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ENTREVISTA. El expresidente del Tribunal Electoral, Carlos Aguinaga, pinta un panorama desolador. Y no le faltan motivos. Advierte que medios y periodistas deben armar una plataforma de seguridad, un protocolo, porque son blancos fijos de las organzaciones criminales, en un entorno creciente de inseguridad por el narcotráfico. Los atentados -alerta- son muy probables. Advierte que las autoridades electorales son cómplices en la fracasada tarea de identificar y sancionar el lavado de dinero sucio en las campañas. Y eso será mucho más evidente en este nuevo proceso para elegir presidente y asambleístas, en 2025.      

Redacción Código Vidrio

P. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los medios de comunicación y periodistas durante el proceso electoral que está en marcha para elegir presidente de la república y legisladores en 2024. Eso en medio de claras evidencias de inseguridad y ataques a candidatos de organizaciones criminales, como ya ocurrió en los dos últimos procesos del 2021 y 2023?
R. Realmente, los medios de comunicación y periodistas que interactúan, no sólo en el área política sino también en la cobertura judicial, en época electoral, deben construir una plataforma de seguridad, utilizar en gran medida los medios digitales y telemáticos a su alcance para evitar la exposición a sufrir atentados de los Grupos Delictivos Organizados. Deben construir núcleos de información sectoriales con políticas de contraste y verificación. Pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se los incluya en el Plan de Seguridad de las Elecciones 2025, junto con los candidatos. Este organismo debe coordinar acciones con las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia.

P. Lo más probable es que los grupos criminales ya tengan una hoja de ruta para generar el terror y enfilar sus ataques violentos a actores específicos.
R. Así es. Los grupos narcodelictivos y las pandillas tendrán instrucciones de generar caos en este proceso electoral, le apostarán al fracaso del plan de seguridad del Gobierno, ya que es un actor principal del proceso electoral. No hay posibilidad alguna de que no existan ataques, atentados y violencia política. Un objetivo de impacto son los medios de comunicación y los periodistas.

P. ¿Cómo ve el control que realizan las autoridades electorales sobre posibles intentos de lavado de dinero o narcotráfico en las campañas políticas?
R. Nulo. La omisión de las autoridades electorales les convierte en cómplices, afectando gravemente a la democracia por la falta de controles y acciones efectivas y reales para detener y detectar los dineros oscuros y sucios en la Política. En especial, del manejo de dinero en efectivo para el pago de personas que actúan para los partidos y candidatos. También para la adquisición de medios y recursos materiales que utilizan en las campañas, para la compra de bienes que se entregan en las campañas, los cuales están prohibidos como equipos de hogar, de tecnología; para la compra de votos. Tampoco está permitidfo el alquiler y compra de automotores que prestan servicio, contratación de redes sociales y plataformas digitales, etc.

P¿Han concretado las autoridades electorales alguna alianza con organismos de control como la UAFE para investigar las fuentes de financiamiento ilegales?
R. Lo correcto es que, sobre la base del principio de colaboración obligatorio que tiene el Código de la Democracia, que obliga a todas las entidades públicas, incluso privadas, a colaborar con el proceso electoral, se hubiera creado un centro de mando unificado de control del financiamiento ilegal, con integrantes y delegados de la UAFE, el SRI, la Fiscalia, el Consejo de la Judicatura, la policía, superintendencias de bancos y de economia popular y solidaria… Además, que se instale un sistema de control, rastreo y verificación de la fuente ilegal de financiamiento. Muchas de ellas, se gestan en el extranjero, con procesos comerciales desde el exterior. Debe haber un equipo de investigación fuerte con respaldo tecnológico pero no existe. Decir que la UAFE lo haga sola, es irreal, ya que no tiene la capacidad operativa ni tecnológica para detectar el dinero sucio en la política.

P. ¿Qué escenarios se prevé en cuánto a la violencia política e inseguridad, antes y durante el proceso electoral?

R. Me atrevería afirmar que la planificación de las mafias políticas y criminales, en cuanto a violencia política, ya está configurada. Desde ya se debe tener alertas tempranas y establecer políticas de prevención, cuidado y seguridad para todos los actores del proceso electoral. Siguen insistiendo desde hace una década que la violencia política les generará réditos, incluso mandando a atentar contra candidatos de las organizaciones que quieren que ganen. El código de la mafia ya está en operación.Por ello, hoy las campañas serán en la redes sociales y plataformas informáticas, en la nube digital. Sin embargo, la autoridad electoral se niega a controlar, lo cual genera un absoluto desequilibrio y falta total de condiciones de equidad en la participación político electoral.

P. ¿Tiene alguna expectativa sobre los resultados electorales?
R. Una mala expectativa, ya que con la falta de legitimidad de origen de los candidatos, al no haber sido seleccionados en forma democrática, con verdaderas elecciones primarias universales, obligatorias y secretas, ni tampoco en procesos electorales internos de los partidos con la votación de sus afiliados, (que de paso no quieren que se enteren que no lo tienen en función de las adhesiones y afiliaciones que dicen tener ) es una suerte de quien gana la guerra en la selva digital electoral. La maldad digital está funcionando desde hace rato y sin controles no se puede esperar mucho.

P. ¿Entonces las autoridades electorales están completamente ausentes y tampoco hay normas que garanticen una contienda electoral justa?
R. Totalmente. A ello abona la falta de reglamentación adecuada y diferenciada de lo que son actos de gobierno, actos de campaña, actos de proselitismo político, actos de respaldo partidario o político, actos de promoción partidaria, actos de promoción y propaganda electoral, diversos tipos de publicidad tradicional y digital. Además los actos en plataformas informáticas y en la nube digital, la valoración de cada segundo expuesto en medios y sistemas digitales. Si no hay todo esto, el CNE esta perdido y la competencia no será justa. El resultado es indescifrable.

P. ¿En este contexto, cuáles son los desafíos y prioridades para la sociedad civil?
R. Hoy más que nunca, viviendo y sintiendo todo este proceso de anomia política, de desintegración de la sociedad, de desinstitucionalización democrática, de imperio de la corrupción en todos los niveles, desde corruptelas hasta grandes negociados, es un imperativo y obligación cívica y moral de los ciudadanos empoderarse de la situación y construir una reingeniería política de todo el sistema democrático. Este modelo colapsó y nos está llevando a un abismo profundo o a una especie de hoyo negro infinito, en el cual reina la maldad, la codicia política, la corrupción. El engranaje de trabar toda iniciativa, los trust de corrupción seguirán, la narcopolítica dominará el régimen nada democrático de los partidos, los ciudadanos estaremos sometidos sino hacemos conciencia de lo que se viene. Debemos reconstruir a la sociedad y a sus sistemas político, electoral y de partidos. Hay que ciudadanizar la política no a través de la democracia representativa sino de la democracia social participativa.

Tres jueces de la sala penal de la Corte Provincial de Pichincha desecharon la Acción de Protección que el Tribunal Anticorrupción concedió en junio, y suspendió la explotación minera en La Maná, Cotopaxi, por los sistemáticos y graves daños al ambiente y especies. El mes pasado, tres instituciones del Gobierno y la minera Comiange apelaron la suspensión, que fue conocida y concedida por la Corte, en apenas dos días. Así, la empresa sigue con la extracción, aunque no tiene una licencia del Ministerio de Ambiente. En Estero Hondo (foto) hay evidencias de piscinas con agua contaminada, producto de la explotación de oro.   

Redacción Código Vidrio

Dos días laborables les tomó a los tres jueces de la Corte provincial penal de Pichincha revisar 927 fojas que tienen los 10 cuerpos de la Acción de Protección, demandada por la explotación minera ilegal de la empresa Comiange en La Maná, en Cotopaxi.

Esa apresurada revisión incluyó la sentencia que el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado emitió en este caso, el 25 de junio pasado, aceptando la Acción de Protección. Ese fallo había ordenado la suspensión inmediata de todas las actividades extractivas de la minera por los severos daños ambientales causados y la operación, sin licencia ambiental, en medio de la inacción de entidades gubernamentales para frenar sus operaciones, hasta que repare los daños causados y cumpla la ley.

Ese pronunciamiento fue epelado por los ministerios de Ambiente, de Energía y Minas, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), así como de Comiange. La impugnación se subió al Sistema de Trámite Judicial (Satje), el jueves 26 de septiembre pasado. Ese día fue conocida por los jueces Lady Avila Freire (ponente), Diana Fernández León, y Xavier Barriga Bedoya, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha.

El martes 1 de octubre -cuatro días después- los jueces aceptaron la apelación y revocaron la sentencia del tribunal anticorrupción, argumentado que las entidades gubernamenamentales demandadas sí cumplieron sus funciones de control. Además que la empresa no ha violado los derechos de la naturaleza ni de la seguridad jurídica, por lo cual no cabía ninguna suspensión de sus actividades ni la caducidad de las tres concesiones mineras que posee, desde 2016.

El fallo contradice el pronunciamiento de los jueces del tribunal de primera instancia, que se tomaron 20 días para analizar los alegatos de la Acción de Protección, tras escuchar a todas las partes en audiencia.

