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La búsqueda de justicia es una tortuosa maratón en Ecuador. Hace siete años empezó el primer juicio penal por reincidencia en homicidio culposo por mala práctica profesional que involucra a los médicos Patricio Toscano, Carlos Hurtado y la abogada María Eugenia Muñoz. Ellos fueron sentenciados por la muerte Michelle Cobo, luego de que se sometió a una cirugía estética en una clínica de Quito y sufrió una infección generalizada letal. Los condenados pidieron la prescripción de las condenas, pero la Sala de lo Penal negó su pretensión. El caso concluirá con una audiencia de casación que aún no se fija.

Redacción Código Vidrio

El 10 de octubre pasado, la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de prescripción de pena presentado por los médicos Patricio Toscano, Carlos Hurtado y por la abogada María Eugenia Muñoz, como último recurso para sortear las condenas impuestas por varios jueces, en todas las instancias previas.

Para la magistrada Daniela Camacho y su colega Walter Macías ese pedido no tenía sustento legal. Según su fallo, a Toscano aún le restaban por cumplir dos años, siete meses y 22 días; a Hurtado dos años, 10 meses y 20 días, y, finalmente a Muñoz, dos años, 10 meses y 20 días. Salvó su voto Byron Guillén, quien luego divulgó su criterio jurídico en redes sociales, en un hecho sin precedentes en la Corte Nacional. No es usual que los ministros mediaticen sus fallos, menos aún si son de minoría y no causan ningún efecto en el pronunciamiento de mayoría. Hace pocas semanas, Guillén fue uno de los jueces beneficiados por una polémica resolución de dos vocales de la Judicatura que extendió su cargo hasta el 2030, aunque su período en funciones terminaba el siguiente año.

Los condenados Toscano, Hurtado y Muñoz son protagonistas de este proceso judicial que ha pasado por todas las instancias procesales que marcará un precedente en la historia judicial del país.  Los tres argumentaron que el tiempo de su posible condena había sido superado y la acción penal debía anularse. Su solicitud arrancó con la hipótesis de que Gabriel Cobo y su familia activaron la demanda por la muerte de su hija Michelle, el 16 de julio del 2016, por lo cual a la fecha se habrían cumplido más de siete años, sin que su condena estuviera en firme.

Ese día de julio, hace siete años, Michelle entró al quirófano de la Clínica San Gabriel confiando en Toscano para realizarse una lipoescultura. Ella tenía 20 años y ningún problema de salud. Un día después falleció por una infección generalizada, causada por la bacteria más letal de los estreptococos, en el quirófano de la Clínica.

La Fiscalía estableció que Patricio Toscano y Carlos Hurtado fueron responsables de su deceso, por su negligencia en la aplicación rigurosa y científica de medidas sanitarias. Y también acusó a María Eugenia Muñoz, entonces gerente de la Clínica, por permitir una cirugía que el centro no estaba en capacidad de realizar ni contaban con los permisos correspondientes.

En estos siete años, la Fiscalía probó que Toscano, quien era dueño de la Clínica Steticus, una de las más renombradas de Quito, no tenía la licencia de médico cirujano. En redes sociales Toscano sigue promocionando que “es graduado en la Universidad Central del Ecuador como médico cirujano; en la Universidad John F. Kennedy de Buenos Aires, Argentina, especialidad en medicina estética, Instituto Superior de Estudios en Medicina, Veracruz, México, especialidad cirugía estética y antienvejecimiento”.

Toscano enganchaba a las clientes

En realidad esa era una fachada de Toscano para enganchar más clientes, pues él en general no realizaba las operaciones. Quien intervenía  a las pacientes era Hurtado. Antes de la muerte de Michelle, ambos ya habían sido condenados por la muerte de Yadira Cáceres, una madre quiteña, quien falleció durante la operación, luego de que le perforaron con un catéter el hígado.

Ambos doctores fueron condenados a un año de prisión, pero cumplieron ocho meses tras las rejas. A su salida abrieron nuevamente la Clínica Steticus y siguieron recibiendo pacientes como si nada hubiese pasado.

El 7 de febrero de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró que la muerte de Michelle Cobo fue responsabilidad de Toscano y Hurtado. Ambos fueron condenados como autores del delito de homicidio culposo, por mala práctica profesional, tipificado en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal.

Los jueces los condenaron a cuatro años de prisión. Mientras que María Eugenia Muñoz fue sentenciada a un año de cárcel, en calidad de coautora. Gabriel Cobo, padre de Michelle, apeló esa decisión. En junio de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha reformó la sentencia contra Toscano y Hurtado, imponiéndoles una  pena de seis años y ocho meses de privación de libertad. Y la sentencia contra Muñoz subió a tres años.

Esa decisión judicial no se cumplió.  Solo Hurtado está detenido en Estados Unidos por otros motivos. Mientras que Toscano y Muñoz no han sido ubicados.

El 24 de diciembre de 2019, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó los recursos de casación de los sentenciados y posteriormente los pedidos de aclaración, ampliación y revocatoria por improcedentes.

La defensa de Toscano sostuvo que la Corte Nacional se limitó a rechazar el recurso con fundamentos “muy generales”, como la ausencia de “solemnidades técnicas”. Cuestionó que el tribunal de casación no se pronunció sobre una supuesta inobservancia del principio de congruencia en la que habría incurrido el tribunal de segunda instancia, que lo condenó a seis años de prisión por presunta reincidencia en la mala práctica profesional. Toscano asegura que los jueces lo responsabilizaron de la muerte de Michelle Cobo, pero él demostró que nunca entró al quirófano.

Los abogados de Hurtado advirtieron ante la Corte Constitucional que la condena en su contra no tiene “argumentación sólida” y los parámetros de sentencia faltaron a la verdad. Por ejemplo, argumentaron que el tribunal de casación rechazó el recurso basado en la constatación de que “la muerte ha sido violenta”, cuando esta no fue una de las conclusiones del perito médico legista. También alegaron que hay contradicciones.

Muñoz sostiene que durante el proceso no ha logrado presentar su defensa en igualdad de condiciones. Reclama por una supuesta mala interpretación del artículo 146 Código Integral Penal, que sanciona la mala práctica profesional. Específicamente señala que fue condenada como coautora con una decisión errónea que junto un caso de mala práctica médica cuando ella es abogada y fue gerente de la Clínica.

El caso se decidirá en casación

Esa resolución fue impugnada ante la Corte Constitucional por Toscano, Hurtado y Muñoz. En ese tribunal ganaron sus recursos. Luego de tres años, los jueces constitucionales establecieron que el caso debía ser conocido en casación.

Los nueve integrantes del Pleno resolvieron que los magistrados de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia debían realizar una nueva audiencia, para tomar una decisión de última instancia. Específicamente la resolución advierte que se “impidió que las personas accionantes fundamenten sus recursos de casación en audiencia, tal como lo dispone el artículo 657 número 2 del Código Orgánico Integral Penal”.

Por eso, la Corte resolvió que el juicio regrese a la Corte Nacional y se convoque a una audiencia de casación.

Esa diligencia se cumplirá en los siguientes días o semanas. Por lo pronto, el magistrado Byron Guillén no podrá ser parte del tribunal, pues adelantó su criterio sobre el estado de juzgamiento de los tres acusados. Guillén dio su voto salvado y pidió que la sentencia contra Toscano, Hurtado y Muñoz sea declarada prescrita y que la acción penal sea archivada.

La ambición rompió el saco del correísmo en el concurso para escoger al nuevo Contralor. Fue muy tarde cuando sus alfiles en el Consejo de Participación Ciudadana notaron que había un aspirante que se los llevaría por delante. Es Xavier Mauricio Torres Maldonado, quien lidera la selección para dirigir la Contraloría. Con 91 puntos es por ahora el virtual ganador en el concurso que estuvo plagado de contratiempos y demoras. Se trata de un servidor de carrera de la Contraloría, que combina su actividad profesional con la docencia; Torres dio un golpe de autoridad en la prueba escrita del 30 de septiembre.

Redacción Código Vidrio

El concurso de selección del Contralor General del Estado ingresó este 1 de noviembre de 2023 en su fase decisiva, sin que el correísmo haya podido sostener su influencia para que alguno de sus cuadros llegue primero a la meta.

A las 16:00, la Comisión Ciudadana de Selección y Designación de la Contraloría General del Estado sesionará para conocer y aprobar el informe final de un incidentado Concurso Público de Méritos y Oposición, en el que los aspirantes favoritos de la Revolución Ciudadana se cayeron.

Ni Juan Falconí Puig, exembajador en Londres de Rafael Correa, ni Belén Vivanco, exsubcontralora administrativa de Carlos Pólit, pudieron mantenerse en los dos primeros lugares. Mientras que el correísmo perdió su capacidad de maniobra en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuando el 7 de octubre de 2023 fue destituido su presidente, Alembert Vera.

Así quedaron los puntajes finales del Concurso

El liderato del concurso cambió de manos. Ahora el puntero es un servidor de carrera de la Contraloría, quien en la prueba escrita dio un golpe de autoridad para salir del anonimato.

Para los sectores políticos que tenían interés en llevarse el cargo fue muy tarde cuando notaron que había un aspirante que se los llevaría por delante. Xavier Mauricio Torres Maldonado es su nombre. Tiene 51 años, lojano, servidor de carrera del máximo organismo de control de cuentas públicas, con 23 años de experiencia en el sector público y quien a lo largo de su vida profesional ha combinado el ejercicio público con la docencia universitaria.

“Se les durmió el diablo”, dice la consejera ciudadana Mishelle Calvache, quien en la época de Alembert Vera no dudó un segundo en denunciar cada una de las anomalías en el concurso para beneficiar a los cuadros afines al correísmo.

Novedades que iban desde un afortunado cambio de reglamento hasta acciones de protección de última hora. La más reciente fue la del 5 de octubre pasado, cuando un Juez de Samborondón aceptó una acción de protección con medida cautelar para suspender el concurso a pedido de la postulante Julia Palma Farfán, exasesora de Xavier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura.

Otra pieza de colección fue la insólita actuación de quien fungía como secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, Francisco Toral, amigo y asesor de Vera, quien se rehusó a firmar las actas de las calificaciones de la prueba escrita donde Torres Maldonado sacudió el concurso.

Sin embargo, agrega la consejera ciudadana, no contaron con que Falconí Puig y Vivanco se despisten en la evaluación escrita de selección múltiple, pese a que el banco de 2.000 preguntas fue conocido con 48 horas de anticipación. De ahí que resulte una ficción que Vivanco o Falconí Puig puedan ascender en una recalificación de un test con respuestas precisas.

Si no hay más novedades, una vez que la Comisión Ciudadana de Selección apruebe hoy su informe final, el Pleno del CPCCS tiene que reunirse en 24 horas para acoger su contenido y oficializar la designación de Torres Maldonado. Votos para designarlo hay de sobra: Calvache, Andrés Fantoni, Juan Guarderas y la presidenta Nicole Bonifaz.

La ambición rompe el saco

Cinco meses de una atropellada operación política del correísmo por llevarse el concurso para la selección de Contralor General del Estado terminó estrellándose sin frenos contra el muro.

Su vehículo fue el Consejo de Participación Ciudadana, que para el 14 de mayo de 2023 estaba piloteado por Vera, el exabogado del expresidente Rafael Correa en su querella contra diario El Universo, un proceso judicial que violó derechos fundamentales, según un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Junto a Vera, los consejeros Abraham Verduga, Yadira Saltos y Johana Verdezoto conformaban la mayoría identificada como la `Liga Azul`, el nombre con el que el propio Correa en febrero de 2023 bautizó al grupo de candidatos al CPCCS abanderando su línea política.

Las pastillas de frenado empezaron a fallar cuando el Consejo de Vera quiso ejecutar en forma paralela al concurso de Contralor otras dos operaciones políticas de envergadura: tumbar a la Fiscal General  y descabezar a la Corte Constitucional nombrada por el Consejo de Participación Transitorio del desaparecido Julio César Trujillo. Todas estas acciones estaban atadas a la agenda política del expresidente Correa en su hoja de navegación de regreso desde Bélgica, su cuartel de invierno ante la sentencia de corrupción que pesa en su contra. Hasta antes de agosto todo salía a pedir de boca. La aplanadora de Vera estaba aceitada y ejecutaba el plan para tomar la joya de la corona: la Contraloría. Y que mejor que repetir el libreto del correísmo en 2012, cuando Carlos Pólit se quedó como contralor al ganar el concurso con puntaje perfecto. Tan bien iba esa operación que Alembert Vera alardeaba de su efectividad. “(Es un) hito histórico en el país que por fin avance esta designación que estuvo detenida por más de dos años”, dijo el 1 de agosto, en uno de sus espacios de rendición de cuentas emulando a las sabatinas de su líder.

