Así organizaron los israelíes sus golpes, coordinados con los Bucaram

Los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman no improvisaron. Llegaron al país con una fachada de exitosos empresarios. Negociaron la venta de mascarillas y pruebas rápidas. En Guayaquil vendieron 21 mil kits de tests rápidos a la familia Bucaram, en el pico de la pandemia. Un video inédito grabado el 18 de mayo por Dahan, que hoy revelamos, muestra las cajas de pruebas que entregó ese día. Son  idénticas a las que se encontraron en la casa del exmandatario, durante el allanamiento a su domicilio, a inicios de junio. Y corresponden a las que se hallaron en bodegas del hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la seguridad social. Desde el 27 de julio los abogados de ambos extranjeros, detenidos por falsificar documentos, dijeron que querían proporcionar pruebas relevantes que involucraban a más personas. Luego llegaron las amenazas y el asesinato de Dahan en la cárcel. Aquí los detalles de la organización que armaron los extranjeros, el clímax y desenlace de la operación.

Redacción Código Vidrio

“Sujeto de riesgo, armado y peligroso. Buscado por robo en el casino Clark County (Nevada)”. Así identifican las autoridades estadounidenses al israelí Shy Dahan, quien empleaba indistintamente 11 identidades para evadir a la justicia en varios países. Como Golan Shay era requerido en Estados Unidos por el robo de 562 mil dólares.

Tenía seis pasaportes con los que viajaba por España, Reino Unido, Canadá, México, Argentina, Colombia y Panamá. Cambiaba de nombre constantemente, ese era un patrón sistemático. En Canadá fue acusado de falsificación y fraude, mientras que en Inglaterra estuvo implicado en una estafa.

Hace unos siete años, Dahan, que luego apareció bajo el nombre de Shai Golan, fue detenido en México con un grupo de sospechosos. Tenían pistolas, binoculares de visión nocturna y armas destinadas solo para uso militar. Entonces la Interpol lo puso en la mira.

En Panamá era considerado un fugitivo de la justicia. En ese país incursionó, desde 2015, en los negocios inmobiliarios. De hecho, fue acusado por estafar a una pareja en 640 mil dólares, por lo cual fue juzgado y encarcelado, tras ser detenido en Barcelona. Estuvo recluido entre enero de 2017 y junio de 2018, cuando escapó de la cárcel de la Joyita, con la complicidad de policías, a quienes sobornó pagando un millón de dólares, según registros de la Interpol. Varios políticos de ese país pedían su cabeza porque tenía pruebas de la corrupción en altas esferas del poder.

En Panamá vivió el ex presidente Abdalá Bucaram, asilado desde 1997 cuando fue depuesto del poder, hasta su retorno a Ecuador, en junio de 2017. Reportes de la prensa local establecen que Dahan era un exagente de inteligencia israelí, que con su ingenio y audacia se había dedicado a los negocios y al contraespionaje.

En el verano de 2019, Shai Golan estuvo en Argentina y se asoció con la comunidad ortodoxa. Durante al menos un par de meses verificó la comida kosher (que cumple estándares de la comunidad judía) en supermercados y restaurantes.

A Ecuador llegó a fines de noviembre de 2019 con la identidad de Tomer Sheinman. En febrero de 2020, se ingenió para viajar nuevamente hacia Panamá, como un tripulante de vuelo. Eso lo muestran los registros migratorios que revisamos, en los que empleó esa identidad.

En Quito construyó hábilmente la fachada de un acaudalado empresario. Bordeaba los 40. Alto, calvo, de contextura gruesa y ojos de color castaño. Hablaba inglés, hebreo y español.

Shy Dahan tenía 11 identidades distintas. Cometió delitos en Estados Unidos y Panamá, donde estuvo detenido hasta el 2018. Foto cortesía

Chef aficionado, con la faceta de un generoso anfitrión se acercó a los vecinos del exclusivo edificio Yoo, en la avenida González Suárez, una de las zonas más caras de la capital. Vivió en el piso 14, junto con su novia peruana Isabel Marengo, a quien doblaba en edad. También compartía el departamento con su compatriota, el experto informático Oren Sheinman, apodado Tarzán por su melena y figura atlética. Sheinman es australiano e israelí y tenía cinco identidades. Era tal la cercanía entre ambos, que Shy Dahan adoptó el nombre del hermano de Oren. Por eso, a  Shy lo conocían como Tomer Sheinman en Ecuador.

Lo cierto es que los dos israelíes aprovecharon también la pandemia para hacer buenos negocios. Vendieron mascarillas y pruebas rápidas Covid-19. Falsificaron documentos y fueron detenidos y encarcelados en Santa Elena.

La trama era más o menos conocida hasta hace pocos días, cuando este portal reveló que Dahan, desde la prisión, conversó por teléfono con el expresidente Abdalá Bucaram. El audio, de siete minutos, muestra que Bucaram se dirige en tono coloquial a «Tom». Es el diminutivo de Tomer. Bucaram trataba de calmarlo y le ofreció mover sus influencias “en el tribunal”, con la ayuda de una funcionaria de la Judicatura de Santa Elena para liberarlo de los cargos. Le ofreció la visita de su abogado, Walter Vallejo, a la cárcel donde ambos israelíes guardaban prisión.

Del diálogo se desprende que el israelí temía por su vida, que le preocupaba que el exmandatario quisiera únicamente ayudar a su hijo (Jacobo), investigado por su posible participación en los negociados de insumos médicos en hospitales públicos. Su miedo estaba plenamente justificado. Dahan fue asesinado a inicios de agosto en la cárcel.

Después de la publicación en nuestro portal del diálogo, el exmandatario fue vinculado por la Fiscalía al proceso por delincuencia organizada.

Los negocios con los Bucaram

Nueva evidencia, que ahora presentamos, revela que en el pico de la pandemia (mayo de 2020) los israelíes intermediaron en la venta de 21 mil kits de pruebas rápidas Covid-19. Compraron estos insumos a un vecino de su lujoso edificio, a quien estafaron pues nunca le pagaron los valores pactados. A su vez, los extranjeros vendieron los tests en Guayaquil a la familia Bucaram.

Por primera vez sale a la luz la ruta de las pruebas rápidas, adquiridas a la velocidad del rayo en plena pandemia, con dinero en efectivo; embodegadas en un hospital público. Una parte quedó guardada en el domicilio del exmandatario. Las pruebas rápidas, como también reveló este medio, tuvieron venta libre y sin control, durante la crisis sanitaria. No solo son ineficaces para diagnosticar el coronavirus, también pueden conducir a un diagnóstico equivocado (falso negativo). Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó su uso en abril. La política, a partir de entonces, debió tender a usar las pruebas moleculares (PCR) junto con la valoración médica, para diagnosticar un cuadro positivo.

El lunes 18 de mayo, a las 07:26 de la mañana, Dahan filmó con su celular las cajas con las pruebas rápidas que estaba a punto de transportar en su vehículo BMW-X5, de color blanco, hacia Guayaquil. En la filmación, de 22 segundos, se observan las cajas blancas con franjas de color rojo, con las inscripciones TestSeaLab y Check, y se escucha al israelí relatar que las pruebas están “listas para entregar” y que la negociación será “solo con efectivo”.

Dos semanas después, el miércoles 3 de junio, la Fiscalía allanó la casa de Abdalá Bucaram en la Kennedy Norte, en la investigación por peculado en la compra de insumos médicos. Los agentes encontraron en la residencia cajas con dos mil pruebas rápidas.

La fiscal Diana Salazar explicó, luego del allanamiento, que se detuvo a Bucaram porque las pruebas requisadas coinciden con las halladas en las bodegas del hospital Teodoro Maldonado. El video que hoy revelamos muestra que son idénticas a las cajas de tests que Dahan llevó desde Quito. A continuación revelamos los detalles de la organización que estructuraron los israelíes.

Una estructura de fachada

Fue una operación de relojería. Los extranjeros tenían todo bien planificado, al parecer, con meses de anterioridad. La organización también estaba integrada por la peruana Orietta Isabel Marengo Pita y tres agentes metropolitanos de tránsito, a quienes reclutaron de filas de la escolta vicepresidencial, a inicios de la pandemia.

La peruana, de 22 años, alquiló el departamento 141 en el lujoso edificio. El intermediario de la transacción fue un corredor de bienes raíces, encargado de manejar las propiedades del futbolista Antonio Valencia. En la misma edificación por esa temporada vivía el entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner. Él aclaró que no tuvo relación alguna con los implicados, lo cual fue corroborado por el abogado de Dahan, Hernán Ulloa.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, explicó que por una normativa vigente 16 policías metropolitanos cumplen el rol de escoltas de autoridades nacionales, aunque ni siquiera él accede a ese tipo de protección. El jefe de seguridad del edificio es un exoficial de la Policía, quien aportó con información importante para esclarecer el caso.

La peruana Isabel Marengo, de 22 años, era la pareja de Dahan. Se encargaba de arrendar departamentos y toda la logística. Huyó del país.