La demanda fue impulsada por la empresa embotelladora Acquad´or CA, fabricante del agua Splendor, que tiene su planta en La Maná. Esta compañía opera en una zona próxima a los sitios de impacto por la explotación minera, que según decenas de informes de los ministerios de Ambiente y Minas, expedidos desde 2016, ha causado daños y contaminación con metales, desechos peligrosos y combustibles sin ningún tratamiento técnico.

¿Las autoridades a espaldas de la ley?

No obstante, y pese a las prácticas sistemáticas de contaminación, ninguna autoridad ha aplicado lo que establece la Ley de Minería, declarando la caducidad de los títulos mineros en las concesiones Ximena, Ximena 1 y Campo Norsul, según el abogado de Acquad´or CA, Gonzalo Muñoz. Él no ocultó su preocupación por la premura con que los jueces estudiaron el caso y desecharon el pronunciamiento de primera instancia.

La falta de una licencia ambiental por más de ocho años, precisamente fue uno de los argumentos centrales que respaldó el fallo del Tribunal Anticorrupción para aceptar parcialmente la Acción de Protección. Por eso, los jueces dispusieron que las autoridades de control sean las encargadas de verificar que la empresa suspenda sus operaciones, lo cual nunca ocurrió. Entre junio y octubre, la explotación de oro en las concesiones de Comiange continuó en las noches, y supuestamente estuvo a cargo de mineros ilegales.

No obstante, la sala Penal de la Corte Superior aceptó los alegatos de Ambiente, Minas y la Arcom, que tuvieron un aliado en la Procuraduría, defendiendo la misma tesis para deslindar su responsabilidad.

Así, se alinearon con Cominage, que asegura que ninguna de sus actividades está fuera de la ley. “Las compañías concesionarias gozan de un título debidamente inscrito y, como ha dicho el Ministerio del Ambiente, el licenciamiento ambiental se encuentra en trámite para el año 2023. Todas y cada una de las acciones que han realizado los entes de control, con el pasar del tiempo, han sido subsanadas en cuanto ha correspondido y se han aceptado las sanciones”.

La minera indicó en la apelación judicial que Ambiente tenía seis meses para responder el pedido de licenciamiento, pero no lo hizo por lo cual “se entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades mineras. Es decir, estamos trabajando bajo el amparo de la norma (…). El Ministerio no se da abasto y no contesta los licenciamientos ambientales dentro del término de seis meses que establece la ley”.

“Inacción y complicidad de funcionarios”

Ante la última decisión judicial, la empresa Acquad’or hizo público ayer domingo un comunicado dirigido al presidente Daniel Noboa, denunciando la inacción de varias instituciones del Estado y la complicidad de ciertos funcionarios que “responden a intereses ajenos al país”, en el contexto de los fallos judiciales sobre las operaciones de Comiange.

“Señor Presidente, su intervención es indispensable para detener estos abusos. Esto no sería posible sin la complicidad de funcionarios del ARCOM y la pasividad del SRI, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, que han observado este problema sin actuar de manera efectiva”, dice la carta. “Esta semana hemos solicitado la caducidad de las concesiones mineras de Comiange S.A. por evasión tributaria; por considerarse minería ilegal; por contaminar del agua y por el grave daño ambiental que han causado. Creemos que esta medida es fundamental para frenar la devastación y restaurar el respeto a la legalidad y los derechos de la naturaleza”.

En la apelación ante la sala penal de la Corte Superior, los abogados de las cuatro entidades públicas coincidieron en un argumento medular, que también fue defendido por Comiange: todas las instituciones han realizado acciones de control y seguimiento -aseguraron- emitiendo informes donde detallan las violaciones legales y prácticas antitécnicas de la compañía, propiedad de Miguel Angueta Enríquez y Guido Angueta Hinojosa, quienes cedieron sus derechos mineros a favor de la compañía la Maná Rome Gold S.A.

Al contrario de lo que estimaron los jueces del Tribunal Anticorrupción, la Corte Superior no encontró ningún impedimento para que Comiange siga con sus operaciones extractivas, aunque no cuente con una licencia ambiental del Ministerio de Ambiente desde hace ocho años. Para los jueces basta que la licencia esté en trámite, aunque el incumplimiento de ese requsito ha sido indefinido y sistemático desde 2016.

Muñoz dijo que presentarán una nueva Acción de Protección ante la Corte Constitucional, pues hay evidentes violaciones a los derechos de la naturaleza y al debido proceso, que fueron desestimadas por la Corte Superior sin un análisis profundo ni motivado en un tiempo prudencial.

Incluso en su fallo los jueces, que acogieron la tesis de Comiange y las entidades estatales demandadas, los jueces indicaron que en este caso no es facultad del poder judicial establecer sanciones, como la suspensión o la caducidad, que solo les competen a las autoridades administrativas por incumplimientos legales.

Pese a que la consecuencia de no contar con licencia ambiental implica, según la ley, la sanción de perder las concesiones, para la Corte Superior esa decisión solo le compete al Ministerio de Minas, lo cual también fue defendido por la Procuraduría.

Es más, en su alegato de apelación Ambiente admitió que las tres concesiones mineras están en un proceso de regularización, no tienen licencia ambiental. “Debido a que no cuentan con licencias ambientales, se ha iniciado procesos de control en los cuales se han realizado informes técnicos, requerimientos de información de Comiange, por lo que se han emitido sanciones que han sido ratificadas por la parte accionante y se han establecido sanciones pecuniarias y legales”.

La Corte también acogió el criterio de la ARCOM que en su descargo indicó que no se ha podido probar cuál es la afectación real a la naturaleza. “No hay una prueba contundente más allá de todos los aspectos documentales que han sido añadidos al expediente”.

Sin embargo, durante el proceso judicial se presentaron 48 informes de las entidades de control que demuestran incumplimientos sucesivos legales de Comiange S.A.  También demuestran el amedrentamiento a funcionarios de Ambiente en la última inspección realizada a las concesiones, en septiembre.

Acquad’or pidió que el Gobierno impulsé la denuncia presentada por el Ministerio de Ambiente a la Fiscalía el 18 de julio de 2022.  Esa demanda incluye todos los informes de esa cartera de Estado  y ARCOM. Ahí se evidencia -indica la embotelladora- la quema de residuos, la descarga a ríos, quebradas y esteros de aguas contaminadas, la contaminación con químicos y lubricantes de las capas del suelo y subsuelo, la desviación de los cursos hídricos y el desacato de las órdenes de suspensión establecidas por las autoridades, desde junio hasta septiembre, cuando la Corte se pronunció.

El embajador de Estados Unidos, Art Brown, cumplió sus primeros 100 días de funciones en Ecuador. En este lapso firmó un acuerdo de cooperación en seguridad por $25 millones de dólares para aumentar las capacidades del gobierno y anunció una inversión adicional en desarrollo de $39 millones, para fortalecer la democracia y la gobernabilidad.

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En sus primeros 100 días en funciones en Ecuador, el embajador de los Estados Unidos, Art Brown, enfocó su gestión en prevenir y responder a las amenazas y a los crímenes transnacionales, así como fortalecer la aplicación de la ley y el Estado de Derecho.

Desde su llegada al país, ha llevado a cabo actividades centradas en fortalecer la relación bilateral y fomentar una comunidad más unida y segura. Su objetivo es crear lazos con las comunidades locales, comprender sus necesidades y trabajar juntos en objetivos comunes, según un comunicado de la embajada.

Brown firmó un acuerdo de cooperación en seguridad por $25 millones para aumentar las capacidades del gobierno y anunció una inversión adicional en desarrollo de $39 millones, para fortalecer la democracia y la gobernabilidad. Además, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación de los efectos del cambio climático, la seguridad ciudadana y la reactivación económica.

Una prioridad de Brown es apoyar al Gobierno para enfrentar la crisis del cambio climático que ha causado graves incendios en varias provincias y severas sequías. Para mitigar los incendios forestales, la ayuda del Gobierno de EE.UU. alcanza ya los $230.000. También continúa trabajando estrechamente para analizar los fenómenos que afectan la producción de energía y definir estrategias del sector privado. Así se busca diversificar las fuentes de generación de energía.

El Embajador visitó Guayaquil y Esmeraldas, donde destacó la importancia de una comunidad fuerte como elemento crucial para mejorar la seguridad en el país. “El Ecuador me ha recibido con los brazos abiertos. Compartir con sus comunidades en estos primeros días me ha permitido conocer la valentía y determinación de los ecuatorianos”, expresó el Embajador.

Todos los destituidos están vinculados por favorecer supuestos delitos en los casos Metástasis, Purga y Plaga, que tienen como protagonista central al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. 

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El Consejo de la Judicatura destituyó a 25 servidores judiciales que están siendo investigados en los casos Purga, Plaga y Metástasis.

El Consejo informó que seguirá aplicando sanciones  contra los servidores que han incurrido en actos irregulares durante el ejercicio de sus funciones. Entre los destituidos hay 18 jueces y juezas, tres fiscales y cuatro secretarios.