Sin embargo, todo empezó a enrarecerse para el correísmo cuando fue tras la cabeza de la fiscal Diana Salazar. El 30 de mayo, el CPCCS de Vera abrió un proceso para revisar la tesis de la Fiscal, como documento habilitante para el concurso que ganó en 2019. Para el 1 de junio ya convocó a Salazar a que comparezca al Pleno. Lo hizo a sabiendas que estaba expresamente prohibido por el Dictamen 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional.

El Consejo y la Judicatura su alinean

Para sacar del camino a la Fiscal, Vera y su `Liga Azul`no estaban solos. Coincidencialmente, el Consejo de la Judicatura presidido por Wilman Terán y su mayoría con el vocal Xavier Muñoz y la removida Maribel Barreno tenían entre sus manos golpear a la Fiscal. Para la noche del 29 de mayo, Terán convocó al Pleno de la Judicatura para intentar suspender a Salazar, pero el repudio generalizado de la opinión pública hizo que retrocedan.

Así quedó frustrado el plan de Vera de revisar la designación de una Fiscal amarrada de manos al estar teóricamente suspendida por la Judicatura, que no pudo hacer su tarea.

A partir de entonces, el CPCCS correísta debía dedicar tiempo también para defenderse. La Fiscal dio señales de que ese intento inconstitucional de revisar su nombramiento no quedaría como una anécdota. El 7 de junio solicitó formalmente a la Corte Constitucional que active el sistema de seguimiento de su Dictamen de 2019.

Como si se tratase de una jugada autodestructiva y no conforme con el frente abierto con la Fiscalía, el 24 de agosto de 2023 Vera no dudó un segundo en acatar un fallo disparatado de un juez de Montecristi, que disponía que se abra una veeduría ciudadana a la designación de los jueces de la Corte Constitucional, también blindada por el Dictamen 2-19-IC/19.

A partir de entonces llegó el ocaso para la `Liga Azul`. La Corte Constitucional abrió de inmediato el seguimiento al cumplimiento de su dictamen y el 7 de octubre ya era destituido Vera, quien perdía la mayoría en el CPCCS y la posibilidad de incidir en el concurso de Contralor.

La Fiscalía abrió una investigación contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, denunciada por un supuesto abuso de fondos públicos. El caso que detonó la pesquisa es la contratación de Soledad Padilla en el Consejo Provincial, entre 2019 y 2023, mientras estaba al servicio, como asistente personal, del exvicepresidente Jorge Glas.      

Redacción Código Vidrio

La notificación de la investigación previa llegó este martes 24 de octubre a la Prefectura de Pichincha. En el documento, el fiscal de Pichincha, Miguel Flores, le informó a la prefecta Paola Pabón que abrió una investigación previa en su contra, por un supuesto delito de abuso de fondos públicos (peculado), por la contratación de Soledad Padilla, exasistente personal de Jorge Glas.

La investigación 170101823104414 se inició luego de que la semana pasada se hiciera pública la demanda penal que Padilla presentó contra Glas, acusándolo de un presunto delito de odio, por acoso e intimidación sistemáticos, los últimos años.

Los primeros indicios que configurarían el peculado están en la propia demanda de Padilla, que también fue presentada en la Fiscalía, días antes de las elecciones presidenciales.

Padilla, de 37 años, estuvo enrolada en la Prefectura entre el 5 de noviembre de 2019 y el 31 de agosto de 2023, por gestiones directas de Glas con Pabón. Eso consta en una grabación que ella realizó de una llamada que mantuvieron este año y fue anunciada como prueba dentro del proceso judicial.

En el Consejo Provincial inicialmente ocupó el cargo de asistente de promoción turística 2 y luego fue promovida al puesto de directora técnica de apoyo, con un salario mensual de 1.920 dólares, más de $23.040 anuales.

Sobre su contratación, la Prefectura confirmó que Padilla laboró en esa institución y que “ha cumplido todas las recomendaciones de las auditorías al Departamento de Talento Humano, efectuadas hasta la fecha”.

Fuentes de la Prefectura, que pidieron el anonimato, indicaron que Padilla recibía su remuneración aunque en general no trabajaba presencialmente. “Era un caso claro de piponazgo como muchos otros que se han denunciado en la Prefectura”, dijo un funcionario.

Este miércoles Pabón se pronunció en su cuenta en X sobre la investigación en su contra. “Como corresponde, en apego a la Ley, hemos comparecido y señalado casillero en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Toda la apertura y colaboración para que se investigue lo que quieran investigar. No hacen falta shows mediáticos. Toda la información está a disposición del fiscal a cargo”.

Mientras trabajó en la Prefectura, Soledad Padilla también era asistente personal de Glas a tiempo completo. Esa tarea fue más evidente desde noviembre del año pasado cuando viajó a Guayaquil, luego de recibir amenazas con panfletos. “Mi desesperación y angustia fueron tales que, además de verme afectada por un serio ataque de ansiedad, tomé la decisión de trasladarme momentáneamente, bajo parámetros e instrucciones de Jorge Glas, a Guayaquil, por razones de seguridad”, indicó en su denuncia.

Padilla aseguró que su traslado fue autorizado por un funcionario del Consejo y que aprovechó para hacer uso de sus vacaciones acumuladas “para poder asistir directamente como asesora técnica” a Glas. Él acababa de salir de prisión, con un recurso de hábeas corpus, para cumplir el resto de su condena en su domicilio. “Me pidió nuevamente ayuda laboral, desempeñándome desde entonces, además de mi trabajo habitual (en la Prefectura), como su asistente o asesora personal”, indicó Padilla, quien explicó que siguió laborando paralelamente para el Consejo vía telemática, “sin necesidad de una presencia formal”.

Sus viajes a Guayaquil eran constantes, en medio de las presiones y maltratos sistemáticos de Glas, según denunció. “La presión psicológica del denunciado para tener una relación sentimental conmigo creció desproporcionadamente, al extremo de querer controlarme como si fuera un objeto de su propiedad, como si fuera su pareja, lo cual nunca fui”.

Padilla empezó a trabajar con Glas desde muy joven, a los 22 años, en la Vicepresidencia. Era asesora de su despacho. Los años siguientes fue siempre parte de sus equipos de colaboradores cercanos en el Fondo de Solidaridad, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Sectores Estratégicos y la Vicepresidencia, en el gobierno de Lenin Moreno. Pocos meses después, en 2017, Glas dejó intempestivamente la Vicepresidencia y fue encarcelado y luego sentenciado por el cobro de coimas en el caso Odebrecht. Esto provocó una ruptura abrupta en la Revolución Ciudadana.

Entonces, Padilla también cayó en desgracia y estuvo desempleada los dos años siguientes. En ese período siguió acompañando y asistiendo a Glas, a quien visitaba periódicamente en la cárcel de Cotopaxi llevándole medicinas y velando por el cuidado de sus hijos. “Por esas tareas no recibí ninguna remuneración. Lo hice por gratitud a los nueve años en los que pude colaborar con él”, relató en su denuncia.

Dias después de ser demandado, Glas denunció a Padilla en la Fiscalía por una supuesta extorsión.

Pabón y sus 101 mosqueteros

El 2019 Paola Pabón fue electa prefecta. En adelante la entidad provincial fue copada en sus cargos directivos, de asesoría y nivel medio por militantes del correísmo. En ese contexto fue contratada Padilla, quien con los meses fue promovida a un cargo directivo de libre remoción.

Los últimos cuatro años la entidad se convirtió en refugio y sustento para partidarios del ala cercana a Rafael Correa. Entre 2020 y 2022 en la Prefectura fueron contratadas 110 personas con nombramientos de libre remoción y provisional, contratos de servicios ocasionales y profesionales. Para cubrir sus salarios se gastaron 3,6 millones de dólares, pero el 50% no tuvo ninguna justificación, según un informe de la Contraloría, aprobado en mayo de este año.

Tras su llegada a la entidad, Pabón aprobó un sinnúmero de normas y ordenanzas que le permitieron flexibilizar la contratación de personal de libre remoción, en perjuicio de los funcionarios de carrera.

Eso precisamente fue denunciado el año pasado por los entonces dirigentes de la Asociación de Empleados de la Prefectura, Ivanova Córdova y Germán Terreros. El gremio denunció constantemente una serie de decisiones arbitrarias de Pabón y su equipo que afectaban los derechos del personal de carrera. Un botón de muestra fue la aprobación de la normativa que reformó la Ordenanza Sustitutiva que establece la Escala de Remuneraciones para las y los servidores públicos de la entidad.

Esa normativa dio paso a la aplicación de la escala salarial del nivel jerárquico superior de gerencia y coordinador de área, con la exclusión del Jefe Técnico Coordinador de Procesos de la escala de remuneraciones de los servidores y servidoras, jefes técnicos de área, profesionales y no profesionales.

“Denunciamos que casa adentro también hemos sido víctimas del desplazamiento de personal de carrera, técnico y profesional para la inclusión de cuotas políticas, en varios casos, sin las competencias ni conocimientos requeridos en puestos de decisión y con la consigna de amedrentar y acosar laboralmente a los compañeros, hechos denunciados constantemente por esta Asociación, pero no han sido escuchados por las autoridades”, denunció en un comunicado el gremio.

Piden que Muñoz investigue a Pabón

Entre tanto, ayer el concejal Michel Aulestia presentó un proyecto de resolución para que el alcalde Pabel Muñoz, en su calidad de consejero provincial, fiscalice a la prefectura de Pichincha por supuesto caso de piponazgo en la contratación de Soledad Padilla.

La fiscalización de las acciones de la Prefecta es una atribución legal de los consejeros y en particular del Alcalde. En esta línea, Aulestia pidió que Muñoz requiera a la Prefectura la siguiente información, para enviarla, a su vez, a la Contraloría.

• Qué funciones que desempeñaba la funcionaria durante el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2019 y el 31 de agosto de 2023.
• Los productos que ha entregado durante su periodo como funcionaria.
• Cuáles eran los asuntos o la prestación del servicio a que estaba obligada de acuerdo a las funciones de su cargo, según la ley.
• El registro de asistencia, manual o biométrico, de la exfuncionaria.
• Copia certificada de informe final de labores.

Esos informes serán remitidos a la Contraloría, con la solicitud del inicio de un examen especial, que confirme o descarte responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal.

Muñoz anunció que solicitó incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Consejo Provincial un informe del Director de talento Humano de la Prefectura sobre las funciones de Padilla.

ELECCIONES. Para las elecciones de este domingo están empadronados para votar en el extranjero 409 mil ecuatorianos, pero se estima que solo sufragará un 40%.  El correísmo es el movimiento que más partida saca de esos procesos para la designación de autoridades, entre ellos 6 asambleístas. Desde el 2006, ese movimiento encontró la fórmula para ganar sistemáticamente 25 de los 30 escaños para legisladores en el extranjero. Los resultados de la gestión de los legisladores del exterior, en cuanto a leyes a favor de los migrantes, son pobres. En el último período legislativo (2021-2023) solo dos proyectos presentados fueron aprobados por el Pleno. Los costos para pagar su desempeño son  sumamente altos comparados con sus resultados.

Redacción Código Vidrio

Para las elecciones de este próximo domingo en el exterior están empadronados para votar 409 mil ecuatorianos, aunque se estima que solo sufragarán el 40%, es decir unas 52 mil personas. Para esta segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) destinará 2,7 millones de dólares, tras la serie de problemas, irregularidades y fallas del voto telemático, que costó 821 mil dólares en la primera ronda. Los migrantes elegirán presidente y 6 legisladores.

El ausentismo de los migrantes es, prácticamente, el triple de las elecciones en el país.  Los costos son excesivos. Solamente en envíos el CNE acaba de firmar un contrato con DHL, el 7 de septiembre pasado, por 384.496 dólares, advierte Anabelle Chacón, matemática y veedora electoral.

