El Defensor del Pueblo, Fredy Carrión, es le foco de duros cuestionamientos desde el Gobierno. Este martes 23 de marzo, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín defendió la tarea disuasiva de las Fuerzas Armadas durante el paro de octubre de 2019, y dijo que era absurda la calificación del Defensor del cometimiento de supuestos delitos de lesa humanidad. Precisamente, Carrión presentó ayer una demanda en la Fiscalía para que se investiguen las violaciones a los DD.HH. durante el paro de octubre 2019.
Redacción Código Vidrio
El gobierno choca con la Defensoría del Pueblo a la que acusa de sesgada, en medio de la campaña electoral para la Presidencia.
Ayer el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una demanda en la Fiscalía para que se investiguen los supuestos delitos cometidos en el paro de octubre de 2019 por funcionarios del gobierno, incluido el presidente Lenin Moreno; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, y otros oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Jarrín convocó ayer, 23 de marzo, a la prensa para especificar la labor que cumplieron los militares. “Las Fuerzas Armadas no actuaron en lesa humanidad. No ha habido asesinatos ni torturas ni desapariciones. Es infame que digan eso. Los militares estuvieron apoyando a la Policía, en el marco del Estado de Excepción”.
El Ministro hizo referencia al decreto expedido por Moreno, luego de que se activara la protesta por el incremento en el precio de los combustibles en octubre del 2019. En el contexto de la protesta hubo, al menos, seis fallecidos, más de 200 heridos, así como la destrucción de bienes públicos como la Contraloría; la toma de pozos petroleros; gobernaciones y carreteras. Decenas de policias y militares fueron heridos, vejados, secuestrados.
Según Jarrín, para esta tarea los militares nunca usaron armas letales sino equipo antidisturbios. “No se disparó un solo tiro”, recalcó. En su intervención recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía enfrentaron una protesta sin precedentes en el país. Por ejemplo, habló del uso de máscaras antigases; de bazucas caseras; de escudos para sus lanzadores.
La violencia fue tan radical -destacó- que destruyeron tanquetas de los militares e incluso atacaron un cuartel, porque los manifestantes creían que ahí estaba el presidente Lenin Moreno. “Todo eso configura un plan de ataque militar, que incluía una logística, y dirigencia con una planificación sistemática”, con apoyo de centros logísticos.
El Ministerio de Gobierno también respondió al informe de la Defensoría, presentado la semana pasada. En un comunicado ratificó que no hubo violaciones a los derechos humanos. “Los acontecimientos de octubre se dieron un contexto de extrema violencia en la que la Policía actuó para mantener el orden y el imperio de la Ley”.
En el paro grupos de manifestantes tenían bazucas caseras y escudos, lo cual según el Gobierno es evidencia de una planificación de un ataque de tipo militar. Foto archivo
El informe de la Defensoría -según el Gobierno- no confirmó el uso de armas de dotación policial en la muerte de los manifestantes. “No existen elementos, indicios ni pruebas que permitan sugerir que se hayan registrado situaciones bajo los parámetros internacionales de Derechos Humanos, que pudieran calificarse como crímenes de lesa humanidad”.
Para las autoridades de Gobierno y Defensa el informe de la Defensoría es parcializado. Por ejemplo, lo cuestionan por no incluir a los policías heridos y que representan un tercio de los afectados. Además, revelaron que dos miembros de la Comisión Investigadora dejaron el trabajo porque no estuvieron de acuerdo con la redacción del informe.
Las denuncias de la Defensoría
Sin embargo, para la Defensoría hay serios indicios que desde la autoridad política, militar y policial se actuó sistemáticamente para atentar contra los derechos de miles de ecuatorianos que salieron a las calles a quejarse por la subida de los combustibles. Por eso, Carrión pidió a la Fiscalía que los investigue penalmente, y que impida la salida del país de Moreno y otros denunciados.
Durante el paro de octubre hubo decenas de heridos entre los manifestantes y también de integrantes de la fuerza pública. Vándalos atacaron ambulancias y otros inmuebles. Foto archivo
La Comisión identificó seis presuntas ejecuciones extrajudiciales y más de 200 violaciones a los derechos humanos durante las protestas. Lo hicieron con base en testimonios y pruebas documentales.
El “Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia”.
En ese sentido, recalca que “la muerte de una persona puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida”.
Según la Defensoría, las personas que murieron directamente por acciones de la Fuerza Pública fueron Marco Oto, José Chaluisa, Édison Mosquera, GA (un menor de edad), Segundo Tucumbi y Édgar Álvarez. Además, menciona en acciones relacionadas con la protesta de octubre perdieron la vida Ángel Chilpe, Francisco Quiñónez, Silvia Mera; Mónica Castro; un menor identificado como KF y Abelardo Caisaguano.
La Comisión también establece que “el discurso de autoridades de Gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos”.
Se detectaron 123 supuestas violaciones al derecho a la integridad persona; 38 al derecho a la libertad personal; 22 atentados contra el derecho a la vida; 3 de violencia sexual, y 20 personas que sufrieron lesiones oculares.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, decidió no terminar el contrato de compra de 100 mil pruebas PCR para Convid-19, pese a que la titular de la Secretaría de Salud le alertó que no servían y eran defectuosas. Por el contrario, el burgomaestre insistió en usar los insumos de origen coreano y de baja sensibilidad -que llegaron desde abril del 2020 (foto)- siguiendo el consejo de la doctora Linda Guamán, funcionaria municipal. Este martes, la Fiscalía pedirá vincular penalmente a Yunda: se presume que cometió abuso de fondos públicos.
Redacción Código Vidrio
Un documento pericial de más de 400 fojas pone en vilo al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Los chats que mantuvo con dos altas funcionarias de la Secretaría de Salud del Municipio revelan que él fue informado sobre la baja sensibilidad de las pruebas de detección COVID-19, que el Cabildo compró en abril de 2020, en el pico de la pandemia.
Sin embargo, la autoridad decidió no terminar el contrato en forma unilateral, tal como sugirió la titular de la Secretaría de Salud, Ximena Abarca. Por el contrario, insistió en usar las pruebas de origen coreano y de baja sensibilidad, siguiendo el consejo “científico” de Linda Guamán, funcionaria de esa entidad.
Por las implicaciones de esa decisión y por el posible ocultamiento de informes técnicos sobre la mala calidad de las pruebas, la Fiscalía solicitará la vinculación del alcalde Yunda y las funcionarias municipales al proceso por peculado, en la audiencia de mañana martes.
En su defensa, Yunda ha dicho que no cometió ningún delito y que su gestión en el ámbito sanitario previno muertes en la pandemia. El alcalde rindió su versión en este caso la semana anterior.
Guamán, por su lado, ha enfatizado que su labor ha sido estrictamente técnica y científica.
Los hechos
Al mediodía del 8 de julio de 2020, la Secretaria Abarca le informó al Alcalde por escrito, vía mensaje de Whatsapp, que la decisión adoptada era la terminación unilateral del contrato con Salumed, la compañía proveedora de los cien mil kits de detección del coronavirus, de marca Isopollo, de origen coreano.
En respuesta, el Alcalde le pidió a la secretaria Abarca hablar con Linda Guamán, una funcionaria de menor jerarquía, con la indicación de que había que seguir con las pruebas.
La decisión la anunció Yunda el 10 de julio: “terminamos de mutuo acuerdo”. El informe legal CJ-2020, fechado el 12 de julio, está firmado por el coordinador jurídico del Municipio, Marco Rubio. Advierte que como el brote pandémico fue el mayor al esperado en la capital, “se recomienda la contratación de laboratorios externos para el procesamiento de las pruebas, así como el reemplazo de 50 mil pruebas”.
Este mismo documento deja constancia expresa de que no hubo incumplimiento por parte de la firma proveedor de las pruebas. “Vale la pena ratificar que Salumed ha cumplido con la entrega de los bienes objeto del proceso de contratación”.
El dilema político
Todo indica que la funcionaria Guamán enfrentó un dilema entre lo académico y político, al enfrentar el resultado del análisis técnico de las pruebas COVID-19. La Universidad de las Américas, al inicio de julio, detectó la baja sensibilidad de los kits de detección. Pero ella refutó el resultado, iniciando un cruce de mensajes con el científico que defendía la validez de esos resultados y que insistía en que las pruebas no tienen utilidad por su baja sensibilidad. Según esta evaluación, las pruebas Isopollo solo encuentran 43 de cada 50 casos positivos: esto es, el 86 por ciento de sensibilidad. El proveedor había asegurado que la sensibilidad era del 99 por ciento.
El científico advierte que es inverosímil que en Ecuador se apliquen pruebas coreanas, que ni siquiera son reconocidas en su país de origen.
El proceso fiscal investiga desde hace nueve meses la adquisición de cien mil pruebas por polimerasa, que el municipio compró de emergencia. El contrato asciende a 3,7 millones de dólares, más IVA. Cuando llegaron los insumos, quedó en evidencia que no tenían la capacidad instalada para procesamiento en laboratorio. Y por eso, se erogaron 600 mil dólares adicionales para contratar laboratorios para el procesamiento.
En un allanamiento a la Secretaría de Salud, a fines de enero, las autoridades encontraron indicios de que los informes críticos a la adquisición fueron ocultados en esas oficinas.
Pero la pericia a los teléfonos celulares de las dos funcionarias (Abarca y Guamán) arroja pistas hacia la posible responsabilidad del alcalde Yunda.