Marengo, morena y delgada, cumplía funciones de logística. Compró un vehículo Ford Explorer azul, en aproximadamente 40 mil dólares en un patio de carros de lujo, ubicado en el norte de Quito, sobre la avenida 6 de Diciembre, cuyo administrador nos confirmó la venta, pero pidió el anonimato. El auto es similar a uno que pertenece a la embajada de Estados Unidos y es utilizado por agentes de la Oficina Antidrogas (DEA).

De esto se habrían percatado, semanas antes, dos de los uniformados que colaboraban con esta organización. Simulando un operativo de control de documentos, interceptaron un vehículo azul, Ford Explorer, que circulaba por el norte de Quito, en el que viajaban dos agentes de la DEA. Les pidieron las credenciales y caminaron hacia la parte posterior para revisar el vehículo, momento que aprovecharon para fotografiar los papeles y el auto, según observaron los funcionarios estadounidenses por sus retrovisores. De esta manera, luego clonaron los documentos. Esto fue corroborado por fuentes

El vehículo Ford Explorer, similar al de la foto, en el que fueron detenidos los israelís en Santa Elena fue comprado en un patio de autos lujosos en el norte de Quito, por Marengo. Foto cortesía

de la Embajada de EE.UU.

Después de la compra, Marengo extendió un poder a uno de los agentes, quien retiró el Ford Explorer. Por lo regular, los extranjeros se movían en el BMW blanco, que circulaba con escolta, libremente por las calles de Quito, en plena cuarentena, contó el exoficial al frente de la seguridad del edificio.

Los negocios y pruebas rápidas

En el departamento 141 del piso 14 se concretaron los negocios, según la bitácora de accesos del portero del edificio. Se reunían los israelíes, Isabel y los agentes metropolitanos, frecuentes comensales. También empezó a compartir su mesa la pareja de quiteños que vivía en el departamento contiguo. Se conocieron desde el 16 de marzo, cuando empezó la pandemia, ya que coincidían en el balcón mientras realizaban ejercicios físicos.

“Durante la cuarentena pasé mucho tiempo con Tarzán, debido a que venía a mi balcón para hacer ejercicio juntos. Estas personas se ganaron mi confianza, nos traían comida porque Tom siempre cocinaba mucho y daba alimentos a todos los guardias del edificio”, relató Bryan, un joven emprendedor a Código Vidrio.

Mientras tanto, algunos de los propietarios y arrendatarios del complejo empezaron a exteriorizar su preocupación por la entrada y salida de extraños que trabajaban con los israelíes. Sobre todo, les llamaba la atención la llegada constante de camiones grandes que se estacionaban al ingreso del inmueble, con decenas de cajas de insumos médicos comercializados por los extranjeros, en medio de la restricción de circulación por la pandemia.


 

Denuncia de Bryan, presentada el 23 de mayo contra los israelíes en la Fiscalía en Quito, por estafa.
Documento firmado por los abogados de los israelíes, presentado el 27 de julio a la Fiscalía.
En la carta se menciona que los extranjeros estaban dispuestos a colaborar con más información sobre otros implicados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se volvieron muy buenos amigos de Bryan y su esposa, se ganaron su confianza, y en una cena al calor de los vinos concretaron la venta de dos mil mascarillas. El negocio fue exitoso y enseguida pactaron otra transacción por diez mil más. A continuación, la propuesta creció: se trataba de colocar cien mil tapabocas en el mercado, pero debían entregar efectivo y venderlas en un tiempo limitado. Al final de cuentas, Bryan les entregó 44.600 dólares, en efectivo. Cuando no recibió la mercadería, se preocupó; en respuesta y para tranquilizarlo, Dahan le envió imágenes de una hacienda en Cotacachi, a donde había viajado para cobrar 600 mil dólares por la venta de insumos a un “político guayaquileño”, cuyo nombre no precisó.

Bryan insistió en recibir las mascarillas o el dinero, alegando que debía pagar a un amigo de infancia, cuyo padre acababa de importar 20 mil pruebas rápidas Covid-19. Dahan le comentó que tenía un comprador asegurado en Guayaquil para esas pruebas. Y nombró a Jacobo Bucaram.

Dahan, jugador empedernido de poker, compartió partidas con Jacobo en Miami, según le contó el mismo israelí a Bryan, en una de las reuniones previas. Por eso, no le extrañó enterarse que el  hijo del exmandatario era su contraparte en la venta de las pruebas rápidas.

En su afán por recuperar la plata de las mascarillas y asegurar la venta de las pruebas, Bryan recibió las 20 mil pruebas rápidas de su amigo, y agregó mil más de otro conocido. Pactó verbalmente el precio de 18 dólares por cada una; no hubo contrato de por medio. Cada test lo recibió a 10,5 dólares; la ganancia proyectada era 7,50 por unidad. El emprendedor quiteño dijo que desconocía que los tests tenían como destino final un hospital público.

Dahan le informó que transportarían las pruebas hacia Guayaquil, donde se encontraba el comprador. Esto ocurrió el lunes 18 de mayo, justamente cuando filmó el video que hoy presentamos. Para cerciorarse de que el negocio se cerrara y recibir su dinero, Bryan también viajó en su carro con su esposa y su amigo.


Video grabado el 18 de mayo por Dahan, antes de salir desde Quito a Guayaquil

Los extranjeros insistieron en que por tener protección y escolta uniformada -cuyo pago de $3.000 asumió el propio Bryan- era más seguro que embarcaran los tests en su vehículo. La escolta los acompañó hasta la salida suroriente de Quito.

Al llegar a la gasolinera Primax de Santo Domingo -a tres horas de Quito- perdieron de vista al BMW. La pareja quiteña y su amigo no volvieron a verlos, aunque avanzaron hacia Guayaquil, según lo planificado. Dahan les llamó y les pidió no permanecer en esa ciudad porque era inseguro. Con el pasar de las horas recibieron todo tipo de mensajes, amenazas e intimidaciones. Permanecieron en esa ciudad dos días y luego regresaron a Quito.

El 23 de mayo, Bryan formalizó su demanda ante la Fiscalía, por estafa: denunciaba haber perdido más de 400 mil dólares, que reunió de familiares y amigos en su intento por concretar los negocios.

El abogado de los agentes metropolitanos, Harrison Salcedo, insinuó que una alta autoridad tenía la capacidad de generar las credenciales falsas. “Yo estoy diciendo que el exvicepresidente Otto Sonnenholzner sabía  y los presentó como amigos… ¿Quién más puede generar este tipo de cosas?”. Salcedo es a la vez abogado del exvicepresidente Jorge Glas. Los tres uniformados hoy están acusados por delincuencia organizada, junto a Abdalá Bucaram y el israelí Sheinman.

“Que continúen las investigaciones y se sancione a quienes corresponda. No conozco ni tengo ningún tipo de relación con las personas en mención y espero que ninguno de estos actos delictivos quede en la impunidad. Tengo claro que existen personas que a toda costa insisten en la calumnia, esa es la forma en la que siempre han hecho política y eso es algo que la gente de bien debemos de luchar por cambiar”, respondió Sonnenholzner, al tiempo de anunciar que analiza iniciar acciones legales contra quienes lo relacionaron con los uniformados.

 

El 18 de mayo, los israelíes salieron hacia Guayaquil escoltados por dos agentes de tránsito municipales. La foto fue tomada por Bryan que los seguía en su vehículo, junto a su esposa y un amigo. Foto cortesía

“El libro de Salmos nos salvó la vida”

A partir de entonces, los extranjeros ya no volvieron al departamento 141, en la capital. Se radicaron en Chipipe (Santa Elena, cerca a la playa), en el penthouse de un lujoso condominio que también rentó la peruana. Ella se había afincado por primera vez en Ecuador en 2015, pero hacía constantes viajes hacia Francia, España y Perú, según sus registros migratorios.

El lunes primero de junio, los israelíes circulaban en el Ford Explorer azul por la vía La Libertad – Salinas. Debieron detener el vehículo con vidrios polarizados en un puesto de control policial, donde dijeron ser agentes de la DEA y presentaron sus credenciales. Al cruzar la información con funcionarios estadounidenses, los policías confirmaron que los documentos eran falsos y detuvieron a los extranjeros, que llevaban 100 mil dólares en efectivo.

Luego, los policías fueron al apartamento en Chipipe, donde encontraron 212 mil dólares, 385 euros y dos vehículos de alta gama. Entre ellos, el auto BMW.

Se les imputaron cargos por falsificación y uso doloso de documentos, además de enriquecimiento ilícito privado. En su versión, los dos relataron cómo vendieron las pruebas a Jacobo Bucaram, quien les pagó en efectivo. “Entramos en la casa (de los Bucaram), frente a las canchas de tenis, al lado de la piscina. Nosotros cerramos en 15 dólares por paquete y él (Jacobo) fue a buscar el dinero, la cantidad total era 321.600 dólares. Trajo una maleta que estaba con mucho, mucho dinero, y contamos 321 mil dólares que era nuestra cantidad, él sonrió y me peguntó dónde está tu maleta. Le dije que no tenía y me trajo un cartón para poner el dinero…”, relató Dahan.

