Entre 2013 y 2019, la doctora Sandra B. aprobó en dos centros médicos de Guayaquil la entrega de 1.985 carnets de discapacidad que no tenían documentos de respaldo, plagados de irregularidades. Las principales inconsistencias se detectaron en el registro del nombre de la persona que cada solicitante refería como contacto, así como en los informes técnicos. Daniel Salcedo, su hermano y amigos obtuvieron sus documentos, en el centro médico Cisne II, para intentar evadir el pago de impuestos al importar vehículos de lujo. El Ministerio de Salud presentó denuncias en Fiscalía contra tres funcionarios, Salcedo y su hermano.

Redacción Código Vidrio

La doctora Sandra B. es un eslabón clave en la cadena de corrupción armada para la entrega de carnets adulterados de discapacidad en el Ministerio de Salud.

La especialista es una epidemióloga con más de diez años de experiencia en esa cartera, encargada de calificar y autorizar la entrega de los documentos en Guayaquil, según informes internos de esa cartera y la denuncia penal a los cuales Código Vidrio tuvo acceso.

En el memorando MSP-2020-0606, del 26 de junio, suscrito por Lissete Tapia, directora Nacional de Discapacidades, y en el informe técnico de la Comisión de Monitoreo de esa entidad, se detalla que Sandra elaboró, recalificó y acreditó certificados, entre el 2013 y 2019, elaborados en las unidades calificadoras del Centro de Salud 28 de Febrero y Santiago de Guayaquil.

En total, en este período, la especialista aprobó 1.985 carnets de discapacidad que no tenían documentos de respaldo, y estaban plagados de inconsistencias e irregularidades, especialmente en el registro del nombre de la persona que cada solicitante refería como contacto, así como en los informes de respaldo.

Esta funcionaria fue parte de los equipos médicos del Centro 28 de febrero, ubicado en el callejón P. del Guasmo Sur y, luego, en el Santiago de Guayaquil, en la calle Nobol del suburbio portense.

Francisco Pérez, coordinador de la Zonal 8 del Ministerio de Salud, denunció en la Fiscalía que las primeras sospechas se encendieron luego de una auditoría de la Comisión Nacional de Monitoreo y Control de la Dirección de Discapacidades, realizada el 26 de junio pasado.

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La epidemióloga Sandra B. trabajó en los centros médicos Santiago de Guayaquil, en la calle Nobol del suburbio, y 28 de febrero, en el callejón P. del Guasmo Sur. Aprobó la entrega de 1985 carnets de discapacidad. Es investigada por Fiscalía. 

 

En esa inspección se detectó que los certificados de esos dos centros de salud tenían “discrepancias e irregularidades”. Las principales fueron:

• Inconsistencias en los nombres de la personas que se anotaron como contacto y respaldo de la calificación
• Inexistencia de documentos cargados en el sistema
• Documentos de PDF escritos con palabras sin sentido y otras referencias que no cumplieron con el Manual para Calificación de Discapacidades

Pedimos la versión de la doctora Sandra B., pero no respondió a nuestra consulta.

Hoy su caso está en manos de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía de Guayas, que inició una investigación previa reservada, por una denuncia formalizada por las autoridades del Ministerio de Salud, ante supuestos delitos de falsificación y uso de documentos falsos.

La funcionaria de Salud, según las investigaciones preliminares, sería parte de una red donde también participaron más empleados públicos, que, a cambio de pagos, que oscilarían entre 1.000 y 2.000 dólares, facilitaban los carnets a quienes no tenían una discapacidad.

La fiscal Diana Salazar anunció que en este caso iniciará una investigación por delincuencia organizada. Por lo pronto, se trata de identificar a los responsables de la entrega anómala de los documentos, especialmente utilizados para acceder a beneficios como la importación de vehículos lujosos, exonerados de impuestos.

Entre quienes obtuvieron el documento hay funcionarios, futbolistas, asambleístas, alcaldes y jueces. Pero no todos se han beneficiado de exoneraciones para importar autos.

Según el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), en el país hay 485.000 personas con discapacidad, que tienen esa credencial. El 25 % está en Guayas y el 15,9 %, en Pichincha.

Familiares de ecuatorianos con estos problemas de salud han denunciado estos días lo complejo y engorroso que es obtener una certificación. En general, más de un año transcurre en el proceso para calificar a este documento, porque los aspirantes deben someterse a múltiples evaluaciones y citas médicas con especialistas. Por eso, en el camino, muchos desisten, aunque saben que el carnet les facilita acceso a un bono, la exoneración en el pago de impuestos para importar vehículos, reducción en las tarifas de servicios básicos, devolución de valores pagados por el IVA, disminución en el pasaje de boletos aéreos, para buses urbanos e interprovinciales. El 2019, el Gobierno destinó para estos beneficios 63,3 millones de dólares.

Las primeras evidencias de la corrupción en la entrega de estos documentos aparecieron hace dos semanas, tras la captura de Daniel Salcedo, implicado en casos de corrupción en las contrataciones de los hospitales del IESS en Guayaquil. Luego de su detención se conoció que usó un carnet de discapacidad para importar un vehículo Toyota Sequoia Platinum en 60.000 dólares, que en el país cuesta 100.000.

La cifra de documentos adulterados aún no es exacta. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que se comprobaron 2.281 documentos ilegales. Sin embargo, este número puede crecer luego una revisión del sistema que abarcará los últimos siete años. En esta inspección se incluirán los 3.000 carnets entregados durante la emergencia por el Covid-19.

Para evitar el mal uso de los carnets, el presidente Lenin Moreno anunció varias medidas, entre ellas la suspensión momentánea de la reducción de aranceles para vehículos importados por personas con discapacidad. También dispuso la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos y solicitó una auditoría del Ministerio de Salud.

Salcedo obtuvo su certificado en Cisne II

El Ministerio de Salud confirmó que Daniel Salcedo, su hermano y sus amigos consiguieron certificados de discapacidad ilegalmente. Esta semana sus autoridades presentaron una segunda denuncia en la Fiscalía de Guayaquil.

Según informes de Salud, Salcedo obtuvo su carnet el 2 de febrero del 2018 en el Centro de Salud Cisne II de Guayaquil. Él fue presuntamente chequeado por la doctora Jéssica S., quien certificó que tenía una discapacidad del 41%, auditiva/física, en grado moderado.

Al revisar nuevamente su documentación se verificó que no existían los informes médicos que certificaran técnicamente el porcentaje de discapacidad señalado en su registro.

Este año, Salcedo intentó importar desde Estados Unidos un vehículo de lujo usando el documento, pero las autoridades de la Aduana no aprobaron el trámite por varias discrepancias.

Su hermano, Noé Salcedo, también consiguió su carnet de discapacidad. Certificó el documento en el Centro de Salud La Victoria de Guayaquil, el 20 de enero de este año. Él presuntamente tenía una discapacidad del 42%, física/visual.

Dos funcionarios del hospital del IESS involucrados

El Ministerio de Salud también denunció por este caso a César Rodríguez y Karla Cárdenas, amigos y empleados del hospital Teodoro Maldonado del IESS. Ellos también obtuvieron su certificado de discapacidad. El primero lo hizo en el Centro de Salud Cisne II, a donde había acudido Salcedo. Allí certificaron que tenía 36% de discapacidad física/auditiva.

En cambio, Cárdenas acudió al centro de salud 28 de Febrero: obtuvo el certificado de 48% de discapacidad física, sin ninguna prueba documental de respaldo.

En esta trama también aparece José Enriques, ex asesor de Dalo Bucaram, quien fue jefe de la unidad de contrataciones del hospital Teodoro Maldonado. Es investigado por aprobar los pagos de los contratos de Salcedo.

En 2018, Enriques obtuvo su carnet de discapacidad, en el centro de Salud Cisne II. Allí certificaron un 41% de discapacidad auditiva.

Por lo pronto, Salud suspendió la entrega de certificados, hasta terminar la auditoría. El ministro Zevallos dijo que el objetivo es hacer una purga, mejorar los procedimientos para conseguir este documento y emprender una recalificación de todos los sospechosos, sin perjudicar a quienes realmente lo necesitan.

El Comité Empresarial Ecuatoriano, que también agrupa a las asociaciones de laboratorios farmacéuticos, los importadores y distribuidores de insumos médicos y los proveedores de medicina prepagada, pide al Gobierno reformas urgentes al nuevo sistema de compras, que quitó a los hospitales la facultad de contratar directamente. Las autoridades aún no responden.

Redacción Código Vidrio

El Sistema Unificado de Compra de Medicamentos y Bienes Estratégicos para el Sector Salud no convence a los principales actores del sector privado.

