Adjudicaciones irregulares en contratos de Petroecuador para el transporte de combustible, crudo y aguas residuales enturbian las ferias inclusivas en la Amazonía. Denuncias y documentos confirman la inclusión anómala, fraguada, de personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y adultos mayores, para llenar los requisitos de los procesos. Este tipo de contratación no tiene montos tope referenciales, son variables, lo cual sería aprovechado por ciertos contratistas para adjudicaciones anómalas. Los últimos procesos de transporte llegaron a 38,4 millones de dólares en Petroecuador. Las denuncias son conocidas por entidades de control sin ninguna consecuencia.
Redacción Código Vidrio
Un monopolio en el transporte de crudo, combustibles y aguas provenientes de los campos petroleros se estaría fraguando a partir de la contratación en las ferias inclusivas. Mientras, en teoría, este sistema debería beneficiar solo a diversos actores de la economía popular y solidaria en las provincias amazónicas, en la práctica hay cooperativas que denuncian su exclusión por supuestos intereses de grupos hegemónicos, a pesar de que se han dedicado toda su vida al transporte pesado.
Una federación de Sucumbíos y el concejal de El Coca, Miguel Murillo, investigaron las ofertas de una cooperativa contratada y detectaron anomalías como la inclusión de mujeres, personas de la tercera edad, jóvenes o personas con discapacidad en sus listas. Ninguna de estas personas tenía algún vínculo común con el servicio de transporte requerido por Petroecuador, que es un requisito obligatorio para ser contratados.
Personas sin licencia de conducir profesional, socios recientemente vinculados, facturas que despiertan dudas son otras de las irregularidades denunciadas.
¿Un modelo inclusivo usado para excluir?
Las anomalías están cobijadas por las ferias inclusivas, uno de los mecanismos de contratación creado en 2007, durante el gobierno de Rafael Correa. Cualquier entidad estatal puede aplicarlo para priorizar la contratación de bienes o servicios, que ofrezcan micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos y actores de la economía popular y solidaria.
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) tiene, para estos procediminntos, un amplio catálogo que incluye la oferta de alimentación, confección de ropa y calzado, limpieza, mantenimiento vehicular y de infraestructura. También construcción, ganadería, centros de llamadas, etc. de organizaciones que están facultadas para participar en concursos bajo esta modalidad de contratación pública.
Según esa entidad, la primera feria inclusiva ocurrió en 2007, para lanzar el Programa de Provisión de Alimentos; pero fue un procedimiento informal porque apenas en 2011 el Instituto de Contratación Pública (Incop) emitió un reglamento.
Petroecuador y los contratos de transporte
Uno de los servicios que se puede contratar por esta vía es el de transporte de carga pesada y liviana. Y Petroecuador está entre las entidades públicas que más aplican esta modalidad. Así hacen carámbola: dan preferencia a actores locales, como manda la Ley, y emplean mano de obra de las zonas donde opera con su actividad petrolera.
Sin embargo, las ferias inclusivas ejecutadas los últimos años son cuestionadas por una serie de anomalías y direccionamientos que beneficiaría a grupos específicos. Estos conglomerados locales, según denuncias revisadas por este medio, no tienen reparos para ganar a toda costa una convocatoria. Aunque eso signifique colocar en la lista de oferentes a personas que no cumplen con los requisitos que se establecen en las convocatorias, basados en la Ley de Contratación Pública. El control sobre el cumplimiento es endeble.
Las ferias se pueden usar para adquirir bienes o servicios normalizados o no, es decir, con o sin especificaciones técnicas homologadas o estandarizadas. Usualmente parten de un presupuesto establecido por la entidad contratante. Petroecuador, por ejemplo, incluye tarifarios según cada servicio requerido en los pliegos de contratación. Pero no hay montos fijos ni topes para este tipo de contratos.
Si bien es un concurso público que consta como procedimiento especial del régimen común, difiere de otros modos de contratación, como la subasta inversa para bienes y servicios normalizados. Los proveedores pujan para obtener el contrato, que finalmente se adjudica a la empresa que oferta el precio más económico. Este no es el caso de las ferias inclusivas que emplean contratos de adhesión, sin que el estado busque precios más convenientes y baratos. Esta modalidad es también aprovechada por quienes ganan, para vender los cupos a los choferes que reciben menos de la mitad del precio que paga Petroecuador, según denuncias revisadas por Código Vidrio.
El lado oculto de las ferias
Aunque el fin de este proceso es que los pequeños proveedores locales tengan mejores oportunidades para trabajar frente a las grandes empresas nacionales o internacionales, en la práctica también ocultan procedimientos irregulares, truculentos, que favorecen a grupos específicos, según denuncias de algunos sectores y del concejal Murillo.
