Segundo C. empezó a contactar a otros militares de Inteligencia, integrantes de la unidad militar que accedió a la información del sitio donde se encontraba la cocaína, para intentar acceder a la información.

En febrero, durante varios días, llamó insistentemente a un militar en Quito para ofrecerle un pago por la información precisa de la fuente, su identidad y fotografía; y así poder identificar a todo el equipo militar y policial que participó en el operativo, para que sean ubicados y, de ser el caso, asesinados.

En los informes del caso hay chats y un video en el cual el militar le envía al uniformado un video donde muestra los fajos de billetes de 100 dólares que había recibido como pago.

 El 24 de febrero el sargento llamó nuevamente al militar y le comentó que la mafia albanesa lo había contactado a través de un amigo para que ubicara datos del informante.

En ese diálogo le dijo que las 22 toneladas incautadas eran de los albaneses, pero que de todas formas era una bodega pequeña. Y que tenían otra bodega más grande, con 70 toneladas de coca encaletadas, que temían que podría ser localizada por los uniformados con información de la misma fuente. Por eso quería localizar al informante lo antes posible para que luego fuera ejecutado.

En los diálogos, Segundo C. menciona que entre los “duros” de esa organización no hay ningún cabecilla de Los Lobos o Los Choneros: “son de arriba, de los albaneses”. “Los manes tienen miedo de que les caigan a la bodega más grande”.

Relata que algunos de los responsables de la captura de las 22 toneladas ya han pagado piso, pero que ahora buscan al “efectivo”, por lo cual pide consejo sobre la cifra que deberían pedirle al “man”.

Mensajes del celular de Segundo C. con exmilitar

–(Segundo C.) «C»: Claro ya van algunos, pero quieren ahora si al efectivo, al propio quieren los manes o cuanto crees tú para ponerle la cifra así al man.

–(Y.J.) «Y»: Pero haber ahí necesitas tu saber que, que pinta el man con la organización.

–«C»: Ya verás escúchame, el duro de los duros de la organización no es ningún lobo no es ningún chonero, el duro duro es el de arriba de los Albaneses, verdad. Ya ahora que es lo que pasa que esa bodeguita de ahí ha sido la bodeguita pequeñita v los manes tienen miedo que les caigan a la bodega más grande, de 70 toneladas que tienen guardada, ya el man”.

El sargento Segundo. C. también indicó en los mensajes que a él no lo contactaron directamente los albaneses.

-“A mí no me contacta ningún Albanés. El albanés contacta alguno de sus perros, ese perro ubica a otro perro y ese a otro y a otro pero a otro perro y ese otro perro a otro perro y ese perro a un man conocido y ese conocido a un man de inteligencia pasivo y ese pasivo a otro pasivo y ese pasivo llega donde mí”.

–«Y»: jajaja hablas vergas, pero voz mismo tas viendo que hay mucho hilo hno ahí y en es vaina no se camella así pues.

–«C”: Es que yo no me voy arriesgar tampoco a darles la cara a esos hptas, yo jamás en mi puta vida voy a dar la cara. Antes hpta yo lo único. Lo que podemos hacer bodi es decir en esta casa vive, ésta es la foto del man, pero antes, pero deme primero la plata, haber deme primero la plata!!, y yo a quienes les daría trabajo son a los intermediarios son los de inteligencia pasiva que están metidos en ésta vuelta, a vengan para acá los dos, aquí está la ubicación, aquí está la foto, pero eso me gustaría hablar contigo personalmente bodi no se ésta es nuestra oportunidad hpta para salir del cero y pagar poquito a poquito las deudas que tenemos solamente quedaríamos entre tú y yo por la confianza que te tengo si bodi a noche vino el man aquí al cuartel que yo estuve de guardia dice mire bodi aquí está la plata tome me dice no le digo yo no voy a coger ni un centavo hasta cuando yo este prácticamente claro de la situación porque ese trabajo no es mío le digo ese trabajo es de otros lados de por allá del oriente vinieron a camellar esta vuelta aaa me dice el man ponte pilas me dice los manes también se están ganando un billete

–«C»: Claro es que de ley los manes deben ir picando picando toda esa red que esta por ahí armándose esos manes pica y pica no es por las huevas que están haciendo eso.

–«C’: Por eso es que nosotros somos, o sea mi persona con tu persona, seríamos los claves, yo no quiero trescientos yo quiero cuatrocientos por ejemplo, me entiendes. Yo no quiero cuatrocientos, tú me vas a decir quiero quinientos, un ejemplo no más te pongo, por un ejemplo, ya debe ser una cifra en el cual podamos ir sacando poquito a poquito, si me entiende, pero son puro billete de a 100 yo los vi bodi Así puta por la vida de mis hijos por las ánimas de mi madre yo vi la plata bodi, y no le tomé la foto…”

• El candidato vicepresidencial del correísmo Diego Borja y su empresa Gesticon obtuvieron importantes ingresos con los recursos provenientes de un contrato entre la empresa de servicios petroleros Downhole y Petroecuador.
• Borja tuvo la audacia financiera suficiente para hacerse con un 65% promedio de utilidades de esa contratación de 11 millones de dólares, al alquilar, sobre la marcha, un taladro para reemplazar uno que se dañó, con el que la contratista daba el mantenimiento de pozos petroleros en la Amazonia. Borja compró el equipo con un préstamo de 1,5 millones de dólares del Banco Amazonas y luego lo vendió a su empresa para que lo alquile a Downhole, como parte de un acuerdo de negocios firmado entre ambas compañías. 
• En ese convenio se estableció que el crédito que obtuvo Borja sería pagado con los recursos del contrato con Petroecuador. El convenio fue suspendido en diciembre pasado por irregularidades y posible conflicto de intereses de Borja, que ha denunciado una persecución política.
• Downhole denunció que los recursos controlados por la intermediación de Gesticon en un fideicomiso tienen un manejo opaco y discrecional. Hasta la suspensión, Petro pagó 8,5 millones por la contratación.
• Mientras en 2022, Gesticon tuvo pérdidas por 194 mil dólares, el 2023 reportó ganancias por 183 mil dólares.         

Redacción Código Vidrio

En este negocio «entre privados» el pez chico se comió al grande, en un mar de fondos públicos. El que parecía ser un proyecto seguro y beneficioso para la empresa de servicios Downhole Tools con Petroecuador, desembocó en aguas turbulentas cuando debió asociarse, sobre la marcha, con un navegante inesperado: el hoy candidato vicepresidencial del correísmo Diego Borja.

