Codigo Vidrio Admin

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, indicó esta mañana del 13 de abril que las encuestas (exit poll) que realizarán dos empresas a boca de urna no constituyen resultados oficiales, por lo cual no deben ser tomadas como una fuente definitiva de información, “pues no reflejan el resultado real de un proceso”. Con esa alerta coincidió el académico Santiago Basabe, quien sostuvo que una de las empresas tiene claros intereses a favor de una de las candidaturas. 

Redacción Código Vidrio

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que empezará a publicar resultados oficiales de las elecciones presidenciales de este domingo desde las 6 de la tarde. El anuncio lo hizo al inicio de la jornada electoral la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien alertó: “Si bien existen empresas autorizadas para realizar encuestas a boca de urna, éstas no constituyen resultados oficiales y por tanto no deben ser tomados como una fuente definitiva de información, pues no reflejan el resultado real de un proceso”.

«Debemos rechazar las narrativas de fraude, el fraude no tiene cabida en un sistema que se construye sobre la base de la legalidad», en Ecuador, afirmó Atamaint. “Hacemos un llamado a los ecuatorianos a esperar con calma y serenidad los resultados, entendemos la expectativa de la jornada, pero el escrutinio requiere rigor”, añadió.

Precisamente el politólogo y académico Santiago Basabe escribió en su cuenta en X: “Mañana esperemos resultados oficiales de CNE. Un exit poll de una persona con claros intereses por una de las dos candidaturas no es garantía de nada”, indicó en relación a la encuestadora Telcodata, propiedad de Tomislav Topic, padre de Jan, excandidato presidencial, quien anunció su respaldo a la candidata Luisa González, del correísmo.

Solo dos de las cuatro empresas autorizadas por el CNE para realizar encuestas a boca de urna (exit poll) han confirmado su participación en la jornada electoral de este domingo. Se trata de Telcodata y Corpmontpubli, que confirmaron que desplegarán personal en todo el país para realizar el levantamiento de datos.

Los ecuatorianos acudirán hoy a las urnas para definir una de las elecciones más reñidas de la historia reciente entre el actual mandatario, Daniel Noboa, y Luisa González, del partido RC5.

En esta jornada participarán 40 mil funcionarios electorales, además de 48 mil miembros de las Fuerzas Armadas y más de 57 mil policías, en medio de un estado de excepción decretado por el presidente Noboa este 12 de abril.

13,7 millones de ecuatorianos acudirán hoy a las urnas, en medio de una crisis de seguridad que se agravó desde la pandemia, en el contexto de la penetración de carteles mexicanos y albaneses para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Los resultados de esta elección se definirán, con seguridad, por la dirección que tome el 18% de votantes que aún no han definido a quien apoyarán, según varias encuestas y análisis difundidos las últimas semanas. La primera vuelta hubo un empate técnico, con cada postulante obteniendo el 44% de los votos. Hasta hoy todas las encuestas muestran que los candidatos siguen empatados y vaticinan un resultado apretado, voto a voto, entre ambas opciones.

Más ataques que propuestas

Uno de los hitos importantes, al inicio de la campaña, fue el debate presidencial, el 13 de marzo. Ambos candidatos emplearon buena parte de sus exposiciones en ataques sistemáticos, más que una exposición de sus planes de gobierno, que pasaron a un segundo plano.

Esa tónica de confrontación y virulencia ha marcado la segunda vuelta. Noboa ha enfilado sus ataques contra González y su movimiento, con el expresidente Rafael Correa a la cabeza, denunciando su relación con el crimen organizado y casos sistemáticos de corrupción, que se investigan o han sido sentenciados y enjuiciados en la justicia. El más reciente está relacionado con un juicio que enfrentan tres importantes partidarios del correísmo, exintregrantes del Consejo de Participación Ciudadana, por querer tomar el control, de forma fraudulenta, en complicidad con Correa, de la Contraloría y la Superintendencia de Bancos. Los tres militantes fueron destituidos por el Consejo Electoral y están enjuiciados.

En el debate, González denunció la supuesta participación de una empresa bananera de la familia Noboa y el involucramiento de su jefa de campaña y gerente en varios envíos de cocaína a Europa. Este caso estuvo bajo la investigación de la Fiscalía, que sin embargo no acusó a la gerente de ningún delito. La candidata ha cuestionado los resultados del Plan Fénix, resaltando que las cifras de violencia no han bajado, así como violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los operativos de la fuerza pública.

 La campaña llegó a su fin, este jueves 10 de abril, en medio de un ambiente creciente de inseguridad y un aumento de homicidos, en su mayoría entre miembros de bandas criminales, que se enfrentan por el control de territorios, especialmente en Guayaquil. Aunque el año pasado, las muertes violentas tuvieron una disminución del 17%, este 2025 las cifras se volvieron a disparar.

El gobierno mantiene miles de soldados y policías en las calles realizando operaciones a gran escala, que han dejado decenas de detenidos, incluidos importantes cabecillas de grupos criminales. También ha sumado apoyos de Estados Unidos y la Unión Europea con equipos y recursos para capacitación e inteligencia.

Este proceso electoral transcurrió también en medio de una severa crisis por inundaciones, debido a las intensas lluvias, que han causado graves daños en carreteras, colapso de puentes, desbordamientos de ríos y derrumbes en varias ciudades del país. Puede ser posiblemente un factor que influya en el ánimo de los votantes, en medio de acciones desplegadas por el Ministerio de Obras Públicas y los gobiernos locales en las zonas golpeadas por el temporal.

Otro hecho que desató reacciones y críticas encontradas fue la llegada al Ecuador de Erick Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, acusada de abusos en operaciones en varios países con mercenarios. A inicios de este mes Prince se reunió con el presidente Noboa, quien anunció una alianza de su gobierno con esa empresa para brindar capacitación a militares y policías. Prince incluso participó en un operativo antidelictivo en Guayaquil y también dio declaraciones en varios medios a favor de Noboa y en contra de González, en medio de críticas por su intervención en la campaña electoral.

A González se le cuestiona desde diferentes sectores por su afinidad con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien dijo que sí reconocía como un mandatario legítimo. Otros puntos débiles de su campaña estuvieron marcados por  los anuncios que hicieron dos de sus legisladoras sobre el impulso de un “dólar a la ecuatoriana”, lo cual, según sus críticos, pondría en riesgo la dolarización que es el sistema monetario que rige en Ecuador. También recibió cuestionamientos su anuncio de que en su gobierno entregaría 72 millones de dólares para financiar el empleo de “gestores de paz”, para que operen en los barrios en apoyo a la seguridad ciudadana, similar a modelos empleados en Venezuela y Cuba, para la participación de civiles en defensa de su proyecto político.

Otro hecho que destacó estos últimos días fue el anuncio que hizo la fiscal Diana Salazar de extender sus funciones, que terminaron oficialmente el 9 de abril,  hasta que se designe a su reemplazo. Las últimas horas, la Fiscalía ha hecho públicos en sus redes sociales una cadena grabaciones de conversaciones entre el expresidente Correa y exautoridades de su partido, que se confabulaban para la designación de autoridades de control. Desde 2019, cuando asumió la Fiscalía, Salazar ha enjuiciado a importantes dirigentes del correísmo por corrupción y delincuencia organizada.

• La espera se alargó por 17 años. Este jueves 10 de abril se inauguró la central Alluriquín, con una potencia de 204 MW, una de las tres del Complejo Toachi Pilatón, también integrado por las plantas Sarapullo, de 49 MW, en operación desde marzo de 2023, y Mini Toachi, de 1,4 megavatios, que también esta operativa. Así, la obra empezó a operar en toda su capacidad hidroeléctrica de 254 MW.
• Para que esto ocurriera pasó mucha agua bajo el puente. Dos firmas rusas a cargo de la parte electromecánica de esta central litigaron contra el Estado los últimos años. Y ganaron. En el primer caso, Inter RAO obtuvo un laudo arbritral por el cual debe recibir 45 millones de dólares. En el segundo, Tyazhmash logró un acuerdo de mediación que implicó un pago por supuestos gastos adicionales que sería de 20 millones, al extenderse los trabajos (el monto final es reservado). 
• Tras los acuerdos emprendidos por este gobierno finalmente se concretó la finalización de las obras, que empezaron con la colocación de la primera piedra en 2008, en la administración de Rafael Correa. Nota actualizada este 11 de abril de 2025. 

 Redacción Código Vidrio y Vistazo

Este 10 de abril de 2025 empezó a operar, a toda su capacidad, de 254 MW, la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, en Santo Domingo de los Tsáchilas. La construcción de la obra, que demoró 17 años -cuatro gobiernos de por medio- se selló con la inauguración de la central Alluriquín, con una potencia de 204 MW, que es una de las tres del Complejo, también integrado por las plantas Sarapullo, de 49 MW, en operación desde marzo de 2023, y Mini Toachi, de 1,4 megavatios, que también esta funcionando.

Durante la ceremonia en la casa de máquinas, Gustavo Sánchez, gerente general subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dijo que gracias a la «oportuna intervención de la Procuraduría, llegamos a un acuerdo con la empresa contratista (la rusa Tyazhmash), acortamos los cronogramas y aceleramos los trabajos, especialmente, en la casa de máquinas de Alluriquín y en la mini central Toachi».

La primera piedra para este proyecto se colocó en enero de 2008, durante el gobierno de Rafael Correa. Pasaron 17 años, cuatro gobiernos, dos paros nacionales y una pandemia. Toachi Pilatón enfrentó 7 plagas. Además, las dos contratistas rusas de la obra, Inter RAO y Tyazhmash, litigaron.

Destrabar el proyecto, abandonado por más de una década, fue una de las prioridades de la ministra de Energía, Inés Manzano, quien empujó el avance de los acuerdos con las empresas rusas, según fuentes de esa cartera de estado.

El primer gran misterio alrededor de este proyecto es el costo final de la obra, que esclarecemos en este informe. Según información entregada por CELEC a esta alianza, en la obra se gastaron mil millones de dólares. Este es el desglose: 246 millones de recursos fiscales; 250 millones del BIESS; 52 millones del Eximbank de Rusia y 475 millones de recursos propios de CELEC. De ser así, es más del triple del monto previsto en 2003, cuando se impulsó el proyecto.

El fideicomiso Toachi Pilatón, constituido entre el BIESS y CELEC, indica que el proyecto cuesta 588 millones de dólares.

El fideicomiso se constituyó en 2015, entre CELEC  y el BIESS, que es el Banco del Instituto de la Seguridad Social. El BIESS aportó 250 millones de dólares para constituir el fideicomiso, con el 38,2% de participación. El CELEC, en contraparte, contribuyó con 403 millones, por lo que su participación es del 61,7%. El monto total de este fideicomiso es de 653,7 millones. Hasta inicios de este 2024, el BIESS había recibido de CELEC 26 cuotas por un valor de 106 millones, correspondientes al capital. Y 160 millones, por concepto de interés. El BIESS aún debe recuperar 15 cuotas por un total de 143 millones. En febrero, CELEC transfirió un pago de 12,7 millones de dólares, para cubrir el último pago correspondiente al período de mayo a noviembre de 2023. En uno de sus últimos cabildeos el Gobierno intentó que el BIESS cambie la garantía del pago total (que actualmente es la hidroeléctrica) por un pagaré, lo cual no fue aceptado por el Banco.

La central hidroeléctrica se ubica entre tres provincias, Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. Es un complejo que consta de dos centrale s, Sarapullo y Alluriquín. Sarapullo tiene potencia para producir 50,4 Megavatios (MW) y empezó a producir desde marzo de 2023. La central Alluriquín, con 204,4 MW de potencia, arrancará su producción en forma gradual, a partir de este mes abril de 2025.

El inicio de generación es una buena noticia para el país, en medio de apagones de hasta 14 horas al día por la crisis energética que se extendieron varios meses hasta diciembre pasado.

El primer capítulo de este accidentado proyecto tuvo como protagonista a la empresa Odebrecht, que fue contratada por HidroTapi en diciembre de 2007 para construir la central por USD 366 millones, que ofreció terminar la obra en 48 meses. En menos de un año el proyecto se suspendió por conflictos entre la contratista y el Gobierno.

Dos años después el gobierno de Correa retomó el proyecto pero con otra compañía, la rusa Inter RAO. El 25 de octubre de 2010, la entonces HidroToapi EP y la sociedad anónima Inter RAO suscribieron el contrato de ejecución de las “obras electro e hidromecánicas para la puesta en servicio de las unidades turbogeneradoras del proyecto Toachi Pilatón”. El valor, según documentos obtenidos por esta alianza, fue de 144,9 millones de dólares. El plazo de ejecución: 44 meses. Dentro de este proceso, Inter RAO adquiría los equipos a otra firma rusa, que era la fabricante, Tyazhmash.

Hubo problemas, como la detección de fallas geológicas que amenazaban la estabilidad de la casa de máquinas de Alluriquín. “Los frentes de las obras civiles en la mayor parte de los sitios no fueron entregados a Inter RAO por parte de CELEC, alcanzando un retraso de hasta 630 días”, explicaba desde Moscú el ingeniero Viacheslav Leonov, entrevistado en abril de 2017, por Vistazo sobre la razón de las demoras.

Para esa fecha, “todo el equipamiento principal y la mayor parte de los equipos auxiliares ya han sido suministrados al Ecuador”, decía el portavoz ruso. “La primera unidad de la central hidroeléctrica Sarapullo del proyecto Toachi – Pilatón, está prácticamente lista para las pruebas y puesta en marcha”. Según esta versión, al no ser entregados los frentes de obra civil era imposible continuar. Además, “Es necesario que se firmen con CELEC las adendas del contrato, sin las cuales la empresa Inter RAO no puede suministrar al Ecuador el resto de los equipos que ya han sido fabricados”.

---

El gobierno de la Revolución Ciudadana había ofrecido cambiar la matriz energética a un esquema limpio, y supuestamente seguro, con la construcción de ocho centrales hidroeléctricas. No escuchó a quienes advertían sobre el peligro de anclar la generación a la apuesta hidroeléctrica, frente a la amenaza del cambio climático, por el riesgo de sequías o inundaciones.

---

El régimen quería inaugurar las mega obras en 2016, en plena campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2017.

El retraso en Toachi Pilatón se debía a problemas con el frente de obra civil, a cargo de China International Water & Electric Corp (CWE). Los problemas geológicos generaron retrasos. No se llegó a un acuerdo definitivo para la línea de financiamiento del Roseximbank. La razón de fondo fue la dificultad de establecer una fecha de finalización del proyecto, en virtud de los imprevistos. Entre octubre de 2015 y octubre de 2016 CELEC se retrasó en los pagos en 26 ocasiones, con deudas que sumaron 12,5 millones de dólares

En el enlace ciudadano 505, del 17 de diciembre de 2016, el entonces presidente Rafael Correa anunció que había ordenado terminar unilateralmente el contrato con los constructores, por incumplimiento. En esa cadena, Correa solamente se refirió a la fabricante rusa, sin alusión a la china. La central hidroeléctrica Toachi Pilatón debía estar lista en mayo de 2015. Para la fecha de su sabatina, el gobierno solamente había entregado tres de las ocho centrales ofrecidas al país.

