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El último ataque de hackers al sistema del voto telemático del CNE aún no se esclarece. FF.AA. y Policía están a cargo de investigar alertas de hackeos a sistemas estatales. Algunos piratas y empresas tuvieron relación con la extinta Senain. Esa Secretaría le pagó 640 mil dólares a un topo español, en 2015. Meses antes infiltró a un candidato presidencial en Colombia.  

Redacción Código Vidrio  

Hackers, dentro y fuera del país, llevan adelante y planifican operaciones de vulneración de sistemas informáticos, así como campañas de desinformación y ataque para afectar las elecciones presidenciales durante la segunda vuelta. Los sistemas de Inteligencia han recibido alertas de la llegada al país de piratas informáticos desde el exterior, que serían la punta de lanza de esas operaciones, en coordinación con otros hackers que años atrás trabajaron y tuvieron contratos con la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

El último ataque cibernético, inicialmente denunciando por este medio el 20 de agosto, el día de las elecciones, fue de hackers que ingresaron al sistema de voto telemático desde el exterior, para manipular los resultados de la votación. Las credenciales para el ingreso al sistema, según informes de Inteligencia, se vendieron por la Dark Web.

Aunque inicialmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) desmintió la información, horas más tarde su presidenta, Diana Atamaint, confirmó que su plataforma fue atacada por hackers desde India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, China e Indonesia. La entidad, sin embargo, no ha informado ni proporcionado detalles de esos ataques y cómo avanzan las investigaciones para establecer los causantes y daños provocados.

Código Vidrio conoció extraoficialmente que las alertas sobre los ataques y posibles vulneraciones llegaron desde el Comando de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas (Cocider), que coordina los monitoreos con el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Este intercambio de información y alertas es posible gracias a un convenio de cooperación institucional entre el CNE y el Ministerio de Defensa, para realizar el monitoreo de la seguridad de la plataforma tecnológica y garantizar el blindaje del sistema informático de escrutinios y resultados, frente a ataques y vulneraciones.

Hasta el momento, el CNE no ha presentado ninguna denuncia para que la Policía y Fiscalía investiguen lo ocurrido.

Al menos, desde la Unidad de Ciberdelitos, que es la encargada de monitorear estos casos, no han recibido delegación alguna de la Fiscalía relacionada a este tema.

Un pirata informático con escuela de la Senain

Los últimos años, tanto el Cocider como la Unidad de Ciberdelitos de la Policía han identificado ataques sistemáticos y robo de información de entidades públicas y privadas. Algunos de sus principales protagonistas se formaron en la Senain.

El año pasado fue identificado el hacker Carlos S.P., quien fue denunciado por vulneración a sistemas informáticos en la Fiscalía. Este criminal informático robó información sensible de los bancos del Austro y Pichincha.

Desde 2015, ese Hacker, conocido como del Sombrero Negro, violentó los equipos informáticos de la Policía, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, el IESS, Banco Central, Petroecuador, entre otras.

Precisamente concretó estas acciones cuando era agente informático de la Senain, en donde trabajó hasta 2017. De esa entidad también sustrajo paquetes de datos, considerados secretos, que luego vendió en distintas cuentas de redes sociales, exigiendo rescates millonarios en Bitcoins, que son difíciles de rastrear.

Para 2015, al frente de la Senain estaba Rommy Vallejo. Dos años antes, esa Secretaría, adscrita a la Presidencia de la República, compró 30 paquetes de espionaje de la empresa italiana Hacking Team. El intermediario de la compra, con una duración de tres años, fue la empresa Total Digital, que vendió el programa Remote Control System patentado por Hacking Team.

Los programas sirven para para infectar y vigilar computadoras con programas Windows y MacOS, así como teléfonos Android, iPhone, BlackBerry y Symbian. Cuando la información salió a la luz, en 2015, el gobierno de Correa desmintió haber adquirido equipos de la compañía italiana.

Topo español contratado por Vallejo

 Durante el correísmo hubo un sistemático uso ilegal de información sensible, así como la sustracción de equipos de escuchas y el empleo de decenas de millones de dólares en el pago de operaciones secretas de espionaje, dentro y fuera del país. Además hubo irregularidades en la contratación de servicios, equipos y programas para hackeo y monitoreo de opositores en redes sociales, según denunciaron autoridades de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso.

Código Vidrio acedió al contrato de la empresa Cyttek Group International con la Senain, firmado el 10 de diciembre del 2014 entre Rommy Vallejo y Rafael Eteve Revert por 642 mil dólares. Se concretó por 12 meses para realizar una estrategia de Monitoreo y Análisis de Redes en Internet, para contrarrestar y realizar ataques cibernéticos, así como identificar opositores del gobierno que promovieran protestas y marchas en contra del presidente Correa en fechas especiales del 2015.

No obstante, Cyttek solo entregó un producto especificado “de monitorización de red Tor, proxys, agentes e identificación en redes sociales actores que estén manifestándose en contra del gobierno en temas referentes a día feriado bancario, 1 de mayo y visita de Papa Francisco (…)”. Además se indica que 14 servidores Ossec fueron instalados en la Secretaría Nacional de Administración Pública y restaba por activarse otro servidor en Presidencia.

Cyttek fue contratada aunque no estaba registrada en la Superintendencia de Compañías. Es decir no podía ser una contraparte legal, pues no tenía existencia jurídica.

En Ecuador Revert era presidente de la empresa Tecnipowered International S.A., con RUC 0992994134001. La firma de Revert, registrada en los documentos de la Superintendencia de Compañías, para la creación de Tecnipowered, no coincide con la firma plasmada en el contrato firmado entre Cyttek y Senain.

Tampoco hay registros migratorios que demuestren que Revert entró al Ecuador. Por lo cual se estima que ingresó por tierra, clandestinamente.

Buscamos un pronunciamiento de Rommy Vallejo. Lo llamamos y le enviamos mensajes a su celular, pero hasta el cierre de este reportaje no respondió nuestros pedidos. 

Golpe letal a la campaña del uribismo

Para entonces, la fama de Revert como hacker había trascendido a nivel internacional. Meses antes había participado en una operación de inflitración, para beneficar supuestamente a la campaña del entonces presidente Juan Manuel Santos, quien buscaba la reelección.

Según denuncias de la prensa colombiana, Revert fue uno de los eslabones entre el entonces gobierno de Santos, a través de Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y suposible infiltración en la campaña del candidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga.

Revert fue contratado por el también hacker Andrés Sepúlveda y trabajó junto con el ecuatoriano Daniel Bajaña, quien residía en Colombia desde 2011. Antes, el ecuatoriano había trabajado en operaciones de espionaje para el gobierno de la Revolución Ciudadana.

Según contó Revert en la Fiscalía colombiana, Bajaña “había trabajado e infiltrado varias agencias de seguridad latinoamericanas. Entre ellas el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela), el Comaco (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador), la Fuerza Aérea de Perú y de Argentina. Además había extraído documentos clasificados de Nicaragua e información sobre operaciones contra las FARC en Ecuador”.

Las firmas de Revert son diferentes en la Super de Cias y en
el contrato con la Senain

Un video desata el escándalo

Avanzaba la campaña de 2014 en Colombia. A espaldas de Sepúlveda, el español Revert grabó un vídeo del candidato Zuluaga, mientras recibía un reporte sobre cómo sabotear el proceso de paz con las FARC, que lideraba Santos.

Sepúlveda, quien fue sentenciado y está detenido en Colombia, dirigió la operación para la compra ilegal de información militar, de la policía y de intromisión a correos electrónicos. La tesis del boicot a Santos cobró fuerza.

Revert entregó el video a la Fiscalía, evidenciando que la suya había sido una operación para infiltrar la campaña del candidato apoyado por Uribe, que terciaba en las elecciones contra Santos.

Para ese momento, Santos y Correa eran aliados estratégicos. Su relación se estrechó desde 2011 cuando ambos anunciaron formalmente el restablecimiento pleno de contactos diplomáticos, rotos por Correa desde el 3 de marzo de 2008, con el gobierno de Álvaro Uribe. Dos días antes las fuerzas colombianas habían bombardeado el campamento de las FARC en Angostura, donde murió el segundo al mando, Raúl Reyes, y 25 subversivos más. Correa denunció que Colombia había violado la soberanía del país al bombardear a Reyes en la frontera, sin su conocimiento. La crisis ocasionó la ruptura de relaciones, no solo con Colombia, sino, de facto, con Estados Unidos, pues Correa dijo que el bombardeo fue coordinado entre Bogotá, la CIA y oficiales de inteligencia ecuatorianos.

Con la entrega de la información a la Fiscalía, el topo español, devenido en testigo protegido, logró un doble efecto: desatar un remezón político que hirió de muerte a la candidatura del uribismo y dio lugar a un proceso judicial iniciado tras la divulgación de información secreta en el sitio virtual “Diálogo a Voces”. Eso fue considerado un delito contra la seguridad, pues incluía planes de defensa de las fuerzas militares para vigilar las ciudades que atacaban las FARC., datos personales de sus cabecillas, ubicación y órdenes de batalla.

La operación copó la atención de los medios colombianos durante varias semanas. Y seis meses después de su exitosa tarea, el español desembarcó en Quito para apuntalar las operaciones de espionaje que la Senain llevaba adelante para aplacar a opositores y periodistas, en un momento clave. El gobierno había entrado en declive y perdía apoyo popular, porque la bonanza económica que lo acompañó desde el 2009 por la subida de los precios del petróleo, había terminado. Las protestas contra el régimen aumentaban. Bajaña murió en Colombia en marzo de 2020, por una afección pulmonar, al parecer derivada de un cuadro de Covid. Se desconoce el paradero de Revert, quien mantiene activa su empresa Cyttek en Panamá.

JUSTICIA ACORRALADA. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, con el apoyo de los vocales (procesados) Maribel Barreno y Xavier Muñoz, realiza cambios a todo nivel para reconfigurar el control de la Corte Nacional de Justicia. El último fue anoche, cuando Terán y Muñoz extendieron a nueve años los períodos de permanencia en el cargo de seis jueces nombrados para períodos fijos, de tres y seis años. Entre los beneficiados están Luis Rivera, Byron Guillén y Felipe Córdova, que tramitan el recurso de revisión del caso Sobornos en el que está sentenciado el expresidente Rafael Correa. Rivera ha fallado en dos ocasiones con pronunciamientos que favorecieron a procesados del correísmo, en los casos Singue y Dhruv. Hoy celebró la audiencia de formulación de cargos contra el exvicepresidente Jorge Glas, por supuesto peculado en el manejo de fondos para la reconstrucción de Manabí, que no se instaló por ausencia del defensor. También tiene a su cargo la causa contra los vocales Terán, Barreno y Muñoz, por supuesta obstrucción a la justicia.  

Alianza Código Vidrio – Vistazo

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, dio un giro inesperado al concurso para nombrar siete jueces y 14 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El desenlace de ese proceso de selección hoy es incierto.

Anoche, intempestivamente, pasadas las 22:00, la Judicatura extendió a nueve años los períodos de seis jueces que estaban por concluir sus funciones en 2024. Ellos fueron nombrados para permanecer en el cargo, por tres y seis años, respectivamente. La resolución contó con el apoyo del vocal Xavier Muñoz y no fue respaldada por Fausto Murillo. No acudieron a la sesión telemática Juan Morillo y Maribel Barreno. Su ausencia facilitó la decisión.