A partir de esa sociedad, que empezó en septiembre de 2022, los contratiempos y las pérdidas han sido sistemáticos para Downhole. Actualmente, esa contratista enfrenta serios problemas económicos porque no ha podido pagar a sus trabajadores ni proveedores. La principal razón son los incumplimientos, manejos opacos y discrecionales de Borja y su empresa Gesticon, a través del Fideicomiso Fidunegocios, según denunció Downhole.

 Las irregularidades en esa contratación y la participación, hasta ese momento desconocida, de Borja, salieron a la luz el pasado 19 de diciembre. Ese día, Petroecuador informó que detuvo los pagos y suspendió el contrato con Downhole, al detectar irregularidades en el proceso contractual. Sobre todo, por un presunto conflicto de intereses por los nexos directos de Downhole con Gesticon, empresa de Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), junto con Luisa González.

Entonces, Borja dijo que la decisión del Gobierno de suspender el contrato era una persecución política sin fundamento, pues él no tenía contratos con Petroecuador. Y aclaró que su empresa Gesticon fue subcontratada por Downhole para el alquiler de un taladro de mantenimiento de pozos petroleros, en 2022. Pero Downhole no subcontrató a Gesticon. Se asoció con esa firma, creada en 2019 por Borja y su esposa Mariuxi Cedeño. Ambos son sus principales accionistas.

El contrato 2022260 para el Servicio de Reacondicionamiento de Pozos con Torres de Workover Permanentes para todos los Campos en Lago Agrio, Cuyabeno y Shushufindi, operados por Petroecuador se adjudicó a Downhole Tools S.A. en junio de 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso. El monto acordado fue de 10,9 millones de dólares más el pago de IVA, con una duración de tres años (2022-2025).

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• La operación Workover implica el reacondicionamiento de pozos petroleros para aumentar la producción o reparar fallas mecánicas. Esto incluye limpiar pozos, reemplazar equipo dañado y realizar operaciones de cementación para mejorar el flujo de petróleo y gas. 

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En el convenio, la compañía garantizó que sus equipos estaban en perfecto estado y tenían la capacidad de prestar servicios durante todo el período del contrato. Además se estableció que la empresa no podrá reemplazar materiales, repuestos y equipos para la prestación de este servicio, sin una autorización escrita de Petro. Tampoco podía traspasar o ceder los derechos del contrato ni subcontratar a terceros, sin consentimiento escrito.

Borja compra el taladro en China

No obstante, a las pocas semanas de empezar los trabajos en los pozos, el taladro se dañó, por lo cual Downhole debió suspender sus operaciones de mantenimiento con las torres workover. La empresa informó lo ocurrido a Petroecuador, que le dio un plazo de 45 días para conseguir otro equipo, según fuentes del Gobierno.

Con el tiempo en contra, la empresa buscó un inversionista que pudiera adquirir el taladro para no incumplir el contrato. Entonces apareció Diego Borja, quien les ofreció ser el intermediario para solucionar lo ocurrido mediante un Acuerdo de Negocios privado. Ese acuerdo se firmó el 1 de septiembre de 2022 entre el accionista principal de Downhole, Juan Francisco Flor, con Gesticon, de Borja, para la “Adquisición de un Equipo de Workover y Periféricos para el Alquiler a Empresas Públicas y Privadas”.

 En vista de que Gesticon no tenía la solvencia necesaria para obtener un crédito para la compra del taladro -según un informe de la gerencia de la empresa del 2022- Borja gestionó y obtuvo un crédito en el Banco Amazonas de 1.550.000 dólares, que luego prestó a su empresa para que pudiera ejecutar el acuerdo con Downhole. En esta operación el candidato de RC5 fue prestamista y acreedor.

Posteriormente, Borja y su firma compraron a la empresa china Tiajin Petroleum un equipo Workover XJ650 (taladro), según las especificaciones técnicas que recibió de Downhole. Además acordaron el transporte del equipo desde Tianjin, China, hasta la base de las operaciones de mantenimiento de los pozos en El Coca, Orellana.

Para viabilizar el acuerdo se hicieron dos contratos: un Encargo Fiduciario Downhole y un Fideicomiso de Administración de Flujos Downhole, entre diciembre de 2022 y enero de 2023. En esos documentos constituidos por Downhole se estableció un rol preponderante y beneficios económicos mayoritarios para Gesticon, que sería el “interlocutor en todos los aspectos financieros ante la Fiduciaria que administrará el Encargo Fiduciario y el Banco Amazonas”.

PAGOS DE PETROECUADOR POR CONTRATO CON DOWNHOLE 

 

A través de estos instrumentos financieros se administraron el flujo de fondos y los recursos provenientes de todos los pagos realizados por Petroecuador por los servicios de mantenimiento en los pozos, con los equipos alquilados para la operación a Downhole. Como prioridad se estableció que los recursos transferidos por Petro a la cuenta del Banco Amazonas se destinaran al pago del crédito bancario. El saldo restante se transferiría a la cuenta del Fideicomiso de Administración de Flujos Downhole, para su asignación y reparto, según las instrucciones establecidas en el Acuerdo de Negocios (Septiembre) y en una Adenda (noviembre 2022).

Esos términos fueron beneficiosos para Gesticon y Borja, que como financista principal de la operación impuso sus condiciones. Ahí se estableció, entre otras cosas, el pago mensual para el hoy candidato del correísmo de tres mil dólares durante el tiempo que dure el acuerdo de negocios y contrato con Petroecuador. Además, una remuneración variable del 30% sobre la utilidad operacional que le corresponda a Gesticon.

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• Mientras en 2022, Gesticon tuvo ingresos por 9.360 dólares y declaró pérdidas por 194 mil dólares, el 2023, apuntalada por el acuerdo con Downhole, reportó ingresos por 310 mil dólares y ganancias netas de 187 mil dólares. En ese balance de la Superintendencia de Compañías no consta ningún pago por la compra del taladro en China.

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Los repartos de utilidades  

En un cuadro del Acuerdo se fijan los porcentajes de las utilidades por la participación en el proyecto. Mientras Gesticon recibe entre el 55% y  el 75% de las utilidades, Downhole recibe entre el 25% y  45, durante la ejecución de los tres años del contrato.

 

Desde la firma del contrato, en 2022, hasta marzo de 2023, los pagos de las planillas  por los servicios de Downhole Tools se depositaron en la cuenta 2100014054 en Banco del Pichincha. Sumaron 3,2 millones de dólares, según los registros de pagos de Petroecuador revisados por este medio.

A partir del 23 de abril del 2023 (cuando el acuerdo con la empresa de Borja empezó a aplicarse), los pagos cambiaron de destinatario. Fueron transferidos a la cuenta 3031076705 en el Banco Amazonas. Sumaron 5,3 millones de dólares hasta el 19 de noviembre del 2024. En total, según los reportes, Petro ha cancelado por este contrato, hasta su suspensión, más de 8,5 millones de dólares.

