Denuncian presiones en dos casos de mala práctica

Dos de los sentenciados por la muerte de Michelle Cobo, tras una cirugía estética, anunciaron que llevarán su caso ante la Corte Constitucional, una vez que su condena fue ratificada en última instancia. Cuando era titular del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García emitió un pronunciamiento contra el fallo. Para los implicados, éste es un argumento para elevar su caso a los jueces constitucionales. Gabriel Cobo, padre de Michelle, estima que García debería abstenerse de hacer pronunciamientos sobre fallos que subirán a ese alto tribunal, en cuyo proceso de selección él participó. El ex presidente del gremio también es cuestionado por su supuesta interferencia en otro caso de mala práctica, denunciado por Carlos Iglesias y su familia (foto principal). García rechaza las críticas e insiste en que la gerente de la clínica no podía ser condenada.

 Redacción Código Vidrio

La familia Cobo Vallejo está preocupada. Desconfía del desenlace del juicio penal contra los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado, y la gerente de la clínica San Gabriel, María Muñoz, quienes fueron sentenciados por la muerte de Michelle Cobo tras una operación estética. 

Este lunes 15 de junio, los ministros de la Corte Nacional Iván Saquicela, Wilman Terán Carrillo (encargado) e Iván León, confirmaron en última y definitiva instancia la condena contra los médicos estéticos y contra la gerente de la clínica donde se realizó la operación, a un año de prisión. Y dispusieron que el tribunal de primera instancia ejecute el fallo y disponga las capturas de los implicados, quienes tenían medidas sustitutivas.

El primer pronunciamiento de la Corte Nacional en este caso fue en diciembre pasado. Esa ocasión expidieron la sentencia contra los tres implicados, pero ésta no se ejecutorió en vista de que sus abogados presentaron pedidos de aclaración.

Un mes después, el 24 de enero, Ramiro García, entonces presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, se pronunció públicamente y difundió un comunicado de la entidad, cuestionando duramente el fallo judicial. También divulgó el pronunciamiento a nombre del Colegio en su cuenta en Twitter.

El documento dice en su encabezado:
Pronunciamiento Colegio de Abogados de Pichincha ¿Puede un abogado ser condenado por mala práctica médica?

“Un profesional, entre ellos un abogado, por sus actividades de representación legal en una casa de salud, no podría causar la muerte de una persona por mala práctica profesional, pues la representación legal no es una profesión”, escribió García en el documento.

Y agregó: el fallo es un “absurdo jurídico que atenta contra los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia, legalidad y el estado constitucional de derechos”.


 


Por lo cual -añadió- “existió un error de subsunción (acción de encuadrar los hechos en los supuestos previstos por la norma jurídica), que debería ser corregido para evitar que se repita en el futuro”.

La sentencia contra los médicos y la gerente fue ratificada por los jueces en tres instancias judiciales. Todos coincidieron. Durante el proceso se evidenció que la clínica no contaba con los equipos médicos y profesionales adecuados, ni tenía permisos de Salud para ese tipo de intervenciones, lo cual era responsabilidad de su gerente. Determinó, además, que en la clínica no se podían realizar este tipo de cirugías, ya que solo tenía un certificado de hospital básico. Y que la joven entró en “perfecto estado de salud”, antes de ser operada en julio de 2016

Los jueces concluyeron que “el edema pulmonar que afectó a Cobo se debió a la contaminación sistémica producida por estreptococo (bacteria), luego de la operación”.

Entrevistado por este portal en marzo pasado, cuando aún era presidente del Colegio, García dijo que le parecía “aterrador” que a un agremiado (abogado) se le sancione por “mala práctica médica”, aunque el delito tipificado es de mala práctica profesional.

Para el abogado, su pronunciamiento no es una injerencia ni una presión indirecta sobre la deliberación de los jueces. No obstante, anticipó que estará pendiente del desarrollo del caso, sobre todo en la Corte Constitucional, donde se puede presentar un recurso exraordinario de protección.

Ramiro García presidió el Colegio de Abogados hasta hace pocas semanas. Cree que la sentencia contra la gerente de una clínica viola sus derechos.

Sentenciados se defenderán con pronunciamiento de García

El comunicado del Colegio de Abogados es citado por dos de los sentenciados como un argumento para su defensa en el recurso que plantearán, por una supuesta vulneración de sus derechos, en la Corte Constitucional.