Con esta decisión, según juristas consultados, quienes postulaban en el concurso para llenar las vacantes de los siete jueces titulares de la Corte se quedarían en el aire.

Entre los favorecidos que se quedarían en la Corte hasta el 2030 hay jueces señalados por su cercanía con el correísmo. Especialmente Luis Rivera, quien ha sido criticado por sus fallos en los casos Singue y Dhruv, en los que estaban procesados altos exfuncionarios del correísmo. En ambos procesos los implicados fueron exculpados o se beneficiaron de la nulidad, que en Singue fue secundada por los jueces Daniela Camacho y Felipe Córdova.

Siete meses después, Rivera declaró inocentes a los 18 acusados de peculado por el perjuicio en la compra de siete helicópteros Dhruv. Entre los implicados estaban los exministros de Defensa del primer gobierno de Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval. El juez estableció que en esta causa no hubo perjuicio para el Estado y observó a la Fiscalía por la ley utilizada.

Rivera también está a cargo del proceso que impulsa la Fiscalía en contra de los vocales Terán, Barreno y Muñoz, por supuesta obstrucción a la justicia.

Ese juez dirigió hoy la audiencia de formulación de cargos solicitada por la fiscal Diana Salazar en contra del exvicepresidente, Jorge Glas, por el manejo de los fondos para la reconstrucción del terremoto de Manabí, en 2016. Esta diligencia acaba de ser suspendida porque el abogado de Glas no acudió por enfermedad.

La estrategia de reorganización empezó a cuajar el jueves anterior, con las designaciones de nuevos directores y otros funcionarios del CJ. Pero se hizo más evidente anoche, cuando extendieron a nueve años la permanencia en funciones de los jueces Fabián Racines, Luis Rivera, Byron Guillén, Iván Larco, Patricio Secaira, Gustavo Durango y Walter Macías (quien fue destituido por la Judicatura y presentó una acción de protección).

Fuentes de la Judicatura y la Corte dijeron que Terán y Muñoz habrían incurrido en un franco conflicto de interés, pues están investigados por obstrucción a la justicia, junto con la vocal Barreno. Con esta decisión beneficiarían directamente a Rivera, quien los juzga. Él debía dejar el cargo en enero del 2024, pero tras la resolución de la judicatura permanecería en el tribunal hasta el 2030.

La decisión de la Judicatura también contradice un pronunciamiento anterior en el cual este mismo organismo dijo que no cabía una acción de protección, presentada en 2022 por el juez Walter Macías. Él pedía que todos los jueces permanecieran por nueve años en sus cargos. El argumento de la Judicatura precisamente era que los judiciales fueron nombrados para períodos fijos. Otro recurso más de protección fue negado por este tema.

Además, la resolución administrativa que acaba de tomar el Consejo violentaría la disposición constitucional que establece que los jueces deben permanecer en los cargos por etapas fijas, inamovibles, de tres, seis y nueve años. Con evaluaciones y renovaciones, cada tres años.

Una alta fuente de la Judicatura dijo que es evidente que la decisión de extender el período a Rivera «es una moneda de cambio para que hoy no ordene la prisión de Glas, que iba a ser solicitada hoy por la Fiscalía».  Además destacó que la resolución debía debatirse y aprobarse de ser el caso antes de que arrancara el concurso para nombrar 7 jueces y 14 conjueces de la Corte, que la judicatura inició hace varias semanas. «Hoy ese concurso está también gravemente afectado», destacó.

JUECES QUE DEBÍAN CONCLUIR SUS FUNCIONES EL 2024

 El tridente acelera cambios de directores

Los cambios desde la Judicatura se celebraron desde el jueves pasado. Uno de los más importantes fue el del director de la Escuela Judicial. En ese puesto fue nombrado el exfiscal Fabián Salazar, durante una sesión en la que los vocales Terán, Muñoz y Barreno sacramentaron su nominación. En la reunión también estuvieron Fausto Murillo y Juan José Morillo, quienes votaron en contra de las designaciones.

-«Hay alguna moción», preguntó Terán al referirse a quién podría ser el nuevo director de la Escuela. Repentinamente, antes de que se mocionara el candidato, Muñoz intervino atropellado. Solo se escuchaba su voz, su cámara, como de costumbre, estuvo apagada durante la reunión telemática.

-«Le apoyo a la vocal Barreno, señor presidente, por favor, me pueden enfocar».

Ante la intervención sorpresiva de su colega, Barreno sonrió y dijo abochornada, en voz baja:

-«Sí… voy a mocionar. Señor presidente escuché con detenimiento la entrevista de los postulantes, además se nos ha cursado los respectivos hojas de vida y de mi análisis podría sugerir que la mayor experiencia y títulos académicos que ha obtenido es el doctor Fabián Salazar, por lo tanto permitiría elevar a moción su designación».

Este martes 5 de septiembre, Salazar acudió por primera vez a su despacho en la Judicatura, donde recibió a un periodista de esta alianza. Aseguró que aceptó el cargo sin ningún condicionamiento y que no se debe ni responde a ninguna persona ni político del correísmo, como en su momento denunció el entonces presidente Lenin Moreno, quien lo acusó de tener vínculos con el expresidente Rafael Correa.

Salazar empezó su carrera en el Ministerio Público a inicios de la década pasada, en el período del fiscal Washington Pesántez. Los siguientes años investigó algunos casos importantes. Entre otros, la muerte del policía Froilán Jiménez, ocurrida en septiembre de 2010, en el contexto de la insubordinación policial que derivó en una severa crisis política, conocida como el 30-S.

En este último caso, en 2018 Salazar pidió la vinculación de Correa y el ministro Javier Ponce, como supuestos autores mediatos, por una supuesta ejecución extrajudicial. Él recuerda que por este motivo Correa y sus militantes también lo atacaron. Ese mismo año investigó el caso Sai Bank, en el cual acusó a tres empleados del South American International Bank de Curazao, y emitió un dictamen abstentivo a favor del empresario Juan Pablo Eljuri.

«Las fotos no implican ningún compromiso»

El hoy director de la Escuela Judicial aparece en fotografías junto con el expresidente Correa, el excanciller, Ricardo Patiño, y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Aclara que esas fotos fueron en lugares públicos, durante sus actuaciones como fiscal y que no implican ninguna afinidad ni compromiso político. “Mientras fui fiscal estuve cerca a muchos funcionarios investigados”.

Sobre el papel que la Escuela Judicial jugará en los concursos para la designación de los jueces de la Corte, aseguró que no estará al frente de ese proceso sino la Dirección de Talento Humano.

“La Escuela hará observaciones para aplicar matrices de conocimiento, su papel es de soporte”, subrayó Salazar. “Somos un organismo de apoyo, para observar sobre la metodología de las pruebas a los concursantes. Los parámetros que recomendemos serán estrictamente técnicos y académicos”.

No obstante, el instructivo del Concurso (resolución 295-2022) establece más deberes y competencias a la Escuela.

-Asistir, en coordinación con Talento Humano, a los comités para la elaboración de los bancos de preguntas y casos prácticos que se utilizaran en la fase de oposición del concurso público.

-Apoyar a Talento Humano para que elabore los términos de referencia o informes de necesidad que se requieran para las diferentes contrataciones que se deriven del concurso público.

-Brindar soporte académico en la elaboración de la metodologia de la fase de oposición, así como en su aplicación, en el concurso.

Esto implicaría que el personal de la Escuela sería el que haga los primeros acercamientos con los profesionales de alto nivel, y queda a su arbitrio los nombres que recomendará, observó un funcionario de la Judicatura, que pidió la reserva. «En ese momento coordinarán con Talento Humano la aplicación de la prueba teórica. Así tendrán de primera mano la posibilidad de vigilar las preguntas y casos que se elaboren».

En ese mismo marco -agregó- brindará apoyo académico para la aplicación de dichas pruebas. La fase de oposición tiene un valor de 50 puntos. Este puntaje será decisivo al momento del concurso.

El concurso empezó hace varias semanas. Camina en medio de la crisis que enfrenta la Judicatura por la atropellada y arbitraria destitución del juez de la Corte Nacional, Walter Macías. Y previamente por el intento de suspender a la fiscal Diana Salazar. Ella impulsa dos procesos penales que involucran a Terán, Barreno y Muñoz, por posibles causas de obstrucción a la justicia y tráfico de influencias, respectivamente.

Dos fervientes activistas, en puestos claves

En la sesión del jueves pasado también fueron designados el exfiscal Édgar Joselito Argüello Saltos, como director provincial de Control Disciplinario en Guayas, y Mayra Morales, en el cargo de Secretaria General del CJ.

Argüello ha trabajado de cerca en Guayaquil con el polémico abogado Pedro Granja, uno de los defensores de la agenda política del correísmo. Ambos son duros críticos de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. Han hecho campañas para brindar “asesoría gratuita” para golpear a los enemigos que Correa construyó en su mandato, como Fidel Egas y el Banco del Pichincha.

Impulsaron, por ejemplo, una “campaña de asesoría gratuita a la ciudadanía que desee denunciar y demandar a Banco del Pichincha”.

Granja, al igual que Correa, defiende a Wilman Terán. En sus redes anunció que con “colegas de todo el país” se están reuniendo para analizar el conflicto entre Diana Salazar e  Iván Saquicela “contra Wilman Terán” y que se pronunciarían al respecto esta semana.

Fuentes de la Judicatura, que pidieron el anonimato, dijeron que Argüello es de extema confianza de Granja. Su nombramiento en el control disciplinario apuntalaría la estrategia, que busca apretar la tenaza sobre los jueces que no estén alineados con la agenda del correísmo. Buscamos su versión, contactándolo a su celular, pero no obtuvimos una respuesta.

“Un poco de H.. de P.. del gobierno solidárizandose ante esta terrible tragedia…No solo es Agustín Intriago, que en paz descanse, son miles de ecuatorianos que han sido asesinados y el gobierno bien, gracias”, escribió Arguello en un tuit, en julio pasado, al referirse a un mensaje en el que el presidente Guillermo Lasso lamentaba el asesinato del alcalde de Manta.

Mayra Morales también es conocida por su militancia en el movimiento del exmandatario y en esa línea promueve en sus redes sociales la candidatura de Luisa González a la presidencia. Desde 2015 fue funcionaria del Ministerio de Educación hasta el 2017 cuando empezó a ocupar diversos cargos en la Asamblea, hasta mayo pasado. “Orgullosa de que una mujer lidere la primera vuelta. Fata poco. Adelante Luisa González”, escribió en su cuenta en X, hace tres semanas. Contactamos a Morales a su celular, para tener su pronunciamiento sobre el riesgo de que su afinidad política podría influir en su desempeño en la Judiciatura. Respondió que iba a consultar la factibilidad de dar una declaración, sin pronunciarse hasta el cierre de este reportaje.

“No son coincidencias los movimientos de la Judicatura en estos días; por un lado, está pendiente que se acepte la renuncia del Director de Talento Humano, y la designación del director de Asesoría Jurídica; por otro, se ha nombrado a un nuevo director de la escuela de la función judicial”, dijo un funcionario del CJ que sigue de cerca los nombramientos y el concurso.