El Comité Empresarial Ecuatoriano, que también agrupa a las asociaciones de laboratorios farmacéuticos, los importadores y distribuidores de insumos médicos y los proveedores de medicina prepagada, pide al Gobierno reformas urgentes a su plan de compra de insumos médicos.

La creación de este sistema fue la respuesta del presidente Lenin Moreno ante el fracaso del esquema de compras de medicamentos en el país, permeado por negociados y corrupción, que investiga la Fiscalía.

La pandemia del Covid-19 encontró al país con bodegas vacías en los hospitales, contratos a proveedores no calificados y  compras con sobreprecios en todo tipo de productos.

En mayo pasado, el Ejecutivo emitió el Decreto 1033, donde se establece la licitación corporativa de medicamentos, eliminando la potestad para que cada hospital o centro realice las contrataciones.

El objetivo, dijo la directora del Servicio de Compras Públicas, Silvana Vallejo, es ahorrar 400 millones de dólares para el Estado.

Sin embargo, el Comité estima que se requieren cambios urgentes al decreto. La primera alerta se hizo pública el primero de junio pasado. El ente envió una carta, firmada por su director, Roberto Aspiazu, al presidente Moreno y sus ministros.

En la misiva los empresarios indicaron que el tema era delicado y urgente.  Primero, porque no se tomaba en cuenta la realidad mundial del mercado farmacéutico y de dispositivos médicos, afectado por la crisis del coronavirus.

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“Nos preocupa que ante los cortos tiempos que se aspira en implementar este nuevo modelo de gestión, se imponga un sistema para el cual no todos los actores, tanto públicos como privados, que intervenimos en el proceso estemos preparados”.

Comité Empresarial

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Ocho días después los representantes del Comité se reunieron con autoridades del gobierno para exponerles sus propuestas, pero los días siguientes no tuvieron respuesta.

Por eso, el 16 de junio enviaron otra comunicación al presidente Moreno insisténdole en que considere los cambios planteados. Por ejemplo, para evitar que la figura de “licitación corporativa”, creada en su decreto, sea usada solo en las operaciones logísticas, y que se contemple  la  posibilidad de comprar bienes y servicios para el sistema de salud estatal.

También recalcaron la necisidad de eliminar la entrega de contratos a un solo proveedor como ha ocurrido sistemáticamente en la pandemia. Este portal precisamente denunció que el Ministerio de Salud dio un contrato de más de 4 millones de dólares a Pedro Chicaiza, como persona natural, para la dotación de mascarillas. Eso pese a que no contaba con permisos para comercializar ese tipo de insumos.

Ese contrato fue anulado por mutuo acuerdo y el sistema de salud no recibió más de cinco millones de mascarillas. La Cartera de Estado tuvo que ejecutar otro contrato sobre la marcha para suplir la demanda del personal sanitario.

En su carta, los empresarios proponen al Gobierno que replique las experiencias del sector privado de Argentina y Brasil, que tienen un sistema digital que monitorea cada medicamento e insumo que llega a los hospitales. La idea es gestionar una guía de identificación de medicamentos, que a través de un código de barras siga la presencia, uso y entrega de los insumos.

Para los proveedores privados es importante que cada hospital se encargue de generar esta guía y  de los procesos para adquirir productos. Ese es el punto más crítico de la propuesta, porque el presidente Moreno cuestionó el sistema anterior, que daba esa potestad a cada centro.

Asedim pide fortalecer la transparencia

Para la directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Insumos Médicos (Asedim), Cristina Murgueitio, la posibilidad de que cada hospital gestione sus recursos no era mala, pero en el pasado fue “defectuosa por la falta de control y de transparencia”. Por eso, añadió, «nuestras propuestas buscan reforzar la transparencia y el control de las contrataciones de insumos médicos, siguiendo todas las normativas vigentes».

Adicionalmente, el Comité pidió al Gobierno que aplique un proyecto piloto bajo este sistema por dos años, que incluya a los 30 medicamentos que mayores complicaciones hayan registrado en la red pública (falsificados, robados, etc.).

“En esta etapa se deberá tomar en cuenta la necesidad de acondicionar etiquetas a nivel local,  así como la entidad que deberá,  bajo los protocolos más estrictos de seguridad, ser el custodio de la base de datos del sistema”, se explicó en la carta.

Otro punto fundamental es -según los empresarios- que solamente los proveedores que cuenten con todos los permisos y razón social sean contratados. En los últimos dos años se detectó que 433 proveedores no cumplían con las normas establecidas por la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA.

Entre ellos existían bufetes de abogados, de contadores, papelerías, ferreterías y de venta de comida recibieron contratos en hospitales públicos.

“Se debe exigir los permisos de funcionamiento y certificación de Buenas Prácticas de  Manufactura o de Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte, así como también un Registro Único de Contribuyentes (RUC), habilitado para el giro de negocio”.

Finalmente, recomendaron la creación de un comité interinstitucional para la coordinación entre entidades de la red pública. Este  organismo sería liderado por el Ministerio de Salud, con la participación del Servicio de Compras Públicas como vigilante de los procesos.

Dos de los sentenciados por la muerte de Michelle Cobo, tras una cirugía estética, anunciaron que llevarán su caso ante la Corte Constitucional, una vez que su condena fue ratificada en última instancia. Cuando era titular del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García emitió un pronunciamiento contra el fallo. Para los implicados, éste es un argumento para elevar su caso a los jueces constitucionales. Gabriel Cobo, padre de Michelle, estima que García debería abstenerse de hacer pronunciamientos sobre fallos que subirán a ese alto tribunal, en cuyo proceso de selección él participó. El ex presidente del gremio también es cuestionado por su supuesta interferencia en otro caso de mala práctica, denunciado por Carlos Iglesias y su familia (foto principal). García rechaza las críticas e insiste en que la gerente de la clínica no podía ser condenada.

 Redacción Código Vidrio

La familia Cobo Vallejo está preocupada. Desconfía del desenlace del juicio penal contra los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado, y la gerente de la clínica San Gabriel, María Muñoz, quienes fueron sentenciados por la muerte de Michelle Cobo tras una operación estética. 

Este lunes 15 de junio, los ministros de la Corte Nacional Iván Saquicela, Wilman Terán Carrillo (encargado) e Iván León, confirmaron en última y definitiva instancia la condena contra los médicos estéticos y contra la gerente de la clínica donde se realizó la operación, a un año de prisión. Y dispusieron que el tribunal de primera instancia ejecute el fallo y disponga las capturas de los implicados, quienes tenían medidas sustitutivas.

El primer pronunciamiento de la Corte Nacional en este caso fue en diciembre pasado. Esa ocasión expidieron la sentencia contra los tres implicados, pero ésta no se ejecutorió en vista de que sus abogados presentaron pedidos de aclaración.

Un mes después, el 24 de enero, Ramiro García, entonces presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, se pronunció públicamente y difundió un comunicado de la entidad, cuestionando duramente el fallo judicial. También divulgó el pronunciamiento a nombre del Colegio en su cuenta en Twitter.

El documento dice en su encabezado:
Pronunciamiento Colegio de Abogados de Pichincha ¿Puede un abogado ser condenado por mala práctica médica?

“Un profesional, entre ellos un abogado, por sus actividades de representación legal en una casa de salud, no podría causar la muerte de una persona por mala práctica profesional, pues la representación legal no es una profesión”, escribió García en el documento.

Y agregó: el fallo es un “absurdo jurídico que atenta contra los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia, legalidad y el estado constitucional de derechos”.

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Por lo cual -añadió- “existió un error de subsunción (acción de encuadrar los hechos en los supuestos previstos por la norma jurídica), que debería ser corregido para evitar que se repita en el futuro”.

La sentencia contra los médicos y la gerente fue ratificada por los jueces en tres instancias judiciales. Todos coincidieron. Durante el proceso se evidenció que la clínica no contaba con los equipos médicos y profesionales adecuados, ni tenía permisos de Salud para ese tipo de intervenciones, lo cual era responsabilidad de su gerente. Determinó, además, que en la clínica no se podían realizar este tipo de cirugías, ya que solo tenía un certificado de hospital básico. Y que la joven entró en “perfecto estado de salud”, antes de ser operada en julio de 2016

Los jueces concluyeron que “el edema pulmonar que afectó a Cobo se debió a la contaminación sistémica producida por estreptococo (bacteria), luego de la operación”.

Entrevistado por este portal en marzo pasado, cuando aún era presidente del Colegio, García dijo que le parecía “aterrador” que a un agremiado (abogado) se le sancione por “mala práctica médica”, aunque el delito tipificado es de mala práctica profesional.

