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En su versión ampliada del viernes pasado, el exasambleísta Daniel Mendoza dijo que en su celular entregado a la Fiscalía no existe ningún diagrama, que fue publicado por el medio La Posta, donde se ubica, con fotos, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como la cabeza de la estructura para repartir hospitales a 19 legisladores. Explicó que lo que sí existe es otro diagrama, más sencillo, que hizo con información de conocimiento público, sin fotos. Ese esbozo está en un pendrive, no en su celular, entregados a la Fiscalía. Luis Vivanco, director de la Posta, defiende la publicación y la credibilidad de la fuente que les filtró esa información. Hoy, 21 de septiembre, la Fiscalía acaba de corroborar que en el celular de Mendoza no existe el diagrama difundido por el medio, pero sí el otro esquema más simple hallado en otro dispositivo.

Redacción Código Vidrio

El ex asambleísta Daniel Mendoza negó haber entregado a la Fiscalía un diagrama que muestra a la ministra de gobierno María Paula Romo como la cabeza del reparto de los hospitales, junto a 19 asambleístas.

El esquema fue divulgado el 26 de agosto por el medio digital La Posta, que atribuyó su autoría a Mendoza, cuando se realizaba la apertura de los dispositivos que entregó su padre para su judicialización.

Fuentes de la Fiscalía dijeron que ningún periodista de la Posta les pidió corroborar si efectivamente ese diagrama era parte de los registros entregados por Mendoza, pese que desde las 13:30 sabían que la diligencia estaba en marcha, por una alerta que la entidad hizo en redes sociales.

El documento divulgado por el medio mostraba a Romo en el centro de un organigrama, como la principal responsable de la supuesta entrega de hospitales a cambio de apoyo legislativo. La presentación de esta presunta evidencia  fue determinante para que en la Asamblea se discuta y se pida la destitución de la funcionaria al Presidente Lenin Moreno, los días siguientes.

Todo arrancó el 26 de agosto. Esa tarde La Posta anunció que tenía documentos exclusivos que demostraban a los responsables políticos de la entrega de hospitales.

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Diagrama difundido por La Posta que Mendoza dice no haber entregado a la Fiscalía

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Su informe fue lanzado en vivo por sus redes de Facebook y Youtube. El contenido fue presentado por los periodistas Luis Eduardo Vivanco y Andersson Boscan,  quienes aseguraron que presentarían documentos judicializados y elaborados directamente por Mendoza y no por terceras personas.  Ambos explicaron que esa prueba estaba incluida en un paquete de documentos ya judicializados, que el ex legislador entregó a la Fiscalía como un  respaldo de cada una de sus acusaciones.

“Esta es la imagen original queridos amigos de La Posta; esta no es una representación elaborada por Fiscalía ni una representación elaborada por La Posta. Este es el documento con lo que Mendoza mapeo lo acordado, según Mendoza, sobre el reparto de hospitales”, explicó Vivanco en la transmisión.

En esa gráfica, Romo aparece en el centro de una estructura y a su alrededor 19 asambleístas de Alianza PAIS, Sociedad Patriótica y de la Bancada de Integración Nacional. Este diagrama supuestamente fue elaborado en diciembre del año pasado, cuando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea debía decidir una denuncia justamente contra Romo.

Otro diagrama distinto, sin fotos, en el pendrive  

Mendoza negó la existencia de ese organigrama en la ampliación de su versión ante la Fiscalía. Si bien dijo que en un pendrive entregado a la Fiscalía, había un diagrama  distinto,  más sencillo, recalcó que no era el que había presentado el medio digital.

Dijo que él hizo ese diagrama más simple, sin fotos, que recogía información extraoficial, que era de conocimiento público. Además, restó importancia a ese esbozo porque era una especie de ayuda memoria de una distribución. Es decir conocido por todos.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que en la pericia realizada al celular de Mendoza no hallaron el diagrama difundido por el medio digital. También ratificaron que en la revisión al pendrive, entregado por los familiares del exlegislador, encontraron algunas capturas de pantalla y un diagrama, muy distinto al que se divulgó, más simple, sin fotografías ni gráficos formateados.

En los próximos días, los peritos entregarán su informe, incluida una fotografía judicializada de ese gráfico. Adicionalmente,  hallaron otro esquema relacionado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se incorporará al expediente esta semana, junto a los otros registros.

De las presuntas pruebas de respaldo que evidenciarían el reparto de los hospitales no dijo nada y prefirió acogerse al derecho al silencio. Más bien en su versión rendida el viernes 18 de septiembre negó que sus familiares hubieran filtrado información a la prensa.

Contó que antes de su detención entregó un teléfono celular, una grabadora Sonny y un pendrive a su padre y hermano para que sean usados para su defensa. La familia, según Mendoza, guardó por varios días esos aparatos, pero luego fueron entregados a los fiscales

El 26 de agosto -justo en el momento que el medio hizo pública su denuncia- se cumplía la audiencia de apertura de los equipos. Esta es una diligencia judicial reservada y se desarrolla antes de la revisión del contenido por parte de peritos de la Policía.

¿Cómo llegó esa documentación con anticipación a La Posta? Según Mendoza, los responsables serían terceras personas, no sus familiares. Él aseguró que desde el 2012 guardó en su teléfono miles de capturas de pantalla de conversaciones que muchas ocasiones reenvío esas charlas a otras personas.

“En el teléfono entregado constan miles de capturas que deben ser parte ya del repetido informe pericial, pero niego rotundamente que haya facilitado una copia de mi celular o todos los megas de información entregados, este medio digital solo se concentra en lo que a la Ministra Romo respecta”.

Para Mendoza es ilógico considerar que si los periodistas tuvieron acceso a toda la información guardada en su celular se hayan enfocado solo en una persona.

Lo mismo sucedió con el diagrama más sencillo que realizó y que supuestamente distribuyó a las personas de su círculo político y de trabajo.

La investigación de la Fiscalía no está cerrada. Este portal intentó conversar con la abogada de Mendoza, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Vivanco defiende su historia

Luis Vivanco, director de La Posta, defiende el reportaje. Sostiene que Mendoza no negó la existencia de un diagrama.

¿La Posta cree en la fuente que le entregó la información?
“Es evidente que nosotros no tenemos acceso a Mendoza, acceso a Mendoza lo tienen la Fiscalía, los abogados y el Gobierno. Nosotros no”, sostuvo Vivanco en una entrevista con este portal.

Insistió en que en el reportaje no dijeron que el ex asambleísta les entregó esa información, sino una fuente que les  facilitó primero los chats de la Ministra con Mendoza y el supuesto diagrama.

Vivanco sostuvo que la veracidad de los chats es reconocida por los dos involucrados en esas conversaciones. Mientras que en el caso del diagrama enfatizó que Mendoza no habló del contenido del diagrama sino de su forma. “Lo que él dice es que el diagrama que tiene en su pendrive no tiene fotos, pero no dice que el contenido no exista ni que el contenido del diagrama sea falso (…) Hay una distancia enorme en decir el diagrama es falso o decir no le puse fotos”.

“Nosotros estamos convencidos. Recuerda que esto tiene dos cosas: un diagrama que no ha sido refutado por las autoridades ni por el propio acusado y tiene una segunda parte que son unos chats que han sido aceptados por cada una de las partes”.

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Transcripción y audio con la declaración completa de Daniel Mendoza

 

 

Minuto 1: Explicaba en este momento, que a que fin de [se corta del audio] prometo ampliar mi versión refiriéndome específicamente a la información…

Minuto 2: …Que entiendo fue transmitida en vivo por el medio digital La Posta en días anteriores. Previo a mi entrega voluntaria a las autoridades, le entregué a mi padre Ignacio Mendoza Ureta y mi hermano Ignacio Mendoza Arévalo un teléfono celular y una grabadora Sony con su respectivo cable USB y un pendrive. Que estoy completamente seguro que ellos fueron custodios de dichos dispositivos, hasta que fueron entregados exactamente a criminalística en presencia.

Minuto 3: Del señor fiscal, señora secretaria y mi abogado tal como me informó mi defensa. De estos elementos descritos entiendo que se realizó la experticia [ruido de fondo] el día 26 de agosto de 2020 mientras esta se realizaba, se transmitía en vivo dicha información que se decía era información de mi teléfono celular.

Minuto 4: Mi abogado me comentó lo ocurrido y me hizo llegar eso en impreso, con varios chats con la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Minuto 5: Chats que podrían estar en mi teléfono y que no recuerdo con exactitud su contenido, ya que ha pasado mucho tiempo. Este respaldo va del 2012 hasta diciembre del 2019.

Minuto 6: Si el medio digital La Posta utilizó capturas de pantalla o capturas de chat estaba en posesión [le piden que repita] dichas capturas bien podrían haber estado en posesión de terceras personas.

Minuto 7: Puesto que, actualmente cuando mantiene una conversación y realizaba una captura era muy probable que dicha captura yo la reenviara a una tercera persona para que esté al tanto de la mencionada conversación. Esto es una práctica normal y común…

Minuto 8: Y en el teléfono entregado constan miles de capturas que deben ser parte ya de el repetido informe pericial, pero niego rotundamente que se haya facilitado alguna copia de mi teléfono.

Minuto 9: O todos los megas de información entregados, este medio digital solo publica lo que a la ministra Romo respecta. Es ilógico pensar que si alguien, más aún periodistas, tuvieran en sus manos mi teléfono no publicarían el contenido íntegro.