En total, Jacobo contó 21.440 cajas de pruebas, q importadas a Quito y adquiridas inicialmente a un costo de $3,75. Compró cada prueba en $15 y revendió al hospital del Seguro Social a $ 68 cada test. Aunque a las pocas horas de su captura los detenidos aseguraron tener pruebas de sus negocios con los Bucaram, no recibieron una respuesta ágil de la justicia.

El lunes 27 de julio, sus abogados, Hernán Ulloa y Héctor Vanegas, firmaron una comunicación conjunta, dirigida a la Fiscal general, a la que accedimos. En ella denuncian que la fiscal del caso no atendió su pedido de entregar información “que posiblemente desencadene en la vinculación y el procesamiento de otras personas”.

Días después, Dahan tuvo la precaución de grabar las conversaciones telefónicas con el expresidente Abdalá Bucaram y con su hijo Jacobo. Presentamos este diálogo en días anteriores. El expresidente le pregunta si le da su palabra de que su vida no corre peligro. A Jacobo, le increpa disgustado porque no le ha respondido ni cumplido sus ofrecimientos. Entonces Abdalá le asegura que  le visitará su abogado, el lunes siguiente (3 de agosto), insinuando que sus amigos en la Penitenciaría del Litoral “le pasarían a saludar”.

 

El 3 de junio la Fiscalía encontró en la casa de Abdalá Bucaram cajas con insumos médicos, incluidas pruebas rápidas para Covid-19.
Estas son las pruebas rápidas que llevaron los israelíes desde Quito y vendieron a Jacobo Bucaram. Son las mismas que se hallaron en casa del expresidente.

 

 

 

 

 

 

 

 

El director encargado de ese centro de detención autorizó el ingreso del abogado Vallejo. Ese primer lunes de agosto, un motín en el mismo centro penitenciario dejó 11 muertos y 26 heridos, por la supuesta pugna entre bandas rivales enfrentadas por el control del penal.

Para Dahan, ese motín encubría en realidad el intento por asesinarlos, a él y a Oren Sheinman.

A un rabino con el que chateaba, le escribió que temía por su vida, y que creía que todo era una operación de distracción. “Oren y yo estábamos sosteniendo un libro de Salmos y eso nos salvó”.

A insistencia de su defensa, el viernes 7 de agosto, el contenido del celular de Dahan fue sometido a una pericia para extraer la información. La madrugada del sábado 8 fue asesinado: uno de los presos, al parecer, lo mató golpeándole con una pesa en el cráneo.

Horas más tarde Oren, quien también fue golpeado pero sobrevivió, rindió su versión. En el hospital Abel Gilbert Pontón donde se recuperaba del ataque confirmó que vendieron las pruebas a Bucaram. Ratificó que recibieron amenazas de muerte, a través de llamadas y mensajes, de Abdalá y Jacobo Bucaram. Desconfiaba del director de la prisión, Héctor Reyna, quien le había contado que su cabeza tenía precio, e intentó extorsionarlo.

“Los últimos dos días hubo llamadas y mensajes de Jacobo Bucaram y Abdalá Bucaram, que si hablamos y mostramos evidencias nos van a matar, al igual que a nuestra familia, no importa que vivan en ‘otro mundo’… Bucaram quiere nuestras cabezas”.

Las autoridades judiciales decidieron un nuevo allanamiento a la casa del expresidente, el 12 de agosto, y lo detuvieron por segunda ocasión en dos meses. Las siguientes horas fue acusado formalmente de una supuesta delincuencia organizada, al igual que los tres agentes de tránsito Kléver Armijos, Johnny Solís y Leandro Berrones, que fueron trasladados a la cárcel de Latacunga.

Oren Sheiman permanece en una clínica de Guayaquil, bajo vigilancia policial. Foto cortesía

Abdalá Bucaram y sus hijos negaron su participación en este entramado, y denunciaron violaciones a sus derechos durante el operativo, pues un camarógrafo de Teleamazonas ingresó con los policías y filmó su captura. Anunciaron acciones legales contra el Estado y el medio que difundió las imágenes.

El expresidente insiste en que se trata de una persecución política del gobierno que busca impedir que se candidatice a la Presidencia de la República. Su esposa Rosa Pulley va más allá y afirma que a “Abdalá lo quieren muerto”.

Los abogados de los uniformados enfatizan que son inocentes.

Los datos contenidos en el celular de Dahan y las evidencias que tiene Sheinman pudieran ser las piezas que faltan para completar este rompecabezas. Por lo pronto, los audios y videos que difundimos relacionan al exmandatario con este caso.

Farmacéuticos alertan posible desabastecimiento de medicinas

Los productores, importadores y farmacéuticos del país piden al Gobierno que modifique el Decreto Ejecutivo 1033, para prevenir un posible desabastecimiento en los hospitales públicos con la aplicación de esta estrategia. Recomiendan su ejecución por etapas, ya que el sistema no está preparado para aplicarlo.

Redacción Código Vidrio

El sector empresarial está preocupado por la inminente aplicación del plan “Medicamentos para Todos”. Este proyecto fue ideado para crear un sistema centralizado de compra y distribución de medicinas e insumos en la red pública de salud.

Los productores, importadores y farmacéuticos del país, reunidos en el grupo “Juntos por la Salud”, piden al Gobierno que modifique el Decreto Ejecutivo 1033, para prevenir un posible desabastecimiento en los hospitales con la aplicación de esta estrategia.

El proyecto cobró vida el 5 de mayo pasado. En su parte esencial da un plazo de seis meses para tener listo este sistema centralizado con más de 700 medicamentos y además incluirá una historia clínica y recetas digitales de cada paciente.

Con este nuevo sistema el gobierno busca acabar de raíz con los innumerables casos corrupción, sobreprecios y mal uso de las medicinas en la red de hospitales estatales.

Sin embargo, para Cristina Murgueitio, directora de la Asociación de Productores e Importadores de Insumos Médicos, ASEDIM, el proyecto no supera las falencias de fondo que han denunciado en las compras por subasta inversa, vigente desde el 2016.

Todavía persisten los problemas de gestión y control de inventarios en las casas de salud del país. Sin un cambio real, dice Murgueitio, existe el peligro de que la historia se repita. Esto no resuelve “la corrupción ni la fuga de productos”, que quedaron al descubierto por la crisis sanitaria por la propagación del Covid-19.

Otra inquietud del sector privado es la decisión de incluir de un solo golpe el 100% de los medicamentos que compra el Estado en el sistema. Para Roberto Aspiauzu, director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuador, este es un grave error, por lo cual pidió que se aplique, en primera instancia, un proyecto piloto con un porcentaje reducido de fármacos.

Su pedido se sustenta en casos como el de Argentina, que tienen una ventaja de casi ocho años con este método y sin embargo aún no completan la totalidad de los medicamentos de la red pública.

Mario Ayala, presidente de la Asociación de Farmacéuticos Ecuatorianos, explicó que no es una buena estrategia incluir todos los medicamentos, porque hay varios productos que son baratos en el mercado, pero con el nuevo plan su costo se incrementará.

Por ejemplo, es contraproducente pedir al sector privado el uso de un código especial (bidemensional) en cada producto, con lo cual se puede hacer un rastreo del medicamento para saber dónde está y cómo fue usado. Según Murgueitio, esta idea implicaría un gasto de 150.000 dólares en cada línea de productos para el sector que está agobiado por la crisis económica y la falta de pagos desde el sector público.

Para la directiva, la solución no está en este código especial, porque los problemas son recurrentes en el sistema de salud. El sector privado -agregó- ha trabajado sin contratiempos con el código de barras vigente desde los noventas.

Los empresarios piden al gobierno que aplique el plan Medicamentos para Todos por etapas, con una debida evaluación. En la aplicación de estas etapas se debe cumplir con lo que ordena la ley, como los concursos solo con proveedores que tengan los certificados de la Agencia de Control Sanitario y las normas de buen embodegaje para garantizar el medicamento y la salud de los ecuatorianos.

Aspiazu dijo que mantienen conversaciones con el jefe de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, y con el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

“Te doy la mano, me das la mano”, le dice Bucaram a israelí que vendió pruebas rápidas

Código Vidrio accedió a dos audios de conversaciones telefónicas que el israelí Shy Dahan mantuvo con el ex presidente Abdalá Bucaram y “Jacobo” desde la Penitenciaría del Litoral. El extranjero fue asesinado ayer por otros presos cuando esperaba ser trasladado a Latacunga. En el primer diálogo se oye a Bucaram ofrecerle a Dahan controlar al tribunal que lo juzgaría, a través de una funcionaria de la Judicatura, en Santa Elena. Además le garantiza los servicios de un abogado, en el juicio que investiga negociados en la compra de insumos médicos en Guayaquil. En el segundo audio, Dahan menciona a “Jacobo” y reclama a su interlocutor porque no le llamó su abogado. Por su parte, Bucaram denunció que es una persecución del gobierno en su contra y de su familia, pues se busca impedir su particpación en las próximas elecciones. Además reconoció haber conversado con Dahan. 