Para el exvocal del Consejo, Fausto Murillo, la decisión es positiva. Sin embargo -observó- es cuestionable que ha sido la Fiscalía la que puso en evidencia los presuntos delitos de los servidores judiciales y no el órgano administrativo de la Judicatura. «Es decir, luego de la intervención de la Fiscalía, recién se activa el régimen disciplinario. Esto evidencia que la Dirección Nacional de Transparencia y la Subdireccion Nacional de Control Disciplinario carecen de iniciativas en la investigación de infracciones disciplinarias», destacó Murillo.

De 25 funcionarios destituidos, la mayoría está relacionado con el caso Plaga. En ese proceso se investiga una supuesta delincuencia organizada relacionada con el pago de favores judiciales a favor de personajes políticos y servidores del poder Judicial. Aún está pendiente la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En el caso están involucradas trece personas, con el exdiputado socialcristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, y varios exjueces, a la cabeza. Precisamente Gallardo es una de las judiciales que fueron despedidas por la Judicatura.

En el juicio Metástasis se investiga el delito de delincuencia organizada relacionada con una red de corrupción que favorecía con fallos judiciales al ahora fallecido narcotraficante Leandro Norero, sus familiares y amigos. Hay 30 personas llamadas a juicio, entre las que constan el expresidente de la Judicatura Wilman Terán, el exlegislador correísta Ronny Aleaga, el empresario Xavier Jordán. y Christian Romero, abogado de Norero.

Mientras que en el caso Purga se investiga también una estructura de delincuencia organizada. Están  involucrados policías, jueces, funcionarios y abogados, para favorecer a criminales y políticos. Hay 31 investigados. Este lunes, 21 de octubre, está convocada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

Los 25 destituidos por la Judicatura corresponden a dependencias de cinco provincias: Guayas, Santo Domingo, Manabí, El Oro, Cotopaxi.

LISTADO DE LOS FUNCIONARIOS DESTITUIDOS

 En Ecuador se han detectado, con medios satelitales empleados por un organismo privado, 2.000 hectáreas de hoja de coca, sembradas los tres últimos años, según afirmó el presidente Daniel Noboa. No obstante, este año los militares solo han descubierto seis plantaciones en Sucumbíos, que suman 16 hectáreas, debido a que disminuyeron los operativos y personal, que fue
asignado a otras misiones en el resto del país, desde enero pasado. 

Las organizaciones armadas transnacionales han convertido a la Amazonía andina en un territorio en disputa para sus actividades, por la débil presencia del Estado. En Colombia las fuerzas militares no tienen
presencia ni puestos fijos de control en la frontera.

Desde 2018, los cultivos ilegales de hoja de coca han tenido un aumento alarmante en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Este fenómeno ha provocado también una severa deforestación, así como asesinatos de
líderes indígenas y la invasión de sus territorios y áreas protegidas.

El avance de los cultivos coincide con el fortalecimiento de seis grupos criminales que tienen el control territorial en las
fronteras amazónicas de Colombia, Brasil y Ecuador.

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El anuncio sorprendió a muchos, incluidos militares y policías. En Ecuador se han detectado 2.000 hectáreas de hoja de coca, gracias a información satelital obtenida con asistencia internacional, dijo anoche el presidente Daniel Noboa en cadena nacional. “No nos haremos de la vista gorda, cerraremos las puertas a estas organizaciones, vamos por su financiamiento. Este 11 de octubre ya empezaron las operaciones”, agregó Noboa, quien responsabilizó de esas acciones a grupos narcoterroristas locales relacionados con organizaciones criminales internacionales.

Al día siguiente del anuncio, se desató una polémica por la cifra, que no era conocida ni había sido socializada entre las cabezas de las unidades militares que operan en las zonas donde se ubican los cultivos en el estudio. La cúpula e FF.AA. no se ha pronunciado oficialmente sobre el estudio.

Fuentes de Inteligencia dijeron a Código Vidrio que efectivamente hay un avance importante de los cultivos en las zonas selváticas fronterizas ecuatorianas con Colombia, pero que es la primera vez que conocen que existe una cuantificación de los cultivos ilegales, que está fuera de los parámetros que ellos tienen.

Lo cierto es que desde enero pasado, la mayoría de uniformados de Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, disminuyó su presencia en personal y los operativos en esa zona, para desplazarse a otras ciudades y provincias para enfrentar a los grupos criminales y atender funciones de control en las cárceles, zonas de minería ilegal, puertos del país, así como en las hidroeléctricas y otros sectores estratégicos. “Estas estructuras narcodelictivas están tratando de controlar importantes corredores de movilidad de trasporte de drogas desde Colombia hacia los puertos de Guayaquil y Manabí”, según un reporte de Inteligencia.

El sinnúmero de funciones asignadas a los militares y la Policía, en especial desde inicios de este año cuando Noboa declaró el estado de guerra interna contra los grupos nacoterroristas, mermó el control en las provincias amazónicas, vecinas al Putumayo colombiano, donde se produce más de 60% de la coca, al igual que Nariño, frente a Carchi y Esmeraldas.

En el cordón fronterizo con Colombia los grupos disidentes, aliados con bandas narcodelictivas y redes de cooperantes ecuatorianas, ejecutan nuevas dinámicas para el procesamiento de pasta base de coca. Eso incluye centros de concentración, tecnificación, mejoramiento de los procesos de la siembra, extracción, producción y comercialización de la droga. Así expanden sus cultivos especialmente en áreas protegidas con el apoyo de las comunidades indigenas, que adquieren los precursores quimicos para actividades agrícolas.

Destruyen plantación de 2,5 hectáreas

Este medio confirmó que el viernes pasado el Ejército ecuatoriano detectó en el sector de Manzoya, en el cantón Putumayo, en Sucumbíos, una plantación de 2,5 hectáreas de hoja de coca.

Los uniformados del Batallón de Selva 25 Putumayo, parte de la Brigada Napo 19, ubicaron los sembradíos en un barrido, gracias a la información de inteligencia del GIM87 Amazonas.

Durante el reconocimiento del lugar, los militares identificaron una estructura de madera utilizada como laboratorio para el procesamiento de pasta pase de cocaína y hoja de coca. En el sitio los uniformados también hallaron víveres, una balanza, hoja de coca picada, una moto guadaña y repuestos.

Tras acordonar el lugar, los militares incineraron las plantas de coca, así como la estructura complementaria para su acopio y procesamiento bruto. Según un informe, la destrucción de estos sembríos afecta la producción aproximada de 15 kilos de clorhidrato de cocaína, valorada en 40.000 dólares.

Oficiales del Ejército ecuatoriano realizaron coordinaciones con sus homólogos colombianos para reforzar la seguridad, desde sus embarcaciones en territorio colombiano, durante la ejecución de la operación militar, el viernes pasado.

Según un reporte de Inteligencia, las plantaciones y laboratorios que operan en el límite frontertizo, en Sucumbós y Orellana, son controlados por los Comandos de la Frontera, que mantienen alianzas criminales con Los Lobos y Los Choneros, tanto para el narcotráfico como para la minería ilegal.

Esos sembradíos  están orientados inicialmente para la producción de pasta base de cocaína, que luego es transportada a los laboratorios, donde es tratada con precursores químicos para convertirla en clorhidrato de cocaína. Los grupos armados cuentan con el apoyo de habitantes de los sectores aledaños, que son parte de las redes de apoyo logístico y de alertas sobre operaciones del Ejéricto. Otro factor que ha agravado esta dinámica son los diálogos para llegar a un acuerdo de paz que el gobierno colombiano mantiene con grupos armados, que han aprovechado la tregua para aumentar la producción de cocaína.

Entre agosto del 2022 y abril pasado, el Ejército descubrió ocho laboratorios en el lado ecuatoriano, la mayoría en Esmeraldas. En lo que va del año se han descubierto seis plantaciones en Sucumbíos, que suman 16 hectáreas.

Débil presencia estatal facilita acciones criminales

 El aumento de los cultivos ilegales de coca no es reciente, ni coyuntural.  Desde 2018, las organizaciones armadas transnacionales han convertido a la Amazonía andina en un territorio en disputa para sus actividades, debido a la débil presencia de los estados. Los cultivos ilegales de hoja han tenido un aumento alarmante en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.

Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, con sus socios La Silla Vacía, Vistazo, Código Vidrio y El Deber, reveló en junio pasado https://www.codigovidrio.com/code/narcodeforestacion-el-nuevo-mapa-de-la-coca-destruye-la-amazonia-andina/cómo la reconfiguración de los poderes criminales está transformando el mapa de la droga en la región y expandiendo el control en la selva baja.

Las zonas de la Amazonía en donde los últimos años se están extendiendo los cultivos de hoja de coca son las localidades fronterizas. Así ocurre en la frontera de Perú con Colombia y Brasil, en la denominada triple frontera: las plantaciones crecen en las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí. Pero también ocurre hacia el sur, en la frontera de Perú con el estado de Acre (Brasil), y en los límites de Bolivia con Perú y Brasil. Y se repite, en el norte, en la frontera de Ecuador con Colombia. Este fenómeno ha provocado también una severa deforestación, así como asesinatos de líderes indígenas y la  invasión de sus territorios y áreas protegidas.

