Un año después de las protestas de octubre, aún no hay ninguna sanción disciplinaria ni una acusación penal en firme contra policías y militares, pese a que existen un centenar de denuncias por supuestos homicidios, lesiones, ataques y detenciones arbitarias. Tampoco hay responsables penalmente por todos los abusos contra cientos de policías y militares, secuestrados, ultrajados y agredidos por los manifestantes.
Redacción Código Vidrio
Las investigaciones por las supuestas violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, así como por los secuestros y abusos contra miembros de las fuerza pública durante el paro indígena del año pasado caminan lentamente.
Aún no hay ninguna sanción disciplinaria ni una acusación penal en firme contra policías y militares, a pesar de que organismos internacionales exigieron al Estado una indagación ágil e imparcial sobre más de un centenar de denuncias por supuestos homicidios, lesiones, ataques y detenciones arbitarias.
Tampoco hay responsables penalmente por todos los abusos contra cientos de policías y militares, secuestrados, ultrajados, agredidos por los manifestantes.
Para defender y denunciar excesos y abusos contra los manifestantes se integró la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, un grupo que incluye a 18 organizaciones sociales, como la Comisión Ecuménica de DD.HH. (Cedhu); Inredh o el Comité de Derechos Humanos (CDH).
Esta Alianza publicó dos informes sobre la movilización de octubre; el último se difundió la semana pasada: en sus conclusiones destaca que las investigaciones por las muertes, heridos y detenciones arbitrarias quedaron en el limbo.
En el paro de octubre pasado hubo 1.300 heridos, 13 manifestantes recibieron impactos de bombas lacrimógenas en sus ojos y perdieron la vista. Foto archivo CV
“Las investigaciones han avanzado cuando se trata de personas civiles, entre ellas líderes indígenas y opositores políticos. Cuando son los agentes del Estado quienes están involucrados en los hechos, las investigaciones siguen sin producir resultados, demostrando una falta de debida diligencia del Estado en llegar a la verdad y en reparar a las víctimas”.
En cambio, Hugo Espín, especilista en temas de seguridad y orden público, recalca que el cometimiento de delitos contra policías fue evidente y flagrante, especialmente cuando ocurrió el secuestro en la Casa de la Cultura. “Vimos las imágenes de todos los abusos en vivo y en directo, pues los periodistas fueron obligados a transmitir lo que estaba ocurriendo. Personalmente las horas siguientes presenté una denuncia en la Fiscalía, pero no he recibido ninguna notificación sobre un avance”.
La muerte de un adolescente sin responsables
Una de las afectadas es la familia de Gabriel Ángulo Bone, un adolescente de 15 años. Sus amigos aseguraron que un policía gritó: “muere chucha de tu madre” antes de accionar el gatillo de su escopeta de gas lacrimógeno en su contra.
El 8 de octubre del año pasado, Angulo salió de su casa en Durán, Guayas, para protestar por el incremento de los combustibles. Entonces cursaba el octavo año de educación básica y vivía con su madre y sus hermanos.
Gabriel Ángulo Bone, de 15 años, falleció el 8 de octubre en Durán, luego de recibir el impacto de una bomba disparada a pocos metros de distancia por un policía, según denuncian sus familiares. A las pocas horas falleció. Foto cortesía
Sus vecinos contaron que el muchacho junto a otros fueron a la avenida Nicolás Lapentti para esperar la llegada de las comunidades indígenas que lideraban las manifestaciones, el 8 de octubre.
Sin embargo, ellos no aparecieron y la protesta se desbordó. Locales comerciales y negocios del barrio fueron saqueados. Entonces, la Policía acudió a recuperar el orden: en el correteo Gabriel Ángulo cayó en una alcantarilla descubierta.
Al caer se lesionó una de sus piernas, por lo que solo pudo caminar hasta sentarse en la vereda. En ese momento, recordaron varios testigos, “llegó una patrulla motorizada con dos policías, el agente que acompañaba al conductor apuntó con una escopeta lanza bombas lacrimógenas y le disparó a una distancia de aproximadamente cinco metros”.
Pese al disparo, el adolescente se levantó y logró caminar algunos metros hasta desplomarse en el piso. Ningún policía lo socorrió, solo un vecino lo llevó en su moto al hospital Orasma González, donde los médicos no pudieron salvarle la vida: murió por una hemorragia interna.
La Alianza por los Derechos Humanos indica que la muerte de Ángulo no fue un caso aislado; en su archivo registra ocho muertes ocurridas en las manifestaciones.
En esa lista están Raúl Chilpe, Silvia Mera, José Chaluisa, Segundo Tucumbi, Abelardo Vega, Edison Mosquera y Gabriel Ángulo. Aunque en dos casos, de Chilpe y Mera, sostiene que ocurrieron en accidentes de tránsito que deben ser indagados.
La misma versión tiene la ministra de Gobierno, María Paula Romo. No obstante, ella recalcó que los decesos de Tucumbi y Mosquera fueron ocasionados por caídas y enfatizó que en ningún caso los policías usaron armas de fuego, siguiendo los protocolos del uso progresivo de la fuerza.
La Fiscalía de Durán abrió el expediente por la muerte de Ángulo, el 16 de octubre de ese año. Investiga un presunto homicidio, según Fernando Bastidas, activista de DD.HH. que monitorea esa investigación.
Abraham Aguirre, del Comité de los D.HH., dice que la Fiscalía solicitó un informe de los policías que estuvieron en el operativo, pero aún no ha recibido el listado.
La familia de Gabriel está convencida que murió por el disparo de la Policía. Su autopsia indica que falleció por una “hemorragia aguda interna, hemopericardio, laceración de corazón, trauma cerrado de tórax”. Como evidencia, su madre guarda una foto del pecho de su hijo con la huella clara de una quemadura de forma circular.
En la Fiscalía el resto de investigaciones también camina lentamente. El Ministerio Público abrió 819 procesos relacionados con supuestos delitos en las protestas de octubre pasado. 44 fueron para dilucidar la responsabilidad de policías y militares en supuestas violaciones de DD.HH.
LAS INVESTIGACIONES ABIERTAS EN LA FISCALÍA
Si en la Fiscalía los casos aún no se establecen responsables, lo mismo ocurre en las filas militares y policiales. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Gobierno ratificaron a este portal que no hay investigaciones casa adentro.
“No hay denuncias o quejas contra ningún policía dentro de la institución. Sin embargo, sobre este tema desde asuntos internos se revisaron los procedimientos, se actualizaron las directivas para que en caso de enfrentar un escenario similar se pueda mantener el orden”, respondieron desde el Ministerio de Gobierno.
Vivian Idrovo, integrante de la Alianza, dijo que el pedido para agilitar las investigaciones no solo nace desde las organizaciones nacionales, sino también desde organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Las dos caras de la medalla
Un equipo especial de la Comisión Interamericana de DD.HH. llegó a Ecuador para investigar las denuncias de los movimientos sociales: escuchó tanto a los civiles como a los policías y militares que fueron atacados.
El Ministerio de Gobierno informó que 435 gendarmes resultaron con lesiones durante los operativos de octubre pasado. Ellos fueron retenidos violentamente, golpeados e incluso hubo mujeres que denunciaron abusos sexuales.
Mientras que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que 80 soldados fueron heridos y 255 retenidos.
EL 12 de octubre la protesta se desbordó, decenas de policías también fueron agredidos, al calor de los enfrentamientos. Foro archivo
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es fundamental que el Estado impulse una investigación “diligente e imparcial” para sancionar a los responsables de los presuntos abusos.
En este sentido, recomendó que se debe capacitar a policías y militares en derechos humanos, desde una visión de interculturalidad y con la participación de representantes de las comunidades indígenas del país.
El Gobierno reconoce que el sistema de salud atendió a 1507 personas durante los 13 días del paro nacional. Muchos de ellos con lesiones permanentes luego de recibir el impacto de bombas lacrimógenas, perdigones, balas de goma y balas en sus cuerpos.
No se conoce quién disparó esos proyectiles, policías y militares salieron con esa dotación a controlar el orden público en octubre pasado. Las autoridades del Gobierno defendieron el uso de gases lacrimógenos, como una medida disuasiva permitida por la legislación internacional.
Sin embargo, su uso está regulado, por ejemplo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un pronunciamiento del 2015, la Comisión indica que este tipo de gases lacrimógenos no deben ser utilizados en espacios cerrados o frente a personas que no tienen una vía de desconcentración o evacuación.
La investigación política tampoco tiene resultados
La Comisión Legislativa creada para investigar los hechos de octubre no hizo un seguimiento de los denuncias de supuestas violaciones de DD.HH., parta lo cual fue creada. Su presidente, el asambleísta Fernando Burbano, integrante de la bancada de Integración Nacional, reconoció que no se han reunido desde febrero por falta de recursos.
Indicó que pidieron al Consejo de Administración del Legislativo (CAL) que le proporcionará el presupuesto para incluir en su equipo de trabajo a especialistas en DD.HH. Sin embargo, desde febrero no tienen una respuesta. Por eso, en este año solo se han reunido en dos ocasiones para recibir más denuncias de supuestas violaciones contra los manifestantes.
Esta comisión fue creada el 18 de diciembre del 2019 y tiene un año para investigar los hechos de octubre pasado. En los primeros meses de trabajo emitieron un informe aprobado por el Pleno de la Asamblea.
Entre sus conclusiones estableció “que no se cumplió a cabalidad la defensa de los DD.HH. por parte de ciertos elementos de la Fuerza Pública”. También señaló los ataques, incluso de tipo sexual, que recibieron los policías y militares durante los días de manifestación. Y las denuncias de discriminación racial y de xenofobia que ocurrieron en el país.
Este reporte, dijo Burbano, fue entregado al Ejecutivo y a los organismos de justicia que indaguen las supuestas violaciones. Pero, solo recibieron respuesta de la Fiscalía.
“Pedimos al Estado que haga una profunda investigación de los hechos, porque no podemos generalizar, se debe realizar una investigación particular de cada caso”, sostuvo el legislador.
Actualmente, la Comisión de Fiscalización lleva adelante un proceso contra la ministra de gobierno María Paula Romo, por los supuestos abusos contra los manifestantes. Los asambleístas tienen previsto recibir este sábado 31 de octubre a la funcionaria para escuchar su defensa ante la acusación de los legisladores Roberto Gómez (ex CREO) y Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana) que insisten en su censura.
La Comisión de Fiscalización atraviesa una etapa de relevo, luego de que se emprendieron su cambio por las denuncias contra sus antiguos miembros Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, quienes están detenidos bajo los cargos de corrupción.
Esa mesa legislativa está conformada por dos asambleístas del correísmo, dos de la bancada oficialista Alianza PAIS, dos de CREO; dos del PSC; dos de Integración Nacional (BIN) y uno de de Acción Democrática (BADI).
La exlegisladora del correísmo y la exfuncionaria del IESS durante el anterior gobierno recibieron préstamos por 254.000 y 100.000 dólares, respectivamente. Son parte de los 2.566 deudores históricos, a quienes el BIESS no les ha cobrado sus deudas hipotecarias hasta por ocho años, en las anteriores administraciones. Todos están en mora por más de tres años. En total, deben cerca de 400 millones de dólares, que pasarán a procesos de coactivas. Entre los deudores hay casos de Ripley. Por ejemplo, 22 créditos que mantienen ocho años sin cubrir sus obligaciones y, sin embargo, no perdieron el inmueble hipotecado. Varios afiliados recibieron préstamos por cientos de miles de dólares, sin tener capacidad de pago.
Redacción Código Vidrio y Revista Vistazo
No se benefició de uno, sino de dos créditos de la seguridad social. A inicios de 2013, Gabriela Rivadeneira Burbano estaba en plena campaña para llegar al Legislativo con la camiseta verde flex de la Revolución Ciudadana. El penúltimo día de enero, recibió un crédito del BIESS por 29.917 dólares. La suerte le sonreía. No solo ganó la curul. Ese mayo se posesionó y fue elegida presidenta de la Asamblea, cargo que ocupó por dos períodos consecutivos.
En junio de 2014, cuando ya ocupaba la Presidencia de la Legislatura, tramitó un segundo crédito. Como garantía, exhibió seis años de aportes. El monto aprobado fue 254.724 dólares, a 15 años plazo. Calculaba que lo terminaría de pagar cuando su primer hijo estuviera en la universidad.
Con el préstamo adquirió una casa de 270 metros cuadrados, en un conjunto cerrado pudiente de viviendas adosadas en Iñaquito Alto, al noroccidente de la capital. Anteriormente, su familia vivió en una zona cercana (Mañosca), en un departamento de 86 metros cuadrados por el que pagaba mil dólares mensuales de arriendo, según reveló en 2015 a la revista Clave, cuando mostró ante las cámaras la casa de 15 años de antigüedad, que había restaurado para habitar con su familia de cuatro integrantes. “Igual que todos los afiliados ecuatorianos, también teníamos derecho a acceder a ese financiamiento. Obtenerlo no fue tan fácil como se piensa, incluso diría que un poco más complicado que para el resto de afiliados, pues por mi cargo público temían que haya elucubraciones al respecto. Miraban con lupa cada paso del proceso”, aclaró en esa entrevista.
Los registros del BIESS reflejan que canceló el primer préstamo pero la deuda del segundo está diez meses en mora. La beneficiaria ha cancelado menos del 50 por ciento del préstamo. Después de los hechos de octubre pasado Rivadeneira voló a México donde está refugiada. Perdió su sueldo de asambleísta. Desde ese país argumenta ser víctima de persecución política del gobierno.
Para el BIESS, la garantía de este y otros créditos hipotecarios es el propio bien adquirido, por lo que está en camino un proceso de coactiva, una vez que se aclaren los plazos fijados en la Ley Humanitaria. Por ahora, el trámite está en fase de “custodia”, antes del inicio del trámite de cobro por vía legal.
Esta es la casa que Rivadeneira adquirió con el préstamo del BIESS de 254 mil dólares. Desde enero pasado ya no ha cubierto el crédito. Foto tomada de Revista Clave.Pocos meses después de adquirir la casa, ubicada en Iñaquito Alto, al noroccidente de Quito, Rivadeneira dio una entrevista y mostró el inmueble. Foto tomada de Revista Clave.
La pandemia sumió a muchos ecuatorianos en la tragedia de las deudas impagas, por la reducción de ingresos, pérdida de fuentes de empleo o quiebra de negocios.
No obstante, el Banco de los afiliados de la seguridad social ya arrastraba deudas sin cobrar, algunas por más de cuatro años sin acciones efectivas de cobro, por vía coactiva, a la que están obligadas las entidades públicas.
El gerente del BIESS, Diego Burneo, ratificó en su comparecencia en la Asamblea que hay 2.564 deudores históricos, que tienen más de 1.080 días de mora. El monto por cobrar llega a 400 millones de dólares.