Redacción Código Vidrio

La trama que envuelve al asesinato del israelí Shy Dahan -hallado sin vida este sábado en la penitenciaría de Guayaquil- toma un giro inesperado. El expresidente Abdalá Bucaram mantuvo una conversación telefónica con el detenido, a quien le ofreció que presionaría al tribunal, a través de sus contactos en la Judicatura de Santa Elena y que pondría a su disposición su abogado para tratar de liberarlo.

Según la grabación, le aseguró que apoyaría su defensa. “Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar de matarme”, se escucha decir al extranjero, detenido a inicios de junio, por supuestas irregularidades en compras de insumos de salud, que involucran a Jacobo Bucaram, hijo del exmandatario.

En otra conversación se escucha molesto al extranjero reclamar a “Jacobo” porque no recibió la visita del abogado que le había ofrecido. Su interlocutor, “Jacobo” le responde: “ya está arreglado el proceso abreviado”. Las autoridades investigan si se trata del hijo del ex mandatario.

Jacobo Bucaram tiene una orden de captura en su contra, por presuntos negociados en la venta de insumos médicos a la red de salud pública del país, y por el transporte de piezas del patrimonio histórico.


AUDIO COMPLETO DE LA CONVERSACIÓN ENTRE EL EX PRESIDENTE Y DAHAN


Código Vidrio accedió a los audios de la conversación telefónica que mantuvo el expresidente Bucaram y “Jacobo”, en distintos momentos, con Dahan en la Penitenciaría.

Dahan fue asesinado este sábado 7 de agosto en la celda 20 en la Penitenciaría del Litoral. El extranjero junto a otro israelí vinculado en el mismo caso, Oren Sheinman, iban a ser trasladados a la cárcel de Latacunga.

Dahan fue detenido en junio pasado en Santa Elena cuando se descubrió que trataba de vender insumos médicos y se hacía pasar como agente del DEA. Luego de unas semanas en prisión el israelí, a través de su abogado, anunció que estaba dispuesto a cooperar con la justicia y sostuvo que realizó un supuesto negocio de pruebas Covid con Jacobo Bucaram por 321.000 dólares. Los dos detenidos coincidieron en que recibieron el dinero de manos del hijo del ex presidente, cuyo domicilio visitaron en la Kennedy Norte.

Héctor Vanegas, abogado de Sheinman, dijo que “hay una mafia que está dispuesta a todo para que su accionar quede impune”.

Luego de que el caso estalló, Bucaram, quien también está procesado y es monitoreado con un brazalete electrónico, denunció que las acusaciones en este caso son una persecución política del gobierno, que trata de impedir su participación en las elecciones presidenciales del 2021. Ofreció difundir su versión completa esta noche, pero anticipó en su cuenta en Twitter que “están matando gente para acusar a mi familia”. “Matan a un pobre chico israelita y quieren obligar al otro a hablar contra Bucaram, y sino lo matan también, quisieron matar a mi abogado”.

En el primer audio, que dura algo más de siete minutos, el ex jefe de Estado le promete a Dahan que le ayudará con su defensa. “Para el día lunes voy a tratar que entre el abogado Walter Vallejo para que sea tu abogado”.

En la conversación, el extranjero se mostraba desconfiado y nervioso.

-“Voy a tratar de que hoy esa persona se presente. Me extraña lo que ha pasado. Las personas que tenían que saludarte, no te saludaron”, le dice Bucaram a Dahan, quien le reclamaba que nadie le había contactado. Segundos después le pide al ex presidente su palabra de que nadie atentaría contra su vida.

-“Sí, ya hablamos lo de la palabra, yo mantengo mi palabra de que en el tribunal te saco”, responde Bucaram.

“¿Y cómo puedo sacar a mi hijo sin sacarte a ti”, dice dos veces Bucaram, ante la desconfianza de Dahan frente a sus ofrecimientos.

-“Entiende, tú eres inteligente. Tú me das la mano, yo te doy la mano”.

Además, le asegura que podía ayudarlo a salir de prisión, luego de que se realizara la audiencia de juzgamiento que se suspendió el pasado 31 de julio.

-“Yo mantengo mi palabra, que en el tribunal te saco”, le promete a continuación al extranjero. Y afirma que tiene cómo hacerlo desde el Consejo de la Judicatura. En ese instante le pide a otra persona que está a su lado, a quien identifica como su abogado, que le explique cómo será su proceso judicial.

Entonces el abogado le detalla que el juez no dio paso a la nulidad de su proceso penal, pero que la audiencia se aplazó para otra fecha. Bucaram interviene y asegura que cuando el caso llegue al Tribunal Penal en Guayaquil lo liberarán de sus cargos: “En ese tribunal es donde nosostros podemos actuar”.

Para darle más confianza, le hace escuchar el audio de una mujer que le cuenta el resultado de la diligencia judicial:

-“Sí, buenos días. Se resolvió que no hay ninguna nulidad. Y de ahí se suspendió, entonces me acaba de llamar para decirme que pilas con eso de ahí”.

Dahan pregunta quién es la mujer y el abogado responde:

-“Ella es nuestra persona en el Consejo de la Judicatura, de Santa Elena».

Y Bucaram agrega:

-“El Consejo de la Judicatura manda a los jueces, lograron evitar que se dé la nulidad. El que quería la nulidad es Vanegas”.

La conversación termina con unas palabras amigables para el extranjero.

 “Jacobo” entra en escena

En otro audio al que accedimos se recoge otra llamada donde participa Jacobo Bucaram. «Jacobo yo no soy mentiroso. Nadie llegó, nadie habló», dice el extranjero.

El diálogo dura apenas 48 segundos y “Jacobo”, quien al parecer es el hijo mayor del ex Mandatario, le dice “el abreviado está arreglado”.

El abreviado es una figura de beneficio judicial al que se puede acoger un implicado si acepta su responsabilidad para colaborar con la justicia. A cambio recibe un juicio rápido y una sentencia más corta.

El extranjero no escucha claramente lo que dice Bucaram. Y le reclama molesto que no había sido contactado antes por ningún abogado ni otras personas.

La madrugada del sábado 8 de agosto, Dahan fue encontrado muerto en su celda.

El día anterior se realizó el peritaje al contenido de su teléfono celular y el de su compatriota también detenido y que fue herido en el atentado criminal. Su abogado pidió esa diligencia.

Hanrine contrata a Kroll para investigar supuesta campaña de desprestigio

El gerente de la empresa minera, que tiene seis concesiones en Imbabura, Carlos de Miguel, es investigado por supuesto tráfico ilegal de armas. Como respuesta demandó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, una jueza, un fiscal y siete policías. Hace dos semanas en su domicilio se incautaron cuatro armas de fuego y 9.500 municiones. El último capítulo de esta trama es la contratación de la firma internacional Kroll, que investiga una supuesta campaña de desprestigio.   

Redacción Código Vidrio

La empresa minera Hanrine escala su ofensiva. Contrató a una empresa internacional para que investigue a dos funcionarios (a los que no identificó) por una supuesta persecución.

En un comunicado, la compañía, que tiene seis concesiones mineras en Imbabura, aseguró que hay una “campaña en su contra para desprestigiarla”.

Hanrine anunció que contrató a Kroll, una compañía internacional especializada en investigaciones de “cuello blanco” y que ha operado en 25 países. Incluso, en el 2017 el gobierno de Lenin Moreno confió en esta empresa para seguir el rastro de funcionarios del régimen de Rafael Correa.

Hace dos semanas, el 26 de julio, el gerente de Hanrine, Carlos de Miguel, fue detenido en su domicilio en Puembo, en un allanamiento policial. En el operativo, ordenado por un juez, uniformados de la Policía Judicial, junto con un fiscal, encontraron dos armas de fuego cortas y dos armas largas, alimentadoras y 9.500 municiones.

Tras el operativo de Miguel fue detenido y al siguiente día participó en una audiencia de flagrancia. El juez dispuso su libertad y ordenó que se inicie una investigación previa por un supuesto tráfico ilegal de armas.

La ministra María Paula Romo, quien la víspera había informado sobre la captura, mostró su inconformidad por la decisión judicial y anunció que la investigación seguirá.

Las siguientes horas, de Miguel demandó a la Ministra, una jueza, un fiscal y siete policías por un supuesto fraude procesal. Considera que fue detenido ilegalmente, ya que tiene permisos otorgados por el Comando Conjunto de FF.AA. para tener las armas, que son de uso deportivo, aunque tres no han sido renovados y caducaron entre 2016 y 2017. Además indica que las armas fueron importadas legalmente de EE.UU., lo cual también fue autorizado por las autoridades correspondientes del .

La Fiscalía abrió formalmente una indagación sobre este caso este lunes 10 de agosto.

“Daremos la respuesta que a otros casos que es presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirija en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores», dijo Romo, tras conocer la denuncia”.

