- La espera se alargó por 17 años. Este jueves 10 de abril se inauguró la central Alluriquín, con una potencia de 204 MW, una de las tres del Complejo Toachi Pilatón, también integrado por las plantas Sarapullo, de 49 MW, en operación desde marzo de 2023, y Mini Toachi, de 1,4 megavatios, que también esta operativa. Así, la obra empezó a operar en toda su capacidad hidroeléctrica de 254 MW.
- Para que esto ocurriera pasó mucha agua bajo el puente. Dos firmas rusas a cargo de la parte electromecánica de esta central litigaron contra el Estado los últimos años. Y ganaron. En el primer caso, Inter RAO obtuvo un laudo arbritral por el cual debe recibir 45 millones de dólares. En el segundo, Tyazhmash logró un acuerdo de mediación que implicó un pago por supuestos gastos adicionales que sería de 20 millones, al extenderse los trabajos (el monto final es reservado).
- Tras los acuerdos emprendidos por este gobierno finalmente se concretó la finalización de las obras, que empezaron con la colocación de la primera piedra en 2008, en la administración de Rafael Correa. Nota actualizada este 11 de abril de 2025.
Redacción Código Vidrio y Vistazo
Este 10 de abril de 2025 empezó a operar, a toda su capacidad, de 254 MW, la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, en Santo Domingo de los Tsáchilas. La construcción de la obra, que demoró 17 años -cuatro gobiernos de por medio- se selló con la inauguración de la central Alluriquín, con una potencia de 204 MW, que es una de las tres del Complejo, también integrado por las plantas Sarapullo, de 49 MW, en operación desde marzo de 2023, y Mini Toachi, de 1,4 megavatios, que también esta funcionando.
Durante la ceremonia en la casa de máquinas, Gustavo Sánchez, gerente general subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dijo que gracias a la «oportuna intervención de la Procuraduría, llegamos a un acuerdo con la empresa contratista (la rusa Tyazhmash), acortamos los cronogramas y aceleramos los trabajos, especialmente, en la casa de máquinas de Alluriquín y en la mini central Toachi».
La primera piedra para este proyecto se colocó en enero de 2008, durante el gobierno de Rafael Correa. Pasaron 17 años, cuatro gobiernos, dos paros nacionales y una pandemia. Toachi Pilatón enfrentó 7 plagas. Además, las dos contratistas rusas de la obra, Inter RAO y Tyazhmash, litigaron.
Destrabar el proyecto, abandonado por más de una década, fue una de las prioridades de la ministra de Energía, Inés Manzano, quien empujó el avance de los acuerdos con las empresas rusas, según fuentes de esa cartera de estado.
El primer gran misterio alrededor de este proyecto es el costo final de la obra, que esclarecemos en este informe. Según información entregada por CELEC a esta alianza, en la obra se gastaron mil millones de dólares. Este es el desglose: 246 millones de recursos fiscales; 250 millones del BIESS; 52 millones del Eximbank de Rusia y 475 millones de recursos propios de CELEC. De ser así, es más del triple del monto previsto en 2003, cuando se impulsó el proyecto.
El fideicomiso Toachi Pilatón, constituido entre el BIESS y CELEC, indica que el proyecto cuesta 588 millones de dólares.
El fideicomiso se constituyó en 2015, entre CELEC y el BIESS, que es el Banco del Instituto de la Seguridad Social. El BIESS aportó 250 millones de dólares para constituir el fideicomiso, con el 38,2% de participación. El CELEC, en contraparte, contribuyó con 403 millones, por lo que su participación es del 61,7%. El monto total de este fideicomiso es de 653,7 millones. Hasta inicios de este 2024, el BIESS había recibido de CELEC 26 cuotas por un valor de 106 millones, correspondientes al capital. Y 160 millones, por concepto de interés. El BIESS aún debe recuperar 15 cuotas por un total de 143 millones. En febrero, CELEC transfirió un pago de 12,7 millones de dólares, para cubrir el último pago correspondiente al período de mayo a noviembre de 2023. En uno de sus últimos cabildeos el Gobierno intentó que el BIESS cambie la garantía del pago total (que actualmente es la hidroeléctrica) por un pagaré, lo cual no fue aceptado por el Banco.
La central hidroeléctrica se ubica entre tres provincias, Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. Es un complejo que consta de dos centrale s, Sarapullo y Alluriquín. Sarapullo tiene potencia para producir 50,4 Megavatios (MW) y empezó a producir desde marzo de 2023. La central Alluriquín, con 204,4 MW de potencia, arrancará su producción en forma gradual, a partir de este mes abril de 2025.