7.000 MILLONES
Ha entregado el BIESS en créditos hipotecarios
Es un agujero negro en las cuentas del BIESS, pero su existencia no es resultado de la crisis sanitaria, sino de la inacción de los diez funcionarios que transitaron por la gerencia del BIESS, en los años previos.
Entre los deudores impagos también se encuentra María Sol Larrea, quien fuera el brazo derecho del expresidente del directorio del IESS, Ramiro González, ahora prófugo de la justicia. Larrea recibió un crédito, el 17 de julio de 2015, por 99.900 dólares. Pagó más de la mitad. Ella cumple condena en la cárcel de Cotopaxi por sentencias relacionadas con delitos durante su etapa de intocable en el IESS. Ahora enfrenta un nuevo juicio, por presunto lavado de activos.
Larrea fue directora general del hospital Carlos Andrade Marín; coordinadora de gestión de Unidades Médicas del IESS y coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad. Todos estos cargos estaban bajo la protección de González, quien luego de dejar el IESS fue ministro de Industrias en el gobierno de Rafael Correa.
Un festín de préstamos insólitos
Entre los 2.566 deudores históricos hay casos de Ripley. Por ejemplo, 22 créditos que mantienen ocho años sin cubrir sus obligaciones y, sin embargo, no perdieron el inmueble hipotecado. Pese a que el Banco de Seguro Social tiene la ley a su favor y puede iniciar coactivas a los seis meses de deuda, las administraciones pasadas dejaron que este problema se convierta en una bola de nieve.
En los registros de la Cancillería aparece el nombre de María Bonilla, como consejera del consulado ecuatoriano en Panamá, en 2015. En mayo de ese mismo año, accedió a un crédito por 155 mil dólares, que en los registros del BIESS aparece como pendiente de pago.
María Sol Larrea fue por varios años el brazo derecho del expresidente del directorio del IESS, Ramiro González, ahora prófugo de la justicia. Ambos fueron personajes muy cercanos al gobierno de Rafael Correa. Foto archivo
Hay créditos concentrados por más de medio millón de dólares para una sola persona, cuya edad no pasa de 30 años, no declaró impuesto a la renta desde 2013. Recibió dos préstamos con una diferencia de apenas cinco meses, aunque no tenía capacidad de pago.Una pariente suya obtuvo igualmente medio millón de dólares en marzo de 2014; los valores están impagos, por más de cinco años.
El 6 de mayo de 2014, dos personas más recibieron crédito por 346.117 dólares, cada una. Aunque aparentemente no hay una relación entre ambos afiliados, dejaron de pagar sus mensualidades en la misma fecha.
En la lista de créditos en rojo, con más de tres años en mora, también está el ex legislador de Sociedad Patriótica Fernando Aguirre, quien obtuvo un préstamo por $233.370. Según los registros del BIESS, no ha cubierto las cuotas del préstamo por 1.102 días.
¿Quién debía aplicar los cobros? El BIESS tiene un equipos de 30 abogados externos, que se encargan de cobrar las deudas, en coordinación con 6 juristas del BIESS, en Quito y Guayaquil. En función de lo recuperado cobran un 4% de comisión. “Estamos revisando el trabajo que hicieron los abogados de las anteriores administraciones que no cobraron. Es claro que no hicieron la gestión de cobro”, explicó Burneo.
Una vez que se inicia el proceso de coactiva no hay vuelta atrás, el proceso debe terminar con la incautación de la garantía del crédito, es decir del bien inmueble.
Diego Burneo, gerente del BIESS, dice que la Ley Humanitaria impide que de momento se apliquen coactivas para incautar los bienes de los afiliados morosos. Foto CV
Burneo dijo que empezarán los procesos de coactivas contra los 2.500 deudores históricos apenas se rompa el candado que impuso la Ley Humanitaria. Los legisladores redactaron la ley de manera que se vuelve imposible el cobro inmediato de deudas anteriores a la pandemia. No especifica desde cuando se aplican las exenciones.
A pesar de este inconveniente, el BIESS siguió entregando hipotecarios a los afiliados. Hasta agosto pasado desembolsó 282 millones de dólares en este tipo de crédito. De ese total, 168 millones fueron prestados con una tasa preferencial de 5,99 por ciento, menor en seis puntos al interés que se cobra en esas operaciones.
La crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 empeoró el porcentaje de morosidad del BIESS, que subió hasta el 12%. El más alto de los últimos años. Según Burneo, antes de la crisis por Covid-19, la morosidad era entre 5 al 7 por ciento, que es considerada alta en comparación con el registro de bancos privados, pero que era manejable.
No obstante, en los últimos meses se registra un crecimiento exponencial.
Para el gerente, este crecimiento se explica por lo merma de las aportaciones ocasionadas por más de 260.000 personas que se quedaron sin empleo y otras miles que vieron limitados sus ingresos por la recesión económica.
Adicionalmente, durante los meses más fuertes de la pandemia el Gobierno prohibió al BIESS que descontara las cuotas de los créditos a sus clientes. Esta medida se confirmó con la Ley Humanitaria, la cual además estipuló los nuevos plazos embargar las propiedades.
Los exgerentes del BIESS y las operaciones en mora
El sector empresarial y los importadores de medicinas e insumos médicos ven con preocupación la puesta en marcha del sistema centralizado de acopio y distribución de medicinas impulsado por el Gobierno.
Redacción Código Vidrio
El próximo 30 de octubre termina el plazo para que los proveedores de insumos médicos se inscriban en la consulta preliminar para definir la operación logística del sistema centralizado de acopio y distribución de medicinas en la red de salud pública.
La intención del Gobierno es contratar a un solo operador para que se encargue de estas responsabilidades, que por el momento están distribuidas en cada casa de salud. Por eso, el Ministerio de Salud y el Servicio de Contratación Pública (Sercop) emprendieron esta consulta para escuchar a los oferentes nacionales e internacionales.
El Comité Empresarial Ecuatoriano y los principales productores, importadores de insumos médicos y farmacéuticos nacionales evidenciaron sus críticas al proyecto. No es la primera ocasión que lo hacen: el 5 de octubre pasado enviaron una carta al presidente Lenin Moreno y a su gabinete para explicar sus preocupaciones por la intención de aplicar este sistema. La semana pasada, mantuvieron una reunión con el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.
Este sector impulsó la instalación de una mesa técnica de trabajo con las entidades encargadas de ejecutar el proyecto, al que hicieron varias recomendaciones. Sin embargo, sus principales observaciones aún no han sido tomadas en cuenta. “Por el contrario, se mantiene la iniciativa “Medicamentos al alcance de todos”, sin mejoras, tal cual lo ha venido promoviendo el Sercop”, destacaron los empresarios en la carta.
Silvana Vallejo, directora del Sercop, quien impulsa el nuevo sistema de compras, dijo desde su puesta en marcha que su misión es proporcionar tecnología y un manejo adecuado al tema de los medicamentos, por lo cual es necesario consolidar la compra en un solo sistema. «Este proyecto lo que hace es transparentar, que podamos conocer el recorrido de los medicamentos. Queremos evitar que se compre mucho o que haya desabastecimiento», explicó.
No obstante, los empresarios y organizaciones del sector de medicamentos creen que es muy prematuro arrancar con el sistema, que requiere más tiempo, ajustes, y pruebas para su aplicación.
La principal inquietud es la vigencia de este sistema de trazabilidad, que a criterio de los empresarios como está pensado no solucionará los problemas latentes de los hospitales ni la corrupción en el sistema de contrataciones, enraizada la última década.
Otra inquietud importante es sobre la implementación obligatoria de un “código unívoco (bidimensional)” en todos los medicamentos. “Es imposible instrumentarlo entre seis y nueve meses”.
Esto se complica porque el 99% y 75% de insumos y medicinas que se usa en el país, respectivamente, viene del exterior. Para el sector privado esto generará inversiones cuantiosas para su implementación y restringirá el acceso a fármacos, insumos y dispositivos médicos de calidad al país.
Adicionalmente, el tiempo planificado para la implementación previsto para el sistema es insuficiente. Según el gobierno, en seis meses estará en funcionamiento. Este es un plazo irreal comparado con otras experiencias: en Estados Unidos, por ejemplo, tomó siete años o en la Unión Europea, cinco años. Mientras Argentina ya va ocho años en ajustes y Colombia lo ha discutido por una década.
Por eso, los empresarios han solicitado una nueva reunión con el Gobierno para explicar sus inquietudes, aunque hasta el momento no han recibido una respuesta.
El dirigente indígena de Cotopaxi Leonidas Iza ha sido duramente cuestionado por diversos sectores políticos, tanto por su radicalismo como por su supuesta cercanía con el correísmo, que jugó un rol desestabilizador en la protesta de octubre pasado. Ayer martes 13 de octubre fue denunciado en la Fiscalía por vandalizar bienes públicos, agresión a la autoridad e incitación al odio. También enfrenta otro proceso por rebelión y terrorismo. Fue llamado a rendir su versión el próximo 26 de octubre junto a Jaime Vargas. ¿Quién es Iza? El dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi es ingeniero ambiental, seguidor del pensador peruano marxista José Carlos Mariategui. Su juventud estuvo marcada por el trabajo en el campo, la música, la religión y la lectura.
Redacción Código Vidrio
Leonidas Iza es un dirigente indígena radical de extrema izquierda, que cobró notoriedad desde el paro de octubre de 2019, junto al presidente de la Conaie, Jaime Vargas.
Este lunes 12 de octubre ambos reaparecieron en público en una manifestación para conmemorar el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad y la resistencia indígena, a propósitio del año del paro indígena.
Acompañados por decenas de manifestantes los dirigentes acudieron a la Fiscalía para formalizar una denuncia contra el estado ecuatoriano por los muertos y heridos en el contesto de las protestas del año pasado. Luego caminaron hasta el monumento de la reina Isabel La Católica, que quisieron destruir porque “representa un símbolo del genocidio de los pueblos americanos”. No obstante, fueron dispersados con gases lacrimógenos por la Policía.
Iza ha sido duramente cuestionado por diversos sectores políticos, tanto por su radicalismo como por su supuesta cercanía con el correísmo, que jugó un rol desestabilizador en la protesta de octubre pasado. Indígenas, militantes y dirigentes del correísmo confluyeron para tomarse Quito durante violentas protestas, que son investigadas por la Fiscalía por un supuesto delito de rebelión. De hecho, el próximo 26 de octubre, Iza y Vargas fueron llamados a rendir su versión en este caso.
Iza tiene 39 años y proviene de una familia con inclinaciones políticas en Cotopaxi. José Iza Viracocha fue su padre y es uno de los dirigentes más recordados en la provincia del centro del país por su lucha contra el huasipungo.
Su primo, Leonidas Iza Quinatoa, llegó a la presidencia de la Conaie, fue diputado y encabezó la oposición al ex jefe de Estado, Lucio Gutiérrez, al Tratado de Libre Comercio y a la Alianza de Libre Comercio de la Américas. También ha sido conocido por la proximidad y contactos que tuvo en la década pasada con representantes de las FARC.
El legislador de Pachakutik por Cotopaxi, Jaime Olivo, cree que este legado familiar y su cercanía con las causas indígenas es una de las cartas fuertes de Iza, pero también destaca su habilidad para liderar, por su frontalidad y convicción.
Iza y Jamie Vargas protagonizaron ayer martes una manifestación para recordar el año del paro. Estuvieron en el monumento a la Reina Isabel La Católica, que vandalizaron junto a otros manifestantes. Foto cortesía
Desde niño, Iza era escogido para los concursos de oratoria en su pequeña escuela de la comunidad de Pachaloma. Ana Pallo, periodista de Cotopaxi, cuenta que destacaba como un excelente investigador, vinculado con los movimientos juveniles.
Sus inclinaciones por la protección ambiental
En su colegio El Chaquiñán realizó un estudio sobre cómo realizar cultivos sin labranza. “Demostré que en las camas de lombrices se puede cultivar sin problemas papas y cebollas”, contó Iza.
En la Universidad Técnica de Cotopaxi realizó su tesis sobre la recuperación de las cuencas hidrográficas por acciones antropogénicas. Es decir por el desgaste de los terrenos por fenómenos naturales y la contaminación del hombre.
Aunque muchos creen que es economista, por sus declaraciones durante el paro de octubre pasado, Iza es ingeniero ambiental.
Su juventud estuvo marcada por el trabajo en el campo, la música, la religión y la lectura. Desde los 15 años fue jardinero y jornalero en una hacienda que producía zanahorias para grandes supermercados del país. Luego, se unió a las hermanas Lauritas en sus misiones evangélicas.
Fue el representante de Ecuador en el encuentro de jóvenes con el Papa Benedicto en 2004. En el Vaticano tocó con su quena el “Cóndor Pasa” para el Pontífice.
Su pasión por la lectura de ideología socialista-marxista lo condujo hasta el político y periodista peruano José Carlos Mariátegui, quien apoyó su doctrina para que los indígenas reivindicaran sus aspiraciones políticas, sociales, culturales y económicas “sin la necesidad de ventrílocuos”. Mariátegui, fallecido en 1984, fue uno de los creadores del partido socialista peruano que se transformó en ele partido comunista.
Tras identificarse con los postulados de Mariátegui vio la necesidad de que los representantes políticos indígenas salgan desde sus propias organizaciones de base, sin perder su esencia ni su relación con la naturaleza ni su comunidad.
A mediados de año, Iza fue propuesto como precandidato a la Presidencia, con el apoyo del movimiento de Cotopaxi y luego de la Conaie. Foto cortesía
Bajo esa bandera ortodoxa, Iza sostuvo: “no hay que importar un socialismo. Hay que retomar el socialismo práctico de los pueblos originarios de acá”.
Esta propuesta de alguna manera rompe con la línea tradicional del movimiento indígena, inspirada en monseñor Leonidas Proaño y en la Teología de la Liberación.
Para Iza, estas dos vertientes ideológicas no son contradictorias sino complementarias, y son sus fundamentos desde su juventud.
Un precoz dirigente
A los 18 años fundó el Movimiento Juvenil Laurista, que basó su doctrina en el pensamiento de la monja colombiana Laura Montoya, una religiosa mestiza que reivindicó las luchas indígenas en el vecino del norte.
Posteriormente lideró la creación del Movimiento Juvenil de los Servidores de la Iglesia Católica de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. “Aquí empezamos a discutir nuevamente la Teología de la Liberación, pero sin considerar a la iglesia como un poder, sino más bien en su relación con los pueblos indígenas”.
Diez años después asumió la presidencia juvenil del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Era el 2010 y una de sus primeras tareas fue realizar una investigación para conocer dónde estaban y qué es lo que hacían los indígenas que salieron de sus comunidades. Para entonces, Rafael Correa se había ganado la simpatía de buena parte del movimiento, lo cual aprovechó para fracturar a sus bases, especialmente entre los jóvenes. Una división que aún se mantiene, según reconoce Iza.
