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JusticiaAcorralada. El nombramiento de 10 conjueces para la Corte Nacional de Justicia podría concretarse dentro de los próximos días. Talento Humano trabaja en el perfil de los funcionarios. Hay críticas a la designación sin concurso de merecimientos, por la falta de independencia de los judiciales que sean nombrados, al ser solo ocasionales, sin un nombramiento.

Por Fernando Medina 

El Consejo de la Judicatura busca designar contra reloj 10 nuevos conjueces para llenar vacantes en la Corte Nacional.

Los judiciales serán escogidos sin un concurso de méritos y oposición, debido a que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), encabezado por Wilman Terán, emitió la declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente para la designación de conjueces temporales.

La resolución se tomó el miércoles 7 de junio pasado en el pleno del CJ. En la sesión estuvieron presentes los vocales Maribel Barreno y José Morillo, quienes el mismo día fueron acusados por la Fiscalía por un presunto delito de tráfico de influencias.

La diligencia de formulación de cargos no impidió que los funcionarios se reunieran para determinar los plazos que deben cumplirse para posesionar a los nuevos conjueces.

Según la Judicatura, la decisión se justifica debido a que la Corte Nacional debe funcionar con 21 magistrados. Pero el máximo tribunal cuenta, desde 2021, con 11 jueces, quienes no pueden gestionar y resolver todas las causas judiciales pendientes, que ingresan constantemente. Inicialmente se preveía nombrar 21 conjueces, pero la idea no prosperó.

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En febrero del 2021, el Consejo de la Judicatura tomó juramento a los 9 magistrados y dos conjueces, que actualmente integran la Corte Naacional. Hubo un concurso de méritos que duró siete meses.

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En la sesión de junio pasado, el vocal Fausto Murillo mocionó que los elegibles debían cumplir un perfil mínimo: que sea juez de corte provincial o de tribunal de lo Contencioso, que tenga una experiencia de mínimo cinco años como juez de corte provinncial, que en su última evaluación haya obtenido un mínimo de 80 sobre 100 puntos, que tenga una especialización y no haya sido sancionado. Con base en esas sugerencias la dirección de Talento Humano está elaborando el perfil que deberán tener los nuevos conjueces.

La falta de jueces se complicó con la suspensión del magistrado Walter Macías, quien fue sancionado por el mismo pleno de la Judicatura a inicios de mayo pasado. Él tramitaba el proceso en contra de Barreno y Morillo. Además tiene a su cargo importantes causas, como Sobornos, que está en etapa de ejecución para recuperar bienes de los sentenciados, incluido el expresidente Rafael Correa. Su suspensión de 90 días empeoró el panorama.

Así lo señaló el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, en un informe remitido a la Judicatura el pasado 15 de mayo. En ese expediente, el juez indica que la “situación se ha visto agravada con la ausencia de dos magistrados, quedando de manera definitiva la vacante del despacho de Vicente Robalino (…) y temporalmente el despacho de Walter Macías Fernández, quien se encuentra suspendido en la actualidad”. Saquicela pidió a Terán y a los vocales que apresuren la designación de los nuevos magistrados.

¿Algunos jueces ya festejan?

Inclusive en un encuentro nacional que se celebró en Cuenca y reunió a 300 jueces de todo el país, el último fin de semana, varios jueces fueron consutados sobre sun interés en asumir los cargos. Algunos se negaron y otros habrían aceptado la invitación a integrarse, en función de los parámetros que fije Talento Humano. “Hay algunos que ya estuvieron festejando de antemano su designación”, dijo uno de los participantes en el encuentro, donde los asistentes debatieron sobre la aplicación y abusos de las garantías constitucionales.

Fuentes de la Corte consultadas por Código Vidrio dijeron que el nombramiento temporal puede ser un dogal para los conjueces, que actuarán condicionados, por la naturaleza y condiciones de su designación. “Un juez temporal es una figura atemporal, puede durar todo el tiempo que la autoridad nominadora quiera”, advirtió una fuente de la Corte Nacional, que pidió el anonimato.

Este es el argumento. La justicia tiene varias garantías, como la independencia y la imparcialidad judicial. A su vez, la independencia tiene otras garantías que permiten precisamente que el juez pueda juzgar con independencia e impacialidad. Además existen como pilares la independencia judicial interna y la externa. En la externa se requiere un juez que sea fijo, no esté supeditado a presiones externas, y que tenga un nombramiento.

“Al nombrar conjueces temporales, que hagan las veces de titulares, ellos no tendrán un nombramiento, pueden ser removidos en cualquier momento y bajo cualquier causal. Eso sin duda puede ocurrir en cualquier momento si ese juez emite un fallo que no le guste a la autoridad nominadora, que por este motivo lo puede remover”, subraya un jurista de la Corte.

En general también se nombran jueces temporales para obtener resoluciones favorables a los intereses de quienes los nombran. Sometidos a esa presión, los temporales también pueden condenar a un opositor político o exculpar a un amigo, sin que existan suficientes evidencias.

Sin duda, agrega otra fuentes, “una garantía para la independencia es el nombramiento y la inmamovilidad  en el cargo, que está supeditada a causales claramente establecidas en la ley”.

Represamiento, licencias, demoras…

Según información oficial, la Corte tiene  problemas por el congestionamiento de causas de los recursos de casación y de doble conforme. Este último tiene que ver con las personas que son condenadas por primera vez en segunda instancia. Incluso, la Corte Constitucional se pronunció en 2021 para que existan más jueces que tramiten estos procesos.

La falta de jueces ha desencadenado otros inconvenientes. Por ejemplo, los constantes pedidos de licencias que diariamente son solicitados a Saquicela. El titular de la Corte dice que se produce la problemática de dobles e inclusive hasta triples encargos de diferentes despachos a un mismo conjuez.

En el peor escenario, ante las múltiples peticiones presentadas para un mismo día, simplemente no se realiza el sorteo de ningún reemplazo. Eso provoca  constantes audiencias fallidas por que el tribunal no se conforma.

El artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que los jueces que pueden ejercer las funciones de conjueces tienen que ser de una categoría 8. Precisamente es en este punto en el que las cosas se complican para la Judicatura, pues desde hace más de cuatro años el país no cuenta con magistrados con ese perfil profesional.

En septiembre del 2019, la dirección de Talento Humano ya alertó esta situación.  Ningun juez ha sido promovido en virtud de la resolución 163-2016. La razón es que no cuentan con los recursos económicos para su promoción.

El Código también establece que la Judicatura no solo se debe encargar de la designación de jueces, sino también de su evaluación. Pero este último proceso tampoco se ha cumplido. El presidente Wilman Terán ha señalado públicamente que no tienen recursos para iniciar estos procedimientos.

Con la declaratoria de emergencia y necesidad extraordinaria, la Judicatura tiene la facultad de colocar a jueces sin concurso de méritos y sin los requisitos establecidos regularmente.

El Pleno del CJ en su resolución determinó un plazo de cinco días para que Talento Humano elabore y apruebe el perfil que tendrán los nuevos conjueces temporales. Así mismo estableció que en 15 días ya deben estar listos los informes para la designación de los conjueces temporales. Eso ocurriría la siguiente semana.

En la Judicatura hay expectativa por este proceso, pues no aún no ha trascendido cómo serán elegidos, ya que la mayoría de los jueces del país son de primer nivel.

Los últimos meses, Terán ha realizado viajes a distintas zonas del país. Se ha entrevistado con jueces de distintos niveles. 

Las principales concesiones mineras entregadas a empresas chinas han desatado un vendaval de conflictos sociales y entuertos judiciales, la última década. En los proyectos San Carlos Panantza (Morona Santiago), Mirador (Zamora Chinchipe), Telimbela y Tornado (Bolívar), las denuncias de ONGs y comunidades locales giran en torno a violaciones al derecho a la consulta previa. En Mirador, donde opera Ecuacorriente, los moradores denunciaron que siguen los desalojos de los habitantes (foto).

Por Ana María Carvajal

Los colectivos acusan a las corporaciones chinas de llevarse el oro, el molibdeno, la plata y el cobre, poco a poco, mientras que en la selva dejan el rastro indeleble de la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas y el despojo de territorios ancestrales de las comunidades.

Ecuador firmó acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantizan esos derechos, al igual que la Constitución. Según las normas, las comunidades deben ser consultadas sobre posibles explotaciones de recursos no renovables en sus territorios, pues podrían causar impactos tanto en su cultura como en el ambiente.

Luego del paro nacional de junio de 2022, promovido por organizaciones sociales encabezadas por la Conaie, la Fenocin y la Feine, se instalaron mesas de diálogo con el Gobierno con la mediación de la Iglesia Católica. El tira y afloja por los alcances de la consulta previa era uno de los principales motivos de los conflictos. Tanto el Gobierno como los voceros del movimiento indígena y campesino acordaron que debía trabajarse en una ley que la normara.

Mirador deja una estela de enfrentamientos

Uno de los proyectos que más enfrentamientos y reacciones ha causado los últmos  años es Mirador, que es explotado por la china ECSA, Ecuacorriente.

La concesión está ubicada en la comunidad de Tundayme. Allí se estima que existen unos 860 millones de toneladas de cobre, que explota ECSA. Aunque el Estado ha asegurado que se ha cumplido con las normativas ambientales y la consulta previa y un juez, en 2019, negó una acción de protección a la comunidad, los comuneros continúan en resistencia.

Una de las primeras denuncias contra la china ECSA, que aún no han sido esclarecidas, es el asesinato del líder comunitario José Tendetza, un shuar que combatió a la minería hasta que su cuerpo apareció en el río Zamora, en diciembre de 2014. Murió días antes del viaje a Lima que tenía previsto, para presentar su denuncia contra la minera en el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza.

Meses antes, denunció persecución, por lo cual la empresa lo demandó. La Fiscalía identificó a dos sospechosos de su asesinato, pero en 2016 fueron declarados inocentes y aún no se ha identificado a los culpables. Este crimen sigue impune.

Los lugareños también denunciaron que en 2016 grupos relacionados con la empresa china ingresaron a la fuerza a territorio shuar, con maquinaria que acabó con sus cultivos, entre otros episodios violentos.

Gran conflictividad en el Pangui y San Juan Bosco                

Según un informe de la Subsecretaría de Territorio y Seguimiento Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, uno de los problemas que enfrenta Mirador es la gran conflictividad social en El Pangui. Por este motivo, el informe indica que se debe reubicar la relavera, que es un molino donde se procesa el material descartado de las opoeraciones mineras.

La opción es hacerla en Santa Cruz, pero sus propietarios aún tienen sembríos de cacao y otros productos, lo cual complica los planes de la reubicación. Otra opción es ampliar la relavera que opera en Tundayme, si los resultados de los estudios geotécnicos son favorables.

En esa localidad, según el informe ‘Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica’, hubo una incursión a la fuerza, catalogada como ilegal, para hacer perforaciones, excavaciones y otras tareas que afectaron cerramientos, cercas y canales en los terrenos. En los años siguientes surgieron amedrentamientos, presuntas estafas, ofertas de trabajo, estudio y reubicaciones incumplidas, uso de testaferros que compraban los terrenos que luego transferían a las empresas, entre otros. El caso más grave ocurrió en San Marcos, una comunidad en la que, además de viviendas, fueron destruidas su iglesia, la escuela y otros espacios comunitarios.

Por este motivo -alta conflictividad- el Comando Conjunto de las FF.AA. se ha negado a aprobar la operación de una fabrica de explosivos que desde el 2019 construyó Ecuacorriente en este sector, pasando por alto prohibiciones legales y alertas de las autoridades de control.

42 familias perdieron sus viviendas

El informe señala que a las 04:00 del 30 de septiembre, 13 familias fueron sorprendidas por un grupo de más de 100 uniformados, entre policías y  guardias, que les dieron cinco minutos para desalojar. Sacaron sus pertenencias y animales y derrumbaron sus viviendas con maquinaria pesada. Desde ahí hasta 2016, al menos 42 familias y unas 136 personas perdieron sus viviendas.

La confrontación también llegó a la concesión San Carlos Panantza, en donde la comunidad ha logrado una victoria judicial. En septiembre pasado, la Corte Constitucional declaró que en ese proyecto, adjudicado a la empresa china ExplorCobres, se afectó el derecho a la consulta previa.  Eso significó que se retire la licencia ambiental y se repare al pueblo Shuar que vive en el cantón San Juan Bosco, de Morona Santiago.

Los trabajos en esa zona están suspendidos desde que en 2016 hubo enfrentamientos entre comuneros Shuar, policías y militares, según un reporte del Ministerio de Energía. Un uniformado perdió la vida en ese conflicto. En 2020, mineros informales quemaron un campamento y este está en un proceso judicial que aún no se resuelve.

Consultada por Código Vidrio, ExplorCobres respondió, a través de la Cámara de Minería, que “las comunidades Shuar están tranquilas, pero las organizaciones como la PSHA (Pueblo Shuar Arutam), la FISCH (Federación Interprovincial de Centros Shuar), que son financiadas por ONGs extranjeras, se oponen a la minería responsable. Sin embargo, no se manifiestan en contra de la minería ilegal, no opinan ni comentan sobre la destrucción que causa ni los daños al ambiente”.