“El propósito de estos cambios es consolidar el control en el concurso de la Corte Nacional de Justicia, proceso en el que se nombrarán 7 jueces nacionales y alrededor de 14 conjueces , muchos de ellos en materia penal, es decir potenciales jueces de los vocales Barreno y Muñoz más actores políticos”.

Jueces y asesores, a la sombra del correísmo

La semana anterior, 21 jueces de Corte Nacional en pleno se pronunciaron en contra de las arbitrariedades de la Judicatura en el caso de Walter Macías. Esa tarde el pleno aprobó un comunicado que fue leído ante los medios por su titular, Iván Saquicela, pidiendo que los funcionarios que están en entredicho renuncien, por falta de probidad.

Al día siguiente, circuló en redes una carta supuestamente firmada, electrónicamente, por el juez Byron Guillén y cinco ministros más. En la misiva los judiciales aclaraban que el pronunciamiento no estaba firmado por ningún integrante del pleno lo cual le restaba validez. Además que la Corte no debía interferir ni pronunciarse sobre casos ajenos a sus funciones, en referencia a la actuación de los vocales del CJ. Entre los firmantes estuvieron Daniela Camacho, Luis Rivera y Marco Rodríguez. La carta fue adjudicada al juez Byron Guillén, quien no estuvo presente en la sesión, pues tenía una licencia por calamidad doméstica, entre el 28 y 30 de agosto. También se incluyó la firma del juez Adrián Rojas, quien tampoco acudió a la sesión por enfermedad.

En 2012, el juez Luis Rivera integró la Secretaría de Transparencia, creada por el gobierno de Correa para investigar casos de corrupción, y en 2017 fue nombrado director de la Judicatura en Los Ríos.

Un asesor sin pelos en la lengua

Pero no solo los jueces han estado en el foco público por sus fallos polémicos, sino también sus asesores. El caso más visible es el de Diego Campoverde, asesor del magistrado Byron Guillén, que es parte del tribunal de revisión del caso Sobornos. Como asesor tiene acceso a expedientes y proyectos de resolución.

En sus redes sociales, Campoverde no oculta su afinidad por el correísmo y su agenda en contra de las autoridades de turno, como la fiscal Salazar. “Es papel de Fiscalía cuestionar lo que los candidatos expresan? Siendo así, el tal Don Villa debería estar con varias investigaciones…En fin, las instituciones en el cálculo político”, escribió Campoverde en un tuit el 2 de agosto pasado, al referirse a un desmentido que la Fiscalía hizo de un pronunciamiento de la candidata presidencial Luisa González. El artículo 24 de la Ley que rige en el servicio público prohíbe a los servidores públicos: “Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines”.

Contactamos al juez Guillén a su celular para concretar una entrevista a la que accedió, el viernes pasado. Sin embargo por una serie de contratiempos no pudimos tener su versión. Insistimos este lunes, pero el juez no respondió nuestros mensajes.

Keyla Calderón fue llamada a juicio por el incremento injustificado de su patrimonio en más de 70 mil dólares. La funcionaria de un tribunal anticorrupción no pudo explicar ante la justicia porqué su patrimonio aumentó vertiginosamente desde 2020. Antes de este fallo, un tribunal declaró la nulidad del general sobreseimiento que una jueza de Guayaquil había dictado a su favor, pese a informes de la Contraloría y la Fiscalía. La referencia a su participación  como supuesta operadora judicial es mencionada en audios de una conversación entre el expresidente Abdalá Bucaram y el israelí Shy Dahan, asesinado en la Penitenciaría del Litoral en 2020. Nota actualizada este 30 de octubre de 2023.

Alianza Código Vidrio – Vistazo
Por Ana María Carvajal

Sus ingresos anuales de funcionaria judicial llegan a 13 mil dólares. Sin embargo, desde 2020 en sus cuentas y operaciones financieras empezaron a aparecer indicios que no cuadraban. En plena pandemia, Keyla Calderón precanceló un crédito hipotecario de USD 28. 992 por una vivienda, compró un terreno de USD 60 000 y cambió de automóvil dos veces, hasta tener una camioneta Great Wall.

La semana pasada La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción la llamó a juicio  por enriquecimiento ilícito.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal del caso presentó el dictamen acusatorio y el anuncio de la prueba para demostrar  la responsabilidad y materialidad de la infracción cometida.

Según Fiscalía, incrementó su patrimonio, no solamente con adquisición de bienes, sino también con la cancelación de sus deudas.

Fiscalía expuso los elementos de convicción recabados en la investigación. Entre otros informe ejecutivo de la unidad de Análisis Financiero (UAFE), el reporte tributario emitido por el Servicio de Rentas Internas, el Informe de contabilidad y auditoría, la pericia contable…

Calderón es funcionaria judicial desde 2015 y por esas distorsiones entre sus ingresos y sus gastos deberá enfrentar una nueva fase de un proceso penal en su contra.

Un tribunal anuló un fallo de primera instancia, en el que la jueza Fabiola Vega, de la Unidad Judicial Penal de Guayaquil, inicialmente la sobreseyó por un presunto enriquecimiento ilícito. Firmaron el fallo de nulidad los jueces Miguel Costaín (ponente), Carmen Vásquez y Beatriz Cruz, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte de Guayas.

Calderón fue auxiliar de abogacía, en sus primeros pasos en la Función Judicial. Luego fue ayudante judicial. Pero en 2022, tras la conformación de las nuevas salas especializadas en corrupción y crimen organizado, se incorporó como secretaria de juzgado y unidades judiciales, en Pichincha.

El repentino crecimiento en el patrimonio de la funcionaria, a partir de 2020, llamó la atención del Consejo de la Judicatura. En 2021, el organismo, entonces presidido por Fausto Murillo, formalizó una denuncia en su contra.

La investigación fue por asociación ilícita, incluidos indicios de oferta de tráfico de influencias. Luego, el caso cambió a  enriquecimiento ilícito. Durante el proceso, se interpusieron medidas cautelares que incluyeron su comparecencia a Recursos Humanos de la Fiscalía en Guayaquil, la prohibición de enajenar bienes y la retención de sus cuentas bancarias, hasta un monto de USD 88.000.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó varias pruebas, como informes y partes policiales de 2021 y 2022 con datos sobre la acusada, el informe del resultado de investigaciones y peritajes y un reporte tributario del SRI. Según la Fiscalía, estos eran elementos de convicción con los cuales se probaba la participación de la procesada en el delito investigado.

La conexión con Bucaram y los israelíes

A la lista se sumó un parte policial, del 11 de septiembre de 2020, sobre un mensaje de correo electrónico que llegó desde el usuario rockymarciano2020@outlook.es. El texto indica: “Buenos días soy Rocky, el motivo porque escribo es porque sé quién es la funcionaria del Consejo de la Judicatura que se nombra en el audio que salió en las redes sociales donde habla Abdalá Bucaram con uno de los israelitas; se trata de la funcionaria Keyla Beatriz Calderon Bello” (sic.).

Esto se refiere al caso que se conoció en agosto de 2020, por supuestos delitos en la venta de pruebas para detectar covid-19. Inicialmente estuvieron involucrados los israelíes Shy Dahan, Oren Shienman, así como Abdalá y Jacobo Bucaram.

Los dos últimos fueron sobreseídos, a pesar de que se hicieron públicos audios de conversaciones entre los Bucaram y Dahan. En esos diálogos el expresidente le ofrece sacarlo de prisión con sus abogados y por sus nexos con funcionarios judiciales. Días después Dahan fue asesinado en la Peniteciaría del Litoral.

Ese correo electrónico fue descartado como prueba, porque según la defensa de la funcionaria la pericia de audio y video no pudo determinar con exactitud si era la voz de Calderón o no, “pues no reúne los parámetros técnicos necesarios para la experticia”.

La defensa dijo que en la investigación se realizó un cotejamiento de voz, sin su autorización, “utilizando audios,donde ella intervino como secretaria encargada, pues ejerce las funciones de Ayudante judicial, que siempre a perteneció al Guayas y no a Santa Elena (…). Se determinó que ese audio no era susceptible de ser periciado y que la voz no corresponde a mi defendida, por lo que no tuvieron cómo culparle del presunto delito de tráfico de influencias y se pusieron a analizar sus cuentas. Ella junto con su hermana y mamá, adquirieron un terreno y fue puesto a nombre de mi defendida, quien es la hija mayor y tenía estabilidad laboral para operar”.

La pericia en contabilidad y auditoría realizada por Vinicio López, de la Contraloría, determinó que en 2020 aumentó notoriamente el saldo en una de sus cuentas en el Banco del Pacífico. Eso  le permitió precancelar su crédito hipotecario en junio de ese año y comprar un predio en la urbanización El Condado de Vicolinci, en septiembre.

Código Vidrio buscó la versión de Calderón, por medio de correo electrónico dirigido a las direcciones que constan en el proceso judicial; no hubo respuesta hasta la publicación de este reportaje.

La defensa de Calderón citó un informe pericial realizado por William Erazo, del Consejo de la Judicatura, quien concluyó que sus ingresos provenían de su trabajo en la entidad. Además, resaltó que llegaron de una economía solidaria en conjunto con su madre, Betty Bello y su hermana, Diana Vargas.

Declaraciones patrimoniales con inconsistencias

Las declaraciones patrimoniales que Calderón subió al sistema de la Contraloría son confusas, con patrones cambiantes.

En 2018, su patrimonio ascendía a USD  11.382 y tenía un auto Chevrolet de 2016. En 2020 aparecen dos declaraciones. En una registró USD 24.203 y en otra, 62. 947. Para entonces, constaban entre sus propiedades dos autos: un Toyota de 2019 y un Ford de 2013. Y en 2022, sus declaraciones también variaron, pues pasaron de USD 88 035 a 24 540. En 2023, el valor bajó a 17 139.

Esas variaciones responden a los pasivos, pues en 2022 solo constaban obligaciones con el Consorcio del Pichincha y tarjetas de crédito. En 2023, sus activos suman USD 97.085, por una casa, un terreno y una camioneta Great Wall del año. Y aparecen más pasivos: préstamos personales a su madre por USD 30 000 y a un abogado por 10 000 (Wilmer Pesántes Yánez), además de tarjetas de crédito, un préstamo hipotecario, por USD 35 000, y la deuda con Consorcio del Pichincha.

En primera instancia, la jueza Vega decidió sobreseer a Calderón porque consideró que los elementos que entregó la Fiscalía no eran suficientes y fueron desvirtuados con los argumentos de la defensa. Su fallo incluyó la revocatoria de todas las medidas cautelares. Sin embargo, la Fiscalía apeló.

El 23 de junio pasado, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas se instaló y consideró que en el fallo de la jueza Vega se omitió el pronunciamiento sobre elementos de cargo y descargo fundamentales en la investigación. Entre ellos, el tribunal presidido con el juez Costaín citó los valores que Xavier Mogro depositó a Calderón y que fueron justificados como una devolución de un viaje a Europa que la funcionaria no habría podido realizar, debido a la pandemia. De acuerdo con el dictamen que anuló el sobreseimiento, el informe del perito señaló dos depósitos inusuales que Mogro se hizo a sí mismo, antes de transferir el dinero a la procesada. No se conoce el origen de ese dinero.

Este fallo también plantea dudas sobre una compra-venta de un vehículo entre Calderón y su hermana. No hay documentación suficiente que certifique esa transacción; tampoco se encontró “una explicación clara sobre los supuestos préstamos que habría adquirido la madre de la procesada con los cuales se trató de justificar el pago de contado que hizo a un préstamo con el BIESS.