Carlos de Miguel, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y ecuatoriana, también es propietario de la empresa de seguridad Blue Cell. En 2012 fue contratada para dar seguridad a la embajada en Londres, luego de que el gobierno le concediera el asilo a Julian Assange. Brindó ese servicio hasta fines del 2014, cuando fue contratada UC Global.

De Miguel dijo que agotará todos los recursos legales para defender su honra y la de su empresa, propiedad de la transnacional minera Hancock, cuyo prestigio “se busca menoscabar”, en medio de supuestas disputas por concesiones mineras que están en juego.

Constructora china vendió insumos médicos; pruebas rápidas proliferan como golosinas

Los últimos cinco años, 433 proveedores de productos médicos que no tienen permisos de operación ni almacenamiento de la Arcsa ganaron contratos públicos por 491 millones de dólares. Entre las compañías que recibieron los convenios más cuantiosos está China Railway First Group Co. LTD, que construye carreteras, puentes y hospitales. Obtuvo 7 millones por la venta de insumos de salud y fue parte del consorcio que edificó el hospital del IESS en el sur de Quito, por $206 millones. Mientras tanto, la venta de pruebas rápidas se expande sin control, ante la falta de controles, causando la proliferación del virus por falsos negativos. Estos tests no sirven para diagnosticar el coronavirus, según alertó la OMS en abril, pero ese mes la autoridad sanitaria importó cientos de miles. Sin embargo, incluso se venden por redes sociales, y los empleadores las piden como requisito para volver al trabajo.

Redacción Código Vidrio

La corrupción y los negociados millonarios en las compras públicas de salud tienen un patrón recurrente: la adjudicación a proveedores que no tienen permisos para comercializar insumos médicos y que se dedican a actividades totalmente distintas a las de salud.

Los últimos cinco años, 433 proveedores que no tenían permisos de funcionamiento ni almacenamiento ganaron contratos por 491 millones de dólares, según información que recabamos en el Servicio de Compras Públicas (Sercop).

Esos proveedores participaron y ganaron en 54.574 procedimientos de compras. El monto mayor, 315 millones de dólares, se adjudicó a través de subastas inversas, es decir un concurso entre varios oferentes, donde se han presentado casos recurrentes de supuesta corrupción.

Esos vendedores no tienen una licencia de establecimiento farmacéutico ni certificado de buenas prácticas de almacenamiento, distibución y transporte, requisitos obligatorios para contratar con el estado.

Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), confirma que ninguno de los 491 proveedores de dispositivos médicos (de un total de 898 adjudicados), tiene el permiso de funcionamiento expedido de establecimiento farmacéutico de la Agencia de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Ese requisito está establecido en la Ley de Salud, pero no ha sido exigido ni verificado por las autoridades de control, en la última década.

Tampoco el Sercop ni Arcsa han relizado un control sistemático sobre esos proveedores, que en realidad importan más del 95% de insumos. “Entre los organismos de control no hay coordinación para atacar e impedir esas prácticas ilegales”, subraya Murgueitio.

En los casos denunciados, la cadena de irregularidades empieza con la entrega del Registro Único de Proveedores en el Sercop. Para extender el documento, que habilita a cualquier persona o empresa a participar en las compras públicas, el Servicio de Contratación solo les exigió a los proveedores la cédula de indentidad, sin una verificación del cumplimiento de otros requisitos exigidos por Arcsa.

En julio del año pasado, la Asedim entregó el listado con los vendedores de insumos que no tienen permisos a la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño. No obstante, Andramuño ni otras autoridades a las que han enviado comunicaciones respondieron a sus pedidos ni han hecho correctivos.


Adjudicaciones a proveedores sin permisos de Arcsa

 

Pedimos una entrevista a Andramuño, pero no contestó a nuestra solicitud.

En entrevista con Código Vidrio, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que precisamente ante la serie de irregularidades y negociados denunciados en las compras de salud, tras su llegada a esa cartera, a fines de marzo, decidió eliminar las compras por emergencia y pasar al régimen común de contratación. En este esquema se efetúan concursos abiertos para la puja de varias empresas y se siguen todos los pasos que exige la Ley. Desde el 18 de mayo, inclusive, un equipo de la Contraloría acompaña al personal de Salud en los procesos de contratación, recalcó Zevallos.

Ante la insistencia de Asedim, el 7 de febrero pasado la entonces directora del Sercop, Silvana Vallejo, envió un comunicado a los responsables de compras públicas y de las entidades contratantes para exigir el cumplimiento de las normas, pero las irregularidades persisten, según pudimos constatar.

Constructora china de carreteras vende insumos médicos

Entre las compañías que recibieron los contratos más cuantiosos está China Railway First Group Co. LTD, sucursal de la mega empresa estatal China  Railway Engineering Corporation, cuya línea de actividad incluye la construcción de ferrocarriles, carreteras, puentes, túneles, vías urbanas, obras municipales y construcción de viviendas.

China Railway First Group fue constituida como empresa en abril del 2014. Aunque su razón social es la construcción de carreteras, tendido de tuberías y la contratación de estudios de topografía, es la firma que obtuvo más ingresos entre los 433 proveedores observados sin permisos.

Entre 2016 y 2017, ganó más de 7 millones de dólares por la venta de insumos médicos a entidades públicas de salud. Le siguen Ortopedia Médica Ormedic CIA. (4,5 millones). Gammaic (4,3 millones), Andinamedical (3,9 millones) y Optimedic (3,6 millones).


Página oficial de la empresa estatal china en Internet


La compañía tuvo en 2018 un patrimonio de 862 mil dólares. Al revisar sus registros en la página de la Superintendencia de Compañías constatamos que no tiene accionistas, tampoco un presidente ni gerente. Solo aparece como apoderado Xiaokang Jiao, quien es su representante legal.

Llamamos a los números de la compañía, que tiene un capital de 30 mil dólares, en Quito y enviamos un correo electrónico a sus representantes para conocer los detalles del contrato, pero no nos han repondido.

En el anterior gobierno, China Railway First Group formó el consorcio NHQ, junto a la constructora ecuatoriana Semaica y el Grupo Puentes, de España. El consorcio construyó y equipó el hospital IESS Quito Sur. El contrato fue de 206 millones de dólares. De ese valor, aproximadamente 40 millones corresponden a equipamiento, cubierto con financiamiento (deuda).


 


El hospital del IESS tiene 83 mil metros de construcción, incluye cinco torres de diez pisos cada una; siete en altura y tres en subterráneos. La obra fue contratada en la administración de Richard Espinosa Guzmán, cuando presidía el Consejo Directivo del IESS.

Inmobiliarias, empresas aéreas, papelerías entran en el negocio

Este portal revisó los contratos entregados a 20 proveedores con mayor monto adjudicado, entre 2019 y 2020. Estos registran 1.930 procedimientos de contratación pública, adjudicados por $ 39,8 millones.

De los 20 proveedores principales, 8 no operan como establecimientos o distribuidores de salud. Esa no es su razón social. Se dedican a otras actividades económicas: son empresas inmobiliarias, de construcción, transporte aéreo e industriales.

Uno de los proveedores que recibió las mayores adjudicaciones es BKB Maquinaria Industrial, con RUC 1791254511001. Ganó $4,5 millones por venta de productos médicos, aunque se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de maquinaria industrial, como tornos, mortajadoras, fresadoras, sierras y cintas para sierras.

Otro contratista que tiene inconsistencias en su historial es Carlos Alberto Figallo Segovia (RUC 0913265526001). Como persona natural declara como actividad económica la venta al por mayor de materiales de papelería.

Sin embargo, en 2018, Figallo firmó un contrato con el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta para vender dispositivos médicos. MONTO

Luego volvió a participar en compras públicas, en febrero de este año, pero no como persona natural, sino como presidente de Corporation Premier Global, Premiglob, una empresa dedicada a la venta, exportación y construcción de implementos de vivienda.

A inicios de este año, el Hospital Provincial Doctor Verdi Cevallos, de Portoviejo, adjudicó contratos a la corporación de Figallo, para adquirir reactivos e insumos para laboratorio. En total ganó contratos por $2,2 millones.

La empresa Diguercorp (RUC 0992708360001) ocupa el segundo lugar en la lista de los 20 proveedores con mayores montos adjudicados. Se ubica también entre los proveedores que realizan actividades ajenas a salud. Pese a que sus principales actividades son la compraventa y arriendo de bienes inmuebles, participó y ganó 11 contratos durante un año por $ 3.2 millones.

José Jalil & Hijos representaciones y Comercio ganó 56 procesos de contratación en salud por más de $2 millones. Sin embargo, su razón social corresponde a la representación de personas naturales o jurídicas, en gestión o administración de negocios y gerencia de proyectos de cualquier índole.

La firma Ceroriesgo se dedica a actividades inmobiliarias y es presidida por Stalin Apolinario Delgado, quien también consta como persona natural contratada por el estado (con RUC 0918760141001). Su razón social  es la venta de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. La empresa y Apolinario ganaron 15 contratos por más de 3 millones, durante la emergencia por el Covid-19.