El 3 de julio pasado, la Federación de Transporte Pesado de Sucumbíos hizo una última denuncia sobre supuestos incumplimientos y falsedades en las que habría incurrido una de las empresas ganadoras. Esta federación ha presentado denuncias sistemáticas desde hace tres años en el Sercop, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Petroecuador y la Fiscalía. Ninguna ha trascendido ni ha tenido consecuencias.
Se trata de procesos para contratar el servicio de transporte de combustibles, crudo normal y residual, aguas de formación o tratadas. Según los documentos, hay participantes “que por ganar un puntaje adicional, no han tenido escrúpulos para realizar actos que van en contra de la legalidad y la ética”.
Este año Petroecuador difundió en medios de comunicación locales tres convocatorias para contratación, mediante ferias inclusivas para transporte de combustible, crudo y aguas que suman USD 38,4 millones. Fueron para transporte en campos petroleros de las zonas norte, este y oeste (bloques en Sucumbíos y Orellana) y la zona litoral.
Para evitar que se cometan presuntas irregularidades como armar cooperativas ‘fugaces’, que incluyen cuotas para cumplir de un tajo con todos los parámetros de igualdad, la denunciante pidió a Petroecuador y a los organismos de control tomar acciones para evitar “presiones e intimidaciones” de transportistas. Hay grupos que han protagonizado medidas de hecho “para direccionar indebidamente la adjudicación de los contratos” que se firman bajo esta modalidad.
Las ferias inclusivas deben cumplir con las fases preparatoria, precontractual y contractual. Pero tienen una particularidad: se emplean para promover la participación de artesanos, micro y pequeñas unidades productivas y actores de la economía popular y solidaria en general, con el fin de fomentar la producción local.
Según la ley, los ganadores de un proceso se definen luego de verificar que cada requisito se haya cumplido. Sin embargo, otorga puntos adicionales por cada acción afirmativa que se encamine a fomentar criterios de igualdad, según parámetros de género, edad, discapacidad, beneficiarios del bono de desarrollo humano y proveedores locales.
Por ejemplo, los oferentes deben contar con al menos el 70% de personal que viva en la zona donde se requiere el servicio y ganan puntos si el 65% de sus integrantes son mujeres. También se otorgan puntos por contar con el 4% de personas con discapacidad. No obstante, para evitar que los participantes adulteren esos parámetros, la Ley exige que los socios que cumplan con alguno tengan una relación laboral de, al menos, seis meses antes de la postulación.
Los aspirantes pueden presentar sus ofertas solos, asociados o formando organismos de integración económica, dentro del concepto de economía popular y solidaria. Además, pueden participar micro o pequeñas unidades productivas, formadas con socios que sean parte de esta lógica.
Las distorsiones y los abusos
Pese a que hay exigencias en los pliegos como el vínculo común entre los miembros de las empresas o asociaciones (un vehículo para transporte pesado y tener licencia de conducir profesional), en las postulaciones se han encontrado socias mujeres que no cumplen los requisitos. Se detectó, según las denuncias, que hubo un registro de personal en bloque en el IESS, en el que se hicieron pagos de varias aportaciones mensuales juntas, incluyendo multas, para justificar una supuesta antigüedad de los trabajadores. También se citan casos de personas con discapacidad intelectual del 75%, un factor que “impediría ejercer una función relacionada con el transporte”. Y otros de personas que reciben el bono de desarrollo humano.
Aunque según la legislación contar con miembros que reciben mensualmente esos fondos estatales es considerada una acción afirmativa, los denunciantes señalan que “eso no concuerda con el propósito de este beneficio (ferias inclusivas para servicio de transporte especializado). “El propietario de una mula de transporte de hidrocarburos sin duda tiene una mejor condición económica, y no necesita recibir dicho bono”. Además, se han presentado facturas dudosas o problemas con las licencias ambientales.
Esta observación es razonable, pues solo el alquiler de un tanquero fabricado en 2013 cuesta alrededor de USD 150 por hora, según el sitio web miflota.com. En Marketplace, de Facebook, se ofrece un tanque usado, con capacidad para 4.600 galones por USD 2.500 y otro tanque, con su remolque y ruedas incluido, por USD 6 500 (Esos valores no incluyen el cabezal).
Adquirir vehículos nuevos es muy costoso. De acuerdo la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), un tanquero de entre 3.000 y 4.000 galones de capacidad puede costar entre USD 80.000 y 125.000. El precio varía dependiendo del origen del vehículo, pues los automotores chinos cuestan menos que los que vienen de países occidentales. Estos rubros siguen creciendo, conforme aumenta la capacidad de los tanques y el tipo de fluido que transportarán.