Severa deforestación

En Sucumbíos, límite con la provincia colombiana del Putumayo y la provincia peruana del mismo nombre, la deforestación pasó de 6.824 hectáreas en 2020, a 9.146 hectáreas en 2022, lo que representa un incremento del 34%. Es la segunda provincia de la Amazonía ecuatoriana con mayor pérdida de bosques. En primer lugar se ubica Morona Santiago, también frontera con Perú, con 9.828 hectáreas deforestadas el 2022.

Desde las riberas de los ríos Putumayo, que atraviesa  Brasil, Colombia y Perú, y Yavarí, que separa Perú de Brasil; hasta las fronteras de Perú con Bolivia y Brasil, los cultivos de hoja de coca se extienden en Ecuador, Perú y Bolivia impulsados por grupos criminales que captan y muchas otras veces, invaden los territorios de las comunidades indígenas para forzarlos a sembrar coca.

Seis grupos criminales se fortalecen

El avance de los cultivos coincide con el fortalecimiento de seis grupos criminales que tienen el control territorial de estas fronteras amazónicas: Primer Comando Capital y el Comando Vermelho (de Brasil, con influencia y presencia en Perú), Comandos de la Frontera y Frente Carolina Ramirez (de Colombia, con influencia y presencia en Ecuador y Perú), y Los Lobos y Los Choneros (de Ecuador, con presencia en Perú).

El auge del tráfico de drogas en la región ahora tiene como principal foco de disputa el territorio amazónico, según informes y expertos consultados. Mientras Perú, Colombia y Bolivia continúan siendo el epicentro de la producción de cocaína en el mundo, y Ecuador dejó de ser una zona de tránsito para convertirse en el centro de la distribución, las mafias del narcotráfico han puesto su atención en la invasión de tierras indígenas y bosques amazónicos para extender la frontera de la hoja de coca ilegal.

Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico identifica que la reconfiguración de las organizaciones criminales está modificando el mapa de la droga, expandiendo los cultivos ilegales de hoja de coca en áreas protegidas.

Solo entre 2018 y 2022, según cifras oficiales, la deforestación en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú superó el millón de hectáreas. Pero la situación más alarmante se presentó en Bolivia, donde la pérdida de bosques alcanzó, solo el 2023, más de 696 mil hectáreas, que representa un aumentó del 27 % respecto al año anterior, según los reportes de Global Forest Watch.

Gran parte de esta destrucción está relacionada al avance de las plantaciones de coca sobre suelos de bosques.

El análisis de datos espaciales y estadísticos realizado revela que en Perú el 64% de la deforestación (356 mil hectáreas) correspondió a zonas de la Amazonía donde los cultivos de coca se han acentuado.

Acelerados por la innovación genética, la tecnificación de recursos, el empoderamiento de actores criminales internacionales que han tomado el control de las plantaciones y de las rutas hacia Brasil, se ha impuesto un nuevo orden en el mercado de la coca en medio una crisis que atraviesa el precio de la hoja de coca en Colombia.

• En 2023, tres pequeñas empresas mineras de oro en Ecuador exportaron 268 millones de dólares en oro a los Emiratos Árabes Unidos y la India, 20 veces más que en 2022, según una investigación de Mongabay y Código Vidrio.
• La cantidad de oro que las empresas afirman haber procesado no tiene sustento técnico, según expertos de la industria. Las inspecciones de sus concesiones no muestran indicios de que hubo operaciones formales de minería.
• Más del 35% de las exportaciones de oro de Ecuador proviene de empresas mineras de oro a pequeña escala, pero las irregularidades en su origen, permisos y operaciones, así como una crisis continua en la capacidad de monitoreo de las autoridades, sugieren que la mayoría de estos actores están comercializando oro de fuentes ilegales.
• Nuestra investigación muestra que las autoridades aprobaron permisos de exportación principalmente sin verificación en el sitio; y aunque el registro minero del país fue suspendido en 2018, la agencia a cargo continuó aprobando concesiones mineras.
• Hay 150 comercializadoras que registran direcciones inexistentes, sin un RUC actualizado, por lo que se presume que son de papel; la mayoría no tiene empleados. Eso se identificó tras controles del SRI a la actividad económica de cerca de 200 contribuyentes dedicados a la minería.

Por Arturo Torres y Dan Collyns, alianza Código Vidrio – Mongabay
Con apoyo del Fondo del Centro Pulitzer

Alrededor de una cuarta parte de las exportaciones de oro de Ecuador provenientes de la minería a pequeña escala en 2023 se originó en solo tres empresas: Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals. Sus exportaciones de 268 millones de dólares en oro a los Emiratos Árabes Unidos e India fueron aproximadamente 20 veces más que el comercio similar del año anterior. Una investigación de ocho meses sobre sus actividades, realizada por Mongabay y Código Vidrio evidencia que las exportaciones se realizaron a través de un esquema de certificados y permisos maquillados, con oro extraído de minas que en realidad no existen. Esta operación fue facilitada por la débil o inexistente supervisión gubernamental y la corrupción.

Los últimos años han evidenciado un auge en los negocios de minería de oro a pequeña escala en Ecuador. Por primera vez desde 2020, las exportaciones de los productores de oro a pequeña escala alcanzaron los 1.260 millones de dólares en 2023, superando los 1.170 millones de dólares en envíos de Aurelian, la única empresa de minería de oro  a gran escala en Ecuador, en etapa de explotación. Este auge ocurrió mientras el crimen organizado ha afianzado su control sobre la minería artesanal e ilegal de oro, a través de la violencia y la extorsión. Las tasas de homicidios aumentaron cinco veces entre 2019 y 2023, afectando en particular a las comunidades indígenas y campesinas, así como a los ecosistemas frágiles y ricos en recursos de las regiones amazónicas.

Mientras los periodistas de esta alianza seguían el rastro de todas las anomalías y los esquemas fraudulentos de este fenómeno, el 2 de septiembre pasado la Policía y la Fiscalía allanaron la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), así como el Ministerio de Energía y Minas, como parte de una investigación sobre irregularidades en la autorización de nuevos permisos y concesiones para la minería a pequeña escala. Aunque el registro minero fue suspendido a principios de 2018, entre 2019 y 2024 con la venia e inacción de la Agencia se otorgaron más de 650 concesiones, según los informes de los investigadores.

Los documentos y pruebas que revisamos, así como los testimonios y entrevistas para esta investigación, señalan que Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals y, al menos, otras 15 compañías y 18 personas, obtuvieron oro de diversas fuentes, que en su mayoría serían ilegales, con la complicidad o silencio (por temor a retaliaciones delictivas) de las autoridades de control minero. Esto fue corroborado en entrevistas con funcionarios y exfuncionarios.

Los casos de estas empresas, cuyas ganancias han aumentado 10 veces o más, en menos de un año, indican que la regulación débil, la corrupción y el crimen organizado han permitido que multimillonarias ganancias del narcotráfico se laven a través del oro extraído ilegalmente, según reveló nuestra investigación.

Desde 2020, la minería ilegal y la criminalidad se han duplicado. Esto, según Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, coincide con el cierre de ARCOM en 2020. El presidente Daniel Noboa reestableció la agencia en agosto de 2024, ante el despunte de la minería ilegal.

“Los controles sobre la minería ilegal cayeron, todo se volvió más laxo, las verificaciones técnicas y auditorías disminuyeron debido a la drástica reducción de personal y recursos”, dijo Benalcázar. “Se comenzaron a crear empresas sin ninguna verificación, y prácticamente podían exportar lo que quisieran, sin ningún límite”.

«Pequeños comerciantes»

A pesar de sus ingresos astronómicos, Rockgolden y Rocadorada (fundadas entre 2021 y 2022, según el registro de la Superintendencia de Compañías) no son empresas formales. Son lo que se conoce como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), un esquema especial que Ecuador introdujo en 2020 para apoyar a los pequeños emprendedores durante la pandemia de COVID-19.

Según analistas consultados, las SAS son ideales para el lavado de dinero porque facilitan la creación de empresas de papel. Se pueden constituir con un capital de $1, un solo propietario y sin verificaciones de antecedentes. Eso se acaba de revelar en el  expediente del caso Pampa, la investigación penal contra Dritan Gjika, uno del los cabecillas de la mafia albanesa, que traficaba cocaína a Europa desde Guayaquil. Él y otros 20 procesados lavaron USD 31 millones, mediante empresas de papel y otras relacionadas. La mayoría eran SAS.

Después de la pandemia, grupos familiares, especialmente de las provincias costeras de El Oro y Guayas, crearon decenas de empresas, incluidas SAS. “Hemos observado la presencia de personas naturales y jurídicas que no se dedican a una sola actividad en el sector, sino a varias, y camuflan sus operaciones reales al solicitar licencias y permisos a las agencias públicas”, según un informe de 2021 de la Organización de los Estados Americanos sobre minería de oro ilegal en Ecuador.

CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE ROCKGOLDEN, SOULMETALS Y ROCADORADA, COMPARADOS CON EL DE AURELIAN

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“Más del 35% de las exportaciones de oro de Ecuador proviene de la minería a pequeña escala, y una parte significativa de la minería ilegal y del lavado de dinero. Así es como la criminalidad minera explotó, estos no son casos aislados,” nos dijo Benalcázar. “Hay empresas que se multiplicaron y pagan pocos o ningún impuesto. Otras venden a través de aquellas que tienen licencias de exportación; cualquiera puede exportar, con o sin concesión,” señaló.

Nuestra investigación no encontró controles sistemáticos del Servicio de Rentas Internas (SRI) ni la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para verificar si estas empresas habían pagado impuestos o estaban involucradas en alguna irregularidad financiera o lavado de dinero. Tampoco la Superintendencia de Compañías ha intervenido para detectar y denunciar las irregularidades. La información que recaba Inteligencia del SRI solo es conocida por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y no es formalizada en ninguna investigación de la Fiscalía. Hay una ausencia total de coordinación interinstitucional para enfrentar estos casos.

No obstante, este año el SRI detectó que existen 150 firmas comercializadoras que registran direcciones inexistentes, sin un RUC actualizado, por lo que se presume que son de papel; la mayoría no tiene empleados. Eso se identificó tras controles del organismo a la verificación de actividad económica a cerca de 200 contribuyentes dedicados a la minería.

Patrón fraudulento

Desde 2020 hasta la primera mitad de 2024, cuando ARCOM fue cerrada, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) asumió sus responsabilidades. Durante este tiempo, aprobó certificados de producción y permisos de exportación para Rocadorada, Soul Metals, Rockgolden y otras pequeñas empresas mineras. Lo hizo sin poder verificar los lugares de procedencia del oro extraído y procesado, según los documentos que revisamos. La Ley establece que la autoridad a cargo solo debe revisar y aprobar que los documentos estén en orden y cumplan los requisitos formales.

A través de estos documentos, así como del registro minero, guías de exportación y pagos de impuestos, encontramos que los permisos de exportación y certificados de producción parecían seguir un patrón fraudulento.

“Estas empresas tuvieron un aumento de envíos de oro que no corresponde con su condición de pequeñas mineras,” dijo un exfuncionario de la Agencia que pidió permanecer en el anonimato por seguridad. “Las cantidades exportadas y los pagos multimillonarios recibidos no coinciden con sus informes de producción y procesamiento del mineral”.

“Al cruzar los datos reportados en 2022 y 2023, es muy probable que la fuente del oro exportado provenga de la minería ilegal,” nos comentó el exfuncionario.

Los certificados de exportación de las empresas con envíos inusuales contienen pruebas claras que apuntan a irregularidades. En particular, hay discrepancias entre las cifras de producción y exportación, según pudimos detectar al revisar esos documentos, lo cual también fue corroborado por expertos consultados para esta investigación.

Por ejemplo, en un certificado de exportación, Rockgolden declaró que en agosto de 2022 había procesado 4.588 toneladas métricas de mineral en 13 días en la concesión DENIS UNO, en la parroquia Bella María, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. De esta actividad, que ascendía a un promedio de 353 toneladas métricas de material extraído diariamente, obtuvo 43 kilogramos (95 libras) de oro puro, que vendió a una empresa en Dubái por 2.2 millones de dólares.

§ En 2023 el Estado recibió ingresos por regalías del sector minero de 207,6 millones de dólares. Una parte significativa de esos fondos, más de 80 millones provino del pago por exportaciones de oro y otros minerales.  

Aunque estas cantidades fueron validadas por las autoridades, una fuente de una empresa minera legal en la provincia de Azuay dijo que las cifras de producción señaladas por las sociedades eran desmesuradas. “Nuestra empresa tiene 700 empleados formales y es capaz de procesar 700 toneladas al mes, aproximadamente 40 toneladas al día, con lo cual obtenemos alrededor de 12 kilos (26 lbs) de oro,” dijo la fuente, y agregó que las empresas mineras a pequeña escala solo tienen permitido procesar hasta 300 toneladas métricas diarias. “Ninguna empresa de este tipo tiene esa capacidad máxima de producción.”

LA CADENA DE SUMINISTRO DE ORO EN ECUADOR

Entre julio y agosto de 2023, Soul Metals exportó 59 kg (130 lbs) de oro de un total de 2.500 toneladas métricas de mineral procesado. “Ninguna empresa minera legal a pequeña escala puede producir más de 15 kilos (33 lbs) al mes, debido a los costos, el uso de maquinaria y la capacidad de producción. Solo Aurelian puede producir más de 20 kilos (44 lbs),” afirmó la fuente.

La concesión DENIS UNO, que pertenece a Rockgolden, fue otorgada en octubre de 2013. Sin embargo, Rockgolden fue creada como una SAS en 2022. Entre 2017 y 2022, esta área, ubicada en Machala, estaba a nombre de Germán Arias Pauta, con el catastro 098697480. Y en diciembre de 2022 el dueño hizo la cesión y transferencia de la concesión a Rockgolden. “Ninguna SAS puede tener un área minera, ya que las últimas concesiones fueron otorgadas en 2017, cuando se cerró el registro minero, y en ese momento no existían este tipo de empresas,” dijo la fuente en Azuay.

Según un mapa en tiempo real al que accedimos a través del Geoportal del Catastro Minero de ARCOM, no existen minas ni instalaciones mineras operativas en esa concesión.

CATASTRO MINERO

Rocadorada no tiene empleados, al menos ninguno está registrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según fuentes de ese organismo. Soulmetals registra dos trabajadores en el IESS. Ambas empresas, según la magnitud de su explotación y producción deberían contar con una nómina de, al menos, 1.000 empleados cada una, según estima un representante de una compañía minera, que pidió el anonimato.

Este no es un caso aislado. Las concesiones mineras declaradas en los documentos de exportación se ubican en lugares donde no hay actividad minera visible, solo se aprecian ríos y aldeas, modestos caseríos. Según los mapas que revisamos para esta investigación, estas áreas no tienen entradas a minas, presas de relaves ni sitios de desechos.

“La falsificación de certificados de origen, como parte de la cadena de producción de minería ilegal, es una de las actividades más rentables dentro de los eslabones de producción ilícita, ya que el intermediario compra oro ilegal a aproximadamente el 60% del valor del mercado y lo vende a alrededor del 95%,” nos dijo Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DTOC) de la OEA.

En ciertos casos, según un investigador de Inteligencia, organizaciones criminales transnacionales con nexos con el narcotráfico crean las firmas en Dubai, la capital de Emiratos Árabes. Luego envían a sus representantes a Ecuador para que creen o adquieran SAS o compañías ya constituidas, obtengan licencias de comercialización y compren oro a mineros ilegales o artesanales. Para sus operaciones cuentan con capitales de decenas de millones de dólares en efectivo, provenientes de actividades criminales, indica el investigador.

La danza de los millones

La magnitud de las inusuales exportaciones de oro comenzó a generar alarmas a mediados de 2023. Entonces Patricio Bonilla, un coronel (r) del Ejército, asumió el cargo de director de ARCERNNR, la entidad reguladora minera desde 2020, tras la destitución de su predecesor, Luis Maingón, en medio de acusaciones de corrupción. Durante la gestión de Maingón, se sospecha que funcionarios alertaban a los mineros ilegales antes de las redadas policiales, particularmente en las provincias de Azuay y Napo, mientras que los reguladores mineros en provincias supuestamente cobraban tarifas y exigían sobornos a representantes de empresas exportadoras de oro para emitir permisos. Maingón dirigía ARCERNNR desde agosto de 2022 y era un colaborador cercano del exministro de minería Xavier Vera, quien fue arrestado tras ser acusado de supuestos sobornos.

Bajo el liderazgo de Bonilla, la agencia reguladora comenzó a descubrir irregularidades en las exportaciones de oro de muchas empresas. Un exfuncionario confirmó que destacaban Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals, registradas en los puertos de Machala y Guayaquil.

En 2023, Rockgolden exportó $71 millones en oro a MHGS Trading DMCC en Dubái, aproximadamente 70 veces más que en 2022. El gerente general de Rockgolden es Guillermo Bolaños, un ciudadano peruano. Shaheen Daniel Hays, un ciudadano estadounidense, es accionista. Ninguno respondió a los correos electrónicos y números de teléfono registrados en la empresa. MHGS Trading DMCC es una subsidiaria de la multinacional comercializadora de oro Metals House Inc., donde Hays figura como socio gerente en Perú.

Por su parte, Rocadorada vendió $110 millones en oro a Dubái en 2023, casi 10 veces más que en 2022. El comprador fue Al Hamra Overseas Trading Llc. Su único accionista es el ecuatoriano Christian Quijije. Los correos enviados a la dirección de Al Hamra no obtuvieron respuesta.

Soul Metals no registró ninguna exportación de oro en 2022, pero al año siguiente envió $81.4 millones en oro a India. El comprador fue A.J. Refinery Private Limited, con sede en India. Creada hace solo dos años, Soul Metals ha cambiado de propietarios y accionistas cuatro veces. Llamamos a los dos números de celular listados en su registro corporativo, pero estaban a nombre de otras personas. Tampoco respondieron a nuestros correos electrónicos.