El fiscal colombiano Francisco Barbosa llegó hoy 12 de febrero a Quito y entregó a su par, Diana Salazar, los archivos del comandante Uriel, del ELN, referentes a un supuesto aporte económico a la campaña del candidato del correísmo Andrés Arauz. La Revista Semana de Colombia denunció hace dos semanas que entre los dos millones de documentos hallados en los computadores de “Uriel”, abatido en octubre de 2020, se encontraron evidencias de la supuesto donación. El ELN ha cometido secuestros y extorsiones de comerciantes y empresarios en Ecuador, desde el 2000. Sin embargo, en 2017 el gobierno auspició los diálogos de paz entre jefes de ese grupo y autoridades colombianas, hasta 2018. Nota actualizada este 12 de febrero, a las 16:50.
Redacción Código Vidrio
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo narcoterrorista colombiano, utiliza Ecuador como centro de adoctrinamiento ideológico y político de niños y adolescentes, así como para cometer secuestros y extorsiones, especialmente en las provincias de Carchi e Imbabura, desde el 2000.
La Revista Semana de Colombia denunció, a fines de enero que entre los dos millones de documentos hallados en los computadores del comandante del ELN, Uriel, abatido en octubre de 2020, se encontraron evidencias de un supuesto aporte de 80 mil dólares a la campaña del candidato del correísmo a la presidencia, Andrés Arauz. Y también registros que indicarían presuntos contactos con el “señor del cinturón”, a quienes las autoridades colombianas identifican como el expresidente Rafael Correa, quien negó enfáticamente la denuncia y aseguró que era un montaje para afectar la campaña de Arauz. El candidato presidencial dijo que se trataba de «fake news».
En un comunicado divulgado desde Colombia el ELN también desmintió la supuesta donación a ese candidato.
La semana pasada, la fiscal Diana Salazar pidió a su par colombiana que dentro de un proceso de cooperación internacional le facilitara los archivos para abrir una investigación formal. Este viernes 12 de febrero el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, llegó al Ecuador y desde las 15:30 mantiene una reunión con Salazar, para hacerle la entrega formal de los archivos de Andrés Felipe Vanegas, alías ‘Uriel’, tercero al mando del ELN.
Barbosa le entregó a Salazar un informe completo sobre los hallazgos de la Fiscalía tras el análisis forense y desencriptación de los computadores incautados a ‘Uriel’. Esta diligencia es parte del trabajo conjunto contra organizaciones criminales que afectan los dos países.
La semana pasada, el presidente Lenín Moreno también anunció que pediría información a su par de Colombia, Iván Duque, sobre esos archivos. “Estamos a la expectativa que el presidente Iván Duque y el Gobierno (de Colombia) tenga la bondad de proporcionarnos todas la información, según la información que da Revista Semana todavía no están abiertos todos los archivos. No deja de estremecerme la información”, expresó Moreno.
No es la primera vez que el gobierno del exmandatario Correa, hoy prófugo en Bélgica, es denunciado por el financiamiento de grupos narcoterroristas colombianos. Desde el 2008 se conocieron los contactos de integrantes de su gobierno con comandantes de las FARC. Según testimonios de exjefes guerrilleros y subversivos desmovilizados, la campaña de Correa recibió fondos de las FARC, provenientes del narcotráfico, lo cual fue desmentido por el expresidente en su momento.
En un video grabado a mediados de la década del 2000, en el sector fronterizo de Carchi, integrantes del ELN aparecen adoctrinando a niños y adolescentes ecuatorianos.
El ELN ha llevado adelante una agresiva campaña de capacitación a través de la conformación de “escuelas de formación”, que incluye a niños y adolescentes de sectores marginales, de escasos recursos económicos. También ha tejido contactos con docentes de izquierda radical en universidades y entre algunos dirigentes indígenas y sindicalistas de corte extremista. Otro de sus fuertes es la formación de milicas urbanas.
Muchos de sus miembros han ingresado a Ecuador para cometer distintos delitos, especialmente el secuestro y la extorsión económica selectiva, así como el cobro de vacunas, a decenas de comerciantes, empresarios y hacendados ecuatorianos y extranjeros para incrementar sus ingresos.
Ecuatorianos, de entre 17 y 20 años, también han sido víctimas del reclutamiento forzado del ELN y enviados desde Carchi y Esmeraldas a campamentos en Colombia.
Pese a todos los delitos cometidos por el ELN en Ecuador, el gobierno de Rafael Correa aceptó que el país sea la sede para la negociación y los diálogos de paz entre esa guerrilla y autoridades colombianas, desde febrero de 2017.
Los contactos secretos para concretar las conversaciones de paz empezaron tres años antes. En 2014, según confirmaron tres fuentes de Inteligencia militar, las autoridades pidieron a sus agentes que dejaran de hacer seguimientos a integrantes del ELN y de las FARC. Eso pese a que los miembros de Inteligencia militar son los que mejor habían mapeado a los contactos de integrantes del ELN y sus redes en Ecuador.
Desde 2017, el entonces presidente Rafael Correa dio paso a los diálogos de paz entre jefes del ELN y autoridades colombianas. Ese proceso terminó en abril del 2018, por decisión del presidente Lenin Moreno. Foto archivo
Regionalmente, con el apoyo de Venezuela y Cuba, el ELN ha copado espacios políticos y estratégicos para expandir su influencia, sobre todo luego de que las FARC firmaron el acuerdo de paz, en 2016.
Desde entonces, el ELN tomó control de muchas plantaciones y laboratorios de cocaína, en Nariño, al sur de Colombia, que antes estaban en poder de las FARC. Eso le permitió acceder a ingentes recursos que hoy financian su lucha armada.
Mientras la agenda pública del ELN en los diálogos en Ecuador era concretar los acuerdos, el guión oculto tenía otros objetivos. Buscaban, sobre todo, consolidar el proceso de expansión política y respaldo en sectores sociales ecuatorianos.
Durante las conversaciones, Pablo Beltrán, líder del ELN, mantenía reuniones, en abril de 2017, con el Frente de Comuneros del Sur, para buscar estrategias de fortalecimiento armado en la frontera con Ecuador.
Los diálogos y las reuniones de las cabezas del ELN eran monitoreados por la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia (UGSI), integrada por oficiales de la Policía. Ellos realizaron escuchas y establecieron que líderes del ELN tuvieron conversaciones con Guacho y Cholo, cabecillas del Frente Oliver Sinisterra, disidetes de las FARC. Pese a esas evidencias, no hubo ninguna investigación penal.
En dos ocasiones el comandante “Uriel” también habría acudido a reuniones en el Palacio de Gobierno, en el contexto de los diálogos de paz, con el nuevo gobierno.
El proceso avanzó hasta abril de 2018, cuando la administración de Lenin Moreno anunció que dejaría de ser el anfitriona de los diálogos. Esto en respuesta a la muerte del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado en Esmeraldas y ejecutado en Colombia, por disidentes de las FARC.
La presencia de células urbanas entrenadas por del ELN también fue evidente en el paro indígena de octubre de 2019, según denuncias del Gobierno, en base a informes de las unidades de la Policía y el Ejército. Las milicias se camuflaron entre los manifestantes y utilizaron armas caseras, incluidos proyectiles artesanales.
El sistema informático de la función judicial no funcionó el jueves y viernes pasados, dejando sin servicio regular de notificaciones, sorteos, seguimiento de causas, pago de pensiones, a miles de usuarios, en todas las provincias. Este lunes se espera que se rehabilite totalmente el sistema, luego del mantenimiento y pruebas realizadas desde el viernes por el personal informático. La causa del problema es la sobrecarga de información que saturó la herramienta.
Redacción Código Vidrio
El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) colapsó durante dos días esta semana, ocasionado serios problemas a miles de usuarios y funcionarios de la Función Judicial en todo el país.
Este sistema digital sirve para agilitar los trámites de abogados, peritos, fiscales y defensores públicos vía Internet, y así evitar que acudan personalmente a cumplir con distintas diligencias.
Aunque ha estado vigente desde hace más de una década, su funcionamiento y operatividad han tenido fallas constantes y ha recibido críticas de judiciales y abogados.
En el memorándum CJ-CNGP-2021-0114-MC, enviado esta semana a los directores provinciales de la Judicatura, Andrés Torres, director Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación, reportó que el miércoles y jueves pasados el sistema tuvo varios problemas.
Decenas de personas acudieron personalmente desde el miércoles al complejo judicial norte, en Quito, para que los atiendan, en vista de la caída del sistema. Foto cortesía
“Las provincias que hacen uso del aplicativo Trámite-Web Satje reportaron problemas de lentitud y no disponibilidad, motivo por el cual esta Dirección ha levantado una mesa constante para identificar la causa”.
“Dicha mesa -agrega el documento- está conformada por funcionarios de todas las Subdirecciones de Tecnologías y dentro de la misma se ha evidenciado que los problemas reportados son resultado de la alta carga y transaccionalidad del sistema, misma que provoca «bloqueos» a nivel de Base de Datos. Estos generan no disponibilidad del sistema. Por lo antes indicado, el equipo técnico de esta Dirección Nacional está trabajando en optimizaciones a nivel de consultas a Base de Datos y optimizaciones en el aplicativo (Trámite Web)”.
Para solucionar la falla del equipo informático y realizar su mantenimiento, la Dirección de Gestión Procesal de la Judicatura suspendió los trámites por Internet durante la jornada laboral del 15 de enero, desde las 08:00 hasta las 17:00. Adicionalmente decidió aplicar un plan de contingencia para el ingreso de causas y escritos en todo el país.
Dos funcionarios judiciales, que pidieron la reserva, dijeron que el antiguo sistema era mucho mejor que el Satje, que tantos inconvenientes ha causado por su limitada capacidad y funciones.
Funciones del Satje
Sorteo electrónico – automático
Recepción de escritos
Seguimiento de causas notificaciones electrónicas
Antecedentes penales y de transito
Recaudación y pagos de pensiones alimenticias
Arrendamiento de casilleros judiciales y citaciones
Información en pantallas táctiles (touch screen)
Información en el Internet y otras aplicaciones
Estos días, varios usuarios también evidenciaron su descontento en redes sociales. Consuelo Espinosa escribió que durante varios días intentó subir un escrito en la ventanilla sin resultado. “Qué desastre”. Mientras, Doris Moreno denunció que si el Satje -que costó millones de dólares- funcionara correctamente las cortes no estarían abarrotadas de usuarios, pese al alto riesgo de contagios por la Coivid-19.