El voto en el exterior está cobijado por el artículo 62 de la Constitución de Montecristi. Si bien desde 1998 ya se facultó el voto en el exterior, en el 2006 se realizó el primer proceso electoral. Ecuador es quizás el único país donde se puede acceder a la Legislatura con tan pocos votos. Hay candidatos que ganaron una curul solo con 2 mil votos.

Para Chacón, el objetivo de tener asambleístas por provincias y del exterior es que representen los intereses particulares de sus representados. Lo cual, en la práctica, no se cumple. Los asambleístas por el exterior son 6, independientemente de la población ecuatoriana en el extranjero, contrariamente a la lógica imperante en el país, donde los legisladores provinciales son designados, proporcionalmente,  según la población que tengan sus jurisdicciones. La Constitución y el Código de la Democracia establecen que cada provincia tendrá dos asambleístas, y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción por encima de los 150.000.

El registro exacto del número de ecuatorianos que viven en el exterior, no existe, destaca Chacón. “Por lo tanto, no podríamos tener una comparación exacta de la realidad, pero, considerando los 6 asambleístas que se les otorga a los ecuatorianos en el exterior, se puede comparar con la provincia de Los Ríos que tiene igual número de legisladores. Esta provincia tiene 898.652 habitantes, de los cuales 668,227 están empadronados (2021)”.

Ausentismo de hasta el 71% 

En las elecciones del 2021 hubo un ausentismo, en el exterior, del 66%, y llegó hasta el 71% en Rusia y Venezuela, incluso el 100% en Nicaragua.

Otro problema es la enorme dispersión de los votantes. Lo migrantes viven en 46 países en regiones muy alejadas. Por ejemplo, la circunscripción de América Latina, Caribe y África es crítica. “¿Cómo un candidato puede, realmente, representar a un área geográfica tan extensa y diversa? ¿Es esto democracia representativa? ¿Debe una población tan dispersa como la inmigrante tener los mismos asambleístas que la provincia de Los Ríos? Creo que no se justifica”, señala Chacón.

En la elección del 2021, cuatro representantes de Unes (correísmo) ganaron curules en el legislativo. Se trata de Gustavo Mateus (32 mil votos), Esther Cuesta (32 mil votos), Mónica Palacios (7.973) y Eduardo Zambrano (3.019 votos); Ángel Malta (4.404) de Pachakutik, y Juan Fernando Flores (2.067), de CREO.

En el último período legislativo (2021 – 2023), los asambleístas por el exterior presentaron 30 proyectos de Ley, de los cuales uno no fue calificado, 6 no fueron asignados, 15 fueron a primer debate, 5 a segundo debate, uno archivado y solo 2 fueron aprobados.

Así, los 2 proyectos de ley aprobados los últimos dos años les costaron a los ecuatorianos casi 1 millón de dólares, cada uno.

El gasto anual en sueldos de los 6 asambleístas, además de sus 4 asesores, es de 937.080 dólares, lo que significa que en un período de 4 años el gasto asciende aproximadamente a 4 millones de dólares.

El gobierno, siempre en la mira  

Lejos de tener una participación directa en el desarrollo de propuestas legislativas con valor agregado para los migrantes, la mayoría de los asambleístas por el exterior dedicó estos últimos 2 años, hasta la disolución de la Asamblea, a participar en procesos de fiscalización y censura a ministros de estado y al Presidente de la República.

En el caso de Mónica Palacios se concentró en la investigación al presidente Guillermo Lasso, por el caso Pandora Papers; además en la denuncia de supuestos insultos del ex Canciller Juan Carlos Holguín y la solicitud de proceso disciplinario al ex asambleísta Diego Ordoñez. También presentó tres proyectos legales. Entre ellos una reforma a normas del Código Monetario.

El legislador de Pachakutik, Ángel Maita Zapata, no elaboró ningún proyecto de ley para los migrantes. Solo se enfocó en la solicitud de juicio político a los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Gustavo Mateus impulsó el juicio político al Superintendente de Bancos, mientras Esther Cuesta tuvo en agenda una solicitud de juicio político al excanciller Juan Carlos Holguín, por la repatriación de jóvenes ecuatorianos desde Ucrania.

El fiasco del voto telemático

El voto telemático tuvo fallas desde el inicio. La asignación del contrato a una empresa sin ninguna experiencia como Antroproyecto, fue sin ninguna garantía.  El costo fue de 756.415 dólares, sin IVA,  lo cual es un gasto desmesurado, según coincidieron varios analistas.

A esto se suman las denuncias de los votantes en el exterior de recibir propaganda no autorizada a sus correos personales o la presencia de equipos de ayuda para registrarse a votar. “Ahora la repetición física del voto en el exterior cuesta otros 2.7 millones. Es decir, un total de casi 3.5 millones. Esto no se justifica de ninguna manera», agrega Chacón.

ENTREVISTA. En los próximos meses Ecuador tendrá una participación activa en Europol, la Policía de Europa. La Policía enviará un oficial de enlace que permitirá colaborar en el intercambio de información de todas las investigaciones que avanzan en conjunto, tanto en Ecuador como en los países de Europa, relacionadas con ciudadanos de los países de los Balcanes, quienes dominan la distribución y logística de cocaína hacia Europa. Según el general Pablo Ramírez, director Antinarcóticos de la Policía, eso se plasmará en la conformación de una fuerza conjunta, una ‘Task Force’, con Europol, que marca el inicio de operaciones conjuntas de los países más afectados por esos clanes criminales que operan en el país desde 2009. Inicialmente participan España, Bélgica, Alemania, Holanda y Croacia.

Por Arturo Torres 

El principal destino de la cocaína que produce Colombia y sale por Ecuador es Europa. ¿Los carteles balcánicos controlan totalmente esa ruta, cuál es la dinámica?

Sí. Los primeros antecedentes datan del 2009 cuando se detuvo al primer montenegrino con 14 kilos de cocaína; el 2014 fue detenido el albanés Dritan Rexhepi, con 11 personas más, que fue sentenciado; luego hubo ciertos asesinatos selectivos y otras tentativas de muerte de serbios y albaneses. Esa serie de acontecimientos,  junto con los primeros casos donde se intervenía a personas de nacionalidad albanesa, nos llevó a pedir la colaboración a países de Europa. Ellos ya tienen más de 50 o 60 años de experiencia con estos clanes que se han instalado en ese continente y coinciden en los mismos países que reciben la mayor cantidad de droga donde opera la Kompania Bello, como se denominan estas organizaciones delictivas de los Balcanes. Todos se agolpan en esa Kompania Bello.

¿Es un cartel o una mafia?

Nosotros les denominamos clanes porque son en algunos casos tan cerrados que inclusive no dejan entrar a personas de otra nacionalidad. Por eso es que en nuestro país la principal especialidad que se han dado estos carteles de los Balcanes es porque dominan la logística y la distribución en Europa. Ellos saben cómo colocar en los diferentes países europeos, por sus nexos que tienen más de 50 o 60 años dominando la criminalidad del tráfico de drogas. No olvidemos que dominan el 40% del tráfico en el planeta: heroína desde el Asia central y cocaína desde América del Sur. Entonces se han especializado en las cadenas de logística y distribución en Europa.

¿Y desplazaron a los mexicanos?

Ellos tercerizan de una u otra manera el servicio ilegal.

¿Y qué papel juegan los mexicanos y los colombianos?

El dominio de la distribución del tráfico interno hasta colocarlo en los puertos y luego ya enviarlo a Europa o Estados Unidos.

 ¿Entonces las rutas que utilizan los carteles mexicanos o los enviados de los carteles mexicanos con las bandas aliadas locales, que hacen ese trabajo, ellos también colaboran indistintamente para estos carteles de los Balcanes para sacar la droga?

Sí.

¿Brindan un servicio tercerizado?

Se han especializado, por un lado, en el procesamiento, por otro en la distribución y otro más en el transporte, logística y tráfico internacional.

¿Y toda esa cadena de valor es controlada por este cartel de los Balcanes?

No todo. Ellos se especializan más cuando están ubicados en los puertos. No olvidemos que la ley migratoria no nos permite tener información de antecedentes judiciales de extranjeros que ingresan, amparados en la ciudadanía universal, aunque desde agosto del año pasado los albaneses ya necesitan visa. Eso ha impedido determinar alertas que nos permitan medir el riesgo, el ingreso de personas con la fachada de inversionistas. Por eso compran empresas con historial de exportación grande y ahí, con la fachada de empresarios, exportan ilegalmente.

¿Tuvieron mucho tiempo, desde que se creó la Ciudadanía Universal en 2008, para hacer todo este procedimiento?

Vieron un país con esa debilidad y por eso empezaron a operar con fachada de empresarios.

¿Estos personajes de los Balcanes algunos se han quedado a vivir aquí o vienen y salen, cuál es el patrón?

El 2022 ingresaron entre 600 y 650 personas de las diferentes nacionalidades: albanesa, lituana, Kosovar, de Albania, y en el 2023, aproximadamente hasta la fecha entre 420 y 450 personas. Y han salido en el primer caso unas 600 y se han quedado unos 30 en el otro caso casi similar.

¿Y ellos se quedan permanentemente aquí?

Se quedan básicamente cumpliendo el periodo de turismo, en otros casos contraen matrimonio o tienen hijos con una persona ecuatoriana y adquieren la nacionalidad. Tenemos personas de Albania, alrededor de unas 38 o 40 y de Lituania unas 40 personas aproximadamente que han adquirido la nacionalidad.

En este contexto, conozco que ya está en marcha la creación de una fuerza de tarea conjunta para enfrentar a carteles balcánicos entre Ecuador y Europol.

Así es. En los próximos meses vamos a tener una intervención activa ya en Europol, con un oficial de enlace que nos va a permitir colaborar en el intercambio de información de todas las investigaciones que tenemos en conjunto, tanto en Ecuador como en los países de Europa y que tenga que ver con ciudadanos de los países de los Balcanes, porque son los que dominan la distribución y logística hacia Europa. Entonces la conformación de fuerzas, un ‘task force’ con Europol, nos va a permitir tener una alternativa de inicio de operaciones conjuntas de los países que se integren a este tipo de actividades. Están España, Bélgica, Alemania, Holanda y Croacia, inicialmente.

¿Está Inglaterra también?

Inglaterra no es parte de Europol, pero con nuestro país tienen activamente una importante intervención de cooperación en el mismo campo.

¿Ya hay una fecha para empezar esta cooperación, esta ‘task force’?

Una vez que se incorpore el oficial a Europol -lejos de que ya hemos iniciado ciertas conversaciones, intercambio de información-, pero ya más formal, más activo el intercambio de información, conjuntamente con iniciar casos con asistencia penal internacional es lo que nos va a permitir el inicio de esta fuerza de tarea.

¿Cómo se va a plasmar esa cooperación, en qué campos?

Primero en intercambio de información, tecnología, recursos y obviamente también ingresar a ciertos sistemas y plataformas de información para poder tener más datos y usarlos asertivamente sobre ciertas personas.

O sea, van a poder intercambiar más datos en tiempo real

Sí. Este momento no lo podemos hacer porque cuando los países integran de manera formal Europol, es una entidad que tiene análisis de información en toda Europa, tienen también programas como el MAO que es un sistema de análisis, de delitos en el mar, entonces también nos va a permitir ingresar a ese tipo de plataforma, para tener conocimiento.

¿Cuando hablamos de carteles albaneses o de la Kompania Bello, hablamos solamente de personajes de Albania o de varios países?

De varios países. No nos olvidemos que, al tener esta forma de falsificar documentos, como albaneses entran como kosovares, o siendo croatas entran como montenegrinos, pueden mimetizarse, por esa falsificación de identidades que podrían darse y esa es una dificultad. En cambio, con el intercambio de información, como tenemos huellas dactilares, como tenemos identificación facial, ya va a ser mucho más asertiva y más aún cuando el servicio de Migración, a través de la Subsecretaría de Migración que está ahora a cargo de la Policía, está incorporando importante tecnología para tener una identificación en el momento que un extranjero ingrese, facial y de huellas digitales.

¿Entonces se va a poder cotejar la información de huellas digitales con los países de Europol también con los países de Europa?

Efectivamente. Ahora no tenemos eso.

¿En este momento entonces el mapa real es que el principal problema que enfrenta la Policía por salida de cocaína que ingresa desde Colombia se focaliza en los puertos?