“Determinamos tres obras donde vamos a terminar unilateralmente los contratos. La una: Toachi Pilatón. Está atrasada la hidroeléctrica. Me ofrecieron la primera central, son dos. La de Sarapullo para diciembre (de 2016). Esta es una empresa rusa: Inter RAO no ha cumplido el contrato: He ordenado terminar unilateralmente el contrato, compañeros”, explicaba Correa.

Nadie esperaba las acusaciones públicas de Correa, dado que para fines de noviembre de 2016, ya se había logrado un acuerdo en los temas de controversia entre ambas partes. Entre el 20 y 21 de diciembre de ese año, cuatro días después de los anuncios del entonces mandatario, los representantes de la contratista rusa pidieron reunirse con las autoridades ecuatorianas.

Ecuador pierde el arbitraje

El 22 de marzo de 2017, CELEC declaró la terminación unilateral, argumentando que la empresa rusa había incurrido en 6 incumplimientos. El litigio saltó en primera instancia a mediación. Y luego escaló a un arbitraje, en diciembre de 2018, con una pretensión de pago de 86 millones de dólares, que quedó establecida en 45 millones, según el pronunciamiento de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, donde se resolvió el abitraje.

El laudo arbitral dio la razón a la fabricante rusa, en mayo de  2023. La apelación del Estado ecuatoriano no halló eco: en marzo de 2024, se ratificó en su pronunciamiento que ordena el pago de 45 millones de dólares a favor de Inter RAO.

Los valores a pagar son estos: 30,5 millones por concepto del valor de terminación, más interés simple desde el 23 de marzo de 2017; 1,4 millones por intereses de mora por el retraso en pagos; 7,2 millones por el cobro indebido de la garantía de fiel cumplimiento, más interés simple desde mayo de 2016; 41 mil dólares por costos de mantener las garantías más interés; 473 mil dólares por los costos incurridos para mantener la filial ecuatoriana hasta marzo de 2018, cantidad a la que se suma el interés calculado desde el primero de abril de 2018. A todo esto se suma el pago de 4,2 millones por concepto de costas de arbitraje.

Esta alianza pidió un pronunciamiento al portavoz de la empresa rusa, pero no tuvo respuesta.

Otro actor, nueva disputa

La obra estuvo paralizada entre marzo de 2017 y julio de 2019, según revelaron fuentes del CELEC.

En abril de 2017, el Ministerio de Energía recibió la propuesta de Tyazhmash, fabricante original de buena parte de los equipos electromecánicos, por 83 millones de dólares. A inicios de 2018, la misma empresa reportó que el valor actualizado con rubros adicionales ascendía a 112 millones.

En febrero de ese año, CELEC y Tyazhmash suscribieron el contrato para la finalización de las obras electromecánicas e hidromecánicas. El monto: 124 millones de dólares. Y el plazo, 29 meses.

La pandemia obligó a suspender los trabajos entre marzo y junio de 2020. El 19 de agosto de 2021, la contratista pidió una nueva prórroga, que implicaba extender el plazo hasta diciembre de 2022. En septiembre de 2021, Vistazo visitó el proyecto y fue recibida por representantes de CELEC y Tyazhmash. Ambos coincidieron en que la central se había convertido en un monumento a la resiliencia, pues fue el único proyecto de esa magnitud que siguió en marcha a pesar de la pandemia de Covid-19.

 

“Personal técnico que venía desde Rusia y Alemania para el montaje de equipos no pudo llegar en el momento previsto según la planificación inicial. Algunos equipos electromecánicos y de transformación que viajaban desde Europa y Asia sufrieron demoras en los puertos de embarque, cerrados durante la emergencia. Una infraestructura en particular, que ahora se encuentra en la subestación de Alluriquín, venía desde la región china de Wuhan, donde se reportó el brote del coronavirus”. Esto publicó Vistazo en 2021, citando al entonces gerente de la unidad de negocios Hidrotoapi.

En esa visita, el gerente general de Tyazhmash, Azat Satikov, explicó que el primer gran desafío al asumir el contrato, en 2019, fue iniciar un proceso de revisión, análisis y recuperación porque gran parte de los equipos electromecánicos anteriormente suministrados fueron guardados en condiciones antitécnicas. Aclaró que algunos equipos permanecían guardados “bajo cielo”. Y remarcó la dificultad que supuso mantener el ritmo de obra durante la crisis sanitaria.

A fines de 2022 la contratista solicitó una nueva extensión, esta vez, hasta el 28 de marzo de 2024, el equivalente a 464 días adicionales. En agosto de 2023, requirió por tercera vez una prórroga.

La segunda ampliación del plazo contempló cuatro eventos: el retraso en la ejecución de obras civiles de nivelación de pisos en la casa de máquinas; el paro nacional de actividades; la variante omicrom de Covid-19 y el período invernal.

Desde inicios de mayo de 2023, Tyazhmash argumentó que un “desequilibrio económico” afectaba al contrato,  en razón de gastos por mayor permanencia, por efecto de las ampliaciones de plazo.

La pretensión de la firma rusa fue el cobro adicional de 53,4 millones de dólares. Este valor fue calculado en función de varios rubros: 32,4 millones por costos operacionales (ya que la empresa estimó que cada día de operación tiene un valor de 38.500 dólares); 7,5 millones de dólares por la extensión de garantías técnicas en Sarapullo, y 13,5 millones por la extensión de garantías técnicas en Alluriquín.

Más plata para Tyazhmash

En agosto de 2023, las partes optaron por un procedimiento de mediación en el organismo especializado de la Procuraduría General del Estado.

Entre los documentos que sustentan los pagos adicionales, invocados como extraordinarios por la contratista, se incluyen facturas por alimentos, con bebidas de moderación; arriendo de bodega y vivienda; exámenes médicos; una prima de seguro de vida; honorarios por asesoría tributaria; combustibles en Guayaquil; auditoría de estados financieros. La empresa rusa no se había pronunciado sobre este ítem, al ser consultada para esta reportería.

Sobre el contenido final y el monto acordado en mediación, ninguno de los actores quiso pronunciarse, aludiendo el carácter secreto de las negociaciones. Fuentes extraoficiales confirmaron que este mecanismo garantiza que Contraloría no audite el proceso.

Esta alianza conoció que el acuerdo económico supera los 20 millones de dólares. El arreglo permitió al gobierno anunciar para diciembre el inicio de operaciones de una de las tres turbinas de la central Alluriquín. Esto representa 68 megavatios, MW, en medio de la crisis energética más grave de los últimos tiempos, con apagones de hasta 14 horas diarias.

La alianza requirió información a la empresa fabricante rusa, pero no obtuvo una respuesta. Durante la inauguración de este jueves 10 de abril al referirse al monto de los reclamos que ha presentado la contratista Tyazhmash al Estado ecuatoriano, por los incumplimientos al contrato, el representante legal de la empresa rusa, Azat Satikov, dijo que es un tema confidencial, pero que se alcanzó un acuerdo de «ganar-ganar».

La central por dentro

Se encuentra en el límite de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. Aprovecha el caudal de los ríos Pilatón y Toachi.

La potencia instalada es de 254,4 MW. La central Sarapullo, con 50,4 MW y la central Alluriquín, 204 MW. Sarapullo inició operaciones en marzo de 2023, Alluriquín está previsto para diciembre de 2024, y el inicio de las otras dos fases en forma escalonada y progresiva.

El esquema consiste en captar aguas del río Pilatón. Un túnel de conducción de aproximadamente cinco kilómetros llega hasta la casa de máquinas de Sarapullo. Aquí operan tres unidades. El agua turbinada pasa a la siguiente etapa en Alluriquín, donde la potencia instalada es de 204 MW. Toda la energía del proyecto sale hacia la subestación Alluriquín, la cual se integra con el sistema nacional interconectado.

La central se ubica en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. Fue diseñada para producir energía eléctrica en mayor cantidad entre los meses de enero y mayo, cuando las centrales de generación de la vertiente oriental (Coca Codo Sinclair, Paute y Agoyán) se encuentran en período de estiaje. En la actualidad, por los efectos del cambio climático los ciclos estacionales ya no se cumplen.

Debió costar 300 millones

Este proyecto se vislumbró allá por 1965. En 2003, el proceso adquirió impulso, cuando la Prefectura de Pichincha invitó a la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) para estudiar el proyecto y hacer una propuesta. Esta contempló un presupuesto total de 300 millones de dólares, de inversión privada, sin financiamiento del Estado. IMPSA obtuvo la concesión del entonces CONELEC para ejecutar el proyecto, pero ésta fue entregada a Hidrotoapi S.A., que ya tenía un acuerdo previo con Odebrecht. Esto obligó a IMPSA y Odebrecht a trabajar en conjunto.

En enero de 2008 el entonces presidente Rafael Correa puso la primera piedra. Solo un mes más tarde, IMPSA evidenció fallas en el diseño de las obras, similares a las que luego se evidenciarían en San Francisco. Odebrecht contrató a otro proveedor del equipamiento. Posteriormente, Odebrecht salió de escena y la obra civil quedó en manos de China International Water & Electric Corp (CWE), de China. Esta también salió, en medio de litigios con CELEC. Los trabajos continuaron con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Esta alianza pidió un pronunciamiento a CELEC, hasta el cierre de esta edición espera una respuesta.

---

La investigación para este reportaje fue financiada como parte de un proyecto concursable de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD). Este apoyo no implica ningún condicionamiento ni injerencia en nuestra línea editorial independiente.

• En la frontera de Colombia con Ecuador abundan las plantaciones de hoja de coca, y laboratorios para convertirla en clorhidrato de cocaína, pero es menos rentable. Pasan los años, bajan los precios, pero no hay alternativas para que los campesinos colombianos emprendan otras actividades. Así está el panorama en el extremo sur del Putumayo, frente a Sucumbíos, de cara a nuevas propuestas de sustitución del Gobierno. Un equipo periodístico de esta alianza regional de La Silla viajó a la frontera con Ecuador para entender el panorama. 
• Entre 2022 y 2023, hubo una crisis en el precio y la compra de coca en Colombia debido a diferentes factores como la sobreoferta, el cambio de gobierno y el aumento de operativos de incautación. Sin embargo, en 2024 los precios se han recuperado y se reestableció la cadena de comercialización, lo que le ha llevado a los campesinos cocaleros retomen cultivos que tenían en pausa.
• Esta historia es parte de un especial regional “Territorio Narco” liderado por la Red Transfronteriza de Ojo Público de Perú, en colaboración con La Silla Vacía de Colombia, Sumaúma de Brasil y Código Vidrio de Ecuador. En el caso de La Silla con apoyo de la Fundación Moore y Natural Resource Governance Institute —NGRI—.  

Por César Caicedo Cano

La Dorada, como se le conoce a la cabecera municipal de San Miguel, en el paso fronterizo con Ecuador en el Bajo Putumayo, está rodeada de extensos pastos de los que sale uno que otro árbol alargado, con hojas solo en la copa. Están diseñados para competir por la luz en la espesura de la selva amazónica, pero ahora parecen espantapájaros en medio de potreros y vacas. 

Al principio de la carretera que va desde la zona urbana a la vereda San Carlos hay cultivos de piñas, estanques de peces, cacao y papaya, alternativas que han surgido para hacerle frente a la coca, sin mucho éxito, en buena medida por los incumplimientos del Estado y la falta de condiciones para el procesamiento y comercialización. 

Diez minutos después comienzan a verse los arbustos de coca. Las carreteras se convierten en trochas y las trochas en motovías que llevan a lo más profundo de las montañas, donde la coca se destapa por completo.

San Miguel ha vivido históricamente de los cultivos de uso ilícito y ha sufrido la violencia de sus mercaderes, con casi 600 víctimas de homicidio y 200 desaparecidos en el marco del conflicto armado. 

Es el noveno municipio con más cultivos de coca en Colombia, más de 3 mil hectáreas sembradas en 2023, según MinJusticia, y tres poblaciones vecinas están en el top 10: Orito, Valle del Guamuez y Puerto Asís, todas en Putumayo. Este Departamento, después de Meta, ha tenido en la última década una de las tasas de deforestación más altas. 

Tras casi un año y medio de declive, el negocio está recuperándose, pero ya no es el mismo de antes. Las vacas flacas pusieron a dudar a muchos sobre el futuro de la coca, aunque el presente inmediato tampoco muestra alternativas. 

Colombia corre el riesgo de la descertificación por EE.UU. dado el crecimiento de los cultivos de coca, que en 2023 aumentaron en un 10% al llegar a las 253 mil hectáreas, de las cuales Putumayo puso una quinta parte. Bajo ese panorama, esta semana es el relanzamiento de los diálogos entre el gobierno y la Coordinadora Ejército Bolivariano en La Hormiga, a 20 minutos de San Miguel. Uno de los objetivos es avanzar en un acuerdo para la erradicación y sustitución de 15 mil hectáreas, un 30% de lo que hay sembrado hoy en el Departamento. 

De la Coordinadora hacen parte los Comandos de la Frontera, el grupo armado que manda en la región y está en más de 20 localidades fronterizas de Ecuador y Perú. 

Un periodista de La Silla, parte de esta alisan periodística, viajó a San Miguel para entender el clima en el que arranca esa conversación. 

Las vacas flacas de la coca

En 2020, cuando arrancó la pandemia, la coca comenzó a comerse el monte a un ritmo sin precedentes en San Miguel. La crisis económica llevó a los comerciantes al campo, que no tenía las restricciones de los centros poblados.

“En la ciudad todo estaba restringido, entonces los mismos comerciantes se fueron a buscar tierras para sembrar coca. Ahí comienza una deforestación y aumenta la producción”, dice Carlos Chapuel, campesino de San Miguel y coordinador político de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam).

De acuerdo con el monitoreo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), San Miguel pasó de tener 3.600 hectáreas de coca en 2020 a 6.700 en 2023, una tendencia creciente que se replicó a nivel nacional. Sin embargo, la ola de coca fue contenida por un muro en el mercado.  

Gustavo Petro llegó a la presidencia en agosto de 2022 con la promesa de darle un giro a la política de drogas: dejar de perseguir a los campesinos y aumentar las operaciones contra los grandes capos. Su gobierno ha tenido cifras récord de incautación, aunque matizado por un aumento proporcional en las hectáreas cultivadas. 

También sacudió la cúpula militar y sacó de tajo a 48 generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, lo que alteró la coreografía de los narcotraficantes en los territorios. Ese cambio, mezclado con una posible sobreoferta, hacen parte del repertorio de hipótesis para explicar que en varias regiones del país no hubiera quien comprara la coca desde finales de 2022 hasta mediados de 2024. 

