Un nuevo revés sufrieron las Fuerzas Armadas por la fallida instalación del radar de Montecristi. La Superintendencia de Compañías y Seguros (SIC) resolvió que la reparación que Interoceánica debe cubrir por la destrucción del equipo no sea de 7,2 millones, como estableció la Intendenta de Seguros. En cuestión de semanas cambió de opinión: fijó el monto en 5 millones. Así el Estado habría perdido por este siniestro alrededor de USD 6 millones, pues el radar estaría valorado en alrededor de USD 11 millones.
Redacción Código Vidrio
El 9 de junio pasado, la Superintendencia de Compañías dio un giro radical. Mediante resolución No. SCVS-INPAI-2023-00039820, ratificó que el pago de la reparación a favor del Ministerio de Defensa (Midena) por el atentado al radar de Montecristi sea por el valor límite correspondiente a la cobertura de “asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, actos mal intencionados de terceros, sabotaje y terrorismo”. En este caso, todos los informes técnicos adjuntados para el proceso de cobertura, incluido el de la Junta de Accidentes, confirmaron que el radar fue destruido por un atentado, causado por un aparato explosivo. No por un daño mecánico de sus componentes, que era una de las hipótesis iniciales.
El pago de la indemnización de la aseguradora fue precisamente el motivo por el cual desde cuando ocurrió el siniestro -el 7 de noviembre del 2021- el Midena ni el mando militar reconocieron que se trató de una atentado terrorista. Dijeron que primero se debía esperar que sea la Fiscalía la que estableciera que esa fue la causa del daño.
El pasado 2 de junio la Fiscalía formuló cargos por un supuesto delito de sabotaje contra 13 de los 14 militares investigados por este caso. El juez Leiver Quimís aceptó el pedido de formulación. Los uniformados encausados eran parte del equipo asignado a la seguridad y patrullaje del Cerro Montecristi, donde fue instalado el equipo, sin las mínimas seguridades ni un plan o protocolo para prevenir atentados.
Inicialmente, en este caso estuvieron involucrados más de 20 militares, que fueron sancionados por la Inspectoría de la FAE, pero sus procesos administrativos disciplinarios prescribieron. Todos los militares coincidieron en que solo siguieron órdenes directas de sus superiores. Por eso, Walter Barrera, abogado de algunos de los uniformados enjuiciados, dijo que el mando aéreo fue el principal responsable y durante este proceso solo ha buscado chivos expiatorios entre sus subordinados.
Luego del atentado salieron a la luz una serie de negligencias de la cúpula aérea, liderada entonces por el comandante Geovanny Espinel, según un alto funcionario que en la época investigó el caso en el Midena.
Según documentos oficiales, el radar LTR-20 se montó al apuro, sin contar con estudios de seguridad ni planes de riesgos. Tampoco tenía seguridad física alguna como mallas, concertinas, cámaras de vigilancia ni iluminacion. Solo se dispuso un dispositivo mínimo de uniformados para su vigilancia, las 24 horas del día. Esa alta vulnerabilidad fue aprovechada para concretar el atentado criminal que el domingo 7 de noviembre, a las tres de la mañana, destruyó la espina del equipo, que quedó totalmente inservible.
La disputa entre la FAE y la aseguradora
Precisamente, la calificación del siniestro fue el detonante de una disputa entre la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), como operador del radar, e Interoceánica. Esa controversia se dirimió con el fallo de la Superintendencia de Compañías a inicios de junio, aunque un mes antes la Intendenta de Seguros le había dado la razón a la FAE, fijando la reparación en USD 7,5 millones. En ese pronunciamiento (1 de mayo) de Alexandra Caizahuano, intendenta Nacional de Seguros, se detalla una serie de incumplimientos de Interoceánica, que no acató su obligación de cubrir la indemnización, un mes después del siniestro. La aseguradora tardó más de un año en tramitar la cobertura, según el informe de la SIC.
En ese reporte, de 14 páginas, Caizahuano estableció que la causal que Interoceánica alegaba para pagar los 5 millones, no cabía. Debía estar respaldada por un pronunciamiento de la Fiscalía, que es la única autoridad competente para calificar el siniestro como un sabotaje, pues se trata de un delito contra la seguridad pública. Para entonces no existía un pronunciamiento formal de la Fiscalía ni del juez de la causa, sobre el inicio del proceso por sabotaje, lo cual ocurrió un mes después.
Ante la consulta de este medio, Interoceánica informó que el 24 de febrero pasado notificó a la FAE que el reclamo presentado fue aceptado, dentro de la cobertura de «Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, actos mal intencionados de terceros, sabotaje y terrorismo» y solicitó las instrucciones para proceder con el pago respectivo. Entonces, las autoridades de la FAE interpusieron un reclamo administrativo ante la SIC, que fue respondido el 9 de junio, fijando el pago al Midena de USD 5 millones. “Interoceánica inició con el proceso de pago, según lo dispuesto por nuestro ente de control, reafirmando así su compromiso con nuestros clientes y el país”, subrayó la empresa. “La resolución no redujo el monto de la póliza. Establece que el pago sea bajo una cobertura con un límite de indemnización, según condiciones establecidas por el MIDENA”.