Pese a los pagos efectuados por Petroecuador, la mayoría de los fondos no se distribuyeron ni se han administrado en el Fideicomiso, según los términos acordados. “Dicho fideicomiso no ha reportado la distribución de flujos de manera transparente ni ha develado las liquidaciones con las que realizan dichas distribuciones dando como resultado, en nuestros registros, aproximadamente 2.5 millones de dólares pendientes de justificar, donde constan valores no liquidados”, denunció en un comunicado el viernes pasado Downhole.

“Con lo expuesto -agregó- se ha perjudicado directamente a Downhole y a todos los involucrados en nuestras operaciones (…). Se ha afectado la estabilidad financiera y operativa, junto con la imagen de quienes la representamos”.

 Además la compañía aseguró que no controla el fideicomiso, que actualmente está intervenido por la Superintendencia de Compañías, según conoció este medio. “Es la empresa Gesticon, o la persona que designe, ya que asumió la responsabilidad de administrar los recursos recibidos del contrato con Petroecuador”.

En una entrevista en el noticiero radial A Primera Hora, Borja dijo este miércoles 15 de enero que él como persona natural no maneja el fideicomiso, del cual su empresa Gesticon es parte, y es la que tiene la deuda con el Banco Amazonas. Estas afirmaciones no coinciden con lo que indican los documentos. Según consta en el fideicomiso y en el acuerdo de negocios, Borja es el acreedor del préstamo y su empresa la responsable de la intermediación para el manejo de los recursos entre las partes.

Desde la semana pasada, pedimos una entrevista con Borja para que explicara su participación y los beneficios que ha recibido, a través del fideicomiso, con los fondos del contrato con Petroecuador, pero no ha respondido a nuestros requerimientos. Tampoco ha dado a conocer qué garantías entregó para recibir el crédito de 1,5 millones, inquietud que no ha sido absuelta por representantes del Banco Amazonas o la administradora del fideicomiso, a quienes también pedimos esa información, llamando a sus celulares y enviando mensajes a las direcciones de correo electrónico que constan en los contratos notariados que revisamos. Otra inquietud no esclarecida es ¿Quién pagó finalmente el crédito? Si Gesticon es el deudor debía pagarle a Borja, para que a su vez le cancele al Banco Amazonas. No obstante, en los documentos, se establece que ni Borja ni Gesticon deben pagar el préstamo sino el Encargo Fiduciario con recursos generados por el contrato con Petroecuador.

El padre de dos de los menores asesinados denuncia que se tejen mentiras sobre el caso. Esta alianza reconstruye las fallas de la operación, dirigida por un oficial de 28 años, que tiene un juicio de alimentos y afirma no conocer Guayaquil. Los 16 militares procesados aseguran que liberaron a los cuatro chicos en Taura, con vida. El padre de dos de ellos confirmó que -por pedido de su hijo- un hombre desconocido le escribió por WhatsApp indicándole que estaba con ellos en ese poblado, golpeados, desnudos y hambrientos. Sin embargo, conforme pasaban los minutos le indicó que no pudo hacer más por los chicos porque la mafia los había retenido. Ese sector es controlado por la banda de Los Choneros. Las horas siguientes otro sujeto le escribió para extorsionarlo y pedirle el pago de un rescate, que nunca ocurrió, según consta en el expediente de más de 300 páginas revisado por este equipo periodístico.    

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Hace 37 días los vio, sin saber que sería la última vez. Sin presagiar que Ismael y Josué, dos de sus hijos, serían cruelmente asesinados e incinerados, junto a otros dos menores. Los cuatro fueron detenidos el ocho de diciembre por una patrulla militar, en el sur de Guayaquil. Los militares afirman haberlos dejado a salvo en la entrada de Taura.  Los restos calcinados fueron hallados días después. ‘Los responsables del crimen tendrán que pagar con la justicia divina’, dice Luis Arroyo, su padre. La suya es una familia que se sostiene en la fe cristiana. Él tuvo cinco hijos, tres en el hogar del que salieron Ismael y Josué, para no volver con vida.

Luis se encuentra en vacaciones forzadas mientras su familia enfrenta esta doble pérdida; el asesinato de sus hijos no ha sido esclarecido. Desde hace dos años trabaja en un almacén de distribución de electrodomésticos. A diario salía después de las cinco de la tarde de su trabajo, para recoger a Ismael, de 15 años, quien se encontraba en décimo y estudiaba en la jornada vespertina. Carismático y alegre, jugaba de delantero y quería ser futbolista profesional. Entrenaba de cinco y media hasta siete y media de la noche. “Yo mismo lo iba a recoger de los entrenamientos”, dice Arroyo, desconsolado. Ahora siente el vacío, no tiene a quién llevar a la cancha.

Su hijo Josué, que en octubre cumplió 14 años, destacaba en los estudios, cursaba noveno, en la jornada matutina. Él se quedaba acompañando a su madre, mientras su hermano entrenaba.

Luis Arroyo relata que el futbolista Michael Arroyo es su hermano por parte de padre. “Él apoyó a mis hijos siempre. En la Asoguayas jugaron entre primos hermanos. El hijo de Michael está en un equipo internacional de Durán”.

Sus hijos querían seguir esos pasos. “Se ponían aquí a conversar con la mamá, que el uno era más bueno que el otro, que el uno le iba a comprar la casa a la mamá primero. Tenían tantas aspiraciones, que uno quería jugar en Brasil y el otro en Francia”. En diciembre esos sueños quedaron truncos. Su familia, destrozada.

¿Por qué tantas mentiras?

En entrevista con esta alianza, Arroyo denuncia que sobre el caso se tejen mentiras, como “que el Presidente nos ha ayudado. Ni siquiera nos ha dado el pésame o unas disculpas. Ellos deben limpiar la honra de nuestros hijos”.

Que no es fácil lo que viven ahora, porque al dolor de la pérdida se suman los rumores, las mentiras. “La gente los tacha como delincuentes, terroristas. Cómo van a creer esto de las criaturas. Me sacrifiqué toda la vida y ellos no son unos delincuentes. Hay gente mediocre (que habla), Dios los perdone y tenga misericordia de ellos”.

Se refiere a sus hijos en tiempo presente. Aún le cuesta aceptar que ya no están a su lado. Que el reloj de su vida se detuvo ese ocho de diciembre, cuando un hombre desconocido le llamó para decir que estaba con ellos, golpeados, desnudos y hambrientos, en el poblado de Taura.