Este portal buscó la versión de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, a través del personal de Comunicación, pero no obtuvo una respuesta. El Consejo no informó al público todos los problemas del sistema ni la suspensión de trámites por internet.
En junio del año pasado, Maldonado anunció que se instalará el Satje-2020, que optimizaría el tiempo de los usuarios y sería más fácil de usar.
Fuentes de la Corte Nacional de Justicia informaron que pese a las fallas sí lograron cumplir con las audiencias previstas para el viernes, aunque una diligencia fue suspendida por otras razones.
Fuentes de la Judicatura dijeron que se espera solucionar los problemas hasta este lunes, aunque el fin de semana ya se podía acceder al sistema.
Esta no es la primera falencia informática que se evidencia en la actual administración. La Contraloría realizó una auditoría especial para descubrir el origen de los problemas en el sistema para la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional.
En diciembre pasado, este proceso fue cuestionado por las fallas evidenciadas cuando los aspirantes querían subir la documentación que les exigían para ser evaluados. Uno de los casos denunciados fue el de Pedro Moreira, quien criticó al Consejo en su cuenta en Twitter. Dijo que usó el portal instalado por la Judicatura para subir su documentación personal, pero en el momento de la calificación de méritos esos papeles nunca aparecieron.
Moreira y otros concursantes presentaron una demanda para tratar de frenar el concurso, pero no tuvieron éxito. La selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional sigue en marcha.
La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Daniela Salazar, estudia los recursos extraordinarios de protección presentados por los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado, condenados por la muerte de la joven Michelle Cobo durante una operación estética, al igual que de la exgerente de la clínica, María Eugenia Muñoz. Los tres fueron sentenciados por mala práctica profesional, lo cual fue ratificado por todos los jueces que conocieron el caso.
Redacción Código Vidrio
Aunque el juicio por la muerte de la joven Michelle Cobo terminó con una sentencia condenatoria por mala práctica profesional contra los tres responsables en la Corte Nacional, su familia aún está preocupada por la suerte que el caso puede correr en la Corte Constitucional.
En julio del año pasado, la Corte Nacional ratificó la condena de última instancia contra los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado, a seis años y ocho meses de prisión, y a la exgerente de la clínica San Gabriel donde se practicó la operación, María Eugenia Muñoz, a tres años de cárcel.
Pese a que los tres condenados están prófugos, sus abogados presentaron recursos extraordinarios de protección en la Corte Constitucional, por supuestas violaciones de sus derechos y el debido proceso. Buscan así que quede sin efecto la sentencia del juicio que duró más de cuatro años.
Actualmente, los recursos están en manos de la magistrada de la Corte Constitucional Daniela Salazar, quien pidió a los tribunales penales de Pichincha que le remitan copias del proceso, para analizarlo y emitir un pronunciamiento, tras evacuar todas las diligencias del caso.
Con los recursos de protección, los sentenciados esperan que la jueza constitucional los exonere de cumplir sus penas.
Para el jurista Farith Simon, la Corte Constitucional no puede revisar el fondo de la sentencia (la culpabilidad de los implicados). Solo «puede considerar que se violó derechos en el trámite o en la decisión y si fuera así pediría que la justicia ordinaria considere nuevamente el trámite del caso».
Michelle Cobo falleció cuando tenía 20 años. Estudiaba Psicología en la Universidad y era voluntaria en una fundación para niños con enfermedades terminales. Archivo particular
Explicó que existe un debate sobre las consecuencias de los fallos de la Corte Constitucional. «Muchos consideran que está en firme la sentencia por ser un recurso extraordinario, otros opinan que está pendiente la decisión y por tanto no se podría mantener la prisión».
Para Gabriel Cobo, padre Michelle, el tribunal deberá ratificar los fallos de todos los jueces penales de Pichincha y de la Corte Nacional, que confirmaron su culpabilidad. “En este caso los jueces constitucionales no pueden cambiar el fondo de la sentencia”.
El litigio judicial empezó en julio del 2016. Entonces, Michelle Cobo tenía 20 años, estudiaba psicología, y hacía un voluntariado cuidando niños con enfermedades catastróficas.
Lo joven se practicó una lipoescultura. Según su padre, confiaron completamente en el médico Toscano, propietario de la cínica Steticus, a quien conocían por referencias familiares.
Toscano difundía ampliamente su trabajo en redes sociales y aseguraba que tenía un récord de 25.000 cirugías exitosas. Sin embargo, la publicidad era engañosa, pues él no es cirujano plástico y un año antes había sido sentenciado por la muerte de la Yadira Cáceres.
Toscano concedió una entrevista a este portal en la cual reconoció que atendió a la joven y que tenía una relación amistosa con la familia.
El vienes 15 de julio 2012, Michele ingresó al quirófano y luego de la operación sufrió un primer ataque cardíaco, que superó, pero su cuerpo se descompensó aceleradamente. Entonces fue trasladada de urgencia a otro centro de salud, porque la Clínica no contaba con los equipos indispensables para atenderla.
Los primeros exámenes revelaron la gravedad del cuadro: Michelle tenía una severa infección. Y después de varias horas, el 16 de julio, a las 06:45, murió por una septicemia, más conocida como una infección generalizada, provocada por una bacteria. La Fiscalía de Pichincha llevó adelante la investigación por su muerte y descubrió una serie de irregularidades.
La primera fue que la joven y su familia confiaron en que el médico que la operaría sería Toscano, pero no lo hizo, fue reemplazado por Carlos Hurtado. Según Cobo, ellos nunca dieron su consentimiento para que otro médico la operara.
Según la Fiscalía, las firmas de consentimiento entre la paciente y el médico no se hicieron al mismo tiempo. Hurtado las firmó cuando se enteró que iba a ser investigado.
Además, antes de la cirugía nadie revisó el equipo médico ni de los instrumentos esterilizados. Por eso, el Ministerio Público señaló la responsabilidad de la clínica San Gabriel, ya que no contaba con los permisos para una cirugía especializada.
El médico Patricio Toscano fue sentenciado en dos ocasiones por mala práctica profesional, porque las pacientes fallecieron por negligencias evidentes en operaciones estéticas. Foto archivo
En la investigación también se reveló que la clínica alquilaba su sala de operaciones a médicos externos, sin contar con los equipos necesarios, en caso de una emergencia, que requiriera terapia intensiva.
Con base en estas acusaciones, todas las instancias judiciales determinaron la responsabilidad de Toscano, Hurtado y Muñoz. En julio del año pasado, la Corte Nacional de Justicia rechazó sus recursos de casación confirmando la sentencia contra los tres.
Según Muñoz, existe una persecución en su contra. En su recurso de protección indicó que la Fiscalía no consideró las pruebas a su favor. “Se habla de mala práctica profesional por falta de deber objetivo, cuando mi profesión es abogada y no médica, ni intervine evidentemente en la cirugía”.
Ella también denuncia que su familia ha sido perseguida, que extraños fotografiaban a su esposo e hijos, que son perseguidos por autos sin placas y son víctimas de rastreos digitales.
Cobo confía en que la Corte fallara en derecho, hará justicia, con lo cual su familia podrá cerrar este capítulo tan trágico y doloroso de seis años.
La magistrada Vanessa Baraitser negó hoy miércoles el pedido de libertad bajo fianza para el fundador de WikiLeaks. La misma jurista rechazó, el lunes 4 de enero, la solicitud de extradición de EE.UU. por motivos de salud, pues existiría el riesgo de que se quitara la vida si es enjuiciado en ese país. Sin embargo, rechazó el argumento de sus abogados de que estaba protegido por garantías de libertad de expresión. La justicia estadounidense apelará el fallo. Nota actualizada este 6 de enero.
Redacción Código Vidrio
La jueza Vanessa Baraitser negó la libertad bajo fianza a Julian Assange, tres días después de que rechazara una solicitud de Estados Unidos para extraditarlo.
Estados Unidos anunció que apelaría la decisión de no extraditarlo y pidió que Assange permaneciera en prisión mientras el proceso estaba en trámite. Baraitser indicó en su último fallo que «hay motivos fundados para creer que si Assange es liberado no se entregará a la corte ni enfrentará el proceso de apelación».
Los fiscales estadounidenses argumentaron en la audiencia celebrada este miércoles 6 de enero que Assange ya había demostrado que era «capaz de hacer todo lo posible para evitar la extradición», refiriéndose a la violación de su arresto domiciliario en 2010, cuando enfrentaba un proceso de extradición a Suecia. Luego se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres.
Para los defensores de Assange, en vista de que la corte había fallado a su favor, con respecto a la solicitud de extradición, Assange cumpliría la ley. En ese contexto, ofrecieron medidas estrictas para asegurar, tanto a la fiscalía como al tribunal, que Assange no se fugaría, incluido el arresto domiciliario si se le concedía la fianza.
Baraitser rechazó los argumentos, indicando que Assange «ya había demostrado que estaba dispuesto a desobedecer la orden de este tribunal» y que «las condiciones estrictas que se le habían impuesto anteriormente no hicieron nada para evitarlo».
El lunes la jueza Baraitser negó la extradición del activista y hacker australiano a Estados Unidos por razones humanitarias, pues estimó que el riesgo de que cometa suicidio es inminente. Los funcionarios de justicia estadounidenses anunciaron que apelarán la decisión ante una instancia judicial superior, para lo cual tienen un plazo de diez días.