La resolución de la intendenta Caizahuano, sin embargo, es puntual. “Al no haberse determinado legalmente y por autoridad competente que el siniestro hubiere sido causado por un acto delictivo y concretamente por sabotaje, conforme a lo alegado por la empresa de seguros, se concluye que el valor que corresponde pagar por los daños ocasionados al bien asegurado es de USD 7 ́200.000 dólares”. Desde el inicio de la reclamación, tras el sabotaje al radar, el Midena exigía USD 9,2 millones como indemnización a Interoceánica.
El 19 de diciembre de 2022 el Midena formalizó la reclamación ante la empresa de seguros. Desde entonces, según la Intendenta Caizahuano, empezó a correr el plazo de 30 días previsto en el artículo 42 de la Ley General de Seguros para cancelar la reclamación. Sin embargo, la empresa no emitió pronunciamiento alguno, violentando el artículo 726 del Código de Comercio. Esa norma establece que ante la falta de respuesta de la empresa, en el plazo previsto, el reclamo se entiende como aceptado.
En consecuencia, la Itendenta dio luz verde al reclamo de la FAE y fijó el pago de 7,2 millones como reparación. Pero semanas más tarde su pronunciamiento fue apelado y conocido por la SIC, que le dio la razón a Interoceánica. Entonces fijó el pago en USD 5 millones.
Así quedó la parte principal del radar tras el atentado explosivo
Aseguradora entró en liquidación forzosa
No es la primera vez que Interoceánica le gana una partida al Estado. En enero del 2020 la Superintendencia de Compañías declaró la liquidación forzosa de la aseguradora porque durante cuatro años, desde 2016, no cumplió ni presentó un plan de regularización para cubrir su déficit de inversiones obligatorias.
A noviembre de 2019 el déficit en las inversiones era de USD 1,6 millones, que no fue subsanado hasta la liquidación. En consecuencia la SIC revocó a la empresa el certificado de operación e inhabilitó en sus cargos a los administradores, desde enero de 2020.
Un mes después, los abogados de la empresa presentaron una acción de protección que fue concedida por jueces de un Tribunal laboral de Guayaquil, que dejaron sin efecto la liquidación. Interoceánica nunca dejó de operar en este lapso, según indicaron en un comunicado.
Por esos mismos días, este fallo fue denunciado por el Consejo de la Judicatura, dentro del esquema de vulneración del sistema informático SATJE de sorteos de la Función Judicial. Se trata de 119 casos que fueron asignados a jueces específicos, por fuera del esquema automatizado de causas, y está bajo la investigación de la Fiscalía.
Consultados por esta acción, los directivos de Interoceánica indicaron que existió una vulneración de los derechos constitucionales de la empresa a la seguridad jurídica, al debido proceso y al derecho de petición. “En ese periodo, Interoceánica cumplió con sus obligaciones pese a la grave crisis económica que atravesaba el país”, agregaron.
Sobre la investigación de la Fiscalía, manifestaron: “No nos corresponde a nosotros pronunciarnos, ya que no somos la entidad denunciante y no tenemos nada que ver sobre ese tema en específico. Nuestra Acción de Protección fue ingresada el 14 de enero de 2020 y la demanda del CJ señala las fechas entre 29 de enero de 2020 al 16 de marzo de 2020; por ende, dentro de dichas fechas jamás pudo haber estado la demanda ingresada por nuestra compañía”.
No obstante, los casos denunciados, según los funcionarios consultados que los investigaron en su momento, corresponden a vulneraciones detectadas desde diciembre del 2019, cuando los informáticos del Consejo instalaron alertas automáticas para identificar los casos que eran direccionados a jueces específicos. Así contaron con suficiente información para entender el patrón de los ilícitos y el mecanismo utilizado, para sustentar la denuncia penal, que se presentó en Fiscalía y se encuentra en indagación previa.
Interoceánica niega incumplimientos en inversiones
También consultamos a Interoceánica si hizo los correctivos que pidió la SIC sobre las deficiencias con las inversiones. “El criterio de que Interoceánica no cumplió el plan de regularización para cubrir déficit de inversiones es falso totalmente, ya que la Superintendencia dejó sin respuesta oportuna a todos nuestros pedidos de atención al programa de regularización presentado en base a la normativa vigente», señaló.
“Es así como dentro de las consideraciones de la sentencia dictada por el Juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en Guayaquil se estableció que la resolución de la Superintendencia de Compañías, emitida el 9 de enero de 2020, careció de motivación y fue inválida por violentar la seguridad jurídica de la compañía, provocando una situación de inestabilidad», destacó la empresa.
Según Interoceánica, la sentencia del tribunal que deja sin efecto la supuesta liquidación forzosa fue en julio del 2020 y la compañía cumple con sus obligaciones desde mayo del 2020, evidenciando que se cumplió antes de dicha sentencia.