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El concurso para la designación de los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional dio un giro sorpresivo. Uno de los tres finalistas para ocupar esa función, el abogado José Luis Terán, tiene prohibición del Ministerio de Trabajo para ejercer cargos públicos, por haber sido destituido de la Corte Nacional de Justicia en 2021. Terán sostiene que su remoción no está en firme sino en suspenso, por lo cual no tendría ningún impedimento para ser designado juez constitucional. Y que la disposición se subió este 24 de febrero a la página digital de esa cartera de estado, y no se respalda en ningún fallo judicial. Durante el concurso enfrentó una impugnación (foto).

Redacción Código Vidrio

El abogado José Luis Terán Suárez, uno de los tres candidatos mejor puntuados y más opcionados a integrar la Corte Constitucional, no puede ejercer cargos públicos.

Terán tiene un impedimento legal para ejercer funciones públicas por haber sido destituido en 2021 de la Corte Nacional de Justicia por el Consejo de la Judicatura, según consta en el Registro de Prohibiciones e Inhabilidades del Ministerio de Trabajo (Certificado CIWEB20002514328), revisado por Código Vidrio en la página web de esa institución.

En entrevista con este medio, Terán dijo que esa decisión fue subida hoy a la página web de la cartera de Trabajo, y que no se respalda en ningún fallo judicial. La destitución -destacó el jurista- estaba en suspenso, pues aún no existe una decisión final, en firme de la Corte Nacional, de un recurso de casación que se tramita desde 2024. “Por lo tanto, no tengo ninguna prohibición para ejercer cargos públicos”, señaló. “Por eso pasé todas las etapas de selección porque no tenía ninguna inhabilidad”.

En 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito declaró la nulidad de su destitución, pero rechazó su pedido de reincorporación y compensación económica. Posteriormente la Judicatura presentó un recurso de casación para que quede en firme la destitución, mientras Terán también interpuso ese recurso, solicitando su restitución inmediata. Actualmente, este caso está en trámite en la Corte Nacional de Justicia, que sin embargo habría reportado al Ministerio de Trabajo que Terán no puede ocupar cargos públicos, lo que implicaría que su destitución está en firme.

En octubre de 2024, cuando los postulantes presentaron las carpetas, Terán presentó un certificado de esa cartera, validado por la Comisión Calificadora, donde decía que no tenía impedimento, según la jurista María Dolores Miño.

La prohibición de Terán sale a la luz este lunes 24 de febrero cuando el concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional (CC) concluyó, con la etapa de impugnaciones y pedidos de recalificación de la prueba oral de los postulantes que llegaron a esta última etapa. Luego de revisar las impugnaciones estaba previsto que los nombres de los tres nuevos jueces se conocieran hasta este miércoles 27 de febrero.

Posteriormente, el presidente de la CC, Alí Lozada, debía disponer el inicio de un sorteo público para la salida de tres de los actuales nueve magistrados.

Entre 2022 y 2025, la Corte Constitucional se integró con los jueces Alí Lozada (presidente), Carmen Corral (vicepresidenta), además, Richard Ortiz, Jhoel Escudero, Alejandra Cárdenas, Karla Andrade, Enrique Herrería, Teresa Nuques y Daniela Salazar. Tres de ellos deberán dejar la Corte.

Los jueces de la CC desempeñarán sus cargos por un período de nueve años, sin reelección y serán renovados por tercios cada tres años, según la Constitución.

La destitución de Terán

Terán Suárez fue removido en 2019 de su cargo como juez de la Corte, por no superar la evaluación integral dispuesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

Terán ingresó a la CNJ en 2015, tras obtener una calificación de 98.5/100 en el concurso organizado en 2014 por el Consejo de la Judicatura, entonces liderado por Gustavo Jalkh.

No obstante, en 2019, obtuvo una nota de 79.1 sobre 100, por debajo del mínimo requerido de 80 puntos. Como consecuencia, el 15 de noviembre de 2019, el Pleno de la Judicatura lo removió junto con otros 8 jueces y 10 conjueces.

La Judicatura detectó supuestas inconsistencias en su declaración patrimonial de 2015, lo que llevó a la apertura de un expediente disciplinario por presunta falsedad ideológica. En abril de 2021, se le responsabilizó por proporcionar información falsa en el proceso de selección y se le impuso una sanción de destitución que le prohibía trabajar en el servicio público por dos años y, de por vida, en la Función Judicial.

En agosto de 2021, Terán presentó la demanda para anular su destitución, exigir su reintegro a la CNJ y el pago de salarios y beneficios no percibidos. Él asegura que no cometió ninguna falsedad sino que omitió incluir en su declaración una acción de 25 dólares que tenía en una empresa de transporte, porque para esa fecha (2015) en el formulario de la Contraloría no existía un casillero específico, lo cual enmendó en un alcance  de su declaración patrimonial ante la Contraloría.

 INVESTIGACIÓN ⇒ Cuatro ecuatorianos apresados en diciembre pasado por ser parte de una red que traficó 8 toneladas de cocaína a España, son dueños de una empresa minera en Camilo Ponce Enríquez, epicentro de la explotación criminal de oro. La firma es Goldenminerals, que explotó miles de toneladas de mineral aurífero en 2023, pero no reportó la exportación ni el destino que tuvo este material. Esa compañía tenía un contrato de operación con la empresa Miderzul, que hizo exportaciones inusuales de concentrado de oro a China. El Gobierno realiza una auditoría a 1.652 concesiones, para verificar si cuentan con permisos ambientales y si presentaron informes de minerales secundarios, que es su obligación para comercializar y exportar oro.

Por Arturo Torres
Alianza transfronteriza  CódigoVidrio – OjoPúblico   

Los estrechos nexos del narcotráfico y la minería ilegal de oro, que han sido un secreto a voces en Ecuador, quedan por primera vez al descubierto. La punta de la madeja que desenredamos apareció en diciembre del año pasado, cuando una red dedicada al tráfico de cocaína desde Ecuador hacia España fue desarticulada por la policía de ambos países. Al analizar en registros públicos de la Superintendencia de Compañías y otros organismos de control los perfiles económicos y societarios de cuatro de las personas investigadas y detenidas como parte de esa organización criminal, confirmamos que compraron y administraron la empresa minera Goldenminerals S.A., dedicada a la explotación de oro. El fin principal era lavar el dinero procedente del tráfico de drogas y obtener ganancias con exportaciones de oro.

La información recabada para esta investigación ratificó a que Goldenminerals S.A. es un eslabón clave, hasta hoy desconocido, de una cadena que permite entender cómo se conectan y funcionan las redes transnacionales del crimen organizado, que ha diversificado su portafolio de ingresos desde el narcotráfico hasta la minería ilegal y las extorsiones en Ecuador.

Esta historia comienza con dos operativos importantes, en 2023 y 2024, en los que se capturaron ocho toneladas de cocaína (7,3 toneladas en España y 664 kilos en Ecuador) y la detención de ocho miembros de esta red en Ecuador y cuatro más en España. La droga provenía de Colombia y era cargada en contenedores de frutas listas para ser comercializadas a Europa.

La primera alerta de la operación de la organización, integrada por ecuatorianos y extranjeros, fue notificada a la Fiscalía en junio del 2022. Desde esa fecha agentes antidrogas empezaron a realizar seguimientos y posteriormente escuchas e interceptaciones telefónicas a algunos de los sospechosos de esta red, desmontada en diciembre pasado, denominada Gran Fénix 52 Gibraltar.

Entre los detenidos en Ecuador se encontraban empresarios, policías en retiro y un marino en servicio activo, que, según las pesquisas, tuvo un rol importante por su acceso a información privilegiada en el control marítimo.

Según la investigación fiscal, a la cabeza de la organización estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tráfico de drogas y peculado; y la persona encargada de las operaciones logísticas, sería su esposa, María Auxiliadora Montesdeoca.

En 2023, Carlos Eduardo Zambrano fundó la compañía Inmoalta Inmobiliaria, en Guayaquil, además de las empresas Inversiones Monar, en 1998, y Latexcol, en 2004.

La policía también identifica como socios de Zambrano al coronel en retiro de la policía, Julio César Miño del Hierro (quien había sido jefe de la Policía Judicial de Guayaquil y otros distritos) y a Galo Manuel Litardo García, capitán de Corbeta en servicio activo de la Marina. Además, a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, José Luis Bersoza Cóndolo (alías “Pollos”) y Édison Andrés Espín Vallejo, quienes eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracción de oro, entre otras actividades. Entre 2020 y 2024 todos tuvieron ingresos económicos que no pudieron justificar, según consta en el proceso judicial.

Un alto oficial de la Policía explicó que Zambrano se encargaba de la coordinación y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la justicia, la policía y en las Fuerzas Armadas. Según las mismas investigaciones, fue él quien contactó al coronel (SP) Julio César Miño y al capitán de Corbeta de la Marina, Galo Litardo; y él era también quien definía dónde se debía invertir el dinero. Uno de estos negocios fue la minería de oro.

Los actores detrás del negocio

Según la misma investigación policial, Carlos Zambrano y su pareja María Auxiliadora Montesdeoca vivían en una lujosa residencia en Samborondón, cantón de Guayas, valorada en 500 mil dólares.

Las pesquisas de la investigación fiscal en curso han identificado que el coronel en retiro Julio César Miño obtenía información en la policía, a través de sus redes de informantes, con el fin de que sus socios evitaran los controles en los puertos; mientras que el oficial de la Marina accedía a datos sobre los patrullajes acuáticos en los esteros. Así coordinaban el envío del cargamento en los buques, en la zona de cuarentena, antes de su salida a altamar, explicó un oficial del caso.

Mientras estuvo en la policía, Julio César Miño fue parte de diferentes unidades de inteligencia antidrogas y de crimen organizado, como la UIES y ULCO, en 2006 y 2008. Luego fue comandante en Manta y Los Ríos, territorios de elevada violencia asociada al narcotráfico. Fue en este último lugar, donde, según un oficial, Miño habría empezado a ser contactado por grupos criminales.

Actualmente siete de los detenidos guardan prisión, mientras el capitán Litardo tiene medidas sustitutivas, con prohibición de ausentarse del país y presentarse tres veces a la semana ante la Fiscalía, mientras se desarrolla el proceso judicial.

Las autoridades de Ecuador sostienen que el financiamiento de las actividades criminales de la organización provenía de las ganancias de contratos con empresas legalmente constituidas. Al revisar el listado de las compañías identificamos que una de ellas se dedicada a la minería.

Agentes españoles y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador estiman que los financistas principales de estas operaciones serían enviados invisibles de los carteles del narcotráfico que controlan el envío de coca hacia Europa, encabezados por la mafia albanesa, con apoyo logístico de Los Lobos y otras bandas.

La estructura empresarial era para el lavado a través de la explotación y venta de oro en el mercado internacional

Narcos con fachada de empresarios   

Desde diciembre del año pasado, este equipo periodístico recabó información para  identificar la conexión de la red de narcos con empresas, a través de sus accionistas, su modus operandi y su relación con la explotación minera.

Esta investigación identifica que cuatro de los detenidos en la intervención policial de diciembre de 2024 son accionistas y/o administradores de la compañía minera Goldenminerals, constituida en Machala en 2018. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Edison Espín.

La empresa está activa, según el portal de la Superintendencia de Bancos. Fue propiedad de Melida B. y Alisson B., hasta 2022. Ese año fue comprada por el supuesto narcotraficante Geovanny Cruz, quien también es dueño de las firmas Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models. En esas y otras compañías también aparecen como socios y administradores Espín, Alvear y Bersoza, quien es dueño, además, de la firma Avícola Rioblanco, de cría y reproducción de ganado.

Avícola Rioblanco reporta activos por 327 mil dólares, y también era empleada para lavar dinero en efectivo, según la investigación judicial.

En su último informe económico de 2023, Goldenminerals reportó activos por 209 mil dólares. No declaró pérdidas ni ganancias. Desde 2019 mantiene similares montos de activos, pérdidas y ganancias. 
Esa firma minera no tiene ninguna concesión minera. Posee un contrato de operación con la empresa Cerro Azul, Miderzul, que es la titular de la concesión La Boya, ubicada en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay.

Esta modalidad, con la entrega de contratos de operación privados a terceras personas, a cambio de un porcentaje del oro extraído, es ideal para el lavado de dinero, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la minería, porque según él no son acciones reguladas o debidamente controladas.

Desde hace tres años el cantón Ponce Enríquez es el centro de la minería ilegal en Ecuador, donde operan Los Lobos y otros grupos delictivos locales y extranjeros como el Tren de Aragua. Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales más grandes y complejas, que controlan toda la cadena de producción, desde la explotación del mineral aurífero, hasta su procesamiento y fundición en las plantas de beneficio (la mayoría ubicadas en Ponce Enríquez y Portovelo, provincia de El Oro), para su exportación como lingotes o concentrado de oro (arena mineralizada), por vía aérea y marítima a varios continentes, según informes de Inteligencia.

ZONA CONCESIONADA A MIDERZUL EN PONCE ENRÍQUEZ, DONDE OPERABA GOLDENMINERALS

Los mismos reportes y apreciaciones de Inteligencia a los que se tuvo acceso para esta investigación señalan que este intrincado ensamblaje de cómo operaba Goldenminerals habría sido montado por decenas de compañías y operadores más desde 2019, con la complicidad de autoridades de las agencias de control y el Ministerio de Energía y Minas. Estos funcionarios además se encargaron de elaborar normas y reglamentos para facilitar actividades delincuenciales, sobre todo en la pequeña minería, dijo un alto funcionario del gobierno que investiga este laberinto de corrupción.

En la cúspide de esta pirámide estarían carteles, y un escalón más abajo algunos clanes familiares locales que dominan el sector de pequeña minería desde hace décadas en El Oro y Azuay, explica un agente que sigue su pista en Ponce Enríquez.

Contratos de operación abren la puerta
 

El dueño de la minera Miderzul, que extendió el contrato de operación a Goldenminerals, es Juan Pogo Labanda, quien recibió el título de la concesión la Boya en 2021, según informes del Ministerio de Energía y Minas. Como empresa contratante, Miderzul debía encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotación de mineral aurífero, pero no lo hizo, según consta en un informe oficial al que esta alianza accedió. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental.


El contrato, firmado desde 2018, tiene una duración de diez años. Establece que la contratista deberá entregarle el 7% de la producción bruta de oro, que se liquidará en el proceso de recuperación mineral en la planta de beneficio de su elección. Una copia del contrato notarizado está en poder de esta alianza.

Como garantía, el operador pagó USD 50.000. Su obligación -según el convenio- es explotar el yacimiento e impedir actividades de minería ilegal.

Además, el titular de la concesión puede dar por terminado el contrato cuando el contratista no realice operaciones de explotación por más de tres meses, lo cual ha sido recurrente en este caso.

Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) presumen que el área era usada para actividades extractivas ilegales que no eran reportadas, para evadir el pago de impuestos y regalías, lo cual es una práctica recurrente.

Esta alianza periodística accedió también a informes y auditorías oficiales realizadas a las operaciones de Goldenminerals en esa concesión. Según uno de los reportes, la empresa no tiene licencia ambiental desde 2017. Tampoco presentó planes de desarrollo, ni de exploración o interpretación geológica. Esto, sin embargo, no fue observado por las autoridades de la zonal de Cuenca, capital de Azuay.

Esa compañía entregó un cronograma de actividades, aunque reportó que invertiría inicialmente USD 49.337.

Sobre la explotación de mineral aurífero, un informe del 2022 observa que no presentó reportes de geología y geotécnica de la mina. 
Otro documento oficial de producción de labores de exploración y explotación de 2022 confirma que la empresa no desarrolló estudios de geofísica, geoquímica, sondeos ni interpretación geológica, aunque sí extraía mineral aurífero. Respecto a la extracción de minerales, indica que solo hay reportes teóricos, que no cuenta con planta de beneficio para triturar y procesar el mineral. Alquila esos servicios en Camilo Ponce Enríquez.

En 2022, Goldenminerals no tuvo consumo de combustibles en explotación minera alguna, tampoco de energía. No registró operaciones formales entre enero y diciembre de 2022, lo cual debió ser alertado por el titular minero Miderzul, para exigirle al operador que cumpla el contrato. Pero no lo hizo, según destaca el informe técnico.

En 2023, Goldenminerals reportó la explotación de 1.004 toneladas de mineral y 161 toneladas de estéril. En la declaración juramentada de manifiesto de Producción, recogida en un informe de la Regional de Azuay, además indicó que extrajo 11.613 toneladas, en un área de 197 hectáreas. Sin embargo, no especificó cómo lo hizo, con cuántos trabajadores opera o qué pasó con el material explotado: si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializó como concentrado de oro. La empresa solo indicó que empleó 5.500 galones de diésel, pero no tuvo ningún consumo de energía eléctrica.

Ante los pedidos de esta alianza, el fiscal a cargo del caso, Fernando Guerrero, no se quiso pronunciar sobre el avance de esta investigación en la conexión con la minería, pues estaba realizando algunas diligencias.

En la práctica, según expertos del sector consultados, la capacidad de las entidades de control como la Arcom, la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Energía y Minas está desbordada, por la utilización sistemática y discrecional de títulos mineros, licencias de comercialización y contratos de operación para actividades opacas, delictivas, desde hace más de cinco años.

En el país están inscritas 1.652 concesiones (388 en trámite) y 557 contratos de operación (206 en trámite). Además hay 213 plantas de beneficio (82 en trámite), y 370 licencias de comercialización (229 en trámite).
Los actores criminales, vinculados con organizaciones del narcotráfico, se han beneficiado desde hace más de una década de estas modalidades contractuales, usando la fachada de pequeños empresarios mineros. “Han recibido títulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupción que permean todo el sistema”, observa un oficial del Ejército, que investiga esta dinámica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Perú.

Narcotráfico y minería ilegal van de la mano

Julia Yansura, directora del Programa de Delitos contra el Medioambiente y Financiación Ilícita, de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), destaca que el caso ecuatoriano no es una excepción. “Existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero en efectivo que obtienen por la venta de cocaína”, señala Yansura.

Entre las modalidades más usuales están las exportaciones ficticias de minerales auríferos en contenedores, que cuando han sido inspeccionados estaban vacíos. Los narcos declaran importantes envíos que en la mayoría de casos no son verificados, para recibir pagos que ingresan al sistema financiero sin ninguna dificultad. 
Los narcos prefieren el oro porque es mucho más fácil de transportar que el dinero en efectivo. Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones, indica Yansura. 
“La explotación y compra de oro, con fondos del narcotráfico, se ha ido extendiendo vertiginosamente los últimos 15 años en toda la región. Mientras el oro se mantiene al alza -destaca Yanzura- los precios de la cocaína han caído por la sobreproducción”. 
Esta tendencia es parte de la diversificación del modelo de negocio criminal. Los narcotraficantes siguen un esquema empresarial, buscan más rentabilidad con inversiones diversificadas, que los estados tienen dificultad en identificar y controlar con una trazabilidad más eficaz.

José Julio Neira, quien preside el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) y dirige la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), dijo en entrevista con esta alianza que el Gobierno realiza una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros, para verificar si cuentan con permisos ambientales vigentes, si han presentado los informes de minerales secundarios, que están obligados a presentar para la comercialización y exportación de minerales. También está en marcha un control integral de todas las personas naturales y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio. Para detectar posibles casos de lavado de activos, la UAFE realiza controles en toda la cadena productiva del sector minero.

Los operadores, blindados por la justicia

Aprovechando el descontrol estatal, quienes tienen contratos de operación también realizan actividades de minería criminal en áreas fuera de las concesiones asignadas para sus proyectos. Según un informe de la zonal de Cuenca, por estos casos hay 17 amparos administrativos interpuestos por titulares mineros en contra de operadores ante la Arcom, denunciando incumplimientos y prácticas de minería ilegal. Todos esos amparos han sido resueltos desde el 2020 hasta la fecha, en los cantones Camilo Ponce Enríquez y Santa Isabel, según el informe oficial.

No obstante, según representantes de una empresa minera, ese reporte de la Arcom es impreciso. Esa compañía -que pidió el anonimato por temor a represalias- presentó tres recursos de amparo administrativo, descritos como resueltos por la Arcom, pero asegura que aún no se han resuelto a su favor, están en trámite, según indican los documentos de constancia de sus denuncias a los que tuvimos acceso.

En la mayoría de los casos, dice un profesional de la empresa, son litigios que empiezan en la Arcom y pasan a la justicia ordinaria donde tardan años en resolverse o se declaran en abandono. “Los operadores interponen esas acciones en la justicia ordinaria, para impedir que les retiren contratos”, indica la fuente de esa compañía que pidió la reserva por seguridad. 
Uno de esos casos es el de la minera Porvenir, que fue denunciada por realizar explotación ilegal en la concesión Mollopongo, en Camilo Ponce Enríquez. En 2024, técnicos de la Arcom realizaron una inspección técnica en el sitio y verificaron las actividades ilegales durante dos meses consecutivos. De los tres amparos planteados, ninguno está resuelto, y solo en uno se emitió una multa.

Esta alianza accedió a los certificados de exportación y producción de la minera Miderzul, cuyo dueño y gerente es José Pogo Labanda. Él es titular de la misma concesión La Boya, donde también opera Goldenminerals. 
Entre 2023 y 2024 Miderzul exportó a China 827 toneladas de concentrado de oro, es decir arena con mineral aurífero.

Esos cargamentos se enviaron en “big bags” por vía marítima. Por estos despachos Miderzul recibió un pago de USD 2,5 millones. Según los reportes, el concentrado provino de la Boya y fue triturado en plantas de beneficio de Camilo Ponce, la principal es Metalesa, propiedad de los hermanos Milton y Fredy Romero Guaicha. Ellos también son dueños de la empresa Romero Miningcorp y tienen concesiones mineras en esa zona. 
En ninguno de los informes de producción o exportación de Miderzul se indica dónde están las barras de oro que se habrían obtenido de las 827 toneladas de concentrado exportadas a China.

Agentes de Inteligencia sospechan que ese material exportado por Miderzul a China por el puerto de Guayaquil sería el que explotó Goldenminerals.

Según una exfuncionaria de Arcom consultada, ese faltante debería ser investigado y aclarado por las autoridades.

María Laura Patiño, consultora financiera, experta en lavado de activos, subrayó que en Ecuador el sector minero es un espacio ideal para el blanqueo de capitales. Especialmente por la ausencia de controles integrales y seguimiento a los titulares de las concesiones, los operadores, y los propietarios de las plantas de beneficio, para que cumplan sus obligaciones. 
Patiño recalca que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quien es el beneficiario final. “En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores”, apunta.

Esta alianza pidió una entrevista con Juan Pogo para tener su versión sobre el contrato de operación con Goldenminerals y sus incumplimientos, así como las exportaciones de sus empresas Miderzul a China, pero no obtuvo una respuesta, hasta el cierre de este reportaje.

El 29 de enero pasado, el representante de una de sus compañías respondió a uno de nuestros correos. Dijo que él sí nos concedería una entrevista, sin especificar la fecha. Aseguró que ninguna de las firmas de Pogo ha realizado exportaciones de oro relacionadas con Goldenminerals. Aseguró que todas sus empresas mineras están legalmente constituidas. Se dedican a la comercialización de metales y minerales, así como a brindar servicios para exportación.

Exportaciones de Miderzul a China 

 

78 mineras suspendidas

Las anomalías detectadas en esta reportería son parte de un esquema turbio empleando empresas de papel, que aún no ha podido ser desmantelado por el Gobierno, que investiga sus conexiones y patrones.

José Julio Neira confirmó que 78 empresas mineras están suspendidas, con acciones administrativas sancionatorias, por ser parte de esquemas de exportaciones millonarias de oro inusuales, plagadas de irregularidades. Según estimaciones oficiales, más de USD1.300 millones en exportaciones de oro provienen de operaciones de minería ilegal.

En las inspecciones in situ realizadas por el SRI -destaca Neira- la primera anomalía encontrada es la inexistencia de empresas exportadoras en los lugares registrados como domicilio fiscal. “Son empresas fantasmas, que posiblemente son utilizadas para el cometimiento de uno o varios delitos, entre evasión fiscal, corrupción y lavado de activos”.

El mecanismo de envíos desde empresas fantasmas empezó a operar en toda su magnitud en 2023. Ese año, según reveló una investigación de Código Vidrio , las empresas de pequeña minería Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals exportaron 268 millones de dólares en oro a Emiratos Árabes Unidos y la India, 20 veces más que en 2022. Realizaron sus envíos a través de un esquema de certificados y permisos maquillados, fraudulentos, con oro extraído de minas inexistentes en sus concesiones. Sin empleados registrados en el Instituto de Seguridad Social.

Precisamente, una de las prácticas de la delincuencia organizada en el proceso minero es la creación de empresas de un día para el otro, particularmente de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), que con un capital mínimo realizan exportaciones por millones de dólares de material mineralizado, según Neira. Bajo este régimen precisamente han operado Rockgolden y Rocadorada.

Estas anomalías fueron identificadas desde fines de 2023 por funcionarios de la Arcom, que alertaron lo ocurrido a autoridades del SRI.

Esta alianza periodística conoció que para frenar estas prácticas ilícitas en la entrega y uso de las concesiones, plantas de beneficio, licencias de comercialización, y exportaciones de oro, desde el Ministerio de Energía y Minas y el Conim se impulsa una serie de reformas normativas y reglamentarias (algunas ya se aprobaron), con la cooperación de especialistas de la Arcom.

Adicionalmente, según Neira, ya se aplica el registro geolocalizado sistemático de maquinaria amarilla (retroexcavadoras que se usan para la minería ilegal), además del control ambiental en las plantas de beneficio para verificar que cuenten con los permisos ambientales vigentes. También el control de informe de minerales secundarios a los titulares de derechos previo a la exportación y el incremento de auditoras in situ en las concesiones mineras.

El concurso para Corte Constitucional entró en su recta final. Entre los candidatos hay un postulante removido como juez nacional y otro aspirante que fue un alto funcionario de Lasso.

Redacción Código Vidrio

El concurso de oposición y méritos para renovar un tercio de la Corte Constitucional llega esta semana a su etapa decisiva. Seis de los nueve postulantes que quedan en el proceso rendirán el examen oral entre el martes 18 y miércoles de 19 de febrero, que es la última fase del proceso.

La prueba se desarrollará en la Contraloría y tiene un valor de 35 puntos, al igual que la prueba escrita que se rindió la semana pasada. Los 100 puntos del concurso se completan con la calificación de la experiencia profesional y académica, que fue la primera etapa del concurso.

En este proceso de renovación de la Corte Constitucional participa un postulante que fue removido en 2019 como juez de la Corte Nacional de Justicia, por no haber superado la evaluación integral que ese año se realizó por mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-Transitorio).

Se trata de José Luis Terán Suárez, quien llegó a la Corte Nacional de Justicia en 2015, después de que fuera el ganador del concurso organizado en 2014 por el Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Jalkh. Su nota rozó la perfección: 98,5/100.

Sin embargo, después de cinco años, en 2019, Terán Suárez no tuvo el mismo desempeño y no pudo superar la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura de la época. Su calificación fue de 79,1 /100, con lo que no consiguió alcanzar el puntaje mínimo fijado para ese proceso, que era de 80 puntos.

Por esta razón, el 15 de noviembre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, resolvió remover de su cargo de juez a Terán Suárez junto a otros 8 jueces y 10 conjueces.

Sin embargo, en el caso de Terán, el efecto de la evaluación no quedó solo en su remoción. Como resultado de ese proceso, la Judicatura indicó que la declaración juramentada de enero de 2015 del entonces magistrado no había incluido toda su información patrimonial. “(…) La omisión de información en dicha declaración bien puede considerarse como falsedad ideológica, lo que conlleva a que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario inicie el sumario disciplinario en función del artículo 109, numeral 9 del Consejo de la Judicatura (sic)”, señaló un informe de la Dirección Jurídica del Consejo.

Por ese motivo, el Pleno dispuso el 12 de noviembre de 2019 que la Subdirección de Control Disciplinario abra un expediente administrativo en su contra por supuestamente haber incurrido en infracción gravísima establecida en el art. 109 numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Después de tramitar ese expediente disciplinario, el 27 de abril de 2021, el Pleno de la Judicatura responsabilizó a Terán Suárez de haber cometido la infracción gravísima de “proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su nombramiento”.

Uno de los efectos de la destitución es que el sancionado no puede trabajar durante dos años en el servicio público y, además, no puede regresar a trabajar de por vida a la Función Judicial; la Corte Constitucional jurídicamente no es parte del Poder Judicial.

Tras esa sanción, en agosto de 2021, el ahora candidato a la Corte Constitucional planteó una acción contenciosa para que se declare la nulidad de su destitución, se le reintegre a la Corte Nacional. Además que se le paguen los sueldos, salarios y beneficios que dejó de percibir. Su argumento fue que subsanó de manera reglamentaria ante la Contraloría la información que no contenían sus declaraciones juramentada y que, además, la Judicatura no tenía competencia para sancionarlo en un asunto de este tipo.

El 28 de junio de 2024, el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Quito le dio parcialmente la razón, al declarar la nulidad de su destitución, pero rechazó su pretensión de volver al cargo y recibir los recursos que dejó de recibir.