Para el abogado, su pronunciamiento no es una injerencia ni una presión indirecta sobre la deliberación de los jueces. No obstante, anticipó que estará pendiente del desarrollo del caso, sobre todo en la Corte Constitucional, donde se puede presentar un recurso exraordinario de protección.

Sentenciados se defenderán con pronunciamiento de García

El comunicado del Colegio de Abogados es citado por dos de los sentenciados como un argumento para su defensa en el recurso que plantearán, por una supuesta vulneración de sus derechos, en la Corte Constitucional.

Pablo Encalada, abogado de la gerente de la clínica, coincide con García, “porque María Muñoz es abogada y no médico”. Toscano también destacó el pronunciamiento de García, pues es fundamental para “evidenciar las irregularidades que existieron en el juicio”.

Para Gabriel Cobo, padre de Michelle, García debería abstenerse de hacer pronunciamientos sobre casos que serán conocidos por la Corte Constitucional, pues él fue parte, con otros juristas, de la comisión calificadora que seleccionó en 2018 a sus nueve jueces, al igual que a los ministros de la Corte Nacional.

Desde su nombramiento, los magistrados constitucionales han sido reconocidos por sus fallos ceñidos al derecho y la Constitución.

Cobo destaca, además, que García usó el nombre del Colegio para divulgar el comunicado, sin contar con la aprobación ni conocimiento del Directorio. En enero pasado presentó un pedido escrito para que esa entidad certificara las actas del directorio donde se aprobó que su entonces presidente difundiera ese pronunciamiento. Han pasado seis meses y la entidad aún no responde su solicitud.

Consultado por Código Vidrio, Ángel Orna, actual presidente del gremio de Abogados, confirmó que el pronunciamiento sobre la sentencia por la muerte de Cobo no fue tratado ni conocido por el Directorio.

García reconoció que el comunicado fue su iniciativa como representante legal del organismo, pero que luego informó al directorio, que “estuvo de acuerdo”.

Duro crítico del correísmo, el subdecano de la facultad de Derecho de la Universidad Central no ha dudado en opinar en redes sobre distintos casos judiciales en marcha, y defender las reformas impulsadas por el Gobierno, que precisamente lo nombró como uno de sus representantes en las comisiones calificadoras, integradas por el Consejo transitorio de Participación.

García dejó la Presidencia del Colegio de Abogados hace pocas semanas, para dedicarse -según anunció-  a la cátedra universitaria, aunque su período prácticamente había concluido y están en suspenso las elecciones para escoger al nuevo directorio, aplazadas por la pandemia.

Críticas por manejo de fondos en el Colegio

García es cuestionado por el también abogado José Alomía, candidato a presidir el Colegio.

El jurista dijo que no es extraño que García “haya usado el nombre del Colegio para su beneficio”, pues usualmente cabildea para favorecer sus litigios. Por eso estima indispensable realizar una auditoría de su gestión, pues “manejó buena parte de los fondos del Colegio en gastos onerosos en restaurantes, pasajes nacionales e internacionales, para traer conferencistas extranjeros”.

Alomía ha presidido en dos ocasiones el Colegio, entre 2012 y 2016.

García negó haber utilizado al Colegio para su beneficio. “Las únicas cuentas de comida que se ha pagado con dineros de la institución, han sido aquellas que se ha solicitado para las reuniones de Directorio cuando se convocó o cuando hemos tenido invitados internacionales, que han venido a los eventos académicos organizados por la institución. De hecho, en los últimos dos años inclusive esos rubros han sido solventados con mi dinero”.

En cuanto a los viajes, dijo que con recursos del Colegio se cubrieron pasajes nacionales de cuatro viajes para reuniones de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. “Muchas otras reuniones o eventos académicos a los que he asistido en representación del Colegio, los he cubierto con mis recursos o porque he sido invitado por los organizadores”.

En el caso de los traslados internacionales, “el  único evento en que se ha emitido un pasaje en mi favor es la reunión que se celebró por parte de la Federación Interamericana de Abogados en Panamá, en 2016. (…). El cargo de Presidente del Colegio es honorario y no recibe pago de ninguna clase. La caja chica no la he manejado jamás, sino el contador de la institución”.

Denuncian interferencia en otro caso

Antes del caso de Michelle Cobo, el entonces titular del Colegio de Abogados también intervino en otro juicio, que involucra a médicos y representantes de una casa de salud.

Se trató de una demanda por daño moral que Carlos Iglesias impulsó contra autoridades de la Clínica Internacional, de Ecuasanitas y los médicos que supuestamente dieron “un mal tratamiento médico a su hijo Carlos”.

El  30 de septiembre de 2011, Carlos Andrés Iglesias, de nueve años, ingresó a la Clínica Internacional con un diagnosticó de Hepatitis B., por lo cual fue transferido a la especialista en gastroenterología para tratarlo.

Al llegar a este centro su cuadro se agravó, por lo cual fue ingresado en unidad de Terapia Intensiva. La crisis comenzó, según su padre, cuando allí recibió un diagnóstico equivocado y el tratamiento consecuente lo puso en serio riesgo.

El niño fue sometido a punciones, drenajes y al corte de su papila digestiva, sin éxito, por lo cual su condición empeoró. Sus padres decidieron pedir un concilio médico para determinar la gravedad de su cuadro. 

Los médicos que lo trataban fueron reemplazados. Entonces, el cirujano pediatra Patricio Vargas estableció con precisión el diagnóstico: “quiste de colédoco”, luego de lo cual se estabilizó y se recuperó, aunque tuvo secuelas, especialmente a nivel emocional.

El Ministerio de  Salud Pública inició un proceso especial sanitario en contra de los médicos Graciela Maggi  y Hayek Tohme, quienes realizaron los primeros chequeos al niño. Ambos recibieron una sanción de 20 salarios básicos unificados, prevista en la ley de Salud vigente en el 2013.

Maggi y Tohme rechazaron la decisión de Salud. Tohme sostuvo, en las cortes, que la sanción fue ilegal. “Yo no he irrogado daño alguno a Carlos Andrés Iglesias; por el contrario siguiendo todos los protocolos he realizado el mayor esfuerzo profesional y técnico para brindarle la debida asistencia médica que todo paciente requiere (…)”. Mientras que la pediatra dijo que fue sancionada, pese a que ella solo transfirió el pequeño.

Iglesias llevó su demanda a los tribunales de justicia. “Como familia nos han cambiado, mi esposa tuvo que renunciar para cuidar a nuestro único hijo. Nos ha unido, pero ha sido un cambio drástico para nosotros”.

Los abogados de los demandados aseguraron en las cortes que como personas jurídicas nunca tuvieron una participación en los hechos ni existe ningún nexo causal para hacerlos responsables.

Por eso, Luis Granja, director Médico de Clínica Internacional, recalcó que en ningún momento  atendió al niño, pues sus funciones eran administrativas.

El juicio tiene seis años y  aún está en trámite.  El 2016, el Colegio de Abogados de Pichincha, presidido por García, presentó una queja en el Consejo de la Judicatura en contra del perito que había descubierto una presunta manipulación y destrucción de evidencias. 

“García utilizó su poder como presidente del Colegio de Abogados y con manipulaciones logró que el Consejo de la Judicatura descalificara como perito a Ramiro Arévalo. Lo que no logró es que se dejaran sin efecto sus informes periciales”, recalcó Iglesias.

Por eso, él asegura que hubo injerencia de García para favorecer a los acusados. Su sospecha se fundamenta en que la queja que planteó el Colegio se refiere textualmente a la denuncia presentada “por un profesional asociado a nuestra institución, el Dr. Danilo Maggi”.

La Judicatura llevó el caso del perito Arévalo hasta la Fiscalía. En la investigación del Ministerio Público se verificó que sus documentos eran sólidos y que fue separado ilegalmente.

García negó que hubiera presentado una demanda contra el perito Arévalo. Tampoco se refirió a la denuncia del abogado Maggi. Dijo que la queja fue presentada por el gerente de Ecuasanitas, quien denunció por escrito ante el Colegio de Abogados que había casos, como el del perito Arévalo, en que actuaban con acreditaciones falsas, certificando su supuesta experticia.

Enfatizó que la Judicatura determinó los presuntos títulos falsos. “Como Colegio de Abogados, una de nuestras preocupaciones constantes ha sido el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Habríamos faltado a nuestras obligaciones si no hubiéramos puesto esta denuncia en conocimiento del órgano competente”.

García negó su injerencia y puntualizó que para remitir a una entidad pública una denuncia presentada en el Colegio no requería la autorización del Directorio. Es decir, que en este caso tampoco existió una decisión colegiada.