Las comunidades que están en la zona de influencia de la provincia, agregó,  tienen un alto porcentaje de población en extrema pobreza. En general la empresa ha tenido “proyectos agropecuarios, de becas, salud, y otros”.

Pero Luis Sánchez, vicepresidente de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), resalta que las organizaciones shuar se oponen porque son las dueñas originarias de los territorios en los que no se ha hecho ninguna consulta: ni previa ni ambiental. Esta ha sido una vulneración de derechos sistemática que se repite en otros proyectos como Mirador o Fruta del Norte, por ejemplo, advierte. “Esto afecta a las comunidades y a la naturaleza, dejando daños irreversibles. Sin naturaleza ni agua, nosotros no existimos como rurales, pero para las ciudades debe ser así también”.

En ríos como el Tundaymi, Wawaymi o Kimi ya se han reportado graves daños. “Están desviados y van quedando vacíos”, observa. Por ahora, una de las mayores preocupaciones es que se desborden las relaveras que están sobre la cordillera y que contienen metales pesados. Eso destruiría todo aguas abajo, en un territorio muy accidentado, agrega Sánchez.

Pero el daño no es solo material. La minería en estos sectores ha causado división en las comunidades de influencia. Algunos ha optado por trabajar con las mineras mientras que otros se suman a la resistencia y varias ocasiones se han enfrentado. Decenas de familias han denunciado el despojo de su territorio.

Otros, como Sánchez, han sido obligados a vender sus tierras. Los que se oponen a la minera china -como él- afirman que tanto los caminos administrativos como judiciales son largos y engorrosos, por lo que están  decepcionados.

Además de los daños ambientales, la muerte de animales de la zona y del desalojo del que han sido objetos, quienes aún se resisten denuncian además que se están dañando bienes arqueológicos. Lo que se recupera, dice Sánchez, no se sabe a dónde va a parar y en qué estado. Peor aún el futuro que le espera a lo que aún no ha sido removido de la zona.

División entre comunidades y violencia intrafamiliar

Las secuelas sociales en las comunidades de influencia de esta industria son complejas. En eso coinciden Sánchez y Sofía Jarrín, asesora de incidencia internacional en Amazon Watch. Con la división en las comunidades surgieron problemas de violencia de género, intrafamiliar, construcción de casas de tolerancia para el trabajo sexual, separación de las familias, migración o condiciones de trabajo sin garantías. “Ha habido gente que se ha ido a otros países luego de trabajar con la minera porque no resultó cómo les decían. No pudieron hacer dinerito ni guardar de alguna forma. Les entregan cositas, contentando a la gente para engañarle y así no se paren o no denuncien a la empresa. Hacen que la gente viva de un salario, se vuelva dependiente y luego les tienen con amenazas”, dice Sánchez.

Jarrín agrega que con la minería se afectó a un tejido social comunitario que se basaba en otro tipo de principios. Las empresas llegaron a territorios indígenas y rompieron la conexión de la gente con su tierra, que ha sido ocupada sin su consentimiento. Aunque ella acepta que la consulta previa es una obligación estatal, agrega que “las empresas son responsables porque no están exigiendo que exista un proceso que además es su obligación el cumplir”.

Para María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería, hacer la consulta previa no es el principal problema sino la falta de una ley que habilite su aplicación.

Si bien consta en el Convenio 169, que Ecuador suscribió hace unos 25 años, también se menciona en la Ley de Minería de 2009 . Todos establecen que la consulta debe hacerla el Estado, según Silva.

Las empresas incluyen en sus planes actividades con la comunidad, “pero este mecanismo no reemplaza a lo previsto en la ley, el Convenio y la Constitución y no hay normativa que implemente la consulta previa”. “La Cámara de Minería no solo ha pedido expedición de la normativa, hemos tenido reuniones con autoridades para explicar cómo se hace en otros países”, dice Silva.

Yankuang está en pausa

En la sierra también existen conflictos por la misma causa: concesiones mineras que dividen a la población y acusaciones de que no se ha realizado la consulta previa. En Bolívar hay dos ejemplos: Telimbela y Tornado, a cargo de la empresa china Yankuang.

Al igual que San Carlos Panantza, el proyecto Telimbela está paralizado y la empresa dijo a Código Vidrio, a través de la Cámara, que no se reactivará hasta contar con garantías para poder trabajar con seguridad. El Ministerio de Energía y Minas también señaló que fue el titular quien pidió suspender la vigencia del plazo de Telimbela y Tornado, “pero ha manifestado su interés de levantar esa suspensión en este año”.

En esta zona han ocurrido choques con los moradores. En 2019, un grupo de personas destruyó equipos y maquinaria, cerró vías, quemó un vehículo policial y un contenedor de la empresa. luego persiguió a los trabajadores y atacó a los pobladores que prestaron terrenos para instalar plataformas de exploración, según un informe del Ministerio. Además, un policía fue herido.

Los conflictos continuaron en los años siguientes. Según un informe oficial, estos se debió a que no ha habido difusión suficiente sobre el proyecto con la gente que vive en su zona de influencia y a que no hay operadores para fortalecer el tejido social. Por eso, la población desconfía. La empresa intenta resolverlo desde octubre pasado. Uno de los detonantes es por la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar, de la que son parte agricultores y bananeros, que se oponen a estos proyectos.

Según Silva, Telimbela operaba siguiendo la norma ambiental y en una etapa inicial de bajo impacto, pero responsabiliza de los conflictos a las agendas políticas. Habría un dirigente comunitario “que vendió el miedo a su comunidad y les dijo que íbamos a dañar el agua”. Les habría ofrecido protección, a cambio de una cuota con la que cuidaría y monitorearía el agua.

La minería industrial tiene la obligación de devolver el agua al ecosistema en iguales condiciones que la extrajo.  Eso se puede garantizar con un monitoreo que establezca las condiciones fisicoquímicas en las que empezaron a usarla, para luego de terminado su uso, pueda volver con niveles similares.

En una mina se usa el agua para consumo humano o para tareas de minería y luego pasa por laboratorios internos y externos y donde solo si los niveles están iguales que al inicio, se la devuelve. “La licencia ambiental es el oxígeno para nosotros, la cuidamos porque es vital”, agrega. Por eso, niega que las empresas incumplan con normativas.

Yankuang señaló que han buscado acercarse a la comunidad de varias formas. Por ejemplo, en la pandemia se extendió el comodato de una ambulancia para trasladar a los enfermos desde Bolívar hacia Guayas y Chimborazo, y se adquirieron insumos médicos.

Ahora está en marcha el proyecto Mejorando juntos el ganado, “que tiene el fin de desparasitación, nutrición y cambio de pastos para ganaderos de la zona, ya que la mayoría de la gente del área está dedicada a la ganadería. Este proyecto se lo llevó a cabo en conjunto con la Universidad Estatal de Bolívar”.

Además, explica que se ha buscado contratar personal de la zona para trabajar con ellos, por ejemplo, en el catering o en la seguridad. “De los trabajadores que están en territorio, el 80 % son de la zona de Telimbela, Caluma y otras localidades de Bolívar”.

Ahora están dialogando con los gobiernos locales para buscar la oportunidad de trabajar proyectos conjuntos, como mantenimiento vial. Resta esperar si esos intentos permiten un acercamiento con la comunidad que logró frenar los trabajos cuando apenas terminaba la exploración inicial.

El magistrado de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, camina por un campo minado. Especialmente desde que empezó a conocer el caso por supuesto tráfico de influencias contra los vocales del Consejo de la Judicatura, José Morillo y Maribel Barreno, y el juez Vladimir Jhayya, que impulsa la Fiscalía. Ni Morillo ni Barreno se pronunciaron sobre el supuesto retiro de sus visas a Estados Unidos.  

Alianza Código Vidrio – Vistazo
Por Fernando Medina

Hoy miércoles 7 de junio empezó la audiencia para la formulación de cargos, por un supuesto tráfico de influencias que presentó la fiscal Diana Salazar contra los vocales del Consejo de la Judicatura, José Morillo y Maribel Barreno, y el juez de Pichincha Vladimir Jhayya. La Fiscal pidió la prisión preventiva de los vocales y la prohibición de salida del país y uso de grillete para el juez.

El primero en conocer este caso fue el magistrado Walter Macías, quien se convirtió en una figura incómoda, según fuentes judiciales, en el contexto de una confrontación abierta entre la Judicatura y la Fiscalía.

El 10 de mayo pasado, Barreno y Morillo participaron en la reunión del Pleno de la Judicatura que suspendió al magistrado por 90 días, en medio de violaciones procesales de forma y fondo, denunciadas por sus abogados y por juristas consultados.

Así, Macías dejó de conocer el caso de los vocales y otros procesos de gran connotación, relacionados con hechos de corrupción, incluidos algunos contra exfuncionarios del correísmo. En esa lista está el caso Sobornos, que involucra al expresidente prófugo Rafael Correa y funcionarios de su Gobierno. También el proceso Las Torres, en el que fue sentenciado el excontralor Pablo Celi. Además, tramitaba la causa penal en contra del exasambleísta Peter Calo, acusado de violación.

Días después de la suspensión, la Fiscalía allanó las oficinas de los vocales por sospechas de obstrucción de la justicia.

Al suspender al Juez, la causa fue asignada al juzgador Javier de la Cadena Correa, quien aparece en fotografías junto a importantes personajes del correísmo como Gabriela Rivadeneira, asilada en México, y el exfiscal Galo Chiriboga. Cadena convocó a la audiencia contra los vocales un mes después de la solicitud, aunque debía hacerlo a los 5 días de haber conocido la causa. Los judiciales son señalados por Fiscalía por una supuesta presión a los jueces de la Corte de Pichincha, en el tratamiento de una acción de protección interpuesta por la exlegisladora Guadalupe Llori, en junio de 2022, con el fin de recuperar la presidencia de la Asamblea. Sobre estos hechos hay audios de una conversación ocurrida el 2 de junio pasado.

Terán, artífice de la suspensión

Apartar al juez Macías del trámite de varios procesos a su cago no fue fácil. El principal artífice fue el presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Él convocó a los cuatro vocales para una votación que defina la suerte de Macías, la madrugada del 10 de mayo. Morillo y Barreno se abstuvieron de votar, mientras el vocal Fausto Murillo se opuso a la suspensión porque no estaba motivada y carecía de sustento legal. Los únicos que votaron a favor de la suspensión fueron el vocal Xavier Muñoz y el presidente Terán. Este último decidió apelar a su voto dirimente para decidir la suerte de Macías. En la práctica, Macías fue suspendido con los votos de dos de los cinco vocales del CJ.

Esta atropellada votación, según funcionarios de la Judicatura que pidieron la reserva, habría evidenciado que Barreno y Morillo apoyaron tácitamente a Terán. Pese a que no votaron, porque podrían incurrir en un conflicto de interés, tampoco designaron a sus suplentes para que pudieran votar.

Terán, quien llegó a la Judicatura en febrero pasado, se mantiene como cabeza de un Pleno que tiene a tres de sus vocales investigados por la Fiscalía. Xavier Muñoz se unió a esta lista, tras ser señalado por lavado de activos, el pasado 18 de mayo.

Terán ha llevado a cabo varias acciones para intentar blindar a los tres vocales.

Eso quedó al descubierto el 9 de mayo, cuando un juez negó las pretensiones de la vocal Barreno, quien recusó al juez Macías. Lo recusó por «falta de imparcialidad». Horas después, Terán impulsó su suspensión.

El año pasado, sin embargo, un tribunal de Cuenca ya había sentado un precedente en un caso similar contra Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional. La Judicatura, según sus argumentos, no puede suspender a ningún magistrado, sin la suficiente motivación.

La Corte Constitucional observa a la Judicatura

En agosto de 2020, la Corte Constitucional se pronunció indicando que la Judicatura no podía sancionar directamente a jueces o funcionarios judiciales que tengan denuncias por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Previamente se requiere la resolución de un juez superior que determine si se cometió alguna de esas tres faltas. Eso no se cumple en el caso de Macías.

Con esta resolución se dejó sin efecto, en 2022, la suspensión que la misma Judicatura le impuso al presidente de la Corte, Iván Saquicela. Él también fue sancionado por la entidad y estuvo suspendido 40 días.

Saquicela presentó una acción de protección que fue aceptada en julio pasado por la Corte de Azuay. Tres jueces establecieron que en su caso fue vulnerado su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la defensa y a la motivación de las resoluciones del poder público.

En el caso del Juez Macías, la Judicatura también se basó en una denuncia de Esteban Celi, sentenciado junto a su hermano en el caso Las Torres.

Efecto dominó

La suspensión de Macías afecta al caso Sobornos. Macías es uno de los jueces encargados de ejecutar la sentencia en contra de Correa y el exvicepresidente Jorge Glas. También figuran exministros como los prófugos Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte. Todos fueron sentenciados por corrupción y adeudan USD 14,7 millones.