En ese estudio descubrió que los jóvenes ya no se sentían representados por la dirigencia de la Conaie. La mayoría migró a las ciudades para estudiar o trabajar en empresas agrícolas, de construcción y en el comercio informal. Se había roto el canal de comunicación con las cabezas.
Entonces decidió soldar la fractura y empezó a convocar a los campesinos que estudiaban en la Universidad Central.
En la defensa de las causas de los pueblos indígenas, Iza cuenta con aliados y simpatizantes entre los mestizos. Uno de sus mejores amigos es el abogado Carlos Poveda, conocido por ser el representante legal de Julian Assange en Ecuador. Foto cortesía
Esa propuesta fue exitosa y junto a profesores como el actual decano de Facultad de Comunicación Social, Dimitri Madrid, creó el Movimiento Mariateguí, que tenía un objetivo central: acabar con el dominio del correísmo en ese centro de estudios. “Nosotros perdimos por 1.000 votos. Hasta ahí llegó el Mariateguí”, sostuvo el dirigente.
Sin embargo, la relación con la Facultad de Comunicación se mantiene. Sus profesores capacitan a los jóvenes comunicadores indígenas, conocidos como “lanceros digitales”.
Madrid no quiere que se malinterprete esta relación, desconfía de los periodistas y asegura que hay una persecución del actual Gobierno.
Él fue acusado de hacerle el juego, junto al movimiento indígena, al correísmo y de incitar la violencia en las protestas de octubre. La Conaie salió en su defensa, en un comunicado público indicó: “El compañero Dimitri Madrid es una persona de intachable ética y de una impecable trayectoria profesional (…) siendo un aporte fundamental en la educación intercultural bilingüe”.
Iza concuerda. Dice que se pretende satanizar lo que fue el Movimiento Mariátegui. “Correa fue el primero en acusarnos en ser un brazo del MPD. Ahora es el gobierno. El Movimiento Mariátegui, como tal, ya no existe”.
Los resultados de la investigación de Iza fueron claves para el levantamiento de octubre. 20.000 indígenas salieron desde las comunidades de Cotopaxi hacía Quito; otros 30.000 se les juntaron en la capital. Se activaron a través de sus medios comunitarios digitales, que crearon desde el 2012.
Esa es una fórmula poderosa de la Conaie. Luego del paro, Iza y Jaime Vargas recorrieron todo el país para unificar a sus bases y sintonizar con sus principales demandas.
En esa ruta no han descartado conversar con la militancia de Correa. “Hay un montón de correístas de base que añoran el regreso de Correa, que demandan alianzas y están en su derecho. Pero mientras siga la tozudez del ex presidente, que cree que puede imponer sus ideas en Ecuador, no habrá una verdadera transformación”.
Iza es un amante de la música. Interpreta la quena desde muy joven. Foto cortesía
“No me pidan hablar a favor o en contra de Correa. En el debido momento hemos enfrentado estas realidades, pero uno no puede ser vengativo, como lo que pasó con Pabón (prefecta de Pichincha), no podemos decir bien hecho. Eso no”.
Iza tampoco es mal visto entre los correístas. El legislador Cristóbal Lloret hace una distinción entre él y Jaime Vargas y no descarta la posibilidad de tejer una alianza.
En julio pasado, Iza hizo pública su precandidartura a la presidencia de la República con el apoyo de Vargas, pero su maniobra fracasó cuando Pachakutik, brazo político del organismo, formalizó su apoyo a Yaku Pérez. Esto ha provocado una fractura en el movimiento indígena, que aparece fragmentado en vísperas de la campaña electoral del 2021.
En octubre del 2019, las protestas indígenas mantuvieron sitiado a Quito y al gobierno durante once días de zozobra: dejaron 11 muertos, decenas de heridos y detenidos. Se registraron pérdidas por más de $821 millones. Esa paralización no fue espontánea. Fue el punto culminante de un camino trazado desde enero del 2019 por la dirigencia, que rompió el diálogo con el Gobierno, que incumplió algunos compromisos. El factor económico y la organización con las comunidades y autoridades seccionales fueron determinantes para movilizar decenas de miles de indígenas y campesinos. Personas sin ninguna relación directa con la Confeniae, filial amazónica de la Conaie, retiraron en plena efervescencia de la protesta, importantes sumas de su cuenta, incluido un militar en servicio activo. El 13 de octubre, tras horas tensas de conversaciones con dirigentes indígenas, el presidente Lenin Moreno derogó el decreto que eliminó los subsidios de los combustibles y la Conaie levantó la medida de hecho.
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Octubre de 2019 fue convulsionado y mantuvo al gobierno contra las cuerdas durante once días. En esas jornadas violentas, el movimiento indígena movilizó decenas de miles de campesinos, a quienes se sumaron otros colectivos de distintos barrios en Quito.
En la manifestación participaron grupos sindicales, estudiantes universitarios y transportistas. Además, militantes y dirigentes del correísmo y otros grupos violentos anarquistas, que causaron destrozos, daños y pérdidas económicas, cuantificados en 821 millones de dólares por el Banco Central y el Banco Mundial.
En la movilización de octubre el factor económico y la organización con las comunidades fueron determinantes. Con recursos y apoyos de dirigentes, colectivos, ciudadanos y fundaciones se movilizaron y subsistieron miles de indígenas y campesinos de comunidades pobres de la Sierra en la capital.
Desde enero del 2019, los dirigentes Jaime Vargas y Leonidas Iza iniciaron coordinaciones en varias provincias para la movilización de octubre, por los incumplimientos de ofrecimientos con el Gobierno. Foto archivo CV.
El paro no fue espontáneo ni improvisado. Fue el punto culminante de un camino que se inició en enero del 2019, cuando el presidente de la Conaie y el dirigente del Movimiento Campesino Indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza, dieron los primeros pasos para romper el diálogo con el Gobierno, que incumplió acuerdos y ofrecimientos.
Meses después, el 23 de agosto, se trazó la ruta final en la Asamblea de la Conaie, con la convocatoria a una movilización nacional para el 14 octubre. Entonces, se aceleraron las coordinaciones con dirigentes y autoridades seccionales, para contar con la logística y recursos para la movilización hacia Quito.
En entrevista con este portal, Vargas explicó -sin detallar cifras- que los recursos salieron de las propias comunidades y sus dirigentes, tanto para la movilización como para los alimentos. Iza, por su parte, recalcó el apoyo voluntario de cientos de ciudadanos y colectivos que colaboraron con alimentos y vituallas, en Quito.
Tras el anuncio de la eliminación del subsidio a los combustibles, la Policía reforzó los controles en las carreteras, para tratar de impedir la llegada de manifestantes. Foto archivo CV.
En los días de la protesta circularon denuncias del supuesto financiamiento que los dirigentes de la Conaie habrían recibido de fundaciones del exterior. Vargas negó haberse beneficiado de esos recursos. Confirmó que la organización recibe donaciones de distintas organizaciones para proyectos sociales, pero negó que esos fondos se hubieran desviado para la paralización. Iza aseguró que verificaron quiénes eran los donantes.
Por diversas fuentes accedimos a información económica de la Conaie y sus financistas. Detectamos que con parte de sus recursos se cubrieron alimentos y se pagaron abogados para su defensa en juicios planteados por el gobierno. Personas sin ninguna relación directa con la Confeniae, filial amazónica de la Conaie, retiraron en plena efervescencia de la protesta, importantes sumas de su cuenta, incluido un militar en servicio activo. También hay depositantes inidentificados.
Desde Cotopaxi y otras provincias, centenares de indígenas llegaron en camionetas a Quito.
Las visitas y contactos, meses antes del paro
A lo largo del 2019, Iza y Vargas, junto a otros dirigentes, realizaron visitas a las comunidades de provincias de la serranía y el Oriente, concretaron alianzas y coordinaciones. Esbozaron una estrategia que debía seguirse en en los niveles logístico y financiero.
Solo un detalle aceleró esta planificación: la sorpresiva eliminación del subsidio y consecuente alza de los combustibles, decretada por el presidente Lenin Moreno, a fines de septiembre. Esa decisión, que se tomó sin ningún diálogo ni consenso previo, activó la protesta de los transportistas. Ésta se extinguió rápidamente, pero fue relevada por el movimiento indígena, que cobró una fuerza inusitada. Desbordó todos los escenarios y previsiones oficiales.
Las protestas subieron de tono desde el 8 de octubre. Se concentraron en los alrededores de la Casa de la Cultura, donde pernoctaban miles de campesinos. Fotos CV.
Conforme evolucionaba la protesta, se activaron grupos violentos que se mimetizaron entre los manifestantes y operaban de manera táctica, siguiendo una planificación para escalar la violencia y los enfrentamientos con policías y militares. Su objetivo político era tumbar al gobierno, según denunció el presidente Lenín Moreno y responsabilizó directamente al expresidente Rafael Correa y sus seguidores.
Informes de FF.AA. y Policía indican que algunos de esos grupos estaban integrados por pandilleros y delincuentes, contratados por políticos de la oposición más virulenta al gobierno. También por integrantes de movimientos extremistas de izquierda, con entrenamiento en operaciones de guerrilla urbana en Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y en otro segmento estaban algunos militantes y dirigentes correístas, que desde mediados del 2017 realizan acciones de desestabilización. Esta participación es investigada por la Fiscalía que lleva adelante un juicio por el supuesto delito de rebelión en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Christian González y el ex asambleísta Virgilio Hernández. Ellos han negado las acusaciones, denunciando una persecución política. Ellos fueron llamados a juicio.
En la protesta se activaron grupos violentos, que se mimetizaron entre los manifestantes y operaban de manera táctica, siguiendo una planificación para escalar la violencia y los enfrentamientos con policías y militares. Usaban proyectiles caseros. Fotos CV.
Un sargento retira fondos de la Confeniae
El sargento del Ejército Daniel X parece una puntada suelta en la bien hilvanada estrategia para financiar el paro de octubre del año pasado.
El 8 de octubre, en el clímax de la protesta, el sargento retiró 24.990 dólares de las cuentas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confenaie), en una agencia bancaria en Puyo.
El militar no tiene ninguna relación formal con esa organización. Su nexo viene por el lado de su esposa, quien trabaja como asistente en la Confenaie. Ella, su cónyuge y su hijo retiraron más de $ 43.000 de la cuentas del organismo. Las transacciones se realizaron entre el 9 de septiembre y el 30 de octubre del año pasado, según fuentes cercanas a la organización.
Daniel es sargento del Ejército. Ingresó a las FF.AA. en 1996. Un año después obtuvo el grado de soldado y ha mantenido una trayectoria sin contratiempos; su única amonestación fue por no llegar a tiempo a un servicio de guardia.
Ha brindado sus servicios, principalmente en batallones de la Amazonía. Además, tiene estudios virtuales sobre derechos humanos, leyes y reglamentos militares.
¿Cuál fue el propósito de esos retiros? Ubicamos al militar, quien no quiso contestar las preguntas de este portal. Su única preocupación, ante nuestra consulta, fue cómo accedimos a la información.
Tampoco quiso pronunciarse el presidente de la Confenaie, Marlon Vargas, quien también retiró 24.950 dólares de la cuenta corporativa, el 10 de octubre. Vargas se limitó a decir que no conocía nada al respecto, y nos preguntó si “éramos agentes del Estado”; luego guardó silencio, sin aclarar hacia dónde fueron los fondos retirados en esas fechas.
En las FF.AA., unos 15 militares, entre tropa y oficiales, fueron investigados por su supuesto apoyo a las manifestaciones: en unos casos habrían apoyado en labores logísticas y en otras, proporcionando información sensible sobre decisiones de seguridad. Además, por supuestamente instigar contra el gobierno en redes sociales.
Las protestas dejaron 8 muertos, reconocidos oficialmente, pero la Conaie y organismos de DD.HH. aseguran que hubo 11 víctimas. Se registraron centenares de heridos y apresados. Decenas de policías y militares también fueron heridos, otros retenidos y secuestrados en algunas comunidades. Periodistas fueron golpeados por manifestantes y policías. Fotos archivo CV.
Uno de los oficiales investigados, que pidió en anonimato, dijo que en FF.AA. se desató “una cacería de brujas, que presume la culpabilidad y no la inocencia de los sopechosos, que han sido críticos”.
Pedimos un pronunciamiento al Ministerio de Defensa sobre el caso del sargento y otros militares investigados, pero no respondieron si hay expedientes disciplinarios en su contra.
Durante los once días que duró la movilización de octubre, la Confeniae habría recibido más de $ 57 mil de depositantes aún no identificados y de organizaciones no gubernamentales extranjeras, vinculadas a la protección de la naturaleza, según fuentes del sistema financiero.
Decenas de militares fueron retenidos y maltratados en el sur de Quito
El apoyo económico de ONGs
La Confenaie es una de las tres grandes organizaciones que conforman la Conaie, junto con la Ecuarunari de la Sierra y la Conaice de la Costa. Un denominador común entre todas es que su financiamiento, principalmente, viene desde organizaciones no gubernamentales del exterior.
Entre sus financistas están The Pachamama Alliance, de Amazon Watch y Rainforest Action Network y de las nacionales Fundación Pachamama y Terra Mater. La mayoría del dinero que recibe es para proyectos de defensa de su ecosistema, pero también para emprendimientos turísticos.
Amazon Watch y Rainforest Action Network también apoyan a la Confeniae. Durante la protesta, le transfirieron unos 49.000 dólares.
La Confenaie fue clave en el último levantamiento: sus representantes cerraron carreteras, participaron en la toma de pozos petroleros y gobernaciones en Sucumbíos y Orellana. Solo el cierre de los campos petroleros dejó pérdidas por $ 138 millones.
En Orellana y Sucumbíos se sumaron a la protesta los gremios de taxistas, transporte pesado, transporte público local, cantonal y provincial; las juntas parroquiales Dayuma, Inés Arango (Orellana), de Pacayacu y Sansahuari (Sucumbíos); las comunidades Kichwas, Waoranís, Shuaras, Cofanes, Secoyas y Achuar. Además, las fuerzas vivas y las comunidades de Nunkuy, Kunkuk y Juwa, Shuaras de Puerto Itaya y Yanamunca, de Shushufindi. Los dirigentes movilizaron más de 2.500 personas a la toma y bloqueo instalaciones petroleras, que viven cerca de esas facilidades.
Andrés Tapia, encargado de la comunicación de la Confenaie, aseguró que el dinero que llega desde cualquier ONG no puede ser usado en otro destino que no sean los proyectos sociales que financian esos fondos. Por eso, descartó que esos desembolsos sirvieran para apoyar el levantamiento.