La demanda de Iglesias por daño moral estuvo paralizada desde diciembre del año pasado. Hace dos semanas, presentó un escrito para reactivar el proceso, que tuvo respuesta el 20 de mayo, en la Corte de Pichincha, que confirmó haber recibido la notificación.

Ayer lunes, 15 de junio, los magistrados Iván Saquicela, Iván León y Wilman Terán ratificaron la condena en última y definitiva instancia contra los doctores Patricio Toscano y Carlos Hurtado y la gerente de la clínica María Muñoz, por mala práctica profesional, que causó la muerte de Michelle Cobo. Dispusieron que se envíe el juicio al tribunal penal para que aplique el fallo, extienda las boletas y ejecute las órdenes de prisión, en las próximas 48 horas. 

Redacción Código Vidrio

El juicio penal por la muerte de Michelle Cobo llegó a su final. Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazaron los pedidos de aclaración presentados en diciembre pasado y confirmaron la sentencia contra los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado y la gerente de la clínica San Gabriel, María Muñoz.

Este lunes 15 de junio, los magistrados Iván Saquicela, Iván León y Wilman Terán ratificaron la condena en última y definitiva instancia y remiteron el proceso al tribunal penal para que extienda las boletas y ejecute las órdenes de prisión, en las próximas 48 horas.

Toscano y Hurtado deberán cumplir una pena de ses años y ocho meses, y Muñoz de tres años. Esta es la sanción más severa que establece el Código Penal para esta infracción. Fue impuesta porque los dos médicos son reincidentes. En 2018 fueron condenados a ocho meses de prisión por homicidio culposo, por la muerte de Yadira Cáceres, en 2015, durante una cirugía estética. Ella tenía 39 años y había procreado una niña, que quedó al cuidado de su padre.

Sobre el fallo dictado ayer no cabe otro recurso judicial.

En diciembre pasado, la Sala había negado el recurso de casación, confirmando la sentencia que, sin embargo, no se pudo aplicar porque los sentenciados pidieron su aclaración.

Los jueces tardaron seis meses en responder este último recurso: establecieron que la condena no ameritaba ninguna aclaración. Además, corrigieron errores formales en la redacción del nombre de María Muñoz, que habían sido advertidos por la parte acusadora.

El domingo, Código Vidrio divulgó que pese a haber recibido dos sentencias por mala práctica profesional por las muertes de Cobo y Muñoz, la clínica Steticus ha seguido promocionando los servicios de cirugías estéticas de Toscano y Hurtado https://www.codigovidrio.com/code/cirujano-sentenciado-quiere-volver-al-negocio-estetico/.

Pablo Encalada, abogado de María Muñoz, dijo que llevarán el caso a la Corte Constitucional, para revertir supuestas violaciones a los derechos de su clienta, que es abogada de profesión y no podía ser sancionada por mala práctica médica. No obstante, el delito juzgado es de mala práctica profesional.

Por su parte, Toscano, antes de conocer esta decisión,  también anunció que acudirá a la Corte Constitucional y de ser el caso a las cortes internacionales.

Gabriel Cobo dijo que la decisión de la Corte sienta un importante precedente y es el resultado de años de lucha constante en los tribunales, en medio del dolor por la trágica partida de su hija. “Este fallo es una señal clara para algunos médicos que sólo ven en las cirugías estéticas un gran negocio”.

Él duda que la Corte Constitucional acepte el pedido de revisión de los sentenciados, pues todos los jueces que conocieron el proceso coincidieron en que hubo una mala práctica y negligencia de los galenos y la gerente de la clínica. “Sería una infamia luego de las decisiones del Tribunal Penal, de la Corte Provincial y de la Corte Nacional”.

En la clínica Steticus, aún promocionan al médico Patricio Toscano como un exitoso cirujano plástico, experto en rinoplastias y lipoesculturas. Difunden sus servicios, aunque desde el 2015 Toscano enfrenta dos juicios en los que fue sentenciado por mala práctica profesional, que desencadenó la muerte de Michelle Cobo y Yadira Cáceres. Hasta el 2019 se presentaron 577 denuncias de homicidio contra galenos.

Redacción Código Vidrio

Su nombre ha sido sinónimo de éxito en las redes sociales y en algunos medios. Patricio Toscano, de 57 años, se había gando la fama de un respetado médico cirujano ecuatoriano, presidente y accionista mayoritario de la Clínica Steticus, fundada en 1997.

Obtener una cita con él no es fácil. Tiene un récord del cual se enorgullece de 25.000 operaciones con su equipo médico y otras miles de intervenciones en Operación Sonrisa.

Su agenda, hasta antes de la pandemia, estaba copada, por la gran demanda de consultas, como constatamos al requerir una cita en la clínica por teléfono, en marzo pasado.

La secretaria pidió que volviéramos a llamar luego de la emergencia sanitaria, para que Toscano hiciera una revisión médica del paciente que quería practicarse una cirugía en ese centro, pese a que ya fue retirado del registro público de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS).

Michelle hacía voluntariado con los “niños de cristal”

Los ojos negros de Michelle Cobo se apagaron. En 2016 tenía 20 años, estudiaba psicología en la universidad; le gustaba el canto. Incluso grabó un CD con cinco melodías, que reflejan su profunda espiritualidad cristiana.

Todas las semanas compartía su alegría juvenil con los más necesitados: los “niños de cristal” (trastorno genético por fragilidad en los huesos) eran sus consentidos, porque sus delicados cuerpos necesitan más cariño.

A medio año, Michelle se preocupó por un pequeño lipoma que apareció en su torso. Su padre Gabriel y su madre María Soledad la llevaron a un oncólogo para prevenir cualquier riesgo de un tumor. Las pruebas determinaron que era una inofensiva acumulación de grasa.

En agosto del 2016 la familia tenía previsto viajar a Estados Unidos para unas vacaciones. Pero Michelle quería que antes le retiraran el lipoma y que se le practicara una lipoescultura.

Con su madre acudieron a un médico conocido: Patricio Toscano, quien un año antes le había practicado una rinoplastia. En entrevista con este portal, el doctor dijo que tenía una relación amistosa con la familia, y que antes había operado a otros parientes de la joven.

El galeno recibió a Michelle y su madre en su consultorio. Les aseguró que no habría problemas en la cirugía, solo habría un cambio: la intervención ya no sería en Steticus sino en la clínica San Gabriel.

Ese cambio, de último momento, preocupó al padre, que estaba intranquilo porque la operación fue programada 15 días antes de su viaje, lo cual le daba poco tiempo para su recuperación.

También estaba preocupado porque el doctor no puso reparos al peso de su hija, de un poco más de 100 libras.

El vienes 15 de julio, ella ingresó al quirófano y luego de la operación sufrió un primer ataque cardíaco, que superó.

A las 10 de la mañana, Gabriel Cobo recibió una llamada de su esposa, quien desesperadamente le pedía que fuera a la clínica, pues su hija estaba grave.

Apresurado, abandonó su trabajo y se dirigió a la clínica. Su hija luchaba por sobrevivir. Su estado se complicaba minuto a minuto, pues en ese centro no tenían una sala de terapia intensiva para atenderla ante ese tipo de complicaciones.

El tiempo apremiaba. Intentaron en vano llevarla al Hospital Metropolitano, que estaba más cerca. Tres horas después (a las 13:00) la Novaclínica aceptó admitirla.

Los primeros exámenes revelaron la gravedad del cuadro. Michelle tenían 28.500 leucocitos por microlitro, que un par de horas llegaron a 29.000.

Los leucocitos son las células de la sangre que defienden al organismo de cualquier infección. Normalmente una persona tiene 5.000 leucocitos.

Amanecía. El 16 de julio, a las 06:45, Michelle murió por una septicemia (infección generalizada).

Abatidos por el dolor, sus familiares trataban de encontrar una explicación al súbito desenlace, en medio del secretismo de los médicos.

Con los meses, empezaron a tener más pruebas sobre las causas de la muerte y los antecedentes desconocidos de Toscano.

Entonces supieron que, precisamente, días antes de operar a Michelle, Toscano y dos médicos de su equipo habían sido sentenciados por homicidio culposo a ocho meses de prisión, por una cirugía de lipoescultura, practicada un año antes a Yadira Cáceres, de 39 años.

Ella había fallecido por una hemorragia y paro cardiorrespiratorio.

Toscano era la cabeza visible

La familia de Michelle también se enteró que Toscano no la operó, sino su colega Carlos Hurtado, quien no la había examinado antes.

Ese precisamente fue el principal argumento de defensa de Toscano, quien en su descargo aseguró que no estuvo en la sala de operaciones.

No obstante, su ausencia, precisamente, atenta contra la relación paciente-médico: el paciente confía en el galeno que la examina, a quien contrató para una intervención.