La jueza también rechazó las afirmaciones de la defensa de que Assange estaba protegido por garantías de libertad de expresión, diciendo que su «conducta, si se prueba, equivaldría a delitos en esta jurisdicción que no estarían protegidos por su derecho a la libertad de expresión». Además descartó previamente el resto de los argumentos presentados por sus abogados. Por ejemplo, la magistrada descartó la alegación de los abogados de Assange de que los cargos en su contra tenían “motivaciones políticas” y de que no tendría un juicio justo en ese país.
En EE.UU. Assange está acusado de 18 cargos de violación a la Ley de Espionaje (data de 1917) por obtener y publicar “información clasificada”, delitos por los que recibiría una condena de 175 años de cárcel.
«La impresión general es de un hombre deprimido y algunas veces desesperado, que teme de su futuro», según la jueza.»Al enfrentar condiciones de aislamiento casi total sin los factores de protección que limitaron sus riesgos en HMP Belmarsh [la cárcel británica donde está recluido], estoy convencida que los procedimientos descritos por EE.UU. no evitarán que el señor Assange encuentre una manera de suicidarse y por esa razón he decidido que la extradición sería opresiva por causa de daño mental», agregó.
Así, el australiano sortea momentáneamente la posibilidad de enfrentar a la justicia estadounidense de la que ha estado escabulléndose como una liebre desde el 2010.
Ese año marcó un quiebre definitivo para Assange y su portal de publicación de filtraciones, Wikileaks. El 5 de abril, ese sitio publicó el video Collateral Murder. Una pieza de 38 minutos grabado desde un helicóptero Apache estadounidense de un ataque a una población civil, ocurrido el 12 de julio de 2007 en Bagdad, la capital de Iraq. En la violenta arremetida militar murieron una docena de personas, entre ellas el fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen y su ayudante Saeed Chmagh. La difusión del video fue un remezón sin prcedentes para el gobierno de Barak Omaba, que había llegado al poder con la promesa de luchar por la defensa de los derechos humanos y de cerrar Guantánamo.
Cuando el gobierno aún tratada de ubicar al responsable de la filtración, otro bombazo estremeció a la Casa Blanca. En julio de 2010, WikiLeaks difundió los Afghan War Diaries, un paquete de 91.000 informes militares, en los que se detallaban centenares de muertes de civiles en Afganistán, en manos de soldados estadounidenses.
La exsoldado y analista de inteligencia Chelsea Manning filtró videos y documentos que en 2010 publicó Wikileaks. Ese año fue detenida y encerrada en una prisión militar en Virginia por casi un año. Luego fue formalmente enjuiciada y condenada a 25 años de prisión. Foto archivo
Hacia fines de ese castarófico 2010, llegó el golpe de gracia para el régimen de Obama. Esta vez la onda expansiva llegó desde el Cablegate: una filtración que recibió Wikileaks de 251.287 telegramas enviados al Departamento de Estado de Estados Unidos desde las cientos de embajadas y consulados en todo el mundo. Esta vez los cables diplomáticos fueron entregados a los medios The New York Times, El País, Der Spiegel, Le Monde y The Guardian, que relizaron su propia reportería para contrastar y verificar la información, antes de publicarla.
Para ese momento, las agencias de espionaje estadounidenses ya habian descubierto a la reponsable de la letal filtración: la exsoldado y analista de inteligencia Chelsea Manning, que fue detenida y encerrada en una prisión militar en Virginia por casi un año. Luego fue formalmente enjuiciada y condenada a 25 años de prisión, por la masiva entrega de informes reservados a WL En 2017 Manning fue indultada por el entonces presidente Barak Obama.
Desde entonces, aunque continuaron las filtraciones (documentos sobre detenidos en Guantánamo, sobre la industria de la vigilancia), la atención se enfocó sobre Assange, que de un momento a otro se había convertido en un adalid de la libertad de expresión, con una dimensión planetaria. Pero, sobre todo, se volvió el principal objetivo de varios gobiernos, especialmente EE.UU., Gran Bretaña y Suecia, donde la justicia los requería por acusaciones de violación y sexo no consentido.
Entonces, Assange voló a Londres, en diciembre de 2010, y se presentó en una comisaría para responder por un pedido de captura de Interpol por la denuncia en Suecia. Estuvo detenido pocos días pero después fue liberado bajo fianza.
El plan B fue el asilo por inminencia de su extradición
En febrero del 2011, una corte de distrito en Gran Bretaña dictaminó que Assange debía de ser extraditado a Suecia. Por esos días un nuevo jugador entró en escena: el gobierno de Rafael Correa, que buscaba desesperadamente acceder a los cables diplomáticos de Ecuador, que ya estaban siendo difundidos por los diarios El Comercio y El Universo.
En Londres la misión de acceder a los cables fue encomendada al cónsul Fidel Narváez, quien contactó inmediatamente a Assange que accedió a publicar todos los cables de Ecuador en la plataforma de WikiLeaks. Ese fue el inicio de la relación del gobierno de Correa con Assange”, contó Narváez, al ser entrevistado en su momento por Código Vidrio.
En adelante empezó a tomar cuerpo la idea de asilar a Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Desde entonces empezaron los preparativos para asilarlo, era el plan b de Assange ante la inminencia de su extradición a Suecia, que fue dispuesta en junio de 2012. Entonces, el 19 de junio ingresó a la sede ecuatoriana donde se asiló y permaneció cerca de siete años, hasta abril de 2018 cuando fue expulsado y entregado a las autoridades inglesas. Durante su permanencia en la embajada violentó las normas del asilo, sobre todo por su interferencia en la política de otros estados, como EE.UU. y España.
En agosto de 2012 el entonces canciller Ricardo Patiño anunció que Ecuador concedía el asilo a Julián Assange.
Luego de banadonar la sede, las autoridades inglesas lo sentenciaron a una pena de 50 semanas de prisión, por violar los términos de su libertad condicional, en 2010.
Mientras cumplía su condena, en septiembre empezó su juicio de extradición a EE.UU., que acusa a Assange de un supuesto delito de conspiración para obtener información de defensa nacional, siete delitos de obtención de información de defensa nacional, nueve delitos de revelación de información y un delito más de conspiración para la comisión de intrusión en ordenadores. La causa se lleva adelante en la División de Alejandría de la Corte de Virginia.
Conforme el proceso avanzó, los abogados de Assange han alegado que se trata de una persecución política despiadada del gobierno estadounidense. Defensores de derechos humanos y especialistas de organismos internacionales han exigido su liberación, argumentando que está encausado por ejercer su labor de periodista, al dinfundir información de interés público.
El experto en derechos humanos afirma que Assange ha estado privado de la libertad arbitrariamente durante los últimos diez años. “Este es el alto precio a pagar por tener el valor de publicar para el mundo información verdadera sobre los malos manejos del gobierno”, señala.
El indulto “rehabilitaría a un hombre valiente que ha sufrido injusticia, persecución y humillación durante más de una década simplemente por decir la verdad”, agrega.
El perdón presidencial sería una de las últimas cartas de Assange si la jueza inglesa da paso hoy a la extradición, que también es cuestionada por varios gobiernos, sobre todo el de Rusia. Analistas estiman que Trump podría perdonar al australiano si la justicia inglesa aprueba que sea enjuciado en EE.UU., pues no le convendría que durante el proceso pudiera revelar detalles de su relación con la divulgación de Wikileaks de miles de correos de los demócratas durante la campaña presidencial de 2016.
La carta del relator a Trump refiere haber visitado a Assange en el penal de Belmarsh junto con dos médicos independientes, y asevera que su salud se ha deteriorado al punto de poner en peligro su vida.
“Assange sufre de una afección respiratoria documentada que lo hace extremadamente vulnerable al brote de COVID-19 que estalló recientemente en esa prisión”, advierte.
Juzgar a Assange por revelar malos manejos en Estados Unidos o donde sea equivale a “matar al mensajero” en vez de corregir el problema expuesto en la publicación, lo que sería “incompatible con los valores fundamentales de la justicia, el estado de derecho y la libertad de prensa, estipulados en la Constitución estadounidense y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país”, destaca Melzer.
La empresa opera en varios países para apuntalar y articular campañas electorales del correísmo, de López Obrador, en México; de Nicolás Maduro y Pablo Iglesias, en España. Tiene oficinas en Ecuador, México, Bolivia y en el país ibérico. Aquí fue creada por una mexicana y por Guillermo Oglietti, subdirector de Celag. En el ecosistema de la izquierda radical, este centro se encarga de diseñar políticas y estrategias, mientras Neurona elabora spots y productos publicitarios para ganar elecciones. Es parte de un mismo libreto, que en algunos casos, se fondea con recursos públicos, según investigaciones judiciales. La justicia española investiga el desvío de fondos públicos de Podemos a esa empresa para cubrir campañas de marketing y comunicación de dirigentes de la izquierda populista latinoamericana.
Redacción Código Vidrio
El mexicano César Hernández festejó a todo pulmón el triunfo de Lenin Moreno en las elecciones presidenciales del 2017.
No le preocupó de salir del anonimato en Quito y en su cuenta Facebook se hizo notar. En el momento clave de la segunda vuelta electoral, el 2 de abril del 2017, escribió: “Cabróoooooonnnn. Ganamos. Soy ecuatoriano, de los pies a la cabeza”.
Colgó ese mensaje junto a una foto de Moreno, con el fallecido Hugo Chávez y los hashtag #SoyTricolor; #EloyAlfaro; #Correa y “LeninPresidenteDeTodos”, que luego se convirtió en el slogan de la primera etapa de la presidencia del entonces aliado de Rafael Correa.
Esa campaña fue el debut formal de su empresa Neurona en Ecuador. Hernández es un experimentado productor audiovisual que hasta el 2005 trabajó para la poderosa Televisa; luego estuvo en Argos, y desde el 2014 se convirtió en gurú de las campañas del ex presidente boliviano Evo Morales y de los pesos pesados del Socialismo del Siglo XXI y el bolivarianismo.