Sí, en todos los puertos, que tienen una afectación de acuerdo a su tamaño, de sus exportaciones.

¿Y en este caso una ayuda fundamental para el control van a ser los escáneres, que ya se están probando?

Va a ser un complemento a los indicadores de análisis que tenemos bajo nuestro sistema de perfilamiento. Va a ser un adicional, pero va a ser mucho más ágil y oportuno porque en este momento tenemos aproximadamente entre un 28 y 30% de inspecciones del total de contenedores que salen del país. De manera total 3 o 4% en preembarque, un 20% y el restante en sellos. Con los escáneres se pretende avanzar, por fases, entre un 40, 50, 60 y llegar a un 100%.

Entonces ahí se completa todo, pero no es que los escáneres pueden por sí solos solucionar el problema. Es un complemento para todo el trabajo que se hace previo y posterior. Porque también se puede contaminar después.

Claro, por eso es que hemos advertido en puertos que los lugares que se tiene previsto luego del escaneo deben estar esterilizados, totalmente estériles, sin ningún tipo de riesgo sino más bien con toda la tecnología, con cámaras, con sensores para que inmediatamente pasen a ese sector para el buque. Porque si estos contenedores van escaneados a un lugar y están cuatro, cinco días y no están bajo control, no va a servir de mucho que estén escaneados porque como ya están escaneados los contaminan no antes sino luego.

¿Cuáles son los riesgos que implica la tarea que ustedes cumplen? Porque veía que incluso su seguridad se había reforzado, por todo el tema del riesgo. ¿Cómo ha cambiado su seguridad, por ejemplo?

Bueno, los policías que estamos dentro de esta lucha no únicamente contra las drogas sino contra el crimen organizado, tenemos riesgos a los cuales nos hemos enfrentado de manera fuerte, con toda la convicción de hacer bien las cosas. Lastimosamente algunas personas han fallecido, otros policías hemos tenido que rotar por las amenazas que vienen del crimen organizado, que no únicamente utilizan las formas normales de amenazas como son sobres con amenazas, mensajes amenazantes a través de números desconocidos a los celulares, llamadas telefónicas o sobres cerrados con diferentes mensajes de amenaza sino buscando otro tipo de alternativas y otros medios.

¿En su caso ha recibido amenazas, desde cuándo?

Las amenazas a partir de mi designación como director antidrogas, he tenido dos amenazas. Estamos haciendo grandes cambios en el ámbito de puertos, estamos haciendo una oxigenación a nivel de jefaturas antidrogas, a nivel de unidades especiales y quizá esta oxigenación o estos cambios que nos han dado mejores resultados están perturbando al crimen organizado.

¿Qué porcentaje del personal han movido?

Aproximadamente el 80, 85%.

¿En todas las plazas?

En todas las plazas. Estamos haciendo un fuerte contingente de evaluaciones de confianza tanto a personal de las jefaturas provinciales antidrogas como de las unidades especiales de puertos, aeropuertos, unidad de químicos, unidad de microtráfico y están quedándose únicamente aquellos que pasan las pruebas y evaluaciones de confianza.

O sea, el polígrafo…

Polígrafo, toxicología, psicología y examen económico-financiero.

¿Ahora esto también implica que haya una campaña o pueda haber amenazas o ataques que usted haya recibido por ejemplo a través de redes sociales?  

Sí. Son personas que quizá están alineadas al crimen organizado y tratan de desacreditar la labor que estoy llevando a cabo y afecta a esas organizaciones. Pero estamos con la firme convicción de seguir las acciones legales correspondientes porque no se puede manchar la honra de las personas de una manera tan infame, estamos iniciando acciones correspondientes.

¿Usted va a iniciar acciones contra quienes le han atacado?

Sí, efectivamente lo iniciaremos porque no se puede pasar por alto cuando el buen nombre de una persona es atacado y más aún cuando se lucha en contra del crimen organizado.

Hace pocas semanas hubo una cumbre antidrogas en en Jamaica, ¿Cuál es su evaluación, cómo está Ecuador, qué paso en esa cumbre en relación a estos fenómenos que estamos viviendo los últimos años con la participación de varios carteles y sobre todo el de los Balcanes que genera muchos problemas y mucha preocupación en Europa, sobre todo?

Básicamente el Ecuador dentro el panorama mundial ahora es significativo. Estamos viendo la cantidad de droga que está siendo incautada por la Policía, hasta el momento 169 toneladas, en relación con el año anterior que fueron 149, en el mismo periodo, y en el 2021, fueron 130 toneladas, que fue el año récord de incautación del país. Este año vamos a batir el récord de incautaciones nuevamente.

Bajo este panorama, los organismos internacionales de cooperación, incluso otros países en esta cumbre mundial del IDEC, establecieron varias alternativas de cooperación, coordinación y sobre todo conocimiento de las nuevas dinámicas de las drogas sintéticas en el mundo, como el clorhidrato de fentanilo, Y otras drogas, que según Naciones Unidas no han sido identificadas todavía, pero se estima que llegan a 1.280 sustancias.

Por esa variación y cambios en la producción de nuevas drogas hemos propuesto a Naciones Unidas, a UNDOC para que el país tenga un observatorio nacional de drogas y un laboratorio científico de drogas.

¿Qué objetivos buscan?

Por un lado tener un estudio social de los diferentes estratos en ciudades, barrios, provincias, el rango etario del consumo de drogas, el comportamiento social con criminólogos, sociólogos y bajo esta plataforma establecer programas preventivos.

Que es lo que no se hace desde el 2015.

Claro.

¿Y no hay estudios, sobre todo, de consumo entre adolescentes y jóvenes para definir políticas?

No hay estudios de consumo, de demanda. Y por otro lado queremos construir el laboratorio científico de drogas que nos permita analizar y descubrir nuevas sustancias. Por ejemplo, Colombia tiene un gran laboratorio de drogas que les permite ir descubriendo nuevas sustancias. En este año ellos han descubierto tres nuevas variantes de fentanilo y Chile, dos. Entonces estos laboratorios científicos lo que nos van a permitir es determinar bajo diferentes metodologías, por ejemplo, espectrofotométricas, cromatográficas o inmunoquímicas para hacer estudios no únicamente en personas vivas sino también en personas muertas, es decir, estudios forenses. Hay veces que se dice que una persona murió pero es a determinar, sin saber por qué.  Pero este tipo de metodologías no va a permitir saber a ciencia cierta una persona por qué falleció, sabemos que fallece por paros cardiorespiratorios, pero no sabemos el por qué com precisión.

¿O sea criminalística todavía no puede establecer todas as causas de muertes por falta de tecnología?

En la morgue le determinan la causa de la muerte pero cuando no saben cuál es le ponen “por determinar”. Nosotros al tener un laboratorio científico de drogas, incluso hay un estudio a través del cabello, para determinar, al desagregarle el cabello, qué tipo de sustancia pudo haber ingerido esa persona. Colombia, por ejemplo, tiene un programa que se llama huella química, este programa le permite precisamente desagregar en todas las sustancias, hasta su mínima expresión, de todo lo que contiene. Tiene un sistema de alertas tempranas que igualmente le permite obtener un conocimiento rápido y oportuno de una sustancia que en determinado momento puede causar un problema de salud pública. Porque por ahora, según Naciones Unidas, manifiesta que el fentanilo, al no tener un consumo masivo en América Latina, no se lo puede considerar todavía como un problema de salud pública.Pero no tenemos una forma científica de saberlo por eso es necesario el laboratorio, para conocer en este caso   cuándo las drogas sintéticas podrían causar un problema de salud pública.

¿Existe demanda de fentanilo en Ecuador?

No tenemos ningún dato específico en torno al consumo de clorhidrato de fentanilo. Lo que hemos tenido hasta el momento son tres operaciones, una en agosto del 2022, otras en abril y agosto del 2023. En estas dos últimas tuvimos una incautación de alrededor de 17 ampollas de citrato de fentanilo, es decir medicina. No es droga sintética, no es clorhidrato de fentanilo. Y el primer caso fue una entrega controlada de 107 ampollas que iban de Colombia hacia Chile.

¿ Y ese es el dato que expusieron las autoridades de Estados Unidos, sobre que Ecuador empieza a ser utilizado como paso para llevar fentanilio a países del sur desde Colombia?

No, no. Pero es citrato de fentanilo, es una medicina.

¿Pero en Estados Unidos afirmaron que era clorhidrato de fentanilo?

Nosotros también nos admiramos, justo estuvimos ese momento en Jamaica y comentábamos también con los organismos de Estados Unidos y nos admiramos con Colombia al manifestar eso; pero como ya fue eso aclarado por el ministro del Interior, ya se pronunció el Ecuador en torno a esa declaración. Hemos establecido que en Ecuador no hay presencia de clorhidrato de fentanilo, que es la droga sintética. Lo que sí tenemos en una venta en el mercado negro o en lugares donde se vende medicina sin ningún tipo de receta o de manera ilegal, es el citrato de fentanilo que viene en tres modalidades: a manera de inyección, que son las ampollas; inhalador o parches transdérmicos.

¿Y para qué sirven?

Esto por lo general se utiliza para personas que tienen enfermedades terminales.

¿Es para el dolor? ¿Es como una variante de la morfina?

Sí, es para el dolor, un analgésico. El fentanilo es 50 veces más potente y adictivo que la heroína y 100 veces más potente y adictivo que la morfina.

¿Y por eso también es tan utilizado para el dolor?

Exactamente. Estuvimos en otro evento en Medellín, donde fue un simposio del fentanilo y nuevas sustancias psicoactivas. Entonces ahí se determinó que por ejemplo el 80 % de las personas que consumen drogas sintéticas no es que van y piden véndame fentanilo, como sí lo hacen: “necesito cocaína, necesito heroína”. Lo que están haciendo los narcotraficantes es mezclar, hacer una droga de corte a la heroína o a la cocaína, con el fentanilo.

Preparan cocteles.

Sí. Para generarle mayor adicción, porque se establece que, por ejemplo, el efecto de la cocaína es de aproximadamente de 8 a 9 horas, de la heroína es 5 horas y del fentanilo es de una hora. Entoces una hora ya necesita más, en menor tiempo para generar una mayor adicción. Producto de esto son las muertes, porque todavía estos criminales no le calculan bien la cantidad de clorhidrato de fentanilo para mezclar con otras drogas. Bastan dos miligramos para matar a una persona. Es como poner la punta de un lápiz. Entonces si eso no lo calculan bien es letal. Hacíamos una comparación de la rentabilidad y sobre todo de la cantidad de dosis: con 13 000 libras de clorhidrato de fentanilo se pueden sacar 328 millones de dosis. Con 13 000 libras de clorhidrato de cocaína, sacan 598 000 dosis.

¿O sea, la cantidad es exponencialmente mayor?

Lo que estamos viendo e s que en el futuro las organizaciones delictivas, como el cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, en algún momento se van a volcar a las drogas sintéticas como el fentanilo porque ya no necesitan grandes cargamentos, ya no necesitan estructuras grandes de  laboratorios. Los laboratorios que se han descubierto en México y en Estados Unidos donde se está produciendo quizá esta droga sintética, se ha determinado la ruta que empieza en China, van los químicos a México, ahí le procesan y se la vende en EE.UU.

Ese es el principal mercado de fentanilo este momento

Claro. Lo que pasa es que están mezclando. Por eso se ve a personas, especialmente en algunas ciudades muy mal.

¿Como zombies?

Exactamente. Porque ellos consumen heroína, cocaína o la hache o cualquiera de las drogas sintéticas pero las están mezclando con fentanilo, para generar más adicción.

Pero  es una plaga, hay miles de muertes, es muy grave.

No solo en EE.UU. En febrero del 2022 murieron 24 personas en Argentina, porque le mezclaron heroína con fentanilo, que es otro derivado y variante del clorhidrato de fentanilo. Entonces no vemos en el país presencia de clorhidrato de fentanilo. Lo que existe es citrato de fentanilo que es una medicina y la que están comercializando en estos casos que se han encontrado, a manera de ampollas.

Que es utilizado como los otros opiáceos. ¿El fentanilo viene de un opiáceo de Asia?