Toscano defendía fervientemente esa relación paciente-médico en redes sociales, cuando se debatían las sanciones a la mala práctica profesional en el Código Integral Penal del 2014.

“La ley de mala práctica médica va a destruir la relación médico-paciente como ha sucedido en otros países. Esta relación cura al paciente”, escribía en en Twitter.

En el equipo de cirugía había personas sin especialización, que es un requisito obligatorio en el Código de Salud. Una de las asistentes no tenía título universitario.

La fiscal Verónica Murgueytio con las pruebas recabadas evidenció que en la cirugía de Michelle se violaron varios procedimientos. El primero: la joven y su familia confiaron en que el médico que la operaría sería Toscano; no Hurtado.

Por eso, las firmas de consentimiento entre la paciente y el médico no se hicieron al mismo tiempo. Hurtado las firmó cuando se enteró que iba a ser investigado.

Además, antes de la cirugía nadie revisó el equipo médico ni de los instrumentos esterilizados. Por eso, la fiscal señaló la responsabilidad de la clínica, ya que no contaba con los permisos para una cirugía especializada.

Carlos Pazmiño, abogado de Hurtado, en sus alegatos dijo que no existía un nexo causal directo para aseverar que su cliente tuvo responsabilidad en la muerte.

Alquiler de quirófanos sin suficientes equipos

Durante la investigación, también se supo que la clínica San Gabriel alquilaba su sala de operaciones a médicos externos, sin contar con los equipos necesarios, en caso de una emergencia, que requiriera terapia intensiva.

El alquiler de quirófanos es una práctica que no está prohibida y es común el país.

El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, explica que hay dos tipos de atención en las clínicas privadas.

Unas, abiertas en las que los médicos usan sus instalaciones para realizar cirugías con un acuerdo previo, y otras, cerradas, con acceso solo a sus socios.

En el primer caso, Álvarez aclara que es responsabilidad de los representantes legales de las clínicas contar con las instalaciones y equipamientos adecuados para una operación.

También se comprobó que mientras Michelle era intervenida, otro quirófano era usado para colocarle implantes mamarios a otra paciente.

Precisamente, ese 16 de julio las operaciones estéticas estaban planificadas en seguidilla, una tras otra, en el tiempo justo, como una línea de fábrica.

El organismo de Michelle fue tomado por la bacteria conocida como “come carne”, la más letal de los estreptococos.

Cuando entró en shock, la paciente no pudo ser atendida en la clínica, que no contaba con sala de cuidados intensivos.

Clínica no tenía permisos para operaciones

En el juicio se probó que el centro tampoco tenía los permisos para practicar ese tipo de operaciones.

Por eso, la demanda judicial también fue contra la representante legal de la Clínica, María Eugenia Muñoz.

Su abogado, Pablo Encalada, dijo que existía una ilegalidad al acusar a su cliente con el artículo 146 del Código Penal, preconcebido para los médicos.

Además sostuvo que la clínica sí tenía los permisos necesarios para cirugías en sus instalaciones y que no se conoce con certeza que Michelle hubiera sido contagiada con la mortal bacteria. Ésta también es la tesis de Toscano, quien sostuvo que en ese centro realizaban intervenciones gástricas y ginecológicas.

Dos años después, tras acopiar evidencias y analizar detenidamente lo ocurrido, Toscano y su colega fueron llevados a juicio. El 3 de julio de 2018, se celebró la audicencia de juzgamiento, la Fiscalía se aprestaba a acusar a Toscano y Hurtado por homicido culposo

No era la primera ocasión que Toscano y Hurtado acudían a la sala de audiencias en la Corte Provincial de Pichincha, donde casi siempre salían victoriosos.

Ese día, la diligencia estaba a punto de suspenderse por pedido de los abogados de los galenos.

Toscano se veía despreocupado, confiado. Jugaba con el pañuelo que llevaba en la solapa de su traje.

Repentinamente, a la sala ingresó Andrés Paz, acompañado por dos policías que detuvieron a Toscano y Hurtado, para que cumplieran la sentencia por la muerte de Yadira Cáceres, ocurrida tres años antes.

Una sopresa trágica

Yadira buscaba darle una sorpresa a su esposo Andrés Paz. Corría el año 2015.

Alentada por consejos de algunas amigas, quiso mejorar su figura con una liposucción. Como de costumbre, la clínica de Toscano ofrecía una promoción: dos operaciones por el precio de una.

Su hermana Cristina le acompañó a sus primeras citas, donde fueron recibidas por el propio Toscano, quien confirmó que la primera cita fue en marzo de ese año y que solo regresó a la clínica en julio para la operación.

Yadira pasó todos los exámenes de rutina para someterse a la operación, pero decidió que era mejor no contarle sobre la intervención a su esposo.

La operación se programó para el 16 de julio del 2015, a las 10:00. Un día antes, las dos hermanas almorzaron. En ese momento Yadira recibió la llamada de la clínica para informarle que su operación se había adelantado para las 07:00. Su hermana no la podía acompañar y buscaron a su amiga Karina para que fueran juntas a la casa de salud.

La mañana del 16 de julio del 2015, Yadira, de 39 años, entró al quirófano. Su esposo Andrés no sabía nada, él salió desde su casa sin conocer que ella iba a entrar al quirófano.

Alrededor de las 10:00, sonó su celular, era Karina, la amiga de su cónyuge, quien le pedía que acudiera de urgencia a la clínica, pues Yadira habría sufrido un “accidente”.

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Los accionistas y administradores de la Clínica Steticus, que funciona en Quito

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Andrés Paz entró al centro estético y le dijeron que su esposa había muerto. No sabía lo que pasaba y miró a su cuñada Cristina, que estaba demolida. Ella llegó primero a Steticus y se encontró personalmente con el doctor Toscano, quien supuestamente le dijo: “yo no estuve en la cirugía, verás que yo no estuve ahí”. Su respuesta, que consta en el proceso penal, dice “él (Toscano) le ofreció a su hermana que iba a estar en la cirugía”. Andrés no sabía qué hacer…

Sintió que el mundo se le venía encima. No sabía cómo contarle a su hija Andrea, que tenía 9 años, que nunca más volvería a ver a su madre.

Se puso en contacto con su abogado y junto con varios policías acudieron a la clínica de Toscano, donde retiraron los videos de la operación y los partes médicos, que luego serían evidencias fundamentales en el juicio.

Los médicos que entraron al quirófano con Yadira Cáceres fueron Carlos Hurtado y Ricardo Cevallos, amigos y socios de Toscano. Solo Hurtado tenía un título de cuarto nivel de cirujano plástico. Cevallos no tenía esa especialidad, mientras Toscano dice que legalizó su formación de cuarto nivel, en 2018. Ocho años antes obtuvo una certificación de “Maestro en Cirugía estética”, en México.

Según la ley, para este tipo de intervenciones se requiere la especialización de cirujano plástico, no una especialización cosmética. Es decir que cuando se realizó la intervención no tenía título de cirujano.

Antonio Toro, amigo de Paz, que lo acompañó durante el juicio, aseguró que todo lo que ocurrió en el quirófano evidencia la negligencia que provocó la muerte de la paciente.

Los médicos jugaban en plena cirugía

En un video que tienen en su poder se observa a Hurtado y Cevallos, jugando y bromeando, durante la cirugía. Por eso, no se percataron cuando una de las cánulas (un tubo plástico usado para evacuar o introducir líquidos en el cuerpo) se llenaba de sangre.

Según un peritaje realizado en el juicio, la cánula perforó cinco centímetros el hígado de Yadira; una lesión fatal que le causó la muerte en la mesa de operaciones.

Toscano asegura que el video prueba que no estuvo en la operación. “Solo entré al quirófano pocos minutos para verificar como iba la paciente”.

Paz enjuició a Toscano, Hurtado y Cevallos. El proceso fue tortuoso. Cuatro meses después, perdió a su madre. Luego su socio lo traicionó y le obligó a liquidar la empresa que había levantado desde su juventud.

Muchas ocasiones pensó en quitarse la vida o hacer justicia con sus manos, porque Toscano parecía intocable.

Debió asumir cuantiosos gastos, que lo llevaron por los sinuosos laberintos de corrupción de los operadores de justicia, que le exigían pagos por todo tipo de trámites, que van desde el transporte para los policías, peritos u otros delegados, gastos de las fotocopias de documentos…

Estima que gastó unos 90 mil dólares en el proceso, sumado a las cientos de horas que dedicó para agilizar personalmente las acciones judiciales.