Los antecedentes de sus primeros trabajos en este país fueron las campañas contra Chevron. De hecho, su agencia elaboró un spot de la campaña “La Mano Sucia de Chevron”, una apuesta del ex presidente Rafael Correa para enfrentar a la petrolera, por los supuestos daños causados en la Amazonía.
Celag posiciona el discurso y Neurona crea los productos publicitarios en las campañas electorales de líderes políticos de izquierda populista
En su cuenta de Vimeo ese video fue subido en 2015, como parte del trabajo del portal periodístico Revolución 3.0, de Hernández.
Su primera campaña fue en 2017 para el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple dos condenas por delitos de corrupción. Es un video sencillo con tomas de sus recorridos en campaña, en el cual aparecen los entonces candidatos a la Asamblea Pabel Muñoz y Marcela Holguín.
Con Muñoz tuvieron un trato especial: en su cuenta en Vimeo esta productora recoge varios videos que apuntalaron su campaña. Entre ellos está su plan de trabajo en la Asamblea, testimonios de simpatizantes y sus discursos en los mítines por la provincia de Pichincha.
Tras la inesperada ruptura entre Rafael Correa y el presidente Moreno, se decantó por el correísmo: algunos de sus videos fueron sobre activaciones en las calles y marchas; grabación de movilizaciones y spots de campaña para el Centro Democrático.
Neurona elaboró videos y productos para la campaña de Pabel Muñoz para llegar al legislativo en 2017, así como de otros candidatos del correísmo, como Paola Pabón. Foto tomada del sitio web de Neurona.
Fueron los responsables del video “Lenin Chao”, en el cual contrataron a actores disfrazados con los trajes de los asaltantes de la serie de Netflix, “La Casa de Papel”. También hicieron un spot con las reacciones de las personas que veían reflejado un video de Correa en la avenida Naciones Unidas, en Quito.
En 2019 trabajaron en la publicidad de Paola Pabón para la Prefectura de Pichincha. También apoyaron al resto de aspirantes de Centro Democrático.
En los expedientes del CNE no existe registro de la productora de Hernández, por eso no se conoce si hubo o no pago por esos videos. Pedimos los reportes de pagos a la empresa, pero no nos respondieron.
200 campañas electorales
Neurona indica que ha estado en 200 campañas electorales, “solo con partidos de izquierda” en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, México, Portugal y España.
Ha producido 300 horas de videos estratégicos; 10 millones de visitas en redes sociales, 13.800 productos de diseño gráfico y 15 medios de comunicación digitales.
Su carpeta de clientes y allegados es como una ruleta donde se van repitiendo nombres de políticos: Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Pablo Iglesias, Gustavo Petro y Juan Carlos Monedero. También de instituciones como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
En Bolivia ganó un contrato por 1,8 millones de dólares por elaborar videos para Morales y fue muy activa en las elecciones del 2019 y 2020.
Neurona preparó la campaña publicitaria de Evo Morales en las anteriores elecciones. En la foto con Correa antes de la grabación de un spot en Bolivia.
En España obtuvo 425.000 euros (más de medio millón de dólares) de Podemos, el partido de Pablo Iglesias y en México ganó 226.000 dólares, para Morena, en la campaña del actual presidente Manuel López Obrador.
También trabajó con Nicolás Maduro en Venezuela, en 2018. Su propuesta se plasmó en la campaña “Yo sí doy la cara”, donde se defiende y exalta a los venezolanos que se quedaron a enfrentar la crisis económica que asola a ese país.
En Colombia llevó la campaña de Gustavo Petro, denominada “Humana.
Oglietti y López crean Neurona en Quito
Neurona se creó el 15 noviembre del 2016 en la Notaría Décimo Séptima de Quito. El nombre legal era ConsultoríaNeurona Sociedad Anónima y su fin social era trabajar en publicidad y estudios de mercado.
Su principal accionista fue la mexicana Andrea López Hernández, de 31 años. Según su documento de identidad se dedica a actividades comerciales, principalmente en el campo de las redes sociales. Ella fue una de las cuatro fundadoras del portal Revolución 3.0 de Hernández y tiene el 99% de las acciones de Neurona en Ecuador.
El restante 1% era del argentino Guillermo Oglietti, subdirector de Centro Celag, una organización que tiene una estrecha relación y ha contratado como conferencista a Correa, el ex vicepresidente boliviano Álvaro García, Monedero (Podemos), Petro y el mexicano Díaz Polanco. Todos son parte de su Consejo Consultivo.
El argentino Guillermo Oglietti, subdirector de Celag, es uno de los invitados usuales del exfuncionario del correísmo Orlando Pérez, quien refuerza las consignas de ese movimiento en sus programas de entrevistas en Telesur.
Este portal reveló que Oglietti creó la offshore Cruper en Uruguay, desde la cual pagó medio millón de dólares para la seguridad del exmandatario y su familia en Europa. La compañía beneficiada fue UC Global, demandada por Correa.
Oglietti apenas tuvo en su poder las acciones de Neurona por 15 días. El 30 de noviembre del 2016 las transfirió al mexicano César Hernández.
Luego de esta fugaz transacción, las ganancias de Neurona crecieron como la espuma. Al siguiente año reportó al Servicio de Rentas Internas (SRI) $11.680 por Impuesto a la Renta y otros $3,925 por Impuesto a la Salida de Divisas. El informe de los accionistas aseguraba que al final de ese año tenían un patrimonio de 32.000 dólares y pasivos por 12.000. Fue una ganancia enorme, considerando que nació con un capital de 800 dólares.
ConsultoríaNeurona fue disuelta en Ecuador, pero luego restituida, aunque actualmente no opera
Los años siguientes no fueron buenos, coincidieron con el rompimiento de Moreno con Correa, lo cual también implicó la suspensión repentina de ingresos para las empresas allegadas a Correa. No tuvo ninguna operación económica, por eso la Superintendencia de Compañías decidió suspenderla, aunque en 2019 sus dueños apelaron la decisión y actualmente operan normalmente.
Sin embargo, ese año hicieron los videos para las campañas provinciales de candidatos de Centro Democrático. Su declaración de impuestos aún no está registrada en el SRI.
Buscamos a los directivos de Neurona en Ecuador, pero el número que registraron en la Superintendencia de Compañías pertenece al mensajero que les ayudó en el trámite en el organismo de control y lo único que conoce es que “eran buenos pagadores, pero ya se fueron del país hace unos tres años”.
Podemos desvía fondos para Neurona
El mexicano César Hernández (Izq) y Andrea López son las cabezas de Neurona. Ha estado en varios países para las elecciones, incluidos los procesos de Podemos en España.
Una táctica de Hernández, al parecer, era aterrizar sigilosamente los meses previos a una campaña para diseñar los productos y el marketing digital. En Ecuador lo hizo en el 2016 con Consultoría Neurona y en el 2019 lo repitió en España creando “Neurona Comunidad SL”.
Hernández y Andrea López abonaron el capital social mínimo, 3.000 euros, para constituir la empresa en Sevilla. Ahí tuvieron la ayuda de Elías Castejón, quien fungió como un administrador.
En España Neurona fue contratada para la campaña 2019 de Podemos, el partido de Iglesias y Monedero. Su participación es investigada por el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid.
Por lo pronto, según reveló el medio español El Confidencial, la información bancaria incorporada a la causa permite reconstruir la circulación de esos fondos por México, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina, para gastos sin relación con los comicios de España. La tarjeta de débito de la agencia contratada por Podemos para elaborar vídeos y otra propaganda electoral, Neurona Comunidad SL, apunta a que el dinero del partido sirvió para sufragar campañas de marketing y comunicación de otros dirigentes de la izquierda populista latinoamericana.
La matriz de Neurona en México es una agencia dirigida por amigos de Monedero, cofundador de Podemos, e impulsada directamente por el principal ‘think tank’ del movimiento ‘chavista’ internacional, Celag, una entidad constituida en Quito en 2014 por Oglietti. En el ecosistema de la izquierda radical, Celag se encarga de diseñar políticas y estrategias y Neurona de que los mensajes sirvan para ganar elecciones. A esa red, Podemos inyectó recursos públicos españoles.
El español Juan Carlos Monedero (derecha) en un receso durante la filmación de un video con publicistas de Neurona.
Precisamente esos datos permiten seguir la pista de los movimientos del mexicano Hernández por Ecuador, donde habría trabajado para apuntalar al correísmo.
El Confidencial registró dos de sus visitas a Ecuador en 2019. La primera ocurrió el 6 de junio y la segunda el 25 de ese mismo mes. El dinero que llegó desde Podemos sirvió para cubrir sus traslados aéreos y hospedaje en la ciudad. Parte de esos fondos fue enviada a personas en Argentina y Bolivia, con la cual aumenta la sospecha de que Neurona trianguló esos recursos para dar vida a los movimientos bajo el paraguas del Socialismo del Siglo XXI.
Otra investigación en Bolivia
Esta no es la única pesquisa penal contra Neurona. En Bolivia también es indagada por las mismas causas: el pago ilegal del gobierno de Morales para beneficiar a entidades vinculadas con esa tendencia política.
El diputado opositor boliviano Óscar Ortiz dijo que Neurona Consulting (México) fue creada recién en el 2017 para ofrecer diversos servicios, como “comprar y vender maquinaria o arrendar inmuebles” y un año después se ganó el concurso para defender la tesis boliviana de derecho al mar. “La campaña más importante que pudo tener el país”.
El Banco Central boliviano certificó que entre octubre del 2017 y diciembre del 2018 se hicieron 20 pagos a favor de la empresa, por 1,8 millones de dólares.