Su caso actualmente está en la Corte Nacional de Justicia, donde están en trámite la admisibilidad de los recursos de casación planteados por Terán y el Consejo de la Judicatura.

De hecho, Terán no quedó satisfecho con esa resolución jurisdiccional. Por ese motivo, solicita que le sea “i) restituido en forma obligatoria, a su cargo dentro del término de cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución; (ii) recibir las remuneraciones que dejó de percibir; (iii) recibir los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial con los descuentos que apliquen”, dice su escrito presentado el pasado viernes 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando completó su pedido de casación.

El jurista Juan Carlos Vilema explica que, al encontrarse este proceso en casación, la destitución del 27 de abril de 2021 sigue vigente.

Jorge Benavides Ordóñez es otro de los perfiles que buscan ocupar una silla en la Corte Constitucional. Llegó al concurso como parte de la terna de la Función de Transparencia y Control Social.

Además de su trayectoria en el mundo de la academia y la docencia, Benavides recientemente tuvo un paso por la actividad política. Específicamente fue un alto funcionario del gobierno de Guillermo Lasso. Allí desempeñó varios cargos de confianza del ex presidente de la República y líder del partido CREO.

Benavides fue viceministro de Trabajo, subsecretario Jurídico de la Presidencia durante el proceso de muerte cruzada de mayo de 2023 y, por último, fue presidente del Director de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), en reemplazo de Hernán Luque Lecaro, procesado por el caso de corrupción denominado Encuentro.

La Corte Constitucional admitió una acción extraordinaria de protección por indicios de violaciones a los derechos de la naturaleza en La Maná. Las causantes de las afectaciones serían las empresas mineras Comiange y La Maná Rome Gold, en sus operaciones extractivas, en medio de la negligencia de los ministerios de Ambiente y Energía, y de la Agencia de Control Minero. Desde enero pasado, tres jueces analizan la causa, que puede sentar un precedente sobre las operaciones de explotación minera sin permisos ambientales, y la incapacidad del Estado para ejercer su potestad de que se cumplan sus decisiones.

Redacción Código Vidrio

El Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, conformado por las juezas Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Jhoel Escudero Soliz, empezó a conocer la acción extraordinaria de protección de la empresa Acquad’or C.A. en contra de las autoridades los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). En esa demanda la empresa embotelladora de agua Splendor alega omisiones y negligencias sistemáticas los últimos ocho años de las entidades gubernamentales para controlar las actividades extractivas de las empresas Comiange y Rome Gold.

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CRONOLOGÍA

• ACQUAD’OR C.A. presentó una acción de protección en contra del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación en la que alegó omisiones por parte de las entidades accionadas para controlar actividades mineras aledañas a un inmueble de su propiedad, donde realiza sus actividades económicas como embotelladora de agua.
• En sentencia de 12 de julio de 2024, el Tribunal de Garantías Penales Especializado aceptó parcialmente la accióny ordenó medidas de reparación integral. Las entidades demandadas y la minera apelaron.
• El 1 de octubre de 2024, la Sala Especializada de lo Penal de Pichincha (“Corte Provincial”) aceptó los recursos de apelación y revocó la sentencia de primer nivel.
• El 29 de octubre de 2024, la empresa presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Corte Provincial.
• Por sorteo, le correspondió el conocimiento de la causa a la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo. El expediente fue recibido en esta Corte en la misma fecha y en el despacho de la jueza ponente el 18 de noviembre de 2024.
• Desde enero el caso es tramitado por tres jueces constitucionales.

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La acción extraordinaria de protección fue presentada en la Corte impugnando la sentencia de segunda instancia, emitida en octubre pasado por la Corte Superior de Pichincha. En primera instancia, tres meses antes, un Tribunal Anticorrupción, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, aceptó la acción de protección y ordenó el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspección y determinar la afectación ambiental. Además, pidió que se informe si hay investigaciones previas en Fiscalía por delitos ambientales, entre otras medidas. “En el caso que nos ocupa ha quedado probado el daño ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisión de las entidades demandadas”, sentenció el tribunal.

Entonces, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minería, y la Arcom defendieron que han realizado un control efectivo, lo cual se reflejaría en docenas de informes y sanciones emitidos. En esa misma línea, la defensa de las mineras  argumentó que acató todas las observaciones de pasivos ambientales, que no hay ningún daño ambiental y que opera legalmente. Tanto entidades estatales como mineras apelaron la sentencia. El caso subió a un tribunal de la Corte de Pichincha, conformado por Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, quienes resolvieron la causa en un tiempo récord de dos días.

Sin pronunciarse sobre el fondo de la acción, le dieron la razón a las entidades de control y a las mineras. Ordenaron la reapertura de las actividades extractivas en esta zona de La Maná.

Esto llevó a Acquad’or a interponer una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable.

La empresa demandante, que tiene sus instalaciones en la zona de influencia de las operaciones extractivas, indicó que en la sentencia impugnada se vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, además menciona que se vulneraron “los derechos de la naturaleza”.

Posibles omisiones de los jueces

En cuanto a la vulneración de la garantía de motivación (argumentación), la demandante señala que los jueces de la Corte de Pichincha no se pronunciaron sobre uno de sus cargos relevantes: la falta de otorgamiento –a favor de Comiange- de licencia ambiental, autorización de uso de aprovechamiento de agua y certificación de no afectación, para ejercer actividades mineras. También omitieron abordar otro argumento relevante, que es el contenido de varios informes de inspección realizados por entidades gubernamentales, ya que la sentencia impugnada solo alude a la mera realización de los reportes. No analiza su contenido.

La Corte Provincial concluyó que no existió vulneración a la seguridad jurídica. Indicó que el Ministerio de Energía y Minas tramitó procedimientos administrativos iniciados por denuncias de la demandante (en los que se solicitó la caducidad de las concesiones). Sin embargo, no analizó ni se pronunció sobre las omisiones alegadas para demostrar la violación de derechos de ese ministerio. Tampoco sobre las posibles negligencias de las otras entidades públicas involucradas.

Además, alega que se vulneró la garantía de cumplimiento de normas y derechos de las partes, porque ante la ausencia de pruebas de las entidades estatales para demostrar que no existió una omisión que vulnerara derechos constitucionales, debió aplicarse la inversión de la carga de la prueba. En estos casos son esas instituciones las que debían probar que eso ocurrió. No lo hicieron.

Por último, la demandante alega que en la sentencia impugnada se vulneran precedentes de la Corte Constitucional relativos a los principios pronatura y precautorio en materia de derechos de la naturaleza

Como pretensión, solicita que se acepte la acción, se deje sin efecto la sentencia de segundo nivel, se declare el error inexcusable de los jueces accionados y se ordenen las medidas de reparación integral correspondientes.

¿Por qué la Corte admitió el recurso?

Con relación a la afectación de los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica, el tribunal de la Corte Constitucional indica que los argumentos expuestos de Acquad’or C.A. especifican claramente cuáles circunstancias relevantes acarrearon la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales. Consisten en que la decisión impugnada no se pronunció sobre los cargos relevantes formulados en la acción de protección de origen y que se vulneraron preceptos relacionados con la carga de la prueba en materia de garantías jurisdiccionales.

Además, se observa la existencia de argumentos claros sobre cómo las actuaciones del órgano judicial han presuntamente infringido los derechos alegados.

Para los jueces constitucionales, el fundamento de la acción no se agota en lo injusto del fallo, ni en argumentos sobre la falta o indebida aplicación de la ley, ni tampoco se fundamenta en la apreciación de prueba del juez, sino en presuntas violaciones a los derechos constitucionales de la empresa por la Corte Provincial.

Por su excepcionalidad solo un 10% de estos recursos son admitidos por la Corte Constitucional. Un requisito para que este alto tribunal admita una acción extraordinaria de protección es que permita solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional o sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional.

“Este Tribunal considera que la admisión de la demanda podría resolver una posible vulneración grave de derechos constitucionales de la sociedad accionante, relacionada con la falta de motivación por incongruencia frente a las partes y la reversión de la carga de la prueba en garantías jurisdiccionales. Por consiguiente, la demanda presentada cumple con el requisito de relevancia constitucional”.

La jueza anticorrupción María Fernanda Castro Argos sobreseyó al sargento del Ejército, Segundo C., y a los militares, en servicio pasivo, Leonel J. y Jairo A., pese a que la Fiscalía presentó abundantes pruebas sobre su supuesta participación en delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. En el juicio existen chats del celular de Segundo C., que indican que fue contratado por operadores de la mafia albanesa para identificar a los militares que en enero del 2024 ubicaron y capturaron 22 toneladas de cocaína en una hacienda en Los Ríos. El plan habría sido infiltrar a la unidad de inteligencia y dar con el paradero de sus fuentes, para asesinarlas.   

Redacción Código Vidrio

Pese a las abundantes pruebas en su contra, que apuntan a su relación con la mafia albanesa, la jueza anticorrupción, María Fernanda Castro Argos, sobreseyó al sargento del Ejército, Segundo C., y a los militares en servicio pasivo Leonel J. y Jairo A., procesados por lavado de dinero y asociación ilícita.

La decisión de la jueza, que ha causado una gran preocupación en las Fuerzas Armadas y el Gobierno, fue inmediatamente apelada por la Fiscalía durante la audiencia oral preparatorio de juicio celebrada en el complejo judicial en Quito, el viernes 25 de enero pasado.

Este proceso ha estado marcado por dilaciones y demoras desde cuando empezó, en marzo del año pasado. La audiencia de juzgamiento se celebró diez meses después por continuos diferimientos avalados por la jueza Castro. Por este motivo la causa estuvo a punto de extinguirse.

La captura de los uniformados

Los tres militares fueron capturados el jueves 1 de marzo pasado, por la Policía en un restaurante de KFC, cerca al parque El Ejido, en el centro norte de Quito, en una operación coordinada con Inteligencia militar. Cuando fueron capturados, los uniformados no pudieron justificar el origen de 100 mil dólares, con los cuales querían sobornar a agentes de Inteligencia para recabar información sobre el operativo que en enero decomisó 22 toneladas de cocaína en Los Ríos, por un requerimiento de operadores de la mafia albanesa, según consta en el proceso judicial.

En su defensa, los procesados dijeron que habían llegado a Quito desde Los Ríos con ese dinero para comprar un camión. Sobre el origen del dinero indicaron que los obtuvieron a través de préstamos y con la venta de un automóvil. Los montos que proporcionaron no coincidían, tampoco tenían respaldos documentales que corroboren sus versiones, según la Fiscalía.

Entonces, la jueza ordenó la prisión preventiva de los dos exmilitares y concedió medidas sustitutivas a favor de Segundo C., quien fue liberado y se ha presentado periódicamente al juzgado, con prohibición de abandonar el país.

Informes y documentos adjuntados al proceso y revisados por Código Vidrio indican que en realidad todo el dinero pertenecía al sargento Segundo C. Según chats encontrados en su celular, él había sido reclutado por un representante de la mafia Albanesa, que le pagó 300 mil dólares para que ubicara a la fuente que dio información a unidades de Inteligencia del Ejército, lo que permitió la incautación de las 22 toneladas de cocaína.

El alijo fue descubierto cuando los militares que realizaban el operativo en la hacienda buscaban armas y explosivos. Durante la búsqueda llegaron a una bodega subterránea de cemento, ubicada debajo de una chanchera. En el lugar descubrieron un pasillo de 20 metros de largo, aproximadamente, que los condujo hasta pequeños cuartos, cada uno tenía 8 metros de largo, 6 metros de ancho y 2 de altura. En esas habitaciones los militares descubrieron 500 sacos de yute. Cada uno contenía alrededor de 30 paquetes, tipo ladrillo, de cocaína, que estaban envueltos con cinta aislante. Algunos de los bloques tenían sellos con las siglas de dos aerolíneas europeas.

La droga, valorada en más de 300 millones de dólares en el mercado internacional, fue trasladada hasta Quevedo para su pesaje y luego fue destruida. Las 22 toneladas de cocaína fueron transportadas hasta la bodega subterránea por la banda de Los Lobos, según investigadores con conocimiento del caso. Otra -Los Choneros- se encargó de custodiar la droga, mientras que una tercera -Los Lagartos- se suponía que la introduciría de contrabando en el puerto. Por último, Los Chone Killers, se encargaría de que saliera oculta en un buque portacontenedores designado.

Tras la captura de la droga, los albaneses, a través de uno de sus intermediarios, contactaron al sargento Segundo C. V., para que consiguiera información sobre los uniformados que participaron en el operativo. Su objetivo era ubicarlos, en especial a quien dirigió la operación de inteligencia desde una unidad especial.

Tras la incautación del mayor cargamento de droga se abrieron tres procesos judiciales. Dos para investigar quienes eran los dueños de la droga, que empezaron inmediatamente, y el de lavado y asociación ilícita.

En el Ejército el sargento de Inteligencia fue dado de baja, en septiembre pasado, pero volvió a ser detenido por robo de combustibles en diciembre pasado.

El sargento contacta a sus compañeros   

Pocas semanas después de la captura de la droga, en enero de 2024, Segundo C. empezó a contactar a otros militares de Inteligencia, integrantes de la unidad militar que accedió a la información del sitio donde se encontraba la cocaína, para intentar acceder a la información.

En febrero, durante varios días, llamó insistentemente a un militar en Quito para ofrecerle un pago por la información precisa de la fuente, su identidad y fotografía; y así poder identificar a todo el equipo militar y policial que participó en el operativo, para que sean ubicados y, de ser el caso, asesinados.

En los informes del caso hay chats y un video en el cual el militar le envía al uniformado un video donde muestra los fajos de billetes de 100 dólares que había recibido como pago.

 El 24 de febrero el sargento llamó nuevamente al militar y le comentó que la mafia albanesa lo había contactado a través de un amigo para que ubicara datos del informante.

En ese diálogo le dijo que las 22 toneladas incautadas eran de los albaneses, pero que de todas formas era una bodega pequeña. Y que tenían otra bodega más grande, con 70 toneladas de coca encaletadas, que temían que podría ser localizada por los uniformados con información de la misma fuente. Por eso quería localizar al informante lo antes posible para que luego fuera ejecutado.

En los diálogos, Segundo C. menciona que entre los “duros” de esa organización no hay ningún cabecilla de Los Lobos o Los Choneros: “son de arriba, de los albaneses”. “Los manes tienen miedo de que les caigan a la bodega más grande”.

Relata que algunos de los responsables de la captura de las 22 toneladas ya han pagado piso, pero que ahora buscan al “efectivo”, por lo cual pide consejo sobre la cifra que deberían pedirle al “man”.

Mensajes del celular de Segundo C. con exmilitar

–(Segundo C.) «C»: Claro ya van algunos, pero quieren ahora si al efectivo, al propio quieren los manes o cuanto crees tú para ponerle la cifra así al man.