Amazon Watch y Rainforest Action Network tienen una larga presencia en la región amazónica, respaldando proyectos, principalmente para la defensa de la selva, contra la explotación y destrucción de sus recursos.
Amazon Watch estuvo muy activa durante el paro. En su página web y redes sociales publicó, detalladamente, la evolución del paro indígena y su desenlace, el 14 de octubre, luego del acuerdo con el Gobierno.
Carlos Mazabanda, representante de esta ONG, puntualizó que la relación con las organizaciones amazónicas tiene más de 20 años, “apoyando a las comunidades en su lucha contra los abusos de las empresas petroleras y mineras”.
Miles de indígenas y habitantes atacaron las instalaciones petroleras en Sucumbíos y Orellana
Mazabanda explicó que el dinero que entregan a la Confenaie debe ser justificado con un informe que respalde que se usaron para los fines previstos en el acuerdo.
Amazon Watch colabora, por ejemplo, para la organización de asambleas, foros y encuentros de las comunidades. Mazabanda recalcó que durante el paro no depositaron dinero de estos proyectos; los depósitos -sostuvo- fueron hechos meses antes.
Para él, la información sobre supuestos desvíos de fondos para el paro, es parte de una campaña de desprestigio. “Las cuentas de la Confenaie seguramente fueron hackeadas para hacer parecer que el dinero llegó durante el paro”.
Por su parte, Tapia recalcó que esos fondos no financiaron la movilización en la Amazonía. “Esos montos no pueden cubrir los gastos de las protestas en todas las provincias, solo en el Puyo hubo más de 30.000 personas”.
Puntualizó que el paro se fondeó inicialmente de la minga, que aglutinó el respaldo de las comunidades y de las personas en las ciudades. “En Puyo (capital de Pastaza), la gente ayudó con víveres y otros insumos a los manifestantes”.
Andrés Tapia (camiseta negra, derecha) es el responsable de comunicación de la Confeniae. Aseguró que ninguna donación se desvío para gastos del paro. Foto archivo CV.
Jaime Vargas concuerda. Según sus cálculos, varias decenas de miles personas se movilizaron. En este contexto, admitió que solo recibió dinero de la ONG Land is Life, para la defensa de las personas detenidas en la manifestación. El resto salió de fondos de sus comunidades y del apoyo ciudadano, recalcó sin detallar cifras.
Land is Life, Amazon Watch y Rainforest Action hicieron una colecta fuera del país para financiar la compra de alimentos y también la contratación de abogados. Mazabanda, de Amazon Watch, reconoció que entregaron 10.000 dólares para esas causas; pero desconoce el monto final que reunió la campaña.
Land is Life es otra ONG con larga presencia en el país. Actualmente, Marlon Santi, el ex presidente de la Conaie y actual cabeza de Pachakutik, es su asesor global para asuntos indígenas. Esta organización está presidida por Brian Keane, quien es relator del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Indígenas y antes fue asesor de USAID, también para temas sobre los pueblos indígenas.
Representante de la UE llamó a Vargas
La movilización de los indígenas no solo generó preocupación casa adentro. En los días más vertiginosos del paro, a inicios de octubre, Vargas recibió la llamada de una representante de la Unión Europea (UE), que le exigía no emplear los recursos que les donaron para financiar la manifestación.
Eran $ 216.000 que fueron depositados en agosto (dos meses antes de la protesta), destinados a un proyecto de gobernanza para la inclusión de nuevos colectivos en los pueblos indígenas.
La insinuación de la funcionaria europea molestó a Vargas, quien replicó “Si quieres este momento te me llevas esa pendejada”. Eso lo reconoció en entrevista con este medio.
Una representante de la UE confirmó a Código Vidrio que en octubre llamaron a Vargas para alertarle sobre el buen uso de los recursos. El mes siguiente una misión de auditoría de la UE revisó los balances sobre esos recursos, “pero no encontraron evidencias de un uso inadecuado de la Confederación”.
En la entrevista con este portal, el presidente de la Conaie también reconoció que cada año reciben un respaldo de la Fundación Pachamama, por $ 35.000. Los fondos son para pagar gastos de la dirigencia (chofer, alimentación, traslados…) y para la organización de encuentros comunitarios.
La fundación es la contraparte local de The Pachamama Alliance, su principal representante es María Belén Páez. Ella confirmó que anualmente donan a la Conaie $ 3.500, para los gastos en movilización, pago de trabajadores, entre otros. El buen uso de esos recursos -recalcó Páez- se refleja en los informes que presenta la dirigencia indígena.
Según Vargas, la donación de Pachamama no es suficiente para los gastos que representa tener un equipo de apoyo en la Presidencia de Conaie; por eso en muchas ocasiones debió “poner de sus ingresos para cubrir esos rubros”. Dijo que no recibe salario por ser presidente de la Conaie y que su manutención depende de sus negocios privados.
“Los libros contables de la Conaie están abiertos a cualquier indagación”, aseguró, pero no pudimos revisarlos. “Se debe entender que el dinero para la Conaie de organizaciones no gubernamentales no puede ser usado por otros fines, sino para los previstos en los acuerdos”, recalcó.
Una parte de los recursos de la Conaie proviene de los cabildeos y concursos que Vargas ha realizado con distintas fundaciones internacionales en varios países, por años.
Desde el 2013, cuando dirigía la Confederación Amazónica, ha viajado en 14 ocasiones al exterior, según registros de Migración. Los últimos años se ha trasladado, entre otros países, a Estados Unidos, Catar, Arabia Saudita, Suiza, Francia, España, México y Perú.
Movimientos migratorios de Jaime Vargas, los últimos seis años
Vargas dijo que es relativamente fácil concursar por recursos en el exterior, con la plataforma y justificación de la defensa de la naturaleza, y el no extractivismo, cuyos proyectos tienen gran acogida en el contexto del cambio climático.
Víveres durante el paro
La representante de Pachamama reconoció que apoyaron al movimiento indígena con la entrega de víveres para los campesinos que se movilizaron a Quito. Además fueron un canal de mediación para que las Naciones Unidas pudieran contactarse sin contratiempos con la dirigencia indígena.
Mientras en la Amazonía, el bloqueo impidió la circulación de trabajadores a las estaciones petroleras, en Quito los indígenas recibieron apoyo logístico con alimentos y bebidas de algunas entidades, como el Municipio y la Prefectura de Pichincha, según denuncias del Gobierno. Fotos CV.
Pachamama fue una de las ONG que sufrió el vendaval del correísmo. En 2013 el gobierno de Correa la clausuró por su injerencia en políticas públicas, y atentar contra la seguridad interna del Estado. En total fueron clausuradas 26 ONG, acusadas de incumplir sus estatutos y boicotear al gobierno. Pachamama volvió a operar en el actual régimen y mientras tanto fue reemplazada por Terra Mater, que siguió ayudando a la Conaie.
Leonidas Iza, dirigente de Cotopaxi, estima que sumaron 50.000 protestantes en la capital. 30.000 salieron de las comunas y el resto trabajaba o estudia en Quito. Ellos solo estuvieron preparados con “tres días de cucayo”, recordó, pero se encontraron un respaldo que nunca imaginaron.
Sin entrar en detalles, aseguró que se cuidaron minuciosamente del apoyo que recibieron. Por ejemplo, desde las autoridades locales, que son parte del movimiento indígena, como el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán. “No queríamos que nos pasara lo mismo que sucedió con Paola Pabón”, la prefecta de Pichincha que actualmente afronta un proceso penal por supuesta rebelión contra el régimen de Moreno.
Guamán jugó un rol clave para la logística desde esta provincia. No pudimos corroborar, sin embargo, si empleó recursos públicos de la Prefectura en esa tarea.
La otra cara de la moneda, luego de la protesta
El 13 de octubre, tras horas tensas de conversaciones con dirigentes indígenas, el presidente Lenin Moreno derogó el decreto que eliminó los subsidios de los combustible. La Conaie levantó la medida de hecho. Fotos Presidencia de la República.
En el Palacio de Gobierno, el 14 de octubre el presidente recibió el apoyo de cientos de ciudadanos que acudieron a respaldarlo. En la terraza del Palacio estuvo acompañado de sus colaboradores cercanos.
Para el Gobierno, el final del paro fue agridulce. Si bien sorteó el riesgo de la desestabilización y sofocó las intentonas de golpe, al derogar el decreto de los subsidios evidenció que cometió graves fallas, tanto antes de las protestas como en la decisión final. Los aparatos de Inteligencia mostraron sus graves debilidades, pues no pudieron magnificar oportunamente los escenarios de la paralización y sus secuelas.
Los excesos y abusos policiales
Las semanas siguientes, tanto la CIDH como la Defensoría del Pueblo publicaron informes sobre las consecuencias en el campo de los derechos humanos, que fueron criticados por el Gobierno.
La misión del organismo, que estuvo en el país tres días, también estableció que grupos de manifestantes provocaron graves desmanes en algunas manifestaciones, atacando infraestructuras críticas, reteniendo a miembros de la fuerza policial, arrojándoles piedras y objetos contundentes, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones.
“Las violaciones a los derechos humanos de las víctimas del conflicto interno que vivió el Ecuador deben ser investigadas para establecer responsabilidades y la correspondiente reparación integral, porque no hay justicia sin reparación”, afirmó Carrión.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que los reportes eran sesgados y no han tenido una mirada honesta y neutral, pues no profundizaron en las agresiones a miembros de la fuerza pública y todos los actos vandálicos y delictivos en el paro.
Hoy, 9 de octubre, se recuerdan los 53 años de la captura y ejecución de Ernesto Che Guevara en Bolivia. El cerebro detrás de su detención fue el agente de la CIA Félix Rodríguez, quien pocos meses después de la ejecución del guerrillero argentino estuvo en Ecuador en operaciones de Inteligencia, bajo una identidad encubierta, como asesor en una unidad de la Presidencia.
Redacción Código Vidrio
Félix Rodríguez, el agente de la CIA que en 1967 dirigió la búsqueda y ejecución de Ernesto Che Guevara en Bolivia, participó los meses siguientes en operaciones de inteligencia y entrenamiento antisubversivo en Ecuador.
Hoy, 9 de octubre, se recuerdan 53 años de la captura y ejecución del Che Guevara, el guerrillero argentino que con los años devino en un ícono de los ideales revolucionarios de la extrema izquierda, en los años 60.
El ‘Gato Félix’, que hoy vive en Miami y tiene 79 años, fue el cerebro de su captura. Durante varios meses, el cubano nacionalizado estadounidense siguió el rastro del Che, junto a otros agentes de la CIA. Organizó el entrenamiento de soldados bolivianos, a cargo de boinas verdes estadounidenses.
A inicios de 1967, Rodríguez se había ofrecido como voluntario para la misión en Bolivia, una vez que la CIA sospechaba que el Che había ingresado al país del altiplano, para “expandir la revolución por Latinoamérica y derrotar al imperialismo estadounidense”.
Antes, había participado en varias misiones fallidas para intentar derrocar, con apoyo directo de la CIA y el gobierno estadounidense, a Fidel Castro, quien había tomado el poder por las armas en 1959. Su último fracaso había sido la invasión a Bahía de Cochinos, en 1961.
“Nos mandan a Bolivia desde Miami precisamente, a otro compañero mío y a mí, porque nosotros no éramos ciudadanos norteamericanos sino solo residentes. Había una disposición específica del embajador de que ningún ciudadano de su país podía participar en zonas de peligro y de combate, para evitar otro Vietnam”, relató Rodríguez en sus memorias, recogidas en su libro Un Guerrero en las Sombras.
El gobierno de Estados Unidos estaba preocupado por la catastrófica situación de sus tropas en Vietnam, que generaba un rechazo cada vez más creciente entre los estadounidenses y la comunidad internacional. Precisamente, por eso el plan del Che y su pequeño grupo subversivo, que no pasaba de los 60 combatientes en buena parte cubanos y bolivianos, era crear en Latinoamérica varios Vietnam; Bolivia sería la mecha que encendería la revolución en todo el continente.
El guerrillero argentino arribó a La Paz, en noviembre de 1966, proveniente de Brasil, simulando ser el comerciante uruguayo Adolfo Mena. Su llegada fue conocida por la CIA, gracias a los datos de dos desertores capturados en Bolivia. Hasta ese momento EE.UU. suponía que el Che había muerto en combates en El Congo.
Antes de ser ejecutado por un sargento boliviano en La Higuera, el Che Guevara fue fotografiado con miembros del Ejército boliviano, junto al agente de la CIA Félix Rodríguez. Foto archivo
En realidad, la última misión del Che tuvo una cadena de errores: desde la falta de información del terreno y la apatía de los campesinos del sur a apoyar cualquier insurrección, hasta la pobre fuerza de combate y equipamiento con que contaba Guevara, su falta de información de Inteligencia sobre la capacidad del Ejército boliviano y su cooperación con la CIA, y las discrepancias con los comunistas bolivianos.
Tras conocer que el Che estaba en Bolivia, Rodríguez viajó en agosto. Estaba obsesionado con detener al argentino, por su participación en los fusilamientos de cientos de opositores al régimen de Fidel Castro, desde 1959.
También llegó al país encubierto, con la identidad del empresario Félix Ramos, e inmediatamente empezó a recabar datos de los campesinos y a interrogar, bajo torturas, a los insurgentes detenidos.
Dos meses después, la suerte del Che estaba echada. El 8 de octubre de 1967 un batallallón de 200 hombres lo acorraló en la quebrada del Yuro, una zona selvática de Santa Cruz, al sureste de Bolivia.
Tras horas de enfrentamientos con los rangers bolivianos, toda la columna del Che fue abatida. Él fue capturado vivo, herido en la pantorrilla izquierda, y luego llevado al pueblo de La Higuera, donde conversó brevemente con el ‘Gato Félix’. ´Él se identificó como miembro de la anticastrista Brigada 2506, entrenada por la CIA.
Después de tomarse una foto con Guevara, el agente le contó que el gobierno boliviano había ordenado ejecutarlo, aunque el plan de EE.UU. era mantenerlo vivo para trasladarlo a Panamá e interrogarlo.
Mario Terán, un sargento de aspecto rudo que quería vengar la muerte el día anterior de tres de sus compañeros, fue su verdugo.
El Che fue asesinado por el sargento boliviano Mario Terán con una ráfaga de metralla, al mediodía del 9 de octubre de 1967. Foto de archivo
Los últimos minutos de vida del argentino están descritos por el periodista John Lee Anderson en su libro Che Guevara, Una vida revolucionaria. “Las últimas plabras del Che al ver a Terán en la puerta fueron: Sé que viene a matarme, dispare cobarde, sólo va a matar un hombre. Terán titubeó, apuntó su fusil semiautomático y le disparó a los brazos y las piernas. Mientras el Che se retorcía en el suelo y aparentemente se mordía una muñeca para contener los gritos, Terán disparó otra ráfaga. La bala fatal le perforó el tórax y sus pulmones se llenaron de sangre.