El inicio de generación es una buena noticia para el país, en medio de apagones de hasta 14 horas al día por la crisis energética que se extendieron varios meses hasta diciembre pasado.
El primer capítulo de este accidentado proyecto tuvo como protagonista a la empresa Odebrecht, que fue contratada por HidroTapi en diciembre de 2007 para construir la central por USD 366 millones, que ofreció terminar la obra en 48 meses. En menos de un año el proyecto se suspendió por conflictos entre la contratista y el Gobierno.
Dos años después el gobierno de Correa retomó el proyecto pero con otra compañía, la rusa Inter RAO. El 25 de octubre de 2010, la entonces HidroToapi EP y la sociedad anónima Inter RAO suscribieron el contrato de ejecución de las “obras electro e hidromecánicas para la puesta en servicio de las unidades turbogeneradoras del proyecto Toachi Pilatón”. El valor, según documentos obtenidos por esta alianza, fue de 144,9 millones de dólares. El plazo de ejecución: 44 meses. Dentro de este proceso, Inter RAO adquiría los equipos a otra firma rusa, que era la fabricante, Tyazhmash.
Hubo problemas, como la detección de fallas geológicas que amenazaban la estabilidad de la casa de máquinas de Alluriquín. “Los frentes de las obras civiles en la mayor parte de los sitios no fueron entregados a Inter RAO por parte de CELEC, alcanzando un retraso de hasta 630 días”, explicaba desde Moscú el ingeniero Viacheslav Leonov, entrevistado en abril de 2017, por Vistazo sobre la razón de las demoras.
Para esa fecha, “todo el equipamiento principal y la mayor parte de los equipos auxiliares ya han sido suministrados al Ecuador”, decía el portavoz ruso. “La primera unidad de la central hidroeléctrica Sarapullo del proyecto Toachi – Pilatón, está prácticamente lista para las pruebas y puesta en marcha”. Según esta versión, al no ser entregados los frentes de obra civil era imposible continuar. Además, “Es necesario que se firmen con CELEC las adendas del contrato, sin las cuales la empresa Inter RAO no puede suministrar al Ecuador el resto de los equipos que ya han sido fabricados”.
El gobierno de la Revolución Ciudadana había ofrecido cambiar la matriz energética a un esquema limpio, y supuestamente seguro, con la construcción de ocho centrales hidroeléctricas. No escuchó a quienes advertían sobre el peligro de anclar la generación a la apuesta hidroeléctrica, frente a la amenaza del cambio climático, por el riesgo de sequías o inundaciones.
El régimen quería inaugurar las mega obras en 2016, en plena campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2017.
El retraso en Toachi Pilatón se debía a problemas con el frente de obra civil, a cargo de China International Water & Electric Corp (CWE). Los problemas geológicos generaron retrasos. No se llegó a un acuerdo definitivo para la línea de financiamiento del Roseximbank. La razón de fondo fue la dificultad de establecer una fecha de finalización del proyecto, en virtud de los imprevistos. Entre octubre de 2015 y octubre de 2016 CELEC se retrasó en los pagos en 26 ocasiones, con deudas que sumaron 12,5 millones de dólares
En el enlace ciudadano 505, del 17 de diciembre de 2016, el entonces presidente Rafael Correa anunció que había ordenado terminar unilateralmente el contrato con los constructores, por incumplimiento. En esa cadena, Correa solamente se refirió a la fabricante rusa, sin alusión a la china. La central hidroeléctrica Toachi Pilatón debía estar lista en mayo de 2015. Para la fecha de su sabatina, el gobierno solamente había entregado tres de las ocho centrales ofrecidas al país.
“Determinamos tres obras donde vamos a terminar unilateralmente los contratos. La una: Toachi Pilatón. Está atrasada la hidroeléctrica. Me ofrecieron la primera central, son dos. La de Sarapullo para diciembre (de 2016). Esta es una empresa rusa: Inter RAO no ha cumplido el contrato: He ordenado terminar unilateralmente el contrato, compañeros”, explicaba Correa.
Nadie esperaba las acusaciones públicas de Correa, dado que para fines de noviembre de 2016, ya se había logrado un acuerdo en los temas de controversia entre ambas partes. Entre el 20 y 21 de diciembre de ese año, cuatro días después de los anuncios del entonces mandatario, los representantes de la contratista rusa pidieron reunirse con las autoridades ecuatorianas.
