Codigo Vidrio Admin

Una investigación liderada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y los medios aliados Sumaúma, La Silla Vacía y Código Vidrio identificó que la producción y tráfico de drogas está presente en 54 de las 75 localidades limítrofes de la Amazonía, en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. Los grupos criminales más activos en la zona son el brasileño Comando Vermelho y el colombiano Comandos de la Frontera. También se detectó que hay comercio ilegal de madera en la mitad de los distritos. 

Por: Aramis Castro, Jonathan Hurtado, Arturo Torres, Julio Caicedo, María José Chitiva, Plínio Lopes, Bruno Abbud

Hace 25 años que Roberto* dejó su natal Colombia y decidió asentarse en la comunidad de Nueva Galilea, un pueblo remoto en la Amazonía peruana, ubicado a cuarenta minutos en bote desde Caballo Cocha y a una hora en avioneta desde Iquitos, capital de la región Loreto.

“Si tú no te metes [con ellos] no tienen por qué hacerte nada”, dice Roberto, sin haber perdido su acento colombiano, al ser consultado sobre la violencia en este territorio, donde los ‘patrones’ —quienes adquieren la cocaína elaborada en los laboratorios instalados en la Amazonía— son los protagonistas de enfrentamientos y homicidios que no suelen ser denunciados. Actualmente, quien controla la operación de narcotráfico en esta región es el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

Roberto, como otros habitantes de este distrito de Ramón Castilla, empezó a dedicarse hace unos años a una actividad que es el primer eslabón en la cadena del narcotráfico: la producción de hoja de coca. Cada tres meses la cosecha para su venta y sus grandes manos le permiten hacer el ‘raspado’ (deshojar la hoja de coca) con gran destreza. “La coca no necesita sombra, crece libre”, explica, mientras señala unos tallos de su parcela, sembrada en media hectárea de tierra boscosa, donde también crece cacao.

“La coca también me enfermó, me hizo ganar enfermedades como el reumatismo o el dolor de huesos, enfermedades fuertes por estar mojado mucho tiempo. Causa más males que bienes”, sentencia Roberto y añade que hoy en día le genera más ingresos económicos la venta de churros y ‘curichis’, este último un refresco congelado que se vende en bolsas alargadas de plástico transparente.

Desde su parcela se escucha el motor de una moto en movimiento que, según Roberto, es la que transporta los insumos para la producción de la droga, elaborada en un laboratorio cerca al puerto de Nueva Galilea, a donde las personas que viven en esta región fronteriza llegan en pequeñas embarcaciones que, pese a su tamaño, pueden transportar a más de una decena de tripulantes.

Cuando llueve, el nivel de la corriente sube, lo que permite un tránsito constante de embarcaciones, no solo de pasajeros, sino también de las que se conocen como ‘bestias’: avanzan a gran velocidad y en su interior pueden contener hasta una tonelada de droga que es recogida en los distintos distritos ubicados a lo largo de la ruta fluvial que recorre los ríos de esta zona fronteriza.

Las fronteras son una línea divisoria en un mapa, que marca la jurisdicción de un país y otro, pero en el terreno no hay límites para los delitos en común y la aparición de cada vez más miembros de grupos criminales que operan tanto en zonas urbanas, como en los territorios amazónicos, donde impulsan actividades como el narcotráfico o el comercio ilegal de madera, que tienen como destino a Estados Unidos o Europa.

75 localidades infectadas

A partir de la construcción conjunta de una base de datos con información oficial y fuentes propias, una investigación liderada por la Red Transfronteriza de Ojo Público junto a los medios aliados Sumaúma, de Brasil, La Silla Vacía, de Colombia, y Código Vidrio, de Ecuador, identificó el amplio impacto de las economías ilegales y los actores criminales en territorios fronterizos de la Amazonía. El análisis alcanza a las 75 localidades —denominadas distritos, cantones o municipios, según el país— de las zonas limítrofes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Debido a los altos niveles de criminalidad que hay en estas zonas, también se sumaron tres municipios brasileños (Barcelos, Alto Alegre y Amajari) que comparten frontera con Venezuela. Y en el caso ecuatoriano, para delimitar la numerosa cantidad de localidades, se seleccionaron trece cantones que se extienden por la frontera amazónica.

En este universo se descubrió que en el 72% de las 54 localidades había presencia de grupos criminales que gestionan el narcotráfico en sus territorios. Principalmente, los Comandos de la Frontera de Colombia y el Comando Vermelho de Brasil tienen control sobre esta región. Además de estar dedicados al tráfico de drogas, también se dedican a otras actividades ilegales.

Andrés Caijao, especialista de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia, indicó para este reportaje que el crimen organizado usa las fronteras como “lugares de tránsito de un lado al otro” debido a que “no hay un control” de las autoridades. Frente a ello, planteó la necesidad de alcanzar  “acuerdos binacionales para compartir información” y “entender mucho mejor las dinámicas y lo que pasa en la frontera”.

Los laboratorios se trasladan a Ecuador y Perú

Respecto a la participación de los grupos criminales en el narcotráfico, Caijao aseguró que los cultivos de hoja de coca se han concentrado en lugares limítrofes, mientras que desde Colombia se viene dando un importante “traslado de cristalizaderos (laboratorios) y la transformación de la cocaína en zonas limítrofes de Perú y Ecuador”.

Las fronteras son aprovechadas por el crimen organizado, ya que hay escasa presencia de las autoridades —Policía o Ejército que hacen patrullajes— y los gobiernos locales y otras entidades estatales son débiles y tampoco tienen ni las competencias ni los recursos para perseguirlos. Estos grupos, que son los responsables del aumento de homicidios y otros tipos de violencia, a menudo actúan con total impunidad.

De hecho, el pasado 27 de marzo, en el puesto de vigilancia de Tierra Amarilla —entre Perú y Colombia— diez delincuentes atacaron a los policías que estaban de turno y les robaron ocho armas, municiones y teléfonos celulares. El hecho ocurrió a orillas del río Loretoyacu, en el distrito de Ramón Castilla de la región Loreto.

El puesto asaltado es uno de los 15 que se ubican en la zona limítrofe entre Perú y Colombia. El ataque pone de manifiesto la vulnerabilidad que supone contar con poco presupuesto para controlar el orden público situación que fue expuesta por OjoPúblico cuando visitó otros de estos centros de vigilancia en El Estrecho, una localidad en la provincia del Putumayo.

En enero de este año ocurrió otro hecho violento en la localidad brasileña de Tabatinga. Manuel Sánchez Aurich, peruano y analista de sanidad e inocuidad de productos pecuarios en Santa Rosa, recibió varios disparos cuando cruzaba el río hacia Perú. Las versiones locales señalan que el trabajador participó en la incautación de embutidos que entraban de forma ilegal de Brasil y, en represalia, fue asesinado.

En otro hecho reciente, fuentes de la frontera amazónica indicaron que en julio último se registró el asesinato de un ciudadano en el puerto de Sheretero, ubicado a una cuadra de la plaza principal de Caballo Cocha. Y hace casi tres años, en 2022, asesinaron a un menor de edad peruano y a otros dos brasileños involucrados en casos de sicariato en este lugar que divide a Brasil, Colombia y Perú.

“Aquí soy el único y debo ver casos de cuatro distritos. A veces no hay presupuesto para la gasolina de las lanchas que nos llevan a nuestro centro de labores”, lamenta un fiscal peruano de la frontera Amazónica y recuerda que varios colegas no aceptan el puesto por temor a amenazas de los grupos criminales que operan y cuyas actividades crecen cada año en el lugar.

El narcotráfico se instaló en la Amazonía

A veinte minutos por carretera de Caballo Cocha, en la Amazonía peruana, donde la mayoría de casas están construidas con madera local, la comunidad del pueblo ticuna de Cushillo Cocha da la bienvenida a través de un delgado arco de cemento que también cruzan distintos moto taxis. A pocos metros de su plaza de armas hay un pequeño puerto desde donde, según fuentes locales, se parte hacia otras comunidades dedicadas a la producción de hoja de coca.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) indica que la producción de hoja de coca en el distrito de Ramón Castilla —donde se encuentra Cushillo Cocha— ha disminuido entre 2022 y 2023. Sin embargo, todavía supera las 3.766 hectáreas de cultivo, una cifra que triplica los registros de 2019.

Al igual que en Cushillo Cocha, el narcotráfico se ha instalado como una economía ilegal en varias localidades a lo largo de la Amazonía que comparten Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

La investigación identificó que la producción y transporte de drogas como la pasta básica de cocaína (PBC) o el clorhidrato de cocaína se da, al menos, en 54 de las 75 localidades revisadas.

Si se observa la incidencia por país, se evidencia que Colombia tiene una cobertura del 100% de localidades con presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico en ocho de los municipios revisados.

El enclave cocalero Frontera Putumayo —uno de los quince que hay en Colombia, donde se cultiva, transforma y comercializa la coca y sus derivados— incluye parte de los municipios de Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y un sector de Ipiales (Nariño). En 2023, este enclave aportó el 27 % de la coca de Putumayo y concentró el 14 % de la coca de los enclaves a nivel nacional.

Si bien los campesinos colombianos vivieron una crisis por la caída del precio y la compra de la coca en el bajo Putumayo, entre 2022 y 2023, desde el segundo semestre de 2024 viene repuntando, como lo informó La Silla Vacía. Productores en terreno cuentan que tienen nuevas variedades de hoja con mayor rendimiento que les permite cubrir sus necesidades y reinvertir en cultivos, aunque no tengan mucho margen de ganancia.

13 cantones de Ecuador, con mayor penetración criminal

En la lista de localidades con mayor penetración del crimen organizado dedicado al narcotráfico, en los otros países de la región, sigue Brasil con el 84% de sus 25 municipios, luego Ecuador con el 76,9% de sus 13 cantones y Perú ocupa el tercer lugar con el 51,7% de sus 29 distritos.

En Perú, además de la presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, hay cultivos de hoja de coca en estos mismos 15 distritos fronterizos. Distintas fuentes señalan que los Comandos de la Frontera colombiano operan en los cuatro distritos que integran la provincia del Putumayo.

En una reciente visita a la zona de Caballo Cocha y Cushillo Cocha —en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil—, fuentes de la Fiscalía y la Policía peruana indicaron a OjoPúblico que, en los últimos años, el transporte y la protección de la droga han contado con la participación de miembros del grupo criminal Los Crías, una banda local del distrito brasileño de Tabatinga que también trabaja en alianza con el Primer Comando Capital (PCC).

Según relataron fuentes de la triple frontera a este equipo periodístico, otra característica del lugar es la gran cantidad de armas que hay en esta zona. Los entrevistados señalaron que conocen a personas registradas ante las autoridades peruanas como cazadores de animales, pero cuyo permiso para porte de armas es una fachada para su uso real: abastecer a los grupos criminales dedicados al narcotráfico. Y en algunas operaciones antinarcóticos, la Policía ha descubierto que las armas pertenecen a personas que habían obtenido permisos de caza de animales.

Al ser consultados por la aparición del armamento junto a las drogas, los involucrados indicaron a la policía que sus armas se habían extraviado y que desconocen cómo acabaron en laboratorios de cocaína.

11 grupos se dedican al narcotráfico

¿Cuántos y cuáles son los actores criminales que operan en esta zona? Este equipo periodístico ha identificado la participación de 11 grupos dedicados al narcotráfico en los cuatro países analizados.

En la lista destacan Los Comandos de la Frontera, con presencia en 21 localidades de Perú, Colombia y Ecuador. En este último país, la estructura no sólo penetró territorialmente la Amazonía ecuatoriana, sino que también amplió su portafolio criminal hacia el blanqueo de capitales y ha intentado cooptar a jueces de tribunales que procesan a sus miembros. Su principal bastión es la provincia de Sucumbíos, fronteriza con el Putumayo colombiano. La economía de esta zona está estrechamente vinculada al narcotráfico, a diferentes niveles, en el sector público y privado, desde hace tres décadas. Autoridades seccionales y de control tienen compromisos con ese grupo armado, así como comerciantes, dueños de empresas de todo tipo, transportistas.

Esta organización, con unos mil miembros según la Fiscalía colombiana, está formada por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se sumaron a los acuerdos de paz, suscritos en el 2016. Eran parte del Frente 48, que operaba en el Putumayo.

Para mantener el control del negocio, este grupo armado impone a los pobladores requisitos como la carnetización y la afiliación obligatoria a las juntas de acción comunal de los territorios bajo su dominio. Las personas deben portar su carné en todo momento y los raspachines de coca deben contar con el aval de las juntas para trabajar allí.

“Aprendimos a convivir con ellos”, dice un líder campesino cocalero. “Uno de los acuerdos que se hicieron es que para proteger a nuestra comunidad carnetizamos a los afiliados. Cuando transitan y les sale el actor armado piden el carné y si lo retienen tiene que ir la Junta a hablar por esa persona”, explica al equipo periodístico que visitó esta región.

Otro de los grupos criminales colombianos que también hace presencia y se disputa el control de la zona con los Comandos de la Frontera es el Frente Carolina Ramírez, especialmente en el Putumayo.

Al parecer, según fuentes de la zona, los grupos criminales colombianos también comparten área de operaciones con los ecuatorianos: Los Lobos y Los Choneros, indistintamente, de acuerdo a actividades criminales específicas.

En Ecuador, los Comandos de la Frontera se aliaron los últimos años con Los Lobos, que ya controlan el 75% de las provincias de este país y se han convertido en el grupo delictivo ecuatoriano de mayor crecimiento transnacional en América Latina, como informó OjoPúblico en un extenso reportaje. Por otro lado, con Los Choneros se disputan el control de la minería ilegal, especialmente en cantones amazónicos donde se han disparado los niveles de violencia. Solo en la provincia de Orellana hubo 25 asesinatos entre enero y marzo de 2025.

Una fuente que vive en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, en San Miguel, Putumayo, le dijo al equipo periodístico que el año pasado Los Choneros habrían incursionado al lado colombiano con ataques focalizados contra miembros de los Comandos de la Frontera.

No obstante, en Ecuador Los Choneros también son socios de los Comandos de la Frontera hace años, para el transporte de cocaína desde la frontera colombiana hacia los puertos costaneros de Ecuador. Los Choneros controlan las rutas para el transporte de la droga, y antes operaban con las FARC, aliadas del cartel de Sinaloa, según un oficial de Inteligencia del Ejército que ha seguido está dinámica desde hace una década.

El Comando Vermelho

Del lado brasileño resalta el Comando Vermelho, con operaciones en 19 localidades brasileñas, colombianas y peruanas. Esta agrupación criminal, con unos 30.000 miembros, es la más antigua del  país —se inició en la década de los setenta— y una de las más poderosas en la región. Poco a poco ha expandido la presencia de sus afiliados en la Amazonía peruana como informó OjoPúblico en distintos artículos.