También afrontó el hostigamiento de los abogados de Toscano, que trataban de llegar a un acuerdo extrajudicial. Le ofrecieron un departamento en el edificio del Centro Comercial Naciones Unidas, pero no aceptó. Luego le propusieron entregarle otro departamento en el sector del Quito Tennis, un barrio exclusivo de la capital, y, por último, 120 mil dólares, que serían cancelados en varias cuotas.

Toscano ratificó que solo trataban de obtener un acuerdo amistoso con él, lo cual fue una inciativa de sus colegas.

Pero para Paz la muerte de su esposa no era negociable ni tenía un precio. Su único propósito era que los responsables fueran condenados. Los jueces condenaron a Toscano y Hurtado. Cevallos murió meses antes, por una fuga de gas en su domicilio.

Toscano y Hurtado fueron encarcelados, pero solo cumplieron ocho meses en prisión. Salieron en libertad y siguieron realizando cirugías estéticas, hasta marzo del año pasado, según Toscano, cuando se oficializó su suspensión.

En ese mismo mes, pidió la revisión del fallo de la Corte, que aún no se resuelve.

Esa sentencia fue la primera por mala práctica profesional, bajo las normas del Código Integral Penal, aprobado en 2014.

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Hasta el 2019 se presentaron 577 denuncias de homicidio culposo por mala práctica profesional en general. Pero, a la Función Judicial solo ingresaron 68 casos. La mayoría está en indagación, uno de los principales problemas es la falta de peritos especializados para llevar los casos.

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Luego de salir de prisión, Toscano siguió en su negocio de cirugías estéticas. En la Superintendencia de Compañías aparece como el socio mayoritario de Steticus y de una importadora.

En este período precisamente ocurrió la operación y muerte de Michelle Cobo, que Toscano y sus colegas también trataron de arreglar económicamente con su familia.

Gabriel Cobo recordó que recibió una propuesta para desistir del juicio a cambio de una tentadora compensación económica. Pero tampoco aceptó el arreglo.

Avanzó con el juicio, agobiado por el sufrimiento de la pérdida de su primera hija, que sumió a su familia en depresión y ansiedad. “Vivimos con ese vacío, con ese dolor indescriptible, solo esperamos que se haga justicia”, dice Cobo, quien es abogado y notario.

Para él, la muerte de su hija le obligó a adentrarse en el lado sombrío de las cirugías estéticas, “que es una mina de oro para algunos médicos inescrupulosos, que operan sin ningún control de las autoridades de salud”.

“Solo busco que la muerte de mi hija no sea en vano, quiero evitar, en lo posible, que otras familias sufran el infierno que hemos vivido”.

Durante el proceso se evidenció que la clínica no contaba con los equipos médicos y profesionales adecuados. «Por eso también se demandó a la gerente de la clínica”, dijo José Molina, abogado de Cobo.

En la legislación ecuatoriana no se contempla el delito de mala práctica médica, sino el de mala práctica profesional. “Como gerente, no podía permitir que se practique una cirugía electiva de la forma en que se hizo, que no tenía la autorización del Ministerio de Salud, sin profesionales. Imposible».

Pablo Encalada, abogado de María Muñoz, representante legal de la Clínica, dijo que ella recibió injustamente el coletazo de la demanda contra Toscano y Hurtado.

Seis años de prisión por reincidentes

En febrero de 2019, el tribunal penal de Pichincha confirmó que “el edema pulmonar que afectó a Michelle Cobo se debió a la contaminación sistémica producida por estreptococo, luego de la operación”.

El Tribunal destacó que en la clínica no se podían realizar este tipo de cirugías, ya que solo tenía un certificado de hospital básico. Y que la joven entró en “perfecto estado de salud”, antes de ser operada.

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Las autoridades judiciales embargaron algunos bienes de los médicos sentenciados en Quito

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Los jueces Henry Cáliz, Leonardo Barriga y Patricio Vaca sentenciaron a seis años y ocho meses de cárcel a Toscano, Carlos Hurtado y Edwin Cevallos, a quienes impusieron un año de suspensión del ejercicio profesional. También condenaron a tres años de cárcel a Muñoz y dispusieron el cierre de la clínica.

El fallo de los jueces fue confirmado en las dos instancias superiores y llegó a la Corte Nacional de Justicia. Los ministros Iván Saquicela, Wilman Terán Carrillo (encargado), y Dilza Muñoz negaron el recurso de casación de los condenados, en diciembre del año pasado.

Han pasado seis meses, pero el pronunciamiento de la Corte Nacional aún no está en firme. En la redacción de la resolución se escribió incorrectamente el nombre de la gerente; se puso María Verónica en lugar de María Eugenia.

El error fue advertido por las partes que pidieron que fuera corregido. El reponsable de enmendar es Saquicela, quien fue uno de los jueces que sentenció el caso sobornos donde está acusado el ex presidente Rafael Correa, pero hasta el momento no lo ha hecho.

Molina ha presentado cinco pedidos para que cambien el nombre, sin ninguna respuesta.

La demora preocupa a Cobo porque desde entonces “nuevos y poderosos actores judiciales entraron en el caso, a través de otros abogados, para trabajar a favor de uno de los sentenciados”.

Mientras tanto, las autoridades judiciales embargaron los bienes de los sentenciados. Fueron notificados de esa resolución en sus casas, negocios y clínicas, que, son embargo, aún están abiertas, a pesar de las sentencias.

“Seguiremos trabajando”

En Steticus y su compañía importadora, Toscano invirtió seis millones de dólares. Las dos empresas, según la Superintendencia de Compañías, entraron en liquidación desde septiembre pasado.

“Tuvimos que vender a precio de gallina enferma la clínica, con todos sus aparatos. Por eso se inició la liquidación, pero seguiremos trabajando como un grupo de médicos”, afirma Toscano, convencido de su reputación de hábil cirujano.

Lo entrevistamos el jueves 11 de junio en la clínica, un lujoso edificio al norte de Quito, en la Eloy Alfaro y Portugal.

Vestía informalmente. No admitió ninguna responsabilidad. Insistía en que sus líos judiciales eran producto de una retaliación, luego de que denunciara que un fiscal intentó sobornarlo, exigiéndole el pago de 30 mil dólares para dejarlo fuera de la investigación.

Otra mujer reclama indemnización

Toscano no solo ha sido enjuiciado por las muertes de Cáceres y Cobo. En agosto del 2016, un mes después de la muerte de Michelle, Valeria Burneo fue operada por los colegas de Toscano para agrandar sus senos en la Clínica San Gabriel, que pese a la sentencia seguía funcionando sin contratiempos.

La mujer explicó a los jueces que unas semanas después de la cirugía su dolor aumentaba y la piel de sus mamas se había oscurrecido.

El implante de su seno izquierdo podía verse claramente por una herida que apareció a su cuerpo. Urgentemente volvió donde Toscano para que le ayudara.

Según la demandante, el médico le “cogió ocho puntos en un seno y aproximadamente diez puntos en otro”, lo cual agravó el caso.

Entonces, viajó a Colombia donde la operaron de emergencia: perdió el pezón de su seno derecho y una parte del pezón izquierdo.  Hoy ella reclama una reparación económica a Toscano.

Por su parte, el médico anunció que llevará su caso hasta la Corte Constitucional, porque al sentenciarlo por la muerte de Michelle Cobo se violaron sus derechos humanos. El mismo recurso planteará la gerente de la clínica.

Entre 2014 y 2015, las autoridades del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) compraron terrenos en Pichincha y Guayas para proyectos de vivienda que aún no se han construido. Por los predios se cancelaron 25,6 millones de dólares, aunque el avalúo catastral fue de 2,9 millones. Estas operaciones fueron denunciadas el miércoles pasado a la fiscal Diana Salazar, quien abrió una investigación previa. El director del Instituto de esa época, general (r) Enrique Espinosa, dijo que esas compras fueron calificadas por el Consejo Directivo y cumplieron las normas internas y leyes vigentes.

Redacción Código Vidrio

“Praderas de Uyumbicho. Siente el placer de vivir”.  Así publicitaba el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) el proyecto inmobiliario que debía construirse en un predio por el cual pagó 14 millones de dólares, aunque estaba avaluado en 500 mil.

Ésa y dos adquisiciones más están bajo la lupa de la Fiscalía, que investiga supuestos delitos penales, denunciados esta semana por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y las autoridades del Isspol.

El bien se compró para construir 1.293 casas en la hacienda Anchamaza, una propiedad rodeada por bosques, montañas y lagunas, en Uyumbicho, una parroquia del cantón Mejía, cercana a Quito. La propiedad tiene 671 lotes, en una superficie de 257.522 metros cuadrados.

Éste fue uno de los proyectos emblemáticos del Isspol el 2015, que no pudo concretarse.