Ecuador pierde el arbitraje
El 22 de marzo de 2017, CELEC declaró la terminación unilateral, argumentando que la empresa rusa había incurrido en 6 incumplimientos. El litigio saltó en primera instancia a mediación. Y luego escaló a un arbitraje, en diciembre de 2018, con una pretensión de pago de 86 millones de dólares, que quedó establecida en 45 millones, según el pronunciamiento de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, donde se resolvió el abitraje.
El laudo arbitral dio la razón a la fabricante rusa, en mayo de 2023. La apelación del Estado ecuatoriano no halló eco: en marzo de 2024, se ratificó en su pronunciamiento que ordena el pago de 45 millones de dólares a favor de Inter RAO.
Los valores a pagar son estos: 30,5 millones por concepto del valor de terminación, más interés simple desde el 23 de marzo de 2017; 1,4 millones por intereses de mora por el retraso en pagos; 7,2 millones por el cobro indebido de la garantía de fiel cumplimiento, más interés simple desde mayo de 2016; 41 mil dólares por costos de mantener las garantías más interés; 473 mil dólares por los costos incurridos para mantener la filial ecuatoriana hasta marzo de 2018, cantidad a la que se suma el interés calculado desde el primero de abril de 2018. A todo esto se suma el pago de 4,2 millones por concepto de costas de arbitraje.
Esta alianza pidió un pronunciamiento al portavoz de la empresa rusa, pero no tuvo respuesta.
Otro actor, nueva disputa
La obra estuvo paralizada entre marzo de 2017 y julio de 2019, según revelaron fuentes del CELEC.
En abril de 2017, el Ministerio de Energía recibió la propuesta de Tyazhmash, fabricante original de buena parte de los equipos electromecánicos, por 83 millones de dólares. A inicios de 2018, la misma empresa reportó que el valor actualizado con rubros adicionales ascendía a 112 millones.
En febrero de ese año, CELEC y Tyazhmash suscribieron el contrato para la finalización de las obras electromecánicas e hidromecánicas. El monto: 124 millones de dólares. Y el plazo, 29 meses.
La pandemia obligó a suspender los trabajos entre marzo y junio de 2020. El 19 de agosto de 2021, la contratista pidió una nueva prórroga, que implicaba extender el plazo hasta diciembre de 2022. En septiembre de 2021, Vistazo visitó el proyecto y fue recibida por representantes de CELEC y Tyazhmash. Ambos coincidieron en que la central se había convertido en un monumento a la resiliencia, pues fue el único proyecto de esa magnitud que siguió en marcha a pesar de la pandemia de Covid-19.
“Personal técnico que venía desde Rusia y Alemania para el montaje de equipos no pudo llegar en el momento previsto según la planificación inicial. Algunos equipos electromecánicos y de transformación que viajaban desde Europa y Asia sufrieron demoras en los puertos de embarque, cerrados durante la emergencia. Una infraestructura en particular, que ahora se encuentra en la subestación de Alluriquín, venía desde la región china de Wuhan, donde se reportó el brote del coronavirus”. Esto publicó Vistazo en 2021, citando al entonces gerente de la unidad de negocios Hidrotoapi.
En esa visita, el gerente general de Tyazhmash, Azat Satikov, explicó que el primer gran desafío al asumir el contrato, en 2019, fue iniciar un proceso de revisión, análisis y recuperación porque gran parte de los equipos electromecánicos anteriormente suministrados fueron guardados en condiciones antitécnicas. Aclaró que algunos equipos permanecían guardados “bajo cielo”. Y remarcó la dificultad que supuso mantener el ritmo de obra durante la crisis sanitaria.
A fines de 2022 la contratista solicitó una nueva extensión, esta vez, hasta el 28 de marzo de 2024, el equivalente a 464 días adicionales. En agosto de 2023, requirió por tercera vez una prórroga.
La segunda ampliación del plazo contempló cuatro eventos: el retraso en la ejecución de obras civiles de nivelación de pisos en la casa de máquinas; el paro nacional de actividades; la variante omicrom de Covid-19 y el período invernal.
Desde inicios de mayo de 2023, Tyazhmash argumentó que un “desequilibrio económico” afectaba al contrato, en razón de gastos por mayor permanencia, por efecto de las ampliaciones de plazo.
