Voto de migrantes es una ganga para candidatos del correísmo

ELECCIONES. Para las elecciones de este domingo están empadronados para votar en el extranjero 409 mil ecuatorianos, pero se estima que solo sufragará un 40%.  El correísmo es el movimiento que más partida saca de esos procesos para la designación de autoridades, entre ellos 6 asambleístas. Desde el 2006, ese movimiento encontró la fórmula para ganar sistemáticamente 25 de los 30 escaños para legisladores en el extranjero. Los resultados de la gestión de los legisladores del exterior, en cuanto a leyes a favor de los migrantes, son pobres. En el último período legislativo (2021-2023) solo dos proyectos presentados fueron aprobados por el Pleno. Los costos para pagar su desempeño son  sumamente altos comparados con sus resultados.

Redacción Código Vidrio

Para las elecciones de este próximo domingo en el exterior están empadronados para votar 409 mil ecuatorianos, aunque se estima que solo sufragarán el 40%, es decir unas 52 mil personas. Para esta segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) destinará 2,7 millones de dólares, tras la serie de problemas, irregularidades y fallas del voto telemático, que costó 821 mil dólares en la primera ronda. Los migrantes elegirán presidente y 6 legisladores.

El ausentismo de los migrantes es, prácticamente, el triple de las elecciones en el país.  Los costos son excesivos. Solamente en envíos el CNE acaba de firmar un contrato con DHL, el 7 de septiembre pasado, por 384.496 dólares, advierte Anabelle Chacón, matemática y veedora electoral.

El voto en el exterior está cobijado por el artículo 62 de la Constitución de Montecristi. Si bien desde 1998 ya se facultó el voto en el exterior, en el 2006 se realizó el primer proceso electoral. Ecuador es quizás el único país donde se puede acceder a la Legislatura con tan pocos votos. Hay candidatos que ganaron una curul solo con 2 mil votos.

Para Chacón, el objetivo de tener asambleístas por provincias y del exterior es que representen los intereses particulares de sus representados. Lo cual, en la práctica, no se cumple. Los asambleístas por el exterior son 6, independientemente de la población ecuatoriana en el extranjero, contrariamente a la lógica imperante en el país, donde los legisladores provinciales son designados, proporcionalmente,  según la población que tengan sus jurisdicciones. La Constitución y el Código de la Democracia establecen que cada provincia tendrá dos asambleístas, y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción por encima de los 150.000.

El registro exacto del número de ecuatorianos que viven en el exterior, no existe, destaca Chacón. “Por lo tanto, no podríamos tener una comparación exacta de la realidad, pero, considerando los 6 asambleístas que se les otorga a los ecuatorianos en el exterior, se puede comparar con la provincia de Los Ríos que tiene igual número de legisladores. Esta provincia tiene 898.652 habitantes, de los cuales 668,227 están empadronados (2021)”.

Ausentismo de hasta el 71% 

En las elecciones del 2021 hubo un ausentismo, en el exterior, del 66%, y llegó hasta el 71% en Rusia y Venezuela, incluso el 100% en Nicaragua.

Otro problema es la enorme dispersión de los votantes. Lo migrantes viven en 46 países en regiones muy alejadas. Por ejemplo, la circunscripción de América Latina, Caribe y África es crítica. “¿Cómo un candidato puede, realmente, representar a un área geográfica tan extensa y diversa? ¿Es esto democracia representativa? ¿Debe una población tan dispersa como la inmigrante tener los mismos asambleístas que la provincia de Los Ríos? Creo que no se justifica”, señala Chacón.

En la elección del 2021, cuatro representantes de Unes (correísmo) ganaron curules en el legislativo. Se trata de Gustavo Mateus (32 mil votos), Esther Cuesta (32 mil votos), Mónica Palacios (7.973) y Eduardo Zambrano (3.019 votos); Ángel Malta (4.404) de Pachakutik, y Juan Fernando Flores (2.067), de CREO.

En el último período legislativo (2021 – 2023), los asambleístas por el exterior presentaron 30 proyectos de Ley, de los cuales uno no fue calificado, 6 no fueron asignados, 15 fueron a primer debate, 5 a segundo debate, uno archivado y solo 2 fueron aprobados.

Así, los 2 proyectos de ley aprobados los últimos dos años les costaron a los ecuatorianos casi 1 millón de dólares, cada uno.

El gasto anual en sueldos de los 6 asambleístas, además de sus 4 asesores, es de 937.080 dólares, lo que significa que en un período de 4 años el gasto asciende aproximadamente a 4 millones de dólares.

El gobierno, siempre en la mira  

Lejos de tener una participación directa en el desarrollo de propuestas legislativas con valor agregado para los migrantes, la mayoría de los asambleístas por el exterior dedicó estos últimos 2 años, hasta la disolución de la Asamblea, a participar en procesos de fiscalización y censura a ministros de estado y al Presidente de la República.

En el caso de Mónica Palacios se concentró en la investigación al presidente Guillermo Lasso, por el caso Pandora Papers; además en la denuncia de supuestos insultos del ex Canciller Juan Carlos Holguín y la solicitud de proceso disciplinario al ex asambleísta Diego Ordoñez. También presentó tres proyectos legales. Entre ellos una reforma a normas del Código Monetario.

El legislador de Pachakutik, Ángel Maita Zapata, no elaboró ningún proyecto de ley para los migrantes. Solo se enfocó en la solicitud de juicio político a los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Gustavo Mateus impulsó el juicio político al Superintendente de Bancos, mientras Esther Cuesta tuvo en agenda una solicitud de juicio político al excanciller Juan Carlos Holguín, por la repatriación de jóvenes ecuatorianos desde Ucrania.

El fiasco del voto telemático

El voto telemático tuvo fallas desde el inicio. La asignación del contrato a una empresa sin ninguna experiencia como Antroproyecto, fue sin ninguna garantía.  El costo fue de 756.415 dólares, sin IVA,  lo cual es un gasto desmesurado, según coincidieron varios analistas.

A esto se suman las denuncias de los votantes en el exterior de recibir propaganda no autorizada a sus correos personales o la presencia de equipos de ayuda para registrarse a votar. “Ahora la repetición física del voto en el exterior cuesta otros 2.7 millones. Es decir, un total de casi 3.5 millones. Esto no se justifica de ninguna manera», agrega Chacón.

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