Este mes el juez Macías tenía previstas diligencias para incautar los bienes de los sentenciados. Todos esos trámites están en suspenso, hasta que regrese al cargo.

Si Correa interpone un recurso extraordinario de revisión durante la suspensión de Macías, el caso recaería en otro juez, quien podría descartar la solicitud o aceptarla y declararlo inocente.

Entre gallos y medianoche

La reunión para suspender a Macías fue a puerta cerrada y sin transmisión en redes sociales. Terán ordenó que la sesión no sea transmitida, como es usual, por Facebook. Incluso, para tratar el tema, el Pleno de la Judicatura se ha reunido en la madrugada. Eso ocurrió el 24 de mayo pasado. Era la 01:50 cuando Terán y los vocales se reunieron de forma telemática para tratar la admisibilidad de la denuncia con la que suspendieron a Macías. El contenido de esa reunión fue declarado reservado. Este medio consultó a los vocales Barreno y Morillo sobre su participación en la suspensión de Macías. Por escrito, Barreno dijo que no participó en el debate ni en la votación porque su “imparcialidad se encuentra afectada con respecto al referido juez”.

El sigilo de la Judicatura también ha trascendido al proceso por tráfico de influencias de los dos vocales, que no está subido al sistema de de Gestión Procesal de la Función Judicial.

Barreno y Morillo no se pronuncian sobre el retiro de visas

Otro hecho que han mantenido en reserva y del que evitan pronunciarse los vocales Barreno y Morillo es la supuesta revocatoria de sus visas a Estados Unidos. En el cuestionario que este medio envió a Barreno se incluyeron cuatro preguntas sobre este tema. Ninguna fue respondida. Sus asesores dijeron que la vocal no se pronunciaría.

En los últimos dos años, la embajada de EE.UU. ha retirado la visa a políticos, jueces y generales de la Policía, por su supuesta vinculación con casos de corrupción y crimen organizado.

En el caso de los vocales Barreno y Morillo trascendió que la decisión respondería al hecho de que no podían garantizar su permanencia en el país. El Pleno de la Judicatura tampoco se ha pronunciado.

Tampoco se conoce si el  vocal Xavier Muñoz ha sido afectado por la vía diplomática al enfrentar un proceso por lavado de activos. Él tampoco se pronunció. Lo mismo ocurrió con el presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Su equipo de comunicación no ha respondido a las solicitudes de información remitidas hace un mes.

Abogados defienden a Macías

La suspensión de Macías generó reacciones entre abogados y funcionarios judiciales. En Manabí, de donde oriundo el magistrado, se presentaron al menos dos medidas cautelares para evitar la suspensión.

En los escritos se denuncia que se ha vulnerado los derechos de Macías y que se trata de una persecución para beneficiar a casos de repercusión social por corrupción.

Una de las ponentes de estas medidas es la abogada Johanna Cevallos. La jurista dice que la suspensión de Macías fue arbitraria. Además, que está “hastiada de tantas irregularidades de la Judicatura, sobre todo la arbitrariedad de violentar la ley y sus propios reglamentos para encubrir a sus vocales inventándose suspensiones”.

La separación temporal de Macías está en firme, pues un juez negó el recurso de protección de Cevallos. En el acta dice que el juez no ha perdido sus funciones definitivamente y por eso no se considera una acción grave. En tanto, abogados del magistrado recopilan información sobre todos los procesos para analizar futuras acciones contra la decisión de la Judicatura.

Esta alianza mapeó el listado de las principales contratistas chinas con el Estado ecuatoriano, aparte de Sinohydro. Se trata de una veintena de empresas, de las cuales la mayor parte ejecutó obras en sectores estratégicos. Hay sorpresas: firmas que no han pagado impuesto a la renta en los últimos años. Tensiones y conflictos legales; obras retrasadas con sobreprecios importantes, incumplimientos. También hay compras inútiles. En síntesis: los proyectos no fueron buenos, bonitos, ni baratos.

Alianza Código Vidrio-Vistazo.

Siete años después del terremoto de Manabí, y luego de varios retrasos, a fines de julio debería estar en funcionamiento el hospital de Pedernales. La ejecutora es la empresa China CAMC, que desde 2012 ha recibido al menos mil millones de dólares en contratos de obra pública. Fue privilegiada durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y ese favoritismo se mantuvo en el mandato de Lenín Moreno, que le otorgó el contrato para el hospital manabita, en octubre de 2020.

Esto, pese a que en abril de 2019 un informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) señalaba a esa firma. Según el CPCCS-T, la contratista China CAMC Engineering Co. LTD. habría integrado una lista de entidades inhabilitadas para la adjudicación de contratos financiados por el Banco Mundial, por haber incumplido normas y regulaciones sobre fraude y corrupción.

No pagó renta. Según descubrió esta alianza, no ha pagado el Impuesto a la Renta (IR) desde 2020 hasta 2022. Reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI)  indican que el último año fiscal en el cual pagó este impuesto fue en 2019; entonces canceló 3,8 millones de dólares. Esto es casi la mitad del valor tributado del año previo (2018) cuando pagó la cifra más alta de su historial en Ecuador, USD 7,3 millones. Por concepto del Impuesto a la salida de divisas, en 2021, tributó USD 15 mil.

No es el único foco de tensión con esta firma. Un reporte de inteligencia económica al que accedió esta alianza revela que ha sido una proveedora relevante para el Estado ecuatoriano, bajo la figura de régimen especial. “Es un tipo de contratación cuyo denominador común son los procesos contractuales sin concursos ni estudios de mercado”.

Subcontratan obras completas en tres proyectos

De hecho, la misma empresa ganó un contrato por USD 40 millones, en el marco del proyecto Casa para Todos, publicitado por el gobierno de Lenín Moreno. Para la construcción de 4.608 casas, el Banco de Desarrollo de China prestó al país USD 109,3 millones. China CAMC fue una de las tres escogidas, sin concurso, de un listado de 19 firmas impuestas por el gobierno asiático.

Debía edificar 2.095 unidades habitacionales pero ilegalmente subcontrató a una firma ecuatoriana para cumplir todos esos trabajos. La Ley de Contratación prohíbe que un subcontratista reciba más del 30 por ciento del total de un proyecto. Esa no fue la única irregularidad. Hubo demoras de varios meses en la ejecución del proyecto estrella del gobierno de Moreno. Según informes de Contraloría, la firma ya había incurrido en la práctica de subcontratar, en la ejecución de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua.

La firma se defendió en su momento, indicando que -por el contrario- había sido perjudicada por la contraparte local. Según su argumento, ésta abandonó las obras e incumplió con sus obligaciones contractuales.

Hasta 2018, la firma había sido contratada para 17 obras, según el informe del CPCCS-T, con base en datos del Servicio de Contratación de Obras (Secob). Algunos de los proyectos emblemáticos eran:

• 5 hospitales públicos en Manabí, Guayas y Esmeraldas por 346, 3 millones de dólares
• La plataforma gubernamental norte, cuyo valor final superó los 220 millones de dólares.
• 12 centros regionales del ECU-911, por 61 millones de dólares.

La plataforma gubernamental al norte de Quito tuvo problemas por mal funcionamiento del alcantarillado y presentó inundaciones. A esas fallas estructurales se sumó el hecho de que la contratista habría pagado 1,3 millones de dólares, en forma irregular, con el fin de que Contraloría desvaneciera una glosa por 22,5 millones por problemas en esa obra.

Para la empresa, sin embargo, los procesos contractuales fueron transparentes. Cuando se presentaron las inundaciones en la plataforma gubernamental, sus voceros deslindaron responsabilidades.

La firma china ha construido en todo el país. En su objeto social, afirma que es la construcción de todo tipo de edificios residenciales, edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, carteles, cárceles, conventos, casas religiosas, lo que incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes.

Seguridad, pero a qué costo

 China National Electronics Import & Export Co. Ltd. (CEIEC) entra en el ranking levantado por esta alianza.

A inicios de noviembre de 2012 se suscribió el contrato 945-DE-DCP-2012, para la adquisición, instalación e implementación de 55 juegos (kits de seguridad); adquisición, licenciamiento e implementación de una plataforma informática. El proyecto, llamado Transporte Seguro, tenía dos responsables: la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre y la firma CEIEC. Esta sería la encargada de proveer e instalar los kits de seguridad.

Para los primeros meses de 2013 se anunciaba la instalación de los dispositivos en taxis y en buses. Cámaras grababan lo ocurrido en la unidad de transporte; si el botón de pánico se activaba, la información llegaría hasta el centro de auxilio en el ECU-911, a través de una plataforma tecnológica. Un dispositivo GPS identificaba la localización. El proyecto estaba cuantificado en USD 73 millones.

En 2015 se firmó el contrato para la Fase 2, que implicaba la ampliación del data center del proyecto. El monto: USD 36 millones. Para 2016, se anunció que más de 70 mil unidades contaban con el sistema. Hasta 2019 el funcionamiento fue relativamente normal. Hoy, la plataforma que comunica el sistema con el ECU911 se encuentra inactiva.

En 2016 la firma CEIEC firmó el contrato con el Ministerio de Justicia (hoy Mujer y Derechos Humanos) por USD 13,7 millones. El objeto: la adquisición e implementación de la Plataforma Informática y dispositivos de geo-posicionamiento electrónico. En otras palabras, los grilletes para ubicar a las personas que cumplen penas no privativas de libertad.

Documentos reservados en poder de esta alianza muestran que el contrato fue perjudicial para el Estado, por cuanto fue financiado “con crédito chino oneroso, pagado con petróleo a precios descontados”. CEIEC habría ganado el 800 por ciento como intermediaria en la venta de los grilletes, si se considera el precio del fabricante. “Se simuló un concurso abierto”, advierte el informe. Según esta fuente, el crédito estuvo atado a la contratación de esta empresa. Durante el correísmo, la firma habría recibido 12 contratos por 424 millones Del total, nueve habrían sido atados a endeudamiento con petróleo.

Los voceros de la firma china se han defendido en entrevistas de prensa. Argumentaron que no hubo sobreprecio en los grilletes, ya que quienes comparan usan como referencia dispositivos muy baratos que aparecen en páginas de internet. Defendieron la idoneidad de los dispositivos de localización, pues explicaron que estos emiten alertas cuando son manipulados. Así salieron al paso de acusaciones y críticas, que se hicieron públicas cuando el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado se retiró el grillete y huyó del país.

No pagó renta. La empresa no pagó impuesto a la renta desde 2020. En 2019 tributó 45 mil dólares por este rubro. En 2017 y 2018 tampoco tributó. Su año récord para el pago de impuesto a la renta fue 2014: contribuyó con 977 mil dólares. En 2015 pagó USD 89 mil por salida de divisas.

Hidroeléctricas

A un costo de USD 670 millones fue construido el proyecto hidroeléctrico Paute Sopladora, con capacidad de 487 megavatios. La responsable: la empresa China Gezhouba Group.

La obra fue entregada en 2016. Está entre las provincias de Azuay y Morona Santiago. En abril de 2021 fue recibida definitivamente por Celec. Contraloría estableció multas y glosas por 248 millones de dólares.

La misma empresa firmó en 2012 con la Secretaría del Agua un contrato para la ejecución de obras para evitar las inundaciones del río Bulubulu, por un monto de 55 millones de dólares. Por la entidad estatal firmó el contrato Walter Solís Valarezo, quien fue sentenciado por el caso Sobornos, por el delito de cohecho. También fue procesado el representante de la empresa en Ecuador, pero presentó un recurso constitucional de acción extraordinaria de protección, al considerar que su derecho fue violentado.

No paga renta. La firma china pagó impuesto a la renta hasta 2017, cuando tributó USD 840 mil por ese rubro. En 2016 había pagado USD 2,6 millones, su año récord de tributación. Eso sí, ha pagado impuestos a la salida de divisas, en lo que va del 2023 por USD 24 mil. Y en 2022 tributó por ese rubro USD 56 mil.

Hydrochina corp. es el nombre acortado de China Electricidad Ingeniería Consultorio Grupo Co. La firma recibió el contrato para la ejecución de la central hidroelétrica Delsitanisagua, que aprovecha las aguas del río Zamora. El contrato fue firmado en 2011 y el monto pactado fue de USD 195 millones. Problemas técnicos y de diversa índole provocaron que el valor se incrementara a 258 millones de dólares. Aunque debió estar operativa en 2016, recién empezó a trabajar en 2018. Entre los imprevistos que afectaron la marca de los trabajos, en julio de 2014 tras una lluvia torrencial, parte de una montaña se desprendió y aplastó parte del campamento. Tres funcionarios chinos murieron, entre ellos, el jefe del campamento.

La central tiene una capacidad instalada de 180 MW, y beneficia directamente a más de medio millón de pobladores del sur del país, según CELEC.

No paga renta. 2017 fue el último año fiscal en que Hydrochina pagó 400 mil dólares por impuesto a la renta. En lo que va de 2023, ha pagado una cifra similar por concepto de impuesto a la salida de capitales.