La venta de insumos también fue lucrativa para la empresa aérea Aeromaster Airways: obtuvo 9 contratos por $1,5 millones para proveer productos médicos. Su actividad son los vuelos panorámicos y turísticos, incluyendo actividades generales de aviación.

Otro proveedor de salud es Víctor Hugo Tello, quien usualmente se dedica a la fabricación de todo tipo de muebles. Recibió más de 900 contratos por más de un millón de dólares, por la venta de insumos médicos.

Según el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud, “los establecimientos farmacéuticos autorizados para realizar promoción médica, importación y venta al por mayor a terceros de los productos elaborados por sus representados, deben cumplir con buenas prácticas de almacenamiento y distribución determinadas por la autoridad sanitaria nacional. Requieren para su funcionamiento de la dirección técnica responsable de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico”. Ninguno de los proveedores analizados cumple estos requisitos.

Pruebas rápidas COVID-19:  negocio para unos, engaño para otros

A inicios de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuestionó la efectividad de las pruebas rápidas Covid-19. Aseguró que podrían “categorizar falsamente” a personas que padecen la enfermedad. Pese a la alerta, el sistema de salud pública y el privado importaron estos insumos sin control. Hasta fines de julio de 2020, 53 entidades públicas mantenían contratos de compras de tests rápidos.

En total se adquirieron 531.644 tests a escala nacional. De ese número, la mayoría, un 82%, pertenece a la matriz del Ministerio de Salud, es decir, 440.800. Otros compradores de pruebas rápidas fueron hospitales y centros de la salud de la red pública nacional; la prefecturas de Guayas, Manabí y Pichincha; 30 municipios y el cuerpo de bomberos del cantón Samborondón.

El Ministerio de Salud apostó por la compra de un millón de pruebas rápidas. El Gobierno anunció que sería una medida para paliar la crisis sanitaria.

El proceso para esta adquisición se inició el 20 de abril, a pesar de que ya se conocía la alerta de la OMS. Los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) dan cuenta que el contrato se adjudicó a la empresa MV Asociados. Del millón de exámenes finalmente llegaron al país 430.000, cantidad con la que se finalizó el contrato por acuerdo mutuo con su arribo el 16 de mayo. Adicionalmente, se ingresaron 10.800 test más con la empresa Dimprokel S.A. En total se compraron 440.800 pruebas.  A partir de entonces, el Gobierno pausó la ejecución de este tipo exámenes.

A fines de abril, el Ministerio de Salud difundió por primera ocasión las estadísticas de pruebas rápidas y las pruebas de diagnóstico molecular, PCR. Éstas últimas son las recomendadas para diagnosticar el coronavirus. Por esas fechas, las autoridades informaron que se practicaron 31.134 pruebas PCR (16.130 descartados y 15.004 descartados); mientras que se registraron 17.158 pruebas rápidas (8.922 con sus resultados fueron negativos y 8.236 con diagnóstico positivo).

Cuatro meses después, el conteo de pruebas rápidas subió a 20.572; mientras que las PCR llegaron a 184.045, entre negativos y positivos.

La OMS establece que “deben validarse en las poblaciones y entornos apropiados”. Incluso menciona que las “pruebas inadecuadas pueden pasar por alto a los pacientes con infección activa o categorizar falsamente a los pacientes con la enfermedad cuando no la tienen, lo que dificulta aún más los esfuerzos de control de la enfermedad”.

El principal problema de las pruebas rápidas es que no tienen la sensibilidad para  discernir la producción de anticuerpos, que varía según la edad, peso y sistema inmunológico de cada persona y que cambia durante los 13 días de contagio. A esto se refiere la OMS con “pruebas inadecuadas”, porque una persona puede tener el virus, pero si no ha transcurrido el período mínimo para generar sustancias detectables, como anticuerpos, la prueba resulta en un falso negativo para el paciente.

El Ministerio de Salud emitió un protocolo para la realización de estas pruebas. En ese documento se especifica que se deben practicar en pacientes que acudan al servicio de emergencia o ingresen con más de cinco días de evolución de la enfermedad y que se encuentren dentro de los 10 días posteriores al contacto de sospecha.

Adicionalmente como un mecanismo de seguimiento de la “respuesta inmune en pacientes infectados con o sin síntomas”. También para investigación epidemiológica y clínica. Finalmente, para inferir “seroprevalencia en una localidad o población determinada”. En ese protocolo se específica que deben realizarse en profesionales de primera línea (sanitario, fuerza pública y otros altamente expuestos), “lo que ayudaría a identificar a aquellos que han creado inmunidad y puedan volver al trabajo minimizando el riesgo de propagación del virus a colegas y demás población”.

Baratillo de pruebas rápidas

La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) alertó desde marzo la necesidad de regular la importación y venta de pruebas para Covid-19. Sus temores tenían sustento, porque pocos días después se desencadenó un baratillo de esos exámenes en las redes sociales.

En abril, el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos aseguró que la importación y comercialización de las pruebas se sometería a un reglamento. Esta norma permitía para entonces la venta de 25 marcas, las cuales pasaron una selección. Por ejemplo, se analizaron los valores de sensibilidad y especificidad de las pruebas y, además, las  certificaciones o aval de instituciones de control sanitario de Estados Unidos, China o de la Unión Europea.

Sin embargo, los controles para frenar la venta informal fueron insuficientes. A inicios de junio, en el sector del Bicentenario, en el norte de Quito, la Policía allanó una imprenta donde se adulteraban las fechas y otras indicaciones de las pruebas. En ese operativo se incautaron 17.000 tests que habían llegado desde China.

La incautación se cumplió luego de una denuncia de los perjudicados que compraron esas pruebas y se percataron que el empaque original fue modificado. Ese mismo mes, la Policía en Santa Elena arrestó a dos extranjeros que se hacían pasar por agentes de la DEA estadounidense, pero que estaban vinculados a la venta irregular de pruebas rápidas de Covid-19.

Ambos declararon a la Fiscalía que no son los únicos involucrados en este negocio, sino que la cola llega hasta Jacobo Bucaram, hijo del ex presidente Abdalá Bucaram.

En el intento de frenar esta comercialización irregular, la Agencia de Control Sanitario extendió el número de pruebas que pueden ser vendidas y de las personas o empresas que pueden importar esos productos. Su último listado es del 12 de junio y se registraron 83 permisos para marcas estadounidenses, europeas; pero especialmente, de fabricación china.

El Arcsa sostuvo que este permiso es temporal. Además, prohibió la llegada al país y venta de seis marcas. La lista de pruebas certificadas por el Arcsa se puede encontrar en este link https://www.controlsanitario.gob.ec/nuevos-registros-sanitarios-arcsa/

El ministro Zevallos confesó en la Asamblea el jueves último la dificultad de seguir la pista de las pruebas rápidas que se comercializaron en el país. “Las pruebas rápidas que valoran anticuerpos no son recomendadas para la detección del virus, las únicas son las PCR”.

Sin embargo, por desconocimiento, muchos empleadores del sector privado aún exigen a sus colaboradores realizarse tests rápidos (que son hasta 10 veces más baratos que un test molecular o PCR), como requisito para reincorporarse a su jornada laboral. Las pruebas se compran en línea, a través de redes sociales. Los resultados negativos causan que personas infectadas por coronavirus, en fases tempranas del contagio, sigan diseminando la enfermedad. Muchos comerciantes se han enriquecido con la venta de estos insumos; mientras suben los contagios, a causa de diagnósticos engañosos.

El plan ruso para reclamar a Romero fracasó

Tres jueces de la Corte Nacional condenaron hoy 15 de agosto a nueve años de cárcel al ex jefe de la Senain, Pablo Romero Quezada, por el secuestro del activista Fernando Balda. Romero fue extraditado al país desde España en febrero pasado.  Precisamente, el 19 de febrero la Audiencia Nacional de España dejó registrado en una providencia judicial, a la que Código Vidrio tuvo acceso, que las autoridades rusas también reclamaban a Romero. Los jueces conocieron el pedido una vez que ya se había aprobado su extradición a Ecuador, que se concretó dos días después. La policía conocía que tras enterarse sobre la inminencia de su repatriación Romero intentaba fugarse hacia Marruecos, para luego pedir asilo en un tercer país, con el apoyo directo del ex presidente Rafael Correa. Entre los posibles destinos estaban Bélgica, Venezuela y Rusia. Correa desmintió su participación en el plan.

Redacción Código Vidrio  

Mientras el gobierno ecuatoriano ultimaba los detalles para traer desde España al exjefe de Inteligencia, Pablo Romero Quezada, un jugador inesperado apareció en escena.

La huella de ese jugador está en el proceso de extradición que Ecuador tramitaba en España desde el 2018 para traer a Romero, quien enfrenta dos juicios: uno por el secuestro del político Fernando Balda y otro por un supuesto peculado en el manejo de fondos especiales.

Precisamente, este 14 de agosto, los  jueces de la Corte Nacional de Justicia Iván León, David Jacho y Dilza Muñoz resolvieron que el ex Secretario de Inteligencia cumpla una condena de nueve años de prisión por el secuestro de Balda.