El Comando Vermelho llegó a la Amazonía brasileña con mayor intensidad en 2017, tras la muerte de Jorge Rafaat Toumani, alías ‘Rey del tráfico’, en la frontera con Paraguay, manejada entonces por el otro grupo criminal brasileño de importancia: el Primer Comando de la Capital (PCC). Este territorio solía ser una de las principales rutas de la droga de Brasil y, al estar dominada por el PCC, el Comando Vermelho decidió concentrar sus esfuerzos en el norte de Brasil, en las fronteras con Colombia y Perú.

El Primer Comando de la Capital (PCC), tiene el dominio en el estado de Roraima, según un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública. En este lugar fronterizo con Venezuela, el PCC controla seis municipios, mientras que otros siete se los disputa con el Comando Vermelho (CV) y con la organización criminal venezolana, el Tren de Aragua, presente en la capital, Boa Vista, y en Pacaraima.

Por allí entran muchas armas . “Entran muchas armas y drogas por Venezuela de origen colombiano.Y, por otro lado, Perú hoy es uno de los principales proveedores de cocaína de Brasil, con zonas principales en la triple frontera y el río Solimões”.

Aunque, en teoría, el PCC y el CV son rivales por el control territorial, lo que aumenta el número de homicidios en estas localidades, en algunos casos, se ponen de acuerdo para dominar una actividad delictiva diferente cada una.

Por ejemplo, en Santo Antônio do Içá, municipio del estado de Amazonas que tiene frontera con Colombia, se pueden ver grafitis con las siglas de los distintos grupos criminales en las paredes de la ciudad. El PCC sigue ahí, a pesar de la disputa con el Comando Vermelho, sus rivales de Río de Janeiro.

Suben las tasas de homicidio

A las actividades de los grupos criminales en los distritos analizados también se suma un aumento en los niveles de violencia. En nueve de las diez localidades con mayores tasas de homicidio hubo un incremento en las cifras entre 2019 y 2023. Estas corresponden a territorios en Brasil, Colombia y Ecuador con presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, donde también se superaron las tasas nacionales de cada país.

Por ejemplo, el Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo colombiano, tiene la tasa más alta de homicidios entre las localidades de los cuatro países analizados en este reportaje: 106,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes en 2023, una cifra que supera cuatro veces la tasa de homicidios del país, 27,31.

Otros ejemplos: en el cantón ecuatoriano de Paquisha —territorio en conflicto por actividades de minería ilegal entre Los Choneros y Los Lobos—, la tasa de homicidios creció cinco veces entre 2019 y 2023. Pasó de 21,1 a 105,6 casos por cada 100.000 habitantes. Ese mismo año, la tasa también duplicó la cifra nacional de 47,25 homicidios por cada 100000 habitantes. Y en Brasil, la localidad de Amajari, estado Roraima, pasó de tener una tasa de 25,7 en 2019 a 64,2 en 2023, más de tres veces de la tasa nacional, que en ese mismo año fue de 19,26 por cada 100000 personas.

En el lado peruano, las cifras no muestran altos índices de violencia, pero el recorrido en campo reveló que la aparente tranquilidad que muestran las cifras oficiales no responde a la realidad de la zona fronteriza. Varias fuentes señalaron a este equipo periodístico que los centros de salud atienden casos de homicidios que no se denuncian, por lo que hay un subreporte de los datos.

Funcionarios públicos de la triple frontera amazónica que prefieren mantener su nombre en reserva contaron que los homicidios en la zona están relacionados con enfrentamientos entre los compradores de droga, llamados ‘patrones’, o gente de su entorno. Estos hechos se presentan cuando el transporte falla, no se realizan pagos o hay sospechas de que se filtre información interna sobre las organizaciones criminales.

El temor se percibe en el centro de Caballo Cocha, donde se encuentra el llamado ‘Boulevard de la integración y desarrollo fronterizo’ y una plazoleta adornada con la estatua de un caballo blanco. Allí, la mayoría de jóvenes se reúne para pasar el rato, antes de asistir a los bares que nunca cierran, a pocos metros de la plaza, donde la música retumba y la cerveza brasileña es más barata que la peruana. En uno de los muros de esos locales cuelga el retrato del capo de la droga, Pablo Escobar.

Los lugareños miran con suspicacia a cualquier extranjero que se adentre en este territorio fronterizo. Aunque una de las autoridades locales afirma que la seguridad del lugar está garantizada y que “nada va a pasar”, cambia de inmediato el semblante y guarda silencio para no responder sobre la presencia de grupos criminales en su jurisdicción.

El narcotráfico abrió la puerta a otros crímenes

La coca pareciera ser un motor de desarrollo que va jalonando otra clase de actividades económicas ilegales en la Amazonía y arrasa con los bosques y la vida de otras especies que habitan este ecosistema: la minería de oro, la extracción de madera, el tráfico de fauna, la pesca ilegal,  la ocupación irregular de tierras, entre otros delitos.

Tras revisar los datos, este equipo periodístico pudo determinar que la segunda economía ilegal en las localidades fronterizas analizadas es el comercio ilegal de madera, ligada a la pérdida de bosques amazónicos. Esta actividad está presente en 40 de las 75 localidades (el 53,3% del total). En Ecuador está en el 100% de los cantones, le siguió Colombia con el 75%, Perú con el 68,9% y Brasil con el 4%.

Es necesario señalar que, en el caso de Brasil, es probable que los datos estén subestimados, ya que la cifra oficial solo tiene en cuenta la explotación directa de árboles específicos para la venta y no la deforestación a gran escala, donde también hay extracción ilegal de madera.

“La falta de presencia del Estado genera desatención en la frontera. Por un lado eso y, por otro, al estar alejados les genera ventaja [a los grupos criminales], tienen control de esos territorios. Tanto así que cuando nos trasladamos ya no encontramos nada. Se filtra la información”, confiesa una fuente fiscal que trabaja en territorio fronterizo.

En julio pasado, OjoPúblico contó cómo opera el tráfico de madera entre Perú y Ecuador a partir de la exportación de madera tipo balsa, también llamada topa. En esta actividad participan tanto empresarios peruanos como ecuatorianos, y algunas denuncias de líderes indígenas señalan que este comercio ilícito se ha desarrollado en la región peruana de Amazonas, donde ha aumentado  la minería ilegal.

Los datos también muestran que el 72% de las localidades revisadas registraron presencia de minería ilegal. Para esta sección del análisis se consideró información de Colombia, Ecuador y Perú, países que manejan información detallada sobre este tema.

En territorio ecuatoriano, esta actividad ilegal —que cada año registra un aumento de sus operaciones— tiene la participación de grupos criminales como Los Lobos.

Por su parte, en Colombia, la extracción ilegal del mineral la llevan a cabo miembros de los Comandos de la Frontera, que también controlan esta actividad, junto con el paso de la droga desde los ríos que cruzan la Amazonía hasta otros puntos fronterizos.

En Perú no hay muchos detalles sobre las organizaciones presentes en la zona, pero la actividad ilegal se está expandiendo por zonas como el Putumayo o la región de Amazonas, esta última limítrofe con territorio ecuatoriano. La actividad ilícita está presente en 16 de los 29 municipios.

“En la mayoría de los sectores afectados por la minería ilegal no existe un sistema de monitoreo de la actividad (impactos, magnitud, dinámicas, entre otros). Este hecho impide implementar de manera efectiva mecanismos de lucha y prevención de la actividad ilegal, en especial en aquellas zonas donde recién empieza”, concluye un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) sobre la minería ilegal en territorio peruano.

Para tratar de contrarrestar los avances de la minería ilegal, a principios de año, se reunieron autoridades de Amazonas, en Colombia, y Loreto, en Perú. Acordaron compartir información y acceder a recursos conjuntamente, para fortalecer las acciones en sus territorios. Se espera que a mediados de año vuelvan a reunirse para evaluar una hoja de ruta, en medio de un panorama cada vez más crítico, como el que evidencian los datos y la reportería en terreno en las localidades fronterizas de la Amazonía: se han convertido en un centro estratégico para el avance de la criminalidad organizada cuya expansión, por ahora, no tiene límites y está afectando al medio ambiente y a las comunidades locales.

*Su nombre ha sido cambiado para este reportaje.

---

**La serie investigativa Territorio Narco fue posible con el apoyo de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) y Natural Resource Governance Institute (NRGI).

ANÁLISIS. En un contexto de franca hostilidad desde el poder político, el gobierno de Dina Boluarte aprobó una ley cuyos efectos equivalen a una mordaza contra el periodismo de investigación. La norma elaborada por el Congreso se sustenta en el supuesto argumento de fortalecer a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)– que en realidad convierte a esta entidad en un arma de censura previa contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios de Perú. Foto: Dina Boluarte, sus ministros y la jefa de la APCI junto con los coautores de la ley. Tomada de la Presidencia de la República.

Redacción Código Vidrio

Organizaciones de la sociedad civil en Perú se mantienen en alerta por la aprobación de una Ley, elaborada por el Congreso y aprobada por la presidenta Diana Boluarte, que ordena el registro obligatorio y la autorización previa para publicar contenidos, o ejecutar proyectos a medios independientes.

La Ley 32301 cambia el alcance de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). “Bajo el argumento de fortalecer el trabajo de la APCI, esta ley propone un control indebido sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que deja la puerta abierta a decisiones arbitrarias, discrecionalidad, así como a la censura de voces críticas e incómodas con el poder, lo cual puede afectar la rendición de cuentas del Estado”, argumentó la organización Amnistía Internacional.

La misma entidad rechazó la promulgación de la ley, tanto más cuanto durante el acto de promulgación, la mandataria peruana aseguró que el cuerpo legal pondrá “bajo revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”.

Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú destacó la preocupación porque ese gobierno promulgara una norma contraria a los derechos humanos. “Es lamentable que la presidenta estigmatice públicamente a las organizaciones de la sociedad civil”. Además, relievó que el discurso de la autoridad fue “contrario a la libertad de expresión y a cualquier voz considerada como crítica a las políticas y decisiones estatales”.

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/04/peru-ley-obstaculiza-libertad-expresion-y-asociacion/

La vigencia de la ley generó preocupación entre medios independientes, organizaciones de la sociedad civil y redes de verificación, relató de su lado el medio colombiano La Silla Vacía.

Según el texto de la ley, las organizaciones sin fines de lucro que reciban cooperación internacional deben registrase ante la APCI y recibir su autorización como requisito previo a ejecutar proyectos.

Al tratarse de medios de comunicación, el alcance de la disposición incluye la publicación de contenidos. Las sanciones, en caso de incumplimiento, llegarían a 720 mil dólares.

“Con la promulgación, el Ejecutivo y el Congreso han puesto en marcha una norma que viola de manera evidente la Constitución del Perú y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, respecto de la libertad de prensa e información y reserva de fuentes, en el caso de los medios independientes”, alertó el medio nativo digital Ojo Público, que es referente en periodismo de investigación en Perú y la región. “Según la nueva norma, este tipo de organizaciones de noticias deberá inscribirse de manera obligatoria en el registro de dicha entidad y luego, someter sus ‘proyectos y actividades’ –para un medio, esto es la línea editorial, decisiones de cobertura, proceso de recolección de información y las publicaciones periodísticas- al permiso previo de APCI. “Esto significa que se tendrá que pedir permiso del Estado para escribir y publicar” , alertó este medio.

https://ojo-publico.com/5597/ley-apci-boluarte-aprueba-arma-legal-contra-medios-como-ojopublico

En Perú, la Constitución vigente rechaza la censura previa en todas sus formas. El efecto de la legislación generará equivale a una censura previa.

ANÁLISIS / Hasta ahora Ecuador se ha movido en materia de seguridad como si este tema fuera responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, sin que los poderes Legislativo y Judicial hayan asumido la responsabilidad plena que les corresponde en esta materia y de justicia. Después del triunfo incuestionable de Daniel Noboa en las elecciones, en Ecuador viene, desde ya, la solución a los problemas apremiantes de la nación: los que más preocupan a los ciudadanos son la seguridad y el empleo. Son dos temas fuertemente relacionados, en la medida en que sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay bienestar (Imagen generada por ChatGPT de OpenAI).

Por Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz, especial para Código Vidrio

Después del triunfo incuestionable del presidente Daniel Noboa, en Ecuador viene, desde ya, la solución a los problemas apremiantes de la nación, en particular los que más preocupan a los ciudadanos, como es el caso de la seguridad y el empleo, dos temas fuertemente relacionados, en la medida en que sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay bienestar.

Son más de dieciséis meses de gobierno que lleva el presidente Noboa y que son la base para definir unas políticas de Estado en materia de seguridad y justicia para los próximos cuatro y más años, unas políticas de Estado que involucren a todas las instituciones responsables de estos temas.

Hay que partir de los logros alcanzados y de los retrocesos registrados durante este periodo, como es el caso del trabajo en equipo del Bloque de Seguridad (Policía, Fuerzas Militares), las alianzas estratégicas contra el crimen transnacional con distintos países europeos y EE.UU, los logros investigativos de la Fiscalía frente a la corrupción y la violencia homicida que disminuyó el año pasado, pero en lo que va corrido de este año ha aumentado de manera considerable, al igual que la extorsión.

Hasta ahora Ecuador se ha movido en materia de seguridad como si este tema fuera responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, sin que los poderes Legislativo y Judicial hayan asumido la responsabilidad plena que les corresponde en esta materia y de justicia.

Hay que notar que a la Asamblea le corresponde dotar al Estado de las herramientas constitucionales y legales para enfrentar el crimen transnacional del narcotráfico y al terrorismo, como es el caso de la extradición, el lavado de activos, la expropiación de bienes de origen ilegal y la discusión y aprobación sobre nuevos recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, entre otras leyes y normas.

Al Poder Judicial le corresponde la administración pronta y transparente de justicia, disminuir la corrupción, reducir la impunidad, profesionalizar y ampliar el servicio de justicia a poblaciones y ciudadanos que no están siendo atendidos en esta materia y participar de la discusión de reformas y nuevas leyes para mejorar su servicio y eficacia frente a las nuevas y distintas formas de criminalidad que están afectando el bienestar y desarrollo social de los ciudadanos y la seguridad del Estado.

Hoy, después del proceso electoral, se hace necesario que las tres ramas del poder público trabajen en equipo para recuperar la seguridad de los ciudadanos, del Estado y blindar la democracia de los riesgos que plantea el accionar de los grupos criminales organizados, especialmente de la corrupción y cooptación de servidores públicos e instituciones para su servicio.

El trabajo en equipo es el camino.

Comienza un nuevo periodo de gobierno que debe estar marcado por el trabajo integral e interinstitucional del Estado ecuatoriano en tres áreas básicas de seguridad y justicia, las cuales deben contar con el liderazgo y participación de las tres ramas del poder público, en especial del poder ejecutivo en cabeza del presidente Daniel Noboa y de todo su gobierno:

• Seguridad y convivencia ciudadana.
• Seguridad del Estado y
• Política criminal.

En estas tres áreas se requieren políticas de Estado que deben ser elaboradas y ejecutadas en el inmediato plazo (dos años), mediano (cinco años) y largo plazo (diez años).

Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Es necesario elaborar una política de estado en materia de convivencia y seguridad ciudadana que contemple acciones preventivas, disuasivas y de uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad y justicia, dando de esta forma un tratamiento integral a los  problemas de violencia y delincuencia, devolviéndole al Estado el papel de garante de los derechos y deberes colectivos y  restableciendo de esta forma el balance entre las actuaciones de la autoridad y el comportamiento de los ciudadanos; entre las acciones de prevención y las de regulación y entre el control sobre las actividades delictivas y los comportamientos que lesionan el bienestar de la comunidad; un plan que vaya de desde preventivo hasta el uso legitimo de la fuerza, como lo muestra el siguiente esquema:

Tanto en la elaboración, como en la ejecución y seguimiento de esta política de Estado, el Gobierno debe contar con la participación de las otras dos ramas del poder público, de los alcaldes, gobernadores y organizaciones de la sociedad civil. Una política pública de Estado que parta del principio constitucional y legal que la seguridad y la justicia son derechos de todos los ciudadanos que debe garantizar el Estado y el especial los gobiernos, sin importar que sean de derecha o de izquierda, y se debe ejecutar en el marco del Estado de derecho, es decir respetando los derechos humanos.

Hoy se abre una buena oportunidad para trabajar en equipo con todos los alcaldes, gobernadores y comunidades, sin importar su filiación política, para recuperar la seguridad de los ciudadanos y garantizar esos derechos ciudadanos; una oportunidad para unir y reconciliar a la nación entera en torno a estos temas que son los que más preocupan a todos los ecuatorianos independientemente de su filiación política.

Política criminal

En este campo hay que realizar esfuerzos importantes para contar con elementos analíticos en el sector de la justicia y poder contar con una política pública criminal de carácter integral; una política criminal que vaya de la prevención al uso legítimo de la fuerza en materia de justicia y que con su ejecución en el mediano y largo plazo contribuya a reducir la demanda de justicia punitiva y por tanto de la utilización de la cárcel como casi único mecanismo de sanción punitiva.

En esta línea, es necesario formular y ejecutar la política de Estado en esta materia con la participación de todas las instituciones de la Rama Judicial y que se oriente a:

• Realizar investigaciones socio-jurídicas y criminológicas para determinar la eficacia de la legislación vigente o propiciar su reforma.
• Mejorar la eficiencia y eficacia de la justicia.
• Reducir la impunidad.
• Fortalecer la formulación de políticas en la materia y la interlocución ante los organismos nacionales e internacionales en el contexto de una política integral contra el problema mundial de las drogas y otras rentas criminales como la minería ilegal, el comercio ilegal de armas, la trata de personas, el contrabando, etc-.
• Que fortalezca los sistemas de privación de la libertad y de sanción a adultos y de adolescentes que infringen la ley penal y que el Sistema penitenciario y carcelario cumpla con su tarea de resocialización e inserción social de los detenidos bajo el control del Estado y no de los delincuentes.
• Ejecutar programas de prevención de violencia y delincuencia juvenil, disminuya los riesgos por armas, consumo de drogas y alcohol, disuada la comisión de contravenciones y delitos con la presencia y accionar de las autoridades y que formule leyes que disuadan comportamientos que afecten la convivencia ciudadana.
• Promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos interpersonales Mejorar las asignaciones presupuestales para el funcionamiento de la Rama Judicial.
• Fortalecer a la Policía y la Fiscalía en sus labores de investigación criminal y control del delito.

Seguridad de Estado

Seguridad de Estado, hoy se entremezcla con las anteriores políticas, en la medida que muchos problemas de seguridad ciudadana y de justicia terminan afectando la seguridad de Estado, como es el caso del narcotráfico que además de afectar la seguridad de los ciudadanos y comunidades, atenta con la estabilidad democrática del país cuando las organizaciones criminales, para beneficio de sus economías ilegales, terminan controlando territorios y ejerciendo gobernanza criminal en los mismos o involucrándose, a través de la corrupción, en los distintos procesos electorales para ejercer presión política y lograr apoyos para su actividad criminal.

Hoy el narcotráfico y otras rentas criminales como la minería ilegal, asociados a grandes mafias del crimen transnacional, son los principales problemas de seguridad nacional y deben ser asumidos y enfrentados por el Estado y la sociedad en su conjunto con una política de Estado que se sustente en la cooperación internacional de seguridad y justicia, en alianzas estratégicas con los países de la región, especialmente con Colombia y Perú, principales productores de la cocaína, con EE. UU. y distintos países de Europa y de otros continentes.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, indicó esta mañana del 13 de abril que las encuestas (exit poll) que realizarán dos empresas a boca de urna no constituyen resultados oficiales, por lo cual no deben ser tomadas como una fuente definitiva de información, “pues no reflejan el resultado real de un proceso”. Con esa alerta coincidió el académico Santiago Basabe, quien sostuvo que una de las empresas tiene claros intereses a favor de una de las candidaturas. 

Redacción Código Vidrio

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que empezará a publicar resultados oficiales de las elecciones presidenciales de este domingo desde las 6 de la tarde. El anuncio lo hizo al inicio de la jornada electoral la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien alertó: “Si bien existen empresas autorizadas para realizar encuestas a boca de urna, éstas no constituyen resultados oficiales y por tanto no deben ser tomados como una fuente definitiva de información, pues no reflejan el resultado real de un proceso”.

«Debemos rechazar las narrativas de fraude, el fraude no tiene cabida en un sistema que se construye sobre la base de la legalidad», en Ecuador, afirmó Atamaint. “Hacemos un llamado a los ecuatorianos a esperar con calma y serenidad los resultados, entendemos la expectativa de la jornada, pero el escrutinio requiere rigor”, añadió.

Precisamente el politólogo y académico Santiago Basabe escribió en su cuenta en X: “Mañana esperemos resultados oficiales de CNE. Un exit poll de una persona con claros intereses por una de las dos candidaturas no es garantía de nada”, indicó en relación a la encuestadora Telcodata, propiedad de Tomislav Topic, padre de Jan, excandidato presidencial, quien anunció su respaldo a la candidata Luisa González, del correísmo.

Solo dos de las cuatro empresas autorizadas por el CNE para realizar encuestas a boca de urna (exit poll) han confirmado su participación en la jornada electoral de este domingo. Se trata de Telcodata y Corpmontpubli, que confirmaron que desplegarán personal en todo el país para realizar el levantamiento de datos.

Los ecuatorianos acudirán hoy a las urnas para definir una de las elecciones más reñidas de la historia reciente entre el actual mandatario, Daniel Noboa, y Luisa González, del partido RC5.

En esta jornada participarán 40 mil funcionarios electorales, además de 48 mil miembros de las Fuerzas Armadas y más de 57 mil policías, en medio de un estado de excepción decretado por el presidente Noboa este 12 de abril.

13,7 millones de ecuatorianos acudirán hoy a las urnas, en medio de una crisis de seguridad que se agravó desde la pandemia, en el contexto de la penetración de carteles mexicanos y albaneses para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Los resultados de esta elección se definirán, con seguridad, por la dirección que tome el 18% de votantes que aún no han definido a quien apoyarán, según varias encuestas y análisis difundidos las últimas semanas. La primera vuelta hubo un empate técnico, con cada postulante obteniendo el 44% de los votos. Hasta hoy todas las encuestas muestran que los candidatos siguen empatados y vaticinan un resultado apretado, voto a voto, entre ambas opciones.

Más ataques que propuestas

Uno de los hitos importantes, al inicio de la campaña, fue el debate presidencial, el 13 de marzo. Ambos candidatos emplearon buena parte de sus exposiciones en ataques sistemáticos, más que una exposición de sus planes de gobierno, que pasaron a un segundo plano.

Esa tónica de confrontación y virulencia ha marcado la segunda vuelta. Noboa ha enfilado sus ataques contra González y su movimiento, con el expresidente Rafael Correa a la cabeza, denunciando su relación con el crimen organizado y casos sistemáticos de corrupción, que se investigan o han sido sentenciados y enjuiciados en la justicia. El más reciente está relacionado con un juicio que enfrentan tres importantes partidarios del correísmo, exintregrantes del Consejo de Participación Ciudadana, por querer tomar el control, de forma fraudulenta, en complicidad con Correa, de la Contraloría y la Superintendencia de Bancos. Los tres militantes fueron destituidos por el Consejo Electoral y están enjuiciados.

En el debate, González denunció la supuesta participación de una empresa bananera de la familia Noboa y el involucramiento de su jefa de campaña y gerente en varios envíos de cocaína a Europa. Este caso estuvo bajo la investigación de la Fiscalía, que sin embargo no acusó a la gerente de ningún delito. La candidata ha cuestionado los resultados del Plan Fénix, resaltando que las cifras de violencia no han bajado, así como violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los operativos de la fuerza pública.

 La campaña llegó a su fin, este jueves 10 de abril, en medio de un ambiente creciente de inseguridad y un aumento de homicidos, en su mayoría entre miembros de bandas criminales, que se enfrentan por el control de territorios, especialmente en Guayaquil. Aunque el año pasado, las muertes violentas tuvieron una disminución del 17%, este 2025 las cifras se volvieron a disparar.

El gobierno mantiene miles de soldados y policías en las calles realizando operaciones a gran escala, que han dejado decenas de detenidos, incluidos importantes cabecillas de grupos criminales. También ha sumado apoyos de Estados Unidos y la Unión Europea con equipos y recursos para capacitación e inteligencia.

Este proceso electoral transcurrió también en medio de una severa crisis por inundaciones, debido a las intensas lluvias, que han causado graves daños en carreteras, colapso de puentes, desbordamientos de ríos y derrumbes en varias ciudades del país. Puede ser posiblemente un factor que influya en el ánimo de los votantes, en medio de acciones desplegadas por el Ministerio de Obras Públicas y los gobiernos locales en las zonas golpeadas por el temporal.

Otro hecho que desató reacciones y críticas encontradas fue la llegada al Ecuador de Erick Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, acusada de abusos en operaciones en varios países con mercenarios. A inicios de este mes Prince se reunió con el presidente Noboa, quien anunció una alianza de su gobierno con esa empresa para brindar capacitación a militares y policías. Prince incluso participó en un operativo antidelictivo en Guayaquil y también dio declaraciones en varios medios a favor de Noboa y en contra de González, en medio de críticas por su intervención en la campaña electoral.

A González se le cuestiona desde diferentes sectores por su afinidad con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien dijo que sí reconocía como un mandatario legítimo. Otros puntos débiles de su campaña estuvieron marcados por  los anuncios que hicieron dos de sus legisladoras sobre el impulso de un “dólar a la ecuatoriana”, lo cual, según sus críticos, pondría en riesgo la dolarización que es el sistema monetario que rige en Ecuador. También recibió cuestionamientos su anuncio de que en su gobierno entregaría 72 millones de dólares para financiar el empleo de “gestores de paz”, para que operen en los barrios en apoyo a la seguridad ciudadana, similar a modelos empleados en Venezuela y Cuba, para la participación de civiles en defensa de su proyecto político.

Otro hecho que destacó estos últimos días fue el anuncio que hizo la fiscal Diana Salazar de extender sus funciones, que terminaron oficialmente el 9 de abril,  hasta que se designe a su reemplazo. Las últimas horas, la Fiscalía ha hecho públicos en sus redes sociales una cadena grabaciones de conversaciones entre el expresidente Correa y exautoridades de su partido, que se confabulaban para la designación de autoridades de control. Desde 2019, cuando asumió la Fiscalía, Salazar ha enjuiciado a importantes dirigentes del correísmo por corrupción y delincuencia organizada.

• La espera se alargó por 17 años. Este jueves 10 de abril se inauguró la central Alluriquín, con una potencia de 204 MW, una de las tres del Complejo Toachi Pilatón, también integrado por las plantas Sarapullo, de 49 MW, en operación desde marzo de 2023, y Mini Toachi, de 1,4 megavatios, que también esta operativa. Así, la obra empezó a operar en toda su capacidad hidroeléctrica de 254 MW.
• Para que esto ocurriera pasó mucha agua bajo el puente. Dos firmas rusas a cargo de la parte electromecánica de esta central litigaron contra el Estado los últimos años. Y ganaron. En el primer caso, Inter RAO obtuvo un laudo arbritral por el cual debe recibir 45 millones de dólares. En el segundo, Tyazhmash logró un acuerdo de mediación que implicó un pago por supuestos gastos adicionales que sería de 20 millones, al extenderse los trabajos (el monto final es reservado). 
• Tras los acuerdos emprendidos por este gobierno finalmente se concretó la finalización de las obras, que empezaron con la colocación de la primera piedra en 2008, en la administración de Rafael Correa. Nota actualizada este 11 de abril de 2025. 

 Redacción Código Vidrio y Vistazo

Este 10 de abril de 2025 empezó a operar, a toda su capacidad, de 254 MW, la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, en Santo Domingo de los Tsáchilas. La construcción de la obra, que demoró 17 años -cuatro gobiernos de por medio- se selló con la inauguración de la central Alluriquín, con una potencia de 204 MW, que es una de las tres del Complejo, también integrado por las plantas Sarapullo, de 49 MW, en operación desde marzo de 2023, y Mini Toachi, de 1,4 megavatios, que también esta funcionando.

Durante la ceremonia en la casa de máquinas, Gustavo Sánchez, gerente general subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dijo que gracias a la «oportuna intervención de la Procuraduría, llegamos a un acuerdo con la empresa contratista (la rusa Tyazhmash), acortamos los cronogramas y aceleramos los trabajos, especialmente, en la casa de máquinas de Alluriquín y en la mini central Toachi».

La primera piedra para este proyecto se colocó en enero de 2008, durante el gobierno de Rafael Correa. Pasaron 17 años, cuatro gobiernos, dos paros nacionales y una pandemia. Toachi Pilatón enfrentó 7 plagas. Además, las dos contratistas rusas de la obra, Inter RAO y Tyazhmash, litigaron.

Destrabar el proyecto, abandonado por más de una década, fue una de las prioridades de la ministra de Energía, Inés Manzano, quien empujó el avance de los acuerdos con las empresas rusas, según fuentes de esa cartera de estado.

El primer gran misterio alrededor de este proyecto es el costo final de la obra, que esclarecemos en este informe. Según información entregada por CELEC a esta alianza, en la obra se gastaron mil millones de dólares. Este es el desglose: 246 millones de recursos fiscales; 250 millones del BIESS; 52 millones del Eximbank de Rusia y 475 millones de recursos propios de CELEC. De ser así, es más del triple del monto previsto en 2003, cuando se impulsó el proyecto.

El fideicomiso Toachi Pilatón, constituido entre el BIESS y CELEC, indica que el proyecto cuesta 588 millones de dólares.