Minuto 10: Y el contenido sensible que pudiera a lo mejor haber en el mismo. Por otro lado, este mismo medio digital reproduce una especie de diagrama bastante elaborado y visual con fotos y detalles.

Minuto 11: Indicando que yo he creado, me parece el último mes del año pasado, y entender según ellos sería el mes de diciembre del 2019. Y del mismo indico que esa información, esa especie de diagrama…

Minuto 12: No existe dentro de mi teléfono celular. Por otro lado, dentro del pendrive que fue entregado existe, entre otras cosas, un diagrama de lo que recuerdo…

Minuto 13: Con una especie de distribución, una ayuda memoria para mi, que en base a diferentes medios recogí con información de conocimiento público y que evidentemente.

Minuto 14: No representa información oficial y que su vez no descarto que en el pasado la pude haber compartido con las personas de mi círculo político o colaboradores cercanos. Como ya lo mencioné dicho diagrama que entiendo.

Minuto 15: Está en el pendrive, es un diagrama sencillo, sin fotos, y no muy elaborado, que como ya lo indiqué no representa un documento oficial. Reitero señor fiscal mi criterio de no desconfiar jamás de mi padre, de mi hermano de mi familia, quienes fueron custodios de esta información.

Minuto 16: Y tampoco de mi defensa técnica. Nadie de mi familia tendría ningún interés en tener conflictos para difundir este tipo de información. Solo vale preguntarse qué fin tendría una difusión de esa naturaleza en medio de este proceso

Minuto 17: Donde está en juego mi libertad. Salir personal y familiar. [repite] En medio de este proceso donde está mi salud personal, familiar y mi libertad en juego. Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad señor fiscal.

Minuto 20: Al respecto debo solo mencionar que tal como lo mencioné o expresé en mi versión ampliada anterior, yo le di…

Minuto 21: Instrucciones claras, no se si repito, me dice desde dónde… a mi familia el día de mi entrega voluntaria puesto que desconocía los detalles que la investigación llevaba adelante por la fiscalía.

Minuto 22: Sin embargo, como lo expresé públicamente desde el primer momento que mi nombre fue mencionado alrededor del presente caso, siempre he tenido la predisposición de colaborar con lo que esté a mi alcance con las autoridades. Como recomendación de mi abogado, a partir de ahora me acojo a mi derecho al silencio.

PERFIL. El estadounidense nacionalizado ecuatoriano Carlos De Miguel III llegó al país en 2009, atraído por la oportunidad de hacer negocios con el gobierno de Rafael Correa. Emprendió en varios campos: tuvo contratos con Hidropastaza, el Servicio de Protección Presidencial y la extinta Secretaría de Inteligencia (hoy CIES). Vendió equipos de protección y se encargó de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres. Supo que Julian Assange ingresaría a la sede un mes antes, lo cual confirma que no fue una llegada espontánea sino acordada con el Gobierno. A partir del 2015, De Miguel incursionó en la minería y creó Hanrine, que desde 2017 tiene seis concesiones mineras en Imbabura. Es investigado por un supuesto tráfico ilegal de armas; él niega los cargos y contrademandó a la ministra María Paula Romo.

Redacción Código Vidrio

Carlos de Miguel III es un empresario polifacético, con un agudo olfato para los negocios. La última década mantuvo un perfil más bien discreto hasta julio pasado, cuando la Policía incursionó en su domicilio, en Puembo, y lo detuvo por un supuesto tráfico ilegal de armas de fuego.

¿Quién es De Miguel? Es el gerente para Latinoamérica de la empresa Hanrine (cuya principal accionista es la australiana Hancock), que tiene seis concesiones mineras en Imbabura, obtenidas en 2017, tras un concurso en el entonces Ministerio de Minas, dirigido por Javier Córdova.

Antes estuvo dedicado al análisis de estructuras críticas y al negocio de la seguridad: mantuvo contratos con Hidropastaza, el Servicio de Protección Presidencial y la extinta Secretaría de Inteligencia (hoy CIES).

Barbado y robusto, De Miguel, de 49 años, es estadounidense pero tiene también la nacionalidad ecuatoriana. Llegó al país en diciembre de 2009, atraído por la oportunidad de hacer negocios con el gobierno de Rafael Correa.

Ese año participó en una licitación del Ministerio de Gobierno para la provisión de vehículos blindados tácticos para la Policía. Concursó como representante de una fábrica de autos de seguridad de Estados Unidos; donde nació en 1970, en Florida.

En entrevista con Código Vidrio, De Miguel contó que ganó la licitación, pero sorpresivamente el Ministerio no avanzó con el contrato porque debió reorientar esos recursos a otras necesidades que surgieron sobre la marcha.

De Miguel confirmó que años atrás había sido parte del ejército estadounidense, aunque no quiso detallar de la unidad donde operaba, pero se conoce que fue combatiente en la guerra de Iraq. Esa experiencia (manejo de armas, operaciones tácticas y de inteligencia) lo catapultó al negocio de la seguridad marítima para yates y cruceros en el Caribe y África, especialmente en Bahamas y Somalia, que apuntaló por sus conocimientos en finanzas y banca. De hecho tiene una licenciatura en Wharton School, de la Universidad de Pennsilvania, y estudios en la Escuela de Negocios de Harvard.

Tras la fallida experiencia en el Ministerio de Gobierno, De Miguel fue contratado por Hidropastaza para evaluar los daños en las turbinas de la hidroeléctrica San Francisco, construida por Odebrecht, que había sido expulsada en 2008 por todas las fallas en la construcción de la obra.

De Miguel dijo que fue contratado por su conocimiento en estudio de estructuras críticas. Esa especialización le permitió establecer, luego de los análisis del material de las turbinas en EE.UU., que Odebrecht había utilizado acero para su fabricación, en lugar de titanio, como se había comprometido en el contrato. Por esa consultoría recibió 20 mil dólares.

Los siguientes meses, De Miguel se radicó en Ecuador, tras un período de idas y venidas desde el exterior. En 2011 fundó en Quito la empresa de seguridad Blue Cell, junto a Andrés Molina, ambos accionistas principales.

Entre 2012 y 2013 ganó tres contratos, calificados como secretos, con el Servicio de Protección Presidencial (SPP) y con la Senain, para la venta de detectores de armas químicas y otro de armas nucleares, que hasta ahora se emplean en la Presidencia de la República.

El SPP compró el equipamiento, que incluía chalecos y municiones, la primera vez a través de Senain, con fondos especiales, y la segunda directamente a Blue Cell, que en total recibió unos 150.000 dólares por esas ventas. Otras empresas también fueron contratadas para proveer armas, canes y vehículos.

En mayo del 2012, De Miguel recibió una llamada de una funcionaria de la Senain, asistente del entonces jefe de Inteligencia Raúl Patiño, quien lo convocó a una reunión. “Me llaman y me convocan antes de que Patiño renuncie. En la reunión, con funcionarios de nivel medio, solo me dicen que habría un problema en la embajada. No me dicen todavía nada respecto al ingreso de Julian Assange, solo me averiguan cuánto costaría dar seguridad en la sede en Londres”.

En ese momento nada se conocía públicamente sobre el plan de Assange y el gobierno ecuatoriano para asilarlo. Para esos días el australiano estaba confinado en una casa en las afueras de Londres: tenía arresto domiciliario y temía ser extraditado a Suecia, especialmente luego de que en febrero de 2012 un tribunal inglés dio luz verde para su entrega a la justicia sueca.

En junio, De Miguel se reunió nuevamente con funcionarios de la Senain. Para ese momento, Patiño había renunciado y fue reemplazado por Pablo Romero. No obstante, estuvo en el cargo varios días más durante la transición. “En esa segunda cita me mostraron un informe de seguridad que habían hecho en la embajada y me contaron que el plan debía aplicarse porque Assange entraría las siguientes semanas, pero no concretamos nada”.

El 19 de junio Assange ingresó a la sede, simulando que había tomado la decisión sobre la marcha, de forma espontánea, y que el gobierno ecuatoriano no sabía nada la respecto. En realidad, el entonces canciller Ricardo Patiño había acordado el ingreso meses antes con la participación de varios funcionarios, en especial de un personaje central: el cónsul Fidel Narváez, quien fue el nexo y conocía a Assange desde años antes: https://www.codigovidrio.com/code/el-asilo-de-assange-se-puso-en-escena-tras-meses-de-ensayos-en-londres-y-quito/.

En medio de todo el alboroto internacional generado, el gobierno ecuatoriano anunció el 16 de agosto que le había concedido el asilo a Assange. Entonces, en la Senain le pidieron a De Miguel que viajara  inmediatamente a Londres, pues la situación era muy complicada. Los funcionarios diplomáticos no querían ir a la sede por temor a represalias y porque habían recibido amenazas; los seguían, cientos de personas protestaban fuera de la sede…

De Miguel viajó a Londres al día siguiente, el 17 de agosto, para evaluar las vulnerabilidades del inmueble. A su regreso a Ecuador, el 23 de septiembre, presentó un plan para mejorar la seguridad de la sede, que implicaba la compra de equipos, como cámaras, escáners, otros dispositivos y la contratación de personal de seguridad. Su propuesta fue aprobada y firmó el contrato con Romero, por un pago mensual de 29.000 dólares.