Esos vehículos contarían con el equipo necesario para transportar agua. Los costos pueden subir en USD 10.000 si el tanque está hecho de acero o 30.000 más si es que son de aluminio. Los vehículos más grandes, con capacidad para 10.000 galones, se pueden comprar por entre USD 140.000 y 190.000.
19 socios misteriosos
En 2021, la Cooperativa de Transportes de Carga Pesada de Sucumbíos, cuyo representante es el estudio jurídico Campana & Compañía Abogados, presentó una alerta en la Dirección de Denuncias de Contratación Pública del Sercop. Se refiere a la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya, que incluyó entre sus socios a 19 personas con discapacidad. Una de ellas, Lourdes Corina, consta en la lista, pero no tenía ningún certificado del Conadis o el Ministerio de Salud para probarlo.
La Cooperativa cuestionada también registró en su lista dos tanqueros, como parte de su equipamiento mínimo de trabajo, pero no anexó documentos ni información que respalden su existencia.
El Sercop evaluó la denuncia y pidió respuestas a la Comisión Técnica de Petroecuador, a cargo de este proceso. Según el documento, la Comisión Técnica concluyó que la primera observación obedecía a un error de forma, debido a que en la lista constaban dos hermanas: Lourdes Corina y Yolanda Cisneros. De acuerdo con su informe, la Comisión verificó en línea la condición de discapacidad de las hermanas y concluyó que fue “evidente el error de forma tipográfico en su propuesta”, pues en el documento se señaló discapacidad en la casilla incorrecta.
En uno de los procesos Río Secoya inscribió a una socia, Elizabeth Pozo, que no cumpliría con los seis meses mínimo de antigüedad que se requiere en los pliegos. Aunque se excluyó a Pozo por este motivo, el proceso continuó.
Sobre la denuncia de los dos tanqueros, la Comisión Técnica respondió al Sercop que la información sobre los vehículos “no está disponible en medios electrónicos de acceso público”. Por ello, Petroecuador, como entidad contratante, solicitó al oferente que convalide la documentación. Finalmente señaló que “no se encuentra documento alguno que contenga información alterada para presumir una declaración errónea de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya”. El Sercop archivó la denuncia en 2022.
Tanto el Sercop como Petroecuador analizaron esa denuncia y otras más, como una registrada en octubre de 2021. Allí se señala que Río Secoya pretendió probar que cumplía con la experiencia requerida en los pliegos por medio de una factura dudosa, a nombre de Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S.A.
Tras las consultas, se detectaron inconsistencias entre lo establecido en ese documento y lo declarado ante el SRI. Para ese entonces, Río Secoya había participado en tres procesos de contratación, entre 2020 y 2021, y había ganado en dos de ellos, según una alerta que Sercop envió a Petroecuador.
Pedimos un pronunciamiento de Petroecuador sobre los controles a las contrataciones, los montos de las adjudicaciones y las denuncias sobre irregularidades. En Comunicación dijeron que responderían nuestro pedido en las siguientes horas pues están recabando la información sobre todos los ajustes que han hecho en estos procedimientos.
Este medio intentó comunicarse con representantes de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya, a través de llamadas a varios números telefónicos que aparecen en su página de Facebook y sitios web de datos. Uno de ellos ya no pertenece a la cooperativa y en los demás, nadie contestó.
Facturas falsas
El comprobante que presentó la Cooperativa Río Secoya tenía como fecha el 24 de agosto de 2020, por USD 12.081. Sobre ese valor, consta una retención de USD 120,81, es decir, el 1%. Pero hay indicios claros de que la factura “es falsa y errónea”. Luego de cruzar información con el SRI se determinó que Río Secoya nunca prestó el servicio que mencionaba a Comseroil en la fecha mencionada. En este caso “no existe ningún vínculo, contrato u orden de trabajo”.
En los registros del SRI no aparece esa factura de 2020, sino que constan dos, por valores menores. Juntas no superan los 6.700 dólares y sus retenciones eran de apenas 66 dólares, por lo que Sercop presumió que “carecía de veracidad”.
Los denunciantes también investigaron las condiciones bajo las cuales estaban los socios de la cooperativa. De acuerdo con sus listados, de 64 personas registradas, 43 se asociaron a la Cooperativa el 15 de enero de 2021 y 41 de ellas son mujeres. Además, señalan que en al menos ocho de esos casos las socias no tenían licencia de conducir o la que tenían no era profesional tipo E. En ese muestreo, tampoco encontraron registros de que las socias tuvieran vehículos registrados a su nombre.