El 9 de octubre de 1967, a los teinta y nueve años de edad, el Che Guevara había muerto”.
El viaje ugente a Ecuador
Tras la operación, Félix volvió triunfante a Estados Unidos e inmediatamente fue enviado por la CIA a una nueva misión urgente en Ecuador, donde se temía la expansión del comunismo y grupos de izquierda, simpatizantes de la revolución cubana.
Años antes de su arribo, la Agencia había empezado a reforzar sus operaciones en Ecuador, de la mano del agente encubierto Philip Agee. El personal en la estación en este país se duplicó, así como su presupuesto, que pasó de medio millón a casi 800 mil dólares anuales.
“Las operaciones también han mejorado, el programa contrainsurgencia ha avanzado mucho, ayudado en todo caso por los arrestados, el exilio y la represión general emprendida por la Junta (Militar)”, escribió en un informe Agee, al finalizar su misión en Ecuador, en diciembre de 1963.
La Junta Militar asumió el poder en 1963, tras un golpe de estado al presidente Carlos Julio Arosemena Monroy. Estaba integrada por el contralmirante Ramón Castro, los generales Marcos Gándara y Luis Cabrera y el coronel Guillermo Freire. Foto de archivo
“Tenemos varias operaciones secretas, particularmente las nuevas grabaciones telefónicas y la unidad militar de Inteligencia. Muchas de estas actividades son llevadas a efecto en cooperación con la Junta, sobre la cual hemos ejercido acción, penetrando a través de la Policía y de oficiales militares y de la principal taquígrafa-transcriptora de la misma Junta, a quien tenemos en nuestra lista de pagos (…). Los mejores de nuestros agentes de penetración en el PCE (Partido Comunista Ecuatoriano) han subsistido y hemos aumentado algunos más”.
La Junta Militar a la que se refería Agee asumió el poder en 1963, tras un golpe de estado al presidente Carlos Julio Arosemena Monroy. Estaba integrada por el contralmirante Ramón Castro, los generales Marcos Gándara y Luis Cabrera y el coronel Guillermo Freire.
Esa dictadura fue criticada, precisamente, por la fuerte represión anticomunista, por prohibir las actividades del PCE, por el cierre de medios de comunicación y la detención de opositores políticos, incluido el expresidente Camilo Ponce. En los tres años que estuvo en el poder la Junta concretó acuerdos de cooperación con EE.UU. y emprendió el que sería su mayor logro: la reforma agraria, que eliminó el huasipungo.
Precisamente, Agee alertaba años antes en su memorandum la necesidad de emprender la reforma agraria, lo cual también dejó sentado en su libro publicado en 1975, titulado Inside the Company: CIA Diary.
El estadounidense, que estuvo en Ecuador entre 1960 y 1963, también destacaba por esos años lo incomprensible que resultaba para su gobierno Velasco Ibarra, quien había declarado nulo el Tratado de Río de Janeiro al llegar al poder, en 1960. Velasco además había iniciado una purga de funcionarios, incluidos policías y militares, algunos de los cuales eran agentes de contacto de la Agencia americana. Por eso, tras la salida de Velasco que fue derrocado por un golpe militar en 1961, la CIA buscó los siguientes años que los militares llegaran al poder para aplacar cualquier apoyo al comunismo, en el contexto global de la guerra fría. Todos estos detalles fueron relatados por Agee, quien dejó la CIA en 1969 para denunciar sus operaciones en Latinoamérica y luego fue protegido por el gobierno de Cuba, donde murió en 2008.
En noviembre de 1966 Otto Arosemena Gómez, primo hermano de Carlos Julio, fue nombrado presidente por la Asamblea. Fue precisamente durante su mandato que el ‘Gato Rodríguez’ llegó al Ecuador para trabajar en operaciones de contrainteligencia. Foto de archivo
“Respondían a las órdenes de una potencia extranjera, principalmente del señor Bernbaum, embajador de Estados Unidos; eso no es secreto, lo han dicho ellos (los integrantes de la Junta militar), señalando además que estaban en el rol de pagos de la CIA”, declaró en una entrevista, publicada en la revista Diners, Carlos Julio Arosemena, quien fue depuesto por los militares en 1963. La Junta militar gobernó hasta marzo de 1966 y asumió como presidente interino Clemente Yerovi, reemplazado en noviembre por Otto Arosemena Gómez, primo hermano de Carlos Julio.
Fue precisamente durante su mandato que el ‘Gato Félix’ llegó al Ecuador para trabajar bajo una identidad encubierta como asesor en una unidad presidencial, según reveló en una entrevista en 2005, en el programa Magazine Cubano, en una radio de Puerto Rico. También dio entrenamiento a uniformados ecuatorianos en acciones antisubversivas, según registros desclasificados de la CIA.
‘El Gato’ llegó a Ecuador a fines de 1967. Meses antes de su arribo -en abril- Arosemena había criticado los errores de la política estadounidense con relación a los países latinoamericanos y el fracaso del programa la Alianza para el Progreso. Esto currió en la reunión de presidentes de América de la OEA, en Uruguay. De hecho, Arosemena no firmó la declaración de presidentes, que buscaba estrechar la cooperación regional con EE.UU.
Félix Rodríguez vive actualmente en Miami. Tiene 79 años. Por sus servicios destacados en varias operaciones fue condecorado por la CIA. Foto cortesía
El entonces mandatario estuvo en el poder hasta 1968 y fue sucedido por Velasco Ibarra. Entre tanto, Rodríguez viajó a Perú a una unidad militar paracaidista y participó en un golpe militar contra el presidente Fernando Belaúnde Terry (octubre de 1968). Luego volvió a EE.UU., se nacionalizó y fue enviado por la CIA, como parte del Ejército, a apoyar en la guerra de Vietnam. Los años siguientes se conocieron sus nexos con el presidente George H.W. Bush durante el escándalo Irán-Contra en Nicaragua y se le atribuye el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena, en 1985.
El gobierno adjudicó a la minera Hanrine seis concesiones en Imbabura, renunciando ilegalmente a su derecho preferente para explorar y explotar esas zonas en asociación con otra empresa, según estableció la Contraloría en un examen especial. Tras las adjudicaciones, el régimen cerró el catastro minero, el 24 de enero de 2018, aunque un mes antes (11 de diciembre) había ofrecido públicamente suspender la entrega de concesiones. Para adjudicar las áreas se cambiaron los términos de referencia y se eliminó el requisito de que las empresas tengan experiencia técnica de varios años en el área minera. El gerente de Hanrine dijo que obtuvo los títulos en un concurso público que tomó varios meses; que compitió en igualdad de condiciones con otras empresas, siguiendo todas las normas y regulaciones.
Redacción Código Vidrio
El gobierno renunció, sin justificación alguna, a su derecho preferente de explorar y explotar seis concesiones mineras en Imbabura, ricas en oro y cobre, para luego adjudicarlas a la empresa Hanrine, tras una subasta pública, entre fines de 2017 e inicios de 2018.
Esa es la conclusión principal del examen especial de la Contraloría publicado el 11 de marzo pasado. El informe indica que los títulos mineros se entregaron a la empresa en 483 mil dólares, luego de que las autoridades del entonces Ministerio de Minería, de la Empresa Nacional Minera (Enami) y de la Agencia de Regulación y Control (Arcom), cedieron a la empresa las concesiones, violando y omitiendo varios disposiciones legales y reglamentarias.
El examen auditó el proceso de otorgamiento de las áreas mineras Imba 01, Imba 02, Imba 03, Imba 05, Imba 06 y Amadores, en Imbabura, entre enero de 2016 y el 31 de marzo 2019.
Carlos de Miguel, gerente de Hanrine, dijo que ganó las concesiones en un concurso público en el que también participaron otras empresas, en igualdad de condiciones, siguiendo todas las reglas y disposiciones legales. Desde la adjudicación, la empresa ha invertido más de 20 millones de dólares en esos proyectos, uno de los cuales está ubicado en Buenos Aires. En los alrededores de este poblado, entre 2017 y 2019, se asentaron unos 8.000 mineros ilegales que fueron desalojados por la Policía y el Ejército. Actualmente los problemas persisten, pues los habitantes se niegan a que los trabajadores de la compañía ingresen a la zona. El mes pasado, dos campamentos de la minera fueron destruidos.
Fernando Benalcázar, viceministro de Minería, informó que las concesiones se entregaron a Hanrine el 20 de noviembre de 2017 (Imbas) y en enero de 2018 (Amadores). En esas fechas las autoridades notificaron a la compañía que había ganado las subastas, tras un proceso que empezó en marzo de 2016, con la graficación de las áreas de interés que ocupan una superficie de 23.182 hectáreas.
Las concesiones mineras de Hanrine están en Imbabura
Obtener las adjudicaciones de los cinco títulos le demoró a Hanrine un año y ocho meses. En el caso de Amadores, el proceso empezó en marzo de 2017 y se adjudicó en enero de 2018. Tras la entrega de los títulos mineros, el gobierno de Moreno cerró el catastro, el 24 de enero, aunque el 11 de diciembre, un mes antes, había ofrecido suspender la entrega de concesiones mineras en una reunión con dirigentes de la Conaie.
El entonces secretario de Gestión Política, Miguel Carvajal, ratificó ese día la suspensión. “El presidente ha tomado la decisión de que se suspendan todos los procesos de concesión minera mientras no se cumplan todos los requisitos, como la consulta previa a las comunidades”.
El catastro minero estuvo abierto entre marzo de 2016 y enero de 2018. En este período se otorgaron 275 concesiones. Y se preveía reabrirlo a fines de este año.
Los títulos mineros fueron entregados a Hanrine, subsidiaria de la multinacional australiana Hancok, por autoridades del entonces Ministerio de Minería, encabezado por Javier Córdova Unda. En el proceso de otorgamiento, según reportes del gobierno, también participaron: Rebeca Illescas, ministra subrogante; Henry Troya, subsecretario de Minería; Andrea Balseca, subsecretaria de Minería Industrial; Cristina Silva, directora de Arcom; José Torres, director encargado de Arcom; Raúl Brito, gerente de Enami; Byron Ballesteros, gerente subrogante de Enami; Santiago Chamorro, subsecretario zonal de Minería Norte; Jhonatan Molina, Registrador Minero Arcom.
Javier Córdova dejó el Ministerio de Minería en 2018. Antes ocupó otros cargos en el gobierno de Rafael Correa. Foto cortesía
Actualmente ninguno de los funcionarios que participó en el proceso de subasta está en el régimen, dijo Benalcázar.
Según el examen de Contraloría, las autoridades de la Empresa Nacional Minera, Enami, desistieron, sin justificación técnica ni económica, de solicitar lo títulos de las áreas mineras para su exploración y explotación, aunque anteriormente -en el caso de tres áreas- habían pedido las concesiones.
“Luego desistieron formalmente de las peticiones, aduciendo no contar con recursos económicos” para explorar y explotar esas concesiones, pero no presentaron ningún estudio que justifique esa decisión.
La Enami formalizó su renuncia a las concesiones por motivos económicos, aunque meses antes había concretado un acuerdo de colaboración con la empresa Cornerstone para el desarrollo conjunto de proyectos mineros, aprovechando que la empresa estatal tenía el derecho preferente. Con este convenio la minera canadiense asumía todos los costos de inversión y explotación. Por este motivo, el gerente de la empresa privada le había pedido a la Enami que reclame las tres concesiones para empezar el proyecto de manera conjunta.
No obstante, cuando Hanrine entró en la puja para concursar por las concesiones la Enami se hizo a un costado y no notificó a Cornerstone su decisión de desistir. “Ocasionando que el estado no cuente con resultados y evaluación económica de un potencial proyecto conformado por áreas con interés geológico, del cual pudo haber sido parte en la etapa de exploración, a pesar de contar con el apoyo financiero de una empresa privada, que realizaría a su riesgo las operaciones”, indica la auditoría del organismo de control.
Los títulos mineros entregados a la empresa
La entrega y concesión de los seis títulos mineros tuvo varias etapas y contó con la participación de distintos funcionarios del Ministerio de Minería, la Enami y Arcom, entre otros, según este gráfico de la entidad.
Los procesos de concesión se concretaron sin el pronunciamiento de la Enami y sin contar con información geológica y técnica, indican los auditores en su informe. Ante el requerimiento de los funcionarios sobre la omisión de aplicar el derecho preferente con las Imbas, el gerente general de la Enami dijo que la empresa no contaba con suficiencia técnica y económica para desarrollar las áreas, por lo cual no hizo uso de la primera opción.
La Arcom tampoco envió a la Enami información sobre Imba 5 e Imba 6, para que emitiera un pronunciamiento sobre el uso preferente.
Sobre la concesión de Amadores, la Directora de Arcom envió al gerente de la Enami un informe para que expidiera un pronunciamiento acerca del derecho preferente, cuando debía firmarse el Acta de Adjudicación. No obstante, el gerente presentó su desistimiento por no contar con un dictamen de prioridad de proyectos de inversión para esa zona, según el examen.
Los gerentes de Enami que no hicieron uso del derecho de Imba 1,2 y 3 y Amadores no proporcionaron a los auditores estudios y documentos técnicos que respalden su decisión, tampoco documentaron las acciones tomadas para obtener un dictamen favorable.
El artículo 21 del reglamento de la ley de Minería dispone que la Arcom enviará a la Enami información geológica y técnica sobre las áreas susceptibles de remate o subasta pública, para que ejerza su derecho de primera opción, para que en 120 días certifique su interés sobre las concesiones. Si no lo hace, el Ministerio de Minas inicia el proceso de subasta. Pero eso no ocurrió en este caso. El Subsecretario de Minería Industrial inició y desarrolló los procesos de adjudicación de Imba 5 y 6 y Amadores sin contar con el pronunciamiento de la empresa pública ni del Subsecretario Zonal de Minería, quien suscribió los títulos mineros.
En la zona de Buenos Aires está una de las concesiones de Hanrine. Desde el 2017 ha sido un foco de conflictos por la explotación ilegal minera. Foto archivo
Para justificar su decisión de desistir a aplicar la preferencia, el Gerente de Enami dijo que las inversiones debían ser aprobadas por la Senplades y aprobadas por el Directorio, lo cual no ocurrió. Eso, sin embargo, difiere del contenido de sus oficios de desistimiento enviados a Contraloría, en los cuales señaló que la razón era la falta de recursos económicos y técnicos.
Eliminan requisito de experiencia técnica en minería
En los Términos de Referencia (TR) para las cinco Imbas y Amadores se establecieron los siguientes requisitos: El solicitante o interesado, cuando fuera persona jurídica, debería probar la experiencia requerida, por sí sola, a través de compañías relacionadas o de su casa matriz, siempre y cuando hubiera acreditado dicha calidad, o por el personal técnico de la compañía deberá sumar la experiencia de tres años a la experiencia del personal técnico requerido.