Para el Tribunal, hace falta más claridad y evidencias sobre el presunto enriquecimiento ilícito y los orígenes de algunas de las transacciones. En resumen, para los jueces existen incongruencias en el sobreseimiento dictado a su favor inicialmente.

El Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura anuló el expediente disciplinario en contra de los jueces José Luis Alarcón Bowen y Mary Quintero Prado, quienes declararon inocentes a 18 integrantes de una organización transnacional del narcotráfico.

Redacción Código Vidrio

El 3 de agosto pasado, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los vocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz, votaron a favor de la declaratoria de nulidad de la denuncia presentada en diciembre pasado contra los jueces José Luis Alarcón y Mary Quintero por la fiscal Diana Salazar. Ella pedía que ambos sean destituidos por un supuesto error inexcusable. Se pronunciaron en contra los vocales Fausto Murillo y Juan José Morillo.

Según la mayoría de vocales, en este expediente disciplinario existió un vicio insubsanable en la tramitación de la declaratoria jurisdiccional de error inexcusable, emitida el 30 de enero de 2023, por la Sala Especializada de la Corte de Manabí, que se pronunció a favor de la sanción.

Así, Terán, Barreno y Muñoz dejaron el caso en la impunidad, pues no podrá volver a ser tramitado, aunque existió un informe motivado de Marcelo Villegas, director provincial de Manabí. Es más, los vocales ordenaron que se abra un expediente en contra de Shamir Briones, director disciplinario del Consejo en Manabí, por haber dado paso al proceso.

Tras el pronunciamiento, los dos jueces volvieron a sus cargos y actualmente siguen en funciones.

El expediente contra los jueces Alarcón y Quintero, del Tribunal de Garantías Penales de Manta, empezó en diciembre con la denuncia de la fiscal Salazar, luego de que declararan inocentes a 18 procesados por narcotráfico.

Alarcón acredita una trayectoria como funcionario de la Presidencia y la Fiscalía, durante el gobierno de Rafael Correa. Entre 2010 y 2022 ocupó cargos en la Fiscalía, la Presidencia y el Poder Judicial.

En 2014, ya actuaba como asesor jurídico de la Presidencia, en el segundo período de Correa en el poder. Fue asesor en la Secretaría General Jurídica, que a esa época estaba liderada por Alexis Mera, hoy sentenciado y preso por el caso Sobornos.

En 2015 y 2016 probó suerte en la Justicia: fue juez en el tribunal de garantías penales de Manabí. Pero en 2016 volvió a asesorar a la Presidencia, en la Secretaría Jurídica. Y dos años después regresó como juez a los tribunales en Manabí. Desde 2018 se desempeña como juez de tribunal de Manta.

Escándalo internacional

El fallo provocó no solo duras críticas de las autoridades Antinarcóticos y de la Fiscalía sino preocupaciones entre las agencias de cooperación estadounidenses que participaron en el operativo, que permitió desmantelar la organización criminal.

Durante los 22 días que duró la audiencia de juicio, entre noviembre y diciembre del 2022, la Fiscalía aseguró que los 18 implicados se dedicaban al abastecimiento de combustible y medios logísticos a narcoembarcaciones que transportaban cocaína desde Tumaco, en Colombia, y las costas ecuatorianas hacia Estados Unidos.

La Fiscalía presentó 35 testimonios, además de la versión de uno de los agentes estadounidenses que estuvo al frente de las incautaciones de más de 20 toneladas de droga en EE.UU. Además se presentaron testimonios de expertos de la Armada del Ecuador, quienes acreditaron el geoposicionamiento de dichas embarcaciones. También se adjuntaron tres Asistencias Penales Internacionales con información remitida por la Justicia estadounidense, 300 kilos incautados al sur de las islas Galápagos, en donde fueron capturados 23 ecuatorianos y un mexicano.

 

Abastecimiento para narcolanchas

La operación fue coordinada en octubre del 2022 por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Trasnacionales (UNIDT-DIGIN), bajo la dirección de Fiscalía, en coordinación con seis agencias de EE.UU., incluidos el FBI y la CIA. Decenas de agentes intervinieron en Manabí y Guayas, donde fueron aprehendidos los implicados que eran parte de tres organizaciones delictivas, que coordinaban de forma sincrónica el abastecimiento de combustible a narcolanchas o sumergibles, ubicándose en sitios estratégicos en el océano Pacífico. Las embarcaciones se organizaban para abastecer a las narcolanchas cada 350 millas náuticas, mientras se dirigían a México y EEUU. Se estima que el 2021 esta organización habría colaborado en el tráfico de aproximadamente 50 toneladas de cocaína.

Pese a todas las evidencias, testimonios y peritajes, Alarcón y Quintero declararon el estado de inocencia de todos los acusados.

Según su pronunciamiento, si bien la Fiscalía demostró que los procesados participaron en el abastecimiento de combustible de lanchas que llevaban droga, el tipo penal por el cual fueron acusados correspondía solo a los dueños de la droga y a quienes la financian no a lo colaboradores. Por eso quizás su conducta podía adecuarse a otro delito como el de delincuencia organizada o asociación ilícita pero que por un principio de congruencia no los podían condenar por esos delitos. El fallo no fue unánime. El tercer juez del tribunal, Carlos Fuentes Zambrano, salvó su voto, aceptó la acusación fiscal y dictó sentencia condenatoria en contra de todos los procesados en calidades de autores directos. Argumentó que los 18 acusados cumplieron tareas indispensables para el traslado de la cocaína hacia Estados Unidos

Durante  la audiencia de juzgamiento la Jueza se conectó, por varias ocasiones, mediante medios telemáticos, sin prestar atención suficiente a los testigos que presentó la Fiscalía, según informes recogidos de la diligencia.

Por falta de atención especializada en el Hospital IESS Quito Sur, el niño Aarom Vargas, que tenía síndrome de down, falleció en mayo del 2022. Sus padres presentaron una acción extraordinaria de protección. Además de ser concedida, confirmando que el centro no garantizó el derecho a la salud y la vida del pequeño,  los jueces sentaron un precedente: los hospitales del IESS deben dar atención especializada a niños con discapacidad, en todos los niveles. Este tipo de fallos prueban que las garantías jurisdiccionales, bien aplicadas, son indispensables, cuando no son usadas y concedidas por los jueces de forma indiscriminada para liberar sentenciados por delitos graves.

Alianza Código Vidrio – Vistazo
Por Ana María Carvajal

El celular y el estuche con los lentes de Aarom Vargas Sánchez permanecen sobre la cabecera de la cama de sus padres. Eran dos cosas que jamás le podían faltar y que ellos decidieron conservar, junto a una caja donde reposan sus cenizas. En el recipiente se puede leer el nombre del niño en un letrero siguiendo el molde de la letra de Aarom. Él empezaba a escribir sus primeras palabras cuando la tragedia le arrebató la vida, el 14 de mayo de 2022. Estaba por cumplir los 9 años.

Sobre el cenizario se observa su foto, donde se lo ve sonriente. Esa expresión de felicidad que irradia su rostro, con sus ojos vivaces, diáfanos, es lo que más extrañan sus padres, Julia Sánchez y Luis Fernando Vargas, luego de su inesperada partida, desencadenada por varios factores ajenos a su control.

Tras el shock inicial y el funeral, el 28 de noviembre de 2022 decidieron sobreponerse y solicitar una Acción Extraordinaria de Protección, pues consideraron que los derechos a la salud y a la vida de su hijo fueron violentados. Pasaron más de 20 horas desde cuando ingresó a emergencias del Hospital IESS Quito Sur y falleció en el Hospital Padre Carollo, en medio de la impavidez de las autoridades médicas.

En primera instancia el recurso fue aceptado por la jueza de lo Civil, Cynthia Molina. Luego subió en apelación a la sala especializada penal, integrada por los jueces Esteban Coronel (ponente) Fernando Sánchez y Mabel Tapia Rosero, quienes coincidieron en que el niño tenía doble vulnerabilidad por su edad y por haber nacido con síndrome de Down, y que el personal médico y autoridades del hospital violaron sus derechos a la salud y a la vida.

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El caso del pequeño Aarom es apenas un ejemplo de los centenares que hay sobre la importancia de que el sistema cuente con legislación sobre garantías jurisdiccionales, aunque estas hayan cobrado mala fama los últimos años, debido a los abusos que se han presentado en causas relacionadas con personas sentenciadas por delitos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. 

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La tarde del 13 de mayo de 2022 Aarom se veía muy decaído. Su padre se contactó con su madre por videollamada, pues ella estaba en el trabajo. El pequeño no podía expresar lo que sentía, solo sostenía su abdomen y no quería levantarse de la cama. Entonces, los padres decidieron llevarlo al hospital IESS Quito Sur, que queda a pocas cuadras de su casa.

Aunque el ingreso en el sistema del hospital se registró a las 18:30, los padres dicen que estuvieron afuera horas antes, pidiendo ayuda. El niño no tenía fiebre ni lloraba, pero en su condición, eso era normal, señala Julia, la madre. Ella explicó al personal que quienes viven con Síndrome de Down tienen un umbral del dolor alto, pero estaba segura de que algo serio pasaba con su hijo, por los signos que presentaba. Luego sus padres supieron que el pequeño tenía una perforación de 20 centímetros en el intestino.

Resultados tardíos de los exámenes médicos

Con las horas, el pequeño Aarom se fue debilitando, no podía levantarse solo de la cama y su papá debía cargarlo para ir al baño. De pronto, los padres descubrieron en el abdomen del niño un bulto, su piel se había tornado en una coloración morada. Los resultados de los exámenes que le realizaron tardaban en llegar por fallas en el sistema, mientras el pequeño empeoraba minuto a minuto. Ya no toleraba que le hicieran ecos ni otros procedimientos.

A las 02:24 del siguiente día se descartó apendicitis y cerca de las 07:00 el niño fue derivado a otra casa de salud, pues en ese hospital no contaban con un cirujano pediatra. Aarom empeoró y fue ingresado a cuidados intensivos. A las 10:38 el Hospital Padre Carollo aceptó la derivación, pero el niño fue trasladado en ambulancia una hora más tarde. A las 13:46 llegó a ese centro médico en estado crítico, en la ambulancia de soporte vital avanzado. Empezó a colapasar mientras el personal intentaba reanimarlo hasta llegar al quirófano donde falleció, antes de ser intervenido.

Meses después, los padres acudieron a la Clínica Jurídica de Universidad San Francisco de Quito, que los patrocinó gratuitamente en su Acción de Protección. Hugo Cahueñas, profesor de la USFQ y miembro de la Clínica, destacó que fueron los estudiantes quienes llevaron con excelencia el caso. Planearon todo, presentaron estrategias y documentos.

Durante el proceso, el IESS aseguró que en su hospital se brindó un servicio adecuado, de acuerdo con el nivel 2 al que pertenecen, que cuenta con cirugía general, pero no pediátrica. Aunque reconocieron que hubo intermitencias en su sistema, argumentaron que atendieron al niño en la medida de sus posibilidades e hicieron la derivación.