Este trabajo en Bolivia se destaca en un folleto que publicó diario El Mundo de España. Se asegura que “ha integrado un equipo de especialistas, que imparten consultorías y crean campañas específicas, dirigidas por su líder Hernández; por el español Monedero y los ecuatorianos René Ramírez y Pabel Muñoz”.
Hernández y su cercanía con Pabel Muñoz
Muñoz es cercano a Hernández. El mexicano subió fotos en sus redes junto al legislador ecuatoriano y difunde constantemente sus videos. Este portal le consultó a Muñoz sobre su relación con Neurona, pero negó ser parte del equipo de trabajo.
“En alguna nota señalaban que soy parte del cuadro directivo de Neurona, cosa totalmente falsa. Hemos coincidido sí en espacios amplios del pensamiento sobre América Latina, pero nunca he tenido una colaboración formal, ni relación laboral ni otra por el estilo”, contestó.
No pudimos ubicar a René Ramírez, ex secretario de Educación Superior del régimen de Correa. Él también es parte del Consejo de Celag.
Hernández es otro devoto de la Revolución Ciudadana, lo cual ciertamente le ha dejado jugosos rendimientos. Entre sus productos no solo destaca los discursos de Muñoz, sino también el trabajo de las legisladoras Marcela Aguiñaga y Marcela Holguín. También difunde las conferencias que da en México Gabriela Rivadeneira, asilada en ese país.
En esa lista también está Andrés Arauz, quien aspira a llegar a la presidencia en representación de la revolución ciudadana.
Creación de medios de garage
2018 y 2019 fueron dos años fundamentales para que el correísmo fortaleciera su presencia en redes sociales, con medios de comunicación alternativos.
Neurona también se especializa en la creación de estos medios, que trabajan para consolidar la imagen de cualquier mandatario (como lo hicieron con el venezolano Nicolás Maduro) y atacar a sus adversarios.
Hernández lidera dos de esos portales alternativos en México: Revolución 3.0 y Puente Sur. El primero le ha dado mejores resultados; él asegura que se encuentra entre los cinco medios digitales más leídos de México. Mientras que Puente Sur es una agencia de noticias internacionales donde se replica los postulados de los políticos del Socialismo del Siglo XXI.
Uno de sus despliegues comunicacionales más recientes fue la visita que hiciera Andrés Arauz a la planta de vehículos eléctricos en Bolivia. Según Puente Sur, ese será uno de sus proyectos a replicar en Ecuador.
En agosto pasado, este portal reveló que 19 cuentas y sitios web están al frente de la estrategia para difundir y replicar contenidos a favor de la Revolución Ciudadana. Ellos operan como un ejército para posicionar su pensamiento.
¿Concidencia? Tres integrantes de estos medios contaron a este portal que las reuniones fueron convocadas Muñoz y sus asesores. Sin embargo, él negó cualquier vinculación con esas reuniones.
La defensa del dueño de UC Global, David Morales, entregó en la Audiencia Nacional (tribunal español) los contratos que firmó con el Servicio de Protección Presidencial para vigilar y proteger a Rafael Correa, su esposa y sus tres hijos, en Francia y Bélgica, entre 2014 y 2018. Son parte de la querella que el exmandatario presentó contra el español, acusándolo de espiar a sus hijas, instalando troyanos, un sistema que permitía la extracción de datos confidenciales, de los celulares iPhone que ambas tenían. Morales dice que la vigilancia fue autorizada y consentida por el exmandatario; niega el espionaje y dice que es parte de una estrategia pensada con los abogados de Julian Assange.
Redacción Código Vidrio
Un complejo protocolo de seguridad aplicaba la empresa UC Global para vigilar y dar protección al expresidente Rafael Correa, su esposa y tres hijos en Bélgica y Francia. Esa firma estuvo a cargo de su seguimiento y protección, entre 2014 y 2019.
En septiembre pasado, Correa demandó a UC Global en los tribunales españoles. Acusó a su dueño, David Morales, de espiar durante años a sus dos hijas, a quienes habría instalado troyanos, un sistema que permite la extracción de datos confidenciales, en sus celulares iPhone. Se querelló con Morales por presuntos delitos contra la intimidad y revelación de secretos.
Es la segunda demanda que Correa presenta en su contra. En julio interpuso otra denuncia en la Audiencia Nacional, alegando que UC Global lo espío, siguiendo supuestas instrucciones de la CIA, por lo cual los abogados de Julian Assange también llevan adelante otro proceso. Las denuncias se impulsan en el contexto del juicio de extradición de Assange a Estados Unidos, cuyo desenlace se conocerá en enero en Londres, donde está preso.
Código Vidrio accedió a los contratos que UC Global tuvo desde 2014 con el Servicio de Protección Presidencial (SPP) para dar seguridad a sus dos hijas en Francia y luego a Correa y su familia, en Bélgica. Los convenios son parte probatoria del expediente judicial en Madrid.
Mientras estuvo en el poder Correa fue obsesivo con su seguridad. Los dispositivos con decenas de elementos de FF.AA. y la Policía lo acompañaban, dentro y fuera del país. Con ese fin se creó el Servicio de Protección Presidencial. Foto archivo
Una de las exigencias establecidas en el contrato, firmado en septiembre de 2014 entre el jefe del SPP, general Luis Castro (quien luego sería nombrado por Correa jefe del Ejército) y Morales, era la entrega de un celular iPhone a cada una de las hijas de Correa, así como la instalación de un sistema de control parental y de geoposicionamiento que facilitara la localización de los dispositivos. Además tenían equipos de rastreo GPS, con el fin de que el equipo de seguridad actuara ante posibles actos de secuestro, localización en caso de accidente, borrado del contenido telefónico a distancia ante una posible sustracción o pérdida del teléfono que pudiera atentar contra su intimidad.
Para el 2014, Sofía Correa estudiaba en Lyon y su hermana Anne comenzaba su formación universitaria en la ciudad francesa de Poitiers. Cada una tenía un equipo de vigilancia, incluido un vehículo especial. Cada cápsula tenía tres operadores de seguridad, las 24 horas, 365 días al año. Los detalles de los operativos para darles seguridad a sus hijas eran reportados a diario y mensualmente por agentes de Global a un representante del SPP.
El contrato con UC GLOBAL
El contratista (UC Global) aquirirá -indica el contrato- los equipos necesarios, que incluyen 4 balizas (nanos), 1 teléfono seguro diamond iPhone 4g y el acceso a la plataforma por un año, para cada una de las PMI (Personas Muy Importantes, refiriéndose a la las hijas del exmandatario). El contratista designará a uno de sus operadores como técnico de enlace, quien tendrá acceso remoto a las diferentes plataformas y software del sistema de geoposicionamiento”.
Mensualmente, Global recibía por dar seguridad a las dos hijas de Correa un pago de 76 mil dólares, más de 900 mil al año; sumaron más de 2,7 millones hasta el 2017.
En entrevista con Código Vidrio, Morales dijo que todos los contratos que concretó con el SPP fueron revisados y aprobados por Correa, ya que era un tema personal y familiar.
“Nuestras actuaciones -agrega Morales- estaban respaldadas en los contratos. Nunca se intervino ningún dispositivo de forma secreta o sin conocimiento del contratante, ni de los usuarios de dichos dispositivos”.
Correa tenía una confianza absoluta en Global. Desde 2012, su gobierno, con la Senain a la cabeza, también le había confiado la seguridad de Julian Assange en la embajada en Londres. Por este servicio el gobierno de Correa y al final el de su sucesor Moreno le pagó $ 5,8 millones, entre 2012 y 2018.
No obstante, en su demanda el exmandatario, hoy fugitivo en Bélgica, asegura que ni él ni su familia conocían la contratación de Global y las especificidades de los contratos.
Pedimos la versión de Correa, a través de uno de sus colaboradores cercanos, Amauri Chamorro, pero no respondió a nuestra solicitud.
“El expresidente no solo conocía nuestra existencia y operación, sino que llegó a tener un contacto personal con algunos de los agentes que prestaron servicio durante ese tiempo; incluso él mismo llegaba a contactar conmigo cuando requería información sobre el estado o situación de las VIPs”, comentó Morales.
En la demanda, admitida a trámite, Correa afirma que en 2014 los teléfonos de sus hijas tenían dos troyanos de Tradesegur incorporados que permitían el control absoluto desde la sede de UC Global. en Jerez de la Frontera. Un año más tarde se les facilitaron dos iPhone nuevos, más modernos, con el sistema Flexispy, una aplicación espía que monitorea las conversaciones. En ambas ocasiones se les habría ocultado a ellas y a sus padres la incorporación de los sistemas espías.
“Nunca se actuó sin autorización de la familia, como pretende hacer creer el señor Correa. Su argumento sigue la línea de sus aliados, los abogados de Assange, a quien buscan victimizar y darle algún asidero a la teoría de la persecución de EE.UU. y la CIA, para frenar su extradición”.
En mayo de 2017, días antes de dejar el poder, Correa firmó un decreto para contar con la protección y vigilancia por un año más con UC Global. Esa operación fue cubierta con fondos del estado ecuatoriano hasta mediados de 2018; luego la misma firma fue contratada por el exmandatario, para vigilarlo el año siguiente.
¿Cuánto costó esa operación, que impliaciones tuvo? ¿Qué pasó el año siguiente, cuando el gobierno de Moreno decidió dejar de cubrir esos gastos? ¿Por qué Correa siguió contratando a la misma empresa y quién le pagaba? Lo contamos en nuestra próxima entrega…
Este jueves 19 de noviembre viajó a México Santiago Díaz, procurador de la campaña del binomio presidencial integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall. Esta semana se denunció la participación de Díaz en supuestas operaciones de espionaje político desde una Senain paralela, lo cual fue desmentido por los candidatos del correísmo. Pedimos la versión sobre el motivo del viaje a ese movimiento, pero aún no nos han respondido.