Pablo Encalada, abogado de la gerente de la clínica, coincide con García, “porque María Muñoz es abogada y no médico”. Toscano también destacó el pronunciamiento de García, pues es fundamental para “evidenciar las irregularidades que existieron en el juicio”.

Para Gabriel Cobo, padre de Michelle, García debería abstenerse de hacer pronunciamientos sobre casos que serán conocidos por la Corte Constitucional, pues él fue parte, con otros juristas, de la comisión calificadora que seleccionó en 2018 a sus nueve jueces, al igual que a los ministros de la Corte Nacional.

Desde su nombramiento, los magistrados constitucionales han sido reconocidos por sus fallos ceñidos al derecho y la Constitución.

Cobo destaca, además, que García usó el nombre del Colegio para divulgar el comunicado, sin contar con la aprobación ni conocimiento del Directorio. En enero pasado presentó un pedido escrito para que esa entidad certificara las actas del directorio donde se aprobó que su entonces presidente difundiera ese pronunciamiento. Han pasado seis meses y la entidad aún no responde su solicitud.

Consultado por Código Vidrio, Ángel Orna, actual presidente del gremio de Abogados, confirmó que el pronunciamiento sobre la sentencia por la muerte de Cobo no fue tratado ni conocido por el Directorio.

Gabriel Cobo, padre de Michelle, fallecida en 2016, tras una cirugía en la clínica San Gabriel, alerta sobre posibles presiones, una vez que el caso llegue a la Corte Constitucional.

García reconoció que el comunicado fue su iniciativa como representante legal del organismo, pero que luego informó al directorio, que “estuvo de acuerdo”.

Duro crítico del correísmo, el subdecano de la facultad de Derecho de la Universidad Central no ha dudado en opinar en redes sobre distintos casos judiciales en marcha, y defender las reformas impulsadas por el Gobierno, que precisamente lo nombró como uno de sus representantes en las comisiones calificadoras, integradas por el Consejo transitorio de Participación.

García dejó la Presidencia del Colegio de Abogados hace pocas semanas, para dedicarse -según anunció-  a la cátedra universitaria, aunque su período prácticamente había concluido y están en suspenso las elecciones para escoger al nuevo directorio, aplazadas por la pandemia.

Críticas por manejo de fondos en el Colegio

García es cuestionado por el también abogado José Alomía, candidato a presidir el Colegio.

El jurista dijo que no es extraño que García “haya usado el nombre del Colegio para su beneficio”, pues usualmente cabildea para favorecer sus litigios. Por eso estima indispensable realizar una auditoría de su gestión, pues “manejó buena parte de los fondos del Colegio en gastos onerosos en restaurantes, pasajes nacionales e internacionales, para traer conferencistas extranjeros”.

José Alomía, expresidente del Colegio de Abogados, dice que es indispensable hacer una auditoría del manejo económico de su antecesor.

Alomía ha presidido en dos ocasiones el Colegio, entre 2012 y 2016.

García negó haber utilizado al Colegio para su beneficio. “Las únicas cuentas de comida que se ha pagado con dineros de la institución, han sido aquellas que se ha solicitado para las reuniones de Directorio cuando se convocó o cuando hemos tenido invitados internacionales, que han venido a los eventos académicos organizados por la institución. De hecho, en los últimos dos años inclusive esos rubros han sido solventados con mi dinero”.

En cuanto a los viajes, dijo que con recursos del Colegio se cubrieron pasajes nacionales de cuatro viajes para reuniones de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. “Muchas otras reuniones o eventos académicos a los que he asistido en representación del Colegio, los he cubierto con mis recursos o porque he sido invitado por los organizadores”.

En el caso de los traslados internacionales, “el  único evento en que se ha emitido un pasaje en mi favor es la reunión que se celebró por parte de la Federación Interamericana de Abogados en Panamá, en 2016. (…). El cargo de Presidente del Colegio es honorario y no recibe pago de ninguna clase. La caja chica no la he manejado jamás, sino el contador de la institución”.

Denuncian interferencia en otro caso

Antes del caso de Michelle Cobo, el entonces titular del Colegio de Abogados también intervino en otro juicio, que involucra a médicos y representantes de una casa de salud.

Se trató de una demanda por daño moral que Carlos Iglesias impulsó contra autoridades de la Clínica Internacional, de Ecuasanitas y los médicos que supuestamente dieron “un mal tratamiento médico a su hijo Carlos”.