Jueces responsabilizan al hospital

Pero en el fallo de la sala penal los jueces fueron tajantes sobre las responsabilidades del hospital del IESS por la muerte del pequeño. “La prestación deficiente del servicio público de salud, en el parámetro de disponibilidad, ocasionó la muerte del niño. Hecho que es confirmado por la autopsia del médico legal, que recoge como causa de muerte: 1. Sepsis de origen causa de muerte. 2. Perforación duodenal y gástrica. 3. Abdomen agudo inflamatorio. (…) El Hospital del IESS, Quito Sur, no garantizó el derecho a la salud al no disponer de personal especializado, ni de un programa específico de atención personal y equipos médicos para tratar a un niño con discapacidad intelectual con “Síndrome de Down” en estado de emergencia”.

Como parte de la decisión del tribunal, el IEES debe presentar disculpas públicas en un acto en el área de emergencia del Hospital IESS Quito Sur, realizar campañas de sensibilización en sus centros médicos para que se asegure atención de calidad a quienes requieren cuidados urgentes y más aún si son niños y tienen alguna discapacidad.

La sentencia también contempla medidas de no repetición, como el diseño y difusión de un protocolo para la atención sanitaria a niños con discapacidad en todos los niveles.

Aunque los padres no solicitaron una reparación económica, los jueces decidieron otorgársela, tomando en cuenta los factores de daño emergente, lucro cesante y costas judiciales. Se fijó una indemnización de 25 mil dólares. El nombre de Aarom, ya eternizado en la caja donde sus padres conservan sus cenizas, también deberá permanecer en la sala de emergencias del Hospital IESS Quito Sur, para recordar al personal de salud que se debe brindar atención prioritaria, oportuna y especializada a niños con discapacidad.

“Las garantías están para proteger derechos reconocidos no solo en la Constitución sino en instrumentos internacionales de derechos humanos y permiten que esos conceptos no sean letra muerta. Podemos exigir derechos cuando están en riesgo de vulneración o son vulnerados”, dice Cahueñas. Por eso, sentencias como la de Aarom son la prueba de que el problema no es que existan garantías jurisdiccionales y constitucionales, sino que se apliquen sin criterio adecuado. “Este tipo de casos nos evidencia para qué están estos recursos: son los que protegen al ciudadano más desprotegido frente al poder”.

El abogado subraya que hacen falta ajustes. Aunque aplaude que la sentencia denota el profundo conocimiento que el juez Coronel tiene sobre garantías. Por ese nivel de conocimiento, Coronel decidió otorgar una reparación económica, a pesar de que nunca fue la pretensión de los padres.

Cómo evitar los abusos de las garantías

Otro punto importante, para la abogada constitucionalista Pamela Aguirre Castro es que la Corte Constitucional debería delimitar mejor qué aplica en cada caso, según el derecho. En temas del derecho a la salud o a la vida, a la educación, los efectos se producen en el lugar donde reside la víctima, dice. “Pero en otros casos, como violaciones al debido proceso, la competencia bastaría con el lugar donde se produce el acto y ahí es bastante más sencillo identificar el vínculo de competencia. Ahí clarificaría mucho mejor e identificaría inclusive este presunto abuso de garantías constitucionales y jurisdiccionales”.

La tarea de la Corte es aclarar e identificar situaciones concretas en los que se ha dado correcta o mala interpretación de la norma, para que los jueces revisen esa información y sepan cómo proceder cuando lleguen los casos a sus manos. “Pero en realidad la norma nunca fue ambigua, lamentablemente se utilizó de una manera perversa para desvirtuar a las garantías jurisdiccionales”.

En mayo pasado, la Corte emitió un dictamen que pretendía poner orden en las acciones de protección y hábeas corpus que los últimos tres años se han solicitado en juzgados de lugares insospechados. Además nada tienen que ver con las causas por las que personas juzgadas han logrado su libertad y hasta restitución de derechos suspendidos mientras cumplían con sus penas. La idea era frenar beneficios otorgados a personas que probablemente no los merecían, dado la naturaleza de sus delitos.

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Entre las acciones de protección y hábeas corpus que se han cuestionado están, por ejemplo, la que dejó en libertad al exvicepresidente Jorge Glas, en Santo Domingo de los Tsáchilas; a Daniel Salcedo  en Paján (sentenciado por casos de corrupción en venta de insumos en la pandemia); a Luis Arboleda, alias Gordo Lucho, en Flavio Alfaro o a Christian Araujo, en Portoviejo. Otros casos objetados son las acciones que favorecieron a Leandro Norero y a Junior Roldán, alias JR, ambos asesinados.

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Pero Aguirre afirma que la decisión de la Corte recientemente difundida “no hace más que repetir lo que está en la Constitución y en la Ley, que ya determina que es competente el juez del lugar donde se produce el acto o donde se producen los efectos.  El primer escenario es bastante fácil de identificar, pero el segundo es lo debatible y lo que se ha mal utilizado en algunas ocasiones”. Explica que los casos en que se presentaban distorsiones son, por ejemplo, los de políticos o autoridades que presentan acciones alegando que en el lugar de su residencia surtían los efectos del acto y por eso ahí radicaba la competencia.

Pero Aguirre señala que eso es un error. “Si uno entiende que la competencia se origina por el lugar donde se produce el acto o los efectos en relación con la víctima, no hay ningún problema porque ahí sí tiene sentido que el juez de donde reside la víctima sea competente”.

Los casos cuestionados se refieren a personas sentenciadas y no a víctimas. Por eso, según su criterio, la reciente sentencia de la Corte Constitucional en vez de aclarar el panorama lo vuelve más confuso porque agrega otro factor: el lugar donde se producen los efectos es donde están los bienes o donde hay algún vínculo familiar. “Ahí estaría extendiendo algo que en la ley y en la Constitución no existe. Eso me parece es excesivo”.

Es un panal de conexiones criminales a todo nivel. Trece funcionarios penitenciarios, incluidos nueve agentes y cuatro empleados administrativos, son asalariados de la banda de Los Choneros. El viernes pasado en las oficinas del SNAI en la Penitenciaría FF.AA. y Policía descubrieron un arsenal oculto de fusiles, bombas, granadas, droga y dinero. Siete autoridades fueron detenidas.

Redacción Código Vidrio

Desde hace varios años los empleados públicos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) trabajan para ese grupo delictivo, relacionado con el cartel de Sinaloa, en tres cárceles de Guayaquil, incluidas la Penitenciaría del Litoral y la Cárcel Regional de Guayaquil, reino donde manda Adolfo Macías, alias Fito.

El viernes pasado, precisamente, la Fiscalía allanó las oficinas del  SNAI en la Penitenciaría. En el operativo  encontraron fusiles, bombas, granadas, explosivos, dinero en efectivo y droga, ocultos en las oficinas del SNAI. Ese día también fueron detenidos los directores del Centro de Detención Provisional y de la Penitenciaría, junto a 5 funcionarios administrativos y 2 guías penitenciarios.

Altas fuentes del SNAI confirmaron a este medio que más del 50% de los funcionarios que trabajan en las cárceles y en las dependencias administrativas han sido reclutados por el crimen organizado. También policías, que operan en la parte externa, son parte de este anillo de corrupción. Esa es la principal razón por la cual las bandas y sus cabecillas ingresan a los centros todo tipo de armas, municiones, equipos, electrodomésticos, celulares, radios, drones… Lo hacen en los camiones que transportan alimentos y otros productos para los Economatos, los tiendas donde los presos se abastecen de distintos productos, dice el funcionario, que pidió no revelar su identidad. Este ejército de cooperantes estatales también hace labores de inteligencia para informar a los líderes de las organizaciones sobre posibles operativos. Su papel es clave para impedir, por ejemplo, que se concrete la adquisición de inhibidores de señales de celular y de escáners en los presidios, desde hace muchos años. Desde los centros, los cabecillas de los grupos delictivos coordinan las acciones criminales en las calles con sus celulares que emplean a discreción, sin impedimento alguno de las autoridades. Las cárceles son centros de operaciones criminales.

En varias ocasiones las acciones delictivas de los funcionarios han sido denunciadas ante la Fiscalía; los acusados son procesados, pero luego presentan acciones de protección, que los jueces les conceden. Eso les ha permitido volver a trabajar al sistema carcelario, denunció en su momento el general Pablo Ramírez (hoy jefe Antinarcóticos), cuando fue director del SNAI, en 2022. En las dependencias penitenciarias de Guayaquil incluso hay tres funcionarios, enjuiciados por delitos y usan grilletes electrónicos. También hay directores destituidos y luego reintegrados al sistema con recursos judiciales, aunque son personal de libre remoción. Ante estos problemas, el SNAI presentó desde 2022, a través del Ministerio de Gobierno, una batería de reformas legales y ha establecido protocolos para monitorear el uso de estas acciones, pero aún no se concretan.

Las FF.AA. y la Policía han realizado incursiones constantes en la Penitenciaría del Litoral desde el año pasado. La última ocurrió tras la revuelta sangrienta que dejó un saldo de 12 detenidos asesinados, en abril  pasado. Desde entonces los militares con el apoyo de la Policía han ingresado a varios presidios para detectar las caletas de armas y explosivos.

Código Vidrio accedió a un informe de Inteligencia pormenorizado de una estructura integrada por 27 operadores, encargados  de mover el dinero sucio que Los Choneros obtienen de diversas operaciones criminales. Principalmente narcotráfico y microtráfico, extorsiones y cobros, dentro y fuera de las  prisiones, a los presos y a sus familiares, en las calles. Estas actividades generan unos 120 millones de dólares anuales, según el informe en poder de este medio.

Los investigadores detectaron que de ese monto, 23 millones han sido usados para la creación de empresas de transporte, de carga pesada, venta de material de construcción, depósitos y transferencias en cuentas bancarias, compra de inmuebles, vehículos y operación de comercios. A la cabeza de este emporio de lavado está alias Fito.

Desde 2020, ´Fito´ lideró a Los Choneros junto a Junior Roldán Paredes, alias ´JR´, asesinado en mayo pasado en Colombia. Ambos asumieron el liderazgo de ese grupo tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, conocido como ´Rasquiña´.

En febrero pasado, ´JR´fue liberado, para que cumpliera el resto de su pena en su domicilio, pero fugó luego del atentado que sufrió en El Triunfo, Guayas. Luego fue ejecutado, en una población rural en Antioquia. Eso provocó el debilitamiento de Los Choneros, aunque Junior lideraba otra banda, Las Águilas, que había extendido sus operaciones criminales a Colombia.

Tras la muerte de Junior, Fito parece haberse atrincherado en la Regional de Guayaquil, pues teme por su vida. Su guardia pretoriana de seguridad eran Las Águilas.

Dos mujeres dirigen la estructura de lavado y coimas

Fito delegó el manejo de los negociados para mover sus millones a dos mujeres: Verónica V.Z. y Mariela P.T., visitantes asiduas del cabecilla de Los Choneros, alias Fito, encabezan el esquema de sobornos a lempleados penitenciarios.

Verónica V.Z. juega un rol determinante para direccionar pagos a funcionarios de las cárceles en Guayaquil y Esmeraldas, a través de seis personas, incluidos los policías activos: Marlon Vinicio C.E, en Chone; y Francisco C.G, en Esmeraldas. El 2021, ambos recibieron acreditaciones de Verónica V.Z. a sus cuentas, por 125 mil dólares. A su vez Francisco C.G. realizó pagos al agente de seguridad penitenciaria Cristian V. quien trabaja en la Cárcel 2, de Esmeraldas.