Su decisión se basó en los testimonios de los ex agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón, quienes secuestraron al activista político en Bogotá el 2012. También fue decisiva la versión del ex comandante de la Policía, Fausto Tamayo, y de los peritos que hicieron los verificaciones de las grabaciones entre Romero y Chicaiza, como de la experta en seguridad María Fernanda Noboa.

En su resolución, los magistrados también ordenaron a Romero que coloque una placa en las instalaciones de la Secretaría de Inteligencia, que diga: “El sistema de Inteligencia y Contrainteligencia del país jamás puede estar destinado a perseguir ciudadanos sino a protegerlos”.

Romero aún puede apelar esta resolución, antes de que entre en vigencia. En el caso del ex presidente Correa su enjuiciamiento en este caso seguirá en proceso hasta que se entregue a las autoridades o sea detenido. El ex mandatario está prófugo en Bélgica, y también fue sentenciado en el caso Sobornos, a 9 años de prisión.

Romero fue secretario de la Senain, la temida entidad de espionaje, entre 2012 y 2014. Antes de llegar a esa Secretaría, presidió el Fideicomiso Baba, que coordinó la construcción del proyecto multipropósito Baba, a cargo de Odebrecht. El entonces presidente Correa lo nombró en ese cargo, desde el cual, al parecer, se establecieron los primeros nexos con ejecutivos de esa firma brasileña, que recibió obras a dedo por el pago de millonarios sobornos.

En estos días se espera que la Corte Nacional emita su sentencia contra Romero, quien guarda prisión en la cárcel de El Inca, al norte de Quito.

En Madrid, Romero fue capturado la madrugada del 19 de febrero pasado por la Policía española, por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una vez que se había aceptado su extradición dos semanas antes.

Pablo Iglesias, hoy vicepresidente del gobierno español, trabajó en el régimen de Rafael Correa, a través de la fundación Ceps, junto a otros españoles que se afincaron en la Cancillería, con Ricardo Patiño.

Pese a que Romero era requerido por la justicia ecuatoriana desde 2018, su expulsión no había prosperado: estaba bloqueada por las acciones sistemáticas que realizaron sus abogados Enrique Santiago y Juan Moreno Redondo, ambos militantes de los partidos Izquierda Unida (IU) y Podemos, que cogobiernan en España con el Partido Socialista PSOSE.

Esas acciones no eran fortuitas. Fueron acordadas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español, con su amigo, el ex presidente Correa, desde junio de 2019, según denunció la prensa española. Iglesias trabajó para el gobierno de Correa como consultor político y mediático, al igual que para Hugo Chávez en Venezuela.

El plan inicial era impedir a toda costa la extradición y conseguir el asilo de Romero en España.

En esos días, Correa también se reunió con Romero, en un hotel de Madrid durante dos horas. En la cita, según fuentes de su entorno cercano, el ex mandatario se comprometió a apoyar a Romero, con quien mantenía contacto un año antes, a través de Julia Angulo, edil de Alicante, entonces militante de la revolución ciudadana desde 2012.

El ex mandatario también había conversado con el abogado Enrique Santiago esos días y había enviado un emisario que se reunió con integrantes de IU y Podemos, para llegar a otros acuerdos sobre temas de seguridad. 


Providencia en la que se detalla que Romero es reclamado por autoridades rusas

 

Dos meses después de esas citas, en agosto de 2019, la justicia española negó el pedido de asilo de Romero, quien no pudo probar que era un perseguido político. Según los jueces, habían suficientes evidencias de su participación en el secuestro de Balda, juicio en el “que podía defenderse con todos los medios legales que le brinda el Estado del que es nacional”.

Entonces se puso en marcha el plan B, que también habría sido coordinado por Correa por sus contactos con el gobierno venezolano, específicamente con la canciller Delcy Rodríguez, y Podemos. El objetivo era que Romero se dirigiera a la embajada venezolana en Madrid, donde se le entregaría documentación necesaria para dejar el país y desplazarse hasta Bruselas, Bélgica, donde reside Correa.

Una fuente que estuvo al tanto de la operación contó que otra ecuatoriana, enviada en avanzada por Romero, ingresó a la sede diplomática y conversó con el embajador, Mario Isea, quien estaba muy nervioso, pues sospechaba que la Policía los estaba siguiendo.

Luego de que Pablo Romero fue detenido por primera vez en España, en junio de 2018, personajes afines al correíso, como Amauri Chamorro, empezaron una campaña para denunciar que era un perseguido político, siguiendo la línea trazada por el ex presidente.

Entonces, los agentes de la División de Cooperación Internacional alertaron a la Fiscalía que Romero Quezada intentaba llegar la embajada venezolana en Madrid, pues necesitaba papeles para moverse en el extranjero o pedir el asilo.

Al verse expuesto, Romero desistió de ir a la embajada. Ls siguientes días se reunió con Santiago, quien había sido elegido diputado por IU. Le dijo que no tenía de que preocuparse, pues todavía había posibilidad de insistir con el asilo.

En enero del 2020, IU y Podemos llegaron al poder en alianza con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que fue nombrado presidente e Iglesias vicepresidente.

Para entonces también había entrado en el juego José María Guijarro, Chema, ex asesor de Ricardo Patiño, quien ganó un escaño en el legislativo por Podemos. “Nos dio largas un año, no se quería involucrar”, contó una fuente del entorno bolivariano.

Confiado en el paraguas político de Unidas Podemos, Romero festejó su cumpleaños en un restaurante de Madrid, en noviembre.

Los servicios secretos españoles estaban al tanto de todos sus movimientos y planes, gracias a los seguimientos que realizaban por datos proporcionados por varios informantes. Una parte relevante de esa información también  era conocida por Inteligencia ecuatoriana, en especial por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y por el Ministerio de Gobierno.

Pablo Romero fue designado secretario de Inteligencia por Rafael Correa en agosto de 2012.

Así, en febrero pasado los planes de Romero y Correa fracasaron. Aunque sus pasos eran bien conocidos por los sistemas de espionaje de ambos países, otro factor fue determinante y se conjugó en su contra. Una vez en el poder, Pablo Iglesias y los integrantes de Podemos tomaron distancia y prefirieron mantenerse al margen; traicionó -según medios españoles- a Correa para evitar un desgaste político mayor, pues enfrentaba duras críticas por los pagos que habría recibido por consultorías en Venezuela, años antes.

El 4 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó la extradición de Romero y estrechó su vigilancia.

Y dos semanas después, la madrugada del 17 de febrero, Romero fue capturado en las afueras de la capital española por la Policía, que conoció un nuevo plan de fuga. En esta ocasión trataría nuevamente de cruzar a Marruecos, para desde ahí dirigirse a Bélgica o Venezuela, relató una fuente que estaba al tanto de sus movimientos.

El expresidente Correa dijo que la información relativa los supuestos contactos y acciones para impedir la extradición era falsa y sesgada, orquestada por VOX y Balda. «Resulta que Lenin sucumbió totalmente a la ultraderecha. La noticia es que dos representantes de Vox trabajan con Fernando Balda en la creación de denuncias falsas en Ecuador, con el patrocinio del Gobierno. Dios los cría y sus mañas les juntan», escribió en su cuenta en Twitter.

El plan de fuga y asilo

El servicio secreto español también conoció que otra alternativa era el escape de Romero hacia Rusia, donde pediría el asilo en calidad de perseguido político. La cercanía de Correa con el presidente Vladimir Putin garantizaría, al parecer, su protección.

En su gobierno, Correa estrechó relaciones con Putin a todo nivel, incluido el ámbito de Inteligencia. Precisamente, en abril de 2013, el embajador de Rusia en Quito, Yan A. Burliay, fue el puente para concretar una reunión del entonces secretario de Inteligencia, Pablo Romero, con el representante oficial del servicio Federal de Seguridad de Rusia, coronel Alexander Y. Kazalupov, y su adjunto, Igor N. Lebedev.

El encuentro se fijó para el 4 de abril, a las 10:00, y el tema central era la cooperación bilateral, según la carta remitida por el embajador a la que accedimos.

Seis meses después, Correa hizo una visita oficial a Rusia. En Moscú firmó acuerdos energéticos y de transporte con Putin.

Rusia se convirtió en un socio comercial estratégico, en medio del distanciamiento con Estados Unidos, desde 2009, cuando Correa estuvo por primera vez en ese país en una gira oficial en Moscú.

Otro punto de conexión con los rusos fue Julian Assange, quien mientras estuvo asilado en la embajada en Londres se reunió con hackers, espías y periodistas, operadores del Kremlin, según los informes de la empresa UC Global, encargada de la seguridad.

Assange trabajó en 2012 con el canal oficialista ruso RT, que hoy también emplea a Correa, que tiene un programa de entrevistas.

En diciembre de 2017 hubo un plan para que Assange pudiera salir de la embajada y dirigirse a Rusia, para lo cual había sido nombrado secretario de la embajada de Ecuador en Moscú, una vez que el gobierno le había concedido la nacionalidad ecuatoriana.