Las verdades a medias del ITT salen a la luz. La Corte Constitucional dio luz verde a la consulta popular, para que en menos de dos meses los ciudadanos decidan si se deja el crudo bajo la selva en el bloque 43 o ITT. Todo indica que el inicio de explotación en la zona más sensible, un año atrás, dejó como única ganadora a la firma china, a cargo de la perforación. Del campo Ishpingo salía crudo de tan mala calidad que no aumentó la productividad de todo el bloque. Hasta 2027, el país tiene comprometidos 101,8 millones de barriles de crudo, la mayor parte a Petrochina. Foto de cortesía, operación en el Tiputini.

 Alianza Código Vidrio – Vistazo

Bajo la selva, en el Yasuní, el petróleo brota espeso. Parece brea. No tiene la calidad que los técnicos esperaban. Sacar crudo aquí fue «una desilusión», confesó el ministro Fernando Santos a un medio radial. Ishpingo es la tercera y última fase de explotación del bloque 43. Un área sensible en éste, uno de los lugares más biodiversos del planeta. La última plataforma de perforación, Ishpingo D, está a 127 metros de distancia de la zona protegida, de amortiguamiento.

La institucionalidad ecuatoriana tardó diez años en viabilizar una consulta popular para que los ciudadanos se pronunciaran. La pregunta es simple: ¿Se debe dejar o no el petróleo del bloque 43, que se encuentra en el Parque Yasuní, bajo la tierra?

En realidad, la decisión debió ser tomada, con criterios técnicos y más de una década atrás, luego de oír a expertos en sostenibilidad, ambiente, biodiversidad y estudiosos de los pueblos indígenas en aislamiento. En el diálogo debieron participar técnicos en petróleo sin sesgos políticos.

En lugar de ello, el Gobierno de la época (Rafael Correa) manejó el tema ITT con un tinte politizado y populista. Clientelar. Primero anunció un ambicioso plan para recaudar, vía donantes extranjeros, la mitad de los recursos que generarían esas reservas, a cambio de dejarlos en los yacimientos. La cereza de pastel de esa iniciativa: se evitarían emisiones contaminantes; además, se preservarían la selva y el Parque Nacional Yasuní. La propuesta no tuvo los resultados esperados, ni hubo una respuesta masiva de los donantes.

La explotación a costa de todo

Por eso tomó cuerpo la segunda opción y se inició la explotación. Las reservas eran tremendamente prometedoras, según las cifras oficiales. Esos recursos, se decía, ayudarían a combatir la pobreza. En 2013, el Legislativo que entonces era afín a ese gobierno autorizó por mayoría de votos iniciar la actividad petrolera en esa zona biodiversa. Previo a eso se justificaba, con mapas alterados para el efecto, que el área no era un corredor de paso de los últimos pueblos indígenas en aislamiento.

Todo indica que explotar el ITT no era el plan B, sino el plan A; la primera opción. Desde el inicio del correísmo, el gobierno recibía a manos llenas créditos de origen chino. En marzo de 2007 se firmó un acuerdo de entendimiento entre el gobierno ecuatoriano, Sinopec, Petrobras de Brasil y Enap de Chile. El plan de operación para el desarrollo y la producción de los campos del bloque ITT contemplaba ocho cláusulas; fue elaborado por Sinopec, según el académico Omar Bonilla Martínez, en el informe «La geopolítica petrolera de China en Ecuador y el área andina».

La llegada de préstamos frescos de China estaba atada, según este análisis, a la participación de empresas de esa nación en la explotación del ITT. Un elemento adicional: la única firma autorizada para explotar el bloque es Petroamazonas. Sin embargo, se incorporó la figura de «contratación de servicios específicos integrados», mediante la cual se podían entregar las actividades de sísmica, perforación, transporte, seguridad, limpieza, a una sola compañía. Desde esta perspectiva, el objetivo del cambio normativo habría sido beneficiar a empresas chinas en este bloque.

Hoy, cuando la consulta popular podría revertir las cosas, se confirma que entre las mayores beneficiadas con la explotación en el Parque Yasuní estarían varias empresas chinas y sus operadores locales.

El dragón se agazapa

En 2016, en una inspección al área Tiputini, que fue la primera en operar en el bloque 43 o ITT, periodistas de esta alianza constataron que la empresa a cargo de la perforación en esa primera fase era Sinopec. Los operadores de campo chinos explicaban, en perfecto inglés, que la actividad era altamente técnica, ya que se utilizaba el método de perforación de racimo. Una sola torre abarca varias líneas subterráneas de extracción, que se extienden bajo la tierra en forma de un racimo. Las líneas bajo la tierra pueden alcanzar hasta 2,5 kilómetros de distancia. Eso evita la proliferación de torres sobre la superficie.

Durante esa visita, técnicos de la empresa petrolera ecuatoriana explicaban todas las «salvaguardas ambientales» para preservar ese entorno delicado, y a sus especies protegidas.

China Petrochemical Corporation (también llamada Sinopec) no era para entonces una empresa desconocida en Ecuador. A cargo de la sísmica en el bloque 62, su actividad afectó a la comunidad Siekopai – Secoya cuando instaló un campamento petrolero en pleno corazón del centro cultural secoya. En él habitaban menos de 650 personas de la comuna de San Pablo, mientras que los trabajadores extranjeros eran aproximadamente 150 en forma permanente, según explica el experto Omar Bonilla Martínez. El estudio de la Clínica Ambiental, citado por Bonilla, refiere que la presencia de trabajadores chinos de Sinopec en la comunidad indígena disparó los casos de alcoholismo y violencia intrafamilar.

China National Petroleum Corporation (CNPC), otra empresa petrolera, fue la primera en llegar a la Amazonía ecuatoriana, en 2003.

Con capitales de CNPC y Sinopec se formó otra firma en Ecuador, Andes Petroleum. Las violaciones a derechos laborales que ésta habría cometido a partir de 2007, con el despido de trabajadores, en los bloques Shiripuno 14 y 17 están documentadas por la Clínica Ambiental.

LOS IMPACTOS REGISTRADOS EN EL ITT

Para 2020, días antes del inicio de la pandemia, Petroamazonas anunciaba la adjudicación de un contrato de prestación de servicios específicos integrados para la perforación y completación de 24 pozos nuevos en las plataformas B y D de Tambococha. Ésta es la segunda fase del bloque 43. Según la información oficial, se invertirían 148 millones de dólares en los nuevos y se incrementaría la producción en unos 7.500 barriles por día.

Dos empresas chinas participaron: Sinopec y una filial de CNPC, la Chuaquing Drilling Engineering Company Limited, cuyas siglas son CCDC. «A ésta última se le adjudicó el contrato, por cuanto presentó la oferta económica más baja». El criterio de selección, según el documento oficial ecuatoriano, no fue el ambiental ni el tecnológico, sino el económico.

En esa misma línea, la CDCC filial de la CNPC se adjudicó en febrero de 2022 el contrato para perforar 40 pozos en las plataformas A y B de Isphingo, la tercera y más sensible fase del bloque. Según las bases del concurso, el presupuesto referencial para el contrato era de 211 millones de dólares. Dos meses más tarde, en abril de 2022, brotó el petróleo de este campo. Las imágenes del inicio de operaciones muestran al presidente Guillermo Lasso sonriente, con el entonces gerente de Petroecuador, Italo Cedeño. En círculos petroleros no era un secreto que Cedeño había sido gerente adjunto de la firma CNPC en su larga trayectoria profesional. Cedeño fue destituido de cargo cuatro meses después del arranque en Ishpingo. En agosto de 2022, tras denuncias según las cuales nombraba y destituía funcionarios por consejo e injerencia directa de su esposa. Esta alianza intentó localizarlo, pero no obtuvo respuesta.

Las cifras opacas

El hecho es que en febrero de 2022, antes del inicio de operaciones de Ishpingo, los campos Tambococha y Tiputini en conjunto producían 55.710 barriles al día. Un año más tarde, cuando está en pleno funcionamiento el campo Ishpingo, la producción del bloque 43 no supera los 55 mil barriles por día.

¿Para qué sirvió el inicio de la operación en la zona más sensible? Al parecer la única que obtuvo beneficios fue la china CDCC que ganó el contrato. El valor actual de la perforación en Ishpingo supera los 300 millones de dólares, según documentos revisados por esta alianza.

Las cifras opacas de la operación en esta zona sensible de biodiversidad salieron a la luz durante las comparecencias de todos los actores públicos y privados, ante la Corte Constitucional. Este organismo tiene nueve jueces. Ellos escucharon en audiencia pública a todos quienes tenían elementos que aportar, a favor o en contra, antes de decidir la viabilidad de la consulta popular.

La tesis favorable a realizar la consulta popular se impuso, aunque no en forma unánime.Durante la audiencia, técnicos de la estatal petrolera explicaron que en Ishpingo, «encontramos un crudo extrapesado, tipo melcocha». Y advirtieron que se necesitarían «tecnología e inversiones» para obtener el recurso.

Los representantes del Estado coincidieron en señalar que el bloque 43 genera aproximadamente el 14 por ciento del total de crudo que el país produce. Sin embargo, no pudieron explicar cuánto de este recurso se destina al gasto social para cumplir con la oferta de terminar con la pobreza.

6.700 millones de regalías

En seis años de operación del bloque 43 se generaron 122 millones de barriles de crudo que produjeron 6.700 millones de dólares al Estado. Según técnicos de Finanzas, al suspender las actividades la afectación económica alcanzará 7.967 millones de dólares y tendrá impactos sobre la economía nacional. Aún más, pronosticaron que de suspenderse la actividad no se alcanzará el valor del producto interno bruto previsto para este año ni el porcentaje de crecimiento real del PIB, previsto en 3,1 por ciento.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) dejarán de percibir 331,58 millones de dólares: ellos hicieron sus presupuestos basados en un cálculo de ingresos que dejarían de recibir, alertaron técnicos de Finanzas.

Los escenarios del Sí y el No

La decisión de realizar la consulta popular abre un escenario. Si triunfa el sí y se suspenden las operaciones, la petrolera estatal tendrá un año para el desmontaje de actividades en la zona. ¿Qué pasará con los contratistas? ¿Tendrán derecho a reclamar medidas de reparación? Los comparecientes durante la audiencia no supieron explicar con claridad el escenario, pero esta posibilidad habría sido el argumento que esgrimieron los vocales que dieron el voto de minoría, en contra de la consulta.

Si se suspende la operación del bloque 43, ¿el país tendrá dificultades para cumplir sus compromisos petroleros? El dictamen de la Corte deja sentado que los contratos «no corresponden a un solo bloque específico o determinado». Hasta diciembre de 2027 está comprometido bajo la figura de preventa un monto significativo: 101,8 millones de barriles de petróleo. De ocho contratos bajo esa modalidad, tres corresponden a Petrochina. El país asiático sació su sed de crudo de la selva ecuatoriana.

MATRIZ DE AFECTACIONES DE EMPRESAS CHINAS EN LA REGIÓN

JUSTICIA ACORRALADA. Los jueces José Luis Alarcón y Mary Quintero, quienes declararon inocentes a 18 imputados por narcotráfico, volvieron a sus cargos, luego de cumplir tres meses de suspensión, que dictó el Consejo de la Judicatura. No obstante, el proceso para su destitución avanza por su actuación en el caso que fue investigado por más de un año por agencias antidrogas de varios países. La Fiscalía investiga a los jueces por asociación ilícita.   

Por Ana María Carvajal
Alianza Código Vidrio – Vistazo

Procesos de cooperación internacional, participación de varios países en un megaoperativo, incautación de 20 toneladas de cocaína y decenas de testimonios, incluido el de un investigador de la DEA que participó de una investigación inédita. Nada de eso pesó a la hora de que dos jueces decidieran dictar una sentencia absolutoria por el caso conocido como ‘Pangueros locos’.

La mayoría de tribunal, conformado por los jueces José Luis Alarcón Bowen, Mary Quintero Prado y Carlos Fuentes, declaró inocentes a 18 procesados por narcotráfico, en un polémico fallo de mayoría emitido el 16 de diciembre pasado. Fuentes dio su voto salvado. El 23 de diciembre, la unidad provincial de Control Disciplinario de Manabí del Consejo de la Judicatura (CJ) conoció la denuncia que la Fiscalía puso en contra de los jueces por esta decisión solicitando su suspensión.

El documento, firmado por la fiscal Diana Salazar, consiguió su objetivo: Alarcón y Quintero fueron suspendidos por haber “incurrido en infracciones gravísimas en el ejercicio de sus funciones (…), por  transgredir el principio de responsabilidad”, según el Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, el pasado 21 de marzo, el Consejo de la Judicatura (CJ) revocó la suspensión para ambos. Faltaban dos días para que se cumplieran los tres meses de sanción. Este pronunciamiento fue expedido por el pleno del CJ, presidido por Wilman Terán. En este se dispuso “que se continúe con la sustanciación del expediente disciplinario”. Del resultado del trámite de ese expediente dependerá la sanción final para los jueces, que podría ser su destitución.