“La situación era crítica, el personal diplomático quería renunciar por los continuos roces con los colaboradores de Assange, que era acompañado día y noche por el cónsul Narváez. No había ningún control ni dispositivos de seguridad, todo era viejo. Tampoco había guardias”, recordó.

Para la cobertura en la sede, De Miguel contactó a David Morales, dueño de la empresa española UC Global. Ambos se habían conocido años antes cuando se aliaron para dar seguridad a barcos en altamar. Así, Blue Cell subcontrató a Global, que contaba con guardias, que viajaron a Londres y no tenían problemas para trabajar allí por el visado, al ser parte de la Comunidad Europea. Empezaron a operar tres guardias en turnos de 8 horas, especializados en medicina de combate, pues Assange tenía un problema preexistente de salud en uno de sus pulmones, que tenía una afectación del 50%.

Todas las previsiones apuntaban a una estancia corta de Assange, a lo mucho de varios meses, nunca se pensó que se quedaría siete años. Por eso, el contrato para la seguridad era temporal, de menos de un año, según recordó De Miguel. En la Senain además querían enviar militares ecuatorianos para que se hicieran cargo de resguardar la sede, pero Inglaterra les negó las visas, como un evidente rechazo a la decisión de Ecuador de asilarlo. Entonces la contratación con la empresa se extendió.

Blue Cell recibió por ese contrato $ 549 mil hasta marzo de 2014. Ese año el nuevo secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo, decidió terminar la relación con De Miguel y contratar directamente a UC Global. Según de Miguel, de los $46.000 mensulaes que para la época costaba la seguridad de la sede pasó a $98.000.

El salto a la minería

Aliviado por haber salido del contrato en la embajada, que se había convertido en un avispero, De Miguel puso el ojo en la minería. Especialmente luego de que el 31 de enero de 2015 el entonces presidente Rafael Correa anunciara un giro en la política energética de su gobierno, con énfasis en la minería a gran escala.

Con ese fin creó el Ministerio de Minas, que empezó una nueva etapa de concesiones a empresas privadas, nacionales y extranjeras, y a estatales de otros países como China y Chile. Según las estimaciones del gobierno de la época, en la minería había un potencial de 217 mil millones de dólares en reservas de oro, plata y cobre.

Entre 2015 y 2017, De Miguel investigó las zonas de mayor potencial para invertir en minería e identificar los yacimientos y los minerales más rentables.

“Fue un estudio largo y detallado para saber dónde invertir. Así ubiqué las zonas de más potencial en Imbabura y empecé a concursar para obtener seis concesiones, a fines de 2017”, contó el empresario.

Una de las concesiones (Imba 2) fue, precisamente, el centro de conflictos por la llegada de cientos de mineros ilegales, que se asentaron en Buenos Aires y las zonas aledañas para explotar el mineral, hasta julio del 2019, cuando fueron desalojados por la Policía y el Ejército. Entre tanto, los 120 empleados de Hanrine mantuvieron la exploración en las cinco concesiones restantes, incluido el proyecto Amadores.

Hanrine enfrenta actualmente problemas para operar en Buenos Aires. Los habitantes se han organizado, desde hace varias semanas atrás, para impedir el ingreso de sus trabajadores y exigen al gobierno que le retire la concesión.

Entre tanto, De Miguel también quiso participar con Hanrine y el financiamiento de Hancock en el proyecto Llurimagua (Imbabura), que tiene un rico yacimiento de cobre, con un potencial estimado para generar ingresos por 3,5 mil millones de dólares.

Este proyecto, ubicado en el valle de Íntag, es desarrollado por la minera estatal chilena Codelco y la Empresa Nacional Minera (Enami), que en 2015 fundaron una compañía de economía mixta, pero no han podido avanzar en la explotación. El primer convenio de asociación se firmó en 2009.

El yacimiento cuprífero yace debajo de los bosques nublados primarios que son parte de los  Andes Tropicales, considerada una de las regiones más biodiversas del mundo, donde habitan cientos de especies animales y vegetales. Ha desatado por años constantes protestas de sus habitantes y organismos ambientalistas, que se oponen a la minería a gran escala.

A partir de 2018, el gobierno, agobiado por la necesidad de recursos, inició una campaña y contactos internacionales para vender su participación accionarial del 51% en Llurimagua. Codelco es dueña del 49% restante.

Hasta el 2019, Hanrine, financiado por su matriz Hancock, ha presentado dos ofertas abiertas para participar en el proyecto, ya sea como socio de Enami o Codelco, por 202 millones de dólares, o para operar solo, pagando 400 millones. Ninguna ha tenido eco entre las autoridades, que alegan la vigencia del acuerdo con Codelco.

El medio digital Periodismo de Investigación denunció que el 16 de abril pasado el régimen había decidido entregar su paquete accionarial a Codelco, que se convertiría en el dueño absoluto de la concesión y de todas sus regalías, en perjuicio del estado ecuatoriano, por supuestas presiones del secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y su tío Francisco Roldán Cobo, del estudio Pérez Bustamante Ponce, que entre sus clientes tiene a Codelco. Roldán negó haber ejercido presión alguna para favorecer a esa empresa ni que su tío estuviera involucrado, pues otros obogados de ese estudio trabajan con la estatal chilena.

Ese mismo día -según el periodista Christian Zurita- el presidente Lenin Moreno llamó al medio para anunciar que se había suspendido la entrega del proyecto Llurimagua a Codelco, pues existía un informe negativo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

La detención de De Miguel

El 26 de julio pasado, la Unidad de investigación de Armas y Explosivos de la Policía (Uidan) realizó un operativo en el domicilio de Carlos Miguel, en Puembo. Con una orden de un juez y acompañados por un fiscal los uniformados allanaron su vivienda, a las 07:00, por una denuncia anónima de tráfico ilegal de armas.

Al ingresar al domicilio, los policías interrogaron a De Miguel, quien les confirmó que poseía varias armas y municiones, porque practicaba tiro deportivo. Luego les mostró el armamento, que tenía guardado en un sitio donde tiene un pequeño gimnasio. Eran cuatro armas de fuego: una pistola Glock, de 9 milímetros, un fusil M4 Colt, una pistola Colt, una escopeta Mossberg, así como 19 alimentadoras, 9.500 municiones y dos dispositivos de entrenamiento. “Las armas estaban debidamente guardadas, descargadas y sin sus respectivas alimentadoras, cuando las saqué del almacén y las coloqué en la butaca como lo solicitaba el oficial a cargo”.

A los agentes les llamó la atención, sobre todo, la carabina de asalto M4, pues es el arma principal de infantería estándar del Ejército de los Estados Unidos, y suele ser utilizada por numerosas unidades policiales de élite. De Miguel explicó que compró ese fusil en EE.UU. el 2003, al igual que las otras dos armas, que fueron importadas al Ecuador de forma legal.

Durante el allanamiento, De Miguel mostró el permiso de la Glock, que está vigente hasta 2024, y los tres documentos restantes de las otras armas, que, sin embargo, estaban caducados y no habían sido renovados en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Según De Miguel, compró las munciones a mediados de 2019 a Ricardo López, quien a su vez las había adquirido en la fábrica Santa Bárbara. Hasta mayo pasado, López, quien es campeón mundial de tiro, trabajaba en Hanrine como subgerente, al frente de las tareas de seguridad. Dejó la empresa en medio de desacuerdos y contratiempos con el gerente de Hanrine.

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Informe del Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto de las FF.AA.

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El 7 de enero de 2020, Ricardo López denunció a Carlos De Miguel III por una supuesta intimidación en la Fiscalía e inició un trámite de visto bueno en el Ministerio de lo Laboral, por hostigamiento, solicitando una indemnización como persona con discapacidad. Según De Miguel, su excolaborador planteó las dos demandas buscando presionar que la empresa, que ya había decidido despedirlo, lo indemnizara presentando un certificado de discapacidad adulterado, según les certificó el Ministerio de Salud. Buscamos la versión de López pero no respondió a nuestras llamadas. De Miguel, junto a López, también enfrenta otra denuncia de supuesta intimidación del extrabajador de Hanrine Hugo Morales. El proceso no ha pasado de la investigación previa.

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“Los permisos han sido renovados varias veces por el Comando Conjunto; compré las municiones, que son de los mismos calibres de las armas, para prácticas de tiro y para concursar en torneos, dentro y fuera del país, soy socio de varios clubes en Guayas e Imbabura”, dijo De Miguel, quien fue detenido por la Policía;  sus armas fueron incautadas.

Según un informe del Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto de las FF.AA. al que accedimos, de Miguel efectivamente no cuenta con permisos de uso deportivo y tenencia para tres armas de fuego: una carabina, una escopeta y una pistola, que estuvieron vigentes hasta el 2017.

Sobre el pedido de renovación, el reporte, fechado 30 de julio de 2020, indica que fue negado por haber detectado “que el usuario poseía cuatro números de identificaciones anteriores registradas en el Sinocar”.

“El 21 de mayo -con oficio 20-G-4-ARMAS-Pich-Insp-032- se notificó al usuario que su solicitud fue anulada pues no cumplía los requisitos. El oficio fue remitido mediante correo electrónico y hasta la fecha no se ha recibido respuesta, ni se pudo ubicar al usuario”.

La audiencia de flagrancia se realizó al día siguiente del allanamiento, el 27 de julio, ante la jueza Geovanna Palacios, que dispuso su liberación y abrió una investigación previa por tráfico ilícito de armas.