El fideicomiso se constituyó en 2015, entre CELEC  y el BIESS, que es el Banco del Instituto de la Seguridad Social. El BIESS aportó 250 millones de dólares para constituir el fideicomiso, con el 38,2% de participación. El CELEC, en contraparte, contribuyó con 403 millones, por lo que su participación es del 61,7%. El monto total de este fideicomiso es de 653,7 millones. Hasta inicios de este 2024, el BIESS había recibido de CELEC 26 cuotas por un valor de 106 millones, correspondientes al capital. Y 160 millones, por concepto de interés. El BIESS aún debe recuperar 15 cuotas por un total de 143 millones. En febrero, CELEC transfirió un pago de 12,7 millones de dólares, para cubrir el último pago correspondiente al período de mayo a noviembre de 2023. En uno de sus últimos cabildeos el Gobierno intentó que el BIESS cambie la garantía del pago total (que actualmente es la hidroeléctrica) por un pagaré, lo cual no fue aceptado por el Banco.

La central hidroeléctrica se ubica entre tres provincias, Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. Es un complejo que consta de dos centrale s, Sarapullo y Alluriquín. Sarapullo tiene potencia para producir 50,4 Megavatios (MW) y empezó a producir desde marzo de 2023. La central Alluriquín, con 204,4 MW de potencia, arrancará su producción en forma gradual, a partir de este mes abril de 2025.

El inicio de generación es una buena noticia para el país, en medio de apagones de hasta 14 horas al día por la crisis energética que se extendieron varios meses hasta diciembre pasado.

El primer capítulo de este accidentado proyecto tuvo como protagonista a la empresa Odebrecht, que fue contratada por HidroTapi en diciembre de 2007 para construir la central por USD 366 millones, que ofreció terminar la obra en 48 meses. En menos de un año el proyecto se suspendió por conflictos entre la contratista y el Gobierno.

Dos años después el gobierno de Correa retomó el proyecto pero con otra compañía, la rusa Inter RAO. El 25 de octubre de 2010, la entonces HidroToapi EP y la sociedad anónima Inter RAO suscribieron el contrato de ejecución de las “obras electro e hidromecánicas para la puesta en servicio de las unidades turbogeneradoras del proyecto Toachi Pilatón”. El valor, según documentos obtenidos por esta alianza, fue de 144,9 millones de dólares. El plazo de ejecución: 44 meses. Dentro de este proceso, Inter RAO adquiría los equipos a otra firma rusa, que era la fabricante, Tyazhmash.

Hubo problemas, como la detección de fallas geológicas que amenazaban la estabilidad de la casa de máquinas de Alluriquín. “Los frentes de las obras civiles en la mayor parte de los sitios no fueron entregados a Inter RAO por parte de CELEC, alcanzando un retraso de hasta 630 días”, explicaba desde Moscú el ingeniero Viacheslav Leonov, entrevistado en abril de 2017, por Vistazo sobre la razón de las demoras.

Para esa fecha, “todo el equipamiento principal y la mayor parte de los equipos auxiliares ya han sido suministrados al Ecuador”, decía el portavoz ruso. “La primera unidad de la central hidroeléctrica Sarapullo del proyecto Toachi – Pilatón, está prácticamente lista para las pruebas y puesta en marcha”. Según esta versión, al no ser entregados los frentes de obra civil era imposible continuar. Además, “Es necesario que se firmen con CELEC las adendas del contrato, sin las cuales la empresa Inter RAO no puede suministrar al Ecuador el resto de los equipos que ya han sido fabricados”.

---

El gobierno de la Revolución Ciudadana había ofrecido cambiar la matriz energética a un esquema limpio, y supuestamente seguro, con la construcción de ocho centrales hidroeléctricas. No escuchó a quienes advertían sobre el peligro de anclar la generación a la apuesta hidroeléctrica, frente a la amenaza del cambio climático, por el riesgo de sequías o inundaciones.

---

El régimen quería inaugurar las mega obras en 2016, en plena campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2017.

El retraso en Toachi Pilatón se debía a problemas con el frente de obra civil, a cargo de China International Water & Electric Corp (CWE). Los problemas geológicos generaron retrasos. No se llegó a un acuerdo definitivo para la línea de financiamiento del Roseximbank. La razón de fondo fue la dificultad de establecer una fecha de finalización del proyecto, en virtud de los imprevistos. Entre octubre de 2015 y octubre de 2016 CELEC se retrasó en los pagos en 26 ocasiones, con deudas que sumaron 12,5 millones de dólares

En el enlace ciudadano 505, del 17 de diciembre de 2016, el entonces presidente Rafael Correa anunció que había ordenado terminar unilateralmente el contrato con los constructores, por incumplimiento. En esa cadena, Correa solamente se refirió a la fabricante rusa, sin alusión a la china. La central hidroeléctrica Toachi Pilatón debía estar lista en mayo de 2015. Para la fecha de su sabatina, el gobierno solamente había entregado tres de las ocho centrales ofrecidas al país.

“Determinamos tres obras donde vamos a terminar unilateralmente los contratos. La una: Toachi Pilatón. Está atrasada la hidroeléctrica. Me ofrecieron la primera central, son dos. La de Sarapullo para diciembre (de 2016). Esta es una empresa rusa: Inter RAO no ha cumplido el contrato: He ordenado terminar unilateralmente el contrato, compañeros”, explicaba Correa.

Nadie esperaba las acusaciones públicas de Correa, dado que para fines de noviembre de 2016, ya se había logrado un acuerdo en los temas de controversia entre ambas partes. Entre el 20 y 21 de diciembre de ese año, cuatro días después de los anuncios del entonces mandatario, los representantes de la contratista rusa pidieron reunirse con las autoridades ecuatorianas.

Ecuador pierde el arbitraje

El 22 de marzo de 2017, CELEC declaró la terminación unilateral, argumentando que la empresa rusa había incurrido en 6 incumplimientos. El litigio saltó en primera instancia a mediación. Y luego escaló a un arbitraje, en diciembre de 2018, con una pretensión de pago de 86 millones de dólares, que quedó establecida en 45 millones, según el pronunciamiento de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, donde se resolvió el abitraje.

El laudo arbitral dio la razón a la fabricante rusa, en mayo de  2023. La apelación del Estado ecuatoriano no halló eco: en marzo de 2024, se ratificó en su pronunciamiento que ordena el pago de 45 millones de dólares a favor de Inter RAO.

Los valores a pagar son estos: 30,5 millones por concepto del valor de terminación, más interés simple desde el 23 de marzo de 2017; 1,4 millones por intereses de mora por el retraso en pagos; 7,2 millones por el cobro indebido de la garantía de fiel cumplimiento, más interés simple desde mayo de 2016; 41 mil dólares por costos de mantener las garantías más interés; 473 mil dólares por los costos incurridos para mantener la filial ecuatoriana hasta marzo de 2018, cantidad a la que se suma el interés calculado desde el primero de abril de 2018. A todo esto se suma el pago de 4,2 millones por concepto de costas de arbitraje.

Esta alianza pidió un pronunciamiento al portavoz de la empresa rusa, pero no tuvo respuesta.

Otro actor, nueva disputa

La obra estuvo paralizada entre marzo de 2017 y julio de 2019, según revelaron fuentes del CELEC.

En abril de 2017, el Ministerio de Energía recibió la propuesta de Tyazhmash, fabricante original de buena parte de los equipos electromecánicos, por 83 millones de dólares. A inicios de 2018, la misma empresa reportó que el valor actualizado con rubros adicionales ascendía a 112 millones.

En febrero de ese año, CELEC y Tyazhmash suscribieron el contrato para la finalización de las obras electromecánicas e hidromecánicas. El monto: 124 millones de dólares. Y el plazo, 29 meses.

La pandemia obligó a suspender los trabajos entre marzo y junio de 2020. El 19 de agosto de 2021, la contratista pidió una nueva prórroga, que implicaba extender el plazo hasta diciembre de 2022. En septiembre de 2021, Vistazo visitó el proyecto y fue recibida por representantes de CELEC y Tyazhmash. Ambos coincidieron en que la central se había convertido en un monumento a la resiliencia, pues fue el único proyecto de esa magnitud que siguió en marcha a pesar de la pandemia de Covid-19.

 

“Personal técnico que venía desde Rusia y Alemania para el montaje de equipos no pudo llegar en el momento previsto según la planificación inicial. Algunos equipos electromecánicos y de transformación que viajaban desde Europa y Asia sufrieron demoras en los puertos de embarque, cerrados durante la emergencia. Una infraestructura en particular, que ahora se encuentra en la subestación de Alluriquín, venía desde la región china de Wuhan, donde se reportó el brote del coronavirus”. Esto publicó Vistazo en 2021, citando al entonces gerente de la unidad de negocios Hidrotoapi.

En esa visita, el gerente general de Tyazhmash, Azat Satikov, explicó que el primer gran desafío al asumir el contrato, en 2019, fue iniciar un proceso de revisión, análisis y recuperación porque gran parte de los equipos electromecánicos anteriormente suministrados fueron guardados en condiciones antitécnicas. Aclaró que algunos equipos permanecían guardados “bajo cielo”. Y remarcó la dificultad que supuso mantener el ritmo de obra durante la crisis sanitaria.

A fines de 2022 la contratista solicitó una nueva extensión, esta vez, hasta el 28 de marzo de 2024, el equivalente a 464 días adicionales. En agosto de 2023, requirió por tercera vez una prórroga.

La segunda ampliación del plazo contempló cuatro eventos: el retraso en la ejecución de obras civiles de nivelación de pisos en la casa de máquinas; el paro nacional de actividades; la variante omicrom de Covid-19 y el período invernal.

Desde inicios de mayo de 2023, Tyazhmash argumentó que un “desequilibrio económico” afectaba al contrato,  en razón de gastos por mayor permanencia, por efecto de las ampliaciones de plazo.

La pretensión de la firma rusa fue el cobro adicional de 53,4 millones de dólares. Este valor fue calculado en función de varios rubros: 32,4 millones por costos operacionales (ya que la empresa estimó que cada día de operación tiene un valor de 38.500 dólares); 7,5 millones de dólares por la extensión de garantías técnicas en Sarapullo, y 13,5 millones por la extensión de garantías técnicas en Alluriquín.

Más plata para Tyazhmash

En agosto de 2023, las partes optaron por un procedimiento de mediación en el organismo especializado de la Procuraduría General del Estado.

Entre los documentos que sustentan los pagos adicionales, invocados como extraordinarios por la contratista, se incluyen facturas por alimentos, con bebidas de moderación; arriendo de bodega y vivienda; exámenes médicos; una prima de seguro de vida; honorarios por asesoría tributaria; combustibles en Guayaquil; auditoría de estados financieros. La empresa rusa no se había pronunciado sobre este ítem, al ser consultada para esta reportería.

Sobre el contenido final y el monto acordado en mediación, ninguno de los actores quiso pronunciarse, aludiendo el carácter secreto de las negociaciones. Fuentes extraoficiales confirmaron que este mecanismo garantiza que Contraloría no audite el proceso.

Esta alianza conoció que el acuerdo económico supera los 20 millones de dólares. El arreglo permitió al gobierno anunciar para diciembre el inicio de operaciones de una de las tres turbinas de la central Alluriquín. Esto representa 68 megavatios, MW, en medio de la crisis energética más grave de los últimos tiempos, con apagones de hasta 14 horas diarias.

La alianza requirió información a la empresa fabricante rusa, pero no obtuvo una respuesta. Durante la inauguración de este jueves 10 de abril al referirse al monto de los reclamos que ha presentado la contratista Tyazhmash al Estado ecuatoriano, por los incumplimientos al contrato, el representante legal de la empresa rusa, Azat Satikov, dijo que es un tema confidencial, pero que se alcanzó un acuerdo de «ganar-ganar».

La central por dentro

Se encuentra en el límite de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. Aprovecha el caudal de los ríos Pilatón y Toachi.

La potencia instalada es de 254,4 MW. La central Sarapullo, con 50,4 MW y la central Alluriquín, 204 MW. Sarapullo inició operaciones en marzo de 2023, Alluriquín está previsto para diciembre de 2024, y el inicio de las otras dos fases en forma escalonada y progresiva.

El esquema consiste en captar aguas del río Pilatón. Un túnel de conducción de aproximadamente cinco kilómetros llega hasta la casa de máquinas de Sarapullo. Aquí operan tres unidades. El agua turbinada pasa a la siguiente etapa en Alluriquín, donde la potencia instalada es de 204 MW. Toda la energía del proyecto sale hacia la subestación Alluriquín, la cual se integra con el sistema nacional interconectado.

La central se ubica en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. Fue diseñada para producir energía eléctrica en mayor cantidad entre los meses de enero y mayo, cuando las centrales de generación de la vertiente oriental (Coca Codo Sinclair, Paute y Agoyán) se encuentran en período de estiaje. En la actualidad, por los efectos del cambio climático los ciclos estacionales ya no se cumplen.

Debió costar 300 millones

Este proyecto se vislumbró allá por 1965. En 2003, el proceso adquirió impulso, cuando la Prefectura de Pichincha invitó a la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) para estudiar el proyecto y hacer una propuesta. Esta contempló un presupuesto total de 300 millones de dólares, de inversión privada, sin financiamiento del Estado. IMPSA obtuvo la concesión del entonces CONELEC para ejecutar el proyecto, pero ésta fue entregada a Hidrotoapi S.A., que ya tenía un acuerdo previo con Odebrecht. Esto obligó a IMPSA y Odebrecht a trabajar en conjunto.

En enero de 2008 el entonces presidente Rafael Correa puso la primera piedra. Solo un mes más tarde, IMPSA evidenció fallas en el diseño de las obras, similares a las que luego se evidenciarían en San Francisco. Odebrecht contrató a otro proveedor del equipamiento. Posteriormente, Odebrecht salió de escena y la obra civil quedó en manos de China International Water & Electric Corp (CWE), de China. Esta también salió, en medio de litigios con CELEC. Los trabajos continuaron con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Esta alianza pidió un pronunciamiento a CELEC, hasta el cierre de esta edición espera una respuesta.

---

La investigación para este reportaje fue financiada como parte de un proyecto concursable de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD). Este apoyo no implica ningún condicionamiento ni injerencia en nuestra línea editorial independiente.

• En la frontera de Colombia con Ecuador abundan las plantaciones de hoja de coca, y laboratorios para convertirla en clorhidrato de cocaína, pero es menos rentable. Pasan los años, bajan los precios, pero no hay alternativas para que los campesinos colombianos emprendan otras actividades. Así está el panorama en el extremo sur del Putumayo, frente a Sucumbíos, de cara a nuevas propuestas de sustitución del Gobierno. Un equipo periodístico de esta alianza regional de La Silla viajó a la frontera con Ecuador para entender el panorama. 
• Entre 2022 y 2023, hubo una crisis en el precio y la compra de coca en Colombia debido a diferentes factores como la sobreoferta, el cambio de gobierno y el aumento de operativos de incautación. Sin embargo, en 2024 los precios se han recuperado y se reestableció la cadena de comercialización, lo que le ha llevado a los campesinos cocaleros retomen cultivos que tenían en pausa.
• Esta historia es parte de un especial regional “Territorio Narco” liderado por la Red Transfronteriza de Ojo Público de Perú, en colaboración con La Silla Vacía de Colombia, Sumaúma de Brasil y Código Vidrio de Ecuador. En el caso de La Silla con apoyo de la Fundación Moore y Natural Resource Governance Institute —NGRI—.  