Así es, viene de un opiáceo. Cuando le hacen la prueba a una persona, tiene los mismos síntomas que una persona que consume cocaína o heroína. Entonces no se puede determinar que está consumiendo fentanilo, porque tiene los mismos síntomas.

¿Entonces por eso también es importante el laboratorio? 

Por eso es importante el laboratorio, para determinar a ciencia cierta, de manera exacta, qué sustancia está consumiendo una persona, de encontrársele viva y si fallece, a través de las diferentes metodologías que le mencioné, que pueden ser ya en el ámbito forense.

Entonces la preocupación de los Estados Unidos este momento son las drogas sintéticas, que les están afectando directamente. Pero, por otro lado, en Europa, ¿qué está pasando? ¿La preocupación es la cocaína?

Sí. Este momento la demanda mayor de clorhidrato de cocaína que sale del país está destinada a Europa. Hasta el momento de las 169 toneladas incautadas, 51 toneladas en puertos iban a los países de España, Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos.

¿Y en carreteras y otros sitios qué pasó con las capturas?

En carreteras hemos incautado 84 toneladas y el restante han sido entre fronteras, interdicción en vías y centros de acopio.

¿Eso qué significa? Se está capturando más antes de llegar a los puertos. El año pasado era al revés.

Sí, exactamente. Bajo la nueva estrategia del plan antidrogas de la Policía nos hemos enfocado en su mayoría a incautar en fronteras y en vías, antes de que lleguen a los puertos y se convierta en un embudo y en una forma de violencia entre las organizaciones criminales.

¿Entonces capturan, ya saben dónde viene, dónde está pasando, empiezan ahí la interdicción?

Exactamente. En frontera, en vías y en centros de acopio.

¿Esto qué significa, que hay más personal destinado a esto, más tecnología y recursos?

Hemos cambiado la estrategia y la táctica. Hemos destinado tecnología, hemos  establecido capacitación, recursos, implementado  técnicas de perfilamiento en estos lugares.

¿Cómo está la cooperación con los militares, que tienen la misión de controlar en un espcio de 10 kilómetros de la frontera?

Las Fuerzas Armadas se dedican en algunos casos que hemos visto a la destrucción de los laboratorios de procesamiento, conjuntamente con información que reciben de las Fuerzas Armadas de Colombia.

¿De Inteligencia?

Y básicamente en ese ámbito intervenimos. Ya en el tema de interdicción en frontera y vías, lo hace exclusivamente la Policía.

O sea, ahí el trabajo es específico de la Policía, de la estrategia de drogas. ¿Cuándo cambió esta estrategia?

Este año.

Entonces esto implica que hay más capturas, pero lo que siempre se ha cuestionado es que falta fortalecer el trabajo para desmantelar organizaciones, para que no sigan entrando tantas cantidades de cocaína. ¿Qué están haciendo para trabajar en el tema de lavado de activos, cómo ubicar toda esta dinámica y conexiones?

Bueno, un importante procedimiento que hicimos en junio fue el caso de Wilmer Sánchez Farfán, el Gato. Él fue detenido en Colombia, hace dos semanas terminó la instrucción fiscal, y comienza la etapa de juicio. Se incautaron 104 propiedades, alrededor de 12 millones de dólares entre vehículos, departamentos, casas, haciendas, animales exóticos aquí y alrededor de 12 personas que establecían la propiedad de presunción de testaferrismo y lavado de activos. Esto hace que vayamos articulándonos, conjuntamente con Fiscalía todos los casos que están saliendo, los que han salido y los próximos a ejecutarse. Se está mirando también todo el ataque a desvanecer la economía criminal producto del narcotráfico.

¿O sea, ya está el foco puesto también en ese tema ahora, el de investigar las organizaciones?

Sí. Tenemos una Ley de Extinción de Dominio que si bien es cierto todavía nos hace falta ciertas alternativas de reforma. La Policía ya está elaborando un proyecto de reforma legal. Cuando la Asamblea se incorpore ya a sus funciones, presentaremos una propuesta para que la ley sea más fuerte, oportuna y efectiva a la hora de las incautaciones.

¿Por qué es débil en este momento la Ley de Extinción de Dominio?

Porque se dedica exclusivamente a ciertos delitos, porque no es un procedimiento rápido la incautación. Lo que necesitamos es que, igual que en otros países, sin necesidad de la intervención de un juez, la Fiscalía, directamente, pueda hacer este procedimiento de incautación, expropiación. Así se reducen los plazos de intervención en cuentas bancarias, inhabilitación de la venta de propiedades, para que sean mucho más rápidos. Hoy, mientras dura la indagación previa, por ejemplo, nosotros en cuestión de lavado de activos tenemos que dar a Fiscalía, especificar al detalle quién es el propietario, qué ubicación tiene y esto se saca de notarías y a veces las notarías ya les anticipan a las personas que están averiguando de sus bienes y hacen ventas rápidas.

¿Las criminales tienen ventaja, todo el tiempo para impedir que capturen sus bienes?

Exactamente. Entonces lo que nosotros proponemos es que los procedimientos sean mucho más rápidos, ágiles y expeditos. De esta manera, no solo fijarse exclusivamente en cierto tipo de delitos sino ampliarse a otros.

En lo de fondo hay un cambio de estrategia, hay más capturas antes de que la cocaína llegue a los puestos, en vías y sitios de acopio ¿Y en este giro qué papel está jugando la cooperación internacional, cómo se está articulando?

Muy importante porque la tecnología que se mantiene actualizada y modernizada en otros países nos permite llegar al Ecuador a través de todas las alternativas de investigación, hace que seamos mucho más efectivos.

¿Qué países son los que más están cooperando con la Policía en este tema?

Estados Unidos, Reino Unido, próximamente Bélgica, estamos en conversaciones con España.

ENTREVISTA. Luis Pásara (1944) es sociólogo del derecho y ha estudiado el funcionamiento del sistema de justicia en varios países latinoamericanos, incluido Ecuador. Es senior fellow en la Fundación para el Debido Proceso. Su estudio sobre la intromisión del proyecto político correísta en la justicia sentó un precedente: reveló que muchos jueces respondían a dictados de Carondelet.

Alianza Código Vidrio – Vistazo 

Los países de la región, hablamos de Perú y de Ecuador, ¿son proclives a la intromisión de la política en la justicia? 

En nuestros países existe una larga tradición de dependencia de la justicia respecto al poder. Tradicionalmente, esto se ha expresado en los nombramientos judiciales a cargo del Congreso y, luego, mediante los consejos que aparentemente no representan al poder político pero que, formal o informalmente, son instrumentos de él cuando nombran, ascienden o destituyen jueces.

¿Hay alguna razón que explique este fenómeno en términos culturales o históricos?

Si Ud. quiere remontarse al origen de esa tradición hay que buscarla en la matriz hispana de la función judicial, que era una potestad del rey delegada por éste a los jueces. Con la Revolución Francesa se sustituyó nominalmente “rey” por “pueblo”, pero en la realidad fueron los “representantes del pueblo” quienes entendieron que, al encargar la función de administrar justicia a los jueces, tenían poder sobre ellos. Y ejercieron ese poder a su antojo.

Como resultado del mantenimiento de esa tradición, solo en las últimas décadas ha aparecido la noción de independencia judicial que busca, de un lado, que los jueces decidan los casos que conocen de acuerdo a ley y a su criterio y, de otro, que los jueces puedan ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. Este segundo aspecto es esencial en una democracia para que la ley sea respetada por quienes ejercen el poder.

¿Qué mecanismos deben exigir las sociedades actuales para evitar que los intereses políticos metan sus manos en la justicia, hablamos de la intromisión en la Corte Nacional de Justicia?

Es difícil responder con precisión esta pregunta. Se ha intentado diversas fórmulas –como los consejos, cuya composición varía según los países– pero la injerencia política generalmente prevalece, no solo con ocasión de la designación de las cortes supremas sino, en general, de todos los jueces.

Usted estudió el período de la Revolución Ciudadana, ¿Cómo define el poder del Consejo de la Judicatura que actúa en Ecuador como ente que controla a la justicia? 

No he seguido la actuación del Consejo post-Correa. En el período de la Revolución Ciudadana el Consejo fue el instrumento para que los designios del gobierno se plasmaran en las decisiones judiciales, destituyendo a los jueces que se opusieran a algo hecho en Carondelet. Pero el problema no está en las atribuciones que ostenta el Consejo sino en el uso que se haga de ellas.

¿Hay algún otro país de la región que tenga este mecanismo bicéfalo en la justicia?

Si se entiende por “bicéfalo” la existencia de la Corte y el Consejo, lo hay en varios países: Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, entre otros. Me parece saludable que la Corte no se encargue de la administración del poder judicial, porque su función es resolver en última instancia los casos que debe conocer. En Chile, el “poder” sobre los jueces lo ejerce la Corte Suprema y el resultado no es saluVdable. De modo que tenemos que ir a una fórmula distinta a la Corte, que se encuentre lo menos contaminada posible de los intereses políticos.

En teoría, ¿cómo deberían nominarse a los miembros de una Corte Nacional de Justicia, para evitar intromisiones políticas?

De nuevo, debo decirle que es una pregunta difícil. Empecemos por descartar el nombramiento por el Congreso, que actúa guiado por intereses políticos, como es natural. En Bolivia se ha intentado un mecanismo que solo disimula el carácter político: la elección popular, entre candidatos que propone el Congreso. El resultado es un fracaso: la mayoría del electorado vota blanco o viciado en estas elecciones. La elección ideal debe combinar diversos actores: colegios de abogados, universidades, entidades asociativas y gremiales, etc., de modo que sea más difícil filtrar intereses políticos a la hora de nombrar a los miembros de la Corte.

JUSTICIA ACORRALADA. Penas sin castigo. Falta de acceso a la justicia y politización, son expresiones de la crisis judicial, que golpea directamente a los ciudadanos. Las leyes no siempre aplican para todos, por igual.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Hay mujeres que esperan entre 8 y 13 meses para obtener citaciones que son parte del trámite de juicios de alimentos, explica la jurista y académica María Dolores Miño. Ella lidera el Observatorio de Justicia y Derechos, ODJ, un espacio que monitorea el funcionamiento del sistema judicial en el país.

El ODJ ha seguido el pulso de la situación convulsionada del sistema, que se hizo más visible los últimos meses, cuando cambió la correlación de fuerzas en el Consejo de la Judicatura.

El fenómeno, en realidad, viene gestándose desde hace años y responde a una lógica, visible prácticamente desde el regreso a la vida democrática. “No es un tema nuevo el hecho de que grupos con intereses políticos, o económicos, quieran tener injerencia en el funcionamiento de las altas cortes, porque la función judicial puede ser el último bastión de tutela de derechos, o el mecanismo desde el cual se permite impunidad frente a violaciones a la ley”, advierte Miño.

Hay un efecto colateral. La impunidad favorece al florecimiento del crimen organizado. El sistema de justicia se orienta a golpear solo a los más débiles en esa cadena, afirma Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO). Este centro de investigaciones mapeó sentencias por narcotráfico en Guayas.

Tres de cada diez sentenciados son microtraficantes, es decir, procesados por tráfico en pequeña y mediana escala: reciben penas de diez años en promedio. Sin embargo, personas que son parte de organizaciones criminales reciben condenas bajas, tras acordar un procedimiento abreviado. “Acceden luego de una negociación con la Fiscalía, buscando celeridad en el sistema”. En cuatro de cada diez procesos abreviados, las sentencias en promedio fijan 20 meses de privación de libertad.

Tarifario para recibir penas pequeñas

Rivera va más allá. Hay provincias en la cuales “el procedimiento abreviado tiene un listado de precios, una pena de 20 meses cuesta cinco mil dólares; se ha fijado una especie de tarifario”, según funcionarios encuestados para el estudio en varias provincias.

Con frecuencia, explica el académico, se atribuye la impunidad a la debilidad de la legislación y a la hegemonía del sistema garantista. El problema de fondo radica en la interpretación que de la ley hacen los operadores de justicia: procesan por delincuencia organizada, cuando deberían juzgarse otros delitos, en los que no accederían a esos beneficios.

En otro estudio, el Observatorio detectó que el 40 por ciento de procesados debía ser vinculado por narcotráfico. Este grupo enfrentó cargos por delincuencia organizada, delito que contempla la mitad de la pena.