Ese mismo día, la ministra de Gobienro, María Paula Romo, informó en su cuenta en Twitter sobre el operativo y la detención de De Miguel, así como la realización de la diligencia.

Para De Miguel, su detención es parte de una operación supuestamente premeditada de la ministra Romo y Juan Sebastián Roldán para desacreditarlo, como gerente de Hanrine, en medio del proceso de subasta del 51% de acciones que posee la Enami en el proyecto Llurimagua.

“La oferta de la multinacional que yo represento (Hancock) es la más alta entregada hasta la fecha, por más de 400 millones de dólares para el Estado, pero ciertos políticos pretenden transferir la concesión a costo cero a otra entidad”, destacó.

Dos días después de ser liberado, De Miguel planteó junto a su abogado Emiliano Donoso una denuncia por fraude procesal en contra de Romo. También fueron denunciados el fiscal que dirigió la operación, Washington Rojas; la jueza Eliana Carvajal, que ordenó el allanamiento y siete oficiales y agentes operativos de la Policía.

Hanrine también contrató a Kroll, una consultora internacional especializada en investigaciones de cuello blanco para confirmar si hubo un contubernio de funcionarios del gobierno en su contra, por sus operaciones mineras.

Según la Ministra Romo, en este caso actuó como en otros de interés público, en los cuales la Policía interviene para frenar posibles actos delictivos. «Daremos la respuesta que a otros casos, es decir presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirija en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores», subrayó.

Los abogados del representante de Hanrine también estiman que es grave que no se conozca ni se haya justificado quien presentó la denuncia que dio origen a este caso. “No hay evidencia de que exista denuncia alguna en mi contra, ni en la Policía ni en ningún proceso en la Fiscalía”.

Fuentes de la Policía ratificaron que la denuncia sí existió. “Una persona llamó a la Policía para denunciar que De Miguel tenía armas y municiones en su domicilio sin permisos, lo cual constituiría un delito”, dijo un oficial cercano a la investigación.

Posteriormente se informó a la Uidan que verificó y calificó la procedencia de la denuncia y pidió un acto urgente al Fiscal de turno que, a su vez, solicitó a un juez la orden de allanamiento. “Toda la acción fue dirigida por la Fiscalía, la Policía no puede actuar en estos casos por su cuenta”, recalcó el uniformado, quien destacó que la ministra Romo conoció del operativo solo después de haberse realizado, por el reporte que recibe a diario sobre los casos más relevantes que ejecuta la Policía.

La vigencia del nuevo Código de la Salud está en una fase decisiva. En menos de una semana, el presidente Lenin Moreno debe enviar su pronunciamiento sobre el texto aprobado por la Asamblea, que ha levantado varias críticas desde  los sectores involucrados.

Redacción Código Vidrio

El Comité Empresarial Ecuatoriano y Juntos por la Salud, que reúne a farmacéuticos, importadores y productores de insumos médicos, aseguradoras de salud y compañías de alimentos, pidió al Primer Mandatario que vete parcialmente el Código.

Más de 50 normas del Código son cuestionadas, no solo por su forma sino también por su fondo. Caterina Costa, presidenta de la Comité, explicó que su pedido pretende enmendar los errores, que a su criterio cometieron los legisladores en la aprobación de la ley. Por ejemplo, sostuvo que no tomaron en cuenta la nueva realidad que vive el mundo por la Covid-19.

Uno de sus cuestionamientos es por la creación del Consejo Nacional de Salud, que se convertirá el organismo rector de las políticas en el país. Para los empresarios se deben aclarar las competencias de rectoría y prestación de servicios que tendrá este Consejo y el rol de los representantes de las farmacéuticas y de importación de dispositivos.

Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim),  está preocupada por la disposición para el ingreso de nueva tecnología al país. Según el Código, se abrirá la autorización cada dos años, lo cual para ella es un despropósito, no solo porque la tecnología se actualiza permanentemente sino porque se pone en riesgo a los pacientes.

La razón principal es que el 99 por ciento de insumos médicos vienen del exterior y esperar dos años para actualizarlos afectaría directamente a las personas que requieren ese tratamiento. Además, en el Código persisten problemas como las compras mediante subasta inversa.

Murgueitio recalcó que este sistema no ha permitido acabar con la corrupción ni ahorrar recursos al Estado. Por el contrario -apuntó- es usada para entregar contratos a sectores no autorizados y los productos no son los mejores del mercado.

El sector farmacéutico protesta por la norma que busca que realicen un nuevo etiquetado a las medicinas.  Santiago Salguero, representante de esta agrupación, sostuvo que eso representará un enorme gasto, que no necesariamente es justificado.

Adicionalmente, el gremio protesta por las normas que buscan que se fabrique o importe cada prescripción médica y que la actualización de precios se haga cada dos años, excepto los de venta libre.

Para Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, sus representados también se verán afectados por el Código de la Salud, especialmente las industrias de alimentos.

El principal cuestionamiento es porque la norma deja la puerta abierta a restricciones que no fueron debatidas ni aprobadas. Zambrano puso como ejemplo la disposición para el semáforo de alimentos que desde el 2013 se incluye en cada producto.  Y la posible inclusión de nuevos parámetros solo dependerá del criterio de la autoridad sanitaria y no de un estudio científico que lo respalde.

El texto aprobado por los asambleístas, además de las notificadas por cantidades de grasa, sal y azúcar, incluye la palabras “y otros” que puede ser usado para incluir más regulaciones.

También hay preocupación por la disposición de productos sucedáneos leche materna  no se vendan libremente y por la prohibición de usar varios componente que dificultaría llegada a los mercados.

El director ejecutivo del Comité Empresarial, Roberto Aspiazu,  enfatizó que el veto presidencial es fundamental para reparar los errores del texto aprobado por la Asamblea y recalcó que es necesario escuchar los planteamientos de los empresarios.

Mikla Construcciones es la firma estandarte del grupo societario que levantó el legislador Eliseo Azuero, quien tiene orden de prisión preventiva por una supuesta repartición de fondos en obras de reconstrucción en Manabí y hoy, 8 de septiembre, acaba de presentar su carta de renuncia a la Asamblea. Azuero posee un patrimonio de 5,7 millones. En 2015 creó Mikla, que recibió contratos con el estado, tras el terremoto de 2016. En sus cuentas habría recibido depósitos de 1,5 millones de dólares, entre 2012 y 2020, sin un registro de la identidad de los depositantes. Sus movimientos financieros, entre 2017 y 2019, no se reflejarían en su declaración patrimonial.

Investigación de Código Vidrio y revista Vistazo

Está en el ojo de la tormenta. Enfrenta una orden de prisión dictada el viernes 17 de julio por el juez Marco Rodríguez dentro de la investigación fiscal por su posible participación en una trama de pagos irregulares en obras en Manabí, que salpica al Legislativo. Una radiografía a la actividad empresarial del asambleísta Eliseo Azuero Rodas -aquí revelada- muestra que tiene una fortuna amasada en firmas que han tenido contratos millonarios con el Estado, especialmente tras el terremoto, en 2016.

El conglomerado empresarial que levantó está estrechamente ligado a sus relaciones familiares cercanas. Fuentes del sistema financiero informaron que en sus cuentas habría recibido depósitos de 1,5 millones de dólares, entre 2012 y 2020, sin un registro de la identidad de los depositantes. Sus movimientos financieros, entre 2017 y 2019, no se reflejan en la declaración patrimonial, que presentó en Contraloría.

Transporte de Carga Sol de Oriente, Mikla Construcciones y Rocaoriental encabezan su grupo societario.

Contactamos al abogado del legislador, José Luis Ortega, para que explique todas las irregularidades que detectamos, pero no se pronunció.

Azuero, del BADI, tiene orden de prisión junto a 11 personas más, dentro de la instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada, en la que también está involucrado el legislador de PAIS, Daniel Mendoza. Este martes 8 de septiembre acaba de presentar su renuncia a la Asamblea, alegando que no tiene garantías para preservar su salud si es llevado a prisión. Además, asegura que no tuvo ninguna participación en los supuestos negociados para construcciones hospitalarias en Manabí y en un reparto de cargos públicos.

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Declaración presentada en la Contraloría

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La bonanza tras el terremoto 

2016 fue el año del terremoto en Manabí. Para entonces Azuero aún no era asambleísta (si bien su carrera política empezó en 1990); pero sí era conocido como un empresario de la construcción y el transporte pesado. En 2015 constituyó Mikla Construcciones, con sede en Sucumbíos, firma que ganó contratos de emergencia con el gobierno de Rafael Correa para ejecutar obras en Manabí y Esmeraldas. Fuentes cercanas aseguraron que sus contactos políticos con el correísmo gravitaron a su favor. Sus acciones las transfirió en 2016 a nombre de su hijo Carlos Alexis.

Ese fue el año de su mayor bonanza. Por el ejercicio económico de 2016 declaró ingresos por 7,3 millones de dólares y una utilidad de $622 mil. En contraste, en 2015 registró ingresos por $97 mil y 13 mil de utilidad. Esto consta en su declaración de Impuesto a la Renta.

Pero al contrastar sus declaraciones del Impuesto a la Renta con sus ingresos bancarios, hay discrepancias en 5 años: 2013, 2014, 2016, 2018 y 2019. En este último, la diferencia es de 211 mil dólares. Entre 2012 y 2020 tiene depósitos bancarios por $1,5 millones, pero sin especificación del depositante, según fuentes de entidades de control.