A 15 minutos de la Dorada comienza la vereda San Carlos. Entre los potreros y los sembrados frutales, se desprende de la vía principal un pequeño camino en el que apenas cabe una moto. Después de cruzar una pradera y un riachuelo, se llega a una casa de madera donde vive una familia de campesinos. 

En el suelo y las paredes reposan los restos de la jornada de trabajo: botas de caucho, sombreros de paja y costales de fibra. El ruido de las chicharras y los pájaros entonan el ambiente de la conversación.

“Cuando llegó el nuevo gobierno se cayó la economía, estuvo duro, la gente dejó botada la coca”, dice el mayor de la familia López*. “Ya va para un año en que no hubo comercio, ni regalada se la llevaban. A nosotros nos sirvió la finca: pepitas de cacao, maíz, plátano, yuca, gallinas… Pero a la gente del pueblo le dio más duro”, dice el más joven. 

En regiones como Norte de Santander, Nariño y Putumayo, que concentran la mayoría de la coca, los campesinos estaban aguantando hambre y en los pueblos también tragaban saliva. Desde las panaderías hasta los hoteles dependen de que la plata llegue al campo y aunque no todos siembren, todos esperan la bonanza. 

“Cuando se cae el producto a todo el mundo le va mal, indirectamente todos dependemos de eso. Yo tengo una empresa que es de sonido, me contratan en veredas para diferentes eventos, pero cuando se pone malo, no hay contrataciones”, dice Gustavo Cuartas, un concejal de 27 años, del partido Gente en Movimiento. 

“Vea, aquí donde me ve, yo he sido taxista, mototaxista, lavador de carros, animador, maestro de ceremonias, cotero, he intentado hacer negocio, de todo. Y siempre uno depende de eso, aquí es difícil.”, advierte. 

Pese al repunte, el negocio no es como antes

La crisis ya pasó y poco a poco los precios se recuperan, pero la plata no es la misma que antes porque los insumos y la mano de obra ahora son más caros.

“Es como un círculo vicioso: trabajas, cultivas, cosechas, vendes, pagas y vuelves a quedar en lo mismo”, dice Osvaldo Solarte, campesino de San Miguel y líder departamental del Moviccaap, el Movimiento Campesino Cocalero, Agrario y Ambiental del Putumayo.

La finca de la familia López tiene seis hectáreas de coca, entreveradas con árboles de cacao y matas de plátano. Su mantenimiento depende del clima: si llueve se siembra y si hace sol se fumiga. “El que le gusta trabajar no pierde el tiempo”, dice la mujer de la casa que escucha la entrevista desde una banca cerca a la cocina. 

La planta demora de seis meses a un año para dar su primera producción. Después, si se fertiliza y se fumiga cada 15 días, puede cosecharse cada tres meses, lo que le da una ventaja frente a otros cultivos como el cacao, que tarda cuatro años para dar su primera cosecha, o el café, que solo da una al año. 

Si hay mucho que hacer, llegan a la casa trabajadores, la mayoría de ellos venezolanos. El jornal para labores varias está a 50 mil pesos, mientras que a los raspachines que arrancan la hoja, se les paga 12 mil por arroba recolectada. Un raspachín dúctil puede irse a casa con 150 mil pesos o más en un solo día de trabajo, si el clima les favorece. 

Las hojas se pican y se revuelven con cal, combustible y químicos. Se lava un par de veces y se obtiene lo que se conoce como pasta base. Antes, la labor de los campesinos terminaba en ese punto, pero ahora va más allá. 

“Ahora nos exigen más calidad, lo que le llaman el óxido”, cuenta con voz ronca el mayor de los López. “Sacar pasta base es fácil, sacar el óxido es más complicado, hay que refinarlo con permanganato y no cualquier persona se le mide a eso”, agrega el integrante más joven de la familia. En este sector, el kilo de “óxido” está a 2,6 millones de pesos (640 dólares), mientras que el de “base” está a 1,5 (368 dólares). 

Los costos son, sin embargo, altos. Al ser la gasolina uno de los principales insumos para la transformación de la coca, el alza que ha tenido ha impactado también a los cocaleros. Un barril de gasolina valía 80 mil pesos (20 dólares) en 1995, y ahora vale 800 mil (casi 200 dólares). 

Incluso antes de la crisis, el margen de ganancia no era tan amplio. De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, la inversión necesaria para producir una hectárea de coca era de alrededor de $30 millones (7.369 dólares) y su producción se vendía en $35 (8.600 dólares).

 Para hacerle frente a la carestía, los campesinos se han valido de la selección artesanal. Identifican plantas que rinden más para reproducirlas en pequeños viveros. Así han probado más de 20 variedades que van reemplazándo según su rendimiento.

A “la pecueca”, una variedad, ya nadie la quiere. Las que están de moda son “la orejona”, “la reina” y “la durita”, que permiten alcanzar un mayor porcentaje de alcaloide con menos combustible e insumos químicos. “Uno va mirando las matas y, cuando ve que una salió más bonita, coge la semilla y empieza a ensayarla”, explica el mayor. 

Por eso, en San Miguel y en todo el Putumayo están reemplazando los cultivos por otros más vigorosos. Si la variedad no se da espontáneamente, toca comprar la semilla o el tallo, lo que estimula otro negocio. Una arroba de tallos de la variedad orejona puede valer hasta un millón de pesos en otras regiones como Llorente, en Nariño, donde todavía es una novedad. 

Aun con la mejor genética, la plata no rinde. Solo alcanza para librar los gastos de la producción y tener una vida más o menos tranquila en medio de las precariedades de un municipio donde no hay acueducto y donde la red eléctrica solo llega al 40% de la población. 

Hoy en día, los riesgos de ser perseguidos son bajos. Incluso las erradicaciones forzosas, que aún se siguen haciendo, son socializadas por los policías con los finqueros y las juntas de acción comunal para evitar confrontaciones. 

“No nos sentimos atacados por ningún lado como en las épocas del 2000 cuando nos acusaban de terroristas”, dice el más veterano de los López. “Nos afecta la Fuerza Pública porque nos quema los ranchos, pero ya no nos agreden”, agrega el joven, refiriéndose a los lugares donde procesan la hoja. 

El paisaje también ha cambiado con el tiempo y está cada vez más despejado de árboles. “Antes había bastante selva, pero ya no. No hay cacería porque no se encuentra nada, ni la boruga, ni el armadillo, ni el yulo (capibara)”. 

Se acabaron las montañas vírgenes y los pocos bosques que quedan no superan las dos hectáreas, a excepción de los que están en resguardos indígenas. De 2013 a 2022 se talaron poco más de mil hectáreas, según el Ideam. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudio de Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, las bonanzas cocaleras aumentan la deforestación, no solo para cultivos de uso ilícito, sino para otras actividades como la ganadería. 

A pesar del cambio, en San Carlos el sonido de la selva permanece y todavía se ven micos colorados balanceándose por los árboles que se mantienen en pie.

El poder de los Comandos en la frontera

A finales de marzo, fue asesinado en La Dorada Wilmer Solarte Pascal, un líder indígena del pueblo Awá y taxista. Sin embargo, en San Miguel la sensación generalizada es de paz, después de sufrir en el pasado la guerra entre el Ejército, el antiguo Frente 48 de las Farc y el Bloque Sur de los paramilitares.

Pero la paz de hoy es impuesta por quienes pusieron los muertos en el pasado. La zona rural de San Miguel, así como buena parte de la frontera sur del país, está dominada por los Comandos de la Frontera, un grupo que surgió de la unión entre los disidentes de los frentes 32 y 48 de las Farc y miembros de la antigua banda La Constru. 

Los Comandos manejan el negocio de la coca e imponen normas para que nadie se los quite. Cuando alguien las incumple, se arriesga a ser asesinado o castigado. Algunas versiones dicen que a Wilmer lo mataron por esa causa, aunque aún no hay un parte oficial ni indicios claros sobre su asesinato. 

De acuerdo con la ONG Insight Crime, los Comandos controlan la coca en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Cauca y Nariño, y se encargan del traslado de cargamentos de marihuana y cocaína hacia Ecuador y Brasil. 

San Miguel hace parte de uno de los 15 enclaves cocaleros que hay en Colombia —donde se cultiva, transforma y comercializa en escala la coca y sus derivados —, el de Frontera Putumayo, que incluye parte de los municipios de Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y un sector de Ipiales (Nariño). En 2023, este enclave concentró el 14% de la coca a nivel nacional.

Para evitar intrusos, el grupo armado impone requisitos como la carnetización y la afiliación obligatoria de los habitantes a las juntas de acción comunal. Los vecinos deben portar su carné en todo momento y los raspachines deben tener el aval de las juntas para trabajar allí. 

“Aprendimos a convivir con ellos”, dice Osvaldo Solarte, de Movicapp, mientras toma tinto en la cafetería de la Alcaldía. “Uno de los acuerdos es que, para proteger a nuestra comunidad, carnetizamos a los afiliados. Cuando transitan, el actor armado les pide el carné y si los retienen la junta tiene que interceder por la persona”, explica.

“Cuando los trabajadores se van ellos tienen que entregar el carné al finquero y el finquero nos lo entrega a nosotros. Así sea por una semana, quince días o un mes de trabajo toca hacerles el carné, porque si no ellos —los Comandos— llegan a las fincas y cobran una multa de tres timbos (200 litros) de gasolina”, dice un líder comunal que pidió no ser nombrado por motivos de seguridad. “Como directivos nos toca, porque si no, el problema es pa’ nosotros”.

Las normas también buscan controlar el flujo de personal entre las diferentes veredas, tras la llegada masiva de foráneos en busca de trabajo. Incluso tienen reglas ambientales, como que no se procese la coca cerca a nacimientos de agua, dada la toxicidad de los residuos que quedan de su producción. 

Si los problemas son de conducta, la sanción es con trabajo. Quien arme peleas en una fiesta, por ejemplo, tiene como castigo un fin de semana construyendo placahuellas.

Cuando otros grupos armados muestran su interés por entrar a la zona, la vigilancia aumenta y hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Hace dos años se temía la llegada del frente Carolina Ramírez, en ese entonces adscrito a las disidencias de alias “Iván Mordisco”, lo que masificó el uso del carné.

De acuerdo con una fuente de la zona, el año pasado la tensión vino del otro lado de la frontera. Los Choneros, uno de los grupos criminales más grandes de Ecuador, habrían incursionado un par de veces en el lado colombiano, pero la amenaza se quedó en escaramuzas. 

Las condiciones actuales de la frontera son funcionales para el negocio de la coca. Los productores compran combustible ecuatoriano, que es más barato, y el río San Miguel les permite sacar la mercancía hacia Nariño y Esmeraldas (Ecuador) buscando el océano Pacífico. 

El puente internacional de San Miguel no es tan transitado como el de Ipiales —el otro paso fronterizo—, porque solo está abierto de seis de la mañana a seis de la tarde. Los que sí abren 24/7 son los por lo menos siete pasos clandestinos que dejan mover cualquier cosa sin hacer preguntas, a cambio de 6 o 7 dólares. Por allí pasa buena parte del contrabando de productos como ganado proveniente de Caquetá y cacao, que se venden a mejor precio en Ecuador.

La presencia de los Comandos de Frontera en el país vecino es permanente. De acuerdo con una investigación de La Liga Contra el Silencio, publicada el año pasado, Comandos y Choneros han impuesto un régimen de terror en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, donde se establecieron para hacer minería de oro. El medio ecuatoriano Código Vidrio también reportó alianzas criminales con bandas de ese país.

Del lado colombiano no parece haber presencia permanente de grupos ecuatorianos, pero sí llegan personas de ese país a los centros poblados ofreciendo mejores precios por la base de coca que los capos colombianos. 

“Llegan a La Dorada o a Puerto Colón —un corregimiento de San Miguel—, ofrecen precios más favorables, pero eso está trayendo muertes”, dice la fuente. Quien venda mercancía sin autorización o sin pagar un “impuesto” a los Comandos, puede ser asesinado o desplazado de sus tierras. 

Mientras los grupos armados aprovechan la porosidad de la frontera, la institucionalidad es pasiva.

Un pequeño caserío, algunos puestos de comida y varias camionetas de transporte público anuncian la llegada al puente internacional, a 25 minutos de La Dorada. Hay una oficina de Migración y una estación de Policía, pero las demás instituciones están del lado ecuatoriano, en el Centro Binacional Fronterizo (Cebaf). En las noches, cuando cierra la frontera, la calle que lleva al puente se convierte en una cancha de fútbol para los niños del caserío, mientras por los lotes cercanos cruzan carros y motos. 

“Hemos sido poco visibilizados, la apuesta es posicionarnos como paso fronterizo. Aquí no tenemos instituciones como la Dian y el Instituto Colombiano Agropecuario, ni tenemos la infraestructura”, dice el alcalde de San Miguel, Jose Jairo López. 

Desde el municipio adelantan gestiones para abrir la frontera hasta la medianoche y pactar un acuerdo de hermanamiento que permita coordinar a ambos países en temas como seguridad, salud y desarrollo agropecuario. “Nosotros queremos desarrollar zonas francas para generar empleo. Ya se le ha tocado el tema al gobierno nacional, necesitamos el apoyo”, agrega el alcalde.  

En la vía hacia el puente, poco a poco, se han establecido paraderos turísticos que ofrecen comida amazónica, vistas al río y miradores para contemplar la sabana amazónica. 

Vuelven los aires de sustitución

La Hormiga queda a 20 minutos de La Dorada y, fiel a su nombre, parece un hormiguero con gente en constante movimiento. Es la cabecera municipal del municipio Valle del Guamuez y uno de los epicentros de la economía que mueve la coca en el Bajo Putumayo.

Ahí la tasa de homicidios en 2023 fue de 106,8 por cada 100 mil habitantes, cuatro veces la nacional. 

En su zona céntrica parece que no viviera nadie, pues solo hay licoreras, panaderías, restaurantes y almacenes de ropa. Los tres pares de semáforos que hay se quedan cortos para regular el ajetreo de personas, motos y camiones.

La semana entrante, La Hormiga será la sede del relanzamiento de la mesa de diálogos entre el gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el nombre que cobija a los Comandos de la Frontera y a una escisión de las disidencias de la Segunda Marquetalia que opera en Nariño. 

Los diálogos sobrevivieron a la captura de alias Andrés Rojas, alias “La Araña”, el máximo comandante de los Comandos, quien fue aprehendido en medio de las negociaciones en Bogotá por tener una orden de extradición del gobierno de EE.UU. Ahora está en el pabellón de extraditables de La Picota, esperando que el presidente Petro defina su futuro.

Uno de los asuntos que se discutirán en el nuevo ciclo de diálogos, que comienza este 7 de abril, es un acuerdo para erradicar y sustituir 30 mil hectáreas de coca, 15 mil de ellas en Putumayo, un 30% de las que hay en el Departamento según el último dato del MinJusticia. El pasado 31 de marzo hubo una reunión entre ambas delegaciones, en la que el gobierno propuso un plan piloto que incluye ingresos por 12 meses y alternativas productivas a “grandes volúmenes” para los cultivadores. Los delegados de los grupos armados “acogieron positivamente” la idea.