Otra operadora importante en este esquema es María Y.H., quien se dedica a la venta de recargas electrónicas en un minimarket junto con sus hermanas, en Palenque, Los Ríos. Entre 2019 y 2021, en sus cuentas recibió pagos por 6,2 millones de dólares, y realizó transferencias por 6 millones.

-El 2019 recibió dinero de 409 depositantes y transfirió dinero a 686 beneficiarios

-El 2020 tuvo 1.226 depositantes y transfirió fondos a 2.559 beneficiarios

-El 2021, 1.710 depositantes y 4.088 bebeficiarios

Entre los depositantes las autoridades de control identificaron una cadena de expresidiarios.

Desde sus cuentas, Martina Y. hizo transferencias a Evely H.A., agente penitenciaria en el Cuartel Modelo, y a Christian M-Ch., agente penitenciario 2, en la cárcel 4 de Guayaquil. Este último guía ha sido procesado por el ingreso de artículos prohibidos

La principal operadora de la organización, Verónica B. también realizó transferencias al menor de edad, Marlon Q.M. En sus cuentas se registraron 139 mil dólares. Desde su Banco este adolescente hizo pagos por 4.000 dólares a la guía penitenciaria Lissete Z.C., que labora en la cárcel 4 de Guayaquil. Y También al agente carcelario Bryan G.N., guía en la Peitenciaría. Ambos tienen juicios por ingreso de artículos prohibidos.

Otro personaje clave en el pago de coimas a los servidores penitenciarios es Doris C.G. El 2021 recibió acreditaciones por 584 mil dólares en sus cuentas de un familiar de Mraiela P.T. Doris C.G. realizó transferencias al conductor del SNAI en la cárcel 1 de Guayaquil, José Antonio P., así como a Christian I.M. empleado administrativo. Segundo César R., asesor de mantenimiento en la SNAI de Guayas, también está en la nómina de pagos, junto a Lenín José Z.F., agente penitenciario en la cárcel 4 de Guayaquil, procesado por provocar un accidente de tránsito y por evasión. La lista de quienes han recibido coimas la completan Ingrid S.V., agente en la cárcel 4, Martha V. V., guía en el presidio Nro 4 de Guayaquil, y Carla G.C., agente que labora en la cárcel 2.

El esquema de crimen organizado es investigado desde el año pasado por agentes de  Inteligencia, que entregaron sus informes a la Policía, para que se encargara de judicializar el caso con la Fiscalía. Más de un año después no ha trascendido el inicio de ningún proceso penal por asociación ilícita que involucre a esta organización delictiva.

Las empresas y comercios de los cercanos del líder de Los Choneros, preso en la cárcel Regional, están ubicados en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha.

Las actividades más relevantes se enfocan en la comercialización de mariscos, el sector inmobliario, la compra-venta de vehículos, transporte de carga pesada y comercio informal. Los nombres de todas las empresas y representantes, así como las cuentas bancarias, y otras inversiones están en poder de los investigadores.

La Contraloría confirmó en un examen especial que la contratación del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca, en Loja, estuvo plagado de irregularidades en todas sus etapas: desde la fase precontractual y contractual, adjudicada por Elecaustro a la empresa china Dongfang Electric International, hasta la ejecución de las obras, a cargo de Dongfang Ecuador, una firma sin ninguna experiencia, creada a saltos y a brincos, poco antes de ganar el contrato.

Redacción Código Vidrio

En un informe de 137 páginas, publicado el 13 de julio pasado, la Contraloría auditó el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 24 de octubre de 2022 del proyecto, que ha implicado el desembolso de 67.9 millones de dólares, aunque las obras aún no se han entregado oficialmente. Y está pendiente la ejecución de la última etapa, que todavía no está financiada.

Desde el año pasado, Código Vidrio ha investigado las anomalías del proceso. En la reportería se estableció que se atropellaron procedimientos y normativas de contratación en las etapas precontractual, contractual y de ejecución. Electroaustro contrató, para la segunda etapa del proyecto, a la empresa Dongfang Ecuador a dedo, bajo régimen especial, sin una justificación legal sólida. Así se perjudicó a empresas nacionales que podían realizar el transporte, instalación y mantenimiento de los equipos en el país.

En su examen, la Contraloría confirma lo denunciado por este medio y otras entidades públicas y privadas. Y de manera pormenorizada repasa una cadena de anomalías desde la etapa precontractual, que arrancó en el 2019. El gerente de Elecaustro, Antonio Borrero, no dispuso que se publicara en medios internacionales la invitación para presentar ofertas para buscar más propuestas, competitividad y mejores precios. Eso implicó que se limite drásticamente la participación de oferentes. Tampoco se cumplió la etapa de preguntas y respuestas, incumpliendo el cronograma y los pliegos.

Desde que arrancó el proyecto, las denuncias de que el proceso era apresurado y turbio fueron sistemáticas, pero nunca fueron escuchadas ni procesadas por Elecaustro. Por este caso hay denuncias presentadas en la Fiscalía, tanto en Guayaquil como en Quito, a partir del 2021. Varios delitos se investigan, desde peculado y sobreprecios hasta tráfico de influencias.

También se ha denunciado en la Fiscalía supuestos delitos en la internación temporal de la grúa para montar los equipos que llegó a Puerto Bolívar y fue desaduanizada, aunque no cumplía requisitos legales. Además su precio habría sido declarado con montos inferiores, sin sustento ni referencias acordes al mercado, para evitar el pago de tributos.

Contrato no debía dividirse

Una de las principales irregularidades y violaciones establecidas en la auditoría del ente de control se refiere a la división injustificada del proceso en dos contratos: uno para la compra de los autogeneradores y su tranporte al Ecuador y otro para los servicios conexos, que incluyeron el transporte, montaje, operación y mantenimiento de los equipos en el sitio del proyecto. Para esto se contrató a dos empresas: Dongfang International y Dongfang Ecuador, que no es subsidiaria de la primera.

Los pliegos elaborados por la Comisión Técnica y aprobados por el GerenteBorrero presentaron deficiencias.  Por una parte facultaron separar los serviciosconexos de la contratación, para lo cual, de forma posterior, se recurrió a un nuevoprocedimiento mediante régimen especial. Por otra, no se pudo especificar el númerode unidades de aerogeneradores de las ofertas, lo cual  se incluyo posteriormente en otros documentos .

En la evaluación de ofertas, la Comisión Técnica no observó que la propuesta que posteriormente fue adjudicada a la empresa Dongfang Electric Ecuador, no expresó si los servicios conexos serían prestados por el mismo oferente (la empresa china) o por un tercero autorizado, provocando su habilitación sin cumplir los requisitos que se exigían en los pliegos. Es decir que se adjudique el contrato y se adquieran los bienes, sin generar compromisos respecto del valor y condiciones para la prestación de los mencionados servicios conexos (transporte de los generadores y torres desde el puerto de Bolívar hasta Loja, instalación y mantenimiento). Esto pese a que la oferta adjudicada establecía un precio para su prestación, que fue uno de los parámetros de evaluación que la ubicaron en el primer lugar del orden de prelación.

Elecaustro asume trabajos de la contratista

Los pliegos del proceso determinaron como obligación del contratista el suministro y puesta en marcha de torres meteorológicas para el monitoreo y operación del parque eólico, que selimitó a una sola torre.  Sin  embargo, el gerente Borrero suscribió un Memorándum de Entendimiento, que no estaba previsto en la etapa contractual, con el Director dela Unidad de Supervisión de Proyectos y el Representante de la contratista. Pero antes de suscribir el contrato, el documento modificó esta exigencia, delegando la responsabilidad del suministro, instalación y puesta en marcha de la torre a Elecaustro, aunque era una responsabilidad de la contratista.

Hasta el corte del período examinado, la entidad no gestionó la instalación de la torre para el monitoreo y operación del parque eólico.

Además , Elecaustro aceptó como válido un modelo de aerogenerador cuya característica de turbulencia era inferior a la mínima exigida en los pliegos, lo cual fue ratificado a través de un «Memorándum de Entendimiento» suscrito  posteriormente, que recomendó la adjudicación a una contratista que -según Contraloría- debía ser rechazada,  por incumplir los requisitos y especificaciones técnicas de los pliegos. Eso implicó que en la ejecución del contrato deban cambiar, sobre la marcha, el modelo y la cantidad de los aerogeneradores por otros apegados a las necesidades del proyecto. Así se afectó el trato igualitario a todos los oferentes.

La fiscalización también evaluó la idoneidad de los aerogeneradores contratados, en relación al sitio del proyecto. Observó que no se adecuaban a la intensidad de la turbulencia, por lo cual el contratista presentó una nueva propuesta con un modelo distinto de aerogeneradores con mayor potencia individual reduciendo la cantidad de 16a 14 unidades. Eso estaba prohibido por el contrato y también se intentó corregir durante la aplicación del contrato con una Adenda Modificatoria, firmada por Borrero.

Contratista improvisada sin experiencia

El examen de Contraloría concluye que en la segunda etapa de la contratación, en los servicios conexos, para el manejo de los equipos en a su llegada al puerto, trasporte terrestre al sitio del proyecto, montaje e intalación, puesta en marcha y mantenimiento, no se contrató a una empresa solvente. La ganadora, sin concurso, fue Dongfang Ecuador, que no tenía relación alguna con la empresa china. Además se estableció un presupuesto superior al establecido y no se aplicaron correctamente los requisitos de experiencia técnica, tiempo de existencia legal, y patrimonio sobre la oferta presentada. Así se provocó que se contemple en el objeto de la contratación servicios para los cuales el oferente invitado no constituía proveedor único, ni tenía la habilitación para prestarlos. Tampoco era filial del proveedor de los aerogeneradores. Se le entregó el contrato, a pesar de que incurría en causales de rechazo, por no cumplir los requisitos mínimos de experiencia específica, tiempo de existencia legal y patrimonio. Además se contrataron los servicios conexos por un valor superior al correspondiente por modelo y cantidad de aerogeneradores. Esto comprometió 1,2 millones de dólares para favorecer a Dongfang Ecuador, en perjuicio del Estado.

Subcontratación arbitraria sin autorización

El deficiente control en el proyecto permitió que el contratista, de forma reiterada, suscribiera contratos con terceros, sin autorización, sin demostrar la capacidad y habilitación de los subcontratistas para prestar estos servicios, por montos superiores al límite permitido. Eso también implicó que parte de los equipos fueron transportados en vehículos alquilados, sin que Dongfang cuente con permisos de operación como transportista de carga pesada. en este caso debió aplicar multas por 34 mil dólares. No lo hizo.

Las pólizas, una ficción

Así mismo, la auditoría dirigida por Juan Fernando González, detectó que el transporte y montaje de los equipos no tuvo una cobertura de pólizas de seguro.

El deficiente control sobre la pertinencia de pólizas de seguro, así como la de responsabilidad civil, por daños a terceros, abrió las puertas para que la contratista responsable de los servicios conexos no adquiera esas coberturas por su cuenta  como mandaba el Contrato. Electruastro aceptó pólizas contratadas en el exterior por la empresa china proveedora de los aerogeneradores para cubrir todo riesgo y responsabilidad civil de montaje y para el transporte de los bienes. “Así incumplió sus obligaciones contractuales  sin ser observado  oportunamente  por la administración y/o fiscalización del contrato”. Si ocurría algún siniestro ninguna empresa respondía económicamente en el país.