–(Y.J.) «Y»: Pero haber ahí necesitas tu saber que, que pinta el man con la organización.

–«C»: Ya verás escúchame, el duro de los duros de la organización no es ningún lobo no es ningún chonero, el duro duro es el de arriba de los Albaneses, verdad. Ya ahora que es lo que pasa que esa bodeguita de ahí ha sido la bodeguita pequeñita v los manes tienen miedo que les caigan a la bodega más grande, de 70 toneladas que tienen guardada, ya el man”.

El sargento Segundo. C. también indicó en los mensajes que a él no lo contactaron directamente los albaneses.

-“A mí no me contacta ningún Albanés. El albanés contacta alguno de sus perros, ese perro ubica a otro perro y ese a otro y a otro pero a otro perro y ese otro perro a otro perro y ese perro a un man conocido y ese conocido a un man de inteligencia pasivo y ese pasivo a otro pasivo y ese pasivo llega donde mí”.

–«Y»: jajaja hablas vergas, pero voz mismo tas viendo que hay mucho hilo hno ahí y en es vaina no se camella así pues.

–«C”: Es que yo no me voy arriesgar tampoco a darles la cara a esos hptas, yo jamás en mi puta vida voy a dar la cara. Antes hpta yo lo único. Lo que podemos hacer bodi es decir en esta casa vive, ésta es la foto del man, pero antes, pero deme primero la plata, haber deme primero la plata!!, y yo a quienes les daría trabajo son a los intermediarios son los de inteligencia pasiva que están metidos en ésta vuelta, a vengan para acá los dos, aquí está la ubicación, aquí está la foto, pero eso me gustaría hablar contigo personalmente bodi no se ésta es nuestra oportunidad hpta para salir del cero y pagar poquito a poquito las deudas que tenemos solamente quedaríamos entre tú y yo por la confianza que te tengo si bodi a noche vino el man aquí al cuartel que yo estuve de guardia dice mire bodi aquí está la plata tome me dice no le digo yo no voy a coger ni un centavo hasta cuando yo este prácticamente claro de la situación porque ese trabajo no es mío le digo ese trabajo es de otros lados de por allá del oriente vinieron a camellar esta vuelta aaa me dice el man ponte pilas me dice los manes también se están ganando un billete

–«C»: Claro es que de ley los manes deben ir picando picando toda esa red que esta por ahí armándose esos manes pica y pica no es por las huevas que están haciendo eso.

–«C’: Por eso es que nosotros somos, o sea mi persona con tu persona, seríamos los claves, yo no quiero trescientos yo quiero cuatrocientos por ejemplo, me entiendes. Yo no quiero cuatrocientos, tú me vas a decir quiero quinientos, un ejemplo no más te pongo, por un ejemplo, ya debe ser una cifra en el cual podamos ir sacando poquito a poquito, si me entiende, pero son puro billete de a 100 yo los vi bodi Así puta por la vida de mis hijos por las ánimas de mi madre yo vi la plata bodi, y no le tomé la foto…”

• El candidato vicepresidencial del correísmo Diego Borja y su empresa Gesticon obtuvieron importantes ingresos con los recursos provenientes de un contrato entre la empresa de servicios petroleros Downhole y Petroecuador.
• Borja tuvo la audacia financiera suficiente para hacerse con un 65% promedio de utilidades de esa contratación de 11 millones de dólares, al alquilar, sobre la marcha, un taladro para reemplazar uno que se dañó, con el que la contratista daba el mantenimiento de pozos petroleros en la Amazonia. Borja compró el equipo con un préstamo de 1,5 millones de dólares del Banco Amazonas y luego lo vendió a su empresa para que lo alquile a Downhole, como parte de un acuerdo de negocios firmado entre ambas compañías. 
• En ese convenio se estableció que el crédito que obtuvo Borja sería pagado con los recursos del contrato con Petroecuador. El convenio fue suspendido en diciembre pasado por irregularidades y posible conflicto de intereses de Borja, que ha denunciado una persecución política.
• Downhole denunció que los recursos controlados por la intermediación de Gesticon en un fideicomiso tienen un manejo opaco y discrecional. Hasta la suspensión, Petro pagó 8,5 millones por la contratación.
• Mientras en 2022, Gesticon tuvo pérdidas por 194 mil dólares, el 2023 reportó ganancias por 183 mil dólares.         

Redacción Código Vidrio

En este negocio «entre privados» el pez chico se comió al grande, en un mar de fondos públicos. El que parecía ser un proyecto seguro y beneficioso para la empresa de servicios Downhole Tools con Petroecuador, desembocó en aguas turbulentas cuando debió asociarse, sobre la marcha, con un navegante inesperado: el hoy candidato vicepresidencial del correísmo Diego Borja.

A partir de esa sociedad, que empezó en septiembre de 2022, los contratiempos y las pérdidas han sido sistemáticos para Downhole. Actualmente, esa contratista enfrenta serios problemas económicos porque no ha podido pagar a sus trabajadores ni proveedores. La principal razón son los incumplimientos, manejos opacos y discrecionales de Borja y su empresa Gesticon, a través del Fideicomiso Fidunegocios, según denunció Downhole.

 Las irregularidades en esa contratación y la participación, hasta ese momento desconocida, de Borja, salieron a la luz el pasado 19 de diciembre. Ese día, Petroecuador informó que detuvo los pagos y suspendió el contrato con Downhole, al detectar irregularidades en el proceso contractual. Sobre todo, por un presunto conflicto de intereses por los nexos directos de Downhole con Gesticon, empresa de Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), junto con Luisa González.

Entonces, Borja dijo que la decisión del Gobierno de suspender el contrato era una persecución política sin fundamento, pues él no tenía contratos con Petroecuador. Y aclaró que su empresa Gesticon fue subcontratada por Downhole para el alquiler de un taladro de mantenimiento de pozos petroleros, en 2022. Pero Downhole no subcontrató a Gesticon. Se asoció con esa firma, creada en 2019 por Borja y su esposa Mariuxi Cedeño. Ambos son sus principales accionistas.

El contrato 2022260 para el Servicio de Reacondicionamiento de Pozos con Torres de Workover Permanentes para todos los Campos en Lago Agrio, Cuyabeno y Shushufindi, operados por Petroecuador se adjudicó a Downhole Tools S.A. en junio de 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso. El monto acordado fue de 10,9 millones de dólares más el pago de IVA, con una duración de tres años (2022-2025).

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• La operación Workover implica el reacondicionamiento de pozos petroleros para aumentar la producción o reparar fallas mecánicas. Esto incluye limpiar pozos, reemplazar equipo dañado y realizar operaciones de cementación para mejorar el flujo de petróleo y gas. 

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En el convenio, la compañía garantizó que sus equipos estaban en perfecto estado y tenían la capacidad de prestar servicios durante todo el período del contrato. Además se estableció que la empresa no podrá reemplazar materiales, repuestos y equipos para la prestación de este servicio, sin una autorización escrita de Petro. Tampoco podía traspasar o ceder los derechos del contrato ni subcontratar a terceros, sin consentimiento escrito.

Borja compra el taladro en China

No obstante, a las pocas semanas de empezar los trabajos en los pozos, el taladro se dañó, por lo cual Downhole debió suspender sus operaciones de mantenimiento con las torres workover. La empresa informó lo ocurrido a Petroecuador, que le dio un plazo de 45 días para conseguir otro equipo, según fuentes del Gobierno.

Con el tiempo en contra, la empresa buscó un inversionista que pudiera adquirir el taladro para no incumplir el contrato. Entonces apareció Diego Borja, quien les ofreció ser el intermediario para solucionar lo ocurrido mediante un Acuerdo de Negocios privado. Ese acuerdo se firmó el 1 de septiembre de 2022 entre el accionista principal de Downhole, Juan Francisco Flor, con Gesticon, de Borja, para la “Adquisición de un Equipo de Workover y Periféricos para el Alquiler a Empresas Públicas y Privadas”.

 En vista de que Gesticon no tenía la solvencia necesaria para obtener un crédito para la compra del taladro -según un informe de la gerencia de la empresa del 2022- Borja gestionó y obtuvo un crédito en el Banco Amazonas de 1.550.000 dólares, que luego prestó a su empresa para que pudiera ejecutar el acuerdo con Downhole. En esta operación el candidato de RC5 fue prestamista y acreedor.

Posteriormente, Borja y su firma compraron a la empresa china Tiajin Petroleum un equipo Workover XJ650 (taladro), según las especificaciones técnicas que recibió de Downhole. Además acordaron el transporte del equipo desde Tianjin, China, hasta la base de las operaciones de mantenimiento de los pozos en El Coca, Orellana.

Para viabilizar el acuerdo se hicieron dos contratos: un Encargo Fiduciario Downhole y un Fideicomiso de Administración de Flujos Downhole, entre diciembre de 2022 y enero de 2023. En esos documentos constituidos por Downhole se estableció un rol preponderante y beneficios económicos mayoritarios para Gesticon, que sería el “interlocutor en todos los aspectos financieros ante la Fiduciaria que administrará el Encargo Fiduciario y el Banco Amazonas”.

PAGOS DE PETROECUADOR POR CONTRATO CON DOWNHOLE 

 

A través de estos instrumentos financieros se administraron el flujo de fondos y los recursos provenientes de todos los pagos realizados por Petroecuador por los servicios de mantenimiento en los pozos, con los equipos alquilados para la operación a Downhole. Como prioridad se estableció que los recursos transferidos por Petro a la cuenta del Banco Amazonas se destinaran al pago del crédito bancario. El saldo restante se transferiría a la cuenta del Fideicomiso de Administración de Flujos Downhole, para su asignación y reparto, según las instrucciones establecidas en el Acuerdo de Negocios (Septiembre) y en una Adenda (noviembre 2022).

Esos términos fueron beneficiosos para Gesticon y Borja, que como financista principal de la operación impuso sus condiciones. Ahí se estableció, entre otras cosas, el pago mensual para el hoy candidato del correísmo de tres mil dólares durante el tiempo que dure el acuerdo de negocios y contrato con Petroecuador. Además, una remuneración variable del 30% sobre la utilidad operacional que le corresponda a Gesticon.

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• Mientras en 2022, Gesticon tuvo ingresos por 9.360 dólares y declaró pérdidas por 194 mil dólares, el 2023, apuntalada por el acuerdo con Downhole, reportó ingresos por 310 mil dólares y ganancias netas de 187 mil dólares. En ese balance de la Superintendencia de Compañías no consta ningún pago por la compra del taladro en China.

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Los repartos de utilidades  

En un cuadro del Acuerdo se fijan los porcentajes de las utilidades por la participación en el proyecto. Mientras Gesticon recibe entre el 55% y  el 75% de las utilidades, Downhole recibe entre el 25% y  45, durante la ejecución de los tres años del contrato.

 

Desde la firma del contrato, en 2022, hasta marzo de 2023, los pagos de las planillas  por los servicios de Downhole Tools se depositaron en la cuenta 2100014054 en Banco del Pichincha. Sumaron 3,2 millones de dólares, según los registros de pagos de Petroecuador revisados por este medio.

A partir del 23 de abril del 2023 (cuando el acuerdo con la empresa de Borja empezó a aplicarse), los pagos cambiaron de destinatario. Fueron transferidos a la cuenta 3031076705 en el Banco Amazonas. Sumaron 5,3 millones de dólares hasta el 19 de noviembre del 2024. En total, según los reportes, Petro ha cancelado por este contrato, hasta su suspensión, más de 8,5 millones de dólares.

Pese a los pagos efectuados por Petroecuador, la mayoría de los fondos no se distribuyeron ni se han administrado en el Fideicomiso, según los términos acordados. “Dicho fideicomiso no ha reportado la distribución de flujos de manera transparente ni ha develado las liquidaciones con las que realizan dichas distribuciones dando como resultado, en nuestros registros, aproximadamente 2.5 millones de dólares pendientes de justificar, donde constan valores no liquidados”, denunció en un comunicado el viernes pasado Downhole.

“Con lo expuesto -agregó- se ha perjudicado directamente a Downhole y a todos los involucrados en nuestras operaciones (…). Se ha afectado la estabilidad financiera y operativa, junto con la imagen de quienes la representamos”.

 Además la compañía aseguró que no controla el fideicomiso, que actualmente está intervenido por la Superintendencia de Compañías, según conoció este medio. “Es la empresa Gesticon, o la persona que designe, ya que asumió la responsabilidad de administrar los recursos recibidos del contrato con Petroecuador”.

En una entrevista en el noticiero radial A Primera Hora, Borja dijo este miércoles 15 de enero que él como persona natural no maneja el fideicomiso, del cual su empresa Gesticon es parte, y es la que tiene la deuda con el Banco Amazonas. Estas afirmaciones no coinciden con lo que indican los documentos. Según consta en el fideicomiso y en el acuerdo de negocios, Borja es el acreedor del préstamo y su empresa la responsable de la intermediación para el manejo de los recursos entre las partes.

Desde la semana pasada, pedimos una entrevista con Borja para que explicara su participación y los beneficios que ha recibido, a través del fideicomiso, con los fondos del contrato con Petroecuador, pero no ha respondido a nuestros requerimientos. Tampoco ha dado a conocer qué garantías entregó para recibir el crédito de 1,5 millones, inquietud que no ha sido absuelta por representantes del Banco Amazonas o la administradora del fideicomiso, a quienes también pedimos esa información, llamando a sus celulares y enviando mensajes a las direcciones de correo electrónico que constan en los contratos notariados que revisamos. Otra inquietud no esclarecida es ¿Quién pagó finalmente el crédito? Si Gesticon es el deudor debía pagarle a Borja, para que a su vez le cancele al Banco Amazonas. No obstante, en los documentos, se establece que ni Borja ni Gesticon deben pagar el préstamo sino el Encargo Fiduciario con recursos generados por el contrato con Petroecuador.

El padre de dos de los menores asesinados denuncia que se tejen mentiras sobre el caso. Esta alianza reconstruye las fallas de la operación, dirigida por un oficial de 28 años, que tiene un juicio de alimentos y afirma no conocer Guayaquil. Los 16 militares procesados aseguran que liberaron a los cuatro chicos en Taura, con vida. El padre de dos de ellos confirmó que -por pedido de su hijo- un hombre desconocido le escribió por WhatsApp indicándole que estaba con ellos en ese poblado, golpeados, desnudos y hambrientos. Sin embargo, conforme pasaban los minutos le indicó que no pudo hacer más por los chicos porque la mafia los había retenido. Ese sector es controlado por la banda de Los Choneros. Las horas siguientes otro sujeto le escribió para extorsionarlo y pedirle el pago de un rescate, que nunca ocurrió, según consta en el expediente de más de 300 páginas revisado por este equipo periodístico.    