El  30 de septiembre de 2011, Carlos Andrés Iglesias, de nueve años, ingresó a la Clínica Internacional con un diagnosticó de Hepatitis B., por lo cual fue transferido a la especialista en gastroenterología para tratarlo.

Al llegar a este centro su cuadro se agravó, por lo cual fue ingresado en unidad de Terapia Intensiva. La crisis comenzó, según su padre, cuando allí recibió un diagnóstico equivocado y el tratamiento consecuente lo puso en serio riesgo.

El niño fue sometido a punciones, drenajes y al corte de su papila digestiva, sin éxito, por lo cual su condición empeoró. Sus padres decidieron pedir un concilio médico para determinar la gravedad de su cuadro. 

Los médicos que lo trataban fueron reemplazados. Entonces, el cirujano pediatra Patricio Vargas estableció con precisión el diagnóstico: “quiste de colédoco”, luego de lo cual se estabilizó y se recuperó, aunque tuvo secuelas, especialmente a nivel emocional.

El Ministerio de  Salud Pública inició un proceso especial sanitario en contra de los médicos Graciela Maggi  y Hayek Tohme, quienes realizaron los primeros chequeos al niño. Ambos recibieron una sanción de 20 salarios básicos unificados, prevista en la ley de Salud vigente en el 2013.

Maggi y Tohme rechazaron la decisión de Salud. Tohme sostuvo, en las cortes, que la sanción fue ilegal. “Yo no he irrogado daño alguno a Carlos Andrés Iglesias; por el contrario siguiendo todos los protocolos he realizado el mayor esfuerzo profesional y técnico para brindarle la debida asistencia médica que todo paciente requiere (…)”. Mientras que la pediatra dijo que fue sancionada, pese a que ella solo transfirió el pequeño.

Iglesias llevó su demanda a los tribunales de justicia. “Como familia nos han cambiado, mi esposa tuvo que renunciar para cuidar a nuestro único hijo. Nos ha unido, pero ha sido un cambio drástico para nosotros”.

Los abogados de los demandados aseguraron en las cortes que como personas jurídicas nunca tuvieron una participación en los hechos ni existe ningún nexo causal para hacerlos responsables.

Por eso, Luis Granja, director Médico de Clínica Internacional, recalcó que en ningún momento  atendió al niño, pues sus funciones eran administrativas.

El juicio tiene seis años y  aún está en trámite.  El 2016, el Colegio de Abogados de Pichincha, presidido por García, presentó una queja en el Consejo de la Judicatura en contra del perito que había descubierto una presunta manipulación y destrucción de evidencias. 

“García utilizó su poder como presidente del Colegio de Abogados y con manipulaciones logró que el Consejo de la Judicatura descalificara como perito a Ramiro Arévalo. Lo que no logró es que se dejaran sin efecto sus informes periciales”, recalcó Iglesias.

Por eso, él asegura que hubo injerencia de García para favorecer a los acusados. Su sospecha se fundamenta en que la queja que planteó el Colegio se refiere textualmente a la denuncia presentada “por un profesional asociado a nuestra institución, el Dr. Danilo Maggi”.

La Judicatura llevó el caso del perito Arévalo hasta la Fiscalía. En la investigación del Ministerio Público se verificó que sus documentos eran sólidos y que fue separado ilegalmente.

García negó que hubiera presentado una demanda contra el perito Arévalo. Tampoco se refirió a la denuncia del abogado Maggi. Dijo que la queja fue presentada por el gerente de Ecuasanitas, quien denunció por escrito ante el Colegio de Abogados que había casos, como el del perito Arévalo, en que actuaban con acreditaciones falsas, certificando su supuesta experticia.

Enfatizó que la Judicatura determinó los presuntos títulos falsos. “Como Colegio de Abogados, una de nuestras preocupaciones constantes ha sido el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Habríamos faltado a nuestras obligaciones si no hubiéramos puesto esta denuncia en conocimiento del órgano competente”.

García negó su injerencia y puntualizó que para remitir a una entidad pública una denuncia presentada en el Colegio no requería la autorización del Directorio. Es decir, que en este caso tampoco existió una decisión colegiada.

La demanda de Iglesias por daño moral estuvo paralizada desde diciembre del año pasado. Hace dos semanas, presentó un escrito para reactivar el proceso, que tuvo respuesta el 20 de mayo, en la Corte de Pichincha, que confirmó haber recibido la notificación.

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