En el mapa del crimen organizado en el Ecuador, el narcotráfico impera, copando el 23% de delitos. Le sigue el lavado de activos, con 17% de participación. Y en tercer lugar está la corrupción estatal, con 16%. Estas cifras constan en el informe “Caracterización del crimen organizado”, del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, OECO. Este centro es un proyecto de la fundación PADF.

Si hay evidencia de que muchos casos de narcotráfico se investigan por una figura delictual distinta, que es la delincuencia organizada, también hay indicios de impunidad en otro delito: lavado de activos.

Nueve de cada diez investigaciones previas por esta figura terminan en archivo. No se convierten en juicios formales. Hay varias razones, una de ellas es que los procesos investigativos se realizan desde Quito, advierte Rivera.

Entre 2016 y 2021 solo hubo 16 indagaciones previas por lavado de activos.

A partir de 2020, el país emite un promedio de dos sentencias anuales por este delito; frente a 40 de Colombia y 17 de Perú. “Como país, en este tema hacemos muy poco”. La justicia no ve, no quiere o no puede ver, mientras tanto, crece el crimen organizado en el país. Otro tema que admiten los funcionarios al ser consultados es que las provincias con mayores casos de corrupción judicial son Guayas, Santa Elena y El Oro

Vocales de la Judicatura al banquillo

 La crisis actual en el sistema judicial tiene bajo el ojo de la tormenta a los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, Xavier Muñoz y a su presidente Wilman Terán,  que integran el pleno del Consejo de la Judicatura. Éste es el ente que en la práctica mueve los hilos invisibles de la justicia. Por eso es la joya de la corona para grupos políticos y económicos.

Barreno y Morillo están procesados por el presunto delito de tráfico de influencias, mientras Terán y Muñoz por interferencia en la justicia.

En el primer caso extractos de una grabación magnetofónica, difundidos a mediados de 2022, revelarían un intento por favorecer con una acción de protección a la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Los hechos investigados habrían ocurrido durante una reunión realizada fuera de las instalaciones del consejo. El juez provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya, también es investigado.

El último viernes 22 de septiembre falló el cuarto intento por instalar la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia fue diferida por pedido de la defensa de la vocal Barreno.

El juez nacional Walter Macías conoce este expediente, conocido coloquialmente como el caso Vocales. Macías se reincorporó en sus funciones, por un recurso legal, pues había sido suspendido y destituido en forma irregular, con votos que no representaban mayoría absoluta del pleno en el Consejo de la Judicatura.

Este órgano está integrado por cinco vocales. Ellos son elegidos, de ternas, en procesos dirigidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). De la terna que envía la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sale el presidente del CJ. Los otros vocales provienen de listas enviadas por la Fiscalía General del Estado; la Defensoría Pública; la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional.

La actual conformación del CJ refleja la pugna de intereses, de distintos actores políticos, con el correísmo como principal protagonista. En febrero de 2018 el gobierno de Lenín Moreno impulsó una consulta popular, que cesó a los miembros del CJ de la época. El Consejo de Participación Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, designó una Judicatura temporal.

En enero de 2019, se conformó el CJ definitivo, con los vocales María del Carmen Maldonado, Patricia Esquetini, Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo. Esquetini representaba al Ejecutivo; renunció meses más tarde. Fue reemplazada por Jorge Moreno, quien salió en la pandemia. Su sucesor fue Xavier Muñoz Intriago, quien se posesionó el 15 de abril de 2021, poco antes de la posesión del gobierno de Guillermo Lasso.

María del Carmen Maldonado presidía ese Consejo; representaba a la Corte Nacional de Justicia. Renunció a inicios de 2022. Su suplente, Álvaro Román, reclamó su derecho a presidir la Judicatura y presentó recursos constitucionales para lograr su objetivo. Recién en enero de 2023 Román llegó a presidir el consejo, brevemente.

Luego fue reemplazado por Wilman Terán. Como presidente del CJ, en septiembre Terán cumplió siete meses en funciones, en medio de turbulencias y enfrentamientos con la misma Corte Nacional de Justicia, que lo nominó para ese cargo.

El vocal Fausto Murillo asumió por encargo la presidencia del CJ durante el año 2022, tras la salida de Maldonado. En ese período, según explicó en entrevista, impulsó 17 acciones fundamentales, entre ellas, la creación de unidades especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado y la aprobación del protocolo para destruir aproximadamente 500 toneladas de droga. Dijo haber sufrido persecución y acoso. “Comparecí 17 veces a la Asamblea y respondí 382 pedidos de información; enfrenté un juicio político”.

Apetitos políticos insaciables

 Sectores políticos buscan captar la justicia; esto no es nuevo. En octubre de 1984, a pocos años del regreso a la democracia, mediante una reforma constitucional se cambiaron las reglas del juego para la conformación de la (entonces) Corte Suprema de Justicia. Como relata Santiago Basabe en el libro “Política y Justicia en América Latina”, se redujo el tiempo en funciones de los jueces de seis a cuatro años. Además, se amplió el período de rendición de cuentas de los jueces salientes, hasta un año después de dejar el cargo. A partir de la decisión, el Congreso de la época designó una nueva Corte Suprema. “Una mayoría legislativa encabezada por el opositor partido Izquierda Democrática, acogiendo la reforma constitucional mencionada, decidió renovar íntegramente la CSJ”, escribe Basabe. Como respuesta desde el Ejecutivo León Febres Cordero se ordenó rodear el edificio de la CSJ con tanquetas de guerra, impidiendo de esa forma el ingreso de los jueces designados por la legislatura. Durante más de un mes el país tuvo dos cortes. Solo un acuerdo entre el oficialista PSC y la ID “dio fin al conflicto a través de la designación de una nueva Corte Suprema que reemplace a las dos en disputa”.

Un salto de 14 años en la historia nos lleva hasta 1998. A partir de la vigencia de la Constitución de ese año, se incorporaron cambios institucionales. El Congreso hizo la designación; los candidatos fueron seleccionados por una comisión especializada, a través de un concurso público. Según Basabe, en el citado libro, ésta habría sido “la mejor conformación de la Corte desde el regreso al período democrático”. La normativa fijaba el requisito de experiencia en 15 años, para ser magistrado de la CSJ.

Todo cambió en 2004. Una coalición legislativa conformada por el partido del entonces presidente Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica) y de otras agrupaciones, como el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, destituyó a la CSJ. El 8 de diciembre de ese año, en el mismo acto de cesación, el Congreso de la época posesionó a los jueces de la Pichi Corte. Ya en el cargo, el nuevo presidente de la CSJ declaró nulos todos los juicios penales seguidos contra el exmandatario, quien hasta el momento se hallaba prófugo en Panamá. Cayó el gobierno de Gutiérrez y cayó la Corte a la carta.

La metida de mano de Correa a la Justicia

Pero la intromisión de la política en la justicia se profundizó en 2008, tras la vigencia de la Constitución de Montecristi. La consulta popular de mayo de 2011 le autorizó al Gobierno de la Revolución Ciudadana a meter las manos en la justicia.

El poder político nombró a tres vocales para integrar un Consejo de la Judicatura (CJ): Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar a su medida.

Ese consejo, “se tomó la justicia con tres herramientas: el plan de desenrolamiento con una compensación económica para quienes no se alinearan; un régimen disciplinario absolutamente persecutorio; y una evaluación arbitraria y direccionada. Así eliminaron de la función judicial a casi el 90 por ciento de servidores, esa época quedó un diez por ciento de jueces”. Eso explica el vocal Fausto Murillo, quien fue servidor judicial por 25 años en la Corte Suprema de Justicia. Murillo se acogió al plan de desenrolamiento porque no aceptó seguir lineamientos políticos.

En  2019, Murillo fue escogido para integrar el Consejo de la Judicatura, a través de una terna. Aclara que no podría regresar a la carrera o administrar justicia, ya no es funcionario judicial.

Desde la vocalía a su cargo en la Judicatura, advierte que este consejo es apetecido por grupos políticos; bajo el pretexto del caos generalizado intentan secuestrar al ente. Y alerta que la presión es mayor ahora, cuando está en marcha el proceso para completar, vía concurso, la conformación de la Corte Nacional de Justicia.

En 2023 hubo cambios en el CJ. La Corte Constitucional destituyó, en enero de 2023, a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana. La causal: un “incumplimiento deliberado y sistemático” de la sentencia constitucional que los obligaba a designar a Álvaro Román como presidente.

El nombre de Wilman Terán constó en la cuarta terna que envió la Corte Nacional.  El 13 de febrero, se posesionó como presidente del CJ. Antes de su designación integraba el máximo tribunal como juez nacional encargado, presidente de la sala especializada de lo Civil y Mercantil; aparte, la sala de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores.

En cuestión de meses, Terán armó una mayoría con los vocales Barreno y Xavier Muñoz. Barreno afirma que llegó a la vocalía, porque fue propuesta dentro de la terna remitida por la Fiscalía General. Asegura que ostenta la representación institucional y no de un fiscal en particular. Esto, en respuesta a las críticas de la fiscal Diana Salazar, según las cuales Barreno tiene agenda propia.

El expediente por el caso Vocales sigue pendiente. La crisis de la justicia impacta a los usuarios del sistema. Como alerta María Dolores Miño, “La justicia es un derecho y es una necesidad social. No es un tema de dioses del Olimpo peleando por migajas de poder. Este rato en el país la justicia está preocupada por la política en lugar de favorecer al ciudadano común”.

Cambiaron los actores, no el modus operandi

 María Dolores Miño, jurista que lidera el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), explica que cambiaron los actores, pero no el modus operandi. “Hoy por hoy, la Fiscalía lidera la estrategia de politización de la justicia, si bien los ciudadanos esperábamos investigación y sanción a los hechos de corrupción, nuestro ejercicio de veeduría consistió en hurgar casos y encontramos desprolijidad en pruebas, en caracterización de delitos, un trabajo fiscal deficiente, en un entorno de jueces amenazados por sanciones disciplinarias y por el posible inicio de investigaciones penales”.

Al ODJ le preocupa el crecimiento de un discurso oficial de satanización de la función judicial, por parte del Ejecutivo. Esto, en un contexto de abuso de garantías jurisdiccionales. “Son dos problemas, en realidad, la politización de las garantías de protección de derechos, que son carta preferida por actores políticos, generalmente afines al correísmo. Ahora, esta tendencia se mantiene en 2023, por parte de un nuevo actor que son los grupos vinculados a la delincuencia organizada”.

“Al Presidente no le corresponde salir en cadenas nacionales explicando que un juez debió actuar de tal manera, eso abona a un deterioro de la percepción ciudadana sobre la justicia”.

La jurista matiza sobre los procesos contra los vocales de la Judicatura. “No toda investigación es hostigamiento; la crisis de la justicia revela que todos los actores han incurrido en actuaciones por intereses políticos que terminaron perjudicando a la independencia judicial”. No obstante, menciona que el caso Vocales se reactivó con oportunidad política, algo que también ocurrió con el caso contra el exalcalde Yunda.

La estatal petrolera usa esta modalidad de contratación para servicios como alimentación, transporte de carga, combustible y personal y servicios. Especialmente limpieza, confección de ropa de trabajo, fumigación, control de plagas, entre otros. Petroecuador asegura que no es su competencvia revisar la conformación de personas jurídicas de la economía popular y solidaria, a pesar de que es la que redacta los pliegos, hace las convocatorias, selecciona a los ganadores, firma los contratos y paga por los bienes o servicios. Desde hace tres años hay denuncias de supuesta corrupción en esos contratos.

Redacción Código Vidrio

El 42,9 % de los contratos que Petroecuador prevé firmar hasta fines de este año, bajo la modalidad de ferias inclusivas, se destinará a servicios de transporte. La inversión aproximada asciende a 69,4 millones de dólares y mayoritariamente será para pagar por el traslado de materiales, carga extrapesada, movilización terrestre y fluvial para el personal, entre otros.

Más de la mitad de ese monto se asignará este 2023 para el transporte de crudo, combustibles y aguas de formación. Esta es una tarea codiciada en la Amazonía y ha despertado preocupación entre los transportistas amazónicos, quienes han denunciado presuntas irregularidades en la conformación de algunas cooperativas que participan en las ferias inclusivas.