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Hace 37 días los vio, sin saber que sería la última vez. Sin presagiar que Ismael y Josué, dos de sus hijos, serían cruelmente asesinados e incinerados, junto a otros dos menores. Los cuatro fueron detenidos el ocho de diciembre por una patrulla militar, en el sur de Guayaquil. Los militares afirman haberlos dejado a salvo en la entrada de Taura.  Los restos calcinados fueron hallados días después. ‘Los responsables del crimen tendrán que pagar con la justicia divina’, dice Luis Arroyo, su padre. La suya es una familia que se sostiene en la fe cristiana. Él tuvo cinco hijos, tres en el hogar del que salieron Ismael y Josué, para no volver con vida.

Luis se encuentra en vacaciones forzadas mientras su familia enfrenta esta doble pérdida; el asesinato de sus hijos no ha sido esclarecido. Desde hace dos años trabaja en un almacén de distribución de electrodomésticos. A diario salía después de las cinco de la tarde de su trabajo, para recoger a Ismael, de 15 años, quien se encontraba en décimo y estudiaba en la jornada vespertina. Carismático y alegre, jugaba de delantero y quería ser futbolista profesional. Entrenaba de cinco y media hasta siete y media de la noche. “Yo mismo lo iba a recoger de los entrenamientos”, dice Arroyo, desconsolado. Ahora siente el vacío, no tiene a quién llevar a la cancha.

Su hijo Josué, que en octubre cumplió 14 años, destacaba en los estudios, cursaba noveno, en la jornada matutina. Él se quedaba acompañando a su madre, mientras su hermano entrenaba.

Luis Arroyo relata que el futbolista Michael Arroyo es su hermano por parte de padre. “Él apoyó a mis hijos siempre. En la Asoguayas jugaron entre primos hermanos. El hijo de Michael está en un equipo internacional de Durán”.

Sus hijos querían seguir esos pasos. “Se ponían aquí a conversar con la mamá, que el uno era más bueno que el otro, que el uno le iba a comprar la casa a la mamá primero. Tenían tantas aspiraciones, que uno quería jugar en Brasil y el otro en Francia”. En diciembre esos sueños quedaron truncos. Su familia, destrozada.

¿Por qué tantas mentiras?

En entrevista con esta alianza, Arroyo denuncia que sobre el caso se tejen mentiras, como “que el Presidente nos ha ayudado. Ni siquiera nos ha dado el pésame o unas disculpas. Ellos deben limpiar la honra de nuestros hijos”.

Que no es fácil lo que viven ahora, porque al dolor de la pérdida se suman los rumores, las mentiras. “La gente los tacha como delincuentes, terroristas. Cómo van a creer esto de las criaturas. Me sacrifiqué toda la vida y ellos no son unos delincuentes. Hay gente mediocre (que habla), Dios los perdone y tenga misericordia de ellos”.

Se refiere a sus hijos en tiempo presente. Aún le cuesta aceptar que ya no están a su lado. Que el reloj de su vida se detuvo ese ocho de diciembre, cuando un hombre desconocido le llamó para decir que estaba con ellos, golpeados, desnudos y hambrientos, en el poblado de Taura.

– “Amigo, yo les ayudé a sus hijos, les di agua, boxer, panes pero no podía aser (textual) más. Xq ellos estaban desnudos y los ayudé asta que más pude (textual)”. Así le escribió ese hombre por mensaje de WhatsApp. Le había pedido recogerlos y le envió una dirección. Pero cuando llegó los chicos ya no estaban, pues aparentemente los sacaron antes del sitio en motos.

Luis, angustiado, le insistía por más información, a través del mismo sistema de mensajería.

– “Estamos desesperados, mis hijos no son nada, son sanos, solo les gusta el fútbol y el estudio, barón. No pertenecen a ninguna banda ni nada, por amor a Cristo, barón”.

Luego, le preguntó qué mafia tenía a sus hijos, para hablar con ellos. Todo fue en vano.

Con esa información escasa presentó la denuncia por secuestro junto con los padres de los otros dos niños desparecidos, al amanecer del nueve de diciembre.

A las seis y media de la tarde de ese nueve de diciembre, recibieron otro mensaje truculento, extorsivo. Desde un número con el prefijo 57 (de Colombia) un hombre les indicó que necesitaba recibir dos mil dólares “para no atentar contra su vida y devolverlos sanos y salvos”, según el parte de la unidad especializada de la policía antisecuestros, UNASE. No se ha esclarecido aún cómo el sujeto supo lo que ocurría con los chicos y empezó a extorsionar a su padre.

Según el informe de la UNASE, tanto Arroyo como el padre de otro menor habrían acudido, siguiendo las instrucciones de los falsos captores, hacia el centro comercial Riocentro sur, para entregar 300 dólares. Esto, a pesar de que no recibieron prueba de vida alguna de los chicos.

“Una vez suscitado dicho evento, que se trataría de una estafa realizada por el accionar de las publicaciones en medios digitales (realizadas por los padres desesperados), se vuelve a reunir a las familias para indicarles que todo fue una mentira, ya que estos sujetos no tenían a sus familiares”, escribió el agente investigador de Unase en su parte, por esos días.

Esta alianza pidió su versión al padre de los dos menores. “Eso es falso. Lo que dicen las redes no es verdad”.

De su parte, Billy Navarrete, representante de la entidad de derechos humanos que apoya a las familias, afirmó desconocer sobre el presunto pedido del pago de un rescate.

El 16 de diciembre, pasadas las siete de la noche, otro de los padres recibió un mensaje, también por WhatsApp. En él, una persona que decía ser recolector de cangrejo le contaba que halló los restos de un menor en el estero Juan Chavelo. Al día siguiente la policía realizó la búsqueda por aire, en helicóptero, y por tierra, sin resultados. Horas más tarde, los familiares recibieron nuevos indicios, que tampoco arrojaron resultados.

– “Los policías y militares … no entraron a la casa que están los chicos en Taura (…) se escuchan los gritos de los chicos que piden ayuda…”.

Una nueva incursión se realizó, sin éxito, según el parte de los uniformados, adjuntado al proceso de más de 300 páginas que esta alianza periodística revisó.

Las fallas de la operación militar

Tres soldados, cinco uniformados con rango de cabo segundo; cuatro en el grado de cabo primero, dos sargentos y un suboficial segundo estaban al mando de un subteniente, de 28 años. Él dirigió las operaciones ese domingo ocho de diciembre, cuando los chicos fueron capturados. La patrulla terminaba la misión de resguardar a un camión que transportaba mercadería decomisada, hacia la Aduana.

Los 16 uniformados pertenecen a la Fuerza Aérea. Iban en dos camionetas, de color blanco y plomo. Según las versiones de los militares, mientras regresaban de ese operativo, escucharon gritos de auxilio de la población, ante el supuesto robo en la vía pública. Detuvieron los carros, persiguieron a quienes huían y capturaron a tres personas, una cuarta les fue entregada por los pobladores.

La mayoría de los uniformados coincide en mencionar que el procedimiento indicado consistía en entregar a los detenidos a la unidad policial comunitaria (UPC) más cercana, en este caso, la de Virgen de Fátima. Sin embargo, en el camino el oficial a cargo dispuso realizar un control de armas y explosivos en un carro sospechoso. Además, recibieron la alerta de desmanes en un club de diversión nocturno en la vía a Taura, por lo que tomaron una vía secundaria. Un obstáculo les impedía avanzar, por lo que los militares habrían bajado a retirarlo, con ayuda de los cuatro detenidos. Varios de los uniformados coinciden en que luego de quitar el árbol, el mayor de los aprehendidos habría pedido que los dejaran libres. De este modo los habrían liberado en la vía a Taura. Los 16 uniformados coinciden en que los dejaron vivos.

Solo dos de los militares declararon que no tuvieron dudas de que se trataba de mayores de edad, por su estatura y contextura. El resto informó que no se pudo cumplir el procedimiento de verificar la edad, porque los detenidos no tenían documentos.

El más antiguo de la patrulla, el subteniente de 28 años, afirmó que accedió a liberarlos, en retribución a la colaboración que prestaron para retirar el árbol. Estimó que el mayor de los detenidos tenía 18 a 20 años por su estatura, calculó que era más alto que él. Cuando fue interrogado sobre las unidades policiales más cercanas al sitio, afirmó que no conoce Guayaquil. Sin embargo, en su cédula se indica que nació en Carbo, Guayaquil. Cuando ocurrieron estos hechos, él acababa de enfrentar una demanda por alimentos, según documentación revisada por esta alianza.

Los militares insisten en que los dejaron vivos, sanos y vestidos en la vía a Taura, por pedido expreso de uno de los menores.

Luis Arroyo clama al cielo por justicia. Sabe que otros niños tienen temor. “Ya no salen, vieron la aberración de llegar a la cizaña de matar a nuestros hijos, llegar hasta quemarlos. No tienen perdón de Dios. (Los responsables) van a tener que pagar con la justicia divina”.

• El capo albanés Dritan Rexhepi volvió a Ecuador su centro de operaciones, desde 2011. En menos de una década creó un negocio criminal, que iba desde las plantaciones colombianas, hasta los puertos de Ecuador y las calles de Europa, rivalizando con los poderosos carteles mexicanos, revela una investigación publicada por el Washington Post.  
• El ascenso del albanés, de gatillero en su país natal, Albania, a capo transatlántico es parte fundamental de una explosión global en la industria de la cocaína. Hoy es un negocio que es mucho más grande y geográficamente más diverso que en cualquier otro momento de la historia. Ecuador es uno de los puntos de tránsito de cocaína más importantes del mundo.
• A pesar de las decenas de miles de millones de dólares gastados en la guerra de EE.UU. contra las drogas en América Latina, la industria del narcotráfico no solo ha crecido, sino que se ha globalizado, con nuevas rutas, nuevos mercados y nuevas empresas criminales, según el reportaje realizado por Samantha Schmidt, Arturo Torres y Anthony Faiola.
• La investigación del Post sobre la expansión global del negocio de la cocaína y el ascenso de los narcotraficantes albaneses se basa en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios actuales y anteriores en Ecuador, Colombia, Europa y EE.UU., miembros de bandas en Ecuador y miles de páginas de documentos judiciales de Ecuador, Albania e Italia.
• Revela cómo las redes criminales lideradas por albaneses se infiltraron en los puertos, el poder judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad de este país para hacerse con el control de eslabones clave de la cadena de suministro de cocaína y desencadenar un diluvio de la droga en Europa: un mercado de cocaína anual de más de 12 mil millones de dólares.

Redacción Código Vidrio

Desde la cárcel de Cotopaxi el capo albanés Dritan Rexhepi levantó su imperio en el negocio mundial de la cocaína, tejiendo alianzas con otros carteles y bandas, rivalizando con los poderosos carteles mexicanos, según una investigación publicada este sábado por el Washington Post 

El capo de la droga ya había escapado de la ley en tres países y planeaba hacerlo de nuevo. Así arranca el reportaje investigado en Ecuador, Colombia, Italia y Albania por Samantha Schmidt, Arturo Torres, director de este medio, y Anthony Faiola.

En menos de una década, Dritan Rexhepi había creado un negocio de contrabando que iba desde las plantaciones  amazónicas de Colombia hasta los puertos de Ecuador y las calles de Europa, según dijeron investigadores italianos y latinoamericanos, rivalizando con la influencia de los poderosos cárteles de México. Su marca, grabada en los paquetes de cocaína, era “Bello”, destaca la investigación publicada por el Washington Post, y tomó más de ocho meses de reportería.

Según destaca el Post, el ascenso del albanés, de gatillero en su país natal, Albania, a capo transatlántico es parte de una explosión global en la industria de la cocaína. Es actualmente un negocio que es mucho más grande y geográficamente más diverso que en cualquier otro momento de la historia.

América del Sur produce actualmente más del doble de cocaína que hace una década. El cultivo de coca en Colombia, origen de la mayor parte de la cocaína del mundo, se ha triplicado. La superficie de tierra utilizada para cultivar el ingrediente base de la droga es más de cinco veces mayor que cuando el infame capo de la droga Pablo Escobar fue asesinado en 1993, según datos de Estados Unidos.

No obstante -destaca el reportaje- la producción sigue aumentando. En 2022 hubo un récord de 2.757 toneladas de cocaína en todo el mundo, un aumento del 20 por ciento con respecto a 2021, según el informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

“Está subiendo y subiendo y subiendo”, dijo Thomas Pietschmann, un oficial de investigación de la ONUDC. “Hace unos años, la gente decía que el futuro eran las drogas sintéticas… En este momento, sigue siendo la cocaína”.

La industria de la cocaína se globalizó

La investigación del Post documenta que durante décadas los consumidores de cocaína fueron principalmente estadounidenses, y la interdicción era una prioridad de ese gobierno. Pero a pesar de las decenas de miles de millones de dólares gastados en la guerra de ese país contra las drogas en América Latina, la industria no solo ha crecido, sino que se ha globalizado, con nuevas rutas, nuevos mercados y nuevas empresas criminales.

Casi todos los países de la región se han convertido en un importante productor o transportador de la droga. Ecuador es hoy uno de los puntos de tránsito de cocaína más importantes del mundo. La demanda se está disparando en Europa, que rivaliza con EE.UU. como el principal destino de cocaína del mundo.

El consumo de cocaína en los países se quintuplicó entre 2011 y 2021, y superó al de Estados Unidos en 2022. Si bien EE.UU. sigue siendo un mercado enorme, el consumo de cocaína ha disminuido un 20 por ciento desde 2006, según la ONU.

Los grupos criminales de los Balcanes, Italia, Turquía y Rusia han llegado a América Latina para obtener una parte del negocio, indica el reportaje. Pocos han logrado abrirse camino en el tráfico de cocaína como las redes criminales albanesas, coinciden los investigadores y analistas.

«Sabemos que no hay un solo canal para la cocaína», dijo Marco Martino, un alto funcionario de la policía italiana a cargo de coordinar las operaciones antinarcóticos. Pero «los albaneses», dijo, «son los mejores y los más grandes».

A medida que la producción de cocaína explotaba, las redes criminales albanesas aprovecharon la oportunidad que se les presentaba. Fueron fundamentales para llevar la droga a Europa y alimentar el consumo en todo el continente.

Rexhepi levantó su imperio desde una celda en Ecuador

Rexhepi, de 44 años, construyó gran parte de su imperio desde una celda en una prisión ecuatoriana, fomentando conexiones con pandillas latinoamericanas y convirtiendo su bloque de celdas en una suite ejecutiva.

Un abogado que lo representa en Albania se negó a hacer comentarios. Rexhepi, en una apelación de 2015, negó cualquier participación en el tráfico de drogas, «ya sea como autor, cómplice o cómplice». Pero en 2021, Italia solicitó su extradición, advirtiendo a las autoridades de Ecuador en una carta de su embajada en Quito que Rexhepi era el «líder indiscutible» de una red de narcotráfico albanesa con alcance global y acceso a «cantidades infinitas de cocaína».