De entrada, cualquier nueva apuesta en ese frente tendrá que lidiar con la desazón que dejó el Programa de Sustitución de Cultivos (Pnis), que hace parte de los acuerdos que se firmaron con las Farc en 2016. A 2022, casi cinco años después, solo un 2,75% de los inscritos había recibido el total de los beneficios. En esos lugares es donde hoy se reporta mayor cantidad de cultivos, según la Unodc. 

En la territorial Putumayo, que abarca los municipios del Bajo Putumayo y algunos sectores aledaños de Cauca y Nariño, alrededor del 60% de las 11 mil familias cultivadoras inscritas al programa tienen pendientes pagos para desarrollar sus proyectos productivos a largo plazo. De acuerdo con la oficina territorial de la Dirección de Sustitución, en el gobierno Duque no llegaron los pagos y el gobierno Petro comenzó a subsanar la deuda, pero la crisis fiscal tiene suspendidos los pagos a los proveedores y beneficiarios. 

“Hay una resolución para entregarles rápidamente la plata a los adultos mayores, pero anteayer se murió un mayorcito esperando, estaba en mal estado de salud”, cuenta Carlos Chapuel, de Coccam. “Se ha venido entregando gotereado y eso no le da seguridad a la familia para implementar. Además, si no hay comercio para los productos, prefieren usar esa plata para pagar deudas y mejorar sus casas”. 

Para Chapuel, que lleva alrededor de 20 años discutiendo el asunto, las nuevas políticas del gobierno Petro parecen más de lo mismo, pero con “palabras más bonitas”: “Si no hay garantía de recursos, de transformación y comercialización, no se puede hablar de un cambio definitivo”, agrega. Como alternativa, plantean un programa gradual que permita sustituir la coca a medida que se vayan cumpliendo los acuerdos, una opción que no ven con buenos ojos en la Dirección de Sustitución.  

En la finca de los López también son escépticos con las nuevas promesas. “Aquí han venido varias veces. Con la estevia dijeron que la iban a comprar y fue un fracaso. Con el cacao estuvo bueno al principio, pero después no alcanzaba ni para los trabajadores. Necesitamos que haya empresas y fábricas porque si no, ¿quién va a comprar y quién va a procesar?, dice uno de los hijos. 

“Si no hay un apoyo conveniente, tenemos que seguir hasta el final. No nos queda mucha plata, pero tenemos para comer, para la salud y para las cositas. Si dejamos de cultivar, ¿de qué nos sostenemos?”, concluye el mayor de la familia.

La plata de la coca sigue reemplazando la del Estado en San Miguel. En la mañana del sábado, un grupo de 10 campesinos se reúne en la vereda Chiguaco para hacer placahuella. Entre todos compran una volquetada de balastro, cada finca pone un bulto de cemento y compran las tablillas para encauzar la mezcla de concreto. 

La placahuella en tiempos de invierno permite transitar por los cultivos sin atascarse en los lodazales. Poco a poco, las diferentes veredas de San Miguel comienzan a conectarse a través de estos carriles.

El recuerdo de la crisis de la coca sigue en todo caso fresco y plantea una duda existencial para los campesinos, que ya no ven ahí un futuro seguro. Eso abre una ventana de oportunidad para nuevos acuerdos de sustitución, con un gobierno que es cercano a las organizaciones campesinas.

“Nos preocupa el escepticismo, pero no vamos a comprometernos con cosas que no vamos a cumplir y estamos haciendo las cosas de la mejor forma posible”, le dijo a La Silla Armando Novoa, el jefe negociador del gobierno con los Comandos de la Frontera. Anunció que le apuntan a la posibilidad de firmar un “acuerdo mínimo de paz” antes de que termine el gobierno Petro, mientras se van cumpliendo acuerdos parciales de aquí a ese momento. 

“Si llega un programa hay gente que se acoge porque sembrar coca ya no es tan rentable. Otros dicen que la coquita les ha dado todo, es un arraigo que va a ser duro cambiar”, explica Solarte, del Moviccaap. 

A través de un acuerdo emitido en febrero pasado, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, reguló el derecho preferencial que tiene la Empresa Nacional Minera (Enami) para acceder a áreas mineras libres. Esa regulación busca empoderar a la entidad para que avance con la concreción de acuerdos de exploración en gran minería con compañías transnacionales, una vez que cumplan una serie de requisitos detallados en dos disposiciones complementarias. No obstante, hay preocupación en el sector sobre la entrega de concesiones a través de declaratorias de extinción, caducidad y nulidades, porque el Estado es juez y parte. Enami firmó acuerdos con tres firmas internacionales que no han avanzado, una de ellas es Solaris que tiene otro proyecto de exploración de cobre denominado Warintza, en Morona Santiago (foto). 

Redacción Código Vidrio 

El gobierno intenta sacar a la Empresa Nacional Minera (Enami) de su rol ineficiente y de entrampamiento para convertirla en un actor empoderado, a través de alianzas con las transnacionales y empresas privadas en el sector minero, golpeado por la criminalidad y la corrupción.

La última decisión, en este sentido, está plasmada en el acuerdo emitido por la ministra Inés Manzano, el pasado 27 de febrero. Esa normativa ratifica y regula el derecho preferencial y de primera opción que tiene la Enami sobre las áreas mineras libres en el país, en todos los regímenes mineros de concesiones metálicas y no metálicas. Además establece que la Enami podrá ejercer su derecho preferente para solicitar al Ministerio de Energía cualquier concesión, incluidas las de pequeña minería. En este sentido se aplicará sobre áreas mineras cuyos derechos se hubieren extinguido por caducidad, extinción, nulidad o hayan sido restituidas al Estado y que se encuentren en proceso de remate.

Las causales para la aplicación del derecho han levantado preocupaciones y dudas entre actores del sector porque quien deberá determinar la extinción, caducidad o nulidad es el propio Estado, que en ciertos casos podría inclinar la balanza en favor de Enami, afectando a empresas privadas titulares de concesiones. Esto abriría la puerta a una posible competencia desleal.

No obstante, la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, aseguró que de ninguna manera se piensa entregar indiscriminadamente áreas a Enami en perjuicio de las empresas privadas, sino regular de forma transparente y detallada su derecho preferente, pero cumpliendo los mismos requisitos que otras compañías que buscan concesiones, bajo parámetros de competitividad. Además contar con el sustento normativo para generar alianzas entre el sector público y privado para impulsar grandes proyectos mineros, que están en carpeta.

Illescas destacó que la Enami es el brazo ejecutor de la política minera, pero que una de sus debilidades ha sido la falta de recursos y estructura para empujar proyectos de gran envergadura, por lo cual era necesario regular adecuadamente derecho preferente, que también está garantizado por la Constitución.

La empresa ha usado su derecho preferente antes en algunas ocasiones, y tiene concesiones, pero en ninguna ha concluido un proyecto efectivo, por falta de recursos y de inversiones que son muy costosas y de alto riesgo.
Con base en el último acuerdo de febrero, la decisión del Gobierno es que la Enami pueda desarrollar proyectos de exploración, únicamente para gran minería, a través de acuerdos comerciales, tipo joint venture, con varias empresas, dice Illescas.

 

A más del acuerdo, el Ministerio de Energía emitió dos disposiciones: una que establece que el otorgamiento de estos derechos a Enami se hará solo desde la matriz en Quito, y la segunda se trata de un instructivo específico para el otorgamiento de derechos mineros. “Es un mecanismo de regulación para que en este caso la compañía estatal cumpla los mismos requisitos exigidos a las empresas privadas”, apuntó Illescas. “Estamos asegurando un proceso participativo de varias compañías, para que se escojan mejores propuestas y se asegure beneficios importantes para el Estado ecuatoriano”.

---

¿Cómo se aplica el derecho preferente? Consiste en que si un peticionario solicita un área, el Ministerio de Energía consulta a Enami si quiere ejecutar su derecho preferencial en esa área. Si la estatal decide emprenderlo, las áreas indicadas les son entregadas de manera preferencial.

---

En estos casos la Enami debe cumplir varios requisitos y condiciones que empiezan por establecer que las áreas que reciba estén libres, con el aval de informes técnicos, legales y económicos, con un plan aprobado ante la Arcom. “No es nuestra intención que la Enami tenga todas las áreas del país, estamos en etapa de prueba, de aprendizaje”, agregó la Viceministra.

Según expertos del sector consultados, el acuerdo que regula el derecho preferente también sugiere que, en ciertos escenarios, concesiones en trámite podrían ser anuladas y posteriormente adjudicadas a la Enami para su negociación con terceros. Sin embargo, para que una concesión en trámite sea declarada nula, debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente, incluyendo la Ley de Minería, la Constitución y el debido proceso administrativo.

Desde su creación, hace 15 años, la Enami no ha despegado. La falta de mecanismos legales y su aprobación oportuna, que apuntalen su gestión (en los que ha estado avanzando el Ministerio de Energía, con el Viceministerio de Minas y la Arcom) se cuentan entre sus principales lastres, así como sus cifras en rojo por pérdidas constantes en su operación, sin ninguna ganancia.

La empresa pública no ha podido ejecutar hasta el momento los acuerdos firmados con tres mineras internacionales para iniciar la exploración en varias concesiones. En abril del 2024 firmó convenios con Hancock Prospecting PTY LTD (Australia), a través de su subsidiaria Hanrine Ecuadorian Exploration and Minning. A la firma del acuerdo, esa empresa le entregó 1,2 millones a Enami. Si ese convenio se concreta formalmente, una vez que se entreguen los títulos mineros, permitirá la exploración de 28.276 hectáreas, divididas en seis concesiones, en Imbabura, con una inversión proyectada de USD 120 millones. Un mes después Enami firmó otro convenio con la canadiense Solaris Resources, para empujar una alianza estratégica, cuya inversión anunciada suma USD 25 millones para actividades de exploración en una superficie de 39.734 hectáreas, en Morona Santiago. En 2023, Enami firmó un convenio similar con la minera canadiense Barrick International, que se comprometió a invertir USD 27,5 millones en exploraciones en 40.000 hectáreas en el sur de Ecuador, y pagó USD 275.000 a la firma estatal.

---

Enami acumula pérdidas por más de 11 millones de dólares desde 2020. No genera ingresos y solo reporta gastos operativos para el pago de su personal.  

---

Ninguno de esos convenios se ha podido ejecutar porque la Enami aún no cuenta con las concesiones mineras. Precisamente el último acuerdo de la ministra Manzano y otras normativas complementarias habilitan su acceso a los títulos mineros y las alianzas de negocios con empresas internacionales. Entre tanto, Enami aún sigue estancada, frenada en su gestión por barreras burocráticas y decisiones represadas en su Directorio, integrado por varias autoridades del Gobierno.

Esa firma estatal tiene una cartera de 14 proyectos. Pero la mayoría tiene problemas legales y oposición en las comunidades, por lo cual tampoco ha podido avanzar en su desarrollo.

Para conocer las acciones que lleva adelante con el fin de concretar los acuerdos, este medio pidió una entrevista con el gerente de la Enami, Emmanuel Delaune, pero no ha tenido respuesta.

Poderosas estructuras de lavado sin responsables

La decisión para apuntalar a la Enami ocurre en medio de la depuración del catastro minero, a través de la instalación de un nuevo software, a cargo de una consultora canadiense. Este mapa geológico digitalizado está previsto abrirse para la graficación y entrega de nuevas concesiones a fines de abril, si el presidente Noboa se reelige, siguiendo la hoja de ruta que él trazó en 2024.

Como parte de este proceso también se aprobó una batería de reformas legales, para poner orden en las operaciones mineras, en medio del descontrol generalizado que se agudizó los últimos cinco años, después de que se eliminó la Agencia de Regulación y Control Minero, en 2020. Ese descontrol permitió que, por ejemplo, titulares de concesiones, licencias de comercialización (para comprar y exportar oro) y plantas de beneficio, operen libremente, en especial en regímenes de pequeña minería, en contubernio con operadores de minería criminal, dentro y fuera del Estado.

En ese contexto, el director del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM), José Julio Neira, levantó alertas sobre la necesidad de suspender el otorgamiento de nuevos derechos para concesiones mineras, mientras el Ministerio de Energía trabaja en la depuración del catastro.

El jueves 20 de marzo pasado, Neira, quien también dirige la UAFE y es delegado permanente del Presidente ante el directorio de la Enami, envió un oficio (PR-SGIP-2025-0100-O) a la ministra Manzano, recomendándole que “se suspenda momentáneamente el otorgamiento de derechos mineros, así como la graficación y desgraficación de proyectos y áreas hasta no revisar técnicamente los procesos, a través de la verificación de integridad para la prevención de conflictos de intereses”, con el fin de que se realice una validación y control de los derechos mineros otorgados. Con el fin de conocer a qué derechos mineros se refería en su comunicación, este medio pidió a Neira una entrevista, contactándolo a su celular, pero no respondió nuestra solicitud, hace dos semanas.

Sobre las investigaciones de delitos y corrupción en las exportaciones de oro y el empleo ilegal de concesiones por actores del narcotráfico, denunciados por Código Vidrio https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/, Manzano dijo que es una tarea que les compete a organismos de control y de Inteligencia, en la que han avanzado con buenos logros.

Uno de los puntales es la coordinación de la Arcom con las Fuerzas Armadas para realizar operativos contra la minería criminal, en varias provincias. Aunque en las operaciones se han inutlizado retroexcavadoras y se han incautado sacos de material mineralizado, en varias provincias como Imbabura (Buenos Aires), Napo y Azuay las actividades de bandas delictivas, como Los Lobos y Choneros avanzan, imparables, en la explotación de oro.

Fuentes del sector y expertos de organismos internacionales consultados dijeron que, además de los operativos militares contra los focos de minería ilegal, que se han multiplicado, sumando 387 puntos en la actualidad, el Gobierno aún no ha desmantelado las complejas estructuras criminales que crearon redes de empresas fantasmas que lavan dinero del narcotráfico con las exportaciones de oro. “No hay procesos judiciales abiertos ni detenidos por estos casos, al menos ninguno se ha hecho público”, dijo un especialista de un organismo que coopera con el Gobierno en este campo. “Hay empresas de pequeña minería que siguen exportando cantidades inusuales de oro, millones de dólares, sin que los organismos de control intervengan”, sostuvo un funcionario de una entidad internacional.

El Gobierno afina la depuración el catastro minero, antes de iniciar un proceso de entrega de nuevas áreas para minería, dentro de las próximas semanas, según confirmó la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Más de 300 solicitudes de concesiones, que están pendientes desde el cierre del catastro en 2018, la mayoría de pequeña minería, también serán revisadas para determinar si cumplen los requisitos legales para su aprobación. Mientras tanto, esa cartera no dará paso a ninguna concesión, incluso aquellas que fueron aprobadas por jueces, que aceptaron acciones de protección de algunos peticionarios, que alegaron que se habían violado sus derechos. (Foto tomada del sitio web de SolGold). 