Estos requisitos no son parte de los requerimientos establecidos en articulo 38 sobre los TR del Instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras. Este instrumento establece otras exigencias: Experiencia general: historial del ofertante, de su casa matriz o de sus compañías relacionadas, si fuera el caso; experiencia del personal técnico; plan de trabajo, metodología de investigación geológica y cronograma detallado.
El Secretario de Minería Industrial, que elaboró los TR, no informó a la Contraloría el criterio aplicado para incluir los citados requerimientos. “Con los cambios se permitió que se presenten al concurso empresas que no contaban con experiencia técnica en el área minera”.
El subsecretario de Contratación Minera no justificó en qué se basó para incluir un requisito que no es parte de la normativa, según los auditores.
El exlegislador Daniel Mendoza detalló en la Corte Nacional la fórmula que el Gobierno supuestamente aplicó para contar con respaldo político en la Asamblea. A cambio de ese apoyo, los asambleístas, especialmente del oficialismo y el BADI, habrían recibido cargos, instituciones para cuajar contratos y hasta dinero. Mendoza aseguró que las negociaciones fueron avaladas desde el Ministerio de Gobierno. La ministra de esa cartera, María Paula Romo, dijo que mantuvo conversaciones constantes con asambleístas, incluido Mendoza, pero que en ninguna conversación o reunión con ellos habló sobre la entrega de contratos, obras públicas o cargos. Un diálogo grabado que mantuvo Mendoza con Eliseo Azuero evidencia los entretelones del reparto, acordado, al parecer, con el oficialismo y las presiones que orquestaban contra Romo.
Redacción Código Vidrio
Daniel Mendoza se destapó. En la Corte Nacional dijo que el Gobierno entregó cargos públicos, dinero e instituciones a legisladores para asegurar su respaldo en la Asamblea.
Mendoza acudió este martes 29 de septiembre en la mañana a la Corte Nacional para rendir su testimonio anticipado en el caso que investiga una posible delincuencia organizada para lucrar del proyecto de construcción del hospital Básico de Pedernales, en Manabí. También declararon su exasistente Jean Carlos Benavides; Franklin Calderón, alias banquero; y José Véliz Santos.
Mendoza, quien está recluido en la cárcel 4 de Quito, detalló cómo se concretó el supuesto pago de favores políticos desde el Ministerio de Gobierno, especialmente luego de la llegada a la presidencia de la Asamblea de César Litardo, el 14 de mayo de 2019.
Su testimonio es parte de un acuerdo de cooperación, que implica la aceptación de su culpabilidad aportando pruebas e información relevante a la fiscal Diana Salazar. Si su colaboración es eficaz recibirá una rebaja de su pena.
Durante la diligencia ante el juez nacional Marco Rodríguez, el exlegislador del oficialismo detalló la forma en que habría operado el pago de favores y repartos entre el Gobierno y el Legislativo. Para graficarlo se refirió a la designación del gobernador de Manabí, Tito Nilton Mendoza. “Lo recuerdo claramente que sucedió así: cuando fue el juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo en donde había la solicitud mía de que se designe a Tito Nilton Mendoza como gobernador y era algo que no se terminaba de procesar hasta que la misma ministra me dijo que lo procesaría una vez que se archive su juicio”.
Daniel Mendoza fue detenido el 5 de junio pasado, luego de que se conociera su participación en negociados del hospital de Pedernales. Foto archivo
Sobre los negociados admitió que se benefició de los contratos para la construcción del hospital de Pedernales y de la dirección manabita de la Agencia Nacional de Tránsito.
Solo en Manabí, el exlegislador habría recibido 12 cargos públicos como cuota política, según fuentes cercanas a la investigación.
Sin dar nombres, Mendoza detalló como funcionó, lo que llamó el “reparto de las cuotas de poder”, donde el principal operador fue presuntamente el Ministerio de Gobierno.
¿A qué se refiere usted con las cuotas de poder que tenían?, le preguntó su abogada María Gabriela Moreira en la audiencia. “Son las recomendaciones que siempre se realiza dentro de las instituciones, son instituciones que nos entregaban”.
–¿Qué condiciones se daban antes de entregar las cuotas de poder? Disciplina parlamentaria, si alguien nos pedía una votación por alguna ley lo teníamos que hacer.
-¿Cómo se materializaban los compromisos de las cuotas de poder?
Había un rédito económico y en otros había la posibilidad de dar plazas de trabajo a ciudadanos.
-¿A cambio de qué se entregaban estas cuotas de poder?
A cambio de disciplina.
-¿Quiénes estaban a cargo de este reparto?
-Siempre había un asesor que hacía de puente con el Ministro.
-¿Quién autorizaba?
Siempre se tenía que contar con el OK del Ministerio de Gobierno.
En respuesta a un cuestionario de este portal, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que nunca se entregaron cargos públicos ni prebendas, a cambio de votos o respaldos en la Asamblea. La Ministra destacó que mantuvo conversaciones con asambleístas de Alianza PAIS y de otras bancadas, estrictamente políticas, sin que hubiera ninguna negociación debajo de la mesa.
Romo ha señalado, enfáticamente, que la investigación contra Mendoza empezó por una denuncia suya, cuando llegó a su conocimiento que en una agencia bancaria dos personas hablaban de pagar a asambleístas, a cambio de impulsar el juicio político en su contra. Días atrás, la ministra aclaró que la justicia ha tenido todas las garantías para un proceso independiente. Y reiteró que los investigados por estos hechos buscan desacreditarla.
Como ministra, Romo fue fundamental para cerrar el pacto con las bancadas de CREO, Integración Nacional (BIN) y Acción Democrática Independiente (BADI), que llevó a la presidencia al oficialista César Litardo, en mayo del 2019. Esta alianza además organizó las comisiones legislativas permanentes y dio paso a las leyes impulsadas desde el Palacio de Gobierno.
La captura de Jean Benavides, asesor de Mendoza, con 600 mil dólares, desató la investigación
Precisamente, esta elección fue recordada por Mendoza ante el juez durante la audiencia. Contó que también aspiraba a ser el presidente de la Asamblea, pero que con el tiempo ocupó otros cargos relevantes como coordinador del bloque de AP-Aliados, vocero del gobierno en la Asamblea, presidente de la Comisión de Régimen Económico que trató las leyes más complejas y miembro de la Comisión de Fiscalización.
El BADI y el pago de favores políticos
Sin embargo, Mendoza declaró que no tuvo el apoyo de la ministra Romo, quien se decantó por Litardo, aunque no tenía los 70 votos necesarios para ganar la elección. Entonces apareció el Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI).
El BADI se formó pocos días antes de la votación, en abril del 2019. Se integró sobre la marcha con legisladores que abandonaron la bancada de Integración Nacional (BIN) y otros que se alejaron a sus partidos. Sus fundadores fueron Eliseo Azuero (quien fungió como coordinador), Raúl Tello (ex BIN); Freddy Alarcón (ex BIN); Franco Romero; Rosa Verdezoto, Washington Paredes, Fernando Burbano (ex integrantes de CREO-SUMA) y María Mercedes Cuesta, quien pertenecía a FE, antes llamado PRE.
Gracias a esos ocho votos, Alianza País llegó a la Presidencia y organizó el Consejo Administrativo de la Legislatura y las comisiones. Pero, según reveló Mendoza, el apoyo no fue gratuito sino a cambio de cargos y entidades públicas.
“Recuerdo que cuando la Asamblea se disponía a elegir las autoridades, en esos meses empezaron reuniones para buscar consensos y tener una elección democrática . Estas reuniones incluyeron, por parte del Ejecutivo, ofrecimientos para las diferentes bancadas y legisladores, que eran designaciones en el sector público; esto se dio en las semanas anteriores de mayo de 2019”.
Azuero era quien más presionaba para que el gobierno cumpliera con lo prometido, lo cual se concretó en diciembre del 2019, con la designación de René Tamayo para la dirección del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob). Tamayo era un hombre de confianza de Azuero y, según Mendoza, su llegada a ese cargo le abría la posibilidad de intervenir en obras estatales, entre ellas hospitales.
Azuero le confirmó a este portal que sí conoció a Tamayo, pero que no tuvo contacto con él durante varios años y que no intervino en su designación en el Secob. En una conversación grabada por Mendoza el 23 de mayo pasado, que es parte de este proceso judicial, Azuero reconoce haber recomendado a Tamayo y haber entregado a compañeros de su bancada BADI montos en efectivo.
Mendoza buscó un acercamiento con Azuero para ayudar a manabitas con puestos de trabajo en los hospitales, que debía construir el Secob en su provincia y recaudar fondos para su movimiento político “Amigo”.
Los cheques de Finanzas para Azuero
Azuero le pidió a Mendoza su ayuda con el Ministerio de Finanzas para que efectivizara un pago a favor de los constructores de la casa de salud de Pedernales. Mendoza dijo que colaboró y pidió a su asesor Jean Benavides que gestionara el cambio de varios cheques que iba a recibir Azuero.
No obstante, Benavides fue detenido en un operativo policial, en junio. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció el perjuicio al Estado en el contrato de esa casa de Salud. El asesor legislativo fue apresado con 600 mil dólares en efectivo y varios cheques de los pagos para el hospital.
Preocupado por la captura, Mendoza fue buscar a Azuero a su casa. Ambos mantuvieron una charla que el exlegislador grabó a escondidas. En ese registro Azuero no solo aceptó que le recomendó a Tamayo para el cargo a la ministra, sino que sus colegas del BADI recibieron dinero del gobierno a cambio de votos. Mencionó como supuestos beneficiarios a Raúl Tello, Freddy Alarcón y María Mercedes Cuesta, entre otros.
Tello y Alarcón negaron haber recibido dinero a cambio de su respaldo. En entrevistas con este portal dijeron que desconocen la razón por la cual sus nombres aparecen en la grabación de Mendoza y Azuero. Tello aseguró que tomará medidas legales por las declaraciones en su contra. Mientras que Alarcón dijo que la Fiscalía tiene su declaración y que analiza demandas legales contra quienes lo acusen.
Este portal buscó un pronunciamiento de la legisladora Cuesta, pero no respondió a nuestras llamadas ni tampoco a nuestros mensajes. La noche del martes, en sus redes sociales difundió un comunicado en el cual niega haber recibido recursos y anticipa acciones legales contra quienes la involucran en la trama.
Mendoza entregó fotos de reuniones en el Ministerio de Transporte con asambleístas donde supuestamente recibían cargos públicos, así como las grabaciones de la charla con Azuero, un pendrive y su celular.
Romo: “Ninguna conversación fue sobre contratos”
Ministra, usted aseguró que la grabación del diálogo entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero es fraudulenta, pero esta semana el candidato Fernando Villavicencio denunció que usted supuestamente entregó la carpeta de René Tamayo para que sea nombrado director del Secob; presuntamente la entregó al exsecretario de la Presidencia, José Augusto Briones. ¿Es esto cierto? ¿Tuvo usted alguna participación en esa designación? No puedo saber los detalles sobre cómo se produjo la grabación entre Mendoza y Azuero. Desconozco en qué contexto se hizo, o si lo que hemos escuchado es íntegro o manipulado, pero lo que sí puedo decir es que en esa conversación mencionan mi nombre varias veces pero en ningún momento, ninguno de los dos dice algo negativo sobre mí. Ninguno de los dos dice ni sugiere que yo haya estado involucrada en alguna irregularidad. En lo personal creo que Mendoza, sabiendo ya que estaba investigado y que yo era la denunciante, buscó de manera insistente que el exasambleísta Azuero le dijera algo que pueda usar en mi contra. Eso no sucedió. Por otro lado, en la nota que escribe Fernando Villavicencio habla de una reunión con una bancada en la que se habría “negociado” un nombre. Nunca se dio esa reunión. Todas mis conversaciones con los asambleístas han sido sobre leyes y sobre temas de sus provincias.
¿Tuvo usted como ministra una comunicación directa con Mendoza y Azuero? Claro, en varias ocasiones durante el tiempo que he sido Ministra. Ninguna conversación con ellos ni con nadie han sido sobre un contrato, una obra pública; nunca sobre ninguna irregularidad.
Asambleístas del BADI aseguran que el encargado de la negociación política era Azuero. Hubo una negociación, charlas con legisladores del BIN y con Azuero?
Claro, en muchas ocasiones hablé con los legisladores de esta y otras bancadas. Insisto: ninguna conversación con ellos ni con nadie han sido sobre un contrato.
Los legisladores de esa bancada sostienen que usted fue clave para el acuerdo con CREO, BIN y BADI, que llevó a la presidencia de la Asamblea a César Litardo, así como para la organización de la comisiones legislativas permanentes. Como Ministra de Gobierno participé en varias conversaciones para consolidar un acuerdo legislativo con diez puntos programáticos, todo esto fue público. Participaron cuatro bancadas legalmente constituidas, no se separaron bancadas ni este acuerdo produjo ningún escándalo. Participé en las conversaciones para lograr un acuerdo que permitiera gobernabilidad, un acuerdo que no tuvo nada de escondido ni oculto, peor todavía algo de ilegal. Sobre las comisiones legislativas no tuve mayor intervención.
¿En el caso de Daniel Mendoza, él era coordinador de AP-Aliados, cuál fue su participación en las reuniones entre el Ejecutivo y su bancada?
El grupo legislativo afín al Gobierno estaba conformado por dos bancadas: Alianza País y AP-Aliados. Ambas tenían varios coordinadores. En pocas ocasiones me reuní solo con los coordinadores, lo que siempre hacía era reunirme con toda la bancada. Usualmente en un almuerzo semanal / quincenal que se daba en la misma Asamblea. De la misma manera que todas mis reuniones eran públicas, en espacios oficiales, sobre asuntos propios de mi trabajo. Siempre daba declaraciones a la prensa al llegar o salir.
Usted denunció el caso del hospital de Pedernales, pero según Mendoza él también tenía influencia en la ANT de Manabí y en el Hospital de Bahía de Caráquez. ¿El Ejecutivo investigó cómo Mendoza pudo acumular ese nivel de influencia? Me sorprenden las nuevas declaraciones de Mendoza porque no le resulta suficiente su proceso penal por la construcción del Hospital de Pedernales, sino que se autoincrimina en otros malos manejos. De lo que he conversado, al menos con la ANT, ya se ha pedido a la Fiscalía que se inicie un nuevo proceso penal basado en estos nuevos elementos. Si hay más delitos, también debería responder por ellos. Daniel Mendoza era un legislador de la bancada de Gobierno, vocero del legislativo, presidente de una importante comisión; todo eso le permitía una fluida relación con funcionarios del Ejecutivo y otros poderes del Estado, pero esa influencia de ninguna manera significaba que tenía patente de corso para cometer alguna ilegalidad. La muestra: cuando tuvimos una sospecha, fue investigado y la justicia ha tenido toda la garantía para hacer su trabajo.