Redacción Código Vidrio
Santiago Díaz, el procurador de la campaña presidencial del candidato del correísmo, Andrés Arauz, salió del país hacia México. Según registros migratorios a los que accedimos, la tarde ayer, 19 de noviembre, tomó el vuelo 695, de Aeroméxico, desde Quito, con destino a esa nación.
Díaz fue mencionado esta semana en una nota publicada por el portal Periodismo de Investigación, como parte de una supuesta operación de espionaje político a funcionarios del actual gobierno y periodistas. En esa “Senain paralela” también estarían participando el ex jefe de la Senain, Rommy Vallejo, y el exjefe de Dirección de Inteligencia de la Policía, Santiago Mena, entre otros.
Últimos movimientos migratorios de Santiago Díaz.
Desde el año pasado, México se volvió el refugio de dirigentes del correísmo. En ese país residen Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Soledad Buendía, Carlos Biteri, entre otros, que permanecen asilados, luego de abandonar el país, tras el paro de octubre de 2019. En esa paralización, varias cabezas políticas del correísmo pedían la salida del presidente Moreno y protagonizaron supuestas acciones de desestabilización, según indagaciones de la Fiscalía.
En México se han reunido con el expresidente Rafael Correa, y han participado en citas del Grupo de Puebla.
El miércoles 18 de noviembre pasado, Arauz rechazó la vinculación de su procurador de campaña y aseguró que era parte de una persecución del régimen de Lenín Moreno. “Con un nuevo y burdo montaje, el gobierno saliente prepararía allanamientos o arrestos en contra de Santiago Díaz, procurador de nuestra campaña y otros dirigentes”, escribió en su cuenta de Twitter.
Arauz, y Carlos Rabascall, precandidato a la vicepresidencia por la alianza Unión por la Esperanza, anunciaron en una rueda de prensa que “son sujetos de ataques y de persecución” y que en el país se continúa con “una política de odio”. Según Rabascall, ciertos medios están construyendo imaginarios para manipular la percepción en la opinión pública”.
Un viejo militante del correísmo
Santiago Díaz ha estado junto al correísmo desde el 2007. Fue el responsable de la logística y seguridad de las visitas a las provincias de Rafael Correa, durante las campañas electorales, desde el 2007 hasta el 2013. También fue asesor de la Presidencia de la República durante los primeros años del mandato de Correa y coordinaba operaciones con la Senain, según denuncias periodísticas.
El candidato Andrés Arauz denunció el jueves que la acusación contra Díaz, de integrar un supuesto aparato paralelo de espionaje, es parte de un ataque de desprestigio desde el Gobierno. Foto archivo
Por esas tareas, en varias denuncias de la prensa se aseguró que era el jefe de los llamados “Popeyes”, contratados para brindar la seguridad a los candidatos de Alianza País en las elecciones y hostigar a opositores y periodistas.
Los pagos a ese grupo fueron expuestos en el juicio que emprendió la Fiscalía por la red de sobornos que sentenció a ocho años de prisión a Correa; al ex vicepresidente Jorge Glas; a los ex ministros Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María Duarte, entre otros. Sin embargo, no se incluyó a Díaz en esta lista.
Díaz es investigado por la Fiscalía, acusado de ser el autor intelectual del presunto delito de tortura al periodista Alfonso Pérez Medina. La denuncia se formalizó el 12 de abril de 2018. El portal Ecuador en Vivo denunció que Pérez fue golpeado la noche del 11 de diciembre de 2016 por personas que interceptaron su vehículo, cuando iba camino al aeropuerto de Quito. Según Pérez, la golpiza se debió a las “permanentes críticas contra el gobierno de Correa y porque unos días antes había convocado a una protesta contra el régimen”. Díaz habría ordenado el ataque, como parte de operaciones delictivas dispuestas desde la entonces Secretaría de Inteligencia.
Vallejo niega participación en espionaje
Precisamente, Rommy Vallejo, exjefe de la Senain, emitió las últimas horas un comunicado para desmentir su participación en la nueva oleada de espionaje político. Dijo que el reportaje era una “fabricación, infundada y sin sustento, que atenta contra la libertad y los derechos de ex funcionarios del sistema de Inteligencia”.
“Desde que asumí la Secretaría de Inteligencia en 2014 y hasta el año 2018, que estuve en funciones, en el gobierno de Lenin Moreno, las prioridades de trabajo del Sistema Nacional de Inteligencia estuvieron siempre articuladas por el Plan Nacional de Inteligencia, y sustentadas en lo dispuesto por la Constitución y la Ley de Seguridad Pública y del Estado”.
Según Vallejo, desde cuando entregó la Senain a su sucesor se ha dedicado a cuestiones familiares y personales, “siempre alejado de toda actividad de Inteligencia, que como establece la Ley, depende única y exclusivamente de las autoridades que dirigen los organismos del Estado del sector de la seguridad y la defensa”.
Díaz (Izq.) es un hombre de confianza del expresidente Rafael Correa. Fue el responsable de la logística y seguridad de las visitas a las provincias del exmandatario durante las campañas electorales, desde el 2007 hasta el 2013. Foto tomada del portal Ecuador en Vivo.
Ahora, años después, agrega Vallejo, “se fabrican supuestos artículos de opinión sin sustento ni contexto, basado en supuestos, que pretenden usar como “prueba” para atentar contra la libertad y los derechos de varios ex funcionarios del sistema de Inteligencia. Rechazo categóricamente la veracidad de estas insinuaciones difundidas por ciertos medios de comunicación”.
El exjefe de Inteligencia indica que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía y “demostrar el claro objetivo político que persiguen (…)”.
Hasta el momento no se conoce cuál fue el motivo del viaje de Díaz a México, o si pedirá asilo en ese país, como lo hicieron sus compañeros y ex asambleístas, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía.
Pedimos la versión del movimiento Alianza Unión por la Esperanza sobre las razones del desplazamiento, pero aún no recibimos una respuesta.
Desde julio de 2019, la Fiscalía abrió una investigación previa para confirmar si el exministro de Minas Javier Córdova cometió delitos de enriquecimiento no justificado y perjurio, con base en un informe de Indicios de Responsabilidad Penal enviado por la Contraloría. Los auditores hallaron inconsistencias entre sus salarios, sus ingresos y deudas. Tres meses después de dejar el gobierno, en mayo de 2018, Córdova fue contratado como consultor por la minera canadiense Soma Gold, que como pago inicial le entregó 250.000 acciones, valoradas a la fecha en 500 mil dólares. Entre 2011 y 2019, el exfuncionario de los gobiernos de Correa y Moreno sacó del país 836.000 dólares, y por este rubro pagó impuestos por $41.814. Buscamos la versión de Córdova pero no obtuvimos respuesta. Nota actualizada sábado 29 de mayo.
Redacción Código Vidrio
El Ministerio de Minas fue una catapulta para Javier Córdova Unda. Tres meses después de dejar el cargo de ministro de esa cartera -en mayo del 2018- fue nombrado consultor especial de la minera canadiense Soma Gold Corp. Como retribución por sus servicios esa empresa le otorgó de entrada un paquete de 250.000 acciones, valoradas en más de 500 mil dólares, a la fecha, según sus informes de gestión.
Dos años después Córdova fue nombrado director ejecutivo (CEO) y Presidente de esa empresa, domiciliada en Vancouver, Canadá, donde ahora reside.
Córdova es investigado por la Fiscalía, por supuestos delitos de enriquecimiento no justificado y perjurio. Abandonó por última vez el país en un vuelo de Avianca, con destino final Miami, Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2019, junto a su pareja, la también exfuncionaria Ledy Zúñiga, según registros migratorios.
La investigación fiscal se basa en un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP), remitido por la Contraloría al Ministerio Público, en mayo de 2019. La investigación va a cumplir dos años este mayo de 2021.
En el examen, el organismo pidió investigar las cuentas y bienes del ex ministro Córdova, por las contradicciones detectadas en las declaraciones patrimoniales del ex funcionario.
Uno de los datos que más llamó la atención de los auditores es que sus gastos en tarjetas de crédito y préstamos no concuerdan con los ingresos que tuvo durante su paso como funcionario público, entre enero del 2012 y febrero del 2018.
No es la primera vez que la Fiscalía recibe una denuncia contra Córdova. En 2018 se presentó otra demanda contra él por supuestos depósitos injustificados en sus cuentas, por más de 220.000 dólares, mientras fue funcionario público. Entre el 2011 y el 2017, también habría tenido ingresos en sus cuentas por más de 800.000 dólares, según una fuente de la Unidad de Análisis de Financiero, que en 2018 también alertó, con el envío de un Reporte de Operaciones Inusuales (ROI), sobre los supuestos movimientos que no estarían acordes a sus ingresos. No obstante, en la Fiscalía informaron que no conocían ese reporte.
Otro dato que confirma esas operaciones está registrado en su pago de impuestos por salida de capitales en el Servicio de Rentas Internas. Entre el 2011 y el 2019, Córdova pagó 41.814 dólares de tributos (5%) por salida de divisas. Es decir que en ese período sacó al exterior más de 836 mil dólares.
Código Vidrio buscó, desde hace dos semanas, la versión de Córdova, pero no respondió a nuestras llamadas telefónicas ni mensajes a sus números de contacto, tampoco al correo electrónico de la empresa Soma Gold.
Córdova, de 47 años, ocupó distintos cargos en los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. El primero fue como asesor en el Ministerio de Industrias y Productividad, en 2006. En ese puesto estuvo un año y luego llegó al Ministerio de Energía y Minas, donde su jefe inmediato fue el actual asambleísta de Alianza PAIS, José Serrano.
Este fue el inicio de una larga y estrecha relación de trabajo. Córdova se convirtió en adelante en el brazo derecho de Serrano. Lo acompañó en el Ministerio de Justicia (2010-2011) y luego como viceministro en el Ministerio del Interior (2011-2014). Durante esta etapa, conoció a su esposa Ledy Zúñiga, quien también era parte del equipo de asesores de Serrano; luego fue ministra de Justicia y secretaría Técnica de la Lucha contra las Drogas.