El modo en que estas transacciones se llevan a cabo parece ser un método de lavado de dinero, según un oficial de inteligencia que consultamos y que solicitó el anonimato por razones de seguridad.

Las ganancias ilícitas del tráfico de cocaína que antes ingresaban al sistema financiero en Ecuador ahora salían del país para ser invertidas en compras de oro en Ecuador, señaló el oficial. Las mismas personas creaban empresas en los Emiratos Árabes Unidos para enviar dinero a Ecuador y así crear empresas ficticias que exportaban el oro a sus propias firmas con sede en Dubái, lavando así el dinero sucio.

La violencia impulsa la minería ilegal

El aumento de las exportaciones de oro se produjo en medio de un incremento de la delincuencia y la violencia en las zonas de minería ilegal de nueve provincias ecuatorianas, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). En la Amazonía sur, donde las bandas criminales han incursionado en la minería ilegal, las tasas de homicidios se han duplicado o incluso triplicado.

Entre enero y junio de este año, las exportaciones bajaron en un 26%. 23 firmas encabezan el listado, incluidas 3 SAS y 8 personas naturales

“La minería de oro ilegal se ha convertido en la actividad criminal más dominante en la región amazónica de Ecuador, dijo Sofía Jarrín, asesora de defensa de Amazon Watch para la Amazonía Occidental y autora principal de un informe reciente sobre bandas de oro.

“Las organizaciones criminales están reinvirtiendo las ganancias del narcotráfico en este lucrativo comercio, alimentando una lucha violenta por el control territorial”, afirmó Jarrín en el informe. “Esta dinámica no solo aumenta la violencia, la extorsión, el reclutamiento y los asesinatos por encargo, sino que también permite la expansión de otros mercados ilícitos, como el contrabando de mercurio, armas y drogas, empoderando aún más a los grupos criminales que custodian los enclaves mineros”.

Aunque no pudimos identificar un vínculo directo entre las organizaciones de narcotráfico y las empresas en cuestión, la hegemonía de grupos criminales en la minería apunta a una industria contaminada. En provincias como El Oro, Azuay, Imbabura, Napo y Zamora-Chinchipe, Los Lobos, una banda aliada con grupos criminales de Venezuela, Colombia y Perú, lucha por el control de la minería ilegal, utilizándola como un conducto para lavar los ingresos del narcotráfico y otros delitos.

Solo en el cantón de Ponce Enríquez, en Azuay, Los Lobos genera alrededor de 3.6 millones de dólares en ganancias al mes. Los operadores de empresas comerciales compran mineral de oro a los líderes de la banda y a los mineros ilegales en sus áreas de influencia, así como de Perú, según el oficial de inteligencia.

Estos intermediarios luego transportan el mineral a plantas de beneficio (procesamiento) en Ponce Enríquez o Portovelo, o en la provincia vecina de El Oro, donde se tritura hasta reducirse a polvo, para luego procesarse químicamente y fundirse en lingotes, que pueden ser exportados por las comercializadoras.

“La minería ilegal es una actividad más segura y lucrativa en la que pueden invertir dinero del narcotráfico y desde la cual pueden lavar los activos más fácilmente”, nos dijo Schulmeister de la OEA. “Es más fácil transportar un kilo de oro que un kilo de cocaína”.

Un exfuncionario que trabajó en la ARCERNRR en el gobierno anterior nos dijo que  las autoridades “solo están allí para legalizar lo ilegal”. Algunos lo hacen por miedo y otros porque son colaboradores y reciben pagos por sus servicios. Otro problema es la falta de personal y presupuesto. En Quito son apenas 20 funcionarios.

En 2023, la Agencia emitió 1.984 certificados de exportaciones de minerales, y 910 hasta junio de este 2024, según informes oficiales.

Inspecciones in situ

El exfunciuonario añadió que, al detectar el aumento en las exportaciones de Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals, la ARCENRNRR decidió en 2023 inspeccionar los lugares de las concesiones de las empresas. “Cuando llegamos… no había movimiento de tierra ni operaciones extractivas importantes. Todo era un montaje. Estimamos que el oro que exportan lo compraban a mineros ilegales en Yutzupino y Punino, en la provincia de Napo, y en Buenos Aires, en Imbabura”.

Cuando en agosto pasado se le consultó sobre el crecimiento explosivo de las exportaciones inusuales, Diego Ocampo, el viceministro de minería en ese momento, dijo que el gobierno había planeado detectar y corregir estas anomalías a través de ARCOM, que fue reinstalado este agosto. Añadió que las autoridades comenzarían a perseguir los delitos en la zona.

Según Ocampo, ARCOM había planeado realizar auditorías de los informes de producción para verificar si los coordinadores zonales estaban llevando a cabo auditorías in situ y si los datos coincidían con lo declarado en los documentos. Su posición frontal le pasaría factura.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE ORO 2018-2023

Ocampo renunció como viceministro a mediados de agosto de 2024, trasv un impasse con el ministro de Energía. En su informe final de gestión, expresó su preocupación por la situación de ARCOM, añadiendo que carecía de personal técnico, administrativo y legal, así como del presupuesto para cumplir con su labor y combatir la minería ilegal.

Según un informe interno de la Agencia que revisamos, otro indicador grave es la falta de reportes consolidados sobre las estadísticas de multas y sanciones impuestas y cobradas, ni informes sobre la distribución de regalías y ganancias mineras. Tampoco existe control in situ del muestreo de minerales, debido a la falta de personal. No hay ningún registro o informe consolidado de auditorías técnicas realizadas en 2023, y mucho menos en años anteriores.

La salida de Ocampo fue una señal de que el actual gobierno tenía serios problemas para empujar la operación de la nueva ARCOM, en medio de un juego de intereses de autoridades del Ministerio de Energía y Minas relacionadas con anomalías en el control de la minería ilegal, que alertó Ocampo. El último pico de esa crisis fue la salida de Mauricio Martínez, quien estuvo frente a la Agencia menos de un mes, y acaba de ser reemplazado por el coronel (r)  Bonilla, a inicios de septiembre.

En octubre de 2023, las autoridades de control minero reunieron pruebas sólidas de exportaciones inusuales por parte de Rockgolden y Rocadorada, que fueron reportadas por presunta evasión fiscal al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

También mantuvieron reuniones con directivos de esas entidades, así como del Centro de Inteligencia Estratégica CIESS, para explicarles los alcances del fenómeno.

Ante un pedido de esta alianza periodística sobre los resultados de la investigación a Rockgolden y Rocadorada y sus representantes, el SRI respondió. “Esta administración Tributaria está en proceso de determinación tributaria a los sujetos pasivos titulares de las concesiones mineras referidas. Sus resultados se emitirán en el marco de los plazos de caducidad de la facultad determinadora. La información proporcionada por la ARCERNNR ha sido considerada en el proceso de control que se encuentra ejecutando”.

Mientras el SRI avanza en la auditoría a esas empresas exportadoras, el director encargado de la UAFE, José Neira, no repondió nuestros pedidos de entrevista y de información sobre el avance de la investigación.

El financiamiento para la investigación de este reportaje provino del Fondo de Periodismo sobre Bosques Tropicales del Centro Pulitzer. https://rainforestjournalismfund.org/

-El remezón que acaba de sufrir el excontralor Carlos Pólit en la Corte de Florida, que lo acaba de declarar culpable de lavado de dinero y sentenciarlo a diez años de prisión, es un duro golpe para el correísmo. En 2007, Pólit fue designado contralor por el entonces presidente Rafael Correa.

-Los diez años que estuvieron en el poder, Correa, Jorge Glas y otros altos funcionarios fueron protegidos por Pólit, con quien tenían línea directa. El juez de cuentas informaba todos los meses a Carondelet sobre los casos sensibles que podrían afectar al régimen.

-En 2008, como una de las primeras muestras de su lealtad, Pólit desvaneció una glosa que Correa tenía impaga desde 1995, por irregularidades en su desempeño como director administrativo en un proyecto con el BID. Nota actualizada este 2 de octubre de 2024.

Redacción Código Vidrio

Uno de los puntales del gobierno de Rafael Correa fue la estrecha cercanía que tuvo, mientras estuvo en el poder, con el entonces contralor Carlos Pólit. Él acaba de ser sentenciado a diez años de prisión, tras  ser declarado culpable de seis cargos, incluidos conspiración y encubrimiento para lavar activos, en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos.

El fallo contra Pólit, de 73 años, es un duro golpe para el correísmo. Desmonta sus denuncias constantes de que el sistema judicial ecuatoriano y los gobiernos de turno han orquestado una persecución despiadada contra quienes ocuparon cargos importantes en su administración.

En abril pasado, tras escuchar el veredicto en el tribunal de Miami, el fiscal Alexander Kramer pidió el encarcelamiento inmediato de Pólit, por riesgo de fuga. Entonces, tres agentes se acercaron al excontralor para detenerlo, mientras él se retiraba la chaqueta y la corbata. Después abandonó el salón para ser trasladado hasta el Céntrico de Detención Federal de Miami, frente a la Corte, según publicó el portal Primicias en una nota de  su enviada, Estefanía Celly.