Por César Caicedo Cano

La Dorada, como se le conoce a la cabecera municipal de San Miguel, en el paso fronterizo con Ecuador en el Bajo Putumayo, está rodeada de extensos pastos de los que sale uno que otro árbol alargado, con hojas solo en la copa. Están diseñados para competir por la luz en la espesura de la selva amazónica, pero ahora parecen espantapájaros en medio de potreros y vacas. 

Al principio de la carretera que va desde la zona urbana a la vereda San Carlos hay cultivos de piñas, estanques de peces, cacao y papaya, alternativas que han surgido para hacerle frente a la coca, sin mucho éxito, en buena medida por los incumplimientos del Estado y la falta de condiciones para el procesamiento y comercialización. 

Diez minutos después comienzan a verse los arbustos de coca. Las carreteras se convierten en trochas y las trochas en motovías que llevan a lo más profundo de las montañas, donde la coca se destapa por completo.

San Miguel ha vivido históricamente de los cultivos de uso ilícito y ha sufrido la violencia de sus mercaderes, con casi 600 víctimas de homicidio y 200 desaparecidos en el marco del conflicto armado. 

Es el noveno municipio con más cultivos de coca en Colombia, más de 3 mil hectáreas sembradas en 2023, según MinJusticia, y tres poblaciones vecinas están en el top 10: Orito, Valle del Guamuez y Puerto Asís, todas en Putumayo. Este Departamento, después de Meta, ha tenido en la última década una de las tasas de deforestación más altas. 

Tras casi un año y medio de declive, el negocio está recuperándose, pero ya no es el mismo de antes. Las vacas flacas pusieron a dudar a muchos sobre el futuro de la coca, aunque el presente inmediato tampoco muestra alternativas. 

Colombia corre el riesgo de la descertificación por EE.UU. dado el crecimiento de los cultivos de coca, que en 2023 aumentaron en un 10% al llegar a las 253 mil hectáreas, de las cuales Putumayo puso una quinta parte. Bajo ese panorama, esta semana es el relanzamiento de los diálogos entre el gobierno y la Coordinadora Ejército Bolivariano en La Hormiga, a 20 minutos de San Miguel. Uno de los objetivos es avanzar en un acuerdo para la erradicación y sustitución de 15 mil hectáreas, un 30% de lo que hay sembrado hoy en el Departamento. 

De la Coordinadora hacen parte los Comandos de la Frontera, el grupo armado que manda en la región y está en más de 20 localidades fronterizas de Ecuador y Perú. 

Un periodista de La Silla, parte de esta alisan periodística, viajó a San Miguel para entender el clima en el que arranca esa conversación. 

Las vacas flacas de la coca

En 2020, cuando arrancó la pandemia, la coca comenzó a comerse el monte a un ritmo sin precedentes en San Miguel. La crisis económica llevó a los comerciantes al campo, que no tenía las restricciones de los centros poblados.

“En la ciudad todo estaba restringido, entonces los mismos comerciantes se fueron a buscar tierras para sembrar coca. Ahí comienza una deforestación y aumenta la producción”, dice Carlos Chapuel, campesino de San Miguel y coordinador político de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam).

De acuerdo con el monitoreo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), San Miguel pasó de tener 3.600 hectáreas de coca en 2020 a 6.700 en 2023, una tendencia creciente que se replicó a nivel nacional. Sin embargo, la ola de coca fue contenida por un muro en el mercado.  

Gustavo Petro llegó a la presidencia en agosto de 2022 con la promesa de darle un giro a la política de drogas: dejar de perseguir a los campesinos y aumentar las operaciones contra los grandes capos. Su gobierno ha tenido cifras récord de incautación, aunque matizado por un aumento proporcional en las hectáreas cultivadas. 

También sacudió la cúpula militar y sacó de tajo a 48 generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, lo que alteró la coreografía de los narcotraficantes en los territorios. Ese cambio, mezclado con una posible sobreoferta, hacen parte del repertorio de hipótesis para explicar que en varias regiones del país no hubiera quien comprara la coca desde finales de 2022 hasta mediados de 2024. 

A 15 minutos de la Dorada comienza la vereda San Carlos. Entre los potreros y los sembrados frutales, se desprende de la vía principal un pequeño camino en el que apenas cabe una moto. Después de cruzar una pradera y un riachuelo, se llega a una casa de madera donde vive una familia de campesinos. 

En el suelo y las paredes reposan los restos de la jornada de trabajo: botas de caucho, sombreros de paja y costales de fibra. El ruido de las chicharras y los pájaros entonan el ambiente de la conversación.

“Cuando llegó el nuevo gobierno se cayó la economía, estuvo duro, la gente dejó botada la coca”, dice el mayor de la familia López*. “Ya va para un año en que no hubo comercio, ni regalada se la llevaban. A nosotros nos sirvió la finca: pepitas de cacao, maíz, plátano, yuca, gallinas… Pero a la gente del pueblo le dio más duro”, dice el más joven. 

En regiones como Norte de Santander, Nariño y Putumayo, que concentran la mayoría de la coca, los campesinos estaban aguantando hambre y en los pueblos también tragaban saliva. Desde las panaderías hasta los hoteles dependen de que la plata llegue al campo y aunque no todos siembren, todos esperan la bonanza. 

“Cuando se cae el producto a todo el mundo le va mal, indirectamente todos dependemos de eso. Yo tengo una empresa que es de sonido, me contratan en veredas para diferentes eventos, pero cuando se pone malo, no hay contrataciones”, dice Gustavo Cuartas, un concejal de 27 años, del partido Gente en Movimiento. 

“Vea, aquí donde me ve, yo he sido taxista, mototaxista, lavador de carros, animador, maestro de ceremonias, cotero, he intentado hacer negocio, de todo. Y siempre uno depende de eso, aquí es difícil.”, advierte. 

Pese al repunte, el negocio no es como antes

La crisis ya pasó y poco a poco los precios se recuperan, pero la plata no es la misma que antes porque los insumos y la mano de obra ahora son más caros.

“Es como un círculo vicioso: trabajas, cultivas, cosechas, vendes, pagas y vuelves a quedar en lo mismo”, dice Osvaldo Solarte, campesino de San Miguel y líder departamental del Moviccaap, el Movimiento Campesino Cocalero, Agrario y Ambiental del Putumayo.

La finca de la familia López tiene seis hectáreas de coca, entreveradas con árboles de cacao y matas de plátano. Su mantenimiento depende del clima: si llueve se siembra y si hace sol se fumiga. “El que le gusta trabajar no pierde el tiempo”, dice la mujer de la casa que escucha la entrevista desde una banca cerca a la cocina. 

La planta demora de seis meses a un año para dar su primera producción. Después, si se fertiliza y se fumiga cada 15 días, puede cosecharse cada tres meses, lo que le da una ventaja frente a otros cultivos como el cacao, que tarda cuatro años para dar su primera cosecha, o el café, que solo da una al año. 

Si hay mucho que hacer, llegan a la casa trabajadores, la mayoría de ellos venezolanos. El jornal para labores varias está a 50 mil pesos, mientras que a los raspachines que arrancan la hoja, se les paga 12 mil por arroba recolectada. Un raspachín dúctil puede irse a casa con 150 mil pesos o más en un solo día de trabajo, si el clima les favorece. 

Las hojas se pican y se revuelven con cal, combustible y químicos. Se lava un par de veces y se obtiene lo que se conoce como pasta base. Antes, la labor de los campesinos terminaba en ese punto, pero ahora va más allá. 

“Ahora nos exigen más calidad, lo que le llaman el óxido”, cuenta con voz ronca el mayor de los López. “Sacar pasta base es fácil, sacar el óxido es más complicado, hay que refinarlo con permanganato y no cualquier persona se le mide a eso”, agrega el integrante más joven de la familia. En este sector, el kilo de “óxido” está a 2,6 millones de pesos (640 dólares), mientras que el de “base” está a 1,5 (368 dólares). 

Los costos son, sin embargo, altos. Al ser la gasolina uno de los principales insumos para la transformación de la coca, el alza que ha tenido ha impactado también a los cocaleros. Un barril de gasolina valía 80 mil pesos (20 dólares) en 1995, y ahora vale 800 mil (casi 200 dólares). 

Incluso antes de la crisis, el margen de ganancia no era tan amplio. De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, la inversión necesaria para producir una hectárea de coca era de alrededor de $30 millones (7.369 dólares) y su producción se vendía en $35 (8.600 dólares).

 Para hacerle frente a la carestía, los campesinos se han valido de la selección artesanal. Identifican plantas que rinden más para reproducirlas en pequeños viveros. Así han probado más de 20 variedades que van reemplazándo según su rendimiento.

A “la pecueca”, una variedad, ya nadie la quiere. Las que están de moda son “la orejona”, “la reina” y “la durita”, que permiten alcanzar un mayor porcentaje de alcaloide con menos combustible e insumos químicos. “Uno va mirando las matas y, cuando ve que una salió más bonita, coge la semilla y empieza a ensayarla”, explica el mayor. 

Por eso, en San Miguel y en todo el Putumayo están reemplazando los cultivos por otros más vigorosos. Si la variedad no se da espontáneamente, toca comprar la semilla o el tallo, lo que estimula otro negocio. Una arroba de tallos de la variedad orejona puede valer hasta un millón de pesos en otras regiones como Llorente, en Nariño, donde todavía es una novedad. 

Aun con la mejor genética, la plata no rinde. Solo alcanza para librar los gastos de la producción y tener una vida más o menos tranquila en medio de las precariedades de un municipio donde no hay acueducto y donde la red eléctrica solo llega al 40% de la población. 

Hoy en día, los riesgos de ser perseguidos son bajos. Incluso las erradicaciones forzosas, que aún se siguen haciendo, son socializadas por los policías con los finqueros y las juntas de acción comunal para evitar confrontaciones. 

“No nos sentimos atacados por ningún lado como en las épocas del 2000 cuando nos acusaban de terroristas”, dice el más veterano de los López. “Nos afecta la Fuerza Pública porque nos quema los ranchos, pero ya no nos agreden”, agrega el joven, refiriéndose a los lugares donde procesan la hoja. 

El paisaje también ha cambiado con el tiempo y está cada vez más despejado de árboles. “Antes había bastante selva, pero ya no. No hay cacería porque no se encuentra nada, ni la boruga, ni el armadillo, ni el yulo (capibara)”. 

Se acabaron las montañas vírgenes y los pocos bosques que quedan no superan las dos hectáreas, a excepción de los que están en resguardos indígenas. De 2013 a 2022 se talaron poco más de mil hectáreas, según el Ideam. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudio de Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, las bonanzas cocaleras aumentan la deforestación, no solo para cultivos de uso ilícito, sino para otras actividades como la ganadería. 

A pesar del cambio, en San Carlos el sonido de la selva permanece y todavía se ven micos colorados balanceándose por los árboles que se mantienen en pie.

El poder de los Comandos en la frontera

A finales de marzo, fue asesinado en La Dorada Wilmer Solarte Pascal, un líder indígena del pueblo Awá y taxista. Sin embargo, en San Miguel la sensación generalizada es de paz, después de sufrir en el pasado la guerra entre el Ejército, el antiguo Frente 48 de las Farc y el Bloque Sur de los paramilitares.

Pero la paz de hoy es impuesta por quienes pusieron los muertos en el pasado. La zona rural de San Miguel, así como buena parte de la frontera sur del país, está dominada por los Comandos de la Frontera, un grupo que surgió de la unión entre los disidentes de los frentes 32 y 48 de las Farc y miembros de la antigua banda La Constru. 

Los Comandos manejan el negocio de la coca e imponen normas para que nadie se los quite. Cuando alguien las incumple, se arriesga a ser asesinado o castigado. Algunas versiones dicen que a Wilmer lo mataron por esa causa, aunque aún no hay un parte oficial ni indicios claros sobre su asesinato. 

De acuerdo con la ONG Insight Crime, los Comandos controlan la coca en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Cauca y Nariño, y se encargan del traslado de cargamentos de marihuana y cocaína hacia Ecuador y Brasil. 

San Miguel hace parte de uno de los 15 enclaves cocaleros que hay en Colombia —donde se cultiva, transforma y comercializa en escala la coca y sus derivados —, el de Frontera Putumayo, que incluye parte de los municipios de Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y un sector de Ipiales (Nariño). En 2023, este enclave concentró el 14% de la coca a nivel nacional.

Para evitar intrusos, el grupo armado impone requisitos como la carnetización y la afiliación obligatoria de los habitantes a las juntas de acción comunal. Los vecinos deben portar su carné en todo momento y los raspachines deben tener el aval de las juntas para trabajar allí. 

“Aprendimos a convivir con ellos”, dice Osvaldo Solarte, de Movicapp, mientras toma tinto en la cafetería de la Alcaldía. “Uno de los acuerdos es que, para proteger a nuestra comunidad, carnetizamos a los afiliados. Cuando transitan, el actor armado les pide el carné y si los retienen la junta tiene que interceder por la persona”, explica.

“Cuando los trabajadores se van ellos tienen que entregar el carné al finquero y el finquero nos lo entrega a nosotros. Así sea por una semana, quince días o un mes de trabajo toca hacerles el carné, porque si no ellos —los Comandos— llegan a las fincas y cobran una multa de tres timbos (200 litros) de gasolina”, dice un líder comunal que pidió no ser nombrado por motivos de seguridad. “Como directivos nos toca, porque si no, el problema es pa’ nosotros”.

Las normas también buscan controlar el flujo de personal entre las diferentes veredas, tras la llegada masiva de foráneos en busca de trabajo. Incluso tienen reglas ambientales, como que no se procese la coca cerca a nacimientos de agua, dada la toxicidad de los residuos que quedan de su producción. 

Si los problemas son de conducta, la sanción es con trabajo. Quien arme peleas en una fiesta, por ejemplo, tiene como castigo un fin de semana construyendo placahuellas.

Cuando otros grupos armados muestran su interés por entrar a la zona, la vigilancia aumenta y hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Hace dos años se temía la llegada del frente Carolina Ramírez, en ese entonces adscrito a las disidencias de alias “Iván Mordisco”, lo que masificó el uso del carné.

De acuerdo con una fuente de la zona, el año pasado la tensión vino del otro lado de la frontera. Los Choneros, uno de los grupos criminales más grandes de Ecuador, habrían incursionado un par de veces en el lado colombiano, pero la amenaza se quedó en escaramuzas. 

Las condiciones actuales de la frontera son funcionales para el negocio de la coca. Los productores compran combustible ecuatoriano, que es más barato, y el río San Miguel les permite sacar la mercancía hacia Nariño y Esmeraldas (Ecuador) buscando el océano Pacífico. 