Córdova tuvo un ascenso vertiginoso en el gobierno de Correa, de la mano del hoy asambleísta José Serrano. Lo acompañó como asesor y viceministro en las carteras de Justicia y Gobierno. Su esposa Ledy Zúñiga también fue muy cercana al legislador, especialmente en el Ministerio de Justicia. Foto de archivo
Córdova condecorado por impulsar denuncias del 30-S
En octubre del 2014, sorpresivamente se anunció su cambio de ministerio. Serrano despidió a Córdova con una condecoración en una ceremonia policial por su labor, especialmente en las denuncias judiciales contra policías y civiles por la revuelta del 30 de septiembre del 2010.
Entonces pasó a la cartera de Recursos No Renovables para ocupar el Viceministerio de Minas. Su llegada fue planificada con anticipación. La Presidencia recibió una asesoría desde Chile, que le recomendó la creación de un Ministerio encargado exclusivamente de impulsar la minería a gran escala en el país.
Más que una nueva fuente de recursos, el entonces presidente Correa vio en la minería una tabla de salvación, tras la caída estrepitosa de los precios del petróleo. En buena parte de su gobierno, el crudo se mantuvo a precios altos (sobre los 60 dólares), lo cual significó ingresos millonarios que se volvieron el motor de la economía.
“El 14% del territorio nacional, equivalente 3,7 millones de hectáreas, ha sido asignado para la minería a gran escala. La mayoría de las concesiones fueron tramitadas apresuradamente durante los últimos meses del gobierno de Correa. Las concesiones otorgan el derecho a las empresas- casi todas transnacionales- de aprovechar el recurso del subsuelo, y por ende, a explorar, explotar, beneficiarse y fundir minerales durante 25 años (renovables)”: Carlos Zorilla, ambientalista.
Entonces, en febrero del 2015, Correa creó la cartera de Minas y nombró a Córdova su primer ministro.
Estuvo en su cargo casi tres años, viviendo la transición y el rompimiento entre Correa y Lenin Moreno. En su gestión despuntaron grandes proyectos, y se entregaron importantes concesiones de oro y cobre a las compañías extranjeras BHP, Lundin Gold, Lumina Gold, SolGold, Codelco, entre otras.
El 14 de enero de 2016, el entonces ministro Córdova firmó un acuerdo con la minera canadiense Lundin Gold, para explotar un proyecto aurífero con reservas estimadas en 9,8 millones de onzas de oro y 15 millones de onzas de plata. La firma del acuerdo era considerada fundamental para el proyecto Fruta del Norte, aseguró el entonces vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, quien fue testigo de la rúbrica del convenio. Foto archivo.
También estuvo al frente de la entrega de seis concesiones mineras a la empresa Hanrine en Imbabura, que acaban de ser observadas por la Contraloría. Los auditores establecieron una serie de irregularidades en la entrega de esos títulos mineros, sobre todo porque el régimen no usó su derecho preferencial para explorar y explotar esos yacimientos en asociación con otra empresa privada con la empresa pública ENAMI. En varios de esos procesos de concesiones mineras participó Rebeca Illescas, brazo derecho de Córdova. Ella fue parte del gobierno de Rafael Correa y ocupó cargos directivos en el Ministerio de Sectores Estratégicos, junto al exvicepresidente Jorge Glas y Rafael Poveda.
En enero del 2018, Córdova dejó esa cartera de estado, de manera más bien discreta. La Secretaría de Comunicación emitió en escueto comunicado donde agradecía su trabajo y aseguraba que el Gobierno garantizará el desarrollo de la actividad minera precautelando el bienestar comunitario y de la naturaleza.
Cinco días antes, decenas de ecologistas y representantes de pobladores, que viven en las cercanías de varios proyectos mineros, habían marchado hasta el Palacio de Carondelet, para pedir la renuncia de Córdova, exigiendo que se realicen auditorías a las concesiones en Fruta del Norte, Mirador, Cascabel, Loma Larga, Río Blanco y otros.
En la nómina ejecutiva de Soma Gold Corp destaca como CEO el nombre de Córdova
El precio de cada acción de Soma Gold, en mayo de 2018, era de más de dos dólares
Al anunciar su incorporación, Soma destacó que como ministro de Minas Córdova impulsó el inicio de la gran y mediana minería, con los proyectos estratégicos Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, y Río Blanco en Azuay. “Adicionalmente, la apertura del territorio minero permitió avanzar en el proceso de otorgamiento de concesiones bajo la modalidad de subasta, con importantes compromisos de inversión de las mayores mineras del mundo”.
Fiscalía pide informes a organismos de control
La fiscal Alexandra Zurita está a cargo de la investigación contra el exministro desde julio del año pasado, cuando abrió formalmente la investigación previa por un presunto enriquecimiento no justificado y perjurio. Desde esa fecha, ella ha solicitado información de su patrimonio y vida financiera al Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Agencia Nacional de Tránsito, a la Unidad de Análisis Financiero, los Registros de la Propiedad y la propia Contraloría.
Los detalles de la documentación que ha recibido se mantienen en reserva porque esta etapa de la indagación penal es reservada. Fuentes de la Fiscalía explicaron que se analizan las cuentas de Córdova mientras estuvo en el Ministerio del Interior, de Energía No Renovables y de Minería.
En su declaración patrimonial, tras salir del Ministerio del Interior, en octubre del 2014, anotó que es propietario de un departamento en el edificio Tennis Park de Quito, aunque registró como su domicilio una vivienda ubicada en la vía a Nayón, un sector exclusivo en las afueras de Quito. Adquirió el departamento en junio de ese mismo año y, según aseguró, está avaluado en 125.000 dólares.
Además, incluyó un automóvil Ford del año 2012; tres cuentas bancarias con 4.375 dólares y menaje de casa por $15.000. Todos los rubros sumados llegan a $199.865, según la declaración entregada en Notaría Cuadragésima Sexta de la capital.
Patrimonio y pago de impuestos declarados al SRI por el exministro
En cambio, en el segmento de pasivos incluyó las deudas con cinco tarjetas de crédito y un préstamo prendario con la Corporación Financiera Nacional (CFN), que entre todos sumaban $88.905. En total mantenía activos por $110.960 en su patrimonio.
Su declaración patrimonial no cambió al ingresar al Ministerio de Recursos No Renovables. Allí mantuvo el cargo de Viceministro cuatro meses, para luego ir a la Cartera de Minería.
Al posesionarse como Ministro hizo una nueva declaración patrimonial. Aseguró contar con tres cuentas bancarias por $4.035; el departamento en el Tennis Park y su auto Ford.
El rubro de pasivos se redujo un poco: fue de $84.708 dejando un patrimonio total de 114.817 dólares. Luego de dos años, nuevamente Córdova actualizó su declaración.
En febrero del 2017 envío su registro patrimonial. En ese documento incluyó una sola cuenta bancaria por $1.224. También un nuevo vehículo Ford y una motocicleta, que adquirió a fines de 2014, avaluada en $15.000. Además, reportó que había traspasado su departamento del Tennis Park a su madre.
Aumentaron sus pasivos. Las deudas que mantenía subieron con siete tarjetas de crédito y un préstamo prendario con la Corporación Financiera Nacional, por $108.433.
El 8 junio del 2017, Córdova entregó dos declaraciones patrimoniales a la Contraloría. Los dos registros son prácticamente idénticos en el rubro de los activos, salvo por un nuevo vehículo, avaluado en $60.000. Además, incluyó tres cuentas bancarias con un saldo superior a los dos mil dólares y su departamento.
En el segmento de pasivos indicó que mantenía las mismas deudas con las siete tarjetas de crédito y con la Corporación Financiera. No obstante, en las cifras existen aparentes contradicciones entre las dos declaraciones.
En la primera registró deudas por 102.036 dólares y la segunda $108.433. Esto ocurrió porque los montos de deuda en cada tarjeta no coinciden.
Las posibles equivocaciones pueden ser enmendadas por el declarante. Uno de los pasos es anotar esa equivocación en el área de observaciones. Sin embargo, Córdova se limitó a anotar que “la declaración patrimonial está vigente desde el 24 de mayo del 2017”, cuando el presidente Moreno lo ratificó en el Ministerio de Minas.
Su última declaración patrimonial como funcionario público es de 2 de febrero del 2018. Allí incluyó tres cuentas bancarias, dos corrientes y una de ahorros, por $2.768. También su nuevo vehículo Ford, del 2016, su departamento en el Tennis Park. En activos reportó $188.268.
Declaración de bienes del exministro
Lo que llamó la atención de los auditores de la Contraloría son sus pasivos. Su crédito con la CFN fue cubierto, pero mantenía las deudas con siete tarjetas de crédito, por 106.986 dólares.
Los tres años que Córdova fue ministro mantuvo sueldos mensuales por más de cinco mil dólares. Que le dejarían ingresos aproximados, en todo ese período, de 180.000. Sus ingresos como viceministro tampoco son muy inferiores. En esos cargos ganaba alrededor de 4.000 dólares y durante tres años podía llegar fácilmente a los $150.000. Estos ingresos no compensarían tampoco el envío de dinero fuera del país.
Lo que Córdova no incluyó en sus declaraciones patrimoniales desde 2012 son sus acciones en Conclínica, donde es uno de los 1.895 socios que tiene esa empresa dedicada a los servicios de atención médica privada.
El proceso avanzó hasta abril de 2018, cuando la administración de Lenin Moreno anunció que dejaría de ser el anfitriona de los diálogos. Esto en respuesta a la muerte del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado en Esmeraldas y ejecutado en Colombia, por disidentes de las FARC.