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Las supuestas anomalías en el manejo de los recursos del Instituto empezaron a salir a la luz en agosto pasado. Revista Vistazo denunció que el organismo realizó inversiones de riesgo, muchas de ellas sin garantías, que fueron señaladas en un informe de la Superintendencia de Bancos. En ese reporte se estableció que el Isspol perdió más de $43 millones en las operaciones, denominadas “Pacto de recompra cesión de derechos fiduciarios”, que generaban intereses del 9%. Y se realizaron entre enero el 2016 y el  2018.

El informe fue cuestionado por el entonces director del Instituto, general David Proaño, quien en una carta enviada al ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que este tipo de inversiones se hacía desde el 2015 y que buscaban apoyar al sector productivo, de construcción y comercial del país. Tras las denuncias, Proaño fue reemplazado por el ex comandante de la Policía Jorge Villarroel, actual director, por decisión del Consejo, presidido por Romo.

Desde entonces, el Directorio revisó todo su portafolio de inversiones, detectando cuentas presuntamente opacas y lesivas a las finanzas de la entidad, en distintas operaciones.

Una de las principales irregularidades bajo investigación es la compra de predios. Según el certificado catastral al que accedió este sitio, el avalúo de la hacienda Anchamaza, al 12 de junio de 2015, cuando se concretó la compra, fue de $500.375.

La escritura pública fue celebrada entre los propietarios y el director del Isspol, Enrique Espinosa. El negocio se concretó, según destaca la denuncia, sin contar con un informe de riesgos del Isspol, pero sí tuvo el aval de los directores jurídico, económico, financiero y de riesgos.

Para las actuales autoridades, los costos de la compraventa “fueron exorbitantes”.

Sin embargo, el Consejo Directivo aprobó la compra-venta del predio, pero no pudo avanzar en la construcción del plan de vivienda.

Cinco lotes con supuestos sobreprecios en Chongón

La Fiscalía también investiga la adquisición de otros cinco lotes en el proyecto urbanístico Ciudad Olimpo, previsto para la construcción de 923 viviendas para los uniformados. Esos terrenos están ubicados en Chongón, junto a la autopista Guayaquil-Salinas, en Guayas.

El negocio se realizó en mayo de 2015 con la compra de los lotes en 8,5 millones de dólares a la empresa Ambiensa, de Breston Ramírez Vanegas.

El avalúo catastral de esos terrenos a la fecha fue de $1.6 millones. El lote cinco, con un costo calificado de $419.294; el seis, $379.282; el siete, $266.950; el ocho, con $394.631, y el nueve, con $241.656.

La operación, según informes del Isspol, se realizó sin la aprobación de la Comisión de Inversiones, un requisito que era obligatorio.

Tampoco fue aprobado por el Consejo Directivo del Isspol, “sino que fueron decisiones unilaterales del Director general”, indica la demanda.

“El valor de realización de los bienes inmuebles en un comparativo entre el avalúo catastral y el pagado, es por lo menos ocho veces superior”.

Un terreno para galpones, que no se construyeron

Un tercer caso investigado es el de “Mapreco”. Implicó la compra de un terreno industrial en Pascuales, Guayaquil, en 2015.

El Isspol aceptó una oferta de venta de la empresa Mapreco, gerenciada por Enma Borja Alvear de un predio de 35.620 metros cuadrados.

Para la compra contó con un informe favorable de la Dirección de Riesgos, que determinó que el Instituto “recibiría mayores rendimientos, mejoraría el precio de venta de las soluciones habitacionales ofertadas por AMBIENSA S.A”.

El objetivo de la compra era construir galpones que el Isspol luego proyectaba alquilar en $40.000 mensuales.

No obstante, luego no se pudieron levantar los galpones, en vista de que el terreno tenía una falla que dificltaba la construcción y por problemas legales en la delimitación de sus linderos, lo cual no fue alertado oportunamente.

Por esos terrenos el Isspol pagó $3,1 millones, pese a que el avalúo catastral a la fecha era de $796.472. En este caso tampoco se contó con la aprobación de la Comisión de Inversiones ni del Consejo Directivo.  “El valor de compra del terreno, frente al valor del avalúo catastral, es por menos superior en cuatro veces”.

Espinosa de los Monteros defiende legalidad de las compras

El general (r) Enrique Espinosa de los Monteros aseguró que todavía no conocía los detalles la denuncia que investiga la Fiscalía, por lo cual no podía explicar en detalle lo ocurrido en cada caso. No obstante, aseguró que las inversiones fueron calificadas por el Consejo Directivo del Isspol y cumplieron con todas las normas internas y leyes vigentes.

Uno de los vocales del Consejo fue el comandante de la Policía de la época, general Marcelo Suárez.

“Todas las inversiones están fundamentadas debidamente. Todo está en los archivos. Si van a investigarlo deben hacerlo bien”, dijo Espinosa, quien dejó la Policía el año pasado.

Aseguró que en su gestión el patrimonio del Isspol creció en un 40 por ciento (de 700 a 1.300 millones de dólares).  “Sin echarme flores, pienso que mi administración fue una de las mejores en la historia del Instituto”. Por eso, recordó que incluso fue felicitado por el Ministerio del Interior, que en el 2016 era dirigido por el actual asambleísta gobiernista José Serrano, quien presidía el Consejo directivo.

El oficial (r) dijo que por esa gestión efectiva y transparente superó sin contratiempos los controles de la Superintendencia de Bancos y de la Contraloría. “Mi conciencia está tranquila, ojalá esta denuncia no sea una cortina de humo para tapar las irregularidades que empiezan a salir”.

No obstante, para la ministra María Paula Romo estos manejos podrían tener implicaciones penales. “El manejo del Isspol es un asunto tremendamente delicado (…). Llevamos meses poniendo la casa en orden, revisando su portafolio y en estas investigaciones vemos algunas irregularidades, vinculadas a inversiones de papeles (bonos) y otras a inversiones en inmuebles”, sostuvo el miércoles pasado al anunciar la formalización de las denuncias en una rueda de prensa con la fiscal Diana Salazar.

En mayo pasado, Espinosa de los Monteros fue destituido por María Fernanda Tamayo, Inspectora de la institución a la época. El entonces general fue señalado como responsable de una falta administrativa grave por el uso del helicóptero policial que se accidentó el 4 de marzo de 2019 en la base de Aeropolicial, en el parque Bicentenario (norte de Quito).

Tras su destitución, Espinosa de los Monteros denunció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que la ministra Romo cometió “un abuso de poder” al realizar viajes en el avión ambulancia de la Policía, para trasladarse con su esposo Iván Granda y sus hijos de Salinas a Esmeladas, en el feriado de Carnaval.

Romo justificó que esos viajes fueron incluidos en sus rutas de traslados oficiales durante la visita de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, lo cual no fue ilegal, según un examen de la Contraloría.

Jorge Luis Zambrano, líder de “Los Choneros”, esperaba a mediados de abril pasado que el juez de Latacunga, Manuel Santamaría, aceptara el pedido de sus abogados de acogerse al régimen semiabierto (excarcelamiento). Alegaba que ya cumplió el 60% de su sentencia, que purga por su participación en un asesinato. Pedía ser excarcelado con base en el fallo de un juez que redujo su condena de 20 a 8 años, pese a que no tenía competencia para hacerlo. Por ese motivo, el juez fue destituido y enfrenta una investigación de la Fiscalía. Hoy 5 de junio Alzira Benítez Tello, que asumió el conocimiento del recurso, le acaba de conceder la prelibertad.

 Redacción Código Vidrio

Jorge Luis Zambrano, “Rasquiña”, está a punto de salir libre. Desde hace meses, cavó un túnel seguro para salir libre, pero no por debajo de la prisión de Latacunga donde estaba preso, sino por la vía judicial.

Hoy, la jueza Alzira Benítez Tello le concedió el régimen abierto, basándose en una fall0 que redujo su condena ilegalmente de 20 a ocho años de prisión. Incluso, el juez que había expedido  ese pronunciamiento fue destituido y es investigado por la Fiscalía.

Rasquiña deberá presentarse semanalmente a la cárcel del Rodeo, en Portoviejo.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, no se ha pronunciado sobre este caso, en medio de graves cuestionamientos y alertas de la ministra de Gobierno,  María Paula Romo, sobre las intenciones de liberar a Rasquiña, desde hace varios meses.

Este portal hizo  un detenido análisis de los expedientes judiciales en torno a Zambrano, considerado por la policía el líder de la banda de “Los Choneros”, uno de los brazos operativos en Ecuador del cartel de Sinaloa

Antes de que su pedido fuera conocido por la jueza Benítez, “Rasquiña” esperaba que el juez de Latacunga, Manuel Santamaría, aceptara el pedido de su abogado de poder acogerse al régimen semiabierto, pues alegaba que ya habría cumplido el 60% de su sentencia, que purga por asesinato.

