El pleno de la Corte Nacional de Justicia conocerá hoy la declaración jurisdiccional previa No. 17-2023, que tiene como antecedente la denuncia presentada en contra del juez (destituido) Walter Macías por la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno.
Redacción Código Vidrio
La elaboración de la declaración fue delegada al juez de la sala penal Byron Guillén, quien debía presentar su informe hace dos semanas, pero no lo hizo por una calamidad doméstica.
Fuentes de la Corte dijeron que Guillén podría pronunciarse a favor de la destitución de su excolega Macías, acogiendo los argumentos de Barreno, quien denunció que supuestamente se habría violentado su derecho a la defensa. Esto por no haber estado presente en la recepción del testimonio anticipado de la testigo protegida (una funcionaria judicial) dentro del caso que se sigue en su contra y del vocal Juan José Morillo por tráfico de influencias. En este proceso también está implicado el juez de la corte provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya.
Los tres fueron grabados por una jueza, a quien también intentaron persuadir, en una reunión celebrada el año pasado. Ahí hablaron de beneficiar a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, desde el poder judicial, para salvarla de su destitución. Además de la grabación, la funcionaria rindió sus testimonio en la causa que impulsa la Fiscalía.
Este caso era conocido por el juez Macías, quien desde hace varios meses empezó a ser cercado por acciones disciplinarias impulsadas por el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los vocales Barreno, Morillo y Xavier Muñoz. Así, la Judicatura fue acorralando al juez: primero lo suspendieron y luego lo destituyeron en una polémica sesión con dos de tres votos de los vocales Terán y Muñoz, que estaba ebrio.
Dos jueces de la Corte, que pidieron el anonimato, coincidieron en que Barreno busca, de una manera ilegal, que el Pleno declare una manifiesta negligencia contra el juez Macias y así también se declare la nulidad del proceso en su contra por tráfico de influencias.
En la Corte se da por descontado que Guillén, en su proyecto de declaración, recomendará la destitución de de Macías. La semana pasada, él y seis jueces más fueron beneficiados por decisión del Consejo de la Judicatura (con votos de Terán y Muñoz) con una extensión de su período hasta el 2030. Guillén debía dejar el cargo el siguiente año.
Tras su destitución, Macías fue reemplazado por Mercedes Caicedo, quien era conjueza pero asumió la titularidad y también se habría beneficiado de la extensión hasta el 2030. Sin embargo, ella aseguró que solo estaba encargada de esa función, y que sigue siendo conjueza. Para este último cargo fue designada hasta el 2030. El lunes, Caicedo recibió amenazas en redes sociales y recibió el respaldo del Pleno y de la Judicatura, que activó protocolos de seguridad para su protección.
En el Pleno hasta ayer no habían los votos para aprobar la declaración jurisdiccional. De los 21 jueces se requiere el apoyo mínimo de 12.
Este tema ha sido tratado tres veces en el Pleno, pero se ha postergado por cálculos de quienes buscan impulsar la destitución y se han mostrado cercanos a las tesis de la Judicatura, dijo un magistrado.
Entre tanto, Macías presentó una acción de protección para volver al cargo, que aún no ha sido resuelta.