Entre 2016 y 2017, facturó a la dirección distrital del Ministerio de Obras Públicas nueve millones de dólares.

En 1990 fue diputado por Sucumbíos; luego postuló para prefecto por esa provincia, consiguiendo la victoria en urnas y una reelección, a la cual renunció para optar por una curul legislativa. Volvió al Congreso, con el auspicio de la Democracia Popular.

 

 

 

 

En 2004 corrió con el PRIAN para la prefectura pero quedó en tercer lugar. Para 2006, con la misma divisa se catapultó nuevamente al Congreso, que en cuestión de meses el entonces presidente Correa defenestró. Entre 2007 y 2017 su vida pública entró en pausa (no consiguió la alcaldía de Nueva Loja a la cual se postuló en 2009).

En 2017 llegó a la Asamblea, con la Izquierda Democrática de la que marcó distancia. Actualmente apoya al Bloque de Acción Democrática Independiente, BADI.

Su patrimonio de 5,7 millones

Al inicio de su gestión, en mayo de 2017, declaró a la Contraloría un patrimonio de 5,7 millones de dólares, resultado de la diferencia entre sus activos (7 millones) y pasivos (1,2 millones). Para 2019, esto es, para la declaración de mitad de período legislativo, reportó una reducción, tanto en activos como en pasivos (deudas). Los activos bajaron a 5,8 millones, y sus deudas bajaron a 18 mil dólares. Su patrimonio, para 2019, continuaba en $5,7 millones, con una leve variación al alza de $54 mil.

Sin embargo, según registros financieros, en ese período tuvo acreditaciones por 5,8 millones de dólares y débitos por 4,9 millones de dólares, lo cual no es coherente con su declaración jurada.

Azuero, al parecer, no cumplió con la normativa tributaria que obliga a quienes tengan bienes que superen 226.200 dólares a presentar una declaración patrimonial ante el Servicio de Rentas Internas. El objetivo de esa declaración es controlar los incrementos patrimoniales injustificados de personas nacionales o extranjeras que viven en el Ecuador.

En 2017 actualizó su Registro Único de Contribuyente (RUC), cuya actividad económica es la de “alquiler de maquinaria y equipo de construcción”. Se encuentra activo. A su nombre se registran seis vehículos: un jeep, dos camionetas, un trailer, un camión y una volqueta, por un monto total estimado en más de 350 mil dólares.

En Pichincha tiene tres predios; además de propiedades en Nueva Loja. Dos de los predios en Pichincha los adquirió en 2004, se encuentran en Guayllabamba y en La Delicia, Comité del Pueblo. En septiembre de 2019, fue uno de los 30 asambleístas que se abstuvo de votar a favor de una reforma penal que viabiliza incautar bienes relacionados con actos de corrupción.

Sus intereses empresariales

La esposa, hijos y hermanos tienen participación societaria en entidades relacionadas con el asambleísta Azuero. Según una investigación preliminar, crea empresas que luego transfiere sus familiares, y luego reciben contratos con el Estado.

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Transporte de carga Sol de Oriente:
Azuero compró en 2017 el paquete accionario de esta empresa, cuyo objeto social es la carga pesada a nivel nacional e internacional. Su esposa, Nelly Arias, es accionista. Constituida en 2012, la empresa es proveedora del Estado y se encuentra domiciliada en Sucumbíos.
Su hermano, Aristóteles Melquesedec Azuero Rodas, consta como accionista, adquirió participación en 2014 e incrementó capital en 2015. Su hijo Carlos Alexis Azuero Rodas es accionista.

Mikla Construcciones:
Constituida en 2015. Se volvió contratista del Estado en 2016, este año transfiere sus acciones a favor de su hijo Carlos Alexis, quien figura como presidente. Entre 2018 y 2020, el asambleísta facturó 535 mil dólares a esta empresa. Según información de esta empresa, trabajó en demolición y desalojo en Quinindé, Tonsupa y Atacames (Esmeraldas); y en Manta, Manabí. También tiene contratos en el sector petrolero, en la Amazonía.

Rocaoriental:
Empresa de construcciones y servicios, liquidada en noviembre de 2019. Dedicada a la construcción de edificios, y constituida el 2000. En 2010, su hermana Maribel Azuero Rodas tenía acciones de esta empresa. Su representante legal es, a su vez, representante de la firma Construcciones y Servicios Aguaricocha, que aparece como contratista en obras de emergencia tras el terremoto, junto con Milka.

ENTREVISTA. Este lunes 7 de septiembre se reinicia en Londres, Inglaterra, el juicio de extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Desde el año pasado sus abogados impulsan una demanda contra David Morales, CEO de UC Global, que se encargaba de la seguridad de la embajada ecuatoriana en la capital británica. Lo acusan de haber espiado al australiano para la CIA. En esa misma línea, en junio pasado el expresidente Rafael Correa también demandó a Morales por hacerle seguimientos de sus encuentros con el abogado de Assange, Baltasar Garzón, y por elaborar supuestos informes en inglés sobre otras reuniones mantenidas en Bélgica. Entrevistamos a Morales, quien asegura que las denuncias son solo un distractor que busca victimizar a Assange, antes del inicio del proceso de extradición. Y que la denuncia de Assange en su contra no supera la etapa de investigación por falta de pruebas.

Redacción Código Vidrio

¿En qué estado está el juicio que impulsan en su contra los abogados de Julián Assange por un supuesto espionaje a sus actividades en la embajada de Ecuador en Londres?
Está en fase de Instrucción o investigación judicial. Después de casi un año de investigación, todavía no hay ninguna prueba de captación y venta de información a la inteligencia norteamericana. En definitiva, esto todavía no es un juicio, sino una investigación que se ha desarrollado de una forma muy irregular, en mi opinión, que no tiene base ni sustento alguno, que atenta contra mis derechos fundamentales.

¿Pero cuáles son, en concreto, las pruebas aportadas por exempleados de UC Global?
Los indicios presentados contra mi y mi compañía se basan en unas declaraciones de unos testigos que tienen conflictos legales graves con la compañía, por violación de la confidencialidad, intento de venta de información privada y confidencial, apropiación indebida de materiales y dinero. Por eso, fueron despedidos y expulsados de la compañía el trabajador que estaba al frente del área informática y de mi exsocio Manuel Domínguez. Ellos, junto con la defensa de Assange, crean una historia, que convenientemente articulada, uniendo piezas sueltas sobre distintos comunicados, emails y otras conversaciones privadas y confidenciales, nada tienen que ver con los hechos a los que hacen alusión.

¿Se ha podido probar la denuncia de que la información recabada por UC Global en la embajada se enviaba a la CIA?
No, porque en mi declaración inicial ante el Juez instructor expliqué y desmentí esas falacias. Nunca he tenido contacto con agencias de inteligencia norteamericanas. Todo eso pretenden acomodarlo solo porque yo mantenía relaciones laborales y de representación con empresas norteamericanas, lo cual siempre ha sido público: en la web de la compañía se indicaban las compañías con las que teníamos contratos laborales. Esto, en lo absoluto, significa que exista una relación con servicios de inteligencia norteamericanos.

¿Pero en la demanda se presentan correos y testimonios, información proporcionada por sus exempleados?
Una cosa es el relato literario jurídico que se realiza en la querella escrita y otra muy diferente cuando toca justificarlo delante del juez, que hasta ahora no ha recibido ninguna evidencia clara sobre el supuesto espionaje para EE.UU. Se me ha acusado de transferir información de múltiples maneras, dando distintas versiones, mediante el empleo de un servidor que enlazaría directamente con Londres, mi oficina y USA. Todo ese cuento se basa en un proyecto que nunca se puso en marcha, tal y como confirman los propios testigos de la defensa en sus declaraciones.

En el proceso se presentaron evidencias de que con la llegada del nuevo gobierno de Lenin Moreno el pedido de aumentar la vigilancia de las actividades de Assange, sus abogados y visitantes, fue del mismo embajador, ya fallecido, Carlos Abad.
Así es, y es lo que no terminan de comprender o prefieren obviar los abogados de Assange, ya que no les interesa la verdad, sino el ruido mediático y la capacidad de interferir en el juicio de extradición que se reiniciará desde mañana lunes 7 de septiembre en Inglaterra. Esos mails, en los que se pide extremar la vigilancia, son fácilmente comprobables, no solo por qué las cuentas de correo son oficiales, sino porque en los mismos se refleja el número de referencia del comunicado que consta en los archivos del ministerio correspondiente. Dichos correos se han presentado al juzgado para su análisis. Especialmente significativos son los comentarios dolosos, cargados de odio personal en mi contra, que realiza el excónsul Fidel Narvaez, quien es incapaz de asimilar que existiera ese contacto a nivel profesional con el propio embajador. Abad, actuando en nombre de Cancillería, nos pidió trabajar en un escenario confidencial y que se excluyera a ciertos a funcionarios, como Narváez, sobre quienes se sospechaba que filtraban información o no respondían a las órdenes del gobierno.

¿Entonces algunos funcionarios como Narváez realmente servían a Assange y no al Gobierno?
Así es. Podemos discutir sobre la condición, métodos o sobre las razones que han llevado a Assange a su situación actual, pudiendo estar de acuerdo o no. Pero no se puede negar que sus acciones, por las cuales va a ser juzgado y muy probablemente extraditado, han puesto en peligro, no solo a personas, sino que han afectado la defensa nacional de un país, ha filtrado y difundido información privada y confidencial.