La conversación completa entre Azuero y Mendoza
Mendoza sabía que para intentar salir ileso de la investigación penal en su contra debía juntar fuerzas con el legislador Eliseo Azuero, otro de los investigados por la red de corrupción, quien está prófugo.
El manabita grabó dos conversaciones con Azuero, antes de ser detenido. En ellas explica las acciones que ejecutarían para salvarse de las acusaciones de su contra y detalla el reparto entre varios legisladores de dinero, cargos y entidades públicas.
Las grabaciones fueron entregadas a la Fiscalía y la transcripción es parte del proceso penal que se sigue en la Corte Nacional.
DANIEL MENDOZA (DM): Ahí ellos dicen que supuestamente la plata es para un grupo de asambleístas, eso está en las escuchas…
DM: Claro, tiene que demostrarlo dicen que, que eso es para Quito, que eso es para los asambleístas que van a cobrar uno, dos, tres, lo que sea. Eso es lo que sé hasta ahora, eso está en unos que se llaman progresivos, ellos están siendo acusados por lavado de activos; el lavado de activos es un tema que creo que primero a mí estoy seguro que no podría afectarme porque te verifican tu patrimonio. Entonces, en mi caso particular tú y yo sabemos que de ahí no he cogido nada y particularmente no tengo un incremento patrimonial injustificado, o sea por ejemplo tengo un carro viejo a nombre mío, un pequeño terreno y pare de contar; o sea no tengo nada más: la casa en la que vivo es de mis suegros entonces…
ELISEO AZUERO (EA): ¿En tu declaración de bienes no hay incremento?
DM: No, tampoco por ahí no hay ningún problema. El problema ñaño y la razón por la que te dije vamos a conversar en persona es que básicamente estos manes que están adentro primero están súper nerviosos porque aparentemente decían que se los iba a dejar solos.
EA: Eso no vamos a hacer.
DM: Ya entonces el mensaje era que supuestamente iban hablar y que iban a nombrarme a mí, iban a nómbrate a ti o sea nerviosos.
EA: Pero nombrarme a mí, que van a nombrarme, si no me conocen si nunca me han conocido.
DM: Sí, pero tienen referencias tuyas y mías, o sea una cosa es lo que puedan decir, otra es lo que puedan comprobar.
EA: Pero una vez te dije que decían que actuaban en mi nombre.
DM: Una cosa es que te puedan decir otra cosa que te puedan comprobar.
EA: Hablan de mí o solo hablan de asambleístas.
DM: Hablan de asambleístas, hasta ahora tú debes estar consciente que yo no tengo ahorita medio centavo.
EA: Sí, si tengo claro ellos van a decir.
DM: Entonces tengo que preguntar: ¿a ti te llamo María Paula en algún momento por este tema?
EA: Ella va a venir a conversar conmigo.
DM: ¿Te dijo que quería venir a conversar contigo?
EA: No, yo le pedí.
DM: Ya, ¿y cuándo va a venir?
EA: No sé si entre semana, directo a ella le dije no ves que a mí me están amenazando hasta de muerte en Lago Agrio.
DM: ¿Por qué no te están amenazando de muerte por eso?
EA: Sí, yo lo que le he puesto, le he pasado las amenazas, han venido hasta mi casa estos malas palabras les dije.
DM: Sí, pero no tiene nada que ver con este tema
EA: Para eso también, sí que lo es, es gente extraña, o sea una vez que tú tienes una amenaza es porque te van a pedir algo medio extraño.
DM: Ahí entra un grupo de asambleístas: Jalil, Tamayo no te ha llamado el colorado, o Jalil porque esos manes tienen que estar.
ELISEO AZUERO: No, él me llamó.
DM: ¿Cuál?
EA: Jalil.
EA: Hablamos, Tamayo vino.
DM: ¿Vino?
EA: Sí, pero él es como todo el mundo te dice y que hago eso, dice.
DM: Se gastaron.
EA: Me imagino que sí pues ¿y entonces?
DM: Los primeros trescientos sesenta que tú dijiste, eso se lo dieron a quienes que eran como noventa por asambleísta.
EA: Pero hermano entre él Fredy hasta…
DM: Pero es que debemos saber con quiénes contamos porque la vía es jurídica y política.
EA: Ya voy a hablar con él.
DM: Sí, pero no solamente para el tema de la… de la plata si me entiendes.
EA: Te entiendo, pedirle a Romero que dé, imposible pedirle a Mechita (María Mercedes Cuesta).
DM: ¿A quién?
EA: A Mechita.
DM: Meche también cogió, pero Meche puede hablar con César (Litardo), pues loco.
EA: Ella, ella…
DM: Tú estabas hablando con ellos.
EA: Yo nunca les di, yo no le di a ninguno de ellos.
DM: Si no, Jalil?
EA: A través no, a través de él y creo que fue de otra gente.
DM: A través de él.
EA: De Jalil y de otra gente, ahí le pongo les mandaba muchachos, espero que estén cómodos, muchas gracias eres de palabra, claro yo les puedo decir a ellos saben que muchachos tenemos que presionar bien a María Paula.
DM: Tú me contaste la historia de cómo pusieron a Tamayo, que te cabreaste, al día siguiente María Paula cogió y cumplió y te puso a Tamayo, ella sabe a quién responde políticamente su espacio, pues, y no es a mí.
EA: Ah, ya ahora te cacho, yo le voy a decir: mira tienes todo para encontrar ese espacio, por eso yo quiero que llames a averiguar.
DM: Pero ella sí sabe a quién le dieron ese espacio, pues fue a tu bancada, a través tuyo, a tu bancada, no fue solamente para ti.
EA: No, no…
DM: Ella sabía que era en nombre de tu gente.
EA: La pregunta es, la pregunta va a ser: ¿como así entra Daniel?
DM: Sencillo, pues si lo único que yo tenía interés y es la verdad.
EA: A ver, yo puedo hacer algo.
EA: Es que en parte yo estoy como cabeza, tú no los conoces, le conozco a Tello.
DM: Tello también recibió.
EA: Tú no los conoces a todos.
DM: Pero tú tienes que pedirle que lo aprieten a César (Litardo) y a María Paula, pues.
EA: En el momento que se necesite.
DM: A ver si tú me dices que Tello, Meche, ¿quién más?
EA: Ya no te voy a dar más.
DM: Ya con esos solamente.
EA: Uno, uno para que te des cuenta lo estúpido que es este hijueputa Wacho.
DM: ¿Wacho también recibió?
EA: Viene a llamarme en un tono medio tonto.
DM: ¿Él a ti?
EA: Claro, o sea con el fin de saber qué va a pasar en esto, o sea asustado.
DM: O sea ¿él te llamó asustado?
EA: Sí.
DM: Después del problema.
EA: Claro.
DM: Ya, pero es peligroso hermano para todo mundo, pues.
EA: Por eso, entonces pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo, tú sabes que soy de palabra, a ver si consigo unos sesenta, cincuenta, setenta, para poder ayudar no puedo hacer más, de mi parte no les voy a pedir a ellos, porque se va a hacer un cogeculo.
DM: Ya pues, no les pidas hermano, no creo que tú no quieras utilizarlos a ellos para presionar a César, claro para presionar a César y para presionar no les pides nada.
EA: Ella tiene que proteger a todos, la ayuda de María Paula, para ellos es que, de lo que he escuchado, hay muchos asambleístas que tenían hospitales…
DM: No, es que no tiene relación con eso.
EA: Estamos hablando de que todo estaba confundido, yo tengo la suficiente confianza con ella como para decirle que esto va a crear un tsunami para todos, ¿si me entiendes?
DM: Sí, sí, sí..
EA: Daniel de lo que yo he escuchado sabe mucho, a ver te vuelvo a recapitular los de mi bancada a algunos les llegó un cariño, al colorado y al otro, yo voy a hablar con María Paula mañana, yo busco el mecanismo y para serte sincero estaba pensando en decirle sí cogieron los amigos a ella como amiga.
DM: Ajá.
EA: Sí, le voy a decir cuando yo dije la bancada y cuando yo le hago llamar estaba ahí en Pastaza, le digo estábamos haciendo un acuerdo político para trabajar nacionalmente.
DM: Ajá.
EA: Entonces dije a mí, a mí no me amenaces, pero así, le digo tú tienes que comprobarme a mí, yo también puedo decir que ustedes han cogido maravillas. Pero mala palabra de tu madre si a vos te dieron hasta dos, dos fiscalizaciones hijueputa le dije, yo soy el más tonto de todos los que estás ahí mandando, manada de hijueputas.
DM: Ya, ¿pero eso qué tiene que ver?
EA: Cómo que tiene que ver, que tiene que ver hijueputa, si o sea esto es así, asado, cocinado que a ti no te topan.
DM: ¿Con quién tú vas a decirle eso a María Paula?
EA: Claro que yo le garantizo sus votos, yo le voy a decir que están nerviosos los míos.
DM: Ella va a entender el mensaje.
EA: En el momento que le diga los míos están nerviosos, que no los meta, no hay ningún problema.
DM: La ayuda hermano, la ayuda compadre, para que nadie más salga salpicado, ningún otro nombre tú ni Meche ni Tello ni nadie, porque si esto, si esto se vuelve un tsunami.
EA: Porque ella da los espacios.
DM: Claro pues, si él no sale del país ella tiene que saber que esto se nos puede volver un tema políticamente inmanejable.
EA: Le voy a decir a María Paula tan complicado está todo esto y puede reventar; yo le voy a decir yo sé que todos, no te voy a dar nombres, han pedido espacios y todo eso un relajo de esos, todo mundo sale, no vaya a ser que tu salgas salpicado.
DM: Ella está cuidando su perfil político.
EA: Ella va a ser candidata.
DM: Okey, si mañana esto se vuelve un tsunami y se vuelve un cogeculo ese cogeculo, hermano, tú crees que no va a ir también dirigido a la persona que autorizó eso.
EA: Pero por supuesto.
DM: Y si no sabe qué, que es que es ella la que autorizó, tú no puedes asumir la responsabilidad de esa vaina solo. ¿Y quién es la responsable, a quién le confió ese espacio a la bancada Franco, malas palabras yo los cojo a ellos en zoom y les digo: señores no se olviden que en este tema si no cumplen puede regarse la leche en esos términos por eso.
DM: ¿Pero tú ahí ya le habías dado o le diste después?
EA: Ya, le di en dos momentos, el primero hace rato, antes de la pandemia casi, y el segundo era mi desesperación, ahora Tello vota de otra manera porque Tello discute, discute conmigo.
DM: O sea, Tello recibe y a mí me sacó mala palabra Tello ya. Pero dime una cosa, Tello creía que yo tenía alguna relación porque ahora puedo entender porque, porque me saca.
EA: Es problema político de él, ahora te quiero decir algo, Tello es una vaca loca, Tello tiene un problema en la Contraloría.
DM: Sí, sí, sí.
EA: Le voy a coger a la María Paula, te voy a ayudar le había filmado un mensaje que, que nos veamos, aunque sea hoy en la tarde, bueno hoy no, ah no, me dijo que estaba en Cuenca, se saben mi nombre eso si es grave.
DM: Tú crees, tú crees que Jalil, que siempre hablaban de ti, ellos sabían que el uno, ñaño te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar.
EA: El rato que ellos me llamen a rendir versión a mi esos hijueputas me conocen y ahí me los voy encima.
DM: ¿Y tú sabes?
EA: Tienes que decirles que me los voy encima.
DM: Perfectamente, que Jalil era el que operaba este tema, Jalil sí se comunicaba con esta gente, pero todo el tiempo que este man hablaba con, con en estos últimos días de la presión que tu decías que tenía de esta gente, este man hablaba a nombre tuyo.
EA: Salvarlo a él por cualquier cosa (Refiriéndose a Jalil).
DM: ¿De María Paula?
EA: Y le puedo decir de qué le voy a decir clarito.
DM: Ya.
EA: De que yo te llamé y te dije.
DM: Ella tiene que saber que, que tu bancada…
EA: Ella enseguida va a venir a decir entonces si hay nexo entre tú y él.
DM: Ella tiene que saber que hay nexo hermano, porque yo no soy tan mala palabra, no tengo ese poder, ella te da el espacio a ti, ¿yo que chucha tengo que ver con Tamayo y con Jalil?
EA: Esa es la fortaleza que yo tengo y decirle María Paula yo sé que todos los de la comisión han tenido sus espacios, todos, y yo te puedo garantizar que en cualquier juicio político, así nos manden a la mierda yo los puedo cagar ahí tú me conoces yo he salvado a gente hasta de que los vayan a gatillar, porque hasta esa gente tengo en el país.
EA: Pero precisamente por eso, pero ya te dije que eso es la mañana, yo aunque sea me voy a ir a verla, ya tiene que verme a mí el martes o miércoles hermano, confía en mi, yo soy un buen operador político.
DM: Yo lo que necesito es que tú me des los nombres, pero quién le dio a Tello.
EA: Yo no sé quién le dio, lo único que me dijeron a mí que él ha dado.
EA: Sí.
DM: ¿y Meche?
EA: Tampoco Meche, pero se mandó a ver con alguien.
DM: Pero el que sabe todo eso es Jalil.
EA: Jalil tampoco es ningún cojudo Jalil en persona, no en tal parte esta vayan, por ejemplo sé que a Franco (refiriéndose a otro asambleísta) le habían dejado en el departamento.
DM: Ya, y el tema de esos ciento ochenta y cinco mil que transfirió este loco que está dentro a Jalil, antes de cómo una semana, antes, ¿te acuerdas?
EA: Ah pero eso te digo, eso es que te digo se le entregó en dos partes. Y así siguen conversando y refiriéndose a las actividades delictivas que realizaban entre los dos señor Juez, no a las actividades de Fiscalización y de Legislación.
La Contraloría estableció sanciones administrativas por 273.000 dólares para la exembajadora de Ecuador en Londres, Ana Albán, por los pagos, sin sustentos, de contratos de abogados, comunicación y festejos por el asilo concedido a Julian Assange. También determinó multas por 30 mil dólares para el excanciller Ricardo Patiño, Albán, y dos funcionarios más del Ministerio de Relaciones Exteriores. El australiano enfrenta un juicio de extradición a Estados Unidos en un tribunal de Londres.
Redacción Código Vidrio
Los gastos ilegales por el mantenimiento y la permanencia de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres (2012-2019) deberán ser asumidos por varios funcionarios diplomáticos, especialmente por Ana Albán como exembajadora.