– “Amigo, yo les ayudé a sus hijos, les di agua, boxer, panes pero no podía aser (textual) más. Xq ellos estaban desnudos y los ayudé asta que más pude (textual)”. Así le escribió ese hombre por mensaje de WhatsApp. Le había pedido recogerlos y le envió una dirección. Pero cuando llegó los chicos ya no estaban, pues aparentemente los sacaron antes del sitio en motos.

Luis, angustiado, le insistía por más información, a través del mismo sistema de mensajería.

– “Estamos desesperados, mis hijos no son nada, son sanos, solo les gusta el fútbol y el estudio, barón. No pertenecen a ninguna banda ni nada, por amor a Cristo, barón”.

Luego, le preguntó qué mafia tenía a sus hijos, para hablar con ellos. Todo fue en vano.

Con esa información escasa presentó la denuncia por secuestro junto con los padres de los otros dos niños desparecidos, al amanecer del nueve de diciembre.

A las seis y media de la tarde de ese nueve de diciembre, recibieron otro mensaje truculento, extorsivo. Desde un número con el prefijo 57 (de Colombia) un hombre les indicó que necesitaba recibir dos mil dólares “para no atentar contra su vida y devolverlos sanos y salvos”, según el parte de la unidad especializada de la policía antisecuestros, UNASE. No se ha esclarecido aún cómo el sujeto supo lo que ocurría con los chicos y empezó a extorsionar a su padre.

Según el informe de la UNASE, tanto Arroyo como el padre de otro menor habrían acudido, siguiendo las instrucciones de los falsos captores, hacia el centro comercial Riocentro sur, para entregar 300 dólares. Esto, a pesar de que no recibieron prueba de vida alguna de los chicos.

“Una vez suscitado dicho evento, que se trataría de una estafa realizada por el accionar de las publicaciones en medios digitales (realizadas por los padres desesperados), se vuelve a reunir a las familias para indicarles que todo fue una mentira, ya que estos sujetos no tenían a sus familiares”, escribió el agente investigador de Unase en su parte, por esos días.

Esta alianza pidió su versión al padre de los dos menores. “Eso es falso. Lo que dicen las redes no es verdad”.

De su parte, Billy Navarrete, representante de la entidad de derechos humanos que apoya a las familias, afirmó desconocer sobre el presunto pedido del pago de un rescate.

El 16 de diciembre, pasadas las siete de la noche, otro de los padres recibió un mensaje, también por WhatsApp. En él, una persona que decía ser recolector de cangrejo le contaba que halló los restos de un menor en el estero Juan Chavelo. Al día siguiente la policía realizó la búsqueda por aire, en helicóptero, y por tierra, sin resultados. Horas más tarde, los familiares recibieron nuevos indicios, que tampoco arrojaron resultados.

– “Los policías y militares … no entraron a la casa que están los chicos en Taura (…) se escuchan los gritos de los chicos que piden ayuda…”.

Una nueva incursión se realizó, sin éxito, según el parte de los uniformados, adjuntado al proceso de más de 300 páginas que esta alianza periodística revisó.

Las fallas de la operación militar

Tres soldados, cinco uniformados con rango de cabo segundo; cuatro en el grado de cabo primero, dos sargentos y un suboficial segundo estaban al mando de un subteniente, de 28 años. Él dirigió las operaciones ese domingo ocho de diciembre, cuando los chicos fueron capturados. La patrulla terminaba la misión de resguardar a un camión que transportaba mercadería decomisada, hacia la Aduana.

Los 16 uniformados pertenecen a la Fuerza Aérea. Iban en dos camionetas, de color blanco y plomo. Según las versiones de los militares, mientras regresaban de ese operativo, escucharon gritos de auxilio de la población, ante el supuesto robo en la vía pública. Detuvieron los carros, persiguieron a quienes huían y capturaron a tres personas, una cuarta les fue entregada por los pobladores.

La mayoría de los uniformados coincide en mencionar que el procedimiento indicado consistía en entregar a los detenidos a la unidad policial comunitaria (UPC) más cercana, en este caso, la de Virgen de Fátima. Sin embargo, en el camino el oficial a cargo dispuso realizar un control de armas y explosivos en un carro sospechoso. Además, recibieron la alerta de desmanes en un club de diversión nocturno en la vía a Taura, por lo que tomaron una vía secundaria. Un obstáculo les impedía avanzar, por lo que los militares habrían bajado a retirarlo, con ayuda de los cuatro detenidos. Varios de los uniformados coinciden en que luego de quitar el árbol, el mayor de los aprehendidos habría pedido que los dejaran libres. De este modo los habrían liberado en la vía a Taura. Los 16 uniformados coinciden en que los dejaron vivos.

Solo dos de los militares declararon que no tuvieron dudas de que se trataba de mayores de edad, por su estatura y contextura. El resto informó que no se pudo cumplir el procedimiento de verificar la edad, porque los detenidos no tenían documentos.

El más antiguo de la patrulla, el subteniente de 28 años, afirmó que accedió a liberarlos, en retribución a la colaboración que prestaron para retirar el árbol. Estimó que el mayor de los detenidos tenía 18 a 20 años por su estatura, calculó que era más alto que él. Cuando fue interrogado sobre las unidades policiales más cercanas al sitio, afirmó que no conoce Guayaquil. Sin embargo, en su cédula se indica que nació en Carbo, Guayaquil. Cuando ocurrieron estos hechos, él acababa de enfrentar una demanda por alimentos, según documentación revisada por esta alianza.

Los militares insisten en que los dejaron vivos, sanos y vestidos en la vía a Taura, por pedido expreso de uno de los menores.

Luis Arroyo clama al cielo por justicia. Sabe que otros niños tienen temor. “Ya no salen, vieron la aberración de llegar a la cizaña de matar a nuestros hijos, llegar hasta quemarlos. No tienen perdón de Dios. (Los responsables) van a tener que pagar con la justicia divina”.