El puente internacional de San Miguel no es tan transitado como el de Ipiales —el otro paso fronterizo—, porque solo está abierto de seis de la mañana a seis de la tarde. Los que sí abren 24/7 son los por lo menos siete pasos clandestinos que dejan mover cualquier cosa sin hacer preguntas, a cambio de 6 o 7 dólares. Por allí pasa buena parte del contrabando de productos como ganado proveniente de Caquetá y cacao, que se venden a mejor precio en Ecuador.

La presencia de los Comandos de Frontera en el país vecino es permanente. De acuerdo con una investigación de La Liga Contra el Silencio, publicada el año pasado, Comandos y Choneros han impuesto un régimen de terror en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, donde se establecieron para hacer minería de oro. El medio ecuatoriano Código Vidrio también reportó alianzas criminales con bandas de ese país.

Del lado colombiano no parece haber presencia permanente de grupos ecuatorianos, pero sí llegan personas de ese país a los centros poblados ofreciendo mejores precios por la base de coca que los capos colombianos. 

“Llegan a La Dorada o a Puerto Colón —un corregimiento de San Miguel—, ofrecen precios más favorables, pero eso está trayendo muertes”, dice la fuente. Quien venda mercancía sin autorización o sin pagar un “impuesto” a los Comandos, puede ser asesinado o desplazado de sus tierras. 

Mientras los grupos armados aprovechan la porosidad de la frontera, la institucionalidad es pasiva.

Un pequeño caserío, algunos puestos de comida y varias camionetas de transporte público anuncian la llegada al puente internacional, a 25 minutos de La Dorada. Hay una oficina de Migración y una estación de Policía, pero las demás instituciones están del lado ecuatoriano, en el Centro Binacional Fronterizo (Cebaf). En las noches, cuando cierra la frontera, la calle que lleva al puente se convierte en una cancha de fútbol para los niños del caserío, mientras por los lotes cercanos cruzan carros y motos. 

“Hemos sido poco visibilizados, la apuesta es posicionarnos como paso fronterizo. Aquí no tenemos instituciones como la Dian y el Instituto Colombiano Agropecuario, ni tenemos la infraestructura”, dice el alcalde de San Miguel, Jose Jairo López. 

Desde el municipio adelantan gestiones para abrir la frontera hasta la medianoche y pactar un acuerdo de hermanamiento que permita coordinar a ambos países en temas como seguridad, salud y desarrollo agropecuario. “Nosotros queremos desarrollar zonas francas para generar empleo. Ya se le ha tocado el tema al gobierno nacional, necesitamos el apoyo”, agrega el alcalde.  

En la vía hacia el puente, poco a poco, se han establecido paraderos turísticos que ofrecen comida amazónica, vistas al río y miradores para contemplar la sabana amazónica. 

Vuelven los aires de sustitución

La Hormiga queda a 20 minutos de La Dorada y, fiel a su nombre, parece un hormiguero con gente en constante movimiento. Es la cabecera municipal del municipio Valle del Guamuez y uno de los epicentros de la economía que mueve la coca en el Bajo Putumayo.

Ahí la tasa de homicidios en 2023 fue de 106,8 por cada 100 mil habitantes, cuatro veces la nacional. 

En su zona céntrica parece que no viviera nadie, pues solo hay licoreras, panaderías, restaurantes y almacenes de ropa. Los tres pares de semáforos que hay se quedan cortos para regular el ajetreo de personas, motos y camiones.

La semana entrante, La Hormiga será la sede del relanzamiento de la mesa de diálogos entre el gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el nombre que cobija a los Comandos de la Frontera y a una escisión de las disidencias de la Segunda Marquetalia que opera en Nariño. 

Los diálogos sobrevivieron a la captura de alias Andrés Rojas, alias “La Araña”, el máximo comandante de los Comandos, quien fue aprehendido en medio de las negociaciones en Bogotá por tener una orden de extradición del gobierno de EE.UU. Ahora está en el pabellón de extraditables de La Picota, esperando que el presidente Petro defina su futuro.

Uno de los asuntos que se discutirán en el nuevo ciclo de diálogos, que comienza este 7 de abril, es un acuerdo para erradicar y sustituir 30 mil hectáreas de coca, 15 mil de ellas en Putumayo, un 30% de las que hay en el Departamento según el último dato del MinJusticia. El pasado 31 de marzo hubo una reunión entre ambas delegaciones, en la que el gobierno propuso un plan piloto que incluye ingresos por 12 meses y alternativas productivas a “grandes volúmenes” para los cultivadores. Los delegados de los grupos armados “acogieron positivamente” la idea.

De entrada, cualquier nueva apuesta en ese frente tendrá que lidiar con la desazón que dejó el Programa de Sustitución de Cultivos (Pnis), que hace parte de los acuerdos que se firmaron con las Farc en 2016. A 2022, casi cinco años después, solo un 2,75% de los inscritos había recibido el total de los beneficios. En esos lugares es donde hoy se reporta mayor cantidad de cultivos, según la Unodc. 

En la territorial Putumayo, que abarca los municipios del Bajo Putumayo y algunos sectores aledaños de Cauca y Nariño, alrededor del 60% de las 11 mil familias cultivadoras inscritas al programa tienen pendientes pagos para desarrollar sus proyectos productivos a largo plazo. De acuerdo con la oficina territorial de la Dirección de Sustitución, en el gobierno Duque no llegaron los pagos y el gobierno Petro comenzó a subsanar la deuda, pero la crisis fiscal tiene suspendidos los pagos a los proveedores y beneficiarios. 

“Hay una resolución para entregarles rápidamente la plata a los adultos mayores, pero anteayer se murió un mayorcito esperando, estaba en mal estado de salud”, cuenta Carlos Chapuel, de Coccam. “Se ha venido entregando gotereado y eso no le da seguridad a la familia para implementar. Además, si no hay comercio para los productos, prefieren usar esa plata para pagar deudas y mejorar sus casas”. 

Para Chapuel, que lleva alrededor de 20 años discutiendo el asunto, las nuevas políticas del gobierno Petro parecen más de lo mismo, pero con “palabras más bonitas”: “Si no hay garantía de recursos, de transformación y comercialización, no se puede hablar de un cambio definitivo”, agrega. Como alternativa, plantean un programa gradual que permita sustituir la coca a medida que se vayan cumpliendo los acuerdos, una opción que no ven con buenos ojos en la Dirección de Sustitución.  

En la finca de los López también son escépticos con las nuevas promesas. “Aquí han venido varias veces. Con la estevia dijeron que la iban a comprar y fue un fracaso. Con el cacao estuvo bueno al principio, pero después no alcanzaba ni para los trabajadores. Necesitamos que haya empresas y fábricas porque si no, ¿quién va a comprar y quién va a procesar?, dice uno de los hijos. 

“Si no hay un apoyo conveniente, tenemos que seguir hasta el final. No nos queda mucha plata, pero tenemos para comer, para la salud y para las cositas. Si dejamos de cultivar, ¿de qué nos sostenemos?”, concluye el mayor de la familia.

La plata de la coca sigue reemplazando la del Estado en San Miguel. En la mañana del sábado, un grupo de 10 campesinos se reúne en la vereda Chiguaco para hacer placahuella. Entre todos compran una volquetada de balastro, cada finca pone un bulto de cemento y compran las tablillas para encauzar la mezcla de concreto. 

La placahuella en tiempos de invierno permite transitar por los cultivos sin atascarse en los lodazales. Poco a poco, las diferentes veredas de San Miguel comienzan a conectarse a través de estos carriles.

El recuerdo de la crisis de la coca sigue en todo caso fresco y plantea una duda existencial para los campesinos, que ya no ven ahí un futuro seguro. Eso abre una ventana de oportunidad para nuevos acuerdos de sustitución, con un gobierno que es cercano a las organizaciones campesinas.

“Nos preocupa el escepticismo, pero no vamos a comprometernos con cosas que no vamos a cumplir y estamos haciendo las cosas de la mejor forma posible”, le dijo a La Silla Armando Novoa, el jefe negociador del gobierno con los Comandos de la Frontera. Anunció que le apuntan a la posibilidad de firmar un “acuerdo mínimo de paz” antes de que termine el gobierno Petro, mientras se van cumpliendo acuerdos parciales de aquí a ese momento. 

“Si llega un programa hay gente que se acoge porque sembrar coca ya no es tan rentable. Otros dicen que la coquita les ha dado todo, es un arraigo que va a ser duro cambiar”, explica Solarte, del Moviccaap. 

A través de un acuerdo emitido en febrero pasado, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, reguló el derecho preferencial que tiene la Empresa Nacional Minera (Enami) para acceder a áreas mineras libres. Esa regulación busca empoderar a la entidad para que avance con la concreción de acuerdos de exploración en gran minería con compañías transnacionales, una vez que cumplan una serie de requisitos detallados en dos disposiciones complementarias. No obstante, hay preocupación en el sector sobre la entrega de concesiones a través de declaratorias de extinción, caducidad y nulidades, porque el Estado es juez y parte. Enami firmó acuerdos con tres firmas internacionales que no han avanzado, una de ellas es Solaris que tiene otro proyecto de exploración de cobre denominado Warintza, en Morona Santiago (foto). 

Redacción Código Vidrio 

El gobierno intenta sacar a la Empresa Nacional Minera (Enami) de su rol ineficiente y de entrampamiento para convertirla en un actor empoderado, a través de alianzas con las transnacionales y empresas privadas en el sector minero, golpeado por la criminalidad y la corrupción.

La última decisión, en este sentido, está plasmada en el acuerdo emitido por la ministra Inés Manzano, el pasado 27 de febrero. Esa normativa ratifica y regula el derecho preferencial y de primera opción que tiene la Enami sobre las áreas mineras libres en el país, en todos los regímenes mineros de concesiones metálicas y no metálicas. Además establece que la Enami podrá ejercer su derecho preferente para solicitar al Ministerio de Energía cualquier concesión, incluidas las de pequeña minería. En este sentido se aplicará sobre áreas mineras cuyos derechos se hubieren extinguido por caducidad, extinción, nulidad o hayan sido restituidas al Estado y que se encuentren en proceso de remate.

Las causales para la aplicación del derecho han levantado preocupaciones y dudas entre actores del sector porque quien deberá determinar la extinción, caducidad o nulidad es el propio Estado, que en ciertos casos podría inclinar la balanza en favor de Enami, afectando a empresas privadas titulares de concesiones. Esto abriría la puerta a una posible competencia desleal.

No obstante, la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, aseguró que de ninguna manera se piensa entregar indiscriminadamente áreas a Enami en perjuicio de las empresas privadas, sino regular de forma transparente y detallada su derecho preferente, pero cumpliendo los mismos requisitos que otras compañías que buscan concesiones, bajo parámetros de competitividad. Además contar con el sustento normativo para generar alianzas entre el sector público y privado para impulsar grandes proyectos mineros, que están en carpeta.

Illescas destacó que la Enami es el brazo ejecutor de la política minera, pero que una de sus debilidades ha sido la falta de recursos y estructura para empujar proyectos de gran envergadura, por lo cual era necesario regular adecuadamente derecho preferente, que también está garantizado por la Constitución.

La empresa ha usado su derecho preferente antes en algunas ocasiones, y tiene concesiones, pero en ninguna ha concluido un proyecto efectivo, por falta de recursos y de inversiones que son muy costosas y de alto riesgo.
Con base en el último acuerdo de febrero, la decisión del Gobierno es que la Enami pueda desarrollar proyectos de exploración, únicamente para gran minería, a través de acuerdos comerciales, tipo joint venture, con varias empresas, dice Illescas.

 

A más del acuerdo, el Ministerio de Energía emitió dos disposiciones: una que establece que el otorgamiento de estos derechos a Enami se hará solo desde la matriz en Quito, y la segunda se trata de un instructivo específico para el otorgamiento de derechos mineros. “Es un mecanismo de regulación para que en este caso la compañía estatal cumpla los mismos requisitos exigidos a las empresas privadas”, apuntó Illescas. “Estamos asegurando un proceso participativo de varias compañías, para que se escojan mejores propuestas y se asegure beneficios importantes para el Estado ecuatoriano”.

---

¿Cómo se aplica el derecho preferente? Consiste en que si un peticionario solicita un área, el Ministerio de Energía consulta a Enami si quiere ejecutar su derecho preferencial en esa área. Si la estatal decide emprenderlo, las áreas indicadas les son entregadas de manera preferencial.

---

En estos casos la Enami debe cumplir varios requisitos y condiciones que empiezan por establecer que las áreas que reciba estén libres, con el aval de informes técnicos, legales y económicos, con un plan aprobado ante la Arcom. “No es nuestra intención que la Enami tenga todas las áreas del país, estamos en etapa de prueba, de aprendizaje”, agregó la Viceministra.

Según expertos del sector consultados, el acuerdo que regula el derecho preferente también sugiere que, en ciertos escenarios, concesiones en trámite podrían ser anuladas y posteriormente adjudicadas a la Enami para su negociación con terceros. Sin embargo, para que una concesión en trámite sea declarada nula, debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente, incluyendo la Ley de Minería, la Constitución y el debido proceso administrativo.

Desde su creación, hace 15 años, la Enami no ha despegado. La falta de mecanismos legales y su aprobación oportuna, que apuntalen su gestión (en los que ha estado avanzando el Ministerio de Energía, con el Viceministerio de Minas y la Arcom) se cuentan entre sus principales lastres, así como sus cifras en rojo por pérdidas constantes en su operación, sin ninguna ganancia.

La empresa pública no ha podido ejecutar hasta el momento los acuerdos firmados con tres mineras internacionales para iniciar la exploración en varias concesiones. En abril del 2024 firmó convenios con Hancock Prospecting PTY LTD (Australia), a través de su subsidiaria Hanrine Ecuadorian Exploration and Minning. A la firma del acuerdo, esa empresa le entregó 1,2 millones a Enami. Si ese convenio se concreta formalmente, una vez que se entreguen los títulos mineros, permitirá la exploración de 28.276 hectáreas, divididas en seis concesiones, en Imbabura, con una inversión proyectada de USD 120 millones. Un mes después Enami firmó otro convenio con la canadiense Solaris Resources, para empujar una alianza estratégica, cuya inversión anunciada suma USD 25 millones para actividades de exploración en una superficie de 39.734 hectáreas, en Morona Santiago. En 2023, Enami firmó un convenio similar con la minera canadiense Barrick International, que se comprometió a invertir USD 27,5 millones en exploraciones en 40.000 hectáreas en el sur de Ecuador, y pagó USD 275.000 a la firma estatal.

---

Enami acumula pérdidas por más de 11 millones de dólares desde 2020. No genera ingresos y solo reporta gastos operativos para el pago de su personal.  

---

Ninguno de esos convenios se ha podido ejecutar porque la Enami aún no cuenta con las concesiones mineras. Precisamente el último acuerdo de la ministra Manzano y otras normativas complementarias habilitan su acceso a los títulos mineros y las alianzas de negocios con empresas internacionales. Entre tanto, Enami aún sigue estancada, frenada en su gestión por barreras burocráticas y decisiones represadas en su Directorio, integrado por varias autoridades del Gobierno.