Las ferias apuntalan monopolios
El concejal Murillo investiga desde hace meses las contrataciones. Él alerta que en el sector del transporte hay preocupación porque estas adjudicaciones se han vuelto un monopolio. En julio pasado, el edil participó en un paro amazónico organizado, principalmente, por transportistas. El reclamo central se debía a los efectos para los habitantes de la región, por los graves daños que hay en la Troncal Amazónica. Exigían su inmediata reparación, especialmente en el tramo Baeza-Narupa-Coca.
Allí, un ciudadano le comentó a Murillo las anomalías y supuesta corrupción que se habían detectado. Según el edil, en el sector del transporte existe la sospecha de que los beneficiarios de los contratos organizaron la movilización para presionar al Gobierno, con el fin de seguir recibiendo adjudicaciones, con prácticas irrregulares.
A Murillo le parece por lo menos sospechoso que empresas y cooperativas formadas “de la noche a la mañana” consigan tantos puntos adicionales por acciones afirmativas, porque “casualmente lo tienen todo”: mujeres, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, jóvenes. Eso fue lo que despertó más dudas.
Dice que un tanquero que transporta crudo para entidades estatales gana aproximadamente USD 19.500 mensuales y de ese valor se le descuenta 2,5 % por la Ley Amazónica y el cobro de las empresas que administran los contratos.
En total, el dueño recibiría USD 16.500. “Pero en el campo, donde están trabajando estos carros, cobran de 8.000 a 10.000 dólares. Lo que se nos hace raro es, ¿por qué si el Estado paga tan bien, por qué al prestador del servicio se le paga tan mal?”.
Silencio de las autoridades
Estas anomalías se han evidenciado antes. Un representante de una empresa de transporte, que pidió la reserva de su identidad, dijo que las autoridades han pasado por alto irregularidades y le han restado posibilidades a los transportistas que tienen empresas y que se han dedicado toda su vida a esta actividad, pero que no son parte de cooperativas para poder trabajar en el transporte de combustible y líquidos. Ellos se han centrado -dice- en el transporte seco (maquinaria y materiales) porque acceder a los contratos con las empresas estatales es misión imposible.
Según el transportista de Sucumbíos, las cooperativas o asociaciones recientemente formadas tienen ventaja sobre las empresas que llevan décadas trabajando. “En Shushufindi se formaron cámaras y federaciones de transporte que deciden qué procesos van y qué procesos no”, observa.
Esto ha tenido secuelas en todos los costos. Por ejemplo, informa que un puesto para colocar a un camión en una cooperativa antes costaba USD 1.500 y ahora puede llegar a USD 30.000.
Las críticas no se basan en criterios discriminatorios, sino en un razonamiento sobre cómo funciona el transporte pesado en la zona, indican las denuncias. Para las fuentes consultadas, personas que no tengan licencia profesional o no hayan trabajado en el negocio del transporte pesado difícilmente podrían participar y ganar en un concurso de este tipo.
Transportar crudo, combustibles y afines en la Amazonía requiere de experiencia, pues la normativa obliga a que quien conduzca el vehículo y su equipo sepan cómo hacerlo. Dentro de las regulaciones existen licencias ambientales que pueden perderse si un tanquero causa un derrame de estas sustancias y contamina el ambiente en su recorrido.
El experto en petróleo René Ortiz señala que todo el sistema de transporte en Petroecuador es privado, porque la estatal no tiene camiones. Los únicos mecanismos para mover crudo en grandes cantidades son el SOTE y el OCP, por lo que la empresa contrata a terceros para mover especialmente gasolina y diésel.
Faltan mecanismos para frenar las irregularidades
Según Ortiz, el que la ley otorgue preferencias a las provincias amazónicas es importante porque solo así se puede promover su propio desarrollo. Sin embargo, cree que se deben ajustar las regulaciones para evitar que existan abusos como los denunciados, que ya se pueden considerar desviaciones y actos de corrupción. En las manos de la empresa y de las entidades de control está corregir estos errores en la precalificación y así evitar que terminen en contrataciones dudosas.
Debido a las dudas registradas en las denuncias, tanto el concejal Murillo como la Federación de Transporte Pesado de Sucumbíos consideran que los procesos de contratación vía ferias inclusivas deben pasar por más y mejores controles.
La Federación pide a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria que delegue a funcionarios que avalen la documentación que presente cada participante. Por otro lado, solicita que el Sercop verifique el cumplimiento de los términos de referencia de cada concurso.
Pero pone especial énfasis en que los delegados de las comisiones evaluadoras se capaciten para que puedan descalificar a los oferentes que incluyan a socios de último momento o a personas con discapacidad de manera forzada, solo para ganar puntos. Además, subraya que se debe evitar que los funcionarios tomen sus decisiones como producto de intimidaciones.