En respuesta a una solicitud de Código Vidrio, Petroecuador indicó que la mayor parte del dinero para contratos bajo este procedimiento especial del régimen común se divide entre transporte, alimentación y servicios varios. Los contratos por alimentación alcanzan el 37,3% del total. El 17,3% es para cubrir gastos de limpieza, lavandería, arreglo de áreas verdes, administración de habitaciones y adquisición de ropa.

Los montos menores corresponden a adquisiciones de insumos agrícolas, pecuarios, material de ferretería y equipos. El más bajo, que llega a USD 450 000 y es apenas el 0,3% del total, se emplea para arreglos de vehículos y naves de Petroecuador.

Denuncias sobre los contratos de transporte

Este medio denunció el martes pasado que hay organizaciones que acogen cualquier socio con el objetivo de ganar puntos adicionales por considerarse, de acuerdo con la ley, acciones afirmativas en cuanto a temas de igualdad.

Se trata de contar con socios y personal que tengan alguna discapacidad, sean mujeres, jóvenes o de la tercera edad o beneficiarios del bono de desarrollo humano. Entre las anomalías que despiertan más dudas se incluye, por ejemplo, el registro de mujeres que no podrían probar que tienen un vínculo común con la actividad de la cooperativa; por ejemplo, poseer un vehículo pesado o tener licencia de conducir profesional.

Las denuncias apuntan a que, de forma sospechosa, hay organizaciones que cuentan con todos los parámetros que ganan puntos adicionales en este sentido, de acuerdo con el concejal de El Coca, Miguel Murillo, quien investigó los casos en los últimos meses.

Estos reclamos llegaron a Petroecuador y otras instituciones relacionadas con este tipo de contratación y organización, como el El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

 

Este medio consultó a Petroecuador sobre sus métodos de evaluación y control para elegir a sus proveedores y su posición frente a las quejas que han realizado otras empresas de transporte pesado, que se sienten excluidos por las presuntas irregularidades que citan en sus denuncias.

Petroecuador defiende su procedimiento

La empresa estatal citó varios artículos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y normativa secundaria expedida por el Sercop como respuesta. Y agregó que “las características, particularidades y condiciones del procedimiento se encuentran previstas expresamente en la normativa vigente; ante lo cual, esta Empresa Pública da cabal y estricto cumplimiento tanto en los pliegos que rigen cada uno de los procesos de contratación, así como con los servidores que se desempeñan como integrantes de las Comisiones Técnicas”.

Respecto a las dudas sobre los socios que constan en los listados de las cooperativas señaladas, Petroecuador informó que no es su competencia verificar, validar y tramitar. “Eso le corresponde al Consejo de Administración de la cooperativa o del organismo de integración y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”, señaló.

Sin embargo, en las respuestas que envió la empresa estatal a este medio se indica que los postulantes deben presentar documentos que acrediten el cumplimiento de cada criterio de igualdad, para su verificación.

De hecho, el artículo 230 del Reglamento señala que “la entidad contratante realizará la apertura de ofertas, en la que verificará que se encuentren todos los requisitos mínimos solicitados en el pliego. De existir errores de forma en la oferta, la entidad contratante podrá solicitar al oferente la convalidación de los mismos. La entidad contratante realizará la evaluación y calificación de la oferta atendiendo a las especificaciones técnicas o términos de referencia según lo previsto en el pliego utilizando para el efecto” la metodología cumple o no cumple, que incluye la verificación de documentos y requisitos mínimos.

El pleno de la Corte Nacional de Justicia conocerá hoy la declaración jurisdiccional previa No. 17-2023, que tiene como antecedente la denuncia presentada en contra del juez (destituido) Walter Macías por la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno.

Redacción Código Vidrio

La elaboración de la declaración fue delegada al juez de la sala penal Byron Guillén, quien debía presentar su informe hace dos semanas, pero no lo hizo por una calamidad doméstica.

Fuentes de la Corte dijeron que Guillén podría pronunciarse a favor de la destitución de su excolega Macías, acogiendo los argumentos de Barreno, quien denunció que supuestamente se habría violentado su derecho a la defensa. Esto por no haber estado presente en la recepción del testimonio anticipado de la testigo protegida (una funcionaria judicial) dentro del caso que se sigue en su contra y del vocal Juan José Morillo por tráfico de influencias. En este proceso también está implicado el juez de la corte provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya.

Los tres fueron grabados por una jueza, a quien también intentaron persuadir, en una reunión celebrada el año pasado. Ahí hablaron de beneficiar a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, desde el poder judicial, para salvarla de su destitución. Además de la grabación, la funcionaria rindió sus testimonio en la causa que impulsa la Fiscalía.

Este caso era conocido por el juez Macías, quien desde hace varios meses empezó a ser cercado por acciones disciplinarias impulsadas por el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los vocales Barreno, Morillo y Xavier Muñoz. Así, la Judicatura fue acorralando al juez: primero lo suspendieron y luego lo destituyeron en una polémica sesión con dos de tres votos de los vocales Terán y Muñoz, que estaba ebrio.

Dos jueces de la Corte, que pidieron el anonimato, coincidieron en que Barreno busca, de una manera ilegal, que el Pleno declare una manifiesta negligencia contra el juez Macias y así también se declare la nulidad del proceso en su contra por tráfico de influencias.

En la Corte se da por descontado que Guillén, en su proyecto de declaración, recomendará la destitución de de Macías. La semana pasada, él y seis jueces más fueron beneficiados por decisión del Consejo de la Judicatura (con votos de Terán y Muñoz) con una extensión de su período hasta el 2030. Guillén debía dejar el cargo el siguiente año.

Tras su destitución, Macías fue reemplazado por Mercedes Caicedo, quien era conjueza pero asumió la titularidad y también se habría beneficiado de la extensión hasta el 2030. Sin embargo, ella aseguró que solo estaba encargada de esa función, y que sigue siendo conjueza. Para este último cargo fue designada hasta el 2030. El lunes, Caicedo recibió amenazas en redes sociales y recibió el respaldo del Pleno y de la Judicatura, que activó protocolos de seguridad para su protección.

En el Pleno hasta ayer no habían los votos para aprobar la declaración jurisdiccional. De los 21 jueces se requiere el apoyo mínimo de 12.

Este tema ha sido tratado tres veces en el Pleno, pero se ha postergado por cálculos de quienes buscan impulsar la destitución y se han mostrado cercanos a las tesis de la Judicatura, dijo un magistrado.

Entre tanto, Macías presentó una acción de protección para volver al cargo, que aún no ha sido resuelta.

Adjudicaciones irregulares en contratos de Petroecuador para el transporte de combustible, crudo y aguas residuales enturbian las ferias inclusivas en la Amazonía. Denuncias y documentos confirman la inclusión anómala, fraguada, de personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y adultos mayores, para llenar los requisitos de los procesos. Este tipo de contratación no tiene montos tope referenciales, son variables, lo cual sería aprovechado por ciertos contratistas para adjudicaciones anómalas. Los últimos procesos de transporte llegaron a 38,4 millones de dólares en Petroecuador. Las denuncias son conocidas por entidades de control sin ninguna consecuencia. 

Redacción Código Vidrio  

Un monopolio en el transporte de crudo, combustibles y aguas provenientes de los campos petroleros se estaría fraguando a partir de la contratación en las ferias inclusivas. Mientras, en teoría, este sistema debería beneficiar solo a diversos actores de la economía popular y solidaria en las provincias amazónicas, en la práctica hay cooperativas que denuncian su exclusión por supuestos intereses de grupos hegemónicos, a pesar de que se han dedicado toda su vida al transporte pesado.

Una federación de Sucumbíos y el concejal de El Coca, Miguel Murillo, investigaron las ofertas de una cooperativa contratada y detectaron anomalías como la inclusión de mujeres, personas de la tercera edad, jóvenes o personas con discapacidad en sus listas. Ninguna de estas personas tenía algún vínculo común con el servicio de transporte requerido por Petroecuador, que es un requisito obligatorio para ser contratados.

Personas sin licencia de conducir profesional, socios recientemente vinculados, facturas que despiertan dudas son otras de las irregularidades denunciadas.

¿Un modelo inclusivo usado para excluir?

Las anomalías están cobijadas por las ferias inclusivas, uno de los mecanismos de contratación creado en 2007, durante el gobierno de Rafael Correa. Cualquier entidad estatal puede aplicarlo para priorizar la contratación de bienes o servicios, que ofrezcan micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos y actores de la economía popular y solidaria.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) tiene, para estos procediminntos, un amplio catálogo que incluye la oferta de alimentación, confección de ropa y calzado, limpieza, mantenimiento vehicular y de infraestructura. También construcción, ganadería, centros de llamadas, etc. de organizaciones que están facultadas para participar en concursos bajo esta modalidad de contratación pública.

Según esa entidad, la primera feria inclusiva ocurrió en 2007, para lanzar el Programa de Provisión de Alimentos; pero fue un procedimiento informal porque apenas en 2011 el Instituto de Contratación Pública (Incop) emitió un reglamento.

Petroecuador y los contratos de transporte

Uno de los servicios que se puede contratar por esta vía es el de transporte de carga pesada y liviana. Y Petroecuador está entre las entidades públicas que más aplican esta modalidad.  Así hacen carámbola: dan preferencia a actores locales, como manda la Ley, y emplean mano de obra de las zonas donde opera con su actividad petrolera.

Sin embargo, las ferias inclusivas ejecutadas los últimos años son cuestionadas por una serie de anomalías y direccionamientos que beneficiaría a grupos específicos. Estos conglomerados locales, según denuncias revisadas por este medio, no tienen reparos para ganar a toda costa una convocatoria. Aunque eso signifique colocar en la lista de oferentes a personas que no cumplen con los requisitos que se establecen en las convocatorias, basados en la Ley de Contratación Pública. El control sobre el cumplimiento es endeble.

Las ferias se pueden usar para adquirir bienes o servicios normalizados o no, es decir, con o sin especificaciones técnicas homologadas o estandarizadas. Usualmente parten de un presupuesto establecido por la entidad contratante. Petroecuador, por ejemplo, incluye tarifarios según cada servicio requerido en los pliegos de contratación. Pero no hay montos fijos ni topes para este tipo de contratos.

Si bien es un concurso público que consta como procedimiento especial del régimen común, difiere de otros modos de contratación, como la subasta inversa para bienes y servicios normalizados. Los proveedores pujan para obtener el contrato, que finalmente se adjudica a la empresa que oferta el precio más económico. Este no es el caso de las ferias inclusivas que emplean contratos de adhesión, sin que el estado busque precios más convenientes y baratos. Esta modalidad es también aprovechada por quienes ganan, para vender los cupos a los choferes que reciben menos de la mitad del precio que paga Petroecuador, según denuncias revisadas por Código Vidrio.

El lado oculto de las ferias

Aunque el fin de este proceso es que los pequeños proveedores locales tengan mejores oportunidades para trabajar frente a las grandes empresas nacionales o internacionales, en la práctica también ocultan procedimientos irregulares, truculentos, que favorecen a grupos específicos, según denuncias de algunos sectores y del concejal Murillo.

El 3 de julio pasado, la Federación de Transporte Pesado de Sucumbíos hizo una última denuncia sobre supuestos incumplimientos y falsedades en las que habría incurrido una de las empresas ganadoras. Esta federación ha presentado denuncias sistemáticas desde hace tres años en el Sercop, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Petroecuador y la Fiscalía. Ninguna ha trascendido ni ha tenido consecuencias.

Se trata de procesos para contratar el servicio de transporte de combustibles, crudo normal y residual, aguas de formación o tratadas. Según los documentos, hay participantes “que por ganar un puntaje adicional, no han tenido escrúpulos para realizar actos que van en contra de la legalidad y la ética”.

Este año Petroecuador difundió en medios de comunicación locales tres convocatorias para contratación, mediante ferias inclusivas para transporte de combustible, crudo y aguas que suman USD  38,4 millones. Fueron para transporte en campos petroleros de las zonas norte, este y oeste (bloques en Sucumbíos y Orellana) y la zona litoral.

Para evitar que se cometan presuntas irregularidades como armar cooperativas ‘fugaces’, que incluyen cuotas para cumplir de un tajo con todos los parámetros de igualdad, la denunciante pidió a Petroecuador y a los organismos de control tomar acciones para evitar “presiones e intimidaciones” de transportistas. Hay grupos que han protagonizado medidas de hecho “para direccionar indebidamente la adjudicación de los contratos” que se firman bajo esta modalidad.

