Un informe de 50 ONGs de nueve países analizó los proyectos de extracción de petróleo y recursos mineros, hidroeléctricas y ferrocarriles desarrollados en ecosistemas frágiles, a cargo de inversionistas chinos. Existe un patrón de vulneración constante de derechos ambientales y económicos en 11 países de América Latina.
Por Ana María Carvajal
Las concesiones mineras de Mirador y San Carlos Panantza forman parte de los 14 proyectos en manos de empresas chinas, que han violentado derechos y causado daños al ambiente, según un informe que 50 ONGs de nueve países de Latinoamérica presentaron en febrero pasado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC).
A Ecuador lo representan Amazon Watch regional, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Fundación Pachamama, Iniciativa Cuencas Sagradas y Yasunidos Cuenca. El trabajo, titulado informe ‘Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica’, analiza proyectos de extracción de petróleo y recursos mineros, hidroeléctricas y ferrocarriles desarrollados en ecosistemas frágiles, a cargo de 11 inversionistas chinos en Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, México, Perú, Colombia, Argentina y Ecuador. En el documento se concluye que los inversionistas chinos no han hecho suficientes esfuerzos para evitar graves daños ambientales en la región.
El informe fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) que acompañó a representantes de comunidades afectadas y que contó con el apoyo del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) y FIAN Internacional.
Desde 2016, las inversiones chinas han sido observadas por distintos estamentos de la ONU debido a incumplimiento de sus obligaciones. El CDESC invitó a las ONGs a enviar sus observaciones y reclamos, en su calidad de evaluador de los estados en cuanto a garantías de derechos económicos, sociales y culturales. Luego, varios de esos reclamos fueron reconocidos por China en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2019.
El CDESC incluyó también las observaciones de la sociedad civil en su informe final publicado el 3 de marzo pasado y en las recomendaciones del CDESC, del 22 de marzo. Se solicitó que se recomiende a China que respete, proteja y cumpla sus obligaciones fuera de su territorio, relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los países donde sus empresas y bancos estatales y semiestatales estén operando.
Sofía Jarrín, de Amazon Watch, fue parte del equipo de monitoreo durante cinco años a los proyectos. Para ella, es un logro que en el EPU se haya reconocido que dentro de las empresas también se debe cumplir con obligaciones extraterritoriales, que incluyen respeto de los derechos. Además que se les haga recomendaciones orientadas a un adecuado control para que en toda la cadena de suministros se garanticen los derechos humanos y del medio ambiente. “Demostramos que existe un patrón de vulneración en América Latina donde se plantea que se deben mejorar las políticas y cadena de control, dentro y fuera de sus fronteras”.
El Comité le recomendó a China que vele para que sus empresas, proveedores y financistas “rindan cuentas por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que cometan, prestando especial atención a los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y los campesinos, los impactos ambientales y la expropiación. Eso en el contexto de proyectos inmobiliarios y de infraestructuras, y porque se establezcan mecanismos de seguimiento y vigilancia para investigarlas y sancionarlas por sus actividades perjudiciales. Pidió además que se asegure de que las víctimas de violaciones a sus derechos puedan acceder a mecanismos de denuncia efectivos y una reparación adecuada.
Observó que al Estado debe asegurarse de que las compañías “respeten los derechos económicos, sociales y culturales cuando operan en el extranjero, en particular en lo que se refiere a las operaciones de aquellas que trabajan en la extracción de materias primas, la construcción y los proyectos de infraestructuras”. Adicionalmente le recomendó adoptar medidas legales y administrativas para exigirles que se responsabilicen de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales.
Relación desfavorable en el financiamiento
Otra preocupación para el Comité son las prácticas y condiciones del financiamiento que ofrece China en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para el desarrollo de infraestructuras en terceros países, porque “están repercutiendo negativamente en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en esos países”. Habla, por ejemplo, de falta de transparencia, corrupción, inviabilidad de ciertos proyectos y una relación costo-beneficio desfavorable para los países que reciben los fondos. Además, resalta que algunos niveles de deuda son insostenibles para ellos y que hace falta respetar la necesidad de emplear a proveedores y mano de obra locales.
Los proyectos citados en Ecuador, Mirador y San Carlos Panantza, son operados por Ecuacorriente (ECSA) y ExplorCobres, ambas filiales del consorcio CRCC-Togling. En el primer caso, el informe argumenta que se trata de un proyecto pionero a gran escala de minería a cielo abierto, que ha afectado a unos 16 ecosistemas diferentes. Allí también participa China Railway Construction Corporation.
Y en el segundo caso subraya que su área de influencia llega al 70 % del territorio ancestral del pueblo Shuar Arutam. Varias ONGs han acompañado y apoyado a los Shuar como a los Kichwas y campesinos que vivían en el sector, hasta que en 2020 lograron que se frenen los trabajos en la mina. El año pasado, obtuvieron una sentencia en la Corte Constitucional, que retiró la licencia ambiental a la empresa, por violaciones al derecho de la consulta.