Redacción Código Vidrio

La apertura del catastro minero, dentro de las próximas semanas, para entregar nuevas concesiones para explotación de minerales metálicos y no metálicos, está en análisis del Gobierno para dinamizar el sector, según confirmó la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.

En entrevista con Código Vidrio, Manzano informó que tienen previsto abrir el catastro por orden del presidente Daniel Noboa, en abril, una vez que se afine su depuración. “Lo abriremos pero en fases, por tipo de régimen, por zonas y distritos, empezando por la gran minería, luego la mediana, pequeña y artesanal. Para dar este paso hemos pulido información, y emitido una batería de acuerdos y reglamentos, para tener las reglas claras, y que todo el sector, que ha estado totalmente desarticulado, esté alineado con las políticas del Gobierno”, aseguró Manzano.

La fecha límite para la actualización del catastro es el 23 de abril próximo por disposición del presidente Noboa en el decreto 435, firmado en octubre pasado. En ese documento se ordena que en un plazo de seis meses las autoridades realicen “la actualización inmediata y coordinada del catastro minero y de los registros correspondientes a las autorizaciones administrativas ambientales mineras. Deberá incluir el registro de concesiones, autorizaciones, licencias, registros, certificados y permisos otorgados, revocados y cancelados, de tal manera que faciliten las acciones de control”.

Las últimas semanas han sido complejas para Manzano, quien ha estado al frente de las acciones para mitigar la tragedia ambiental por un derrame masivo de petróleo en Esmeraldas. Aún se investiga si este desastre se debió a un derrumbe o a un sabotaje al oleoducto, según informes de Inteligencia.

En medio de esa crisis, la semana pasada Manzano atendió a este portal para abordar la situación del sector minero, socavado desde el 2020 por la expansión vertiginosa de la minería ilegal y sus nodos de conexión con bandas criminales y carteles del narcotráfico. Uno de los puntos neurálgicos de sus actividades delictivas es la explotación de oro en concesiones legales, cuyos titulares se volvieron sus socios, a través de diferentes modalidades contractuales, “entre privados” sobre las cuales las autoridades estatales no han tenido ningún control.

“Todo el control estaba divorciado, cuando asumí el cargo, en mayo del año anterior, esto era un caos. Hoy sabemos que estamos enfrentando actores poderosos y peligrosos, que aprovecharon ese caos, ese descontrol, en su beneficio”, recalcó Manzano, quien estuvo acompañada de la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, su brazo derecho al frente del sector minero.

En este contexto, Manzano destacó que la apertura del catastro, con base en información actualizada, es importante, pero es parte de un proceso más complejo. Incluye una serie de decisiones y acciones coordinadas con el Servicio de Rentas Internas, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el Ministerio de Ambiente, el del Interior y las Fuerzas Armadas, que son parte del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM), encabezado por José Julio Neira, quien a su vez dirige la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Entre las acciones relevantes, Manzano destacó, además de un paquete normativo, el control de exportaciones de oro con un nuevo reglamento, que está por aprobarse, la caducidad de concesiones que aplicarán a empresas mineras, que han provocado daños ambientales irreversibles.

Fuentes de la Arcom indicaron que en coordinación el Ministerio y otras entidades han trabajado en la elaboración de 35 normas y en la actualización de 19 regulaciones más que están en marcha, para mejorar los esquemas de control de las actividades mineras, que fueron debilitadas drásticamente cuando se eliminó la entidad en 2020, por falta de presupuesto. En agosto del año pasado la entidad volvió a operar de forma autónoma.

La viceministra Illescas recalca que antes de la apertura están depurado el catastro, que incluso registra concesiones que estaban vigentes antes de que se creara la Ley de Minería (2009). En ese catastro existía un “régimen general”, donde no se indica si son concesiones de grande, mediana o pequeña minería, metálicos o no metálicos.

---

⇒ El catastro minero es un sistema de información georeferenciado que permite un registro, organización y administración de los derechos mineros. Tiene toda la información relacionada con las concesiones y permisos mineros otorgados, así como de las autorizaciones para la explotación de materiales áridos y pétreos. Es una herramienta que les permite verificar a las autoridades el cumplimiento de requisitos legales y ambientales en todos los procesos de otorgamiento. En el catastro están inscritas oficialmente 1.462 concesiones de minería metálica, y 242 en trámite, a la espera de ser aprobadas. 

---

Hay más de 5.000 títulos mineros y esa información no está digitalizada. Más de 3.000 títulos son de mineros artesanales, pero no existe ninguna constancia documental de que sean reales, se desconoce quiénes son ni dónde viven, advierte Illescas.

Otro problema grave es el caos que generan los gobiernos locales, que otorgan títulos mineros para áridos y pétreos. “Estamos conversando con los gremios y los municipios para explicarles que no pueden dar todo lo que les parezca, es un tema complicado.”

El “Sistema de Gestión Minera” -SGM o Catastro Minero- se implementó en 2016, con una inversión de 630 mil dólares. Fue utilizado hasta su cierre, en enero de 2018. Con los años el sistema quedó obsoleto y tenía fallas de seguridad, por lo cual en 2019 desde el Ministerio de Energía se gestionó la evaluación y funcionamiento de uno nuevo, con fondos del Banco Mundial, según explicó el exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar. En octubre de 2023 se firmó un contrato con la empresa canadiense Pacific GeoTech Systems Ltd. para la adquisición de un nuevo software para el manejo integral de gestión minera, por más de USD$2.6 millones, que se empezó a ejecutar desde 2024. Esa plataforma se está configurando y está previsto que esté completamente lista el primer semestre de este año, según Benalcázar, quien detalló los pormenores y sus antecedentes en un artículo publicado en revista Vistazo.

Diego Ocampo, quien antecedió a Illescas en el Viceministerio de Minas hasta agosto de 2024, dijo que la depuración y digitalización del catastro ha sido fundamental para la reapertura, pues entre otras facilidades permite identificar claramente, en tiempo real, donde se están realizando operaciones de minería ilegal, donde hay áreas protegidas y territorios ancestrales, a través de mapas superpuestos, tridimensionales.

“Aunque el software completo debe estar listo para fines del 2026 -destacó Ocampo- cuando yo estaba en el cargo ya se consideraba oportuno abrir el catastro, con una versión inicial validada y certificada por empresa internacional canadiense a cargo del proceso. Era importante dar señales al sector, que atraviesa una severa crisis por la minería ilegal”.

300 solicitudes de nuevas concesiones a revisión

En 2018, cuando se cerró el catastro, las autoridades dejaron en el limbo, sin tramitar, más de 300 solicitudes para acceder a nuevas áreas mineras, según confirmó la viceministra Illescas.

“Han pasado siete años. Se ha especulado mucho sobre el total de solicitudes, que además aumentaban o disminuían, a discreción de las autoridades de turno. En este período (después del cierre en 2018) las autoridades debieron responder esas solicitudes e indicar que en el marco de la decisión del cierre del catastro no se otorgarán más áreas. Adicionalmente debían ordenar que la ARCOM desgrafique las áreas descritas por los interesados, porque la mera solicitud no implica ningún derecho, pero no lo hicieron”, dijo Illescas.

En vista de que las autoridades de turno no notificaron a los solicitantes que no se les otorgaría ninguna área, por el cierre del catastro, los siguientes años pasaron muchas cosas y se han hecho diversas interpretaciones y cambios. “Se han subido y bajado solicitudes -señaló Illescas- autoridades anteriores dieron disposiciones indicando que se hará un proceso de sustanciación, ratificando que algunas solicitudes fueron legítimamente presentadas, interpretando que los interesados tenían derechos, que en realidad no tenían”.

Ante la falta de respuesta del Estado -apuntó la Viceministra- varios peticionarios interpusieron acciones de protección alegando que se han vulnerado sus derechos, logrando que jueces fallen a su favor para acceder a concesiones, con el catastro cerrado. Eso es parte del caos que hemos enfrentado para poner la casa en orden”.

En todos esos casos, la ministra Manzano dispuso que no se entregue ninguna concesión, como una potestad del Estado, hasta que se abra el catastro. Tampoco se ha dado paso a las acciones de protección, dijo Illescas, quien agregó que antes de entrar a revisar todos esos casos, deberán procesar más de 1.000 trámites represados por años, como cesiones, pedidos de caducidad, renuncias, así como aprobar más reglamentos para limitar los contratos de operación y de mandato, las exportaciones de oro, la operación de plantas de beneficio.

“Cuando resolvamos todos esos temas pendientes y tengamos claridad sobre el catastro, con información completa, empezaremos a revisar estas y otras solicitudes, presentadas hasta el cierre del catastro en 2018, a ver si cumplen o no los requisitos para la entrega de un título”, indicó Illescas.

La apertura del catastro tiene opositores. El presidente de la Conaie y ex candidato presidencial, Leonidas Iza, es uno de los más radicales, por sus duros cuestionamientos a la minería a gran escala. Ha acusado al presidente Daniel Noboa y su grupo familiar de tener intereses particulares en el sector. Alertó sobre los impactos de seis proyectos que arrancarán este año en provincias como Morona Santiago, Zamora y Bolívar. Y denunció que 29 de sus compañeros han sido enjuiciados por oponerse a la actividad extractiva.

En un contexto hostil para los ciudadanos y el periodismo independiente, reflexionamos sobre las implicancias del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Su retiro del Acuerdo de París, su política antiinmigrante y su negacionismo climático tienen un impacto transversal que afecta el futuro de la sociedad. En un escenario marcado por la polarización, la desinformación y el ruido informativo, 20 medios de América Latina reafirmamos en este editorial nuestra misión de investigar colaborativamente y explicar los puntos críticos para contribuir a un entendimiento más profundo y matizado de estos tiempos desafiantes. Ilustración: OjoPúblico / Jhafet Ruíz

Por Código Vidrio  

Ha sido difícil seguirle el paso al presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. En tiempo récord, ha firmado tantas órdenes ejecutivas y proclamado tantos planes grandiosos como amenazas, que los periodistas, comentaristas y opinadores han descrito el inicio de su mandato como un blitz, un bombardeo, un terremoto, una tormenta o una avalancha. 

El caos suscitado no es el resultado de una improvisación. Todo lo contrario. El exestratega de Trump, Steve Bannon, lo advirtió en 2019 con otra metáfora que también aludía a la catástrofe: había que «inundar la zona» a toda velocidad. Así, los periodistas y los medios (considerados opositores por Trump y Bannon) estarían tan abrumados que no podrían reaccionar a tiempo. Sin información oportuna y de calidad, los ciudadanos y los otros poderes quedarían desarmados.

El plan ha funcionado solo a medias. Los periodistas han trabajado sin descanso y varias de estas órdenes ejecutivas en torrente ya han sido demandadas por su dudosa legalidad. Pero, mientras se dirime el asunto en los tribunales estadounidenses las decisiones de Trump ya han afectado a millones de personas en todo el mundo: miles de migrantes han sido deportados, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) está siendo desmantelada, se han roto compromisos internacionales y ha comenzado la guerra comercial con la imposición selectiva de aranceles.

Las decisiones de los últimos días no solo afectan al presente, sino también al futuro del planeta y de sus habitantes. Una de las primeras órdenes que Trump firmó fue la retirada del Acuerdo de París. Esta decisión se produce justo cuando la temperatura global ya superó el umbral de los 1,5 grados adicionales, el límite establecido en el acuerdo. Los datos y la ciencia, sin embargo, parecen no preocuparle al presidente del país más contaminante ni a los lobistas del petróleo que ha nombrado en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), quienes niegan que la quema de combustibles fósiles tenga algún efecto en la crisis climática.

En cuanto a América Latina y el Caribe, una de las regiones más vulnerables a la emergencia climática, el presidente dejó clara su posición en su segundo día en el cargo: «Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos. No los necesitamos». El lema, “Estados Unidos primero”, ha reemplazado conceptos como responsabilidad compartida y multilateralismo. El cambio de términos, tono y actitud en la Casa Blanca y el Departamento de Estado refleja la idea de que los países harán lo que Trump quiera, por las buenas o por las malas. 

Esto ha quedado claro con el trato dado a los migrantes, cuya gran mayoría son de origen latinoamericano, y la escasa efectividad de las protestas diplomáticas de algunos pocos países ante la nueva política antiinmigrante de Washington. Tras capturar a más de 14.000 personas en redadas,  la mayoría han sido deportadas hacia México, Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela, luego de negociar un acuerdo pragmático con Nicolás Maduro. Se espera que en los próximos meses aumente el número de deportados hacia este país, ya que Trump canceló el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 venezolanos que creían que estaban a salvo. Estas medidas violan los derechos de estas personas al asilo y la protección, al debido proceso, y a la no separación de las familias, entre otros.

Los países de la región tendrán que responder a esta situación con sus propios recursos, ya que no contarán con la ayuda humanitaria que antes financiaba el gobierno estadounidense. También destinaba millones de dólares a otras causas, entre ellas  la protección del territorio amazónico que comparten Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam. No es un asunto menor: la Amazonía es un lugar estratégico para la regulación del clima y el equilibrio biológico por sus ríos voladores, donde se concentra el 20% del carbono global, alberga al 10% de todas las especies conocidas y es el hogar de 308 pueblos indígenas que hablan más de 200 lenguas. 

Este ecosistema ya está sometido a la presión de la deforestación causada por la minería ilegal del oro y el narcotráfico, que promueve la invasión de tierras y tala de árboles para sembrar coca. Si bien Trump ha prometido mano dura contra el narcotráfico y el crimen organizado, a juzgar por algunos de sus discursos y pronunciamientos en estas primeras semanas, espera que los países de la región se encarguen de combatirlo y demuestren resultados, sin necesariamente recibir la misma cantidad de apoyo económico que Washington les ha otorgado en el pasado. 

Aunque aún no está claro cuántos recursos terminarán aportando o recortando para la región, la nueva política exterior de Washington y la respuesta de Moscú y Pekín en este nuevo orden geopolítico serán un factor importante en las próximas elecciones presidenciales de Ecuador (la segunda vuelta se realizará en abril), Bolivia, Chile y Honduras y Haití –si la situación interna lo permite este año— y en las de Colombia, Perú, Brasil y Costa Rica, que se celebrarán en 2026.

Pase lo que pase en los próximos años, los periodistas de esta red de medios independientes en América Latina estamos obligados a tratar de explicar cómo las decisiones de un solo hombre, o de dos —no podemos dejar de lado a Elon Musk— desde el Despacho Oval pueden afectar de manera transversal -acaso irreversible- no solo a la política regional sino también a las comunidades más vulnerables del continente. Para lograrlo, debemos fortalecer nuestras redes de trabajo colaborativo, tanto transnacionales como hiperlocales, y no perder de vista lo que suceda en lugares de difícil acceso, como la Amazonía, ni los temas que otros medios pueden pasar por alto y quedar así subrepresentados en la discusión pública.