• El capo albanés Dritan Rexhepi volvió a Ecuador su centro de operaciones, desde 2011. En menos de una década creó un negocio criminal, que iba desde las plantaciones colombianas, hasta los puertos de Ecuador y las calles de Europa, rivalizando con los poderosos carteles mexicanos, revela una investigación publicada por el Washington Post.  
• El ascenso del albanés, de gatillero en su país natal, Albania, a capo transatlántico es parte fundamental de una explosión global en la industria de la cocaína. Hoy es un negocio que es mucho más grande y geográficamente más diverso que en cualquier otro momento de la historia. Ecuador es uno de los puntos de tránsito de cocaína más importantes del mundo.
• A pesar de las decenas de miles de millones de dólares gastados en la guerra de EE.UU. contra las drogas en América Latina, la industria del narcotráfico no solo ha crecido, sino que se ha globalizado, con nuevas rutas, nuevos mercados y nuevas empresas criminales, según el reportaje realizado por Samantha Schmidt, Arturo Torres y Anthony Faiola.
• La investigación del Post sobre la expansión global del negocio de la cocaína y el ascenso de los narcotraficantes albaneses se basa en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios actuales y anteriores en Ecuador, Colombia, Europa y EE.UU., miembros de bandas en Ecuador y miles de páginas de documentos judiciales de Ecuador, Albania e Italia.
• Revela cómo las redes criminales lideradas por albaneses se infiltraron en los puertos, el poder judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad de este país para hacerse con el control de eslabones clave de la cadena de suministro de cocaína y desencadenar un diluvio de la droga en Europa: un mercado de cocaína anual de más de 12 mil millones de dólares.

Redacción Código Vidrio

Desde la cárcel de Cotopaxi el capo albanés Dritan Rexhepi levantó su imperio en el negocio mundial de la cocaína, tejiendo alianzas con otros carteles y bandas, rivalizando con los poderosos carteles mexicanos, según una investigación publicada este sábado por el Washington Post 

El capo de la droga ya había escapado de la ley en tres países y planeaba hacerlo de nuevo. Así arranca el reportaje investigado en Ecuador, Colombia, Italia y Albania por Samantha Schmidt, Arturo Torres, director de este medio, y Anthony Faiola.

En menos de una década, Dritan Rexhepi había creado un negocio de contrabando que iba desde las plantaciones  amazónicas de Colombia hasta los puertos de Ecuador y las calles de Europa, según dijeron investigadores italianos y latinoamericanos, rivalizando con la influencia de los poderosos cárteles de México. Su marca, grabada en los paquetes de cocaína, era “Bello”, destaca la investigación publicada por el Washington Post, y tomó más de ocho meses de reportería.

Según destaca el Post, el ascenso del albanés, de gatillero en su país natal, Albania, a capo transatlántico es parte de una explosión global en la industria de la cocaína. Es actualmente un negocio que es mucho más grande y geográficamente más diverso que en cualquier otro momento de la historia.

América del Sur produce actualmente más del doble de cocaína que hace una década. El cultivo de coca en Colombia, origen de la mayor parte de la cocaína del mundo, se ha triplicado. La superficie de tierra utilizada para cultivar el ingrediente base de la droga es más de cinco veces mayor que cuando el infame capo de la droga Pablo Escobar fue asesinado en 1993, según datos de Estados Unidos.

No obstante -destaca el reportaje- la producción sigue aumentando. En 2022 hubo un récord de 2.757 toneladas de cocaína en todo el mundo, un aumento del 20 por ciento con respecto a 2021, según el informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

“Está subiendo y subiendo y subiendo”, dijo Thomas Pietschmann, un oficial de investigación de la ONUDC. “Hace unos años, la gente decía que el futuro eran las drogas sintéticas… En este momento, sigue siendo la cocaína”.

La industria de la cocaína se globalizó

La investigación del Post documenta que durante décadas los consumidores de cocaína fueron principalmente estadounidenses, y la interdicción era una prioridad de ese gobierno. Pero a pesar de las decenas de miles de millones de dólares gastados en la guerra de ese país contra las drogas en América Latina, la industria no solo ha crecido, sino que se ha globalizado, con nuevas rutas, nuevos mercados y nuevas empresas criminales.

Casi todos los países de la región se han convertido en un importante productor o transportador de la droga. Ecuador es hoy uno de los puntos de tránsito de cocaína más importantes del mundo. La demanda se está disparando en Europa, que rivaliza con EE.UU. como el principal destino de cocaína del mundo.

El consumo de cocaína en los países se quintuplicó entre 2011 y 2021, y superó al de Estados Unidos en 2022. Si bien EE.UU. sigue siendo un mercado enorme, el consumo de cocaína ha disminuido un 20 por ciento desde 2006, según la ONU.

Los grupos criminales de los Balcanes, Italia, Turquía y Rusia han llegado a América Latina para obtener una parte del negocio, indica el reportaje. Pocos han logrado abrirse camino en el tráfico de cocaína como las redes criminales albanesas, coinciden los investigadores y analistas.

«Sabemos que no hay un solo canal para la cocaína», dijo Marco Martino, un alto funcionario de la policía italiana a cargo de coordinar las operaciones antinarcóticos. Pero «los albaneses», dijo, «son los mejores y los más grandes».

A medida que la producción de cocaína explotaba, las redes criminales albanesas aprovecharon la oportunidad que se les presentaba. Fueron fundamentales para llevar la droga a Europa y alimentar el consumo en todo el continente.

Rexhepi levantó su imperio desde una celda en Ecuador

Rexhepi, de 44 años, construyó gran parte de su imperio desde una celda en una prisión ecuatoriana, fomentando conexiones con pandillas latinoamericanas y convirtiendo su bloque de celdas en una suite ejecutiva.

Un abogado que lo representa en Albania se negó a hacer comentarios. Rexhepi, en una apelación de 2015, negó cualquier participación en el tráfico de drogas, «ya sea como autor, cómplice o cómplice». Pero en 2021, Italia solicitó su extradición, advirtiendo a las autoridades de Ecuador en una carta de su embajada en Quito que Rexhepi era el «líder indiscutible» de una red de narcotráfico albanesa con alcance global y acceso a «cantidades infinitas de cocaína».

El surgimiento de Rexhepi como un temido agente de poder dentro de la prisión de Cotopaxi fue sintomático del colapso del control gubernamental en Ecuador. Pero como las autoridades de Roma buscaban encarcelarlo por tráfico de drogas, decidió que era hora de mudarse nuevamente. En agosto de 2021, el juez Diego Poma, alegando una necesidad médica, ordenó su liberación y dio paso a su arresto domiciliario en Samborondón, en Guayaquil, según consta en el proceso judicial.

Luego, como era previsible, Rexhepi desapareció, indica el reportaje del Post. Esta investigación sobre la expansión global del negocio de la cocaína y el ascenso de los narcotraficantes albaneses se basa en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios actuales y anteriores en Ecuador, Colombia, Europa y Estados Unidos, miembros de pandillas en Ecuador y miles de páginas de documentos judiciales de Ecuador, Albania e Italia.