Error inexcusable

En enero, tres jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí decidieron que la sentencia que emitieron en contra de los 18 imputados por narcotráfico incurría en un error inexcusable.

El 10 de marzo pasado, Marcelo Villegas, director Provincial de Manabí de la Judicatura, emitió el informe y recomendó que la sanción definitiva sea la destitución. Alarcón y Quintero, sin embargo, buscan la forma de defenderse. El 13 de marzo solicitaron que se fije día y hora para exponer sus argumentos sobre el sumario.

La Judicatura informó a Código Vidrio que el expediente disciplinario se encuentra en trámite, en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. El 22 de marzo pasado se realizó la audiencia solicitada por Quintero y Alarcón. “Se está elaborando el proyecto de resolución correspondiente para conocimiento del Pleno”.

Volvieron a sus cargos

Mientras, Alarcón sigue al frente del Tribunal de Garantías Penales de Manta y Quintero, en el Tribunal de Garantías Penales de Portoviejo. Ambos también enfrentan una investigación previa de la Fiscalía por asociación ilícita.

Alarcón y Quintero consideraron que los 18 imputados, entre ellos un exmarino que era propietario de una embarcación, eran inocentes del delito de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de drogas. Esto a pesar de que hay una abundante evidencia testimonial, documental y de peritajes sobre la participación de los 18 procesados en este delito, según Fiscalía.

Para los jueces, en este caso solo se probó que los procesados participaron en el abastecimiento de combustible de las lanchas que transportaban la droga.  Sin embargo, en vista de que ellos supuestamente no eran los dueños de la droga o quienes la financiaban, solo podrían ser imputados como colaboradores, responsables de delincuencia organizada o asociación ilícita. Pero, por el principio de congruencia, no podían condenarlos por esos delitos.

El transporte de la cocaína y las coordinaciones fueron documentadas en detalle

La decisión de los jueces generó la reacción del presidente Guillermo Lasso, quien en febrero pasado dijo que ellos y otros magistrados eran “una amenaza para la justicia y la paz”. Según el mandatario, esta decisión terminó con una investigación de la Policía y con más de un año de trabajo coordinado con la DEA, de Estados Unidos.  El Gobierno anunció que presentaría la queja en el Consejo de la Judicatura y la denuncia ante la Fiscalía.

¿Quiénes son los jueces?

Mary Quintero es esmeraldeña. Ha sido jueza del Tribunal de Garantías Penales desde 2015.  Entre 2009 y 2015, fue secretaria de fiscales y agente en la Fiscalía General. Se graduó como doctora en Jurisprudencia y abogada en la Universidad Central, con especialidad en Derecho Penal. Además, es licenciada en Ciencias Públicas y Sociales.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre 2013 y 2021, hubo un incremento en la declaración del impuesto a la renta de la jueza: de USD  1.607 iniciales pasó a montos que oscilaban entre los USD 2.500 y 2.900. El año pasado, su declaración subió a USD 5 775.

Además de la denuncia de Fiscalía en el caso Pangueros locos, Quintero solo tiene una causa en el sistema del Consejo de la Judicatura. Se trata de una recusación que no prosperó. Coincidencialmente, uno de los jueces que estuvo a cargo de este proceso fue José Luis Alarcón, como ponente del tribunal.

Su patrimonio alcanza los USD 128.059, de acuerdo con su más reciente declaración patrimonial en la Contraloría. En sus pasivos constan créditos hipotecarios, quirografarios, personales y con tarjetas suman USD 194.093. En cuanto a bienes inmuebles, valorados en USD 270.029, se incluyen un terreno, una casa y una construcción en Esmeraldas y una casa en Manabí.

En el rubro de obras de arte, joyas y colecciones declaró un monto de USD 15.000 e informó de dos vehículos (del 2016 y 2012), por un avalúo de USD 8.000 cada uno y son los mismos autos que declaró en 2018. En ese año ya era propietaria de dos terrenos y una casa en Esmeraldas.

Como conductora, Quintero tiene siete multas pendientes de pago que suman USD 814, por estacionarse mal, manejar a exceso de velocidad e irrespetar señales de tránsito. Esas infracciones se registraron entre mayo de 2019 y marzo de 2023. Además, en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito constan seis multas anuladas y dos pagadas. Conserva 29 de 30 puntos en su licencia vehicular.

En declaraciones a la prensa, Quintero dijo que le indignó que desconocieran su trabajo como juez y se criminalizara su facultad de absolver, por la polémica en el caso Pangueros locos. “No se verifica ni se nos da la oportunidad de defendernos a través de la sentencia”, pues según su testimonio, la denuncia de la Fiscalía General se dio luego de que el Tribunal emitiera el fallo oral, pero el escrito tardaría alrededor de un mes en estar listo y allí constaría la explicación de su fallo.

Por otro lado, ella presentó el pasado 13 de marzo una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional, que por sorteo recayó en la jueza Hilda Nuques. Ella deberá resolver si le concede este pedido. Quintero interpuso este recurso por otro tema: en septiembre de 2022 fue notificada de una acción de personal que la designaba como jueza del Tribunal Penal de Portoviejo y la retiraba de un cargo similar en Manta.

La Judicatura de Manabí argumentó su decisión de trasladarla en los resultados de un informe remitido por unidades de Estudios Jurimétricos y Gestión Procesal. Estos revelaron que Quintero tenía una tasa muy baja de de resolución y un alto índice de causas pendientes, en trámite, entre 2019 y 2022.

Las conversaciones entre los involucrados se realizaron con equipos satelitales

Polémica por baja productividad

La jueza Quintero considera que el traslado administrativo vulnera la seguridad jurídica, porque ella no aceptó el cambio, porque la productividad no es un parámetro legal para realizar cambios administrativos y porque no se realizó el sorteo previsto en la ley para conformar el Tribunal de Manta.

En su acción de protección aclara, además, que en 2019 y 2022 sus tasas resolutivas fueron mayores, pero que bajó su sproductividad, entre 2020 y 2021, porque tuvo licencia de maternidad, por un parto múltiple y lactancia. Agrega que esta licencia garantiza una protección especial, de acuerdo con disposiciones constitucionales. Por otro lado, subraya que para trasladarla no se consideró paridad de género ni se tomaron acciones afirmativas por su etnia afroecuatoriana.

La acción de protección en la Corte Constitucional llegó luego de que la jueza Ingrid Mera le negara su demanda, en octubre de 2022, y luego de que en diciembre también perdiera en la apelación ante los jueces provinciales Dolores Garda, Gina Mora y Mauro Pinargoty, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí. Por eso, el 23 de diciembre la acción de personal fue ejecutoriada.

Quintero vive en Manta pero ahora trabaja en Portoviejo, a pesar de que es madre de tres niños, dos de ellos menores de tres años. Además, es la única responsable del cuidado de sus hijos, pues está separada. Ella pide que se acepte la acción extraordinaria de protección, pues se habrían vulnerado sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso. Por este motivo, pide que se dejen sin efecto las sentencias de la justicia ordinaria y su traslado del Tribunal de Manta al de Portoviejo. Además solicita que se disponga reparación material por haberla enviado a trabajar en una ciudad distinta a su residencia sin que ella haya aceptado ese cambio.

Cada integrante de la red tenía roles específicos en los embarques

A la sombra del correísmo

El juez José Luis Alarcón fue funcionario de la Presidencia y la Fiscalía, durante el gobierno de Rafael Correa.

Fue esposo de Estefanía Grunauer, concejal electa al Municipio de Quito, por la lista del exalcalde Jorge Yunda, con Pachakutik. Ella era cercana al correísmo y a partir de 2019 se convirtió en una estrecha colaboradora de Yunda en la Alcaldía de Quito. Está a punto de posesionarse como concejala de la capital.

Entre 2010 y 2022, Alarcón ocupó cargos en la Fiscalía, la Presidencia y el Poder Judicial.

En 2010, Alarcón fue secretario de Fiscalía. Para 2014, ya actuaba como asesor jurídico de la Presidencia de la República, en el segundo período de Rafael Correa en el poder. Un distributivo de la época lo muestra como asesor 2 en la Secretaría General Jurídica, entonces liderada por Alexis Mera, hoy sentenciado y preso por el caso Sobornos.

En 2015 y 2016 probó suerte en la Justicia: fue juez en el tribunal de garantías penales de Manabí. Pero en 2016 volvió a asesorar a la Presidencia, en la Secretaría Jurídica. Y dos años después regresó como juez a los tribunales en Manabí.

Desde 2018 se desempeña como juez de tribunal de garantías penales. En 2022 aparece como integrante del tribunal de garantías penales de Manta. No obstante, en la base de datos del Ministerio de Trabajo no está registrada su relación laboral presente.

Los jueces, al banquillo 

A pesar de que Lasso pidió al resto de funciones del Estado “sumarse a esta cruzada por la seguridad, enseguida y con acciones concretas en contra de quienes defienden a los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas y demás actores del crimen organizado”, las decisiones de los jueces causan alarma y molestia.

Por ejemplo, tras un amplio operativo en la Guacharaca, un violento barrio de la ciudad de Esmeraldas, policías y militares capturaron a alias ‘Elbi’, uno de los cabecillas de la banda de Los Tiguerones. Sin embargo, en menos de 24 horas quedó en libertad, pues un juez decidió aplicar medidas sustitutivas, en lugar de detención. El juez fue suspendido temporalmente por tres meses.

En Ecuador, a diario salen titulares de prensa sobre sanciones preventivas o destituciones a jueces por fallos controversiales. Este mes, los jueces Carlos B, Byron O y Urvano R. fueron suspendidos. Ellos están señalados por el caso de Gordo Lucho, quien fue liberado pese a ser considerado como el segundo al mando de Los Lobos. También están en la mira por sobreseer a imputados por el caso Big Money.

Estas decisiones judiciales polémicas preocupan por el incremento de delitos relacionados con narcotráfico. Para Renato Rivera, Coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, se está abriendo una ventana de oportunidad a los delincuentes para tener relación directa con jueces o fiscales. Además, en casos como este, los jueces usan argumentos jurídicamente débiles para sentenciar.

En el de los pangueros, por ejemplo, se ha ignorado una gran cantidad de pruebas que son producto de un trabajo de cooperación internacional con Estados Unidos y eso genera que otros jueces en el futuro actúen de la misma manera. Cada decisión de este tipo deja un precedente y puede derivar en que otros juzgadores emitan sentencias similares en causas distintas, dice Rivera. Detalla que en el Observatorio han visto esta tipología en varios casos y que tienen una particularidad: la justificación que dan los jueces sobre la tipología penal es “bastante mecánica”.

Esos patrones se dan especialmente en cortes como las de Manabí o Guayas. Otras cosas repetitivas que han detectado es que los jueces que reciben casos por sorteo luego se excusan de conocerlos. En esas situaciones se puede presumir amenazas e historias similares: mientras el juez ponente se hace a un lado, luego los otros jueces sobreseen o declaran inocentes a los imputados.

Según el Resumen de análisis de registros judiciales por delincuencia organizada en Ecuador, d el Observatorio, del 11 % de personas que recibieron condenas mediante procedimiento ordinario, solo el 2 % fueron sentenciadas por
delincuencia organizada en concurso y el 9 % restante recibió una sentencia condenatoria únicamente por delincuencia organizada como delito autónomo.

Cerca de la mitad de estos casos reciben penas mínimas por este delito y que las condenas por delincuencia organizada se dividen en cuatro bloques: sentencias por delitos por delincuencia organizada, con penas que van entre 10 a 17 años; penas para líderes, de entre siete y 10 años; fallos para colaboradores, con penas entre cinco y seis años; y cómplices, con penas de entre 28 y 48 meses.

Otro dato importante de este informe revela que 8,5 de cada 10 condenas por delincuencia organizada se obtienen bajo procedimiento abreviado y el 1,15 de casos restantes, se realizan por proceso ordinario.

El abogado penalista Xavier Andrade, subraya que los dictámenes polémicos, equivocados u osados que emiten ciertos jueces en casos complejos pueden responder a varios factores: son amedrentados, son presa de la corrupción, ignoran la legislación al respecto o, finalmente, su decisión depende de la suma de estos tres factores.

Para Rivera es importante escuchar a los operadores de justicia que denuncian amenazas en algunas provincias y que no hay garantías para ejercer su trabajo. Además, las organizaciones delincuenciales ya conocen a los jueces y ellos requieren de cierta protección. Por eso, sugiere que se deben tomar en serio las alertas de fallos erróneos, sea por corrupción, amenazas o desconocimiento y tomar más precauciones.

Ahora que están iniciando las labores de los nuevos jueces anticorrupción y delincuencia organizada, dice Rivera, ellos deberían tomar conocimiento de causas complicadas dentro de sus competencias, pues ellos pueden actuar con garantías adicionales, al trabajar desde Quito y no directamente en territorio.

Rivera y Andrade coinciden en que si las sanciones son relativamente bajas o nulas, aportan a que se normalice este tipo de sentencias polémicas y ocurran cada vez con mayor frecuencia, pues no se sientan precedentes. La decisión final sobre los jueces Alarcón y Quintero podría aportar a que se perpetúen prácticas dudosas o convertirse en un paso para que las medidas disciplinarias en el sistema de justicia sean ejemplificadoras.