Son tiempos desafiantes y exigentes para esta profesión, por distintas razones: los ataques sistemáticos desde los gobernantes y el crimen organizado, la polarización y la desinformación, que a menudo también buscan socavar la credibilidad de los medios y los periodistas, y la fatiga informativa de las audiencias y lectores, saturados por la acumulación de malas noticias.

Nos hemos propuesto incentivar un periodismo que escape a la reactividad y al catastrofismo, que no se deje abrumar por el caudal de ruido informativo y mentiras en las redes sociales, sino que se ancle con un compromiso genuino en la realidad, que siempre será más compleja y llena de matices. Por eso mismo debemos esforzarnos por documentar también la capacidad de resiliencia, adaptación y resistencia de la sociedad, las instituciones y los liderazgos, sin dejar de investigar los abusos de poder y la corrupción dentro de una práctica rigurosa del oficio.

 En medio de la inundación y el caos que ha provocado Trump, no tenemos otra opción que seguir colaborando y extendiendo nuestras raíces entre el barro. Después de todo, la victoria regia, el nenúfar más grande del mundo y emblema de nuestra región amazónica, florece entre el fango y al anochecer. 

Organizaciones de noticias de Latinoamérica que suscriben este editorial: OjoPúblico (Perú), Sumaúma (Brasil), El Espectador (Colombia), CasaMacondo (Colombia), PopLab (México), Lado B (México), Raichalí (México), Istmo Press (México), Perimetral (México), La Liga Contra el Silencio (Colombia), Revista Nómadas (Bolivia), Código Vidrio (Ecuador), Plan V (Ecuador), Agenda Propia (Colombia), Cuestión Pública (Colombia), GK (Ecuador), Periodistas por el Planeta (Argentina), La Verdad de Juárez (México), InfoAmazonia (Brasil), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

 

El fin es generar terror. Una escalada de los ataques criminales selectivos, de bandas con armas largas, en espacios privados, especialmente viviendas en barrios populosos de Guayas, Manabí y El Oro, prevén los organismos de Inteligencia de la Policía y Fuerzas Armadas en las siguientes semanas. También está en marcha una campaña sin precedentes de desinformación, en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Redacción Código Vidrio

Uno de los motivos del aumento de la violencia delictiva, que incluye asesinatos de personas ajenas a grupos enfrentrados, es la disputa por el control territorial de los barrios, para el microtráfico y las extorsiones. Otra de las causas probables es que se trata también de operaciones sistemáticas, dentro de una estrategia de clanes mafiosos, para generar terror y zozobra entre la población, con el propósito de afectar la imagen del gobierno de Daniel Noboa, en la recta final de las elecciones presidenciales, el próximo 13 de abril, indicó un general del alto mando de la Policía.

Paralelamente está en marcha una campaña sin precedentes de desinformación en redes sociales y medios de comunicación con una clara agenda sesgada, que torpedea las acciones de la fuerza pública para enfrentar la inseguridad y combatir al narcotráfico.

La guerra que el gobierno declaró a 22 grupos narcoterroristas en enero del 2024 ha causado estragos de las estructuras delictivas, en medio de la captura de decenas de integrantes y algunos cabecillas importantes, dentro y fuera del país.  Algunos han muerto en medio de enfrentamientos con la fuerza pública. Sin embargo, la declaratoria del conflicto no ha parado el aumento de homicidios ni otros delitos como extersiones y secuestros exprés, entre otros, que ubican al Ecuador como el país con más homicidios de la región.

Uno de los golpes más duros de la Policía fue la captura en una narcofiesta en Guayaquil, en mayo pasado, de tres importantes cabecillas de organizaciones criminales: Celso Moreira (Choneros), Federico Gómez, alias Feder (Águilas, brazo armado de Los Choneros), y José Cantuña Quilumba (Choneros), quien fue asesinado el mes pasado en su casa en Samborondón. Pese a que tienen un amplio prontuario delictivo, los tres fueron liberados en julio del 2024, pese a abundantes evidencias en su contra por tráfico de armas. La jueza de la Unidad Norte de Guayaquil les concedió medidas sustitutivas, aunque la Fiscalía había pedido que se mantengan apresados y sean llamados a juicio. Según Moreira, no había ninguna razón para detenerlo pues ninguna arma incautada en la fiesta era de su propiedad, como indica equivocadamente el parte policial.

La puerta giratoria de la justicia

Pecisamente la “puerta giratoria” del poder judicial es uno de los flancos más débiles del combate al crimen orgnizado, que esta fuera de las manos del Gobierno, según denuncia el general de la Policía, que pidió no revelar su nombre por seguridad. “Los policías y militares luchamos contra corriente, hacemos nuestro trabajo investigando y neutralizando a estos peligrosos individuos, que tienen un comodín en los  jueces que están de su lado, que tienen precio”, indica el oficial.  “Policías y militares también son blanco de estas estructuras, han asesinado a valiosos uniformados, que han dejado viudas y huérfanos, familias destruidas”, destaca el policía, con un tono de frustración, de impotencia.

Las capturas sistemáticas de cocaína, por una mejor cooperación entre las agencias antidrogas de Ecuador y países aliados, ha disminuido el narcotráfico hacia puertos europeos, según coinciden agentes de Ecuador y la Unión Europea. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en Bélgica, que hasta el 2023 era el principal país de ingreso desde Ecuado a Europa. El año pasado las autoridades incautaron en ese país 44 toneladas de cocaína, 71 toneladas menos que el 2023. “Eso significa que los controles mejoraron, por el intercambio de información, lo cual tuvo una repercusión en la reducción de las exportaciones contaminadas con droga, y una pérdida importante para estas organizaciones criminales”, dijo el coronel Holguer Cortez, director Antinarcóticos de la Policía.  Eso explicaría, según el oficial, la reacción virulenta de los clanes europeos y sus bandas de peones, que entraron de lleno en una campaña criminal, sin precedentes, para desatar el descontento entre la población  sobre las acciones policiales y militares.

En 2024, la tasa fue de 38,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Hubo una reducción del 17% en relación al 2023 cuando la tasa fue de 47 homicidios. Sin embargo, en medio de la campaña electoral, este año la tasa se ha vuelto a disparar y las últimas semanas han ocurrido hechos inusitados de violencia criminal.

El más reciente ocurrió la semana anterior. 22 personas fueron asesinadas con fusiles por miembros de la banda de Los Tiguerones Fénix, en el plan habitacional Socio Vivienda, en el distrito Nueva Prosperina, el más violento en el noroeste de Guayaquil. El 6 de marzo unos 20 delincuentes bajaron de los cerros aledaños en motos y se dirigieron a varias viviendas del barrio, donde dipararon armas de grueso calibre asesinando sin contemplaciones a quienes se encontraban a su paso, dentro y fuera de las casas, incluidos dos menores de edad.

Las víctimas pertenecían a la facción rival Tiguerones Igualitos, con quienes los Tiguerones Fénix disputan la hegemonía de esos barrios. Se disputan el control del microtráfico y extorsiones a los moradores. Dos días después, la Policía detuvo a nueve integrantes del grupo Tiguerones Igualitos en viviendas fiscales del sector Guayaquil de mis Amores, quienes planeaban atentados contra la célula rival.  Tenían en su poder un arsenal de armas municiones de distinto calibre y explosivos, así como vehículos robados.

La fragmentación acelerada del grupo, que nació en Esmeraldas, y los últimos dos años se expandió a varios cantones de Guayas y El Oro, ocurrió tras la captura, en octubre de 2024, de sus líderes históricos Wiliam Alcívar, más conocido como Comandante Willy, y su hermano Álex, alias Ronco. Ambos fueron apresados en España, en una operación coordinada entre ambos gobiernos.

Denuncias de DD.HH.

Representantes de Derechos Humanos y especialistas de seguridad creen que el gobierno ha fallado en llevar adelante una estrategia integral de seguridad pública, complementada con planes de desarrollo para las zonas donde están focalizadas las dinámicas criminales. Tampoco ha sofocado los problemas estructurales de las cárceles que siguen siendo centros de operación de las bandas, plagadas de corrupción, con participación de actores estatales. Además siguen latentes problemas graves como el hacinamiento y la crítica situación de salud de los detenidos, que padecen enfermedades graves, como la tuberculosis.

El Comité de Derechos Humanos  (CDH) también ha alertado sobre violaciones de los derechos humanos en operaciones del Bloque de Seguridad, en especial de militares, que no siguen protocolos que garanticen el debido proceso de sospechos de supuestos delitos, según su director Billy Navarrete.

El CDH indica que han recibido 27 denuncias de desapariciones forzadas y un nuevo asesinato de un joven de 19 años, presuntamente ocurrido en febrero pasado a manos de militares. A estos casos se suma el de los cuatro menores que fueron capturados por militares y cuyos cuerpos aparecieron quemados días después, en diciembre pasado, en Taura. Sus muertes provocaron conmoción y 16 uniformados están procesados y guardan prisión.

“Muchas de las personas (…) desaparecidas, fueron detenidas sin ningún tipo de motivaciones en controles en la vía pública”, dijo Navarrete.

Campaña de desinformación

A los ataques selectivos de las bandas en calles y espacios privados, se suma una campaña sostenida de desinformación en redes sociales, para exacerbar el descontento de la población sobre la inseguridad, desprestigiando a jefes policiales y militares, así como al gobierno, dice un agente de ciberinteligencia que monitorea este fenómeno.

Es la primera vez en la historia ecuatoriana que se ensambla una campaña de desprestigio de esta magnitud, alerta el analista en seguridad Hugo Espín.  Esa operación está dirigida contra el candidato presidente Daniel Noboa y varios generales de la Policía, además de personajes del gobierno y altos mandos militares que encabezan las operaciones contra el narcoterrorismo, evidenciando la existencia de intereses ocultos que buscan frenar los avances en materia de seguridad, subraya Espín en un artículo publicado en el portal Plan V.

A través de redes sociales y medios de comunicación con agendas sesgadas, se difunden noticias falsas, manipulaciones de datos y teorías conspirativas con el fin de sembrar desconfianza en la ciudadanía. En muchos casos, estos ataques provienen de sectores vinculados a la política, el crimen organizado y grupos de poder que buscan mantener el statu quo, alerta Espín.

“Uno de los aspectos más preocupantes de esta guerra de la desinformación -agrega Espín- es la campaña mediática dirigida contra los generales Víctor Zárate, comandante de la Policía, y Víctor Herrera, director general de Inteligencia, que lideran las acciones visibles en contra de las estructuras criminales. Se ha evidenciado la recurrencia de contenidos falaces y noticias a medias con una evidente tergiversación de hechos, que se han incrementado exponencialmente desde el arranque de la segunda vuelta electoral”.

Albaneses e italianos son aliados para el envío de cocaína a Europa, desde los puertos de Guayaquil y El Oro, gracias a unas sólidas estructuras levantadas hace más de 15 años en Ecuador. Los gobiernos de Italia y Ecuador llevan adelante proyectos de cooperación para intercambio de información y capacitación, para atacar de manera más eficaz el lavado de dinero y generar nuevas leyes y reformas para frenar el avance de estos grupos transnacionales. 

Redacción Código Vidrio

Una potente sociedad de negocios criminales entre clanes mafiosos italianos y albaneses y otras facciones delictivas de los Balcanes, apuntala el tráfico de cocaína y otras drogas a gran escala desde Ecuador hacia Europa.

Albaneses e italianos son aliados para el envío de cocaína, desde los puertos de Guayaquil y El Oro, gracias a unas sólidas estructuras levantadas hace más de 15 años en Ecuador y Colombia. En nuestro país incluyen el control de rutas, logística, creación de empresas para lavado y exportación, así como el soporte operativo de bandas locales, con miles de integrantes, y operadores invisibles en el Estado, según agencias de inteligencia antidrogas de Ecuador y Europa.

Esta alianza no es nueva, data de cuatro décadas atrás, desde fines de los 80s. Desde esa época los albaneses y habitantes de países balcánicos han operado en redes criminales de tráfico de cocaína y otros delitos conexos como subalternos de la mafia italiana. A fines de los 90s unos 10.600 albaneses, incluidos peligrosos delincuentes, emigraron ilegalmente a Apulia, Italia, cuando su gobierno inició una arremetida sin precedentes para desmantelar 23 grupos delictivos, según un informe de la organización Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional, elaborado por Walter Kemp. Para entonces en Albania hubo arrestos sistemáticos por trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas y robo de automóviles. Los años siguientes los albaneses y clanes de otros países de los Balcanes entraron de lleno al tráfico de heroína y canabis y empezaron su expansión fuera de Europa.

Así, entre 2008 y 2009, esos grupos desembarcaron en América Latina para tomar control del negocio de la cocaína, usando como zonas estratégicas de operación Colombia y Ecuador, según agentes antidrogas. A partir del 2008 esta región se volvió un foco de atención para los grupos criminales de los Balcanes, que establecieron conexiones con nuevos proveedores en el mercado europeo, llegando con la fachada de empresarios, exportadores de frutas y otras materias primas.

En el crimen organizado, como en el sector inmobiliario, la ubicación lo es todo, indica el reporte de Iniciativa Global. Ecuador está situado entre Colombia y Perú, que producen alrededor del 90 por ciento de la cocaína del mundo. Otro factor que contribuyó fue la evidente debilidad institucional, la corrupción del poder judicial, así como decisiones gubernamentales que perforaron el control antidrogas, como el cierre, en 2009, de la Base militar estadounidense en Manta, desde donde se llevaron a cabo centenares de misiones antinarcóticos durante diez años en el corredor del Pacífico. Entonces , los albaneses tuvieron expedito el camino para montar sus complejas estructuras criminales y convertir a Ecuador, silenciosamente, en su plataforma de negocios transnacionales.

Ecuador pide apoyo a Italia

Después del 2020, las incautaciones en Europa de cientos de toneladas de cocaína, que salía desde Ecuador, dieron el campanazo. Los países europeos se convirtieron en el principal destino de la droga, relegando a un segundo lugar al mercado de EE.UU. Los artífices de este giro eran los albaneses y otros clanes balcánicos, en sociedad con la mafia Italiana.

Por la acelerada penetración de operadores de estos clanes mafiosos, los últimos años, en diferentes sectores públicos y privados de Ecuador, las autoridades del gobierno pidieron la asistencia y apoyo del estado italiano, que está dando capacitación (con un fiscal a la cabeza),  sobre como enfrentarlos de forma más efectiva. En especial en el ataque al lavado de activos y la elaboración de paquetes de leyes y reformas. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE), y la Superintendencia de Compañías son las primeras instituciones que pidieron un apoyo directo al giobierno italiano, que tiene una basta experiencia en el combate a la mafia Siciliana desde los años 80. A ese país también le interesa la cooperación con Ecuador, en vista de que las operaciones del crimen transnacional les están afectando directamente por el aumento del tráfico de cocaína en ciudades italianas y europeas, según fuentes oficiales.