Esa firma estatal tiene una cartera de 14 proyectos. Pero la mayoría tiene problemas legales y oposición en las comunidades, por lo cual tampoco ha podido avanzar en su desarrollo.

Para conocer las acciones que lleva adelante con el fin de concretar los acuerdos, este medio pidió una entrevista con el gerente de la Enami, Emmanuel Delaune, pero no ha tenido respuesta.

Poderosas estructuras de lavado sin responsables

La decisión para apuntalar a la Enami ocurre en medio de la depuración del catastro minero, a través de la instalación de un nuevo software, a cargo de una consultora canadiense. Este mapa geológico digitalizado está previsto abrirse para la graficación y entrega de nuevas concesiones a fines de abril, si el presidente Noboa se reelige, siguiendo la hoja de ruta que él trazó en 2024.

Como parte de este proceso también se aprobó una batería de reformas legales, para poner orden en las operaciones mineras, en medio del descontrol generalizado que se agudizó los últimos cinco años, después de que se eliminó la Agencia de Regulación y Control Minero, en 2020. Ese descontrol permitió que, por ejemplo, titulares de concesiones, licencias de comercialización (para comprar y exportar oro) y plantas de beneficio, operen libremente, en especial en regímenes de pequeña minería, en contubernio con operadores de minería criminal, dentro y fuera del Estado.

En ese contexto, el director del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM), José Julio Neira, levantó alertas sobre la necesidad de suspender el otorgamiento de nuevos derechos para concesiones mineras, mientras el Ministerio de Energía trabaja en la depuración del catastro.

El jueves 20 de marzo pasado, Neira, quien también dirige la UAFE y es delegado permanente del Presidente ante el directorio de la Enami, envió un oficio (PR-SGIP-2025-0100-O) a la ministra Manzano, recomendándole que “se suspenda momentáneamente el otorgamiento de derechos mineros, así como la graficación y desgraficación de proyectos y áreas hasta no revisar técnicamente los procesos, a través de la verificación de integridad para la prevención de conflictos de intereses”, con el fin de que se realice una validación y control de los derechos mineros otorgados. Con el fin de conocer a qué derechos mineros se refería en su comunicación, este medio pidió a Neira una entrevista, contactándolo a su celular, pero no respondió nuestra solicitud, hace dos semanas.

Sobre las investigaciones de delitos y corrupción en las exportaciones de oro y el empleo ilegal de concesiones por actores del narcotráfico, denunciados por Código Vidrio https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/, Manzano dijo que es una tarea que les compete a organismos de control y de Inteligencia, en la que han avanzado con buenos logros.

Uno de los puntales es la coordinación de la Arcom con las Fuerzas Armadas para realizar operativos contra la minería criminal, en varias provincias. Aunque en las operaciones se han inutlizado retroexcavadoras y se han incautado sacos de material mineralizado, en varias provincias como Imbabura (Buenos Aires), Napo y Azuay las actividades de bandas delictivas, como Los Lobos y Choneros avanzan, imparables, en la explotación de oro.

Fuentes del sector y expertos de organismos internacionales consultados dijeron que, además de los operativos militares contra los focos de minería ilegal, que se han multiplicado, sumando 387 puntos en la actualidad, el Gobierno aún no ha desmantelado las complejas estructuras criminales que crearon redes de empresas fantasmas que lavan dinero del narcotráfico con las exportaciones de oro. “No hay procesos judiciales abiertos ni detenidos por estos casos, al menos ninguno se ha hecho público”, dijo un especialista de un organismo que coopera con el Gobierno en este campo. “Hay empresas de pequeña minería que siguen exportando cantidades inusuales de oro, millones de dólares, sin que los organismos de control intervengan”, sostuvo un funcionario de una entidad internacional.

El Gobierno afina la depuración el catastro minero, antes de iniciar un proceso de entrega de nuevas áreas para minería, dentro de las próximas semanas, según confirmó la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Más de 300 solicitudes de concesiones, que están pendientes desde el cierre del catastro en 2018, la mayoría de pequeña minería, también serán revisadas para determinar si cumplen los requisitos legales para su aprobación. Mientras tanto, esa cartera no dará paso a ninguna concesión, incluso aquellas que fueron aprobadas por jueces, que aceptaron acciones de protección de algunos peticionarios, que alegaron que se habían violado sus derechos. (Foto tomada del sitio web de SolGold). 

Redacción Código Vidrio

La apertura del catastro minero, dentro de las próximas semanas, para entregar nuevas concesiones para explotación de minerales metálicos y no metálicos, está en análisis del Gobierno para dinamizar el sector, según confirmó la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.

En entrevista con Código Vidrio, Manzano informó que tienen previsto abrir el catastro por orden del presidente Daniel Noboa, en abril, una vez que se afine su depuración. “Lo abriremos pero en fases, por tipo de régimen, por zonas y distritos, empezando por la gran minería, luego la mediana, pequeña y artesanal. Para dar este paso hemos pulido información, y emitido una batería de acuerdos y reglamentos, para tener las reglas claras, y que todo el sector, que ha estado totalmente desarticulado, esté alineado con las políticas del Gobierno”, aseguró Manzano.

La fecha límite para la actualización del catastro es el 23 de abril próximo por disposición del presidente Noboa en el decreto 435, firmado en octubre pasado. En ese documento se ordena que en un plazo de seis meses las autoridades realicen “la actualización inmediata y coordinada del catastro minero y de los registros correspondientes a las autorizaciones administrativas ambientales mineras. Deberá incluir el registro de concesiones, autorizaciones, licencias, registros, certificados y permisos otorgados, revocados y cancelados, de tal manera que faciliten las acciones de control”.

Las últimas semanas han sido complejas para Manzano, quien ha estado al frente de las acciones para mitigar la tragedia ambiental por un derrame masivo de petróleo en Esmeraldas. Aún se investiga si este desastre se debió a un derrumbe o a un sabotaje al oleoducto, según informes de Inteligencia.

En medio de esa crisis, la semana pasada Manzano atendió a este portal para abordar la situación del sector minero, socavado desde el 2020 por la expansión vertiginosa de la minería ilegal y sus nodos de conexión con bandas criminales y carteles del narcotráfico. Uno de los puntos neurálgicos de sus actividades delictivas es la explotación de oro en concesiones legales, cuyos titulares se volvieron sus socios, a través de diferentes modalidades contractuales, “entre privados” sobre las cuales las autoridades estatales no han tenido ningún control.

“Todo el control estaba divorciado, cuando asumí el cargo, en mayo del año anterior, esto era un caos. Hoy sabemos que estamos enfrentando actores poderosos y peligrosos, que aprovecharon ese caos, ese descontrol, en su beneficio”, recalcó Manzano, quien estuvo acompañada de la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, su brazo derecho al frente del sector minero.

En este contexto, Manzano destacó que la apertura del catastro, con base en información actualizada, es importante, pero es parte de un proceso más complejo. Incluye una serie de decisiones y acciones coordinadas con el Servicio de Rentas Internas, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el Ministerio de Ambiente, el del Interior y las Fuerzas Armadas, que son parte del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM), encabezado por José Julio Neira, quien a su vez dirige la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Entre las acciones relevantes, Manzano destacó, además de un paquete normativo, el control de exportaciones de oro con un nuevo reglamento, que está por aprobarse, la caducidad de concesiones que aplicarán a empresas mineras, que han provocado daños ambientales irreversibles.

Fuentes de la Arcom indicaron que en coordinación el Ministerio y otras entidades han trabajado en la elaboración de 35 normas y en la actualización de 19 regulaciones más que están en marcha, para mejorar los esquemas de control de las actividades mineras, que fueron debilitadas drásticamente cuando se eliminó la entidad en 2020, por falta de presupuesto. En agosto del año pasado la entidad volvió a operar de forma autónoma.

La viceministra Illescas recalca que antes de la apertura están depurado el catastro, que incluso registra concesiones que estaban vigentes antes de que se creara la Ley de Minería (2009). En ese catastro existía un “régimen general”, donde no se indica si son concesiones de grande, mediana o pequeña minería, metálicos o no metálicos.

---

⇒ El catastro minero es un sistema de información georeferenciado que permite un registro, organización y administración de los derechos mineros. Tiene toda la información relacionada con las concesiones y permisos mineros otorgados, así como de las autorizaciones para la explotación de materiales áridos y pétreos. Es una herramienta que les permite verificar a las autoridades el cumplimiento de requisitos legales y ambientales en todos los procesos de otorgamiento. En el catastro están inscritas oficialmente 1.462 concesiones de minería metálica, y 242 en trámite, a la espera de ser aprobadas. 

---

Hay más de 5.000 títulos mineros y esa información no está digitalizada. Más de 3.000 títulos son de mineros artesanales, pero no existe ninguna constancia documental de que sean reales, se desconoce quiénes son ni dónde viven, advierte Illescas.

Otro problema grave es el caos que generan los gobiernos locales, que otorgan títulos mineros para áridos y pétreos. “Estamos conversando con los gremios y los municipios para explicarles que no pueden dar todo lo que les parezca, es un tema complicado.”

El “Sistema de Gestión Minera” -SGM o Catastro Minero- se implementó en 2016, con una inversión de 630 mil dólares. Fue utilizado hasta su cierre, en enero de 2018. Con los años el sistema quedó obsoleto y tenía fallas de seguridad, por lo cual en 2019 desde el Ministerio de Energía se gestionó la evaluación y funcionamiento de uno nuevo, con fondos del Banco Mundial, según explicó el exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar. En octubre de 2023 se firmó un contrato con la empresa canadiense Pacific GeoTech Systems Ltd. para la adquisición de un nuevo software para el manejo integral de gestión minera, por más de USD$2.6 millones, que se empezó a ejecutar desde 2024. Esa plataforma se está configurando y está previsto que esté completamente lista el primer semestre de este año, según Benalcázar, quien detalló los pormenores y sus antecedentes en un artículo publicado en revista Vistazo.

Diego Ocampo, quien antecedió a Illescas en el Viceministerio de Minas hasta agosto de 2024, dijo que la depuración y digitalización del catastro ha sido fundamental para la reapertura, pues entre otras facilidades permite identificar claramente, en tiempo real, donde se están realizando operaciones de minería ilegal, donde hay áreas protegidas y territorios ancestrales, a través de mapas superpuestos, tridimensionales.

“Aunque el software completo debe estar listo para fines del 2026 -destacó Ocampo- cuando yo estaba en el cargo ya se consideraba oportuno abrir el catastro, con una versión inicial validada y certificada por empresa internacional canadiense a cargo del proceso. Era importante dar señales al sector, que atraviesa una severa crisis por la minería ilegal”.

300 solicitudes de nuevas concesiones a revisión

En 2018, cuando se cerró el catastro, las autoridades dejaron en el limbo, sin tramitar, más de 300 solicitudes para acceder a nuevas áreas mineras, según confirmó la viceministra Illescas.

“Han pasado siete años. Se ha especulado mucho sobre el total de solicitudes, que además aumentaban o disminuían, a discreción de las autoridades de turno. En este período (después del cierre en 2018) las autoridades debieron responder esas solicitudes e indicar que en el marco de la decisión del cierre del catastro no se otorgarán más áreas. Adicionalmente debían ordenar que la ARCOM desgrafique las áreas descritas por los interesados, porque la mera solicitud no implica ningún derecho, pero no lo hicieron”, dijo Illescas.

En vista de que las autoridades de turno no notificaron a los solicitantes que no se les otorgaría ninguna área, por el cierre del catastro, los siguientes años pasaron muchas cosas y se han hecho diversas interpretaciones y cambios. “Se han subido y bajado solicitudes -señaló Illescas- autoridades anteriores dieron disposiciones indicando que se hará un proceso de sustanciación, ratificando que algunas solicitudes fueron legítimamente presentadas, interpretando que los interesados tenían derechos, que en realidad no tenían”.

Ante la falta de respuesta del Estado -apuntó la Viceministra- varios peticionarios interpusieron acciones de protección alegando que se han vulnerado sus derechos, logrando que jueces fallen a su favor para acceder a concesiones, con el catastro cerrado. Eso es parte del caos que hemos enfrentado para poner la casa en orden”.

En todos esos casos, la ministra Manzano dispuso que no se entregue ninguna concesión, como una potestad del Estado, hasta que se abra el catastro. Tampoco se ha dado paso a las acciones de protección, dijo Illescas, quien agregó que antes de entrar a revisar todos esos casos, deberán procesar más de 1.000 trámites represados por años, como cesiones, pedidos de caducidad, renuncias, así como aprobar más reglamentos para limitar los contratos de operación y de mandato, las exportaciones de oro, la operación de plantas de beneficio.

“Cuando resolvamos todos esos temas pendientes y tengamos claridad sobre el catastro, con información completa, empezaremos a revisar estas y otras solicitudes, presentadas hasta el cierre del catastro en 2018, a ver si cumplen o no los requisitos para la entrega de un título”, indicó Illescas.

La apertura del catastro tiene opositores. El presidente de la Conaie y ex candidato presidencial, Leonidas Iza, es uno de los más radicales, por sus duros cuestionamientos a la minería a gran escala. Ha acusado al presidente Daniel Noboa y su grupo familiar de tener intereses particulares en el sector. Alertó sobre los impactos de seis proyectos que arrancarán este año en provincias como Morona Santiago, Zamora y Bolívar. Y denunció que 29 de sus compañeros han sido enjuiciados por oponerse a la actividad extractiva.

En un contexto hostil para los ciudadanos y el periodismo independiente, reflexionamos sobre las implicancias del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Su retiro del Acuerdo de París, su política antiinmigrante y su negacionismo climático tienen un impacto transversal que afecta el futuro de la sociedad. En un escenario marcado por la polarización, la desinformación y el ruido informativo, 20 medios de América Latina reafirmamos en este editorial nuestra misión de investigar colaborativamente y explicar los puntos críticos para contribuir a un entendimiento más profundo y matizado de estos tiempos desafiantes. Ilustración: OjoPúblico / Jhafet Ruíz

Por Código Vidrio  

Ha sido difícil seguirle el paso al presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. En tiempo récord, ha firmado tantas órdenes ejecutivas y proclamado tantos planes grandiosos como amenazas, que los periodistas, comentaristas y opinadores han descrito el inicio de su mandato como un blitz, un bombardeo, un terremoto, una tormenta o una avalancha. 

El caos suscitado no es el resultado de una improvisación. Todo lo contrario. El exestratega de Trump, Steve Bannon, lo advirtió en 2019 con otra metáfora que también aludía a la catástrofe: había que «inundar la zona» a toda velocidad. Así, los periodistas y los medios (considerados opositores por Trump y Bannon) estarían tan abrumados que no podrían reaccionar a tiempo. Sin información oportuna y de calidad, los ciudadanos y los otros poderes quedarían desarmados.