¿En esta línea, las acciones que realizaban Assange y sus seguidores desde la embajada atentaban contra Ecuador?
Esto ha quedado claro cuando la propia defensa de Assange ha confirmado en la investigación que su defendido trabajaba de forma independiente, ajeno a las órdenes del gobierno de Ecuador, es decir se consideraban una célula autónoma. Ese fue el caso de la concesión de su nacionalidad y pasaporte diplomático y el plan con el que pretendían que Assange abandonara la embajada para refugiarse en un tercer país. Ese plan, tal como han reconocido los abogados en el juzgado, solo lo conocían ellos y fue desarticulado por Ecuador, no por EE.UU.

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“Baltasar Garzón admitió que el 21 de diciembre del 2017 la Cancillería ecuatoriana remitió una nota verbal de prohibición de sacar de la embajada a Assange con pasaporte diplomático. Reconoció que el gobierno cambió de opinión y prohibió formalmente darle el pasaporte diplomático”.

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¿Qué nuevos elementos aportaron al juicio los testimonios que rindieron Garzón, Stella Morris y Fidel Narváez?
Ninguno. Solo se dedicaron a realizar reivindicaciones políticas sobre la situación de Assange, lectura del guión sobre la defensa de derechos civiles y humanos. Sorprende que Stella Morris dijera que no tenía privacidad total en ninguna habitación con Assange, lo cual es totalmente falso y ridículo. La prueba es que Assange y Morrison mantuvieron relaciones intimas en las habitaciones privadas del asilado. Fruto de ello concibieron dos criaturas, en el interior de la embajada. Assange disponía de espacios privados, donde no solo mantenía sus encuentros íntimos sino que además realizaba reuniones con su equipo. Sobre Narvaéz, lo más destacable de sus declaraciones, además de sus recurrentes ataques a Global, sus empleados, y los gobiernos ecuatoriano y estadounidense, es que reconoce que ellos no tenían obligación de informar  a la Presidencia ni a la nueva Senain. Confirma que él participó en la concesión del pasaporte diplomático a Assange, y que supone -ya que no tiene pruebas- de que UC Global informaba de sus movimientos a EEUU. Por ello, era importante para el Gobierno ecuatoriano saber qué estaba ocurriendo en su sede y solicitaban más información, a través de las peticiones del embajador.

¿Entonces, los abogados de Assange corroboraron que hubo un plan para extraerlo en diciembre de 2017 de la embajada y llevarlo a Rusia, con la coordinación del entonces jefe de la Senain, Rommy Vallejo?
Garzón, Stella y Narváez no nombran directamente a Rusia, siempre declaran que la salida se realizaría a un tercer país, pero todo ello apuntaba a Rusia como destino. La participación del exsecretario de Inteligencia Rommy Vallejo, a espaldas del Gobierno, es confirmada por sus afirmaciones, así como por el equipo legal de Assange que participó en dicha negociación. Dicha operación se planifico y se estuvo a punto de ser ejecutada sin conocimiento del Gobierno, que tan pronto tuvo conocimiento de la operación envió un comunicado a los implicados para que cesaran en sus intenciones, desaprobando la continuación del plan.

¿Entonces, cuál fue el papel de Narváez, quien hoy colabora activamente con los abogados de Assange?
Las actuaciones de Narváez y el resto de diplomáticos no fueron de interés específico para nosotros. Yo entiendo que tendría sus funciones como cónsul ecuatoriano, pero lo que es innegable es su extrema vinculación y dedicación a la misión de Assange. Por eso perdimos la confianza en sus actuaciones, que entraban en conflicto directo con el Gobierno actual. Nuestra labor, en líneas generales, era simplemente prestar asesoramiento y consultoría, servicios de control de accesos y apoyo técnico, todo ello recogido en un contrato legal con la Senain y reafirmado por Cancillería y Presidencia. No sé porque se habla de actuaciones ilegales cuando todas se realizaron en territorio ecuatoriano, bajo la legislación ecuatoriana.

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“El entonces canciller Ricardo Patiño fue asesorado por españoles que hoy son parte del partido Podemos, que trabajaban en Ecuador y fueron quienes negociaron la entrada de Assange a la embajada. Todo fue conocido por el excónsul Fidel Narváez, quien actuaba más como miembro del equipo de WikiLeaks, recibiendo órdenes del australiano y participando en acciones a espaldas del gobierno ecuatoriano, como los abogados de Assange han reconocido”.

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¿Morris aportó algo nuevo? Ella ha reconocido que tuvo sus hijos con Assange mientras pernoctaba en la embajada.
Contó que concibió sus dos hijos con Assange en la embajada y que contrató al actor John Hoo para que los llevara  a la sede, para visitar al asilado, sin el conocimiento del personal diplomático, pese a la insistencia y preocupación del embajador por conocer el porqué ingresaba un menor, sin conocer su identidad. El hecho de que procreara sus hijos en la sede evidencia que el trato era de todo menos opresor para el huésped y su equipo, al menos durante el tiempo en el que UC Global presto sus servicios, hasta el 2018.

Por otro lado, el expresidente Rafael Correa acaba de demandarle a usted porque supuestamente Global lo espiaba para la CIA, y se hacían seguimientos secretos, no consentidos, a sus hijas y esposa. 
Ha sido una gran sorpresa que este Señor (Correa), al cual hemos prestado servicio y conoce bien que mi trabajo con él y su familia siempre se ha basado en mi independencia y protección de la intimidad y confidencialidad, ahora intente sacar provecho para apoyar a su amigo Garzón y distraer de las acusaciones que se realizan contra él por sus problemas legales en Ecuador. Veo que, al igual que Assange, solo busca victimizarse ante la opinión publica para aparecer como un perseguido político de EE.UU. Durante todos los años de servicio no hemos tenido ni una sola queja o problema suyo. Todas nuestras operaciones de seguimiento y vigilancia a su familia fueron consentidas por él.

¿A qué se debe está arremetida de ataques judiciales de los abogados de Assange y Correa?
Esta claro que todo esto corresponde a un ataque coordinado y premeditado de la defensa de Assange, que ha pretendido presentar una teoría basada en una serie de acusaciones creadas “ad hoc” infundadas, tergiversadas, articuladas y difundidas mediante la colaboración de unas personas que se han ofrecido a participar en esta trama. Así, Assange y Correa solo buscan aparecer como víctimas de la “super potencia”. La realidad es que el destino de Assange estaba ya escrito desde cuando entró en la embajada, pese a que no lo quiso ver, se equivocó de estrategia y de escenario. Así mismo han pretendido que estas acusaciones interfieran y distraigan el juicio de extradición.

¿Hay algún plazo para que esta etapa del juicio termine? ¿Qué otras diligencias están previstas para que los jueces deliberen?
Espero que todo esto acabe pronto, soy consciente de que se ha querido mantener la investigación hasta el inicio del proceso de extradición este lunes y así seguir explotando su faceta mediática. Pero prácticamente todas las diligencias están realizadas, los informes de la investigación de la policía sobre los distintos cargos de los que se me acusó han demostrado que no se ha realizado ningún tipo de actividad ilícita o delincuencial. Mientras tanto las actuaciones desarrolladas contra mí solo han perseguido mi “muerte civil”. Nunca pensaron que un “ratón cazara gatos”.

El expresidente Abdalá Bucaram tiene nueve hijos. Cuatro con Rosa Pulley, con quien está casado, y cinco más que procreó con otras parejas, mientras estuvo asilado en Panamá, hasta junio de 2017. Uno de los hijos desconocidos de Bucaram salió del anonimato el pasado 26 de agosto. Se trata de Abdalá Bucaram Machuca, quien esa noche suplicaba que dejaran que su padre fuera trasladado a Estados Unidos, para ser atendido por una supuesta dolencia cardíaca. Su madre es Laura Machuca, cónsul de Ecuador en Arizona. Sus otros cuatro descendientes directos, según pudimos corroborar, son Abdalá Jheralla Bucaram Guillén, Zherezade Nadira Bucaram Guillén, Martha Bucaram Castro y Shamir Bucaram Silva (foto).

Redacción Código Vidrio

Abdalá Bucaram estaba seguro de que su futuro político no tendría  sobresaltos. Con esa confianza,  en junio del 2017, días antes de regresar al país, tramitó en la embajada ecuatoriana en Panamá la nacionalidad de tres de sus cinco hijos procreados fuera del matrimonio: Abdalá Jacobo Bucaram Machuca; Abdalá Jheralla Bucaram Guillén y Zherezade Nadira Bucaram Guillén.

Ellos son los tres hijos menores del expresidente, que junto a Martha Bucaram Castro y Shamir Bucaram Silva nacieron en Panamá. Los procreó con otras parejas, por fuera del matrimonio que le une con Rosa Pulley, desde 1977. De su primera unión nacieron Jacobo, Linda, Abdalá, más conocido como Dalo, y Michel.

El exmandatario presentía que, tarde o temprano, la noticia de sus hijos fuera del matrimonio podría ser usada en su contra por sus adversarios. Sus temores aparentemente tenían sustento: en el 2013, agentes de la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), el aparato de espionaje político de Rafael Correa, lo espiaron en Panamá.

El seguimiento fue reseñado en un análisis al que tuvimos acceso, denominado “Informe 001”. En el documento se detalla cómo los agentes se infiltraron en la fiesta de cumpleaños de Bucaram, en marzo del 2013.  Además, como días después, el exmandatario pidió a los funcionarios del consulado que le ayudaran a tramitar la visa de unos de sus hijos panameños que se encontraba ilegalmente en Ecuador.