El surgimiento de Rexhepi como un temido agente de poder dentro de la prisión de Cotopaxi fue sintomático del colapso del control gubernamental en Ecuador. Pero como las autoridades de Roma buscaban encarcelarlo por tráfico de drogas, decidió que era hora de mudarse nuevamente. En agosto de 2021, el juez Diego Poma, alegando una necesidad médica, ordenó su liberación y dio paso a su arresto domiciliario en Samborondón, en Guayaquil, según consta en el proceso judicial.

Luego, como era previsible, Rexhepi desapareció, indica el reportaje del Post. Esta investigación sobre la expansión global del negocio de la cocaína y el ascenso de los narcotraficantes albaneses se basa en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios actuales y anteriores en Ecuador, Colombia, Europa y Estados Unidos, miembros de pandillas en Ecuador y miles de páginas de documentos judiciales de Ecuador, Albania e Italia.

Revela cómo las redes criminales lideradas por albaneses se infiltraron en los puertos, el poder judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad de Ecuador para hacerse con el control de partes clave de la cadena de suministro de cocaína y desencadenar un diluvio de la droga en Europa: un mercado de cocaína anual de más de 12 mil millones de dólares, según la Agencia Europea de Medicamentos. “Con estas ganancias, estas organizaciones logran infiltrarse en todas las instituciones públicas y privadas, corrompiendo cualquier estructura”, dijo en una entrevista al Post el exdirector antinarcóticos de Ecuador, general Willian Villarroel.

Socios, no rivales: el salto de los albaneses

Los empresarios del narcotráfico de Albania, un país de 2,8 millones de habitantes, han comenzado a rivalizar con los cárteles más poderosos del mundo trabajando con ellos, no contra ellos, transformando la forma en que se maneja el negocio. Las nuevas redes, dicen los investigadores, son a menudo coaliciones criminales de grupos dispares e independientes, en lugar de cárteles jerárquicos y violentamente competitivos.

El informe del Post indica que Europol está al tanto de docenas de clanes o redes criminales organizadas “de habla albanesa” que operan actualmente en Europa, dijo Robert Fay, el jefe de la unidad de drogas de Europol, en una entrevista.

“No se trata de cuántas personas tienes”, dijo Fatjona Mejdini, analista albanesa de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. “Se trata de las alianzas adecuadas que puedes formar”.

Desde su celda en la prisión de Ecuador, Rexhepi allanó el camino. Se hizo amigo de los líderes de la banda más poderosa de Ecuador, Los Choneros, que ya trabajaban para el cártel de Sinaloa de México, según uno de los miembros fundadores de ese grupo, que, como otros entrevistados para el artículo, habló bajo condición de anonimato por seguridad.

Así crearon asociaciones estratégicas tanto con traficantes sudamericanos como con líderes de pandillas en toda Europa. Su objetivo era simple: vender tanta cocaína como fuera posible con abundantes ganancias para todos los socios de los acuerdos.

“Rexhepi es el pionero”, dijo Mejdini.

El estallido de la cocaína

La explosión de la producción de cocaína se remonta a la desmovilización del mayor grupo rebelde de izquierda de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un histórico acuerdo de paz con el gobierno del país en 2016 puso fin al conflicto civil más prolongado del hemisferio, un conflicto en el que Estados Unidos jugó un papel fundamental.

Desde el inicio del paquete antinarcóticos y de seguridad conocido como Plan Colombia en 2000, EE.UU. ha enviado alrededor de 14 mil millones de dólares en fondos a Colombia, al menos el 60 por ciento de ellos para el Ejército y la Policía. El plan se centró en gran parte en combatir la producción y exportación de cocaína del país, que controlaban las FARC, utilizando los ingresos para financiar su insurgencia y asegurar el territorio. Cuando las guerrillas depusieron las armas, proliferaron en las zonas productoras de coca grupos armados más pequeños, impulsados ​​por el lucro más que por la ideología.

Estos narcotraficantes “ya no tienen intereses políticos”, dijo Leonardo Correa, jefe de la misión de la UNDOC en Colombia. “Lo que quieren es sacar la droga lo más rápido posible, para ganar la mayor cantidad de dinero posible”.

Proviene de campos en el centro del país, los productores de cocaína de Colombia han creado “enclaves” cerca de las fronteras y costas del país, para exportar más fácilmente la droga. Estos enclaves se convirtieron en una ventanilla única para un proceso que antes estaba disperso; ahora, el cultivo, la extracción y el refinamiento de la droga se realizan en la misma zona antes de que cruce fronteras cercanas. Tres de los cuatro enclaves más productivos limitan con Ecuador.

Los productores incluso han mejorado la propia planta, creando cultivos híbridos notablemente productivos que extraen más alcaloides de la misma cantidad de hojas.

La cantidad de tierra utilizada para plantar coca en Colombia aumentó un 10 por ciento en 2023, pero la productividad de esa tierra se disparó: la producción de cocaína aumentó un 53 por ciento, según el UNDOC.

Los grupos criminales colombianos industrializaron sus sistemas, las mafias europeas ofrecieron la perspectiva de nuevas rutas para evitar las intensificadas patrullas estadounidenses a lo largo de las costas de Colombia. La cocaína comenzó a circular en cantidades cada vez mayores a través de países como Ecuador, Costa Rica y Paraguay y en barcos con destino a Europa.

En Ecuador, un país que no produce cocaína, las autoridades capturaron más droga en 2023 que las incautaciones totales de Perú en conjunto y Bolivia, el segundo y tercer país productor más importante.

Este año, hasta mediados de diciembre, Ecuador incautó 251 toneladas de cocaína, frente a las 197 del año pasado. Más de 81 toneladas estaban destinadas a Europa, en comparación con solo unas 18 que iban a Estados Unidos y México.

Por solo un kilogramo de cocaína, que vale unos 2.000 dólares en Colombia, los narcotraficantes podrían ganar 25.000 dólares al contrabandearla a EE.UU., pero al menos 31.500 dólares si llegaba a Europa, según funcionarios de la ONU y la UE, consultados para el reportaje publicado por el Post.

En 2022, por sexto año consecutivo, los estados de la UE informaron un número récord de incautaciones de cocaína: Bélgica, España y Países Bajos registraron la mayor cantidad. Casi el 70 por ciento de esas incautaciones de droga se realizaron en contenedores que llegaron desde América Latina.

Las 22 toneladas de los albaneses

Fue una de las incautaciones de cocaína más grandes del mundo registradas, y las autoridades se toparon con ella por accidente.

A fines de enero, oficiales militares ecuatorianos siguieron una pista sobre un alijo de armas y explosivos oculto en una granja de cerdos en Los Ríos. En cambio, en un sótano subterráneo, encontraron 22.000 ladrillos de cocaína, 22 toneladas en total, un botín valuado en más de 660 millones de dólares en el mercado europeo. Los paquetes estaban etiquetados con logotipos de aerolíneas: Iberia, KLM, Qatar, AB, Jet2.

El alijo pertenecía a un grupo criminal albanés, según registros judiciales y agentes de inteligencia.

Para un gobierno ecuatoriano que casi se había derrumbado debido a la violencia del narcotráfico, fue aclamado como un gran golpe al comercio de cocaína. También confirmó el papel global de Ecuador como un punto de tránsito crucial y centro logístico para los narcotraficantes más poderosos del mundo.

Enclavado entre los países productores de cocaína de Colombia y Perú, Ecuador se convirtió en un lugar ideal para los traficantes, dijeron los investigadores. El país contaba con una vigilancia costera limitada, instituciones frágiles y corruptibles, políticas de visas indulgentes que permitían la residencia a largo plazo de extranjeros y un sólido grupo de bandas locales ansiosas por asociarse con grupos europeos para transportar drogas.

El país también contaba con una próspera industria naviera. Es el principal exportador de banano a Europa, y un acuerdo de libre comercio con la UE hizo que las exportaciones de banano crecieran un 40 por ciento desde 2017. El negocio del transporte de banano, que representa más de dos tercios de las exportaciones que salen de Ecuador, proporcionó una forma ideal de tránsito, dijeron los investigadores.

En 2023, aproximadamente la mitad de la cocaína incautada en contenedores en Ecuador antes de partir hacia Europa estaba oculta en envíos de banano, según las autoridades ecuatorianas.

La incautación de enero pasado en una granja para criar cerdos también ilustró el modelo de tráfico albanés, dijeron los funcionarios de inteligencia, con socios externos contratados para cada eslabón de la cadena de suministro de cocaína.

Los grupos armados colombianos manejan la producción y el transporte por la frontera, y las bandas ecuatorianas se encargan de eso. Para trasladar las 22 toneladas de cocaína, por ejemplo, una banda, Los Lobos, transportó la droga a la bodega subterránea, según un funcionario de inteligencia con conocimiento del caso. Otra, Los Choneros, se encargó de custodiar la droga, mientras que una tercera, Los Lagartos, se suponía que la introduciría de contrabando en el puerto. Por último, Los Chone Killers, se encargaría de que saliera oculta en un buque portacontenedores designado. Tras la captura, los albaneses, a través de uno de sus intermediarios, contactaron al sargento de Inteligencia Héctor Castillo Viejo, para que consiguiera información sobre los uniformados que participaron en el operativo. Su objetivo era ubicarlos, en especial a quien dirigió la operación de inteligencia desde una unidad especial del Ejército. Castillo fue detenido en Quito cuando intentaba sobornar a militares de la unidad, que lo detuvieron en un operativo con la Policía.

Pese a las evidencias en su contra fue liberado, y la jueza María Fernanda Castro Angos  no ha convocado a la audiencia de su juzgamiento. En el Ejército Castillo fue dado de baja, en septiembre pasado, pero volvió a ser detenido por robo de combustibles hace pocas semanas.

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LAS CIFRAS DE INCAUTACIONES DE COCAÍNA EVIDENCIAN QUE EL PRINCIPAL DESTINO ES EUROPA

ESPAÑA ES EL PAÍS CON MÁS INCAUTACIONES DE COCA PROVENIENTE DE ECUADOR

EN ESTE 2024 HUBO UN NUEVO RÉCORD DE CAPTURAS DE COCAÍNA EN ECUADOR

El artista del escapismo

La investigación del medio estadounidense indica que Rexhepi llegó a Ecuador alrededor de 2011. Era parte de una oleada de albaneses, muchos de los cuales tenían profundos vínculos con grupos criminales en Europa. Ecuador estaba empezando a surgir como un centro de tránsito en el tráfico de cocaína, la residencia era relativamente fácil de adquirir y había pocas dificultades para los extranjeros en la adquisición de propiedades y la creación de empresas, dijeron los funcionarios ecuatorianos.

Rexhepi, que tenía múltiples identidades falsas, aterrizó como un hombre de negocios griego, dijeron los investigadores.

Hijo de agricultores de uva en Velce, un pueblo de montaña albanés, Rexhepi alcanzó la mayoría de edad cuando los esquemas Ponzi de finales de los años 90 provocaron un devastador colapso económico en Albania, destaca el reportaje.

Los arsenales militares fueron saqueados, lo que llevó al surgimiento de bandas criminales que hicieron que partes del país se volvieran ilegales.

“Todos tenían armas en el pueblo”, dijo el tío de Rexhepi, Arben Jaupaj, de 64 años, que regenta un bar en Velce. “Los adultos y los niños”.

Rexhepi ascendió rápidamente dentro de las filas de una red con ambiciones continentales, dijeron funcionarios albaneses. Fue arrestado en 2006 por los asesinatos seis años antes de dos oficiales de policía y un transeúnte. En un acto que convirtió a Rexhepi en un nombre familiar en Albania, escapó el día de su arresto de una estación de policía en la ciudad costera de Durres simplemente abriendo una puerta con una cerradura defectuosa en una sala de interrogatorios del sótano. Salió bailando vals, diciendo a los oficiales de policía con los que se encontró que su interrogatorio había terminado.
«Se le considera inteligente, valiente y dispuesto a asumir riesgos», dijo un funcionario policial albanés que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

En los años siguientes, Rexhepi se convirtió en uno de los criminales más buscados de Europa, perseguido de un país a otro, destaca la investigación.

Fue arrestado por tráfico de drogas en los Países Bajos y extraditado a Italia, donde fue sentenciado a 13 años de prisión. En 2011, él y otros dos albaneses escaparon de una cárcel cerca de Milán después de usar sierras de contrabando para limar barrotes y saltar por una ventana con una cuerda improvisada hecha con sábanas atadas. Meses después, fue arrestado en España, pero extraditado a Bélgica, donde era buscado por su papel en un robo violento años antes. Pero la prisión belga de baja seguridad no pudo contener a Rexhepi. Una vez más, escapó, escalando un muro de la prisión.

Pero permanecer en Europa se estaba volviendo cada vez más insostenible debido al riesgo de otro arresto. Entonces Rexhepi huyó a Ecuador. Rexhepi construyó su red haciendo uso de empresas fachada legítimas, según los fiscales italianos. Rexhepi comenzó a establecer vínculos con empresas ecuatorianas que lo ayudarían a desarrollar sus operaciones de contrabando y lavar dinero. Uno de sus socios, un vicecónsul diplomático albanés en Ecuador, tenía grandes acciones en empresas de alimentos y cannabis, según registros públicos y un analista de inteligencia ecuatoriano que ha estudiado la red.

En pocos años en Guayaquil, Rexhepi y sus compinches construyeron un sofisticado sistema de logística de drogas, comprando personal portuario y compañías navieras que les permitían un acceso casi gratuito a los contenedores que se dirigían a Europa, dijeron los investigadores. Formó alianzas en todo el espectro de grupos criminales en el país, al vender Europa como un nuevo mercado abierto donde todos podían beneficiarse.

Sin embargo, la ley alcanzó a Rexhepi nuevamente, y en 2014, fue arrestado en Guayaquil, acusado de tráfico de drogas y finalmente sentenciado a 13 años de prisión. El sistema penitenciario en Ecuador estaba en gran parte dirigido por las bandas, y Rexhepi continuó construyendo su negocio, dijeron los investigadores.

Su tío, Jaupaj, dijo que su sobrino afirma que fue acusado falsamente y que simplemente dirigía un negocio de mariscos en Ecuador.

En una apelación de 2015, Rexhepi, utilizando el nombre falso Murataj Lulezim, acusó a las autoridades ecuatorianas de confundirlo con otro hombre y privarlo de su libertad «de manera injusta, sin una sola prueba en mi contra ni una sola foto que demuestre algún rastro de participación».

«Mi único pecado, por así decirlo, es que soy ciudadano albanés y vine a este país por la publicidad en el extranjero, que promueve la inversión».