Ecuador, desde 2015, es el primer exportador mundial de balsa (Ochroma pyramidale). El 84% proviene de la tala de árboles silvestres; el resto, de plantaciones. A inicios de 2017 la industria ecuatoriana exportó por primera vez paneles flexibles de balsa para la construcción de aspas de las turbinas eólicas chinas. Desde 2018 ese país asiático compra el 95% de la balsa que se exporta de Ecuador. En 2020, la elevada demanda de China subió los precios de este producto en la pandemia de COVID para luego caer abruptamente. Hoy el mercado se restablece y China se consolida como el socio comercial más importante del Ecuador bajo un Tratado de Libre Comercio. Sus alcances en materia forestal aún son desconocidos.

Franklin Vega, Alianza Código Vidrio – Vistazo con Bitácora Ambiental

Ecuador, una historia de balsa. “Estas motas que flotan cerca del camino (pequeñas madejas de una especie de lana blanquecina) son semillas de balsa (Ochroma pyramidale). Los frutos liberan sus semillas y el viento las dispersa. Cuando caen en un terreno descampado pueden germinar”, explicaba Jaime Jaramillo, uno de los botánicos más reconocidos del Ecuador, en las salidas de campo a sus estudiantes de la Universidad Católica. Luego el ‘Máster Jaramillo’, como le conocían sus estudiantes, proseguía: “la balsa es una especie pionera, crece donde el suelo se ha desnudado -necesita mucha luz- como los derrumbes o junto a los caminos o las chacras; sirve para recuperar terrenos degradados”.

La balsa tiene muchos usos, desde las canoas con las que los huancavilcas surcaban el Océano Pacífico y cuyos viajes fueron recreados por el navegante español Vital Alsar en la década del 1970 (https://youtu.be/ze8pqMGbCOA). Alsar recorrió tres veces de Guayaquil hasta Australia en embarcaciones, hechas con troncos de balsa. Esa, tal vez, sea una de las pruebas irrefutables de la resistencia de la balsa, una madera tan ligera como fuerte.

Durante la segunda Guerra Mundial, desde Ecuador empezó la exportación de madera de balsa. En las fotos antiguas de Guayaquil es posible encontrar estibadores cargando dos y hasta tres troncos de balsa en el muelle. Ésa era una muestra de su bajo peso. En ese entonces la balsa se utilizó para hacer las estructuras de las alas y el fuselaje de los aviones de combate.

La fiebre de balsa, precios de locura, robos y mala calidad

En 2017, China dio marcha a un ambicioso programa de descarbonización de la energía, eléctrica cuyo enfoque principal es la construcción de parques eólicos. La carrera por descarbonizar vino acompañada de subsidios para las empresas chinas. Esto, en Ecuador, se tradujo en un enjambre de intermediarios comprando balsa en la Costa y Amazonía. Sin importar las restricciones por la pandemia del COVID 19, las exportaciones llegaron a un techo inesperado en 2020 de 65 mil toneladas, 40 mil toneladas de diferencia con respecto a 2019, cuando se exportaron apenas 23 mil toneladas.

 

Debido a la alta demanda, los precios por cada árbol crecieron exponencialmente. Lo mismo pasó con la madera de balsa tratada, que se exporta en forma de bloques. “El precio en 2018 y 2019 rondaba los 140 dólares por metro cúbico y se llegó a pagar hasta 500; más que otras maderas que son consideradas finas. Fue una locura que dañó el mercado”, explica Wilmer Peña, ingeniero forestal de Babahoyo.

Peña califica lo sucedido en el 2020 como una fiebre de la balsa. “La fiebre de la balsa no es un problema ambiental, es un problema social. La balsa ayuda a recuperar los terrenos deforestados, no se encuentra balsa en los bosques maduros, solo en los bordes de estos espacios. Pero las negociaciones desiguales en las comunidades trajeron muchos inconvenientes”, destaca.

Para plantar balsa hay que tener en cuenta muchos factores, uno es la cantidad de lluvias y que el suelo no se inunde frecuentemente, si está anegado demasiado tiempo, la balsa muere. “Por eso, según Peña, las plantaciones en la Amazonía requieren de un análisis previo y no es factible deforestar bosque para plantar balsa en cualquier lugar, eso lo conocen bien quienes están en el negocio”.

Robos sistemáticos

Otro problema que se generó fue el robo de balsa. Christian Riofrío, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de la Industria Forestal y de la Madera (AIMA), recuerda que se reportaron robos sistemáticos en las 16.000 hectáreas de balsa que están plantadas en el Ecuador. “En el 2020 se denunciaron robos hasta por el 5% de las plantaciones”, dice.

“La alta demanda hizo que se cometieran varios errores en la comercialización. Por ejemplo, se exportaron las trozas recién cortadas sin ningún tratamiento. Un sin sentido completo; ya que, si no se procesa en los 15 días luego de la corta, la balsa se pudre”, indica Riofrío.

Luego de varios meses, llegaron varios contenedores a China con la madera completamente dañada. “Eso afectó la reputación del país. Sin embargo, Ecuador tiene consolidados los mercados con balsa de calidad, por eso hemos recuperado las exportaciones”, reflexiona Riofrío.

Otro impacto del fenómeno generado por China fue la aparición de resinas sintéticas que se utilizan para reemplazar los tableros flexibles de balsa en las aspas de las turbinas. “Al subir el precio, la resina sintética se puso a un precio competitivo con los de balsa, a pesar de que las características físicas de la resina no son iguales a la madera, su precio ya no fue un impedimento para su utilización”, recalca Riofrío.

Con un precio que bordee los USD 500 por metro cúbico se logrará el punto de equilibrio y la industria podrá mantenerse saludable.

Más balsa, por si acaso

La distorsión del mercado causada por los altos precios alentó a muchas personas a plantar balsa. “En mayo de 2022, me decidí a sembrar balsa. Ese año pagaban USD 30 por cada árbol en pie”, comenta Paulina Vivanco, agroexportadora de la parroquia La Unión, en Quinindé, Esmeraldas, mientras señala su plantación de balsa, que se divisa desde la casa de la finca.

La finca de Vivanco está ubicada a 200 kilómetros al noroccidente de Quito en la Costa. El clima tropical con abundantes lluvias y horas de sol, brindan las condiciones adecuadas para que la balsa crezca y alcance los 25 ó 30 metros de alto, en cinco o seis años.

En la carretera se divisan varios rótulos con la leyenda “se compra balsa o se compra boya”, el nombre local de la balsa. Vivanco cree que su plantación estará lista para cosecharse en tres o cuatro años. “Los intermediarios suelen preguntar quién tiene balsa, buscan plantaciones y a veces hasta piden comprar los árboles que crecen en los caminos de acceso”.

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En promedio, invertí mil dólares por hectárea la plantación de balsa sin contar con la tierra; es decir, solo las plántulas, los fertilizantes, el pago de los trabajadores, la herramienta y los insecticidas. Paulina Vivanco, agroexportadora de La Unión.

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En la actualidad, el mercado de la balsa se está “normalizando”. “En 2019 ofrecieron USD 6 por árbol, al año siguiente la me pagaron USD 16 y los vendí”, acota Vivanco, que no es ajena a las fluctuaciones del mercado y señala que “los precios actuales son competitivos y se mantendrán en los niveles de 2019, antes del boom, con eso tendré utilidad”.

¿Qué hacen con la balsa en China?

La balsa se utiliza básicamente en la construcción de las aspas de las turbinas eólicas (molinos de viento), como aislante térmico y acústico. China es el principal productor y constructor mundial de sistemas de energía eólica, según informes del Global Wind Energy Council (GWEC); y, abastece sus necesidades internas y de toda Asia.

Para dimensionar el poder de China en energía generada con el viento, el World Energy Trade publicó, en diciembre de 2021, que China añadió 17 gigavatios (GW) de capacidad eólica marina, para un total de 26 GW, es decir, más de lo que el resto del mundo construyó en los últimos cinco años”. (https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/electricidad/china-supera-al-resto-del-mundo-en-energia-eolica-y-solar ).

La balsa se exporta de dos maneras: en bloques y en tableros flexibles. En 2022, el destino de las exportaciones fue en un 95% para China, en lo que se refiere a bloques y en 66% en lo referente a paneles flexibles. El segundo mercado es Estados Unidos, pero para los bloques es completamente marginal, solo el 4%, mientras que para los paneles flexibles que requieren mayor tecnología y valor agregado Estados Unidos y Europa representan el 34% en conjunto. Estos paneles flexibles se empezaron a exportar desde hace seis años, luego que dos empresas extranjeras incursionaron en el mercado ecuatoriano trayendo nueva tecnología.

Sin un monitoreo coordinado

Rastrear los robos de balsa mencionados previamente fue una tarea imposible. Al igual que el atún que se importa de alta mar, no existe un sistema de trazabilidad para la madera del Ecuador.

La madera de balsa que sale de las plantaciones requiere una autorización del Ministerio de Agricultura; mientras que la que se colecta o tala de forma silvestre requiere una autorización del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

Hasta el 20 de agosto de 2021, el MAATE emitió los “formularios de recolección de balsa”, y luego de esa fecha se expidió la norma que regula el aprovechamiento de balsa a través de los Programas de Corta. Según el MAATE estos programas buscan “regular la gestión, aprovechamiento, movilización y establecer lineamientos técnicos de productos forestales de las especies de los géneros Heliocarpus y Ochroma (balsa)”.

Sin embargo, al analizar la información proporcionada, el registro de la balsa recolectada de forma silvestre es ínfimo para los años 2021 y 2022 (ver cuadro); a pesar de que las exportaciones se han mantenido a los niveles de 2019. Si se considera que la balsa procedente de las plantaciones es solo una fracción, surge la pregunta si se está registrando o no la corta de balsa en el MAATE. Pedimos que las autoridades del Ministerio del Ambiente esclarezcan esta duda, pero no respondieron.

Danza de intermediarios

En la práctica esta tramitología que representa obtener los papeles para movilizar madera, se traduce en una venta directa de los propietarios de los árboles, ya sean comunidades o de forma individual, a intermediarios. Son los comerciantes quienes pueden pagar los costos que implican “legalizar” la madera como son el pago a los profesionales que tienen que firmar los documentos.

Las comunidades no pueden cortar madera cumpliendo todos los requisitos legales porque implica un alto costo, por eso venden a intermediarios y estos venden a los grandes compradores o las empresas.

Dado que la balsa se corta y se transporta en trozas hasta los centros de procesamiento solo con la guía de movilización, es imposible saber de dónde proviene. Si es de plantación o si es recolectada de forma silvestre, pues es el mismo producto.

Lo que sí se conoce por información del MAATE es que la balsa talada o recolectada en el campo (la que no proviene de plantaciones) alcanzó los 4.000.000 de metros cúbicos entre 2017 y 2023. Este valor equivale aproximadamente a 610.000 toneladas.

Sin embargo, los datos del Ministerio de Agricultura indican que para el mismo período se han movilizado 604.537 metros cúbicos de madera de balsa; lo cual equivale a 92.192 toneladas. No se dispone el dato de la producción anual de balsa en las plantaciones.

Esto implica que la balsa que se movilizó y procesó en el Ecuador proviene en un 86 por ciento de la recolección que se realiza en los bordes de los bosques, los caminos y chacras de la Costa y la Amazonía y el restante de plantaciones.

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LA FICHA. Ochroma pyramidale: balsa, madera de balsa, boya o guaguaripo. Son árboles que pueden alcanzar hasta 30 m de altura, siempre verdes, son de tronco liso de madera muy suave y resistente. Es una madera fácil de trabajar que no desgasta las herramientas  por su baja densidad. Su aserrado es fácil. Su proceso de secado es lento y se requieren cámaras de secado para garantizar su calidad.Es una especie pionera, aparece en los bordes de los bosques y las áreas descubiertas de vegetación. Generalmente no se encuentra balsa al interior de los bosques primarios.

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Un secreto: el Acuerdo de Libre Comercio con China

 El 3 de enero de 2023 el Ministerio de Producción anunció que concluyó la negociación del Tratado de Libre Comercio Ecuador-China. Sin embargo, no se conocen los detalles de este acuerdo y al preguntar a fuentes allegadas a la Cancillería la respuesta fue que este es aún es “reservado”.

El Ministerio de Producción anunció en un boletín que: “La firma del Tratado de Libre Comercio Ecuador-China se dará luego del cumplimiento de los respectivos procesos de formalización de las ofertas, la traducción y revisión jurídica, fecha que será anunciada por ambos gobiernos oportunamente”.(https://www.produccion.gob.ec/concluye-exitosamente-negociacion-del-acuerdo-comercial-entre-ecuador-y-china/ ).

Mientras tanto, se desconocen las implicaciones para varios sectores como el forestal, sector en el cual la injerencia de China es cada vez mayor.  “El Tratado de Libre Comercio Ecuador-China se negoció de forma eficiente a lo largo de 10 meses, siguiendo la hoja de ruta planteada por el presidente Guillermo Lasso en la visita oficial a Beijing en febrero 2022”, según la versión oficial.