El abogado de Zambrano es Harrison Salcedo, también defensor del ex vicepresidente Jorge Glas.

La decisión judicial aún no es notificada a las autoridades de la cárcel de Latacunga, según conoció este medio.

El régimen semiabierto es un beneficio que contempla el Código Integral Penal, desde 2014. Consiste en liberar a un sentenciado bajo ciertas condiciones impuestas por el juez, como el uso de un dispositivo electrónico, presentación periódica, prohibición de salida del país, entre otras.

En 2014 “Rasquiña” fue setenciado en primera instancia a 8 años de prisión como cómplice del asesinato de Roddy Figueroa, ocurrido tres años antes en Manta. Tras la apelación del abogado de Zambrano y de la Fiscalía, el Tribunal Penal amplió la condena a 20 años, lo cual fue corroborado en última instancia por la Corte Nacional y se ejecutorió en marzo de 2018.

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Sentencia contra Zambrano, así como su récord delictivo y boleta de excarcelación expedida en caso de tenencia de armas.

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En mayo, el caso 09285-2018-01049 pasó a conocimiento del juez Wilson Castillo (ya fallecido), del juzgado penal de Guayaquil, para que aplique la sentencia y resuelva sobre las garantías penitenciarias, invocadas por los abogados del condenado, buscando que le rebajaran la pena.

“Considerando que el sentenciado Zambrano Jorge Luis fue detenido el 7 de septiembre del 2011, resuelvo que la pena impuesta se cumple el 18 de junio del 2032, ya que se fugó del centro carcelario durante nueve meses once días”, escribió el juez en su fallo. La decisión fue notificada a las autoridades en agosto del 2018 para su aplicación.

Cuatro meses después los abogados del condenado insistieron en que le rebajaran la pena. La petición llegó a manos del juez penal de Guayas José Tamayo, quien aceptó conocer la solicitud, pese a que ninguna autoridad le había trasladado la competencia del juicio, según los registros procesales.

Tamayo debió inhibirse de conocer ese pedido, según la ley. No obstante, en febrero de 2019 rebajó la pena a ocho años de prisión a Zambrano. Por esa decisión, el Consejo de la Judicatura le abrió un expediente disciplinario “por faltas gravísimas a su conducta como juez”.

El sumario en su contra implicó su destitución, el 4 de febrero pasado, y el inicio de la indagación 090101819076044 en la Fiscalía de Guayas, por un supuesto prevaricato, al actuar con dolo.

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Documentos del expediente que establece la destitución del juez Tamayo 

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Con base en ese fallo, la defensa de Zambrano pidió que el juez de Latacunga, Manuel Santamaría, lo liberara. El juez requirió que las autoridades del Centro penitenciario de Cotopaxi, donde está preso, le remitieran un informe de evaluación, que fue favorable a la rebaja por buena conducta.

El informe del  Departamento de Diagnóstico y Evaluación del Centro se realizó con base a la sentencia del juez Tamayo, que redujo la condena a ocho años. Pero no tomó en cuenta la resolución de Castillo, que ratificó la pena de 20 años.

La crisis desatada desde marzo por el coronavirus pospuso la resolución de los jueces. Mientras tanto, los abogados de Rasquiña habían logrado que otro juez expidiera una boleta de libertad en otro juicio por tenencia ilegal de armas.

En febrero pasado, este portal publicó un audio de una conversación telefónica que mantuvieron María Sol Larrea, excoordinadora del IESS sentenciada por enriquecimiento ilícito, y  Zambrano, el año anterior, mientras ambos estaban detenidos en la cárcel de Latacunga. En el diálogo se evidencia la relación estrecha, de extrema confianza y cercanía, entre ambos. También que Larrea planificaba con Zambrano, la forma de intimidar a una guía penitenciaria y de impedir su traslado hacia otro pabellón.

Cuatro bandas libran una guerra sin cuartel

 

“Rasquiña” era uno de los sospechosos de generar violencia y delitos dentro y fuera de las cárceles.

Por eso, las muertes violentas en las cárceles (la última fue la matanza en Cuenca, donde fallecieron seis personas) no son eventos aislados, según informes de Rehabilitación.

Rasquiña lideraba “Los Choneros”, tras la muerte Jorge Veliz España, alias “Teniente España”, abatido en el 2007, en un enfrentamiento con otra banda, que se hacía llamar  “Los Queseros”.

Desde entonces, “Los Choneros” trataron de ejercer dominio. Cuatro años más tarde, en el 2011, se los calificó como la organización delincuencial más peligrosa del país y su captura fue considerada una prioridad. En ese año fueron apresados “Rasquiña” y sus lugartenientes: Ronald  Javier  Macías  Villamar,  alias  “Javi”; Manuel  Cornejo,  alias  “Manuco”;  José  Adolfo Macías  Villamar,  alias  “Fito”; Eder Proaño Pazmiño,  alias  “Narizón”; Maximiliano  López,  alias  “Vieja  Maxi” y  Luis Alberto Ferrín Loor.

Todos han sido condenados por asesinato.  Zambrano debía cumplir su sentencia en La Roca, un complejo penitenciario de Guayaquil. Pero en febrero del 2013, “Rasquiña” y cuatro de sus compañeros evadieron las seguridades y escaparon,  con ayuda de funcionarios penitenciarios.

“Rasquiña” fue el último chonero recapturado por el bloque de búsqueda de la Policía; durante nueve meses estuvo en Colombia y fue detenido en un trabajo conjunto entre las policías de Ecuador y Colombia, gracias a las pistas que dejó su pareja sentimental. “Los Choneros” nuevamente regresaron a prisión, pero eso no ha impedido sigan mandando, dentro y fuera de las prisiones.

Los últimos años, distintas bandas han librado una guerra para controlar las cárceles y el crimen organizado en las calles. Estos enfrentamientos dejaron 32 personas privadas de libertad asesinadas, en el 2019, mientras en 2018 hubo 20 crímenes.

También hay denuncias de torturas y extorsiones en las prisiones, que cuentan con pocos guías penitenciarios y sin políticas de rehabilitación social efectivas.

La crisis del sistema de rehabilitación se evidencia en la sobrepoblación que llega a 44.000 internos, que viven en hacinamiento. El presupuesto del 2019 fue de 95 millones de dólares, siete menos que el año pasado.

“Los Cubanos” y “Los Gorras” se unieron el año pasado para retar el poder de “Rasquiña” y sus cómplices. Crearon la banda “Los Lagartos”, que opera en la Penitenciaría del Litoral, el centro más grande y, presuntamente, más seguro del país.

La disputa empezó el 30 de mayo del año pasado, con el asesinato de Ricardo Iván Mantilla Ceballos, hermano de Geovanny Mantilla, cabeza de “Los Gorras”. En represalia a esta muerte cinco presos que eran parte de “Los Choneros” fueron ejecutados en la Penitenciaría. Fueron abatidos a tiros, y sus verdugos intentaron incinerarlos, quemando colchones sobre sus cuerpos.

Años atrás, “Los Choneros” asesinaron a los cabecillas de “Los Cubanos”, los hermanos Kleber (“Metralla”) y Walter (“Caimán”), y Darwin Corozo (“Negro Jessy”). Sin embargo, su golpe más contundente ocurrió en junio del 2019, cuando asesinaron y decapitaron a William Poveda Salazar,“Cubano”.

Este crimen no aplacó la guerra, las muertes siguieron. “Los Lagartos” tienen como jefe a Geovanny Mantilla, de “Los Gorras”. Inteligencia de la Policía afirma que esta organización se dedica al narcotráfico,  a  través  del  envío  de  droga  al  exterior; al microtráfico, sicariato, robos, entre otros delitos.

Otra organización delictiva, de menor escala, es liderada por Alexander Roldán, “Junior”. Están dedicados al microtráfico en los centros; mientras que en las calles se dedican al robo, cobro de deudas, secuestro, extorsión, sicariato…

Su principal zona de influencia está entre los cantones del Triunfo y la Troncal, en Guayas.

En esa misma línea está la banda de “Pipo”, encabezada por Wilmer Chavarría, cercano a “Rasquiña”. Los informes de Inteligencia aseguran que ambos se unieron para asesinar a Henry Vera, en el 2015, en la Penitenciaría del Litoral.

Desde entonces, la gente de “Pipo” se dedica al microtráfico, extorsión, robo y sicariato. También a este grupo acude “Rasquiña” cuando necesita realizar alguna actividad ilícita en el sector que maneja esta organización.