Revela cómo las redes criminales lideradas por albaneses se infiltraron en los puertos, el poder judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad de Ecuador para hacerse con el control de partes clave de la cadena de suministro de cocaína y desencadenar un diluvio de la droga en Europa: un mercado de cocaína anual de más de 12 mil millones de dólares, según la Agencia Europea de Medicamentos. “Con estas ganancias, estas organizaciones logran infiltrarse en todas las instituciones públicas y privadas, corrompiendo cualquier estructura”, dijo en una entrevista al Post el exdirector antinarcóticos de Ecuador, general Willian Villarroel.

Socios, no rivales: el salto de los albaneses

Los empresarios del narcotráfico de Albania, un país de 2,8 millones de habitantes, han comenzado a rivalizar con los cárteles más poderosos del mundo trabajando con ellos, no contra ellos, transformando la forma en que se maneja el negocio. Las nuevas redes, dicen los investigadores, son a menudo coaliciones criminales de grupos dispares e independientes, en lugar de cárteles jerárquicos y violentamente competitivos.

El informe del Post indica que Europol está al tanto de docenas de clanes o redes criminales organizadas “de habla albanesa” que operan actualmente en Europa, dijo Robert Fay, el jefe de la unidad de drogas de Europol, en una entrevista.

“No se trata de cuántas personas tienes”, dijo Fatjona Mejdini, analista albanesa de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. “Se trata de las alianzas adecuadas que puedes formar”.

Desde su celda en la prisión de Ecuador, Rexhepi allanó el camino. Se hizo amigo de los líderes de la banda más poderosa de Ecuador, Los Choneros, que ya trabajaban para el cártel de Sinaloa de México, según uno de los miembros fundadores de ese grupo, que, como otros entrevistados para el artículo, habló bajo condición de anonimato por seguridad.

Así crearon asociaciones estratégicas tanto con traficantes sudamericanos como con líderes de pandillas en toda Europa. Su objetivo era simple: vender tanta cocaína como fuera posible con abundantes ganancias para todos los socios de los acuerdos.

“Rexhepi es el pionero”, dijo Mejdini.

El estallido de la cocaína

La explosión de la producción de cocaína se remonta a la desmovilización del mayor grupo rebelde de izquierda de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un histórico acuerdo de paz con el gobierno del país en 2016 puso fin al conflicto civil más prolongado del hemisferio, un conflicto en el que Estados Unidos jugó un papel fundamental.

Desde el inicio del paquete antinarcóticos y de seguridad conocido como Plan Colombia en 2000, EE.UU. ha enviado alrededor de 14 mil millones de dólares en fondos a Colombia, al menos el 60 por ciento de ellos para el Ejército y la Policía. El plan se centró en gran parte en combatir la producción y exportación de cocaína del país, que controlaban las FARC, utilizando los ingresos para financiar su insurgencia y asegurar el territorio. Cuando las guerrillas depusieron las armas, proliferaron en las zonas productoras de coca grupos armados más pequeños, impulsados ​​por el lucro más que por la ideología.

Estos narcotraficantes “ya no tienen intereses políticos”, dijo Leonardo Correa, jefe de la misión de la UNDOC en Colombia. “Lo que quieren es sacar la droga lo más rápido posible, para ganar la mayor cantidad de dinero posible”.

Proviene de campos en el centro del país, los productores de cocaína de Colombia han creado “enclaves” cerca de las fronteras y costas del país, para exportar más fácilmente la droga. Estos enclaves se convirtieron en una ventanilla única para un proceso que antes estaba disperso; ahora, el cultivo, la extracción y el refinamiento de la droga se realizan en la misma zona antes de que cruce fronteras cercanas. Tres de los cuatro enclaves más productivos limitan con Ecuador.

Los productores incluso han mejorado la propia planta, creando cultivos híbridos notablemente productivos que extraen más alcaloides de la misma cantidad de hojas.

La cantidad de tierra utilizada para plantar coca en Colombia aumentó un 10 por ciento en 2023, pero la productividad de esa tierra se disparó: la producción de cocaína aumentó un 53 por ciento, según el UNDOC.

Los grupos criminales colombianos industrializaron sus sistemas, las mafias europeas ofrecieron la perspectiva de nuevas rutas para evitar las intensificadas patrullas estadounidenses a lo largo de las costas de Colombia. La cocaína comenzó a circular en cantidades cada vez mayores a través de países como Ecuador, Costa Rica y Paraguay y en barcos con destino a Europa.

En Ecuador, un país que no produce cocaína, las autoridades capturaron más droga en 2023 que las incautaciones totales de Perú en conjunto y Bolivia, el segundo y tercer país productor más importante.

Este año, hasta mediados de diciembre, Ecuador incautó 251 toneladas de cocaína, frente a las 197 del año pasado. Más de 81 toneladas estaban destinadas a Europa, en comparación con solo unas 18 que iban a Estados Unidos y México.

Por solo un kilogramo de cocaína, que vale unos 2.000 dólares en Colombia, los narcotraficantes podrían ganar 25.000 dólares al contrabandearla a EE.UU., pero al menos 31.500 dólares si llegaba a Europa, según funcionarios de la ONU y la UE, consultados para el reportaje publicado por el Post.

En 2022, por sexto año consecutivo, los estados de la UE informaron un número récord de incautaciones de cocaína: Bélgica, España y Países Bajos registraron la mayor cantidad. Casi el 70 por ciento de esas incautaciones de droga se realizaron en contenedores que llegaron desde América Latina.

Las 22 toneladas de los albaneses

Fue una de las incautaciones de cocaína más grandes del mundo registradas, y las autoridades se toparon con ella por accidente.

A fines de enero, oficiales militares ecuatorianos siguieron una pista sobre un alijo de armas y explosivos oculto en una granja de cerdos en Los Ríos. En cambio, en un sótano subterráneo, encontraron 22.000 ladrillos de cocaína, 22 toneladas en total, un botín valuado en más de 660 millones de dólares en el mercado europeo. Los paquetes estaban etiquetados con logotipos de aerolíneas: Iberia, KLM, Qatar, AB, Jet2.

El alijo pertenecía a un grupo criminal albanés, según registros judiciales y agentes de inteligencia.

Para un gobierno ecuatoriano que casi se había derrumbado debido a la violencia del narcotráfico, fue aclamado como un gran golpe al comercio de cocaína. También confirmó el papel global de Ecuador como un punto de tránsito crucial y centro logístico para los narcotraficantes más poderosos del mundo.

Enclavado entre los países productores de cocaína de Colombia y Perú, Ecuador se convirtió en un lugar ideal para los traficantes, dijeron los investigadores. El país contaba con una vigilancia costera limitada, instituciones frágiles y corruptibles, políticas de visas indulgentes que permitían la residencia a largo plazo de extranjeros y un sólido grupo de bandas locales ansiosas por asociarse con grupos europeos para transportar drogas.