La pretensión de la firma rusa fue el cobro adicional de 53,4 millones de dólares. Este valor fue calculado en función de varios rubros: 32,4 millones por costos operacionales (ya que la empresa estimó que cada día de operación tiene un valor de 38.500 dólares); 7,5 millones de dólares por la extensión de garantías técnicas en Sarapullo, y 13,5 millones por la extensión de garantías técnicas en Alluriquín.
Más plata para Tyazhmash
En agosto de 2023, las partes optaron por un procedimiento de mediación en el organismo especializado de la Procuraduría General del Estado.
Entre los documentos que sustentan los pagos adicionales, invocados como extraordinarios por la contratista, se incluyen facturas por alimentos, con bebidas de moderación; arriendo de bodega y vivienda; exámenes médicos; una prima de seguro de vida; honorarios por asesoría tributaria; combustibles en Guayaquil; auditoría de estados financieros. La empresa rusa no se había pronunciado sobre este ítem, al ser consultada para esta reportería.
Sobre el contenido final y el monto acordado en mediación, ninguno de los actores quiso pronunciarse, aludiendo el carácter secreto de las negociaciones. Fuentes extraoficiales confirmaron que este mecanismo garantiza que Contraloría no audite el proceso.
Esta alianza conoció que el acuerdo económico supera los 20 millones de dólares. El arreglo permitió al gobierno anunciar para diciembre el inicio de operaciones de una de las tres turbinas de la central Alluriquín. Esto representa 68 megavatios, MW, en medio de la crisis energética más grave de los últimos tiempos, con apagones de hasta 14 horas diarias.
La alianza requirió información a la empresa fabricante rusa, pero no obtuvo una respuesta. Durante la inauguración de este jueves 10 de abril al referirse al monto de los reclamos que ha presentado la contratista Tyazhmash al Estado ecuatoriano, por los incumplimientos al contrato, el representante legal de la empresa rusa, Azat Satikov, dijo que es un tema confidencial, pero que se alcanzó un acuerdo de «ganar-ganar».
La central por dentro
Se encuentra en el límite de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. Aprovecha el caudal de los ríos Pilatón y Toachi.
La potencia instalada es de 254,4 MW. La central Sarapullo, con 50,4 MW y la central Alluriquín, 204 MW. Sarapullo inició operaciones en marzo de 2023, Alluriquín está previsto para diciembre de 2024, y el inicio de las otras dos fases en forma escalonada y progresiva.
El esquema consiste en captar aguas del río Pilatón. Un túnel de conducción de aproximadamente cinco kilómetros llega hasta la casa de máquinas de Sarapullo. Aquí operan tres unidades. El agua turbinada pasa a la siguiente etapa en Alluriquín, donde la potencia instalada es de 204 MW. Toda la energía del proyecto sale hacia la subestación Alluriquín, la cual se integra con el sistema nacional interconectado.
La central se ubica en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. Fue diseñada para producir energía eléctrica en mayor cantidad entre los meses de enero y mayo, cuando las centrales de generación de la vertiente oriental (Coca Codo Sinclair, Paute y Agoyán) se encuentran en período de estiaje. En la actualidad, por los efectos del cambio climático los ciclos estacionales ya no se cumplen.
Debió costar 300 millones
Este proyecto se vislumbró allá por 1965. En 2003, el proceso adquirió impulso, cuando la Prefectura de Pichincha invitó a la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) para estudiar el proyecto y hacer una propuesta. Esta contempló un presupuesto total de 300 millones de dólares, de inversión privada, sin financiamiento del Estado. IMPSA obtuvo la concesión del entonces CONELEC para ejecutar el proyecto, pero ésta fue entregada a Hidrotoapi S.A., que ya tenía un acuerdo previo con Odebrecht. Esto obligó a IMPSA y Odebrecht a trabajar en conjunto.
En enero de 2008 el entonces presidente Rafael Correa puso la primera piedra. Solo un mes más tarde, IMPSA evidenció fallas en el diseño de las obras, similares a las que luego se evidenciarían en San Francisco. Odebrecht contrató a otro proveedor del equipamiento. Posteriormente, Odebrecht salió de escena y la obra civil quedó en manos de China International Water & Electric Corp (CWE), de China. Esta también salió, en medio de litigios con CELEC. Los trabajos continuaron con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Esta alianza pidió un pronunciamiento a CELEC, hasta el cierre de esta edición espera una respuesta.
La investigación para este reportaje fue financiada como parte de un proyecto concursable de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD). Este apoyo no implica ningún condicionamiento ni injerencia en nuestra línea editorial independiente.