Un juez dispuso que el organismo reinicie el concurso desde la fase de admisibilidad, en la que se debía revisar que los postulantes cumplieran todos los requisitos reglamentarios para optar por el cargo de Contralor. El Consejo no ha acatado la disposición judicial de descalificar a los aspirantes que no cumplen con todos los requerimientos. 103 inscritos entraron en la carrera para esta dignidad, aunque más del 50% de los aspirantes no reúne lo requerido.

Por Ana María Carvajal
Alianza Código Vidrio – Vistazo

El proceso avanza a toda máquina, como una locomotora sin frenos, con el riesgo de descarrilarse. Sin, embargo, dos años no fueron suficientes para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) elija al nuevo contralor del Estado. En este tiempo han pasado cuatro presidentes por el Pleno; se aprobaron dos reglamentos con cambios sustanciales entre uno y otro, para designar a esa autoridad.

Ahora, entre acciones de protección, sentencias y críticas, el organismo, presidido por Alembert Vera, intenta cumplir con un cronograma que terminaría en octubre próximo, con la posesión del nuevo Titular.

De concretarse ese paso, la nueva autoridad que debía haberse nombrado el año pasado, llegará al cargo en medio de un proceso polémico, repleto de cuestionamientos e irregularidades, que afectarán la credibilidad y confianza en su gestión.

El 9 de junio pasado, la mayoría del pleno del CPCCS decidió acatar parcialmente la sentencia del juez Juan Gómez. Él dispuso que el organismo y su comisión de selección reiniciaran el concurso desde la fase de admisibilidad, en la que se debía revisar que los postulantes cumplieran con los requisitos reglamentarios. El juez acogió en abril pasado la demanda de Andrea Medina Bachmann, quien no participó en el concurso. Entonces, Gina Aguilar presidía el CPCCS.

El Consejo no acató la disposición del juez de descalificar a todos los postulantes que no cumplieron con todos los requisitos. Así, los 103 inscritos entraron en la carrera para ser el nuevo contralor, aunque muchos de ellos no entregaron lo requerido en el reglamento.

Los vocales solo acataron disposiciones más formales, como pedir disculpas públicas, por no haber tomado acciones afirmativas en pro de la paridad de género en el reglamento del concurso.

El martes 18 de julio terminó el plazo para presentar impugnaciones ciudadanas. El Consejo recibió 67 impugnaciones. Ante la consulta de Código Vidrio la entidad informó que aún no se conocía cuántos candidatos fueron cuestionados. Sin embargo, trascendió que al menos 54 candidatos están objetados, precisamente por no haber cumplido todos los requisitos.

Guido Egas, quien hasta el lunes era coordinador de la veeduría del proceso, renunció a su cargo para impugnar personalmente a 54 participantes, que no presentaron una declaración juramentada de probidad notoria. El concurso ha pasado por varias dificultades; tanto el pleno del CPCCS como la comisión de selección no han tomado en serio las ocho alertas que la veeduría ha presentado sobre temas que afectarían la legitimidad del concurso.

Ahora, una nueva acción de protección está en proceso. El 11 de julio pasado, Oliver Vinueza presentó el recurso judicial precisamente ante el incumplimiento de la disposición judicial de descalicar a los concursantes que no cumplen todos los requisitos. Si se comprueba que el Consejo no cumplió integralmente la sentencia, la demanda busca que la Corte Constitucional ejecute el fallo y disponga sanciones por inobservar esta decisión judicial.

La inestabilidad en la Contraloría

Los problemas del concurso están directamente ligados con la inestabilidad institucional, dice Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ha vigilado el concurso. Subraya que no es positivo para la institucionalidad que el actual contralor subrogante Carlos Riofrío esté prorrogado en funciones 16 meses y aún es incierto quién y cuándo lo reemplazará.

Según su análisis, la inestabilidad no está solo en la Contraloría sino también en el CPCCS, Las pugnas políticas han llevado a que el proceso que empezó con Sofía Almeida como su presidenta, pasara por un sinnúmero de incidentes y tropiezos,  incluida su destitución. Luego  vino la designación de Hernán Ulloa y el juicio político que lo cesó. Tras eso, la llegada de Gina María Aguilar y, luego de las elecciones, la posesión de Alembert Vera, quien enfrenta un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral, que lo puede dejar fuera del cargo.

Vera es investigado por una supuesta infracción electoral grave en la campaña pasada. Enfrenta el caso junto a Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, como directora de UNES (Revolución Ciudadana). Según la denuncia, tanto ese movimiento como su líder, el expresidente Rafael Correa, apoyaron la campaña de Vera, quien usaba los colores de ese partido en spots publicitarios y productos para redes sociales. Esto está prohibido para los candidatos a consejeros del CPCCS.

Alarcón observa que, además de la arrogación de funciones de la comisión de selección, hay candidatos cuya experiencia académica y laboral nada tiene que ver con las funciones que debe cumplir un contralor del Estado.  Al revisar los perfiles de los participantes, hay muchos que no cumplen con requisitos básicos, como tener un título afín al cargo.

Los lunares del concurso

El concurso determina que los postulantes deben haber cursado carreras en todas las áreas del Derecho, Auditoría, Administración, Ingeniería Comercial y Administración Pública. Pero entre los postulantes hay un ingeniero eléctrico.  “¿Qué hace en este concurso? ¿Hay algún interés por parte de las autoridades o comisiones técnicas de permitir que algunos candidatos sigan en carrera o puedan incluso entrar a la Contraloría?”, cuestiona Alarcón. Existen casos de postulantes claramente vinculados con intereses políticos como Moisés Tacle, quien fue asambleísta por PSC-Madera de Guerrero; Juan Falconí Puig, exembajador en Londres y representante de Ecuador en la Organización Mundial del Comercio, en la presidencia de Correa; o Darwin Seraquive, miembro del CPCCS Transitorio.

También participa el exasambleísta Vicente Taiano, quien junto a Álvaro Noboa fundó el desaparecido PRIAN y fue su compañero de fórmula en 2006. Otra exfuncionaria del correísmo es Mónica Gavilánez, quien formó parte de la comisión ciudadana que dirigió el concurso que ganó Carlos Pólit. Correa fue quien lo posesionó. Aparece, además, el dirigente del taxismo, Carlos Brunis, quien ha sido clave en negociaciones con autoridades sobre tarifas de transporte y protagonista en paros en contra de la eliminación de subsidios a los combustibles.

Oleada de cuestionamientos

El concurso ha pasado no solo por cuestionamientos externos y el retiro del aval de la veeduría ciudadana, cuando Ulloa se posesionó como presidente. También hay observaciones internas, como la de la consejera Mishelle Calvache, de minoría, quien es tajante al decir que es un proceso inviable.

Ella cree que debería declararse desierto el concurso y empezar uno nuevo, pues todos los problemas que se han presentado en el camino son insubsanables. Los 103 concursantes están bajo una bruma que pone en duda su legitimidad.

Calvache también cuestiona que se haya colocado una valoración muy alta para quienes tienen amplia experiencia en el sector público, sin establecer en qué área, y que haya puntuaciones bajas para quienes tienen méritos académicos mayores y más relacionados con el cargo de un contralor.

Pero más allá de eso, el temor en el que coincide con Alarcón y Egas, es que un juez en segunda instancia pueda fallar de modo distinto y cambiar las reglas del juego otra vez y el prolongado concurso tendría que reestructurarse nuevamente.

Lo ideal -destaca Calvache- sería formar una nueva comisión ciudadana de selección y redactar un nuevo reglamento. Pero, actualmente, la mayoría del Consejo ha votado para que continúe y se cumpla con un cronograma a toda costa sin reparar en todas las arbitrariedades en la selección.

Las pugnas en el CPCCS son el reflejo de lo que ocurre afuera y una evidencia que la Fiscalía  y la Contraloría  son las joyas de la corona.

La batalla por designar a un nuevo contralor o fiscal no está únicamente entre los postulantes sino en quienes están detrás de ellos y acuden a la justicia como un mecanismo para mover las fichas a su favor. Esto preocupa a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que considera que hay un abuso de las acciones de garantías en estos procesos, como ya ha ocurrido repetidamente en el área penal.

Esto ha permitido que candidatos que no cumplen con los requisitos vuelvan al juego y hasta tengan posibilidades de ganarlo, pues una sentencia puede molestar pero debe cumplirse, con las consecuencias que esto conlleva. En este caso -dice Alarcón- lo que puede ocurrir es que se elija a un contralor como una autoridad sin legitimidad, pero eso sí, que satisfaga los intereses políticos de quien está detrás.

La Comisión  que investigó el asesinato del general Jorge Gabela concluyó que no se trató de un delito común. En la reconstrucción del tercer producto estableció que los autores intelectuales del crimen serían los exgenerales de la FAE, Alonso Espinosa y Rodrigo Bohórquez.  Esa conclusión habría sido parte del reporte que en 2013 entregó el perito Roberto Meza a la Comisión del correísmo, que habría manipulado y ocultado los resultados del peritaje. El expresidente Rafael Correa ha cuestionado la idoneidad de Meza y la validez de la investigación. 

Redacción Código Vidrio

Una vez que la Comisión integrada para reconstruir el tercer producto del caso terminó su trabajo el jueves, sobre las causas del asesinato del general Jorge Gabela en 2011, la Fiscalía inició esta semana su propia investigación.

Estas son las fichas claves del rompecabezas del caso Gabela.

Un general incómodo. Jorge Gabela se opuso, entre 2007 y 2008, a la compra de siete helicópteros Dhruv, fabricados por una empresa de la India. Desaconsejaba la adquisición por graves problemas técnicos. Llevó su crítica hacia el Gobierno de Rafael Correa, lo que a larga detonó su salida de la Fuerza Aérea, donde era comandante general.

Una compra a costa de todo. El 2009 se compraron las siete naves a un monto superior a 47 millones de dólares. En octubre se accidentó la primera.

La amenaza su cumplió. En febrero del 2010 se reunía en la Asamblea la Comisión de Fiscalización para conocer los detalles de la compra. El general Gabela recibió amenazas, en público. “Ya vas a ver lo que te pasa”, denunció en esa comisión que era perseguido. En diciembre de ese año, cuando su hija regresaba a su casa, fue abordada en la puerta de la urbanización. El general salió a defenderla y recibió disparos. Murió días después.

El Comité entra en escena. Corría octubre de 2012.  mediante decreto ejecutivo 1317, el gobierno de Correa creó un comité interinstitucional, frente a las denuncias de la viuda del general, en el sentido de que la muerte no fue producto de la delincuencia común. Ese comité contrató los servicios Roberto Meza, argentino radicado en Brasil, como perito.

El triple juego de los informes. El contrato establecía que el perito debía entregar: un plan de trabajo (producto uno), una descripción de los hechos con una primera conclusión (producto dos). Solamente si la tesis del delito común quedaba descartada, el perito debía realizar y entregar el producto tres, esbozando la hipótesis de los autores intelectuales del crimen.

La tesis del delito común se desbarata. En 2013, Meza entregó el tercer producto, con lo cual se confirma que logró establecer que NO fue un delito común, sino un crimen planificado. Quedó evidencia de que recibió el pago, por este informe. Al entregar la documentación dejó el país.