Ayer, 1 de octubre el Tribunal fijó una pena de diez años de prisión para Pólit, quien puede apelar el fallo ante una instancia superior.

¿Hasta dónde llegó la cercanía de Pólit con Correa?

En febrero del 2007, él fue designado juez de cuentas por el entonces mandatario, de una terna que le envió el Congreso.

El manabita de ascendencia italiana pronto se aseguró la confianza del nuevo régimen, al que protegió sistemáticamente con sus auditorías. Así, ganó dos concursos consecutivos para lograr la reelección como contralor, con notas perfectas. Lo escogió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de siete integrantes, todos incondicionales del gobierno de Alianza País.

Pólit tenía línea directa con Carondelet para informar sobre los casos sensibles que podrían afectar a sus autoridades; se comunicaba permanentemente con Correa y su vicepresidente Jorge Glas. También con representantes de algunas empresas que fiscalizaba, entre ellas Odebrecht. Precisamente, Pólit fue sentenciado en Ecuador por recibir coimas por 10 millones de dólares de esa empresa, a cambio de favores, en contubernio con el régimen. Cuando sospechó que sería procesado por la Fiscalía huyó a Miami, donde tiene varias propiedades.

Pólit fue detenido en Estados Unidos en marzo del 2022, por operaciones de blanqueo de capitales, con la ayuda de otros operadores ecuatorianos, vinculados a casos de corrupción, también investigados por la justicia estadounidense. Con los millonarios sobornos que obtuvo para favorecer al desvanecimiento de glosas de Odebrecht y otras empresas y personas en Ecuador, Pólit abrió empresas y compró propiedades, a nombre de testaferros en Florida.

En Ecuador, la relación Pólit con el gobierno de Correa está detallada en cientos de páginas encontradas en los archivos de su exasesora Pamela Martínez, dentro del juicio ´Sobornos´.

“Resumen de informes”, se titula uno de ellos, del 20 de mayo de 2011. -“Contralor: Pide al SP (Señor Presidente) que se le otorgue 15 minutos al mes para mantenerlo informado de varios temas en la ciudad y el lugar que el presidente disponga y ratifica su lealtad”.

También quedó en evidencia que ese gobierno incluso ubicó funcionarios de su confianza en dependencias de la Contraloría.

-“Auditores internos en Alcaldías y Prefecturas. El contralor solicita que el señor presidente le dé los nombres para estos cargos, meses atrás Irina Cabezas recomendó a 150 personas pero no han resultado tan competentes ni leales al gobierno”, indica un documento adjuntado al juicio.

-“Director de la Contraloría en Manabí: el contralor pide que el presidente le dé el nombre, lo necesita con urgencia, previamente lo ha pedido al Dr. Alexis Mera, pero la candidata sugerida no cubre las expectativas del puesto”.

Pólit, quien fugó a Miami en 2017, ha negado su estrecha cercanía con Correa, asegurando que en su administración sí se hicieron auditorías que establecieron irregularidades de instituciones y funcionarios de ese gobierno.

⇒El excontralor era un protegido del correísmo, que lo blindó también en el poder judicial, que tenía bajo su control. El 20 de abril del 2017, meses antes de que terminara el mandato de Correa, los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) fueron condenados a un año de prisión por acusar al entonces contralor Pólit, por su vinculación con las coimas de Odebrecht. «Siete años exactos después, en el juicio en EE.UU. se nos ha dado la razón», dijo el titular de la Comisión, Germán Rodas⇐

Pólit extinguió la glosa de Correa

Corría el año 1992. El joven economista Correa encandiló a sus jefes y colegas con su locuacidad y empuje. Llegó como un torbellino. Pero de un momento a otro, cuando las cosas se salieron de control y se revirtieron en su contra, no dudó en atacar a todos los que lo señalaban por sus abusos de poder.

El estreno de Correa en el sector público se remonta a inicios de los 90, en el proyecto MEC-BID, con el Ministerio de Educación.

El primer campanazo fue en 1992. A su regreso de Bélgica, fue empleado en un proyecto del Ministerio de Educación, y asumió el cargo de director administrativo del MEC-BID, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Por cerca de un año, Correa, quien entonces tenía 29 años, fue parte de ese programa para el mejoramiento del sistema educativo, con un presupuesto de 110 millones y un equipo permanente de 120 personas.

Precisamente en 1995, dos años después de su salida, Correa fue denunciado por funcionarios del MEC-BID, por haber cobrado su salario (1.300 dólares) sin trabajar, según una auditoría del Ministerio de Educación. La investigación determinó que perjudicó al proyecto.

El año siguiente, las autoridades de control determinaron más irregularidades. Establecieron que se pagaron anticipos de contratos en condiciones perjudiciales para el proyecto.

Esas anomalías tuvieron más secuelas para Correa. Detonaron el inicio de un examen de Contraloría que en 1998 confirmó una glosa que quedó en firme en su contra y de Pedro Espinel (director de Obras Civiles) de 23 millones de sucres, equivalentes a 3.285 dólares, al tipo de cambio de la época. El salario básico mensual era de 100 mil sucres.

En su informe, revisado por este portal, los auditores establecieron que mientras estuvo en el MEC-BID Correa aprobó tardíamente el reajuste de precios del anticipo del contrato de construcción del colegio UNE, por 44 millones de sucres, violentando la Ley de Contratación, por lo que debía pagarse solo 19,5 millones. El perjuicio fue de 23 millones.

La versión de Correa sobre lo ocurrido en el MEC-BID se recoge en su libro ´Ecuador: De Banana Republic a la no República´. “Cuando como director administrativo-financiero de los proyectos MEC-BID, manifesté que era mejor terminar con algunos de los más ineficientes, mis superiores me llamaron la atención por imprudente. Cuando me negué a pagar un contrato por su evidente ilegalidad, para sorpresa mía se me vino el mundo encima. Desde el propio Ministro de Educación se me ordenó seguir pagando el ilícito contrato. Después de una larga lucha de varios años, en que tuve incluso que enfrentar varios procesos judiciales en mi contra, la justicia me dio la razón y ordenó la terminación del ilegal contrato”.

La glosa contra Correa estuvo en firme hasta su llegada al poder. El 3 de diciembre del 2007, el exmandatario fue invitado por Pólit a la ceremonia por el aniversario de la Contraloría. Uno de los actos centrales fue la entrega de reconocimientos a los funcionarios de mayor antiguendad entre quienes estaban Marco Manjarrés, el auditor que elaboró el informe del MEC-BID, y Hugo Espinosa, director de Responsabilidades.

Luego, ante cientos de empleados, Correa tomó la palabra. Atacó al auditor y al Director que lo investigaron y determinaron la glosa, acusándolos de haberlo perseguido injustamente por años, solo por cumplir su trabajo y evidenciar las fallas de los proyectos que tenía el BID con Educación.

La arremetida del entonces presidente desconcertó a los funcionarios presentes. Incluso, dos dirigentes de los trabajadores de la Contraloría abandonaron el salón, en señal de protesta y solidaridad con sus compañeros, según recuerdó un funcionario de carrera de la institución.

La embestida tuvo consecuencias once meses después. En noviembre del 2008, el entonces contralor Pólit ordenó que se desvaneciera la glosa por responsabilidad solidaria en contra de Correa y de Espinel.

EN 1998 LA CONTRALORÍA CONFIRMÓ LA GLOSA SOLIDARIA CONTRA RAFAEL CORREA. DIEZ AÑOS MÁS TARDE, PÓLIT LA EXTINGUIÓ

Dos ciudadanos rusos invirtieron cerca de USD 10 millones en la creación de una empresa que difundía información seleccionada del medio Russia Today (RT) en Estados Unidos. Así lo dieron a conocer desde la Oficina de Asuntos Públicos (Office of Public Affairs) del Departamento de Justicia de este país, el pasado 4 de septiembre.

Redacción Código Vidrio

Según el Deparatmento de Justicia de EE.UU., la sospecha se convirtió en una acusación formal en contra de Kostiantyn K. y Elena A. por “violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) y por conspiración” al cometer lavado de dinero.

Los acusados, de acuerdo con el fiscal federal Damian Williams, habrían utilizado identidades falsas y una “empresas fantasma” para difundir información perniciosa seleccionada por el medio del Kremlin y que buscaba “influir en las audiencias estadounidenses”. Según el comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos, ambos acusados se encuentran prófugos.

“El Departamento de Justicia no tolerará los intentos de un régimen autoritario de explotar el libre intercambio de ideas de nuestro país para promover de forma encubierta sus propios esfuerzos de propaganda, y nuestra investigación sobre este asunto sigue en curso”, indicó el Fiscal General Merrick B. Garland.

Pero esta no sería la primera acusación de este tipo proveniente desde el gobierno estadounidense en contra de los intentos de Rusia de propagar información falsa y perniciosa. Algo similar ocurrió en julio del 2024, cuando se acusó a otro supuesto empleado de RT de usar cuentas en redes sociales para compartir contenido a favor de Rusia del conflicto contra Ucrania.