El plan ha funcionado solo a medias. Los periodistas han trabajado sin descanso y varias de estas órdenes ejecutivas en torrente ya han sido demandadas por su dudosa legalidad. Pero, mientras se dirime el asunto en los tribunales estadounidenses las decisiones de Trump ya han afectado a millones de personas en todo el mundo: miles de migrantes han sido deportados, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) está siendo desmantelada, se han roto compromisos internacionales y ha comenzado la guerra comercial con la imposición selectiva de aranceles.

Las decisiones de los últimos días no solo afectan al presente, sino también al futuro del planeta y de sus habitantes. Una de las primeras órdenes que Trump firmó fue la retirada del Acuerdo de París. Esta decisión se produce justo cuando la temperatura global ya superó el umbral de los 1,5 grados adicionales, el límite establecido en el acuerdo. Los datos y la ciencia, sin embargo, parecen no preocuparle al presidente del país más contaminante ni a los lobistas del petróleo que ha nombrado en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), quienes niegan que la quema de combustibles fósiles tenga algún efecto en la crisis climática.

En cuanto a América Latina y el Caribe, una de las regiones más vulnerables a la emergencia climática, el presidente dejó clara su posición en su segundo día en el cargo: «Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos. No los necesitamos». El lema, “Estados Unidos primero”, ha reemplazado conceptos como responsabilidad compartida y multilateralismo. El cambio de términos, tono y actitud en la Casa Blanca y el Departamento de Estado refleja la idea de que los países harán lo que Trump quiera, por las buenas o por las malas. 

Esto ha quedado claro con el trato dado a los migrantes, cuya gran mayoría son de origen latinoamericano, y la escasa efectividad de las protestas diplomáticas de algunos pocos países ante la nueva política antiinmigrante de Washington. Tras capturar a más de 14.000 personas en redadas,  la mayoría han sido deportadas hacia México, Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela, luego de negociar un acuerdo pragmático con Nicolás Maduro. Se espera que en los próximos meses aumente el número de deportados hacia este país, ya que Trump canceló el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 venezolanos que creían que estaban a salvo. Estas medidas violan los derechos de estas personas al asilo y la protección, al debido proceso, y a la no separación de las familias, entre otros.

Los países de la región tendrán que responder a esta situación con sus propios recursos, ya que no contarán con la ayuda humanitaria que antes financiaba el gobierno estadounidense. También destinaba millones de dólares a otras causas, entre ellas  la protección del territorio amazónico que comparten Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam. No es un asunto menor: la Amazonía es un lugar estratégico para la regulación del clima y el equilibrio biológico por sus ríos voladores, donde se concentra el 20% del carbono global, alberga al 10% de todas las especies conocidas y es el hogar de 308 pueblos indígenas que hablan más de 200 lenguas. 

Este ecosistema ya está sometido a la presión de la deforestación causada por la minería ilegal del oro y el narcotráfico, que promueve la invasión de tierras y tala de árboles para sembrar coca. Si bien Trump ha prometido mano dura contra el narcotráfico y el crimen organizado, a juzgar por algunos de sus discursos y pronunciamientos en estas primeras semanas, espera que los países de la región se encarguen de combatirlo y demuestren resultados, sin necesariamente recibir la misma cantidad de apoyo económico que Washington les ha otorgado en el pasado. 

Aunque aún no está claro cuántos recursos terminarán aportando o recortando para la región, la nueva política exterior de Washington y la respuesta de Moscú y Pekín en este nuevo orden geopolítico serán un factor importante en las próximas elecciones presidenciales de Ecuador (la segunda vuelta se realizará en abril), Bolivia, Chile y Honduras y Haití –si la situación interna lo permite este año— y en las de Colombia, Perú, Brasil y Costa Rica, que se celebrarán en 2026.

Pase lo que pase en los próximos años, los periodistas de esta red de medios independientes en América Latina estamos obligados a tratar de explicar cómo las decisiones de un solo hombre, o de dos —no podemos dejar de lado a Elon Musk— desde el Despacho Oval pueden afectar de manera transversal -acaso irreversible- no solo a la política regional sino también a las comunidades más vulnerables del continente. Para lograrlo, debemos fortalecer nuestras redes de trabajo colaborativo, tanto transnacionales como hiperlocales, y no perder de vista lo que suceda en lugares de difícil acceso, como la Amazonía, ni los temas que otros medios pueden pasar por alto y quedar así subrepresentados en la discusión pública.

Son tiempos desafiantes y exigentes para esta profesión, por distintas razones: los ataques sistemáticos desde los gobernantes y el crimen organizado, la polarización y la desinformación, que a menudo también buscan socavar la credibilidad de los medios y los periodistas, y la fatiga informativa de las audiencias y lectores, saturados por la acumulación de malas noticias.

Nos hemos propuesto incentivar un periodismo que escape a la reactividad y al catastrofismo, que no se deje abrumar por el caudal de ruido informativo y mentiras en las redes sociales, sino que se ancle con un compromiso genuino en la realidad, que siempre será más compleja y llena de matices. Por eso mismo debemos esforzarnos por documentar también la capacidad de resiliencia, adaptación y resistencia de la sociedad, las instituciones y los liderazgos, sin dejar de investigar los abusos de poder y la corrupción dentro de una práctica rigurosa del oficio.

 En medio de la inundación y el caos que ha provocado Trump, no tenemos otra opción que seguir colaborando y extendiendo nuestras raíces entre el barro. Después de todo, la victoria regia, el nenúfar más grande del mundo y emblema de nuestra región amazónica, florece entre el fango y al anochecer. 

Organizaciones de noticias de Latinoamérica que suscriben este editorial: OjoPúblico (Perú), Sumaúma (Brasil), El Espectador (Colombia), CasaMacondo (Colombia), PopLab (México), Lado B (México), Raichalí (México), Istmo Press (México), Perimetral (México), La Liga Contra el Silencio (Colombia), Revista Nómadas (Bolivia), Código Vidrio (Ecuador), Plan V (Ecuador), Agenda Propia (Colombia), Cuestión Pública (Colombia), GK (Ecuador), Periodistas por el Planeta (Argentina), La Verdad de Juárez (México), InfoAmazonia (Brasil), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

 

El fin es generar terror. Una escalada de los ataques criminales selectivos, de bandas con armas largas, en espacios privados, especialmente viviendas en barrios populosos de Guayas, Manabí y El Oro, prevén los organismos de Inteligencia de la Policía y Fuerzas Armadas en las siguientes semanas. También está en marcha una campaña sin precedentes de desinformación, en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Redacción Código Vidrio

Uno de los motivos del aumento de la violencia delictiva, que incluye asesinatos de personas ajenas a grupos enfrentrados, es la disputa por el control territorial de los barrios, para el microtráfico y las extorsiones. Otra de las causas probables es que se trata también de operaciones sistemáticas, dentro de una estrategia de clanes mafiosos, para generar terror y zozobra entre la población, con el propósito de afectar la imagen del gobierno de Daniel Noboa, en la recta final de las elecciones presidenciales, el próximo 13 de abril, indicó un general del alto mando de la Policía.

Paralelamente está en marcha una campaña sin precedentes de desinformación en redes sociales y medios de comunicación con una clara agenda sesgada, que torpedea las acciones de la fuerza pública para enfrentar la inseguridad y combatir al narcotráfico.

La guerra que el gobierno declaró a 22 grupos narcoterroristas en enero del 2024 ha causado estragos de las estructuras delictivas, en medio de la captura de decenas de integrantes y algunos cabecillas importantes, dentro y fuera del país.  Algunos han muerto en medio de enfrentamientos con la fuerza pública. Sin embargo, la declaratoria del conflicto no ha parado el aumento de homicidios ni otros delitos como extersiones y secuestros exprés, entre otros, que ubican al Ecuador como el país con más homicidios de la región.

Uno de los golpes más duros de la Policía fue la captura en una narcofiesta en Guayaquil, en mayo pasado, de tres importantes cabecillas de organizaciones criminales: Celso Moreira (Choneros), Federico Gómez, alias Feder (Águilas, brazo armado de Los Choneros), y José Cantuña Quilumba (Choneros), quien fue asesinado el mes pasado en su casa en Samborondón. Pese a que tienen un amplio prontuario delictivo, los tres fueron liberados en julio del 2024, pese a abundantes evidencias en su contra por tráfico de armas. La jueza de la Unidad Norte de Guayaquil les concedió medidas sustitutivas, aunque la Fiscalía había pedido que se mantengan apresados y sean llamados a juicio. Según Moreira, no había ninguna razón para detenerlo pues ninguna arma incautada en la fiesta era de su propiedad, como indica equivocadamente el parte policial.

La puerta giratoria de la justicia

Pecisamente la “puerta giratoria” del poder judicial es uno de los flancos más débiles del combate al crimen orgnizado, que esta fuera de las manos del Gobierno, según denuncia el general de la Policía, que pidió no revelar su nombre por seguridad. “Los policías y militares luchamos contra corriente, hacemos nuestro trabajo investigando y neutralizando a estos peligrosos individuos, que tienen un comodín en los  jueces que están de su lado, que tienen precio”, indica el oficial.  “Policías y militares también son blanco de estas estructuras, han asesinado a valiosos uniformados, que han dejado viudas y huérfanos, familias destruidas”, destaca el policía, con un tono de frustración, de impotencia.

Las capturas sistemáticas de cocaína, por una mejor cooperación entre las agencias antidrogas de Ecuador y países aliados, ha disminuido el narcotráfico hacia puertos europeos, según coinciden agentes de Ecuador y la Unión Europea. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en Bélgica, que hasta el 2023 era el principal país de ingreso desde Ecuado a Europa. El año pasado las autoridades incautaron en ese país 44 toneladas de cocaína, 71 toneladas menos que el 2023. “Eso significa que los controles mejoraron, por el intercambio de información, lo cual tuvo una repercusión en la reducción de las exportaciones contaminadas con droga, y una pérdida importante para estas organizaciones criminales”, dijo el coronel Holguer Cortez, director Antinarcóticos de la Policía.  Eso explicaría, según el oficial, la reacción virulenta de los clanes europeos y sus bandas de peones, que entraron de lleno en una campaña criminal, sin precedentes, para desatar el descontento entre la población  sobre las acciones policiales y militares.

En 2024, la tasa fue de 38,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Hubo una reducción del 17% en relación al 2023 cuando la tasa fue de 47 homicidios. Sin embargo, en medio de la campaña electoral, este año la tasa se ha vuelto a disparar y las últimas semanas han ocurrido hechos inusitados de violencia criminal.

El más reciente ocurrió la semana anterior. 22 personas fueron asesinadas con fusiles por miembros de la banda de Los Tiguerones Fénix, en el plan habitacional Socio Vivienda, en el distrito Nueva Prosperina, el más violento en el noroeste de Guayaquil. El 6 de marzo unos 20 delincuentes bajaron de los cerros aledaños en motos y se dirigieron a varias viviendas del barrio, donde dipararon armas de grueso calibre asesinando sin contemplaciones a quienes se encontraban a su paso, dentro y fuera de las casas, incluidos dos menores de edad.

Las víctimas pertenecían a la facción rival Tiguerones Igualitos, con quienes los Tiguerones Fénix disputan la hegemonía de esos barrios. Se disputan el control del microtráfico y extorsiones a los moradores. Dos días después, la Policía detuvo a nueve integrantes del grupo Tiguerones Igualitos en viviendas fiscales del sector Guayaquil de mis Amores, quienes planeaban atentados contra la célula rival.  Tenían en su poder un arsenal de armas municiones de distinto calibre y explosivos, así como vehículos robados.

La fragmentación acelerada del grupo, que nació en Esmeraldas, y los últimos dos años se expandió a varios cantones de Guayas y El Oro, ocurrió tras la captura, en octubre de 2024, de sus líderes históricos Wiliam Alcívar, más conocido como Comandante Willy, y su hermano Álex, alias Ronco. Ambos fueron apresados en España, en una operación coordinada entre ambos gobiernos.

Denuncias de DD.HH.

Representantes de Derechos Humanos y especialistas de seguridad creen que el gobierno ha fallado en llevar adelante una estrategia integral de seguridad pública, complementada con planes de desarrollo para las zonas donde están focalizadas las dinámicas criminales. Tampoco ha sofocado los problemas estructurales de las cárceles que siguen siendo centros de operación de las bandas, plagadas de corrupción, con participación de actores estatales. Además siguen latentes problemas graves como el hacinamiento y la crítica situación de salud de los detenidos, que padecen enfermedades graves, como la tuberculosis.

El Comité de Derechos Humanos  (CDH) también ha alertado sobre violaciones de los derechos humanos en operaciones del Bloque de Seguridad, en especial de militares, que no siguen protocolos que garanticen el debido proceso de sospechos de supuestos delitos, según su director Billy Navarrete.

El CDH indica que han recibido 27 denuncias de desapariciones forzadas y un nuevo asesinato de un joven de 19 años, presuntamente ocurrido en febrero pasado a manos de militares. A estos casos se suma el de los cuatro menores que fueron capturados por militares y cuyos cuerpos aparecieron quemados días después, en diciembre pasado, en Taura. Sus muertes provocaron conmoción y 16 uniformados están procesados y guardan prisión.

“Muchas de las personas (…) desaparecidas, fueron detenidas sin ningún tipo de motivaciones en controles en la vía pública”, dijo Navarrete.

Campaña de desinformación

A los ataques selectivos de las bandas en calles y espacios privados, se suma una campaña sostenida de desinformación en redes sociales, para exacerbar el descontento de la población sobre la inseguridad, desprestigiando a jefes policiales y militares, así como al gobierno, dice un agente de ciberinteligencia que monitorea este fenómeno.

Es la primera vez en la historia ecuatoriana que se ensambla una campaña de desprestigio de esta magnitud, alerta el analista en seguridad Hugo Espín.  Esa operación está dirigida contra el candidato presidente Daniel Noboa y varios generales de la Policía, además de personajes del gobierno y altos mandos militares que encabezan las operaciones contra el narcoterrorismo, evidenciando la existencia de intereses ocultos que buscan frenar los avances en materia de seguridad, subraya Espín en un artículo publicado en el portal Plan V.

A través de redes sociales y medios de comunicación con agendas sesgadas, se difunden noticias falsas, manipulaciones de datos y teorías conspirativas con el fin de sembrar desconfianza en la ciudadanía. En muchos casos, estos ataques provienen de sectores vinculados a la política, el crimen organizado y grupos de poder que buscan mantener el statu quo, alerta Espín.

“Uno de los aspectos más preocupantes de esta guerra de la desinformación -agrega Espín- es la campaña mediática dirigida contra los generales Víctor Zárate, comandante de la Policía, y Víctor Herrera, director general de Inteligencia, que lideran las acciones visibles en contra de las estructuras criminales. Se ha evidenciado la recurrencia de contenidos falaces y noticias a medias con una evidente tergiversación de hechos, que se han incrementado exponencialmente desde el arranque de la segunda vuelta electoral”.