Correa intenta curarse en salud. En el enlace ciudadano 410, del 7 de febrero de 2015, el entonces presidente Correa insistió en la tesis del delito común. Sin embargo, no había recibido aún el informe final del comité especial que su gobierno había creado, tres años antes. Pocos meses después, la viuda del general recibió un documento como informe final de la comisión: su conclusión insistía en la tesis del delito común. Sin embargo, ella detectó que había contradicciones en el informe, quedaron fojas que hablaban del tercer producto, es decir, el que había abordado la posibilidad de un crimen planificado, relacionado con las denuncias que había hecho su esposo. El perito volvió al país y explicó que por la cláusula de confidencialidad no podía revelar el contenido final, porque, además, los documentos de respaldo le fueron incautados cuando terminó su trabajo.

La pesadilla del crimen de Estado. Una comisión legislativa especial, independiente, concluyó en 2018 que hubo un probable crimen de Estado. Detectó que luego del crimen, hubo una intención deliberada de encubrir los hechos. Los documentos que elaboró el perito fueron forjados y alterados.

La Corte abre la caja de Pandora. Un dictamen de la Corte Constitucional, de este año, obligó al Estado a reconstruir el tercer producto, para lo cual el perito fue nuevamente contratado.

Los vaticinios de Gabela se cumplieron. Cuatro de las siete aeronaves cayeron, en 2009, 2014 y 2015. Las principales causas se deberían a fallas de los equipos y eventualmente a fallas humanas.

 

Un nuevo revés sufrieron las Fuerzas Armadas por la fallida instalación del radar de Montecristi. La Superintendencia de Compañías y Seguros (SIC) resolvió que la reparación que Interoceánica debe cubrir por la destrucción del equipo no sea de 7,2 millones, como estableció la Intendenta de Seguros. En cuestión de semanas cambió de opinión: fijó el monto en 5 millones. Así el Estado habría perdido por este siniestro alrededor de USD 6 millones, pues el radar estaría valorado en alrededor de USD 11 millones.

Redacción Código Vidrio

El 9 de junio pasado, la Superintendencia de Compañías dio un giro radical. Mediante resolución No. SCVS-INPAI-2023-00039820, ratificó que el pago de la reparación a favor del Ministerio de Defensa (Midena) por el atentado al radar de Montecristi sea por el valor límite correspondiente a la cobertura de “asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, actos mal intencionados de terceros, sabotaje y terrorismo”. En este caso, todos los informes técnicos adjuntados para el proceso de cobertura, incluido el de la Junta de Accidentes,  confirmaron que el radar fue destruido por un atentado, causado por un aparato explosivo. No por un daño mecánico de sus componentes, que era una de las hipótesis iniciales.

El pago de la indemnización de la aseguradora fue precisamente el motivo por el cual desde cuando ocurrió el siniestro -el 7 de noviembre del 2021- el Midena ni el mando militar reconocieron que se trató de una atentado terrorista. Dijeron que primero se debía esperar que sea la Fiscalía la que estableciera que esa fue la causa del daño.

El pasado 2 de junio la Fiscalía formuló cargos por un supuesto delito de sabotaje contra 13 de los 14 militares investigados por este caso. El juez Leiver Quimís aceptó el pedido de formulación. Los uniformados encausados eran parte del equipo asignado a la seguridad y patrullaje del Cerro Montecristi, donde fue instalado el equipo, sin las mínimas seguridades ni un plan o protocolo para prevenir atentados.

Inicialmente, en este caso estuvieron involucrados más de 20 militares, que fueron sancionados por la Inspectoría de la FAE, pero sus procesos administrativos disciplinarios prescribieron. Todos los militares coincidieron en que solo siguieron órdenes directas de sus superiores. Por eso, Walter Barrera, abogado de algunos de los uniformados enjuiciados, dijo que el mando aéreo fue el principal responsable y durante este proceso solo ha buscado chivos expiatorios entre sus subordinados.

Luego del atentado salieron a la luz una serie de negligencias de la cúpula aérea, liderada entonces por el comandante Geovanny Espinel, según un alto funcionario que en la época investigó el caso en el Midena.

Según documentos oficiales, el radar LTR-20 se montó al apuro, sin contar con estudios de seguridad ni planes de riesgos. Tampoco tenía seguridad física alguna como mallas, concertinas, cámaras de vigilancia ni iluminacion. Solo se dispuso un dispositivo mínimo de uniformados para su vigilancia, las 24 horas del día. Esa alta vulnerabilidad fue aprovechada para concretar el atentado criminal que el domingo 7 de noviembre, a las tres de la mañana, destruyó la espina del equipo, que quedó totalmente inservible.

La disputa entre la FAE y la aseguradora

Precisamente, la calificación del siniestro fue el detonante de una disputa entre la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), como operador del radar, e Interoceánica. Esa controversia se dirimió con el fallo de la Superintendencia de Compañías a inicios de junio, aunque un mes antes la Intendenta de Seguros le había dado la razón a la FAE, fijando la reparación en USD 7,5 millones. En ese pronunciamiento (1 de mayo) de Alexandra Caizahuano, intendenta Nacional de Seguros, se detalla una serie de incumplimientos de Interoceánica, que no acató su obligación de cubrir la indemnización, un mes después del siniestro. La aseguradora tardó más de un año en tramitar la cobertura, según el informe de la SIC.

En ese reporte, de 14 páginas, Caizahuano estableció que la causal que Interoceánica alegaba para pagar los 5 millones, no cabía. Debía estar respaldada por un pronunciamiento de la Fiscalía, que es la única autoridad competente para calificar el siniestro como un sabotaje, pues se trata de un delito contra la seguridad pública. Para entonces no existía un pronunciamiento formal de la Fiscalía ni del juez de la causa, sobre el inicio del proceso por sabotaje, lo cual ocurrió un mes después.

Ante la consulta de este medio, Interoceánica informó que el 24 de febrero pasado notificó a la FAE que el reclamo presentado fue aceptado, dentro de la cobertura de «Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, actos mal intencionados de terceros, sabotaje y terrorismo» y solicitó las instrucciones para proceder con el pago respectivo. Entonces, las autoridades de la FAE interpusieron un reclamo administrativo ante la SIC, que fue respondido el 9 de junio, fijando el pago al Midena de USD 5 millones. “Interoceánica inició con el proceso de pago, según lo dispuesto por nuestro ente de control, reafirmando así su compromiso con nuestros clientes y el país”, subrayó la empresa. “La resolución no redujo el monto de la póliza. Establece que el pago sea bajo una cobertura con un límite de indemnización, según condiciones establecidas por el MIDENA”.

La resolución de la intendenta Caizahuano, sin embargo, es puntual. “Al no haberse determinado legalmente y por autoridad competente que el siniestro hubiere sido causado por un acto delictivo y concretamente por sabotaje, conforme a lo alegado por la empresa de seguros, se concluye que el valor que corresponde pagar por los daños ocasionados al bien asegurado es de USD 7 ́200.000 dólares”. Desde el inicio de la reclamación, tras el sabotaje al radar, el Midena exigía USD 9,2 millones como indemnización a Interoceánica.

El 19 de diciembre de 2022 el Midena formalizó la reclamación ante la empresa de seguros. Desde entonces, según la Intendenta Caizahuano, empezó a correr el plazo de 30 días previsto en el artículo 42 de la Ley General de Seguros para cancelar la reclamación. Sin embargo, la empresa no emitió pronunciamiento alguno, violentando el artículo 726 del Código de Comercio. Esa norma establece que ante la falta de respuesta de la empresa, en el plazo previsto, el reclamo se entiende como aceptado.

En consecuencia, la Itendenta dio luz verde al reclamo de la FAE y fijó el pago de 7,2 millones como reparación. Pero semanas más tarde su pronunciamiento fue apelado y conocido por la SIC, que le dio la razón a Interoceánica. Entonces fijó el pago en USD 5 millones.

Así quedó la parte principal del radar tras el atentado explosivo

Aseguradora entró en liquidación forzosa

No es la primera vez que Interoceánica le gana una partida al Estado. En enero del 2020 la Superintendencia de Compañías declaró la liquidación forzosa de la aseguradora porque durante cuatro años, desde 2016, no cumplió ni presentó un plan de regularización para cubrir su déficit de inversiones obligatorias.

A noviembre de 2019 el déficit en las inversiones era de USD 1,6 millones, que no fue subsanado hasta la liquidación. En consecuencia la SIC revocó a la empresa el certificado de operación e inhabilitó en sus cargos a los administradores, desde enero de 2020.

Un mes después, los abogados de la empresa presentaron una acción de protección que fue concedida por jueces de un Tribunal laboral de Guayaquil, que dejaron sin efecto la liquidación. Interoceánica nunca dejó de operar en este lapso, según indicaron en un comunicado.

Por esos mismos días, este fallo fue denunciado por el Consejo de la Judicatura, dentro del esquema de vulneración del sistema informático SATJE de sorteos de la Función Judicial. Se trata de 119 casos que fueron asignados a jueces específicos, por fuera del esquema automatizado de causas, y está bajo la investigación de la Fiscalía.

Consultados por esta acción, los directivos de Interoceánica indicaron que existió una vulneración de los derechos constitucionales de la empresa a la seguridad jurídica, al debido proceso y al derecho de petición. “En ese periodo, Interoceánica cumplió con sus obligaciones pese a la grave crisis económica que atravesaba el país”, agregaron.

Sobre la investigación de la Fiscalía, manifestaron: “No nos corresponde a nosotros pronunciarnos, ya que no somos la entidad denunciante y no tenemos nada que ver sobre ese tema en específico. Nuestra Acción de Protección fue ingresada el 14 de enero de 2020 y la demanda del CJ señala las fechas entre 29 de enero de 2020 al 16 de marzo de 2020; por ende, dentro de dichas fechas jamás pudo haber estado la demanda ingresada por nuestra compañía”.

No obstante, los casos denunciados, según los funcionarios consultados que los investigaron en su momento, corresponden a vulneraciones detectadas desde diciembre del 2019, cuando los informáticos del Consejo instalaron alertas automáticas para identificar los casos que eran direccionados a jueces específicos. Así contaron con suficiente información para entender el patrón de los ilícitos y el mecanismo utilizado, para sustentar la denuncia penal, que se presentó en Fiscalía y se encuentra en indagación previa.

Interoceánica niega incumplimientos en inversiones

También consultamos a Interoceánica si hizo los correctivos que pidió la SIC sobre las deficiencias con las inversiones. “El criterio de que Interoceánica no cumplió el plan de regularización para cubrir déficit de inversiones es falso totalmente, ya que la Superintendencia dejó sin respuesta oportuna a todos nuestros pedidos de atención al programa de regularización presentado en base a la normativa vigente», señaló.

“Es así como dentro de las consideraciones de la sentencia dictada por el Juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en Guayaquil se estableció que la resolución de la Superintendencia de Compañías, emitida el 9 de enero de 2020, careció de motivación y fue inválida por violentar la seguridad jurídica de la compañía, provocando una situación de inestabilidad», destacó la empresa.

Según Interoceánica, la sentencia del tribunal que deja sin efecto la supuesta liquidación forzosa fue en julio del 2020 y la compañía cumple con sus obligaciones desde mayo del 2020, evidenciando que se cumplió antes de dicha sentencia.