Moscú rechaza supuestas intervenciones

Sobre esta nueva acusación, desde el medio oficialista de Rusia RT no se ha hecho público ningún pronunciamiento a través de sus distintas plataformas mediáticas de acceso global.

Lo que sí ha difundido el portal digital RT ha sido noticias, videos y análisis parcializados sobre el apoyo que el presidente Wladimir Putin ha dado a la candidata demócrata Kamala Harris.

Al menos desde el pasado 5 de septiembre, cuando se conoció la preparación de una acusación desde el gobierno de Joe Biden contra el Kremlin, de intervenir en los próximos comicios presidenciales.

La noticia se difundió desde medios como CNN, en los que se refirieron a una “acción policial dirigida a la campaña encubierta rusa”.

La acusación señala directamente a RT

La acusación en contra de los dos ciudadanos rusos consta en un documento judicial de 32 páginas, con el sello del Distrito Sur de Nueva York.

El texto contiene una extensa introducción que incluye detallados párrafos sobre RT, que se lo menciona como un medio que “durante casi dos décadas (…) ha promovido los objetivos del Gobierno de Rusia de publicar desinformación y propaganda, aprovechando su red internacional para amplificar el mensaje a audiencias extranjeras y utilizar su apariencia como medio de comunicación convencional para dar credibilidad a esos contenidos”.

En el documento también se detalla que ambos acusados habrían creado y publicado videos, desde marzo del 2021, incluso con nombres falsos.

“Los intentos encubiertos de sembrar la división y engañar a los estadounidenses para que consuman propaganda extranjera sin saberlo representan ataques a nuestra democracia”, dijo el director del FBI, Christopher A. Wray.

Ambos ciudadanos están acusados de violar la FARA y de conspiración por lavado de dinero. Ambos delitos suman penas de hasta 20 años de prisión.

La Fiscalía y la Policía investigan una serie de anomalías y supuesta corrupción en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) por la emisión de concesiones mineras, permisos de exportación de oro, y de operación de plantas de beneficio para el procesamiento de material aurífero, hasta inicios de este año.

Redacción Código Vidrio

Este caso se conoció el martes 2 de septiembre pasado cuando personal de la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Ministerio de Energía y Minas en Quito.

Durante varios meses, agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza (INIDCAN) investigaron las operaciones de la ARCOM y determinaron supuestas anomalías en sus sistemas informáticos y en el otorgamiento de todo tipo de permisos.

Entre 2019 y 2024 se habrían emitido 652 concesiones mineras a nivel nacional de manera irregular. Eso pese que en desde enero de 2018 está vigente una resolución de la ARCOM, que aprobó el cierre temporal del catastro minero, para el otorgamiento de concesiones mineras en los regímenes de minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala.

Además, según los investigadores, hubo un aparente crecimiento significativo en el número de plantas de beneficio que estarían procesando material aurífero sin verificar la trazabilidad y procedencia del mineral, que se presume se origina en la minería ilegal.

Según la investigación de la INIDCAN hubo una falta de control sistemático en el otorgamiento de licencias y certificados exportación de oro, lo que habría generado el blanqueamiento del material aurífero.

Con este antecedente, esa unidad especial de la Policía pidió que se verificara la existencia de esos documentos en los allamientos que se realizaron en la ARCOM y el Ministerio de Energía y Minas. “Es necesario preservar y conservar esta información pues existe una presunción de que sea destruida o adulterada”.

La Policía detuvo en Buenos Aires, Imbabura, 14 integrantes de una supuesta red delictiva que transportaba 600 bultos con material aurífero en tres camiones. El grupo era encabezado por el teniente coronel del Ejército, Mauricio G., comandante del Grupo Especial de Comandos GEK-9, de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, y tres cabos bajo su mando, además de cinco venezolanos y otros seis ecuatorianos. En la madrugada los cuatro militares fueron liberados por el juez de Urcuqui, Iván Sucuzhañay, quien les concedió medidas sustitutivas para que se defiendan en libertad. Pero ratificó la detención de los diez civiles.

Redacción Código Vidrio

Un grupo de 14 individuos, encabezado por el teniente coronel del Ejército, Mauricio G. A., comandante del Grupo Especial de Comandos GEK-9 de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, y tres cabos primeros bajo su mando, fueron detenidos la madrugada de este lunes 26 de agosto en Imbabura.

El oficial investigado fue director de Planificación y Gestión Estratégica en la Casa Militar de la Presidencia de la República, en 2022. Y estaba asignado a cumplir funciones en Esmeraldas. Imbabura no era su jurisdicción, según fuentes oficiales.

Los sospechosos fueron capturados mientras circulaban en una camioneta Ford Ranger y tres camiones, que transportaban 600 sacos de yute con material aurífero (oro) triturado. El auto pertenece y tiene matrícula del Centro de Inteligencia Estratégica CIES.

Se estima que el material mineralizado provenía de las minas de Buenos Aires, una zona de explotación minera ilegal controlada por la banda de Los Lobos y era transportado hacia plantas de beneficio en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, para ser refinado y convertido en lingotes de oro.

La detención de los sospechosos ocurrió cerca de las 03:30 de la madrugada en el subcircuito Ciudad Blanca, y tuvo la participación de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza  UN-IDCAN y unidades tácticas GOE y UMO. Además de los militares fueron capturados cinco venezolanos, y seis ecuatorianos, incluidos los conductores de los vehículos, según indica el parte policial del operativo.

Tras su captura, los implicados fueron trasladados a Urcuqui, donde ayer en la noche estaba prevista la audiencia de formulación de cargos por parte del fiscal Fernando Haro.

En la audiencia, el teniente coronel Mauricio G. y los tres cabos primeros del Ejército fueron procesados por presuntos delitos de actividad ilícita de recursos mineros, pero fueron liberados. El juez de Urcuquí, Iván Sucuzhañay, les concedió medidas sustitutivas para que se defiendan en libertad, durante la audiencia de calificación de flagrancia.

El juez, en cambio, sí ordenó la prisión de los diez detenidos restantes, todos civiles. En contra de los militares el juez dictaminó prohibición de salida del país, y presentación periódica ante la autoridad competente en Esmeraldas, donde cumplían sus funciones.

Un Teniente Coronel de Fuerzas Especiales encabezaba el convoy

Una llamada anónima alertó a la Policía que una caravana encabezado por un alto oficial del Ejército estaba transportando material mineralizado desde Buenos Aires. Así, a las 03:20 aproximadamente llegó al control No.2 de la Policía una camioneta plateada Ford Ranger, sin placas, de donde bajó el teniente coronel Mauricio G., quien estaba acompañado por tres cabos del Ejército. Según el informe, el oficial les dijo a los policías encargados del control que estaba encabezando un convoy de tres camiones que llevaban material aurífero, que iban a arrojar en un botadero de desechos.

“También indicó que no tenía aprehendidos y que los conductores de los camiones con material aurífero, solo estaban colaborando para ir a botar el material”, indica el reporte policial.

Entonces, el personal policial de servicio, junto con los refuerzos de las unidades tácticas empezó a revisar cada uno de los camiones.

Uno de los vehículos era de marca Hino, color blanco, con cajón de madera. Tenía protección plástica (carpa), de placas QAA-0479, y era conducido por Darwin I., de 39 años. Al revisar su contenido los agentes encontraron sacos de yute llenos de material aurífero.

Otro era un furgón Isuzu blanco, placas PAA-9953, conducido por Raúl T., de 58 años. Al verificar su contenido constataron que llevaba también decenas de sacos de yute llenos de material aurifero.

El tercer vehículo era un camión Hino blanco, con cajón de madera, cubierto con una carpa plástica, de placas PAB-0477, conducido por David I., de 28 años. Al verificar su contenido los uniformados confirmaron que llevaba también varios sacos de yute con material mineralizado. Y en la parte posterior, tras los bultos, se encontraban los venezolanos:

-Wilmer F.

– Abraham P.

– Carlos Alberto M.

– Duglas G.

– Romer P.

– Cristian E.

Y el ecuatoriano Juan A.

En total fueron detenidos:

– 4 ecuatorianos (conductores y 1 cargador)

– 6 venezolanos (cargadores)

– 4 militares

Los policías incautaron los siguientes indicios:

– 3 camiones

– 11 terminales móviles

– Aproximadamente 600 sacos de yute con material mineralizado (triturado) de 45 kilos aproximadamente, cada uno. Y 80 sacos que fueron botados a granel en un compartimento por parte de los que cargaron.

– Una camioneta Ford Ranger, placas PEC7188, perteneciente al Centro de Inteligencia Estratégica, según indica la matrícula.

– 3 armas de fuego, tipo fusil.

– 4 pistolas

– 7 cargadores 5.56

– 4 cargador de pistola 9 mm.

– 44 cartuchos 9 mm

– 256 cartuchos 5.56 mm

Los indicios aprehendidos fueron ingresados  a las bodegas de la UN-AIE de la Subzona Imbabura.