Esta firma, a nivel técnico, se produjo después de cuatro rondas de negociación y decenas de reuniones técnicas, en las que los equipos de China y Ecuador cerraron el proceso de negociación. Con la vigencia del TLC con China, el 99% de los productos ecuatorianos tendrán un ingreso preferencial especialmente los productos agrícolas y agroindustriales como el camarón, banano, rosas y flores, cacao, café.

La participación de China en la economía mundial es visible y sus inversiones en el sur global para acaparar recursos también. En 2022, China se convirtió en el principal socio comercial no petrolero del Ecuador, con un comercio conjunto entre Ecuador y China que supera los USD 10.000 millones. ¿Qué significará esto para los recursos naturales? ¿Está el país en capacidad de controlar esa arrolladora y descomunal presión?

La Contraloría fijó una glosa de USD 1,7 millones por la compra de 203 cámaras de la empresa china Hikvision, en la época en que Jorge Yunda fue alcalde de Quito. Adrián Haro, Exgerente de Emseguridad, es uno de los glosados junto a tres funcionarios más. Esos equipos, con reconocimiento facial, nunca funcionaron. La adquisición estuvo plagada de anomalías, según la auditoría. Con la intermediación de Sebastián, el Baby Yunda, quien está procesado penalmente por este caso, una de las oferentes habría sido beneficiada.

Por Fernando Medina

Las cámaras chinas nunca funcionaron. Eran 203 equipos que prometían identificar los rostros y las identidades de sospechosos y prófugos que caminaban por las calles de Quito. Su alta tecnología fue precisamente el argumento en el que se sustentó la administración del removido exalcalde, Jorge Yunda, para comprarlas.

Todo el plan denominado “Ojos de Dios” significó para los quiteños una inversión de USD 1,9 millones. De hecho, este programa era una de las estrategias más importantes dentro del plan que tenía el Municipio para mejorar la seguridad de la capital.

La empresa municipal Emseguridad fue la encargada de firmar los contratos de compra, entre los años 2019 y 2020.

Hoy la Contraloría confirma que en esos procesos hubo irregularidades y perjuicios para el Cabildo. Determinó una glosa de USD 1,7 millones por un perjuicio a las arcas del Municipio de Quito.

Tras una investigación a los procesos de adjudicación, la entidad ha señalado indicios de responsabilidad civil en contra de cuatro personas. En la lista de implicados están el entonces gerente de Emseguridad, Adrián Haro; el director de Planificación, Freddy Cano y Ramiro Espinoza, director de la Información y telecomunicaciones de la misma empresa pública municipal. La identidad de la cuarta persona aún no se ha hecho pública.

El informe de Contraloría determina el perjuicio al Municipio porque las cámaras no están funcionando para el objetivo que fueron adquiridas. En este caso específicamente se refieren a la identificación de los sospechosos, prófugos o personas que tienen cuentas pendientes con la justicia.

Un equipo de auditores lo comprobó. Ellos realizaron tres inspecciones físicas en los centros de monitoreo del Municipio. Las visitas se realizaron el 29 de junio, el 16 de julio y el 22 de julio de 2021. En esta última estuvieron presentes el Supervisor de Equipos de Seguridad de Emseguridad, como administrador del contrato y el delegado de Andean Trade, empresa proveedora de las cámaras.

“Desde la recepción (de las cámaras) hasta la presente fecha (de las visitas) no se tiene evidencia que la funcionalidad de reconocimiento facial ha sido utilizada”. Además, corroboraron que para la fecha de las visitas el uso de los dispositivos “se limita a ser cámaras de visualización”.

Esto quiere decir que solo eran utilizadas como dispositivos para vigilar como cualquier otra cámara de video. Esto sucedió a pesar de que cada equipo le costó al Municipio USD 2.500, un valor equivalente al doble de lo que costaría una cámara sencilla con las mismas funciones de vigilancia.

Nadie da la cara por las cámaras

Han pasado cerca de dos años desde la última inspección física que realizó la Contraloría al centro de monitoreo. Hoy la funcionalidad de las cámaras chinas es una total incertidumbre.

Este medio intentó conocer quién está manejando los dispositivos y cómo están siendo utilizados. Pero tanto la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito como la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano aseveraron que el único responsable de esas cámaras es el ECU 911. Según las entidades, la competencia de las cámaras salió de su control en 2022.

Pero el ECU 911 tampoco se hace responsable de los equipos. Su director, Bolívar Tello, se negó a dar una entrevista sobre el tema. No obstante, a través de un documento escrito respondió que en octubre del año pasado el ECU 911 y Emseguridad firmaron un contrato de comodato. Esto permitió que Emseguridad habilite “un enlace para poder visualizar en el ECU 911 las imágenes que generan las cámaras (chinas). En otras palabras, se ha creado una sala espejo”.

De allí que el ECU 911 recalca que ellos no han recibido cámaras de reconocimiento facial de Emseguridad y por lo tanto no están incluidas en el sistema de video vigilancia nacional.

Mientras las instituciones se contradicen, actualmente Quito vive una ola de violencia por la inseguridad.  La gente tiene miedo y las muertes violentas en la capital se han disparado.

Crímenes se disparan

Los datos oficiales del Gobierno muestran que los crímenes están en el punto más alto de los últimos 14 años. La cifra de asesinatos llegó a 50 en los dos primeros meses del año. Esa estadística duplica a los 21 que se reportaron en el mismo periodo del 2022.

De allí que la percepción de los quiteños es que la inseguridad en la ciudad creció de forma abismal. Una reciente encuesta de la consultora Oikonomics reveló que el 88% de los capitalinos no se siente seguro de caminar en las calles.

Para evitar esto el Municipio ha seguido apostando por la compra de nuevas cámaras. Hace un mes, la administración de Santiago Guarderas entregó 250 nuevos dispositivos para repotenciar el sistema de videovigilancia. Además, anunció que implementarán otras 400 cámaras en una segunda fase.

Este nuevo plan se realiza sin tener en cuenta a las cámaras chinas adquiridas en la época de Yunda y en donde la Contraloría encontró más irregularidades.

Por ejemplo, los auditores confirmaron que las compras de las cámaras se hicieron a pesar de que “no existía un modelo de gestión y protocolos para el uso de las cámaras”.

Faltan operadores especializados

Entre las irregularidades detectadas están que Emseguridad compró las cámaras de reconocimiento facial a pesar de saber que no contaban con personal suficiente y capacitado para su manejo.

Eso se evidenció el 22 de abril del 2020. Ese día, el coordinador logístico de Emseguridad informó al gerente General, Adrián Haro, que el Centro de Monitoreo (CMC) no tenía personal para la vigilancia.

“El promedio de personal por cada turno es de 3 personas, las cuales también realizan actividades de radio despacho, con esta doble función que cumple el limitado personal disponible se evidencia que las actividades de video vigilancia no se realizan de manera eficiente y existe capacidad instalada subutilizada”.

En otros oficios se señala que “el personal asignado al CMC es insuficiente, ya que no se logra completar para que las 8 consolas implementadas estén monitoreadas en cada tumo”. Se identificó que el déficit de personal era de 17 personas.

También detalló que las cámaras con reconocimiento facial fueron implementadas en el Centro 41 Histórico y Corredor Panecillo en 2019. Pero no se reportó hasta esa fecha que el sistema tuviera datos de los análisis faciales porque esa tecnología no había sido utilizada.  Esto sucedió “principalmente porque no se dispone de la base de datos para el funcionamiento óptimo del reconocimiento facial y por falta de configuración para este tipo de análisis”.

Esto quiere decir que las cámaras nunca arrojaron datos de sospechosos o prófugos debido a que no tenían una base de datos para corroborarlo. En el país, la Policía tiene un sistema Biométrico con los datos de identificación de fugados y prófugos.

Este medio habló con agentes de esa unidad especializada. Dijeron que el Municipio nunca podría tener la información para cotejar las identificaciones porque ninguna ley les faculta tener esos archivos. Es por eso que no comprenden cómo pensaban aplicar la tecnología.

El informe de Contraloría tiene suficientes sustentos para señalar que las cámaras no han arrojado información de prófugos o sospechosos. Incluso, la propia Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, encargada de los equipos,  el 11 y 17 de junio de 2021, remitió al equipo auditor un informe del uso de las cámaras de reconocimiento facial durante los meses de noviembre y diciembre de 2020.

En ese documento se concluye “que los sistemas de video vigilancia implementados en Quito permiten realizar actividades de prevención en el espacio público. Sin embargo, no detallan ningún resultado a la fecha producto de la aplicación de las funcionalidades de la analítica de video y reconocimiento facial”.

Además, la Contraloría identificó en las inspecciones que “la falta de operación del sistema y el desconocimiento de los operadores de cómo funciona no permitió validar que el sistema pueda realizar la función de reconocimiento facial”.

Irregularidades desde el arranque

Las irregularidades que rodean la compra de las cámaras chinas aparecieron desde el inicio. Las primeras anomalías identificadas por la Contraloría tienen que ver con la elección de la empresa que fue adjudicada. En este caso la firma Andean Trade S.A.

Los investigadores descubrieron que en un inicio se invitó a participar al proceso de selección a tres empresas: Telcok, Fulltec y Andean Trade. Pero lo que llamó la atención de los auditores fue que el director de Tecnologías de Emseguridad, Ramiro Espinoza, solicitó las proformas a las firmas desde su correo electrónico. Además, se identificó que las cotizaciones se realizaron “sin contar aún con las especificaciones técnicas finales y la autorización de director general”.

Para ese entonces, Sebastián Yunda ya intercambiaba chats con dos empresarios chinos y su tío César Yunda. Todos fueron investigados por la Fiscalía. En las conversaciones, que hacen parte de un expediente judicial, ‘Baby Yunda’ ya hablaba de la compra de las cámaras y se refería sobre reuniones en las instalaciones de Andean Trade.

Por otro lado, los auditores de la Contraloría indagaron a las tres empresas invitadas y descubrieron que Andean Trade y Telcok hasta ese momento nunca tuvieron relaciones comerciales con Emseguridad y tampoco eran distribuidores autorizados de Hikvision, la marca china de las cámaras que fueron adquiridas posteriormente.

Incluso, el equipo investigador reveló que en el caso de Telcok también existía otra irregularidad. El director Metropolitano de Informática del Municipio de Quito figuraba como Gerente General de esa empresa en el 2018. Según la Secretaría General de Seguridad, el funcionario fue parte del equipo que desarrolló el proyecto en todas sus etapas.

A pesar de esto, el 15 de agosto del 2019 se autorizó el inicio del proceso de adjudicación a través de subasta inversa. Allí se oficializó las ofertas de seis empresas, pero Andean Trade ganó la licitación tras bajar su cotización de USD 626.803 a USD 602.976.

El 4 de octubre del 2019 se firmó el contrato entre la firma elegida y Emseguridad. Pero para la Contraloría Andean Trade debió ser descalificada en la fase de ofertas tras verificar las características técnicas, pues los equipos que ofrecían no coincidían con lo estipulado en los pliegos.

Error de buena fe

Esto se confirmó un mes después de la firma del contrato. El 20 de noviembre, el equipo de Andean Trade informó al administrador del contrato que recibió un oficio de Hikvision. En el documento, la marca china señaló que el equipo de almacenamiento de las cámaras, cuyo modelo era DS-A81024D, estaba descontinuado y proponía el reemplazo por el modelo DS-A80624S.

El informe de Contraloría señala que Andean Trade no detalló en su oferta este último modelo que era requerido en los pliegos. De allí que los auditores señalan que “en el proceso de calificación de ofertas la comisión técnica debió descalificarla y adjudicar el contrato a la empresa que ofertó el equipo requerido”.

Pero para los analistas de tecnologías y los directores de telecomunicaciones y financiero de Emseguridad, que eran parte de la comisión técnica, esta irregularidad no fue más que un “lapsus calami”. Es decir, un error tipográfico.

“Puede interpretarse que el oferente Andean Trade tuvo un error tipográfico en el formulario de la oferta presentada (…) Esta situación en la etapa de convalidación de errores, no significó favorecer a un determinado oferente para ser habilitado, sino que fue un “ERROR DE BUENA FE” por parte de la comisión técnica”, indicaron.

El presidente de Andean Trade dijo que “para el llenado de las especificaciones técnicas, así como para la entrega de los bienes se consideró el equipo DS-A80624S”.

Pero la Contraloría considera que ninguna de esas respuestas justifica lo comentado por la auditoría y se ratifica en que la firma debió ser descalificada. Al final eso no ocurrió y la empresa entregó las cámaras a Emseguridad y de esta forma se cumplió la primera fase del proyecto “Ojos de Dios”.

Más anomalías

La segunda fase del proyecto tenía que ver con la instalación de las cámaras. Y para esto Emseguridad determinó que se debía instalar los equipos en el centro de Quito y se especificaron 47 lugares.