Descenso a la anarquía

En septiembre de 2020, tras una investigación de cinco años, cientos de oficiales en toda Europa llevaron a cabo una gran operación encubierta contra las acciones de Rexhepi. Detuvieron a 20 personas en Italia, los Países Bajos, Alemania, Grecia, Rumania, Hungría, España, Albania y Dubái.

Las autoridades italianas enviaron una serie de cartas a los funcionarios ecuatorianos, instándolos a iniciar los procedimientos de extradición contra Rexhepi. En una carta de 2021 de la Embajada de Italia, a la que tuvo acceso The Washington Post, los diplomáticos advirtieron que Rexhepi organizó envíos transatlánticos de drogas y ordenó el asesinato de sus rivales “gracias a una densa red de complicidad y corrupción, desde la prisión, utilizando todo tipo de sistemas de comunicación”.

Pero Rexhepi tenía sus propios planes. En agosto de 2021, un juez de Guayaquil, Diego Poma, le concedió arresto domiciliario por “razones médicas” con un grillete electrónico, según la orden judicial. Días después, el juez ordenó que se le retirara el grillete electrónico y le ordenó que se presentara ante las autoridades cada 15 días. (Posteriormente, el juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura del país, que determinó que había violado la independencia de los funcionarios judiciales en varias decisiones que beneficiaban a poderosos capos de la droga). Poma, en su proceso disciplinario, negó haber actuado mal y dijo que siguió todos los protocolos legales al tomar sus decisiones.

En 2023, su liberación fue denunciada públicamente por el candidato presidencial Fernando Villavicencio como otro ejemplo de la caída de Ecuador en la anarquía; varios meses después, Villavicencio, que prometió enfrentarse a las bandas narcotraficantes del país, fue asesinado.

Para entonces, había quedado claro cuánto poder ejercían los narcotraficantes albaneses en Ecuador. Otro destacado narcotraficante albanés, Dritan Gjika, había establecido una extensa red de conexiones políticas y comerciales, según descubrieron los investigadores, supuestamente bajo la protección del jefe de la policía ecuatoriana. Algunos funcionarios de inteligencia europeos dijeron que sospechaban que Gjika podría ser parte de la red de Rexhepi.

En enero, las bandas ecuatorianas desataron una ola de violencia sin precedentes. El nuevo presidente del país, Daniel Noboa, respondió declarando un estado de conflicto armado interno contra las bandas, movilizando a los militares para tomar el control de las ciudades y las cárceles del país. Desde entonces, el gobierno ha promocionado una caída del 18 por ciento en la tasa de asesinatos, pero los secuestros y las extorsiones han seguido aumentando, y las organizaciones de derechos humanos han acusado al gobierno de arrestar a miles de personas con pocas pruebas y sin el debido proceso.

La caída de los asesinatos, dijo Renato Rivera, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador, “no es una respuesta a la militarización, sino a los procesos de paz y las alianzas criminales” entre pandillas. A pesar de la declaración del presidente de conflicto armado interno, las estructuras criminales más poderosas del país, como los albaneses, siguen “exactamente iguales”, agregó.

“Estos grupos transnacionales no se han visto realmente afectados”, dijo Rivera.

Nuevos mercados

Y los capos de la cocaína siguen adaptándose, en especial los albaneses, diversificándose y prosperando. A medida que las autoridades policiales de Europa han intensificado las operaciones de interdicción, en particular en los principales puertos del norte de Europa, los narcotraficantes parecen estar desplazándose a otros puntos de entrada.

Los Países Bajos y Bélgica, donde se encuentran los mayores puertos de Europa, incautaron en el primer semestre de 2024 aproximadamente la mitad de la cantidad de cocaína que en el mismo período del año pasado.

España, que ha seguido incautando cantidades récord de cocaína, parece estar superando a Bélgica y los Países Bajos como la puerta de entrada más importante de cocaína a Europa. Suecia y Noruega también informaron de incautaciones récord de cocaína en los puertos en 2023, según la Agencia Europea de Drogas. Alemania vio sus incautaciones de cocaína más del doble entre 2022 y 2023, según la UNDOC.

En respuesta al exceso de cocaína, siguen abriéndose nuevos mercados fuera de Europa. Según la UNDOC, Australia y Nueva Zelanda registraron la tasa más alta de consumo de cocaína en el último año del mundo, aunque los datos sobre aguas residuales indican que la mayoría de los consumidores de cocaína siguen consumiendo la droga ocasionalmente.

Según la investigación del Post, en Asia, si bien los datos son limitados, el consumo y las incautaciones de cocaína están aumentando en China y Japón, informa la ONUDC, al tiempo que observa aumentos en las incautaciones en India, Malasia y Filipinas. Esto sugiere que podrían surgir como centros de crecimiento para los traficantes. Si las tasas de consumo de Asia se alinearan algún día con las de Europa, el número de consumidores habituales de cocaína allí podría dispararse de 2 millones a más de 40 millones, según la UNDOC.

Según informes de ese organismo, los clanes albaneses han comenzado a establecer redes en Australia, explotando las debilidades del sistema de inmigración del país y sacando provecho de un mercado floreciente con altos precios de la cocaína.

Los albaneses han perfeccionado su operación en casi cualquier lugar, dijo Mejdini.

«Ya no hay límites para ellos», agregó. «El modelo que han creado, para forjar alianzas, para cooperar con otros extranjeros, les ayuda a llegar a todas partes. Donde haya demanda, ellos serán los repartidores».

Algunos analistas especulan que Turquía, donde los funcionarios informaron de un aumento del 44 por ciento en las incautaciones de cocaína entre 2021 y 2022, podría convertirse en un corredor crucial para trasladar la droga hacia el este.

Allí fue donde las autoridades encontraron a Rexhepi en noviembre pasado, dos años después de que fuera liberado de prisión en Ecuador. Fue arrestado en respuesta a pedidos de extradición de Italia y Albania.

El capo había cambiado una vida de lujo por otra, después de llegar a Turquía con un pasaporte colombiano, bajo el alias de Benjamín Omar Pérez García, y establecerse en una villa blanca en un suburbio costero de Estambul, dijeron las autoridades.

Rexhepi sigue tras las rejas en Turquía, por ahora.

Pese a su alta peligrosidad y rol fundamental en la estructura criminal de Los Lobos, un juez de Guayaquil lo liberó la semana pasada. Vicente Angulo Sosa estuvo detenido nueve meses, luego de ser capturado en el cantón Camilo Ponce Enríquez, Azuay. Es considerado el cerebro de las operaciones de minería ilegal, cobro de vacunas y tráfico de armas y explosivos desde 2022. Nota actualizada este 19 de diciembre.

Redacción Código Vidrio

Vicente Angulo Sosa, Alias Comandante Vicente, ha dirigido desde el 2022 las operaciones de minería ilegal y cobro de vacunas en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, y parte de Zamora Chinchipe. Aquí, Los Lobos han controlado unas 20 minas y extorsionan a empresas que tienen concesiones en 30 minas más, según informes de Inteligencia.

La semana pasada, Vicente Angulo, alias Comandante Vicente, y señalado como uno de los cabecillas del grupo terrorista Los Lobos, fue liberado de la cárcel por orden de un juez de Guayaquil. Fue detenido el 30 de marzo pasado, en un operativo combinado entre las Fuerzas Armadas y la Policía, tras un seguimiento de varios meses de las unidades de inteligencia.

Su excarcelación fue duramente cuestionada este jueves 19 de diciembre de 2024, tanto por las autoridades de las Fuerzas Armadas como de la Policía por cuanto Vicente fue capturado con abundante evidencia y es considerado un blanco de alto valor por su peligrosidad.

Fue liberado luego de una audiencia de revisión de medidas cautelares, que solicitaron sus abogados en un proceso de delincuencia organizada que data de 2018. En esa diligencia judicial, su abogada indicó que Angulo tenía diabetes, hipertensión y tuberculosis. Su valoración médica fue entregada a la Fiscalía, ya que en la cárcel donde estaba detenido no exist{ia la infraestructura para atender el cuadro médico de Angulo.

Ante estos argumentos, un juez de Guayaquil aceptó el pedido de sustituir la orden de prisión preventiva de Comandante Vicente. Dispuso que se presente periódicamente ante la justicia,  y que lleve un grillete electrónico mientras espera su juicio. Entre tanto, recibirá atención médica en su casa en una urbanización de Daule y trabajaría como técnico en un taller industrial en el suburbio de Guayaquil.

El Comandante coordinaba envío de explosivos y armas

Angulo estaba prófugo desde septiembre del 2023. En ese mes el juez Edwin Logroño, del Tribunal Penal de Guayas, ordenó su captura por el delito de delincuencia organizada, en el que también están enjuiciados cinco integrantes más de Los Lobos. El Comandante Vicente tenía un rol clave dentro del grupo criminal que disputa el control de territorios y hegemonía con Los Choneros. Además de la minería ilegal, se encargaba de coordinar el envío de explosivos y armas desde el sur a otras provincias del país donde el grupo criminal ha incrementado su presencia.

 En Azuay y Zamora, Los Lobos controlan a 40 grupos de mineros ilegales. Según estimaciones de Inteligencia, estas actividades criminales de minería ilegal les dejan a ese grupo criminal ganancias estimadas en 3,6 millones de dólares por mes.

Los últimos años, Los Lobos, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y que se atribuyó el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ha extendido sus actividades de tráfico de drogas, sicariato y extorsión a la extracción de oro ilegal, sobre todo al sur del país.

Según informes clasificados del sistema de inteligencia, en Camilo Ponce Enríquez, Los Lobos controlan una maquinaria criminal que genera decenas de millones de dólares cada mes, y explica en parte el crecimiento sostenido de integrantes de ese grupo delictivo, los últimos años.

El 70% de los habitantes del cantón Camilo Ponce Enríquez vive en situación de pobreza y la fuente tradicional de ingresos ha sido la minería artesanal de oro. Sin embargo, esta actividad que antes era de subsistencia, en los últimos años ha sido desplazada por la violencia de grupos armados que responden a la línea jerárquica de una organización criminal como Los Lobos.

La estructura delictiva ha establecido nexos con decenas de policías, militares, agentes estatales y operadores de justicia para garantizar su protección e impunidad en Azuay, según reportes oficiales.

Uno de los líderes de esa banda, que está siendo investigado, es un político que fue asesor en el despacho de un legislador, entre los años 2021 y 2023. El exfuncionario registra antecedentes por actividades ilícitas. Según los expedientes, este personaje es asociado como colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La incursión de Los Lobos en la minería ilegal de Ponce Enríquez se acentuó a fines de 2022, detallan los documentos de Inteligencia. Sus acciones criminales comenzaron con la “intimidación, secuestro, sicariato, extorsión y cobro de vacunas”.

En una siguiente etapa, tomaron el control de operaciones mineras que comprenden incluso concesiones legales dedicadas a la explotación de oro. Para ello incursionaron en minas y se instalaron en varias de ellas, sin dejar opción a los concesionarios legales, algunos de los cuales optaron por marcharse por temor a ser asesinados.

Con su llegada, estos actores instalaron la violencia y el miedo entre la población. El cantón Ponce Enríquez registró oficialmente 26 crímenes entre 2022 y 2023, según registros policiales. De entre las víctimas, sobresalen titulares de concesiones legales de minería de oro.

Los documentos del caso Metástasis, alrededor del narcotraficante Leandro Norero, que fingió su muerte por Covid-19 en Perú, también alertan las conexiones políticas, los métodos del lavado y el financiamiento de estas bandas en la minería. Norero era financista de Los Lobos. En su domicilio tenía 43 lingotes de oro que habían sido procesados en Portovelo, El Oro.

Un enredo administrativo que ha permitido operar a dos mineras sin licencia ambiental en La Maná y con un posible impacto a la naturaleza, se convirtió un lío judicial que ha escalado hasta la Corte Constitucional. Esta instancia deberá determinar si el fallo de tres jueces de la Corte Superior a favor de reanudar las actividades mineras se dio en apego a la norma o cometieron una falta por error inexcusable, lo que les podría costar sus cargos. Mientras tanto, las empresas siguen extrayendo oro. La defensa de Comiagne y La Mana Rome Gold asegura que las denuncias son una campaña premeditada en su contra, ya que cumplen con todas las reparaciones ambientales. Reconocen que operan sn licencia ambiental pero culpan al Ministerio de Ambiente de no entregársela.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

En la misma zona donde operan las mineras Comiagne y La Mana Rome Gold, también está asentada la embotelladora de agua Splendor, de la empresa Acquad’or que, ante lo que considera daños ambientales producidos por la actividad minera, presentó una acción de protección. Para ello argumentó los mismos informes de las entidades estatales que han determinado: “se hace de manera artesanal sin medidas de prevención y cuidado del recurso hídrico”; “existe una piscina presuntamente de sedimentación, sin ningún manejo ambiental”; “los parámetros de aluminio, sólidos suspendidos y hierro se encuentran sobre norma, por lo que se deberá solicitar a la DZ3 inicio de proceso administrativo”; “una vez realizada las inspecciones técnicas a las concesiones Ximena 1 se pudo verificar que los incumplimientos continúan y a pesar de que las mismas se encuentran suspendidas siguen realizando actividades mineras”.

En una primera instancia, en julio pasado, un tribunal anticorrupción, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, aceptó la acción de protección y ordenó el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspección y determinar la afectación ambiental. Además, pidió que se informe si hay investigaciones previas en Fiscalía por delitos ambientales, entre otras medidas. “En el caso que nos ocupa ha quedado probado el daño ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisión de las entidades demandadas”, sentenció el tribunal.

El Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minería, y la Agencia de Regulación Arcom, defendieron que han realizado un control efectivo y que prueba de ello son las docenas de informes y sanciones. La defensa de las mineras, por su parte, argumentó que acató todas las observaciones de pasivos ambientales, que no hay ningún daño al medio ambiente y opera legalmente. Tanto entidades estatales como mineras apelaron la sentencia. Y el caso fue a parar a un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, conformado por Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, quienes resolvieron el caso en un tiempo récord de dos días. Le dieron la razón a las entidades de control y las mineras y ordenaron la reapertura de las actividades extractivas en esta zona de La Maná.

Esto llevó a Acquad’or a interponer una acción de protección en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable. El motivo: Acquad’or denuncia que los jueces no dieron cuenta de la omisión cometida por los entes de control al no evidenciar los daños ambientales ya que se estaría contaminando el agua de los ríos la operación sin licencia ambiental. Además, argumenta que llama la atención que el tribunal avocó conocimiento de la causa el jueves 26 de septiembre y, el martes 1 de octubre, tras haber revisado más de 700 páginas del expediente, emitieron su decisión en favor de las mineras. En decir, “en dos días laborables”, cuando en estos casos los jueces suelen tardar semanas o meses en llegar a una resolución.