Esa fiesta fue en el Hotel Paitilla Plaza, ubicado a cerca de la playa y con una vista panorámica de la bahía. El salón fue decorado con manteles rojos y amarillos, los colores característicos del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), que lo llevó a Carondelet en 1996.

Entre los invitados estuvieron dirigentes de ese partido y algunos ecuatorianos residentes en Panamá. También los hijos que tiene con Rosa Pulley: Michel,  Dalo; su esposa Gabriela Pazmiño. Sólo del mayor de todos, Jacobo, no acudió.

El expresidente pidió un aplauso para su hijo Dalo, que había ganado un lugar en la Asamblea. Por esos días, uno de los hechos que marcó el rompimiento con Rafael Correa, fue el desplante que le hizo Dalo al no darle la mano en la ceremonia de entrega de credenciales para los nuevos legisladores.

Según el relato del infiltrado,  Dalo aseguró que se mantendría con perfil bajo. También dijo que su partido tenía mucho en común, ideológicamente, con el Presidente (Correa) y que le gustaría sostener nuevamente un acercamiento con él. Aseguró que no estaba de acuerdo con los insultos de su padre y que él alguna vez tuvo un problema con Alexis Mera, pero que no lo había agraviado.

Mientras Bucaram insistió que el entonces presidente Correa lo había traicionado, porque no podía volver al Ecuador desde Panamá.

Una vida entre dos países

Shamir y Martha son muy activos en redes sociales. Sus mensajes recuerdan que tienen dos patrias: Ecuador y Panamá, donde crecieron y estudiaron. El mayor es administrador de empresas, graduado en la Universidad Interamericana de Panamá.

En marzo de 2013 se festejó en Panamá el cumpleaños del expresidente. Estuvieron algunos de sus hijos

Mientras que Martha estudió en el Colegio La Salle, de la capital de la nación centroamericana, se graduó como licenciada en Derecho en la Universidad Católica Santa María La Antigua.  Vive y trabaja en Estados Unidos.

Bucaram escogió Panamá para asilarse luego de ser destituido por el Congreso, en febrero de 1997. Permaneció 23 años seguidos en ese país, que solo fueron interrumpidos unos días, en  2005, cuando la Corte Suprema de Justicia, llamada “Pichi Corte”, anuló los juicios por peculado en su contra.

Retornó a Guayaquil, pero desencadenó una oleada de protestas en varias ciudades, especialmente en Quito, que tras varias semanas provocaron la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Bucaram debió volver a Panamá.

Vivía en el segundo piso del Bayside Tower, también ubicada en la Punta Paitilla, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad. Martha es la que tiene más fotos con su padre. Lo fotografió en su departamento, cuando tocaba la guitarra y cuando se casó en 2015.

Ella cuenta con cariño que su madre le cantaba “la niñita de Abda” y como muchas jovencitas, su padre fue su primer amor y ejemplo. Por eso, hasta ahora es activista de su movimiento político. Ella festejó cuando volvió a Ecuador, en junio del 2017, y acusa al gobierno por sus problemas de salud, luego de que fuera implicado junto a sus hermanos Jacobo, Dalo y Michel en una presunta asociación ilícita para perjudicar al Estado, en el supuesto tráfico de bienes patrimoniales y de armas.

Shamir es más cauteloso y en su cuenta de Facebook tiene agregados como hermanos a Martha y a los dos Abdalá: Machuca y Guillén. En sus archivos mantiene en sola una fotografía de su padre, que es un collage con una foto del líder del PRE junto a las banderas de Ecuador y Panamá.

El hijo de Bucaram y la cónsul en Arizona

Sorpresivamente, Abdalá Bucaram Machuca hizo público su parentesco, el pasado 26 de agosto, cuando el exmandatario sufrió una recaída de salud y fue trasladado desde su casa, donde guarda arresto domiciliario, hasta la Clínica Alcívar. “Mi nombre es Abdalá Bucaram Junior, soy uno de los hijos menores de Abdalá. Mi papá está súper mal. Tiene más del 40 por ciento del corazón muerto ahorita. Está súper mal. Allá adentro hay como 40 policías y ni un solo doctor”, reclamaba entre llantos

Bucaram se recuperó de ese malestar y esa misma noche volvió a su casa.

Bucaram Machuca vive en Guayaquil y permanece muy cerca de su padre. “Escribe el hijo de Abdalá…la última intervención de mi padre en Facebook, tiene un millón 200.000 personas entre alcanzadas y reproducciones…ese es el pavor y envidia contra mi padre…VIVA LA PATRIA..!”, escribió en su cuenta en Twitter, el 30 de agosto pasado.

Su madre es la cónsul de Ecuador en Arizona, Laura Machuca, según registros públicos a los que accedimos. Ella llegó a este puesto aunque no es diplomática de carrera. Fue nombrada en agosto de 2017 como consejera  y tres meses después fue declarada cónsul. Según revista Vistazo, entre febrero y mayo de ese año, dos altos delegados de Alianza País (el secretario presidencial Eduardo Mangas y el asambleísta José Serrano) se reunieron en dos ocasiones con la familia Bucaram. La primera, luego de las elecciones en las que quedaron finalistas los binomios Moreno-Glas y Lasso-Páez. En esa cita, la familia habría pedido que el patriarca pudiera volver al país cuando las causas penales en su contra prescribieran. La segunda reunión fue en Panamá, a inicios de mayo. Según los dos delegados, se trató de un pacto de caballeros, y la promesa del clan Bucaram consistía en bajar el tono de las «acusaciones infundadas» contra el entonces vicepresidente.

El nombramiento de Machuca es parte de la cuota política que mantiene el gobierno de Lenin Moreno en el servicio exterior del país y evidencia la buena relación que mantenía en ese entonces con  el líder del Partido Roldosista, por el apoyo que le dio durante la campaña su hijo Dalo.

Laura Machuca hizo parte de su carrera en el área judicial. Fue jueza del Segundo Tribunal Penal de Pichincha del 2011 al 2013, luego ganó un concurso público para ejercer como fiscal, donde tuvo una  mayor visibilidad.

Fue la fiscal que impulsó el caso contra los responsables de la muerte del boxeador Jaime Quiñónez. Además estuvo al frente de la investigación por la desaparición del universitario David Romo. Justamente,  su salida de ese proceso, en el 2015, motivó la protesta de los familiares de las personas desaparecidas.  Sin embargo, fue nombrada fiscal en la parroquia de Tumbaco.  Además, participó en los concursos para ser notaria y fue directora suplente del Colegio de Abogados de Pichincha.

A su llegada a Phoenix, Arizona, aseguró que trabajaría en beneficio de los ecuatorianos residentes en ese país. Según sus registros  migratorios, Estados Unidos es su destino favorito, incluso antes de ser cónsul. A esa nación viajó 12 veces en los últimos ocho años. También estuvo en Perú y en Panamá en el 2012.

Otro de los hijos del expresidente que lleva su nombre es Abdalá Bucaram Guillén. Tiene un gran parecido con Dalo. Él solo ha hecho pública en redes sociales su afición por los videojuegos y la música.

La faceta oculta

El expresidente ha mantenido esa faceta de su vida oculta. No obstante en una de sus últimas declaraciones en la Fiscalía contó un detalle poco conocido de su vida. Sostuvo que en 2014, cuando era perseguido por el entonces presidente Correa, su relación se complicó. Su esposa Rosa Pulley lo acusó de mujeriego y desató un problema conyugal.

Pulley viajaba esporádicamente a Panamá, porque el precio de los boletos aéreos se había incrementado. La viajes que eran semanales, pasaron a ser trimestrales y esporádicos. En ese período pidió que su pensión como ex Jefe de Estado sea transferida íntegramente a las cuentas de su esposa.

Dijo que vivía de la ayuda de sus amigos, especialmente Eduardo Azar y Alfredo Adum, que le apoyaban con dinero. Sobre todo Adum, quien le regaló el vehículo Mitsubishi con el cual se movilizaba por Panamá, valorado en 46.000 dólares. “No me duele decir que durante 20 años vivía de la caridad de mis amigos”, dijo.

Bucaram reclamaba a sus contrincantes políticos haberse perdido la crianza de sus hijos con Rosa Pulley. Jacobo, Linda, Dalo y Michel siempre estuvieron en Ecuador. Con los años, solo Linda emigró a Estados Unidos y formó un hogar.

Ahora, por sus problemas con la justicia, sus hermanos Dalo y Michel también se encuentran en ese país. En su casa solo se quedó su padre con su esposa Rosa.

En esa ocasión ella reclamó por su vida y aseguró que intentan “matarlo”. En cambio, él está convencido que el gobierno los persigue porque mantienen el afecto de la mayoría de votantes y conseguirá un puesto en la Asamblea. Abdalá Bucaram padre confía que al inscribir su candidatura tendrá un respiro hasta las elecciones de febrero del próximo año. Según las leyes electorales, los candidatos no pueden ser detenidos.

“Mi padre es el más grande…lo quiere el pueblo, lo amamos sus hijos, su familia lo ama y millones de votos lo esperan. Todo el mundo lo va a buscar en la papeleta. Abdalá sin elecciones es como Argentina sin Messi en el mundial”, escribió Abdalá Bucaram Machuca.