El país también contaba con una próspera industria naviera. Es el principal exportador de banano a Europa, y un acuerdo de libre comercio con la UE hizo que las exportaciones de banano crecieran un 40 por ciento desde 2017. El negocio del transporte de banano, que representa más de dos tercios de las exportaciones que salen de Ecuador, proporcionó una forma ideal de tránsito, dijeron los investigadores.

En 2023, aproximadamente la mitad de la cocaína incautada en contenedores en Ecuador antes de partir hacia Europa estaba oculta en envíos de banano, según las autoridades ecuatorianas.

La incautación de enero pasado en una granja para criar cerdos también ilustró el modelo de tráfico albanés, dijeron los funcionarios de inteligencia, con socios externos contratados para cada eslabón de la cadena de suministro de cocaína.

Los grupos armados colombianos manejan la producción y el transporte por la frontera, y las bandas ecuatorianas se encargan de eso. Para trasladar las 22 toneladas de cocaína, por ejemplo, una banda, Los Lobos, transportó la droga a la bodega subterránea, según un funcionario de inteligencia con conocimiento del caso. Otra, Los Choneros, se encargó de custodiar la droga, mientras que una tercera, Los Lagartos, se suponía que la introduciría de contrabando en el puerto. Por último, Los Chone Killers, se encargaría de que saliera oculta en un buque portacontenedores designado. Tras la captura, los albaneses, a través de uno de sus intermediarios, contactaron al sargento de Inteligencia Héctor Castillo Viejo, para que consiguiera información sobre los uniformados que participaron en el operativo. Su objetivo era ubicarlos, en especial a quien dirigió la operación de inteligencia desde una unidad especial del Ejército. Castillo fue detenido en Quito cuando intentaba sobornar a militares de la unidad, que lo detuvieron en un operativo con la Policía.

Pese a las evidencias en su contra fue liberado, y la jueza María Fernanda Castro Angos  no ha convocado a la audiencia de su juzgamiento. En el Ejército Castillo fue dado de baja, en septiembre pasado, pero volvió a ser detenido por robo de combustibles hace pocas semanas.

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LAS CIFRAS DE INCAUTACIONES DE COCAÍNA EVIDENCIAN QUE EL PRINCIPAL DESTINO ES EUROPA

ESPAÑA ES EL PAÍS CON MÁS INCAUTACIONES DE COCA PROVENIENTE DE ECUADOR

EN ESTE 2024 HUBO UN NUEVO RÉCORD DE CAPTURAS DE COCAÍNA EN ECUADOR

El artista del escapismo

La investigación del medio estadounidense indica que Rexhepi llegó a Ecuador alrededor de 2011. Era parte de una oleada de albaneses, muchos de los cuales tenían profundos vínculos con grupos criminales en Europa. Ecuador estaba empezando a surgir como un centro de tránsito en el tráfico de cocaína, la residencia era relativamente fácil de adquirir y había pocas dificultades para los extranjeros en la adquisición de propiedades y la creación de empresas, dijeron los funcionarios ecuatorianos.

Rexhepi, que tenía múltiples identidades falsas, aterrizó como un hombre de negocios griego, dijeron los investigadores.

Hijo de agricultores de uva en Velce, un pueblo de montaña albanés, Rexhepi alcanzó la mayoría de edad cuando los esquemas Ponzi de finales de los años 90 provocaron un devastador colapso económico en Albania, destaca el reportaje.

Los arsenales militares fueron saqueados, lo que llevó al surgimiento de bandas criminales que hicieron que partes del país se volvieran ilegales.

“Todos tenían armas en el pueblo”, dijo el tío de Rexhepi, Arben Jaupaj, de 64 años, que regenta un bar en Velce. “Los adultos y los niños”.

Rexhepi ascendió rápidamente dentro de las filas de una red con ambiciones continentales, dijeron funcionarios albaneses. Fue arrestado en 2006 por los asesinatos seis años antes de dos oficiales de policía y un transeúnte. En un acto que convirtió a Rexhepi en un nombre familiar en Albania, escapó el día de su arresto de una estación de policía en la ciudad costera de Durres simplemente abriendo una puerta con una cerradura defectuosa en una sala de interrogatorios del sótano. Salió bailando vals, diciendo a los oficiales de policía con los que se encontró que su interrogatorio había terminado.
«Se le considera inteligente, valiente y dispuesto a asumir riesgos», dijo un funcionario policial albanés que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

En los años siguientes, Rexhepi se convirtió en uno de los criminales más buscados de Europa, perseguido de un país a otro, destaca la investigación.

Fue arrestado por tráfico de drogas en los Países Bajos y extraditado a Italia, donde fue sentenciado a 13 años de prisión. En 2011, él y otros dos albaneses escaparon de una cárcel cerca de Milán después de usar sierras de contrabando para limar barrotes y saltar por una ventana con una cuerda improvisada hecha con sábanas atadas. Meses después, fue arrestado en España, pero extraditado a Bélgica, donde era buscado por su papel en un robo violento años antes. Pero la prisión belga de baja seguridad no pudo contener a Rexhepi. Una vez más, escapó, escalando un muro de la prisión.

Pero permanecer en Europa se estaba volviendo cada vez más insostenible debido al riesgo de otro arresto. Entonces Rexhepi huyó a Ecuador. Rexhepi construyó su red haciendo uso de empresas fachada legítimas, según los fiscales italianos. Rexhepi comenzó a establecer vínculos con empresas ecuatorianas que lo ayudarían a desarrollar sus operaciones de contrabando y lavar dinero. Uno de sus socios, un vicecónsul diplomático albanés en Ecuador, tenía grandes acciones en empresas de alimentos y cannabis, según registros públicos y un analista de inteligencia ecuatoriano que ha estudiado la red.

En pocos años en Guayaquil, Rexhepi y sus compinches construyeron un sofisticado sistema de logística de drogas, comprando personal portuario y compañías navieras que les permitían un acceso casi gratuito a los contenedores que se dirigían a Europa, dijeron los investigadores. Formó alianzas en todo el espectro de grupos criminales en el país, al vender Europa como un nuevo mercado abierto donde todos podían beneficiarse.

Sin embargo, la ley alcanzó a Rexhepi nuevamente, y en 2014, fue arrestado en Guayaquil, acusado de tráfico de drogas y finalmente sentenciado a 13 años de prisión. El sistema penitenciario en Ecuador estaba en gran parte dirigido por las bandas, y Rexhepi continuó construyendo su negocio, dijeron los investigadores.

Su tío, Jaupaj, dijo que su sobrino afirma que fue acusado falsamente y que simplemente dirigía un negocio de mariscos en Ecuador.