Para marzo del 2020, se oficializaron siete ofertas de distintas empresas. En la lista de postulantes estaba nuevamente Andean Trade. También apareció entre los ofertantes el Consorcio Reconocimiento Facial Quito, que estaba integrado por dos firmas llamadas Megsupply y Fulltec. Esta última al igual que Andean Trade pujaron en el contrato de la fase 1.

Esto llamó la atención del equipo de investigadores de la Contraloría. De allí que, tras un análisis de todas las empresas, los auditores descubrieron que entre todas había algún tipo de relación directa.

Por ejemplo, los informes oficiales detallaron que el RUC de la empresa Megasupply tenía la misma dirección correspondiente al edificio de Andean Trade. De igual forma, las dos empresas contaban con la misma contadora con RUC 1713700019001. Todos los datos fueron corroborados por el Registro Único de Contribuyentes.

Pero eso no fue todo. El Procurador Común del Consorcio Reconocimiento Facial Quito también figuraba en la Superintendencia de Compañías como Gerente General de Andean Trade, por el período comprendido entre el 28 de marzo y el 17 de abril de 2019. Además, en una comunicación del 1 de julio de 2021, remitido por el Presidente Ejecutivo de Andean Trade se certifica que también era Gerente de Procesos en esa empresa desde el 1 de junio de 2017 y que continuaba en funciones.

Por todos estos hechos, la Contraloría indicó en su informe que la Comisión debió descalificar tanto al Consorcio como a Andean Trade en cumplimiento del artículo 64.2 de la Resolución del Servicio de Contratación Pública.

Pero esto tampoco sucedió. Por el contrario, los miembros de la Comisión adjudicaron al Consorcio el contrato para la instalación de las cámaras el 24 de marzo de 2020. Se proclamó ganador luego de que bajara USD 60.000 de su oferta inicial. Es decir, el Consorcio redujo su proforma de USD 1’170.611 a USD 1’110.910.

Lo que significó que finalmente Andean Trade esté involucrado en los contratos de las dos fases. Incluso, la Contraloría concluyó que esta firma fue quien “terminó gestionando (el contrato) y proveyendo los insumos tecnológicos” al Consorcio.

De allí que si se suma los gastos de la fase 1 con la fase dos dan los USD 1,7 millones que se ha determinado en la glosa.

Tanto los miembros de las Comisiones Técnicas de Emseguridad, su director y los representantes de las empresas adjudicadas niegan las irregularidades. En los documentos de respaldo que enviaron a la Contraloría aclaran que todos los equipos finalmente fueron entregados con las características específicas. Ese argumento se describe en gran parte del informe de la auditoría. Sin embargo, el equipo de investigadores rechaza cada una de esas aseveraciones y determinan que “no justifica” las irregularidades.

Esta compra llamó la atención de la Contraloría en abril del 2021. En ese mes, miembros del entonces Concejo Metropolitano denunciaron la injerencia de Sebastián Yunda, hijo del alcalde, en esa contratación. De allí que pidieron a la entidad que investiguen el caso y se determinen responsabilidades.

El mismo pedido le hicieron a la Fiscalía. Esta última entidad ha mantenido silencio con respecto si existen investigaciones abiertas por este caso.

Lo que si se conoce es que en el radar penal estaba Sebastián Yunda, su tío César Yunda y un empresario chino llamado Yinlog Wang.

La Fiscalía en un inicio señaló que tenía pruebas que señalaban que entre los tres implicados existían diferentes transferencias por montos superiores a USD 20.000.

Incluso, la entidad informó que el empresario chino era conocido en los chats como papá ‘Dalong’.

Él, su esposa y su cuñada fueron rastreado por los agentes y se determinó que movieron entre sus cuentas unos USD 210.000.

Pero el juez Máximo Ortega sobreseyó al empresario chino y a sus familiares. El magistrado dijo que no se demostró que el dinero era producto de un negocio ilícito.

Por su parte, los abogados de la familia Yunda han señalado que no existen procesos penales por el caso de las cámaras y desconocen el informe de la Contraloría. 

 

La mayoría de sentencias por delincuencia organizada promedia los dos años y solo alcanza a los eslabones más débiles de la cadena. Los miembros de bandas usan procesos abreviados o juicios rápidos para reducir sus penas. Las economías ilícitas y sus cabecillas tampoco han sido desarmadas, siguen intactas, según un informe del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.   

Redacción Código Vidrio

Las penas que se imponen por delincuencia organizada (DO) son bajas. La mayoría de estos procesos es sancionado con condenas que no superan los dos años de cárcel, pese a que la ley establece penas que van desde los 5 a los 10 años de prisión.

¿Por qué la norma no se acata? El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) realizó un estudio sobre la delincuencia organizada en el país. Analizó las sentencias que se emitieron por este delito entre 2015 y 2020. La muestra para el análisis fue de 149 procesos por este tipo de delito.

En el 56% de esos casos, los acusados fueron sentenciados a través de un proceso abreviado o juicio rápido. Optaron por un benefiicio normativo que se basa en admitir su culpa para obtener una reducción importante de la condena.

Para el Observatorio estos hechos dan cuenta de que en el país existe una “utilización excesiva del procedimiento abreviado, lo cual facilita un esquema de corrupción ante blancos estratégicos criminales que negocian para acceder a este tipo de proceso”.

Por ende, se requiere una actualización de la política criminal, alertan expertos del Observatorio. Especialmente, se recomienda reformas de tipos penales para estas alternativas y evitar la impunidad.

En el informe apenas un 11% de los casos es sancionado por la vía ordinaria. Su proceso se basó en una investigación fiscal. Más del 85% partió de un informe policial. Por esa línea tampoco se sanciona a los sospechosos con penas altas. La mayoría recibe una sentencia de 5 a 6 años, que son las condenas mínimas.

 

Eso significa que en Ecuador cada vez es más difícil tener una pena en contra de las personas que se unen para cometer delitos graves. Al final en buena parte de los casos solo se condena a un integrante de la organización, recalcó Renato Rivera, uno de los responsables del informe del OECO.

§ En la lista de ilícitos enmarcados como delincuencia organizada están la extorsión, los secuestros, los sicariatos, los robos con armas de fuego, la estafa, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, el peculado y el narcotráfico. §

El narcotráfico es el delito de mayor incidencia. Según las estadísticas del Observatorio, el 64% de los casos por DO tiene relación con tráfico de drogas. Además, la mayoría de sentencias fue para los colaboradores de las estructuras criminales, no para los cabecillas. Para estos últimos, el Código Penal establece sanciones que van entre los 7 y los 10 años de cárcel. Por eso Alicia Contero, otra de las encargadas de presentar el estudio, advirtió que el fenómeno del narcotráfico sigue fortaleciéndose, dentro y fuera de las cárceles.

 

Miles de procesados, pocos sentenciados   

Código Vidrio accedió a una base de datos de la Fiscalía. Allí se indica que desde el 2014 (año que entró en vigencia el COIP) hasta octubre del 2022, han sido procesadas por tráfico de drogas 59.720 personas.

Pero las cifras de sentenciados no llegan ni al 50%. Las estadísticas muestran que 29.174 personas recibieron una condena. El resto está en otras etapas como investigación previa, instrucción fiscal o en juicio.

Según los reportes de Fiscalía, hay casos que llevan en los juzgados nueve años y no han podido ser despachados. Un ejemplo es lo que sucede con los procesos del 2014. Ese año se judicializaron a 657 personas, pero hasta finales del año pasado solo 396 fueron condenados. El resto está libre por la caducidad de la prisión preventiva, otros han sido sobreseídos o simplemente sus casos están represados.

El año con más detenciones por tráfico de drogas fue el 2021. Hubo 9.010 detenidos, pero apenas fueron sentenciados 3.244. Los procesos son lentos, los datos lo corroboran. Entre 2017 y 2019 el tiempo de resolución de las causas era de 13 meses. En 2020, aumentó a 32 meses.

El OECO señala que para conseguir penas por casos de narcotráfico se debe esperar hasta 24 meses y por lavado 20 meses.

Entre sus conclusiones, el informe indica que “el aumento de causas, sumado a un incremento en la temporalidad de resolución de casos, genera un efecto de impunidad ante el crimen organizado”.

Las mafias con sus fortunas intactas  

Otro factor que llama la atención es es el alto nivel de impunidad económica para los imputados. Del análisis, entre 2015 y 2020, en el 70% de las causas no se solicitó medidas cautelares de bienes, retención de cuentas bancarias u otros mecanismos para desmantelar las economías criminales.

Un claro ejemplo son los operativos que se realizan en haciendas o terrenos donde la Policía encuentra droga. Los fiscales generalmente acusan a los detenidos, pero no toman acciones sobre los bienes que fueron utilizados para esconder los cargamentos. Incluso, en esos bienes se han encontrado pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves que llevan la droga a Centroamérica o EE.UU.

Uno de estos casos ocurrió en febrero del 2020. La Policía incautó 696 kilos de cocaína en una hacienda en el cantón Pueblo Viejo, en Los Ríos. Los agentes confirmaron que en el predio había una pista ilegal. También encontraron autos, dinero y armas.

Pero en el juicio solo fueron incautados estos últimos elementos y la droga. La hacienda no fue retenida, ni expropiada.

Policías de Antinarcóticos dicen que es difícil que el Estado tome control de esos bienes porque en su mayoría son de personas que no están relacionadas con los detenidos. O en otros casos, como las pistas clandestinas, no se conoce a los dueños de los terrenos.

Eso ocurrió cuando la Policía encontró tres toneladas de droga en una pista clandestina en agosto del 2020. El cargamento estaba en unos terrenos de Manantiales, en Manabí.

La pista estaba en una zona selvática, cuyos propietarios se desconocen. Lo único que pudieron hacer fue destruir parte del campo, inutilizarlo. Lo mismo hicieron con otra pista en Jama. Allí tampoco se obtuvo la identidad del propietario, en junio del 2020.

Escasos bienes y cuentas se incautan

Los casos evidencian que en general la Fiscalía no ha podido incautar los bienes o las cuentas bancarias de los procesados. Apenas en el 30% de los casos los fiscales pidieron a los jueces mecanismos para inmovilizar los dineros de los sospechosos y sus estructuras. Sin embargo, se comprobó que, de ese menor porcentaje, solo en el 7% se evidenció un comiso real de los bienes.

El resto eran medidas para hacerse con el control de los objetos o bienes que fueron incautados durante los operativos de detención, en la flagrancia. Entre la lista de esos bienes están celulares, computadoras, cheques, dinero en efectivo, motos y vehículos. Es decir, artículos de menor cuantía. Así en Ecuador hay una impunidad económica real del 93% en casos de delincuencia organizada.

La corrupción de funcionarios judiciales empeora el panorama. Uno de los casos más claros y polémicos fue la devolución de una mansión a la familia de Leandro Norero, financista y coordinador del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Él fue detenido en mayo del 2022. La Fiscalía incautó una casa ubicada en una urbanización del kilómetro 8,5 de la av. Samborondón. Su valor sería de USD 2,4 millones. Ahí se hallaron unos USD 6 millones en efectivo, lingotes de oro y otros artículos.

Un mes después, la casa que estaría a nombre de la esposa de Norero fue devuelta por orden del juez Ángel L. de la unidad judicial de la Concordia, en Guayas. Ahora, el magistrado es indagado por ese hecho.

Clanes familiares y policías traquetos

La Fiscalía descubrió que Norero cometió los delitos con cooperación de miembros de su familia. Por eso, fueron procesados por lavado de activos dos de sus hermanos y su madre. El proceso aún está en trámite.

Pero en Ecuador esta no sería la única familia que se organiza para delinquir. El informe del OECO señala que en al menos el 34% de casos se evidenció la participación de familiares del círculo cercano o ampliado, especialmente en las provincias costeras.

Antinarcóticos también lo confirma. En la mayoría de casos de ecuatorianos detenidos por el transporte de droga en alta mar hay familias enteras. “Son familias que se dedican a la pesca, reclutadas por los narcos. Una vez que ingresa un miembro, le siguen los hermanos, cuñados, sobrinos y esposos”, indica un agente.

En Carchi y El Oro, en cambio, las familias se unen para el contrabando.

Otro dato alarmante es la participación de policías en bandas delictivas. En 1 de cada 10 casos analizados de DO en la muestra existe la colaboración de un policía en servicio activo. La mayoría de uniformados (85%) se relaciona con narcotráfico.

Provincias fronterizas con alta impunidad

La mayoría de casos se concentra en Guayas y Pichincha, con el 70% de procesos.

En el resto del país hay porcentajes inferiores al 8%. Extrañamente en esa lista aparecen Esmeraldas, Sucumbíos y Los Ríos. Todas acumulan el 6% de las causas, a pesar de ser zonas fronterizas, con tasas representativas de homicidios por disputas de poder del narcotráfico y otros delitos. La impunidad es elocuente y destaparía un problema de corrupción sistémica en el sistema judicial.

También llama la atención el alto índice de sobreseimientos de imputados en Manabí, Cotopaxi y Sucumbíos, concluye el informe.