Decenas de habitantes destruyeron y quemaron esta semana dos campamentos de Hanrine en Imbabura. Los moradores impiden desde hace dos semanas el ingreso de trabajadores de la empresa. La concesión de la compañía en esta área, denominada Imba 2, está suspendida desde julio de 2019, cuando empezó a regir un amparo administrativo. Las alertas sobre los asentamientos ilegales y los pedidos de intervención de las FF.AA. llegaron a las autoridades mineras locales desde diciembre de 2017, pero no tuvieron respuestas oportunas. Se estima que la reparación del daño ambiental, causado entre 2017 y 2019 por mineros ilegales, le costaría al Estado 1,2 millones de dólares. 

Redacción Código Vidrio

La fiebre del oro enciende nuevamente los conflictos en Buenos Aires, Imbabura. Las últimas semanas los moradores de este pequeño poblado en el norte de Imbabura han impedido el acceso de empleados de la empresa Hanrine a las zonas donde mantiene dos concesiones mineras.

El miércoles 25 agosto pasado, más de 100 bonaerenses y 10 personas de la comunidad AWA, provenientes de Palmira, se trasladaron temprano en la mañana por la llamada Ciudad de Plástico, hasta el campamento Imba 2 (en Santa Lucia) de Hanrine. Una vez ahí, cerca de las 09:00, destruyeron las áreas administrativas y de vivienda y se llevaron equipos y otros enseres, según un informe de la Policía Judicial.

En medio de violentas amenazas, 14 personas, entre trabajadores e ingenieros de Hanrine, fueron amedrentados por los lugareños y debieron abandonar el sitio y dirigirse hacia la parroquia Buenos Aires, al otro lado de la montaña.

Luego de quemar el campamento, el grupo se trasladó caminado por un trecho de herradura hasta el sector del Jordán, donde se levanta el campamento Imba 1, también de Hanrine. Al llegar al asentamiento, cerca de las 16:00, destruyeron y quemaron las instalaciones, incluidos varios contenedores con combustible, sin acatar las alertas que les hacían policías que vigilaban el lugar y llegaron desde Buenos Aires.

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En julio de 2019, 2.400 policías y militares realizaron un megaoperativo en Buenos Aires, coordinado por el Ministerio de Gobierno, para desalojar a  10.000 mineros ilegales, entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos, que trabajaban en la zona desde fines de 2017. En esta región también operaron grupos armados y bandas delictivas. Hubo decenas de ejecuciones, según familiares de algunas de las víctimas.

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Los habitantes de Buenos Aires hoy controlan el ingreso a los sitios donde años antes se habían instalado los mineros ilegales para extraer grandes cantidades de material con oro, que luego era transportado en camiones a plantas de procesamiento en El Oro e Imbabura, en algunos casos con la complicidad de uniformados. En la zona también han empezado a llegar nuevamente mineros, organizados en cooperativas, que piden la salida de Hanrine, el retiro y reasignación de la concesión, por supuestos abusos y excesos de sus empleados.

La semana pasada, los habitantes de Buenos Aires se reunieron en asambleas comunitarias. La presidenta de la Junta Parroquial, Alexandra Benavides, dijo que no permitirán que en la zona se realicen actividades mineras legales o ilegales. Las autoridades del Coe de Urcuquí también decretaron la suspensión de las actividades mineras de Hanrine y Solgold, lo cual preocupa a sus representantes.

Obligan a retirar maquinaria

Según reportes policiales, en el sector conocido como el Jordán, el 21 de agosto trabajadores de Hanrine realizaban trabajos en la vía, lo cual generó manifestaciones de moradores del sector, a favor y en contra de la empresa.

En el lugar estaban unas 40 personas con una retroexcavadora, un rodillo y una volqueta, al mando de Luis Sánchez, encargado del Área de Operaciones de Hanrine. Él explicó que la empresa estaba realizando el lastrado de seis kilómetros de vía, y que durante esa semana no han visto personas realizando actividades de minería ilegal, pero que tuvieron inconvenientes con lugareños opuestos al ingreso de la empresa.

Ese mismo día llegaron dos camiones, cada uno con 40 personas aproximadamente y varias motocicletas, que exigían la salida de los empleados de la compañía. Luego llegó otro grupo de 60 manifestantes en camionetas, para sacar la maquinaria, que según el informe de la Policía eran supuestamente liderados por: Ruperto B, Simón N, Patricio R y José F, entre otros.

Para enfrentar la arremetida, se conformó el grupo de comuneros del sector de Santa Lucía, quienes estaban dispuestos a enfrentarse a los manifestantes para evitar que saquen la maquinaria. En los dos grupos hay familiares y amigos enfrentados a favor y en contra de la empresa.

Tras las fricciones, Hanrine retiró la maquinaria hacia Buenos Aires, en medio de intentos de conciliación dirigidos por el coronel de Policía, Marco Narváez.

La Policía estima que la confrontación escalará los próximos días, pues los grupos beligerantes buscan expulsar a Hanrine de la zona y volverán con más gente, ante lo cual pide que se refuerce el personal de vigilancia policial en Buenos Aires

La concesión está suspendida

Hanrine tiene, desde noviembre de 2017, seis concesiones mineras, localizadas entre Imbabura y Carchi, para actividades de exploración y explotación minera, con miras a la extracción de oro. Los procesos para acceder a las concesiones tomaron entre 9 y 20 meses y se inciaron desde el anterior Gobierno, en marzo de 2016.

Carlos de Miguel, gerente de Hanrine, dijo que al mes de obtener las cinco concesiones, en Buenos Aires (Imba 2), identificaron asentamientos donde ya trabajaban entre 60 y 300 mineros ilegales. Desde diciembre de ese año, aseguró de Miguel, notificaron de sus actividades a las autoridades del gobierno, y presentaron un amparo administrativo al Ministerio de Energía y Minas para que se suspendan los efectos de la concesión, en los plazos de cumplimiento de los planes de exploración y explotación para la empresa.

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Hasta julio pasado, por todos los delitos sucedidos en Buenos Aires se abrieron 38 investigaciones previas en Fiscalía, 98 instrucciones fiscales y hubo 500 detenidos. La Arcom presentó 13 acusaciones particulares por delitos conexos, además de minería ilegal, como lavado, extorsión, trata de personas, explotación laboral y narcotráfico.

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El 5 de enero de 2018, Hanrine envió el oficio HE-002-2018 dirigido a Óscar Garzón, coordinador de Arcom-Ibarra, solicitándole el amparo. “Estamos atentos a que la Arcom lleve a cabo el respectivo operativo de desalojo con el apoyo de FF.AA. Después del desaolojo de los mineros ilegales y grupos ilícitos  presentes en nuestra concesión, la compañìa aportará con seguridad privada, que incluirá personal de seguridad armada y equipada bajo permisos de ley. Requerimos que se mantenga un contingente de soldados del CC.FF.AA. presentes en la zona por 60 días”.

No obstante, el amparo no fue otorgado. Los meses siguientes la conflictividad en la zona escaló, con la llegada de cientos de mineros ilegales. Hasta mediados del 2019 en la Ciudad de Plástico, mina vieja y

mina nueva se asentaron unas 10.000 personas, dedicadas a la extracción ilegal de material mineralizado.

Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, confirmó que el amparo se concedió finalmente el 19 de julio de 2019, desde cuando la concesión Imba 2 está suspendida. Esto implica que todos los compromisos asumidos por la firma están en suspenso, incluido el plazo de cuatro años para la exploración y explotación. Entre tanto, los trabajos de exploración y perforación en otras áreas concesionadas a Hanrine continúan, pese a los incidentes de las últimas semanas.

“Esto quiere decir que trabajaron 19 meses, desde diciembre de 2017 hasta el primer semestre de 2019. Esto debe deducirse de la ventana de 48 meses que la ley les da para los trabajos y sus inversiones”, explicó Benalcázar.

Este año, las autoridades iniciaron el proceso para levantar la suspensión, con lo cual la empresa podrá retomar oficialmente sus operaciones. Esto, sin embargo, implica que se cumplan varios requisitos. Sobre todo, que el Ministerio de Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), terminen sus informes con el inventario de los daños ambientales causados por la minería ilegal, para así dar paso a la remediación.

Lugareños indicaron que desde hace varias semanas grupos pequeños de mineros están nuevamente en la zona, extrayendo material mineralizado en bultos, que luego son transportados en camiones hacia Portovelo para su procesamiento.

Xavier Subía, coordinador técnico de control y Regulación Minera de Arcom, dijo que hace varias semanas realizaron una inspección en la ciudad de Plástico, Mina Vieja, Mina Nueva, y no detectaron ninguna actividad ilegal.

Informó que el Ministerio de Ambiente aún no ha realizado una evaluación de los daños, porque no cuenta con 200 mil dólares necesarios para integrar el equipo de auditoría y el trabajo de campo. Por el momento, se estima que la remediación de las afectaciones le costaría al Gobierno $1,2 millones.

Tras la incursión y el desalojo de julio de 2019, las autoridades se incautaron de 13.000 bultos de material con oro, que fueron traslados a las bodegas de la Arcom, para su posterior entrega a la Empresa Nacional Minera (Enami). Ese material contiene entre 8 y 100 gramos de oro por cada tonelada. En total suman 1.200 toneladas de material mineralizado incautadas. Es decir que una vez procesado ese material podría dejar una rentabilidad de 7 millones de dólares para Enami, según Subía.