La Contraloría estableció sanciones administrativas por 273.000 dólares para Albán, por todos los contratos y gestiones institucionales para asilar al fundador de Wikileaks, que enfrenta en un tribunal de Londres un juicio de extradición a Estados Unidos. También determinó multas por 30 mil dólares para el excanciller Ricardo Patiño, Albán, y dos funcionarios más del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las sanciones se desprenden de dos exámenes especiales: el primero (Informe DNA1-0037-2019) sobre la gestión administrativa y financiera, relacionada con los costos desembolsados por el Estado ecuatoriano para la estadía de Assange, y el segundo por el otorgamiento de asilo diplomático y naturalización de Julián Assange.
En el primer informe sobre la gestión administrativa y financiera, entre el 2012 y el 2017, se auditaron procesos y se estableció que 562.000 fueron desembolsados sin el sustento legal suficiente, según la Contraloría.
En el segundo examen sobre la entrega de la nacionalidad ecuatoriana al australiano fueron multados el excanciller Patiño, Albán y otros funcionarios de Relaciones Exteriores.
Los embajadores de Ecuador en Londres
Ana Albán fue embajadora hasta el 2013; Juan Falconi estuvo entre el 2013 y 2015; Carlos Abad (ya fallecido) fue embajador entre el 2015 y 2018; y, Jaime Marchán es embajador desde el 2018.
Los resultados de esa auditoría complican, sobre todo, a Albán. Ella es señalada como responsable de los pagos excesivos por las consultorías legales y comunicacionales para defender el asilo del australiano, así como por los festejos organizados y otros gastos.
Albán, quien es la directora del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, un organismo del Gobierno, ha rechazado el resultado de esas auditorías. Este portal la contactó para buscar su versión pero prefirió no pronunciarse.
Ecuador destinó, en total, 6,5 millones de dólares para la manutención y el cuidado de Assange. $5,8 millones fueron solo para pagar la seguridad del australiano y provinieron de gastos especiales de la Senain. Y casi 400.000 dólares más por gastos médicos, alimentación y lavado de ropa.
La cuenta más observada fue precisamente para justificar el asilo diplomático que se otorgó a Assange. Como reveló este portal, su llegada a la embajada, el 19 de junio de 2012, no fue una decisión espontánea, sino planificada meses antes con el gobierno de Rafael Correa. Varias fuentes confirmaron que las adecuaciones y compras de equipos se concretaron antes de su arribo.
En 2012, la entonces embajadora Ana Albán recibió a Julian Assange y debió lidiar con todos los problemas generados con. Inglaterra por asilarlo. Foto archivo
La llegada de Assange fue parte de una bien pensada estrategia que buscaba posicionar a Assange como perseguido de Estados Unidos y al gobierno ecuatoriano como su defensor. Así, Correa quería apuntalar su imagen internacional como contradictor de esa potencia. De hecho había expulsado, un años antes, a la embajadora norteamericana Heather Hodges, precisamente por la publicación de un cable diplomático filtrado por Wikileaks. Tanto Assange como Correa estrecharon su cercanía con los intereses rusos, como parte de la consolidación de un nuevo eje geopolítico mundial de contrapeso a la nación estadounidense.
Para aplacar las críticas por la decisión del asilo y fortalecer la imagen del gobierno ecuatoriano, como embajadora Albán contrató consultorías de asesoría legal y comunicación. Según los auditores de Contraloría, esos trabajos no contaron con evidencias documentales suficientes que evidencien el servicio prestado, en función de las condiciones contratadas.
Los contratos observados se concretaron con las firmas de abogados Bindmans LLP y Norton Rose, que sumaron 418 mil dólares. Los comprobantes de egreso de los pagos de la Embajada no coinciden con los servicios facturados por los abogados. Por lo cual, los auditores establecieron que se violaron los procedimientos y la ley de Contratación.
También se determinaron irregularidades y perjuicios en la asesoría de comunicación por 144 mil dólares, realizada entre julio del 2012 y agosto del 2013, con las empresas McSquared, Lee Brown y Nill Sookoo.
Esta era la oficina que Assange tenía en la sede, junto al despacho del embajador. Contaba con dos cuartos más, uno era su dormitorio. Foto archivo.
En su informe, la Contraloría señaló que la exembajadora Albán no “adjuntó informes o productos que evidencien qué actividad o consultas se realizaron en beneficio del Estado ecuatoriano, previo a realizar los pagos de los comprobantes de gastos”
El Reglamento de Asignación y Gastos en el Exterior indica que los jefes de las oficinas en el exterior son los responsables de los gastos ejecutados.
La respuesta de Albán
En su respuesta a la auditoría, Albán contestó: “Debido a la presencia de un asilado en la sede de la Embajada, se obligó a buscar la asesoría especializada de expertos en derecho internacional, a fin de definir cómo proceder dentro del marco del derecho aplicable para la situación excepcional, como se vivía con Assange”.
Explicó que no era necesario iniciar un proceso de contratación bajo la Ley de Contratación Pública, sino que se “tenía que aplicar la normativa o las prácticas comerciales del país donde se suscribieron los contratos, para establecer la forma de contratación y materialización. Estas se basan en el principio de buena fe, sin la necesidad de contratos”.
“No se puede calificar de insuficientes los documentos que prueban que los servicios de asesoría legal y de comunicación se llevaron a cabo, ya que cada factura tiene un reporte de horas que demuestra las horas efectivamente trabajadas por los asesores jurídicos contratados”, recalcó.
No obstante, esa respuesta no desestimó los señalamientos de Contraloría, que ratificó su informe final y procedió con el establecimiento de sanciones económicas. Lo mismo ocurrió con la contratación para la conmemoración del primer año del asilo de Assange, que, a criterio de los auditores, se hizo sin sustento legal.
La exembajadora autorizó, mediante comprobantes de gasto 172 y 192, el pago por el evento de “Conmemoración de Asilo Político (2013)”, por $5.395, el mismo que fue liquidado con el Fondo de Relaciones Públicas.
El 2014 se realizaron eventos para celebrar el segundo año del asilo de Assange. En la embajada hubo una farra con la participación del entonces canciller Ricardo Patiño. Esos actos están prohibidos por la ley, según la Contraloría. Toma de video.
Para Contraloría, ese gasto viola el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 287, sobre las normas de Austeridad y Control del Gasto Público, de mayo de 2007, que ordenó “la prohibición de festejos, agasajos o recepciones, a excepción de aquellos actos conmemorativos o protocolarios. La fecha de asilo diplomático no constituye un acto conmemorativo, lo que ocasionó un pago sin sustento legal”.
Albán contestó a los auditores que no fue una fiesta ni una conmemoración del asilo político, sino un evento informativo para buscar un arreglo y terminar con el impasse que tenía Ecuador con Inglaterra por conceder el asilo a Assange. Además, cuestionó que los auditores califiquen qué es un evento informativo y uno festivo.
Las celebraciones por el asilo se repitieron el 2014. En la conmemoración por el aniversario, que incluyó una fiesta en la embajada https://www.codigovidrio.com/code/patino-y-assange-festejaron-a-lo-grande-aniversario-del-asilo/, se habrían gastado 6.557 dólares, descritos en el rubro “Eventos públicos” del 2014, asignados en el fondo para la permanencia y mantenimiento de Assange.
El video de ese festejo fue publicado por este portal. Participaron el entonces canciller Ricardo Patiño, Assange, José María Guijarro, Fidel Narváez, Baltasar Garzón, abogado del fundador de WikiLeaks, y la periodista pro bolivariana Eva Golinger, entre otros asistentes. El excónsul Narváez, acérrimo defensor de Assange, dijo en redes sociales que en esa fiesta no se gastaron fondos públicos.
Las sanciones administrativas fueron notificadas hace varias semanas a los exfuncionarios responsables, para que respondan, en un plazo de 60 días. Luego de ese plazo quedarán en firme para los cobros correspondientes.
Una vez que todo este proceso concluya en la Contraloría, las determinaciones de responsabilidades pueden ser impugnadas ante la justicia ordinaria, en el Tribunal de los Contencioso Administrativo.
Assange tiene síndrome de Asperger
Un psiquiatra que testificó ayer 23 de septiembre en el juicio de extradición de Julian Assange aseguró que el fundador de WikiLeaks padece del síndrome de Asperger, lo que incrementa el riesgo de suicidio si es extraditado a Estados Unidos.
Quinton Deeley, especialista en psiquiatría del Servicio de Salud británico, dijo que la ‘rumiación obsesiva’ y ‘la rigidez de pensamiento’ que presenta Assange son síntomas de un desorden del espectro autista.
El proceso de extradición de Assange, que está confinado en una prisión británica de máxima seguridad desde su arresto en la embajada de Ecuador, en abril de 2019, se reanudó el 7 de septiembre pasado.
El Departamento de Justicia norteamericano pretende enjuiciarlo por publicar en el portal WikiLeaks miles de archivos secretos de la diplomacia y el Ejército estadounidenses, entre ellos varios documentos y videos que confirman crímenes de guerra cometidos en Iraq y Afganistán.
La posibilidad de que el periodista australiano se suicide si es extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel a partir de los 17 cargos de espionaje y otro de piratería informática que se le imputan, fue presentada la víspera por el doctor Michael Koleman.
El experto, que inició los testimonios de especialistas sobre el estado mental de Assange, dijo que tiene una predisposición genética a la depresión clínica, pues varios miembros de su familia se han suicidado.
El representante de la fiscalía estadounidense, quien ayer insinuó que Assange podría estar fingiendo los síntomas de su enfermedad mental, contrapuso el padecimiento de Asperger al hecho de que el fundador de WikiLeaks ha escrito libros, dictado conferencias y se comunica fácilmente con el público.
El abogado reprodujo extractos de un video de 2010 donde se ve al australiano conversando animadamente con el público en un evento organizado por el Frontline Club.
Deeley sostuvo que ese comportamiento no contradice el diagnóstico psiquiátrico, pues los personas con síndrome de Asperger, dijo, se desenvuelven muy bien en sus zonas de confort. En este caso, Assange es un experto en la materia.
La ley de extradición de Gran Bretaña estipula que una persona con problemas mentales o físicos no puede ser extraditada a otro país. Agencias
En 2013, el exasambleísta Daniel Mendoza llegó a la Asamblea gracias al pacto de los entonces prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y presidente Rafael Correa. Mendoza, en representación del Movimiento Unidad Primero, fue electo asambleísta alterno de la lista 35. El pacto entre Unidad Primero y Alianza País se reeditó para las elecciones del 2017. En esa ocasión Mendoza fue candidato principal y ganó las elecciones. Una de sus primeras decisiones fue unirse al grupo de Lenín Moreno, tras su rompimiento con Correa. Hoy está detenido, acusado de delincuencia organizada y asociación ilícita.
Redacción Código Vidrio
Daniel Mendoza entró a las grandes ligas electorales con la venia de Mariano Zambrano, uno de los caciques políticos de la provincia de Manabí. Nacido en 1986 en la ciudad de Bahía de Caráquez, se especializó desde su adolescencia en los negocios por Internet.
En su hoja de vida, que aún está colgada en la página de la Asamblea, se asegura que es “Licenciado Máster Practicante de Programación Neuro Lingüística – PNL. Además, un experto en comercio electrónico, marketing y negocios por Internet y medios de publicidad online.
En 2016, Mendoza participó directamente en la campaña para la Asamblea, junto a José Serrano y Mariano Zambrano. Foto archivo.
Facilitador, conferencista y autor del libro: «Estrategias de Marketing Comprobadas para Expandir su Negocio”, que se ubicó como el tercer libro más vendido en la categoría de mercadeo en Amazon.com”.
Su primera incursión en la política fue fundando el Movimiento Fuerza por el Cambio, hacia la Excelencia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Allí estudió la carrera de Ingeniería en Comercio y Finanzas Internacionales Bilingüe, que no culminó.
En 2013 llegó a la Asamblea gracias al pacto del entonces prefecto Zambrano y el ex presidente Rafael Correa. Mendoza, en representación del Movimiento Unidad Primero, fue electo asambleísta alterno de Lídice Larrea, de la lista 35.
Sus primeros pasos en el legislativo fueron eclipsados por Larrea. Él era un comodín en las reuniones de menor importancia política. Estuvo en 109 de 375 sesiones del Pleno de la Asamblea, manteniendo un perfil bajo.
Daniel Mendoza aprendió rápidamente el arte del muñequeo. Eso le permitió ganarse la confianza del presidente Lenin Moreno y su círculo cercano. Foto cortesía.
En 2016, Larrea renunció para ser ministra de Rafael Correa y Mendoza fue principalizado como asambleísta. Estuvo en 95 sesiones y presentó un proyecto legal para ayudar a los afectados por el terremoto en Manabí.
El pacto entre Unidad Primero y Alianza País se reeditó para las elecciones del 2017. En esa ocasión Mendoza fue candidato principal y ganó las elecciones. Una de sus primeras decisiones fue unirse al grupo de Lenín Moreno, tras su rompimiento con Correa.
Ese fue el primer paso para su estrellato. Al poco tiempo fue a la Comisión de Régimen Económico, un espacio clave para los cambios en esa área por parte del Gobierno. También fue nombrado coordinador del grupo Alianza PAIS-Aliados, un mini bloque dentro de la bancada oficialista.
Su influencia dentro del Legislativo era evidente, incluso fue uno de los precandidatos para llegar a la Presidencia, que finalmente recayó en su coideario y amigo César Litardo. Pero Mendoza no se quedó en el limbo: repitió en la presidencia de la comisión económica y logró un puesto en la mesa de Fiscalización. En este lapso mantuvo también contactos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para cabildeos en el legislativo y buscar su respaldo con ciertos nombramientos.
Mientras esto sucedía organizó su propio movimiento político en Manabí, esta vez alejado de Zambrano. Se trataba del Movimiento Amigo, que recibió el empujón del Consejo Nacional Electoral para conseguir sus documentos y estar listo para las elecciones del 2021.
Daniel Mendoza fue detenido el 5 de junio, luego de la captura de su asesor en Manabí, con más de 600 mil dólares en efectivo. Está acusado de delincuencia organizada. Foto archivo
Mendoza cae en desgracia
Todo iba a pedir de boca hasta mayo de este año, cuando su asesor Jean Benavides fue detenido en un operativo en Manabí, con más de 600.000 dólares, que según la Fiscalía eran parte de los recursos para la construcción del hospital de Pedernales.
La denuncia fue oficializada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien pidió que se investigaran los alcances de esa supuesta red de corrupción. En junio, Mendoza se entregó a la justicia para enfrentar dos procesos penales, bajo los cargos de delincuencia organizada y asociación ilícita.
Acorralado por la justicia y por una investigación interna de la Asamblea, en agosto renunció antes de que sus colegas pidieran su destitución. Ahora está recluido en la cárcel 4 de Quito, y coopera con la justicia.
La Fiscalía investiga quienes más participaron en la red, que incluiría a varios legisladores y otros altos funcionarios gubernamentales.
