El Comité Empresarial Ecuatoriano, que también agrupa a las asociaciones de laboratorios farmacéuticos, los importadores y distribuidores de insumos médicos y los proveedores de medicina prepagada, pide al Gobierno reformas urgentes al nuevo sistema de compras, que quitó a los hospitales la facultad de contratar directamente. Las autoridades aún no responden.
Redacción Código Vidrio
El Sistema Unificado de Compra de Medicamentos y Bienes Estratégicos para el Sector Salud no convence a los principales actores del sector privado.
El Comité Empresarial Ecuatoriano, que también agrupa a las asociaciones de laboratorios farmacéuticos, los importadores y distribuidores de insumos médicos y los proveedores de medicina prepagada, pide al Gobierno reformas urgentes a su plan de compra de insumos médicos.
La creación de este sistema fue la respuesta del presidente Lenin Moreno ante el fracaso del esquema de compras de medicamentos en el país, permeado por negociados y corrupción, que investiga la Fiscalía.
La pandemia del Covid-19 encontró al país con bodegas vacías en los hospitales, contratos a proveedores no calificados y compras con sobreprecios en todo tipo de productos.
En mayo pasado, el Ejecutivo emitió el Decreto 1033, donde se establece la licitación corporativa de medicamentos, eliminando la potestad para que cada hospital o centro realice las contrataciones.
El objetivo, dijo la directora del Servicio de Compras Públicas, Silvana Vallejo, es ahorrar 400 millones de dólares para el Estado.
Sin embargo, el Comité estima que se requieren cambios urgentes al decreto. La primera alerta se hizo pública el primero de junio pasado. El ente envió una carta, firmada por su director, Roberto Aspiazu, al presidente Moreno y sus ministros.
En la misiva los empresarios indicaron que el tema era delicado y urgente. Primero, porque no se tomaba en cuenta la realidad mundial del mercado farmacéutico y de dispositivos médicos, afectado por la crisis del coronavirus.
“Nos preocupa que ante los cortos tiempos que se aspira en implementar este nuevo modelo de gestión, se imponga un sistema para el cual no todos los actores, tanto públicos como privados, que intervenimos en el proceso estemos preparados”.
Comité Empresarial
Ocho días después los representantes del Comité se reunieron con autoridades del gobierno para exponerles sus propuestas, pero los días siguientes no tuvieron respuesta.
Por eso, el 16 de junio enviaron otra comunicación al presidente Moreno insisténdole en que considere los cambios planteados. Por ejemplo, para evitar que la figura de “licitación corporativa”, creada en su decreto, sea usada solo en las operaciones logísticas, y que se contemple la posibilidad de comprar bienes y servicios para el sistema de salud estatal.
También recalcaron la necisidad de eliminar la entrega de contratos a un solo proveedor como ha ocurrido sistemáticamente en la pandemia. Este portal precisamente denunció que el Ministerio de Salud dio un contrato de más de 4 millones de dólares a Pedro Chicaiza, como persona natural, para la dotación de mascarillas. Eso pese a que no contaba con permisos para comercializar ese tipo de insumos.
Ese contrato fue anulado por mutuo acuerdo y el sistema de salud no recibió más de cinco millones de mascarillas. La Cartera de Estado tuvo que ejecutar otro contrato sobre la marcha para suplir la demanda del personal sanitario.
En su carta, los empresarios proponen al Gobierno que replique las experiencias del sector privado de Argentina y Brasil, que tienen un sistema digital que monitorea cada medicamento e insumo que llega a los hospitales. La idea es gestionar una guía de identificación de medicamentos, que a través de un código de barras siga la presencia, uso y entrega de los insumos.
Para los proveedores privados es importante que cada hospital se encargue de generar esta guía y de los procesos para adquirir productos. Ese es el punto más crítico de la propuesta, porque el presidente Moreno cuestionó el sistema anterior, que daba esa potestad a cada centro.
Asedim pide fortalecer la transparencia
Para la directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Insumos Médicos (Asedim), Cristina Murgueitio, la posibilidad de que cada hospital gestione sus recursos no era mala, pero en el pasado fue “defectuosa por la falta de control y de transparencia”. Por eso, añadió, «nuestras propuestas buscan reforzar la transparencia y el control de las contrataciones de insumos médicos, siguiendo todas las normativas vigentes».
Adicionalmente, el Comité pidió al Gobierno que aplique un proyecto piloto bajo este sistema por dos años, que incluya a los 30 medicamentos que mayores complicaciones hayan registrado en la red pública (falsificados, robados, etc.).
“En esta etapa se deberá tomar en cuenta la necesidad de acondicionar etiquetas a nivel local, así como la entidad que deberá, bajo los protocolos más estrictos de seguridad, ser el custodio de la base de datos del sistema”, se explicó en la carta.
Otro punto fundamental es -según los empresarios- que solamente los proveedores que cuenten con todos los permisos y razón social sean contratados. En los últimos dos años se detectó que 433 proveedores no cumplían con las normas establecidas por la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA.
Entre ellos existían bufetes de abogados, de contadores, papelerías, ferreterías y de venta de comida recibieron contratos en hospitales públicos.
“Se debe exigir los permisos de funcionamiento y certificación de Buenas Prácticas de Manufactura o de Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte, así como también un Registro Único de Contribuyentes (RUC), habilitado para el giro de negocio”.
Finalmente, recomendaron la creación de un comité interinstitucional para la coordinación entre entidades de la red pública. Este organismo sería liderado por el Ministerio de Salud, con la participación del Servicio de Compras Públicas como vigilante de los procesos.