Pese a que ha perdido fuerza en Italia, la mafia se ha fortalecido a nivel transnacional, precisamente por sus nexos con familias italianas araigadas en el extranjero y por alianzas con otros clanes y carteles criminales, en especial con los albaneses.

---

EN PERSPECTIVA. En los últimos 20 años, los grupos criminales de los Balcanes Occidentales se han globalizado y están ascendiendo en la cadena de valor de la actividad delictiva. Los tentáculos de este pulpo ahora se extienden por todo el mundo: desde el suministro de cocaína en América Latina hasta las calles de Europa Occidental; desde las rutas de distribución de heroína en Turquía hasta Europa; desde los campos de cannabis en Albania hasta Turquía y la Unión Europea (UE). Los Balcanes Occidentales siguen siendo el centro de este comercio: como región de tránsito, como terreno de reclutamiento para los soldados rasos de estos grupos y como lugar seguro para esconderse e invertir o blanquear las ganancias mal habidas, pero la acción principal se desarrolla en el extranjero. 

---

Se estima que esto ocurrió hace unos 14 años, cuando los albaneses empezaron a abrir mercados para la mafia Italiana en América del Sur.

Las recientes alertas públicas del embajador de Italia, Giovanni Davoli, sobre la operación de mafias en Ecuador para sembrar terror en medio de las elecciones, generó reacciones y encendió alarmas sobre asesinatos selectivos de inocentes, incluidos niños y uniformados.

Estos crímenes no encajan en el patrón de inseguridad del año pasado, marcado por asesinatos ocurridos en más del 90% de los casos, por el enfrentamiento entre bandas que disputan territorios en provincias de la costa y la frontera. Hasta diciembre pasado, hubo una reducción del 17% de la tasa de homicidios.

Desde la segunda semana de enero, en medio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, esos indicadores se disparon en varias provincias, especialmente en Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas.

El coronel Holguer Cortez, director Antinarcóticos, confirmó en una entrevista con Código Vidrio, que albaneses e italianos operan en Ecuador aliados para el envío de cocaína hacia países europeos. Cuentan con los servicios de bandas que transportan la droga desde la frontera con Colombia hasta sitios de acopio y luego a los puertos. Esta dinámica es hoy mucho más clara para la policía ecuatoriana, gracias al intercambio de información con sus pares de italia, Albania y otros países europeos, que han profundizado sus mecanismos de cooperación los últimos años.

Esta coordinación transnacional ya arroja resultados. El 2024 en Ecuador se capturaron 295 toneladas de coca, cifra récord histórica, mientras que en puertos europeos de destino las incautaciones cayeron drásticamente. Un ejemplo claro es Bélgica (principal destino de la coca hasta 2023) donde el año pasado se capturaron 44 toneladas, 71 menos que el 2023. “Ese es un logro significativo pues constituye un golpe letal a las economías de estas organizaciones mafiosas, que perdieron unos 6 mil millones de dólares por esas incautaciones”, destaca Cortez, quien añade que eso podría explicar los ataques múltiples en espacios privados a grupos de personas en ciudades de la costa, que buscan generar terror entre la población, y desprestigar las operaciones de la furza pública. Debilitar al estado.

La captura de Rexhepi enciende las alertas       

En Ecuador, la policía italiana empezó a seguir con detenimiento las operaciones de albaneses de Compañía Bello y de italianos de la Ndrangheta, desde la captura del capo alabanés Dritán Rexhepi en un operativo antidrogas en Guayaquil, en 2014.

Rexhepi llegó a Ecuador alrededor de 2011. Era parte de una oleada de delincuentes peligrosos, muchos de los cuales tenían profundos vínculos con grupos criminales en Europa. Ecuador empezaba a surgir como un centro de tránsito en el tráfico de cocaína: la residencia era relativamente fácil de adquirir, por la figura constitucional de la Ciudadanía Universal, aprobada en 2008. Había pocas dificultades para los extranjeros para la compra de propiedades y la creación de empresas, según agentes antidrogas.

Rexhepi, que tenía múltiples identidades falsas, aterrizó como un hombre de negocios griego, según archivos judiciales. Para entonces, se había convertido en uno de los criminales más buscados de Europa.

De hecho, había sido arrestado por tráfico de drogas en Países Bajos y extraditado a Italia, donde fue sentenciado a 13 años de prisión. En 2011, él y otros dos albaneses escaparon de la cárcel, cerca de Milán. Meses después, fue arrestado en España, pero extraditado a Bélgica, donde era buscado por su papel en un robo violento años antes. Pero la prisión belga de baja seguridad no pudo contener a Rexhepi. Una vez más, escapó.

Sin embargo, el riesgo de su captura en Europa era inminente. Fue entonces cuando Rexhepi decidió venir a Ecuador para operar de manera más permanente. Aquí construyó su red haciendo uso de empresas fachada legítimas, según dijeron fiscales italianos al Washington Post, que difundió una investigación completa sobre el ascensos de los albaneses en el mercado global de la cocaína.

Tenía facilidad para hacer contactos a todo nivel por su fluidez con el español, italiano e inglés. Eso le permitió entender las facilidades que brinda el sistema para operar libremente con todo tipo de empresas, sin ningún control. Ese momento descubrió que Ecuador era un santuario para el lavado de activos. Uno de sus socios, un vicecónsul diplomático albanés en Ecuador, tenía grandes inversiones en empresas de alimentos y cannabis, según registros públicos y un analista de inteligencia ecuatoriano que estudió la red.

Simultáneamente también tenía contactos con mafiosos italianos, que operaban en Guayaquil, con patrones delictivos similares, orientados al envío de coca a Europa. Además tuvo facilidad para conectarse con empresarios y algunos políticos locales.

Detienen a capo italiano en Guayaquil

Precisamente en 2013 en esa ciudad fue detenido Valentino Alampi, miembro del clan narco Cosca Alampi. Tenía una notificación roja de Interpol, con orden de extradición por asociación delictiva de tipo mafioso.

La Cosca Alampi, vinculada a La Ndrangheta, se dedica a la extorsión. Valentino Alampi es reconocido como un colaborador cercano de Matteo Alampi, su hermano, líder de la Cosca Alampi. El padre de ambos era Giovanni, anterior jefe del clan.

Miembros de Cosca Alampi también habían constituido una red de empresas legalmente establecidas en Ecuador. Por décadas, La Ndrangheta controla el envío de coca desde Latinoamérica hacia Europa, empleando fachadas empresariales legales, aprovechando productos y materias primas. Han establecido redes de importación y exportación que incluyen flores, frutas, maquinaria, vino, sal y alimentos balanceados para camarones. Adicionalmente, lavan dinero mediante inversiones en el sector inmobiliario y de construcción. Guayaquil es su centro de operaciones.

Valentino Alampi es accionista y administrador de dos empresas en Ecuador: Janoli S.A., que sigue activa, y Picturecorp S.A., que está en proceso de disolución y liquidación.

Matteo Alampi también tiene roles similares en estas empresas, además de ser accionista y administrador en Veliticorp, otra firma en operación. Tiene sede en Guayaquil, y está activa en el sector inmobiliario, especializándose en el arrendamiento de bienes inmuebles. Fue fundada el 26 de enero de 2006, entre sus objetivos empresariales incluye las telecomunicaciones y el transporte de datos e información, como se indica en su escritura de constitución revelada en los Panama Papers.

Janoli también sigue activa en Guayaquil, sus principales accionistas con los hermanos Alampi. Se dedica a la construcción de edificios residenciales. Fue fundada en 2002. Ha tenido un impresionante crecimiento en sus ingresos netos, con un aumento del 1.382%, en 2022. La empresa cuenta con un modesto número de empleados y ha experimentado un significativo aumento del 86.88% en sus activos totales.

Por útimo está Picturecorp, que se dedica a la importación y exportación. Los Alampi figuran como accionistas y administradores en las tres empresas.

Mientras la asociación con los italianos fluía, Rexhepi y sus compinches construyeron un sofisticado sistema de logística de drogas, reclutando personal portuario y en compañías navieras, agentes aduaneros y policías, que les permitían un acceso seguro a los contenedores que se dirigían a Europa, dijeron investigadores antidrogas. Un puntal del despegue de Compania Bello fue la formación de alianzas en todo el espectro de grupos criminales de Ecuador, incluidos otros carteles rivales de los balcanes, Ndrangueta, y los mexicanos. Sedujo a sus aliados promocionando a Europa como un nuevo mercado abierto donde todos podían ganar.

Sin embargo, Rexhepi fue arrestado en Guayaquil en 2014, acusado de tráfico de drogas junto a su banda de 10 integrantes. Para entonces se hacía pasar como Murataj Lulezemin, por lo cual la policía ecuatoriano pidió información a Interpol en Europa para verificar si sus pasaporte era legal. El primer país en responder fue Italia donde Rexhepi había huido en 2011. Las autoridades ratificaron que se trataba de un capo peligroso de alto valor, por lo cual simultáneamente pidieron su extradición, al igual que Bélgica y Albania, en 2015, según consta en el expediente judicial.

Aunque la justicia ecuatoriana accedió a la extradición, indicó que se concretaría depués de que Rexhepi cumplira su pena de 13 años en este país.

Al año de estar detenido en Guayaquil, Rexhepi fue trasladado a Cotopaxi. Para entonces el sistema carcelario ya era controlado en buena parte por las bandas, subordinadas a la más poderosa, Los Choneros. Ese fue el contexto ideal para que Rexhepi siguiera empoderando su negocio desde su celda, con todas las facilidades. En Cotopaxi, se hizo amigo de Jorge Zambrano JR, Rasquiña, Fito y a Junior, líderes Los Choneros, que ya trabajaban para el cártel de Sinaloa, según contó uno de los miembros fundadores de ese grupo al Post. Ese fue el inicio de asociaciones estratégicas, entre Compañía Bello, liderada por Rexhepi, y bandas locales. Su objetivo era simple: vender tanta cocaína como fuera posible con abundantes ganancias para todos los socios de los acuerdos, con una clara perspectiva transnacional, algo nunca antes visto.

En septiembre de 2020, tras una investigación de cinco años, cientos de oficiales en toda Europa llevaron a cabo una gran operación encubierta contra las acciones de Rexhepi y su clan. Detuvieron a 20 personas en Italia, los Países Bajos, Alemania, Grecia, Rumania, Hungría, España, Albania y Dubái.

Entonces, las autoridades italianas enviaron una serie de cartas a las autoridades judiciales y gubernamentales, para reiniciar el proceso de extradición de Rexhepi, pues tenían alertas de que buscaba ser excarcelado, antes de cumplir su condena. En una comunicación de 2021 de la Embajada de Italia, incluida en el proceso judicial, los diplomáticos advirtieron que Rexhepi organizó envíos transatlánticos de drogas y ordenó el asesinato de sus rivales “gracias a una densa red de complicidad y corrupción, desde la prisión, utilizando todo tipo de sistemas de comunicación”.

Los pedidos de Italia fueron filtrados a Rexhepi, quien armó su plan de escape. En agosto de 2021, el juez Diego Poma le concedió el arresto domiciliario, por “razones médicas” con un grillete electrónico, según la orden judicial. Días después, el juez ordenó que se le retirara el grillete electrónico y le ordenó que se presentara ante las autoridades cada 15 días.

Rexhepi huye en medio de alertas de Italia

Italia insistió en su pedido de extradición, advirtiendo a las autoridades, en una carta de su embajada en Quito, que Rexhepi era el “líder indiscutible” de una red de narcotráfico albanesa con alcance global”. Ninguna de sus solicitudes fue atendida.

Aprovechando el salvoconducto del juez Poma (quien meses después fue destituido), Rexhepi fue excarcelado, y los días siguientes habría viajado a Medellín, en Colombia, según informes de Inteligencia de la Unión Europea. Para ganar tiempo y preparar el viaje, uno de los operadores del capo se hacía pasar por él en sus persentaciones en la Fiscalía en Guayaquil cada dos semanas, dijo un oficial cercano a la investigación.

En Colombia, Rexhepi también estuvo en Bogotá y Santa Marta. En agosto de 2022 -indica el reporte- Rexhepi fundó la empresa Hkg Colombian Sas en Medellín. En ese país también se encontraba otro integrante de Kompania Bello, el kozobar Remzi Azemi, que fue detenido con Rexhepi en Ecuador, en 2014.
Azemi fue liberado tres meses después y quedó a cargo de coordinar los envíos de coca desde Guayaquil, era el brazo derecho del capo, y también quien ordenó ejecutar a otros albaneses que querían abrirse sus propios grupos criminales para exportar coca desde Guayaquil, sin la venia de Kompania Belo.

Según la inteligencia europea, en Colombia Azemi se movilizaba temporalmente en un vehículo blindado, con matrícula GSU-2041, registrado a nombre de la colombiana Katrin Paola Ospino Fernández, pareja de Rexhepi. Ospino Fernández fue accionista y presidenta de la empresa Worldclass Ecuador, dedicada a actividades turísticas, hasta julio de 2021, cuando Rexhepi, ya había huido a Colombia.

Mientras intentaba fortalecer redes de apoyo y estructuras en Turquía, Rexhepi fue apresado en Estambul, en noviembre de 2023. Dos años antes las incautaciones de cocaína traficadas desde Ecuador a ese país aumentaron en un 40%, según reportes antidrogas europeos. Visionario para la expansión criminal a gran escala, Rexhepi se había instalado en Turquía, con un pasaporte colombiano, bajo la identidad de Benjamín Omar Pérez García. Planeaba convertir a ese país en un corredor crucial para trasladar la droga hacia el este, a Rusia y China. Su ambicioso plan fracasó cuando fue arrestado por pedidos de extradicción de Italia y Albania. A este último país fue enviado en enero pasado donde cumple condenas por varios delitos.

Reportes antidrogas de Ecuador y agencias europeas conciden en que su relevo en Ecuador fue el albanés Dritan Gjika, otro cabecilla de Compania Bello. Rexhepi y Gjika vivían en la misma urbanización en Samborondón. Gjika era dueño de varios restaurantes y negocios en Guayaquil, que utilizaba también de forma activa para el contrabando de drogas.

Los últimos años Gjika armó una robusta estructura empresarial, anclada en sus importantes nexos económicos y políticos, al menos, desde 2020, para enviar droga desde los puertos de Guayaquil y una red de soporte para el lavado, a través de un panal de diez empresas (6 en Ecuadsor y 4 en España),  incluidas fabricantes de canabis y bananeras.

Su nombre trascendió en 2023 por sus contactos, a través de Rubén Chérrez, (asesinado en noviembre) con Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso. Carrera fue sentenciado por delincuencia organizada por ser parte de una red de contratos ilegales en el sector eléctrico.

Al verse expuesto, Gjika huyó del país.