Control disciplinario

El pasado 10 de noviembre, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha ofició al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, la solicitud de declaratoria jurisdiccional en este caso. Eso quiere decir que un juez constitucional deberá analizar la causa: si no encuentra inconsistencias, archivará el caso, pero si las encuentra, emitirá un informe que se denomina “declaratoria jurisdiccional previa”. Esa es la manera en la que se controlan las acciones puntuales de los jueces.

Luego, ese informe deberá llegar al Consejo de la Judicatura para iniciar un sumario administrativo y emitir la sanción correspondiente. Un juez incurre en error inexcusable si (en una sentencia) hace una interpretación jurídica grave, mañosa o grosera, que no admite disculpa. Por lo tanto, la sanción es la destitución, explica la vocal de la Judicatura Solanda Goyes. Sin embargo, si la Judicatura resuelve que la falla no es tan grave, puede aplicar una sanción de suspensión por un mes sin sueldo. Pero, si en el análisis identifican que la decisión causó daños irreparables a las partes involucradas, a terceros o daños a la credibilidad del sistema de justicia, la única salida es la destitución.

De todos modos, Goyes dice que en el proceso de sumario administrativo los jueces observados tienen derecho a contradecir y argumentar sus descargos.  Esta alianza pidió una entrevista con los jueces Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, que fallaron a favor de las mineras, para conocer su posición en el caso. Pero, a través del departamento de Comunicación de la Corte de Pichincha, respondieron que “no pueden pronunciarse sobre las resoluciones”.

La defensa de las mineras

¿Cómo han podido operar Comiagne y La Mana Rome Gold por más de una década sin licencia ambiental en una zona de recarga hídrica? Tomás Alvear, abogado defensor de las empresas mineras, dice que todo esto es una campaña de desprestigio patrocinada por la empresa Acquad’or que solo responde a intereses económicos y no a una preocupación por el medio ambiente.

Alvear explica que en el proceso judicial se demostró que las empresas cumplieron con cada una de las sanciones emitidas por las diferentes entidades de control, dando cumplimiento a las reparaciones ambientales solicitadas. “Como todo proceso humano, la minería genera pasivos ambientales, que se han subsanado, sino no podríamos operar. No hay estudios que determinen la contaminación del agua”, dice Alvear.

Sobre la licencia ambiental que debe emitir el Ministerio de Ambiente afirma cada dos años hacen la solicitud al Ministerio de Ambiente, pero que no han recibido respuesta al trámite en los seis meses que prevé la ley, lo que da cuenta “silencio administrativo” que se interpreta como un visto bueno ya que no hay objeciones para la operación minera. “No es una omisión del titular minero, sino del Ministerio de Ambiente que no da trámite”, afirma el jurista, y añade que esto acarrea la destitución de los funcionarios que lo deben realizar.

Este medio también pidió una entrevista con un vocero de Ambiente, para conocer los motivos por los cuales no se ha emitido la licencia ambiental por más de una década, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería, dice que sí hay la figura de silencio administrativo si el trámite no se resuelve en seis meses, pero eso simplemente aprobaría un estudio de impacto ambiental que es un requisito, pero no emitirá la licencia que es un proceso posterior. “Todos estamos conscientes de las demoras e ineficacias del Estado, pero la licencia ambiental es el permiso más importante. Hay empresas que esperan hasta 18 meses porque quieren hacer un trabajo legítimo”.

Alvear culpa al Ministerio de Ambiente y dice que lo de Comiagne y La Mana Rome Gold no es el único caso, puesto que el 90 por ciento de las empresas de régimen de pequeña minería operan sin licencia ambiental por la ineficiencia del Ministerio de Ambiente. Está seguro que la Corte Constitucional les dará la razón.

¿Y los derechos de la naturaleza?

La Corte Constitucional deberá resolver este caso por dos vías. El primero será dar trámite a una acción de protección extraordinaria que presentó Acquad’or para revisar la sentencia del tribunal de Corte Provincial de Pichincha y la segunda será el informe de error inexcusable contra los mismos jueces.

Según Miguel Molina, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de Universidad Internacional (UIDE), el principal problema de la sentencia, más allá de que llama la atención que solo tomó dos días laborables en emitir su decisión, es que los jueces no tomaron en cuenta los derechos de la naturaleza, y consideraron suficientes los argumentos de los entes de control, cuando ha quedado demostrado que, pese a los informes y sanciones, el daño ambiental y los incumpliendo se siguen prolongando. Lo que considera una inobservancia a los derechos constitucionales.

“Sentimos que es trabajo de la academia involucrarse en esto”, dice Molina, quien el 9 de diciembre presentó un Amicus Curie dentro de esta causa. Este término que se traduce como amigo de la corte, para aportar datos e ideas que puedan ayudar a tomar la decisión a los jueces constitucionales.

Con este criterio coincide Ramiro Ávila, expresidente de Corte Constitucional: “La Corte ha emitido amplia jurisprudencia respecto a los derechos de la naturaleza: está el caso de Los Cedros, que habla del principio de precaución frente los posibles daños que podría afectar una actividad minera, por ejemplo, y el caso Río Monjas que trata sobre el cuidado de los ríos”. Efectivamente, estos argumentos no fueron considerados por los jueces, aunque el caso Los Cedros sí fue considerado por el tribunal anticorrupción que falló a favor de cesar las actividades de Comiagne y La Mana Rome Gold en primera instancia.

Según los constitucionalistas las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, y se podría considerar una vulneración si los jueces no aplicaron esta jurisprudencia, por desconocimiento u otra razón.

No obstante, para el abogado de las mineras los tres jueces consideraron todos los derechos, incluidos los de naturaleza. Hace énfasis en que la justicia constitucional no debe resolver cuestiones que ya resolvieron los entes de control como el Ministerio de Ambiente, aunque todavía no emita la licencia ambiental.

¿En qué terminará? La acción de protección la deberá resolver Karla Andrade, magistrada de la Corte Constitucional. Y lo más seguro, dice Miguel Molina, es que ella misma tendrá que pronunciarse sobre el error inexcusable, ya que se trata del mismo tema. El caso se resolverá en los próximos meses.

Control de polémicas sentencias

Hay dos niveles en la evaluación del sistema judicial que no tiene un mecanismo para examinar la calidad de las sentencias de una manera sistemática. Por el momento puede actuar de oficio en casos puntuales porque un juez se demora mucho en emitir una sentencia, por ejemplo. Pero cuando hay casos para revisar la actuación sobre las decisiones de un juez hace falta una demanda o queja para proceder con el proceso disciplinario de error inexcusable u otras causales que, previamente debe ser declarado por los tribunales superiores.

La vocal de la Judicatura explica que el control disciplinario es un nivel. Y el otro nivel es la evaluación de jueces, que tiene que hacerse por ley cada tres años, pero que no se ha hecho y hacen falta reformas para una evaluación oportuna. En ese contexto, Goyes ha propuesto la evaluación de tres pilares. Primero, la productividad para analizar cuántas sentencias emite en determinado periodo. Segundo la calidad de las decisiones, para lo cual debe tomarse una muestra, pues los jueces dictan entre 300 y 500 sentencias cada año, y no se pueden analizar todas. Y tercero la probidad, que implica que la Contraloría y otras instituciones del Estado proporcionen información sobre el patrimonio y otras consideraciones de los servidores judiciales.

Pero para esto también hace falta la aprobación de una reforma que está en manos de la Asamblea. “Entonces nadie mide la calidad de los fallos ni si están sustentados, hasta que la Asamblea apruebe la reforma. Esto hace que evita la rendición de cuentas sobre los pronunciamientos o sentencias”, comenta un juez que prefiere que no aparezca su nombre. Esto impide tener una radiografía del sistema judicial y separar a los jueces que tengan un desempeño deficiente.

 

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ENTREVISTA.  SANTIAGO PEÑAHERRERA, EXDIRECTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Los jueces no han sido evaluados desde hace ocho años

¿Cómo está operando la evaluación de jueces de la Corte Provincial de Pichincha. Alguien evalúa la calidad de los fallos, si están fundamentados y correctamente motivados?

El ejercicio de las potestades correctivas le corresponde a los jueces superiores, en el presente caso de la Corte Nacional de Justicia, quienes al conocer los recursos de casación están llamados a realizar un control de legalidad de las actuaciones de los jueces de primera y segunda instancia. Uno de los aspectos a verificarse es si las decisiones judiciales cuentan o no con una motivación suficiente, según la sentencia de la Corte Constitucional No. 1158-17-EP/21. Sería conveniente contar con estadísticas actualizadas respecto a casaciones admitidas en cada materia, tener una idea de cuántas sentencias son declaradas nulas por falta, indebida motivación o motivación suficiente, cuántas causas son reportadas al Consejo de la Judicatura, para que inicie los sumarios disciplinarios por la falta disciplinaria grave tipificada en el artículo 108 numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Además es importante considerar que la falta o indebida motivación puede conllevar al cometimiento de determinado juzgador de la infracción gravísima de error inexcusable, la cual debe ser declarada por los tribunales superiores, responsabilidad que en el caso de la consulta formulada recae del mismo modo sobre los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En este punto corresponde preguntarse si ¿en todos los casos los diferentes tribunales del máximo órgano de justicia ordinaria del país están declarado el error inexcusable, la manifiesta negligencia y el dolo? La respuesta es no, lo cual se evidencia con las declaraciones de estas inconductas que realiza la Corte Constitucional en procesos en los cuales ha existido casación. Sería conveniente que exista una investigación y una estadística respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 652 numeral 10 del COIP, referente a la condena a costas a juzgadores, cuando les sea imputable la nulidad del proceso. Lo señalado no sólo tiene relevancia respecto a los procedimientos administrativos sancionadores sino también en los procesos de evaluación lo cual es de competencia del Consejo de la Judicatura, pues sin duda serían importantes elementos para evaluar a los jueces, no olvidemos para el efecto existen tres grandes parámetros: cuantitativo, cualitativos, de legitimidad y transparencia.

¿Desde cuándo no hay una evaluación del desempeño de los jueces, en cuanto a sus fallos, y por qué?

A los jueces de la carrera judicial jurisdiccional, es decir jueces de primer nivel, de cortes provinciales y de los tribunales de lo contencioso administrativo y tributario no se los ha evaluado desde hace unos ocho años. Todo proceso de evaluación implica necesariamente presupuesto el cual como es de conocimiento general es limitado, requiere talento humano, que en el Consejo de la Judicatura está destinado a atender una gran cantidad de trámites que tienen el carácter urgente, y por supuesto, se requiere que no existan obstáculos legales. El Pleno del Consejo de la Judicatura, con resolución Nro. 186-2021 de 17 de noviembre de 2021, emitió el Reglamento General para la Evaluación del Desempeño y Productividad de las y los Jueces de las Cortes Provinciales y de las y los jueces de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario a nivel Nacional. Hasta el final de mi gestión como director general del Consejo de la Judicatura, 31 de enero de 2023, las áreas técnicas se encontraban trabajando en el instructivo para la evaluación. Sin embargo que existía avances respecto a la regulación de los procesos de evaluación, es importante señalar que dentro del recurso de apelación interpuesto en la acción de protección Nro. 17160-2020 00272, un tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante sentencia de 30 de diciembre de 2021, resolvió aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto y, revocó la sentencia de primera instancia del 2020, emitida por la Jueza de la Unidad Judicial de Contravenciones Penales y de Tránsito de Tumbaco. Dispuso: “(…) Como medidas de reparación inmaterial se dispone que: a) El legitimado pasivo presente a la Asamblea un proyecto de ley que incorpore la metodología y el desarrollo de los parámetros cualitativos, cuantitativos, legitimidad y transparencia, por cada materia y cargo para la evaluación integral de Jueces, funcionarios judiciales y funcionarios administrativos de la Función Judicial de manera pormenorizada, que puede ser mediante Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, de igual manera deberá plantear una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en la cual se establezca la creación de jueces especializados en materia constitucional tanto de primer nivel cuanto las Salas respectivas en las Cortes Provinciales de Justicia (…)”. La referida medida de reparación dispuesta tiene un sentido claro: para evaluar a todos los servidores judiciales debería previamente aprobarse una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para establecer los parámetros de evaluación cuantitativa, cualitativa, de legitimidad y de transparencia. No obstante, esa medida no es jurídica ni técnicamente viable, primero porque el Consejo de la Judicatura carece de iniciativa legislativa, no puede presentar proyectos de ley. Y en segundo lugar porque la Constitución es clara al determinar que le corresponde al órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial determinar los parámetros de evaluación y no al legislador. Por último no es técnicamente conveniente establecer parámetros de evaluación en la ley, pues no es lo mismo evaluar a jueces que a fiscales, que a defensores públicos, que a servidores administrativos y no es lo mismo evaluar hoy a un juez que dentro de diez o más años. Si no lo ha hecho aún, la Asamblea debería pronunciarse expresamente en dicho sentido y de esta manera, dar la viabilidad para que el CJ continúe con la determinación de los parámetros de evaluación sin necesidad de reforma legal, lo otro es que se declare la inejecutabilidad parcial de la sentencia.

 ¿Qué implica la falta de una evaluación permanente a los jueces, en qué medida afecta a los usuarios?

 El artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial regula la evaluación permanente, la cual busca medir la calidad de trabajo que realizan los jueces. Permite contar con una radiografía del órgano jurisdiccional, separar a jueces que hayan tenido un desempeño deficiente, diseñar estrategias de mejora continua, legitimar y trasparentar la gestión de los operadores de justicia.En tal sentido, la evaluación constituye una garantía, en especial para los usuarios que la tutela judicial efectiva no es una frase carente de sentido práctico.

¿Se puede medir técnicamente si los fallos de los jueces son sólidos, fundamentados, que no estén sesgados o estén claramente direccionados para beneficiar a una de las partes, por factores extrajudiciales?

 Por supuesto que sí, el principal mecanismo es al conocerse y resolverse diferentes recursos por parte de las instancias jurisdiccionales superiores. Otro mecanismo es con la inteligencia artificial, la cual permite saber cuántas sentencias corresponden a determinado juzgador, saber cómo ha resuelto, conocer si en situaciones en las cuales los supuestos son los mismos se ha apartado de su criterio y con ello, de ser el caso iniciar una investigación de transparencia. De hecho, como director general del Consejo de la Judicatura suscribí un convenio con el Instituto Republicano Internacional que tiene por objetivo el fortalecer el sistema de justicia ecuatoriano, transferencia de conocimientos e intercambio de buenas prácticas en la región, ejecución de proyectos conjuntos y de investigación jurídica, asistencia técnica y metodológica; procesos de formación enfocados en la especialización de los operadores de justicia, con vigencia de 2 años a partir del 05 de agosto de 2022; con dicho convenio se busca la implementación de un software que permita lo antes señalado, es importante que el CJ gestione su pronta implementación.