En una apelación de 2015, Rexhepi, utilizando el nombre falso Murataj Lulezim, acusó a las autoridades ecuatorianas de confundirlo con otro hombre y privarlo de su libertad «de manera injusta, sin una sola prueba en mi contra ni una sola foto que demuestre algún rastro de participación».

«Mi único pecado, por así decirlo, es que soy ciudadano albanés y vine a este país por la publicidad en el extranjero, que promueve la inversión».

Descenso a la anarquía

En septiembre de 2020, tras una investigación de cinco años, cientos de oficiales en toda Europa llevaron a cabo una gran operación encubierta contra las acciones de Rexhepi. Detuvieron a 20 personas en Italia, los Países Bajos, Alemania, Grecia, Rumania, Hungría, España, Albania y Dubái.

Las autoridades italianas enviaron una serie de cartas a los funcionarios ecuatorianos, instándolos a iniciar los procedimientos de extradición contra Rexhepi. En una carta de 2021 de la Embajada de Italia, a la que tuvo acceso The Washington Post, los diplomáticos advirtieron que Rexhepi organizó envíos transatlánticos de drogas y ordenó el asesinato de sus rivales “gracias a una densa red de complicidad y corrupción, desde la prisión, utilizando todo tipo de sistemas de comunicación”.

Pero Rexhepi tenía sus propios planes. En agosto de 2021, un juez de Guayaquil, Diego Poma, le concedió arresto domiciliario por “razones médicas” con un grillete electrónico, según la orden judicial. Días después, el juez ordenó que se le retirara el grillete electrónico y le ordenó que se presentara ante las autoridades cada 15 días. (Posteriormente, el juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura del país, que determinó que había violado la independencia de los funcionarios judiciales en varias decisiones que beneficiaban a poderosos capos de la droga). Poma, en su proceso disciplinario, negó haber actuado mal y dijo que siguió todos los protocolos legales al tomar sus decisiones.

En 2023, su liberación fue denunciada públicamente por el candidato presidencial Fernando Villavicencio como otro ejemplo de la caída de Ecuador en la anarquía; varios meses después, Villavicencio, que prometió enfrentarse a las bandas narcotraficantes del país, fue asesinado.

Para entonces, había quedado claro cuánto poder ejercían los narcotraficantes albaneses en Ecuador. Otro destacado narcotraficante albanés, Dritan Gjika, había establecido una extensa red de conexiones políticas y comerciales, según descubrieron los investigadores, supuestamente bajo la protección del jefe de la policía ecuatoriana. Algunos funcionarios de inteligencia europeos dijeron que sospechaban que Gjika podría ser parte de la red de Rexhepi.

En enero, las bandas ecuatorianas desataron una ola de violencia sin precedentes. El nuevo presidente del país, Daniel Noboa, respondió declarando un estado de conflicto armado interno contra las bandas, movilizando a los militares para tomar el control de las ciudades y las cárceles del país. Desde entonces, el gobierno ha promocionado una caída del 18 por ciento en la tasa de asesinatos, pero los secuestros y las extorsiones han seguido aumentando, y las organizaciones de derechos humanos han acusado al gobierno de arrestar a miles de personas con pocas pruebas y sin el debido proceso.

La caída de los asesinatos, dijo Renato Rivera, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador, “no es una respuesta a la militarización, sino a los procesos de paz y las alianzas criminales” entre pandillas. A pesar de la declaración del presidente de conflicto armado interno, las estructuras criminales más poderosas del país, como los albaneses, siguen “exactamente iguales”, agregó.

“Estos grupos transnacionales no se han visto realmente afectados”, dijo Rivera.

Nuevos mercados

Y los capos de la cocaína siguen adaptándose, en especial los albaneses, diversificándose y prosperando. A medida que las autoridades policiales de Europa han intensificado las operaciones de interdicción, en particular en los principales puertos del norte de Europa, los narcotraficantes parecen estar desplazándose a otros puntos de entrada.

Los Países Bajos y Bélgica, donde se encuentran los mayores puertos de Europa, incautaron en el primer semestre de 2024 aproximadamente la mitad de la cantidad de cocaína que en el mismo período del año pasado.

España, que ha seguido incautando cantidades récord de cocaína, parece estar superando a Bélgica y los Países Bajos como la puerta de entrada más importante de cocaína a Europa. Suecia y Noruega también informaron de incautaciones récord de cocaína en los puertos en 2023, según la Agencia Europea de Drogas. Alemania vio sus incautaciones de cocaína más del doble entre 2022 y 2023, según la UNDOC.

En respuesta al exceso de cocaína, siguen abriéndose nuevos mercados fuera de Europa. Según la UNDOC, Australia y Nueva Zelanda registraron la tasa más alta de consumo de cocaína en el último año del mundo, aunque los datos sobre aguas residuales indican que la mayoría de los consumidores de cocaína siguen consumiendo la droga ocasionalmente.

Según la investigación del Post, en Asia, si bien los datos son limitados, el consumo y las incautaciones de cocaína están aumentando en China y Japón, informa la ONUDC, al tiempo que observa aumentos en las incautaciones en India, Malasia y Filipinas. Esto sugiere que podrían surgir como centros de crecimiento para los traficantes. Si las tasas de consumo de Asia se alinearan algún día con las de Europa, el número de consumidores habituales de cocaína allí podría dispararse de 2 millones a más de 40 millones, según la UNDOC.

Según informes de ese organismo, los clanes albaneses han comenzado a establecer redes en Australia, explotando las debilidades del sistema de inmigración del país y sacando provecho de un mercado floreciente con altos precios de la cocaína.

Los albaneses han perfeccionado su operación en casi cualquier lugar, dijo Mejdini.

«Ya no hay límites para ellos», agregó. «El modelo que han creado, para forjar alianzas, para cooperar con otros extranjeros, les ayuda a llegar a todas partes. Donde haya demanda, ellos serán los repartidores».

Algunos analistas especulan que Turquía, donde los funcionarios informaron de un aumento del 44 por ciento en las incautaciones de cocaína entre 2021 y 2022, podría convertirse en un corredor crucial para trasladar la droga hacia el este.

Allí fue donde las autoridades encontraron a Rexhepi en noviembre pasado, dos años después de que fuera liberado de prisión en Ecuador. Fue arrestado en respuesta a pedidos de extradición de Italia y Albania.

El capo había cambiado una vida de lujo por otra, después de llegar a Turquía con un pasaporte colombiano, bajo el alias de Benjamín Omar Pérez García, y establecerse en una villa blanca en un suburbio costero de Estambul, dijeron las autoridades.

Rexhepi sigue tras las rejas en Turquía, por ahora.