El general (Sp) René Vargas Pazzos murió este primero de marzo de 2025 a los 92 años. Paradójicamente ese mismo día, hace 18 años, ocurrió el bombardeo de las fuerzas colombianas en Angostura, Sucumbíos, Ecuador. Tras este suceso se conocieron los nexos, a diferente nivel, de funcionarios del gobierno de Rafael Correa con las FARC.

Redacción Código Vidrio 

Él se declaraba nacionalista y revolucionario. El general (p) René Vargas Pazzos murió este primero de marzo de 2025 a los 92 años. Paradójicamente ese mismo día, hace 18 años, ocurrió el bombardeo de las fuerzas colombianas en Angostura, Sucumbíos, Ecuador, donde falleció el líder de las FARC, Raúl Reyes, y 25 insurgentes más.

Tras este suceso se conocieron los nexos, a diferente nivel, de funcionarios del gobierno de Rafael Correa con las FARC. Uno de los más importantes era Vargas.

El entonces presidente Álvaro Uribe y su vicepresidente, Francisco Santos, denunciaron que Reyes operaba en ese campamento con la complicidad y autorización del gobierno ecuatoriano. Correa desmintió esas afirmaciones y rompió relaciones con Colombia. Inició una gira relámpago por siete países latinoamericanos para denunciar la violación de la soberanía y la agresión del gobierno colombiano. Esto provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países por cuatro años.

Vargas era un militar apasionado y controversial. Fue el primer embajador del correísmo en Venezuela. Por su cercanía y amistad personal con el caudillo venezolano fue el nexo entre ese gobierno y el de Correa.

Su padre fue comandante liberal con Eloy Alfaro, eso lo dijo en entrevista años atrás.

El militar manabita era cercano a Hugo Chávez desde que éste intentó derrocar al entonces mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez, en 1992. Encerrado en la cárcel de San Francisco de Yaré, recibía literatura, sobre la figura de Manuelita Sáenz y sobre Eloy Alfaro. El remitente era nada menos que el general René Vargas Pazzos.

En 1998, por vueltas del destino, Chávez llegó al poder en Venezuela, y el militar ecuatoriano se convirtió en asiduo visitante del Palacio de Miraflores, como lo revela el libro “El Juego del Camaleón”. Allí, “festejó varios de sus cumpleaños y participó en el programa sabatino ‘Aló Presidente’”.

Ambos fomentaron un pensamiento bolivariano que impulsaba la unidad latinoamericana. Con esa premisa, al día siguiente de la posesión de Correa en Carondelet, le pidieron que fuera el embajador destacado en Caracas. Aún más, Chávez lo invitó a acompañarlo en visita oficial por Rusia, Bielorrusia, España y Portugal.

Vargas no solo había sido crítico con la aplicación del Plan Colombia por parte de Estados Unidos. También había visitado al segundo al mando de las FARC de Colombia, Raúl Reyes, en un campamento en el Putumayo.

En 2000, por delegación de la ONU y de Amnistía Internacional, Capítulo Suecia, fue parte de una misión humanitaria que durante varios días visitó campamentos de las FARC en Colombia y dialogó con autoridades civiles y militares.

En una entrevista que se incluyó en el libro “El Juego del Camaleón” afirmó, mientras era embajador en Caracas, que fue amigo de Raúl Reyes, y que el objetivo de esa visita, cinco años antes en el Putumayo, fue analizar la situación geopolítica y el Plan Colombia. Esa ocasión en ese viaje también estuvo el periodista Arturo Torres, con el fin de entrevistar a Reyes. Ese diálogo fue publicado en Diario El Comercio.

Vargas erigió su figura durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, a inicios de los setenta. Entre 1973 y 1977 ocupó varios cargos en el área hidrocarburífera nacional: fue subgerente y gerente de la estatal petrolera, ex CEPE, y luego Ministro de Energía. Fue uno de los artífices de la salida de la empresa norteamericana Texaco: una muestra de su ideario nacionalista, que también se plasmó en la reformulación de la Ley de Hidrocarburos de la época.

Entonces era coronel y tuvo un ascenso vertiginoso: llegó a ocupar la jefatura del Estado Mayor del Ejército. Aunque Vargas lo niega, entre los uniformados de esa época era un secreto a voces que él obligó, con pistola en mano, a que los gringos de la Gulf firmaran la entrega de las acciones. Era un fogoso y arriesgado coronel.

“Yo nací así, nacionalista y revolucionario (…) Siempre me he opuesto a la Base de Manta, al Plan Colombia”, enfatizó Vargas.

Desde mediados de 2003, Vargas arrendó una de sus haciendas, ubicada en la Bocana del Búa, en Santo Domingo, a un grupo de armados colombianos, liderados por «Casimiro», quien luego fue identificado por agentes de Inteligencia como Oliver Solarte, jefe financiero del Frente 48 de las FAR

PERFIL ⇒ José Luis Terán es uno de los tres juristas opcionados para llegar a la Corte Constitucional. Durante sus 40 años de trayectoria ha cosechado relevantes logros académicos y laborales. Ha sido juez de la Corte Nacional y decano de Derecho. También ha sido meticuloso para planificar su crecimiento económico. Los últimos ocho años duplicó su patrimonio, que hoy suma 760 mil dólares. Una inesperada prohibición del Ministerio de Trabajo para ejercer cargos públicos trastocó por una semana sus planes. Terán solventó ese traspié el 28 de febrero cuando esa cartera levantó la suspensión, que lo habilita para integrar el Tribunal, una vez que la Función de Transparencia anuncie los resultados finales del concurso esta semana. Nota actualizada este martes 4 de marzo de 2024.

Redacción Código Vidrio  

La participación como accionista en la empresa de Trasporte Turístico Airportmega persigue como una sombra a José Luis Terán Suárez, candidato a integrar la Corte Constitucional (CC).

Cuando la Comisión de Selección de la Función de Transparencia se aprestaba a anunciar, la semana pasada, los resultados del concurso, en el que Terán es uno de los tres mejores puntuados junto con Claudia Salgado y Jorge Benavídez, se supo que el jurista no podía ocupar cargos públicos, según el Ministerio de Trabajo, en vista de que fue destituido de juez en 2021. En un informe enviado a los comisionados el martes 26 de febrero, Terán insistió en que la suspensión de su destitución está vigente por el fallo dictado en 2024 por el Tribunal de lo Contencioso, que declaró la nulidad de esa acción de personal. Ante las notificaciones de la Judicatura y la Corte Nacional de que no existía ningún impedimento, la cartera de Trabajo levantó la prohibición, con lo cual Terán tiene vía libre para ser nombrado juez constitucional.

Un juez consultado que pidió el anonimato dijo que los actos administrativos de la autoridad pública (en este caso de la Judicatura) gozan de presunciones de legitimidad y deben cumplirse hasta que exista una sentencia ejecutoriada que declare la ilegalidad e ilegitimidad del acto administrativo.

El antecedente de la destitución de Terán está relacionado con la empresa Airportmega, que fue constituida en 2003 por él y 12 socios más, con un capital de 2.250 dólares, repartidos en 90 acciones. Una de las participaciones está a nombre de Suárez, que fue el primer presidente de esa firma durante cinco años, según los estatutos de creación.

En entrevista con Código Vidrio, Terán dice que esa acción fue un regalo de uno de sus clientes cuando, como abogado en libre ejercicio, hizo los trámites para constituir la compañía de transporte, que hoy tiene 29 socios, y está domiciliada en Quito.

“A esa acción nunca le he parado bola ni me acordé de que la tenía, porque desde cuando se constituyó la empresa nunca estuvo operativa”, explica Terán en la espaciosa sala de profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, donde fue decano y hoy es maestro a tiempo completo.
Al revisar los registros de la Superintendencia de Compañías efectivamente la empresa no registra estado de resultados, ni movimientos financieros, ingresos ni actividades comerciales, o pago de impuestos en su contabilidad. Pero sigue activa.

En 2015 cuando fue designado ministro de la Corte Nacional de Justicia, tras la reestructuración del poder judicial liderada por Gustavo Jalkh, denominada por el expresidente Rafael Correa, la «Metedura de mano en la justicia», Terán no incluyó en su declaración de bienes que era accionista de esa empresa.

“Hasta ese año no había declaraciones patrimoniales en línea, el documento se llenaba manualmente y se dejaba en una notaría. En el formulario no existía un casillero para declarar acciones en empresas, a eso se debió mi omisión”, explica Terán.

Esa inconsistencia en su declaración fue detectada por el Consejo Nacional de la Judicatura en 2019, cuando removió del cargo a Terán quien no superó una evaluación dispuesta por el Consejo de Participación Transitorio. En total 8 jueces y 10 conjueces dejaron sus cargos.

Además de su remoción, la Judicatura abrió un expediente disciplinario por presunta falsedad ideológica en contra de Terán, que en 2021 devino en su destitución por proporcionar información falsa en el proceso de selección. Se le impuso una sanción que le prohibía ocupar cargos públicos por dos años en el servicio público y de por vida en la Función Judicial.

Para anular su destitución, Terán presentó una demanda judicial. “Yo corregí mi declaración en la Contraloría, hice un alcance incluyendo mi participación accionarial en la empresa”, indicó el docente, al cuestionar al Consejo de la Judicatura por no tener competencia para sancionarlo.

En 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito le dio la razón. Declaró la nulidad de su destitución, pero rechazó su pedido de reincorporación y compensación económica. Con ese fallo en firme Terán estaba habilitado para ocupar funciones públicas, por lo cual decidió participar en el concurso para integrar la Corte Constitucional. Y en octubre el Ministerio de Trabajo certificó que no estaba inhabilitado.

Entre tanto, la Judicatura y Terán habían apelado el fallo del Tribunal, a través de un recurso de casación que fue aprobado para su trámite en la Corte Nacional de Justicia, con lo cual la sentencia del tribunal de lo Contencioso habría quedado en suspenso; eso implicaría, como acaba de certificar el Ministerio de Trabajo, que su destitución se encuentra en firme y actualmente no podría trabajar en el sector público.

Metódico y planificador para adquirir bienes   

A lo largo de sus cuarenta años de carrera como abogado litigante, juez y profesor, Terán se ha empeñado en tener logros, no solo académicos (entre 2009 y 2022 obtuvo 15 títulos, entre doctorados, maestrías y diplomados) sino en ocupar cargos relevantes en la función judicial, donde varias ocasiones ha sido juez.

Además de esa obsesión por el estudio y logros profesionales, Terán ha sido metódico y sistemático para adquirir bienes. Eso se refleja en sus declaraciones patrimoniales. Los últimos siete años sus ingresos y gastos tuvieron un aumento importante.

Entre 2018 y 2024, sus consumos con tarjetas de crédito sumaron más 200 mil dólares, mientras en sus cuentas bancarias tiene saldos promedio de $12.800 y posee 12 bienes inmuebles, además de derechos y acciones, según consta en su declaración patrimonial.

Teran Suarez reportó la posesión de los siguientes bienes inmuebles en diferentes períodos. Incluyen:

2 Parqueaderos (en Pichincha)
1 Bodega (Pichincha
1 Terreno (Pichincha)
2 Oficinas (Pichincha)
1 Departamento (Pichincha)
1 Casa (Pichincha)
Derechos y Acciones (Pichincha e Imbabura)

Suman 12 propiedades registradas en distintos años. Lo bienes muebles, es decir, equipos de oficina, menajes de casa, obras de arte joyas y colecciones, reportados se mantienen constantes en sus declaraciones.

También tiene préstamos hipotecarios y quirografarios, que desde 2018 suman $421 mil, que ha pagado en más del 50%.

“A mis 62 años, siempre he tenido varios cargos, a la vez, en el sector público y en varias universidades; siempre que llego a algún puesto planifico adquirir algún bien. Por ejemplo, cuando llegué al tribunal me propuse comprar mi oficina; en la Corte Nacional mi meta fue comprar un departamento”. Indicó.

---

Mientras en 2017 su patrimonio fue de $390 mil, en 2024 llegó a $760 mil. En ese mismo período sus deudas se redujeron: pasaron de $240 mil a $169 mil. En bienes las cifras también mejoraron: de 303 mil, en 2017, llegaron a $880 mil, en 2024.  

---

Para explicar ese aumento patrimonial y de consumo, Terán contó que sus gastos se redujeron drásticamente cuando sus hijos dejaron la casa y generaron sus propios recursos. “También dejé de estudiar, tengo un ingreso promedio de 4.500 dólares, mi esposa es jueza con un salario similar. Al no tener mucho en que gastar, pensé en invertir en bienes. La última propiedad que compré es un terreno en Puembo, para construir otra vivienda. Para todo hay que planificar, a si se conoce una persona, si es o no organizada”.

Con esos ingresos mensuales anualmente obtuvo $54.000. Considerando que ejerció como juez nacional durante tres años (2017-2019) y como docente a tiempo completo durante cinco años (2020-2024), los ingresos totales esperados en este período ascienden a $432 mil.

Explicó además que las propiedades que adquirió tuvieron reavalúos, con lo cual se incrementó su valor declarado. Dice que su aumento patrimonial también se debe a una herencia de un predio de su padre, que falleció en 2011, pero las particiones y lotización para la venta empezaron en 2022.
Otra fuente de sus ingresos -recalca- son los préstamos hipotecarios que ha sacado con su esposa para la compra de un departamento, a diez años plazo. “Los créditos quirografarios los uso para gastos pequeños como cerramientos y otros acabados en Puembo”.

También hay un incremento significativo en los gastos con sus tarjetas de crédito. Mientras en 2018 tuvo consumos por $21 mil, en 2024 llegaron a $93 mil. Acerca del aumento en esos consumos, indica que en promedio nunca ha pasado los $10 mil mensuales. “Con las tarjetas pago impuestos, tributos prediales, seguro médico, del vehículo…”

Terán dice que su experiencia de juez tributario le ayudó a ser metódico para comprar bienes a través de créditos. “Siempre he programado mis deudas con créditos, nunca he comprado de contado nada. Toda la vida he sacado préstamos. Tengo mi oficina y departamento rentados, porque vivo en mi casa. ¿En qué gasto?.. En medicina, seguros…”.

Terán destaca que ha sido juez casi diez años, entre 2009 y 2019. “He manejado casos de miles de millones de dólares, como OCP, de petroleras como Andes, desde el área tributaria, Supermaxi, Bananera Noboa, El Juri, la Favorita, Banco de Guayaquil. No he tenido una sola queja. Sin en esos casos no me he ensuciado como me voy a hacer millonario como decano de la facultad, donde he tenido que poner de mi bolsillo para arreglos”.
En 2019, durante el proceso de evaluación del Consejo Transitorio sus cuentas fueron auditadas. “Nos revisaron hasta la última pulga, nos investigó la UAFE, la Contraloría, auditaron todos mis bienes, y no tuve un solo señalamiento, aparte de supuestamente no haber justificado el incremento de 25 dólares de la acción de la empresa de transporte”.