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Las ferias inclusivas deben cumplir con las fases preparatoria, precontractual y contractual. Pero tienen una particularidad: se emplean para promover la participación de artesanos, micro y pequeñas unidades productivas y actores de la economía popular y solidaria en general, con el fin de fomentar la producción local.

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Según la ley, los ganadores de un proceso se definen luego de verificar que cada requisito se haya cumplido. Sin embargo, otorga puntos adicionales por cada acción afirmativa que se encamine a fomentar criterios de igualdad, según parámetros de género, edad, discapacidad, beneficiarios del bono de desarrollo humano y proveedores locales.

Por ejemplo, los oferentes deben contar con al menos el 70% de personal que viva en la zona donde se requiere el servicio y ganan puntos si el 65% de sus integrantes son mujeres. También se otorgan puntos por contar con el 4% de personas con discapacidad. No obstante, para evitar que los participantes adulteren esos parámetros, la Ley exige que los socios que cumplan con alguno tengan una relación laboral de, al menos, seis meses antes de la postulación.

Los aspirantes pueden presentar sus ofertas solos, asociados o formando organismos de integración económica, dentro del concepto de economía popular y solidaria. Además, pueden participar micro o pequeñas unidades productivas, formadas con socios que sean parte de esta lógica.

Las distorsiones y los abusos

Pese a que hay exigencias en los pliegos como el vínculo común entre los miembros de las empresas o asociaciones (un vehículo para transporte pesado y tener licencia de conducir profesional), en las postulaciones se han encontrado socias mujeres que no cumplen los requisitos. Se detectó, según las denuncias, que hubo un registro de personal en bloque en el IESS, en el que se hicieron pagos de varias aportaciones mensuales juntas, incluyendo multas, para justificar una supuesta antigüedad de los trabajadores. También se citan casos de personas con discapacidad intelectual del 75%, un factor que “impediría ejercer una función relacionada con el transporte”. Y otros de personas que reciben el bono de desarrollo humano.

Aunque según la legislación contar con miembros que reciben mensualmente esos fondos estatales es considerada una acción afirmativa, los denunciantes señalan que “eso no concuerda con el propósito de este beneficio (ferias inclusivas para servicio de transporte especializado). “El propietario de una mula de transporte de hidrocarburos sin duda tiene una mejor condición económica, y no necesita recibir dicho bono”. Además, se han presentado facturas dudosas o problemas con las licencias ambientales.

Esta observación es razonable, pues solo el alquiler de un tanquero fabricado en 2013 cuesta alrededor de USD 150 por hora, según el sitio web miflota.com. En Marketplace, de Facebook, se ofrece un tanque usado, con capacidad para 4.600 galones por USD 2.500 y otro tanque, con su remolque y ruedas incluido, por USD 6 500 (Esos valores no incluyen el cabezal).

Adquirir vehículos nuevos es muy costoso. De acuerdo la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), un tanquero de entre 3.000 y 4.000 galones de capacidad puede costar entre USD 80.000 y 125.000. El precio varía dependiendo del origen del vehículo, pues los automotores chinos cuestan menos que los que vienen de países occidentales. Estos rubros siguen creciendo, conforme aumenta la capacidad de los tanques y el tipo de fluido que transportarán.

Esos vehículos contarían con el equipo necesario para transportar agua. Los costos pueden subir en USD 10.000 si el tanque está hecho de acero o 30.000 más si es que son de aluminio. Los vehículos más grandes, con capacidad para 10.000 galones, se pueden comprar por entre USD 140.000 y 190.000.

19 socios misteriosos

En 2021, la Cooperativa de Transportes de Carga Pesada de Sucumbíos, cuyo representante es el estudio jurídico Campana & Compañía Abogados, presentó una alerta en la Dirección de Denuncias de Contratación Pública del Sercop. Se refiere a la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya, que incluyó entre sus socios a 19 personas con discapacidad. Una de ellas, Lourdes Corina, consta en la lista, pero no tenía ningún certificado del Conadis o el Ministerio de Salud para probarlo.

La Cooperativa cuestionada también registró en su lista dos tanqueros, como parte de su equipamiento mínimo de trabajo, pero no anexó documentos ni información que respalden su existencia.

El Sercop evaluó la denuncia y pidió respuestas a la Comisión Técnica de Petroecuador, a cargo de este proceso. Según el documento, la Comisión Técnica concluyó que la primera observación obedecía a un error de forma, debido a que en la lista constaban dos hermanas: Lourdes Corina y Yolanda Cisneros. De acuerdo con su informe, la Comisión verificó en línea la condición de discapacidad de las hermanas y concluyó que fue “evidente el error de forma tipográfico en su propuesta”, pues en el documento se señaló discapacidad en la casilla incorrecta.

En uno de los procesos Río Secoya inscribió a una socia, Elizabeth Pozo, que no cumpliría con los seis meses mínimo de antigüedad que se requiere en los pliegos. Aunque se excluyó a Pozo por este motivo, el proceso continuó.

Sobre la denuncia de los dos tanqueros, la Comisión Técnica respondió al Sercop que la información sobre los vehículos “no está disponible en medios electrónicos de acceso público”. Por ello, Petroecuador, como entidad contratante, solicitó al oferente que convalide la documentación. Finalmente señaló que “no se encuentra documento alguno que contenga información alterada para presumir una declaración errónea de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya”.  El Sercop archivó la denuncia en 2022.

Tanto el Sercop como Petroecuador analizaron esa denuncia y otras más, como una registrada en octubre de 2021. Allí se señala que Río Secoya pretendió probar que cumplía con la experiencia requerida en los pliegos por medio de una factura dudosa, a nombre de Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S.A.

Tras las consultas, se detectaron inconsistencias entre lo establecido en ese documento y lo declarado ante el SRI. Para ese entonces, Río Secoya había participado en tres procesos de contratación, entre 2020 y 2021, y había ganado en dos de ellos, según una alerta que Sercop envió a Petroecuador.

Pedimos un pronunciamiento de Petroecuador sobre los controles a las contrataciones, los montos de las adjudicaciones y las denuncias sobre irregularidades. En Comunicación dijeron que responderían nuestro pedido en las siguientes horas pues están recabando la información sobre todos los ajustes que han hecho en estos procedimientos.

Este medio intentó comunicarse con representantes de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya, a través de llamadas a varios números telefónicos que aparecen en su página de Facebook y sitios web de datos. Uno de ellos ya no pertenece a la cooperativa y en los demás, nadie contestó.

Facturas falsas

El comprobante que presentó la Cooperativa Río Secoya tenía como fecha el 24 de agosto de 2020, por USD 12.081. Sobre ese valor, consta una retención de USD 120,81, es decir, el 1%. Pero hay indicios claros de que la factura “es falsa y errónea”. Luego de cruzar información con el SRI se determinó que Río Secoya nunca prestó el servicio que mencionaba a Comseroil en la fecha mencionada. En este caso “no existe ningún vínculo, contrato u orden de trabajo”.

En los registros del SRI no aparece esa factura de 2020, sino que constan dos, por valores menores. Juntas no superan los 6.700 dólares y sus retenciones eran de apenas 66 dólares, por lo que Sercop presumió que “carecía de veracidad”.

Los denunciantes también investigaron las condiciones bajo las cuales estaban los socios de la cooperativa. De acuerdo con sus listados, de 64 personas registradas, 43 se asociaron a la Cooperativa el 15 de enero de 2021 y 41 de ellas son mujeres. Además, señalan que en al menos ocho de esos casos las socias no tenían licencia de conducir o la que tenían no era profesional tipo E. En ese muestreo, tampoco encontraron registros de que las socias tuvieran vehículos registrados a su nombre.

Las ferias apuntalan monopolios

El concejal Murillo investiga desde hace meses las contrataciones. Él alerta que en el sector del transporte hay preocupación porque estas adjudicaciones se han vuelto un monopolio. En julio pasado, el edil participó en un paro amazónico organizado, principalmente, por transportistas. El reclamo central se debía a los efectos para los habitantes de la región, por los graves daños que hay en la Troncal Amazónica. Exigían su inmediata reparación, especialmente en el tramo Baeza-Narupa-Coca.

Allí, un ciudadano le comentó a Murillo las anomalías y supuesta corrupción que se habían detectado. Según el edil, en el sector del transporte existe la sospecha de que los beneficiarios de los contratos organizaron la movilización para presionar al Gobierno, con el fin de seguir recibiendo adjudicaciones, con prácticas irrregulares.

A Murillo le parece por lo menos sospechoso que empresas y cooperativas formadas “de la noche a la mañana” consigan tantos puntos adicionales por acciones afirmativas, porque “casualmente lo tienen todo”: mujeres, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, jóvenes. Eso fue lo que despertó más dudas.

Dice que un tanquero que transporta crudo para entidades estatales gana aproximadamente USD 19.500 mensuales y de ese valor se le descuenta 2,5 %  por la Ley Amazónica y el cobro de las empresas que administran los contratos.

En total, el dueño recibiría USD 16.500. “Pero en el campo, donde están trabajando estos carros, cobran de 8.000 a 10.000 dólares. Lo que se nos hace raro es, ¿por qué si el Estado paga tan bien, por qué al prestador del servicio se le paga tan mal?”.

Silencio de las autoridades

Estas anomalías se han evidenciado antes. Un representante de una empresa de transporte, que pidió la reserva de su identidad, dijo que las autoridades han pasado por alto irregularidades y le han restado posibilidades a los transportistas que tienen empresas y que se han dedicado toda su vida a esta actividad, pero que no son parte de cooperativas para poder trabajar en el transporte de combustible y líquidos. Ellos se han centrado -dice- en el transporte seco (maquinaria y materiales) porque acceder a los contratos con las empresas estatales es misión imposible.

Según el transportista de Sucumbíos, las cooperativas o asociaciones recientemente formadas tienen ventaja sobre las empresas que llevan décadas trabajando. “En Shushufindi se formaron cámaras y federaciones de transporte que deciden qué procesos van y qué procesos no”, observa.

Esto ha tenido secuelas en todos los costos. Por ejemplo, informa que un puesto para colocar a un camión en una cooperativa antes costaba USD 1.500 y ahora puede llegar a USD 30.000.

Las críticas no se basan en criterios discriminatorios, sino en un razonamiento sobre cómo funciona el transporte pesado en la zona, indican las denuncias. Para las fuentes consultadas, personas que no tengan licencia profesional o no hayan trabajado en el negocio del transporte pesado difícilmente podrían participar y ganar en un concurso de este tipo.

Transportar crudo, combustibles y afines en la Amazonía requiere de experiencia, pues la normativa obliga a que quien conduzca el vehículo y su equipo sepan cómo hacerlo. Dentro de las regulaciones existen licencias ambientales que pueden perderse si un tanquero causa un derrame de estas sustancias y contamina el ambiente en su recorrido.

El experto en petróleo René Ortiz señala que todo el sistema de transporte en Petroecuador es privado, porque la estatal no tiene camiones. Los únicos mecanismos para mover crudo en grandes cantidades son el SOTE y el OCP, por lo que la empresa contrata a terceros para mover especialmente gasolina y diésel.

Faltan mecanismos para frenar las irregularidades

Según Ortiz, el que la ley otorgue preferencias a las provincias amazónicas es importante porque solo así se puede promover su propio desarrollo. Sin embargo, cree que se deben ajustar las regulaciones para evitar que existan abusos como los denunciados, que ya se pueden considerar desviaciones y actos de corrupción. En las manos de la empresa y de las entidades de control está corregir estos errores en la precalificación y así evitar que terminen en contrataciones dudosas.

Debido a las dudas registradas en las denuncias, tanto el concejal Murillo como la Federación de Transporte Pesado de Sucumbíos consideran que los procesos de contratación vía ferias inclusivas deben pasar por más y mejores controles.

La Federación pide a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria que delegue a funcionarios que avalen la documentación que presente cada participante. Por otro lado, solicita que el Sercop verifique el cumplimiento de los términos de referencia de cada concurso.

Pero pone especial énfasis en que los delegados de las comisiones evaluadoras se capaciten para que puedan descalificar a los oferentes que incluyan a socios de último momento o a personas con discapacidad de manera forzada, solo para ganar puntos. Además, subraya que se debe evitar que los funcionarios tomen sus decisiones como producto de intimidaciones.