Rusia reclama a Romero

Con la captura, los planes de fuga fracasaron, pero los incidentes en medio de extradición continuaron. Al menos eso se desprende de la providencia expedida el 19 de febrero por los magistrados Félix Guevara, Carolina Rius Alarco y Carlos Fraile Coloma, de la Audiencia Nacional, a la que Código Vidrio tuvo acceso.

“Visto el contenido de la anterior diligencia y habiéndose puesto a ‘disposición de esta Sección Tercera el reclamado por las autoridades rusas, Pablo Humberto ROMERO QUEZADA, en «virtud de lo dispuesto en el auto de 18.02.2020, oficiese al Centro Penitenciario para ratificar dicha situacion según lo solicitado”.


ORGANIGRAMA DE LOS CASOS QUE INVOLUCRAN A ROMERO

“Asímismo, diríjase oficio a INTERPOL a efectos de que procedan a la entrega material del reclamado referido a las autoridades de la Republica del Ecuador, conforme a lo dispuesto en auto de fecha 14.01.2019 por esta Sala”.

“Déjense sin efecto las órdenes de busca y captura así como cualquier otra medida cautelar vigente que pudiese obstaculizar la entrega”.

Para conocer los motivos por los cuales Rusia reclamaba a Romero contactamos por vía telefónica a Andrey Shcedryn, agregado de prensa de la embajada de Rusia en Quito. El diplomático dijo que no tenía ninguna información sobre un pedido formal de las autoridades judiciales de su país para reclamar al ex jefe de la Senain.

También buscamos esclarecer las causas en España. Enviamos dos correos electrónicos y llamamos solicitando información a la Audiencia Nacional, pero no nos han respondido.

Stalin Oviedo, abogado de Romero, dijo que desconocía la solicitud de las autoridades rusas.

Fuentes del gobierno ecuatoriano comentaron que conocieron el documento donde se indica el reclamo de Rusia mientras sus representantes realizaban las gestiones para extraditarlo en Madrid. “Es un documento oficial y consta en el proceso”.

Tras percatarse del reclamo, los funcionarios ecuatorianos aceleraron las acciones para traer a Romero lo antes posible. Prefirieron no pedir ninguna aclaración o explicación a los jueces sobre la solicitud rusa, pues eso demoraría varias semanas la extradición.

A las pocas horas de recibir la notificiación de la captura, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se puso en contacto con la presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre, y con el entonces Canciller José Valencia.

Aguirre emitió la providencia pidiendo que se designara a los custodios de la oficina central de Interpol, para ejecutar de extradición activa.

Interpol Ecuador coordinó con su similar de España y con Cancillería para que emitiera el salvoconducto, documento necesario para el traslado de Romero.

El 20 de febrero, el coronel de la Policía, Holguer Cortez y el capitán Frank Ávalos recibieron la disposición de ejecutar la orden de extradición. Viajaron a Madrid y al siguiente día lo embarcaron en un vuelo que llegó a Quito. Los pasajes fueron pagados por Ecuador.

A inicios de marzo llegaron a Ecuador los euro diputados Hermann Tertsch y Víctor González, del partido derechista español Vox, quienes habían investigado los contactos de Correa y Romero. Junto a Fernando Balda hicieron públicos audios y chats que evidenciaban los planes para gestionar el asilo e impedir su extradición.


Carta enviada por el embajador ruso a Pablo Romero, en abril de 2013


 “Quería consultarte si ha habido algún contacto con el soviético porque si no ha habido, él no se ha comunicado conmigo”, se escucha en uno de los audios telefónicos de Romero, que recibía constantes mensajes de Correa. Entre otras cosas le pedía denunciar el caso en instancias y medios afines al correísmo.

En los audios se escucha constantemente sobre la puesta en marcha de las operaciones Salida y Pacífico, con el apoyo de políticos venezolanos.

Salud tardó tres meses en comprar insumos, pese a las alertas

Desde enero, en tres ocasiones, los importadores de implementos médicos de bioseguridad y farmacéuticos pidieron al Gobierno iniciar los procesos contractuales, para dotar de equipos de protección y pruebas para Covid-19 al personal de salud pública. Pero entre enero y marzo no hubo procesos de compras. En abril ya no había stock en las bodegas. Los médicos y enfemeras denuncian la falta de equipos de protección como la principal causa de contagios y muertes de sus colegas. Las autoridades dicen que la demanda mundial complicó las compras, en los tres primeros meses de la pandemia, pero que hoy hay suficiente stock.

Redacción Código Vidrio

Casi al mes de haberse decretado la emergencia por el coronavirus, en Ecuador todavía faltaban implementos de bioseguridad, especialmente para médicos y enfermeras.

Era el 14 de abril. La Dirección Nacional de Medicamentos solicitó un informe urgente a los encargados de la bodega central para confirmar la existencia de medicamentos y dispositivos para enfrentar la pandemia. La respuesta ese día, resumida en cuatro palabras: “No se cuenta con stock”.

Ese informe está registrado en el memorándum MSP-DNA-2020-0803 y fue el disparador para agilitar los procesos de compras en todo el sistema de salud, aunque bajo procesos más expeditos de contratación, por las recurrentes denuncias de negociados y corrupción desde que estalló la pandemia.

La falta de equipos de bioseguridad ha sido un reclamo recurrente del personal de salud en los hospitales, así como de los dirigentes gremiales que denuncian ésa como la principal causa de la muerte de 130 médicos.

Catalina Andramuño estuvo frente a Salud desde el 2019 hasta marzo pasado. Dejó el cargo denunciando la falta de recursos para enfrentar la pandemia.

Desde enero, en tres ocasiones, los productores e importadores de insumos médicos pidieron a las autoridades de Salud iniciar los procesos contractuales, para dotar de equipos de protección y pruebas para Covid-19. Las alertas no tuvieron respuesta.

A fines de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Panamericana de Salud, enviaron al país una alerta titulada “Urgente”, por la propagación del virus originado en China.

El 27 de enero, el comunicado llegó al despacho de la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño. El documento, en esencia, pedía que se preparen ante los contagios y sigan varias recomendaciones, como contar con insumos de protección.

Ese mismo día, el Ministerio envió el memorándum MPS-SNVSP-2020-00156 a todas las casas de salud con los lineamientos provisionales para frenar los contagios y atender a los pacientes. Aún no había infestados.

La Coordinación 8 del Ministerio, que abarca a Guayas, la provincia más azotada por la pandemia, hizo los primeros controles en la llegada internacional del Aeropuerto de Guayaquil. Cuatro trabajadores de Salud, vestidos de blanco y sin mascarillas, entregaban un tríptico de información y recomendaciones a los viajeros que arribaban.

Simultáneamente, la subsecretaria de Salud, Diana Molina, envió un comunicado a los distribuidores de insumos. Solicitaba que en 72 horas informaran la disponibilidad en inventario de 15 productos para enfrentar el virus. También debían especificar la posibilidad de fabricarlos y sus costos, según las cantidades requeridas.

Según ese documento, el Ministerio planeaba hacer una sola compra masiva de insumos. Pedía un estimado de 95 millones de pares de guantes de examinación y quirúrgicos;  8,8 millones de mascarillas quirúrgicas; 871.578 mascarillas N95; 2,3 millones de batas y 6.516 bolsas para cadáveres de adultos y niños.

Pero la respuesta de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) fue preocupante. Para entonces, solo contaban con el 10% de lo que pedía el Ministerio.


 


Por eso, en la comunicación los importadores solicitaron que agilitaran los procesos de contratación, tomando en cuenta el tiempo de los trámites burocráticos, pero sobre todo los plazos para importación de los productos, puesto que el 99% no se fabrica en el país.

El 6 de febrero el Ministerio de Salud comunicó a sus nueve direcciones zonales los lineamientos para la compra de productos y medicamentos para el Covid-19. Pero, en el portal de Servicio de Compras Públicas (Sercop), que revisamos, no existen registros de que se hicieran los procesos contractuales para adquirir esos insumos, ni en febrero ni en la primera quincena de marzo.

Cristina Murgueitio, directora de la Asedim, dijo que el Ministerio de Salud intentó hacer las adquisiciones, pero los procesos contractuales se cayeron porque los precios tomados como base, semanas antes, eran muy inferiores comparados con los que se ofertaban en el mercado.

Pese a no contar con suficientes insumos y medicinas en bodegas, la entonces ministra Andramuño estaba tranquila. El 29 de febrero, cuando se confirmó el caso cero en Guayaquil, dijo que “el Gobierno ha seguido todos los protocolos y ha tomado las medidas de prevención ante la emergencia”.

Un día después se hizo público un audio en redes en el que Andramuño aseguraba a otros funcionarios que tenían los hospitales, insumos y medicamentos listos para afrontar la pandemia.

Ese exceso de confianza caló en el Comité de Operaciones Emergentes (COE), que permitió que en Guayaquil se jugara el partido de fútbol Barcelona-Independiente del Valle, con más de 30.000 espectadores, el 4 de marzo. Hasta entonces, desde Salud se habían hecho dos talleres de socialización de escenarios del coronavirus en el país.

De la calma a la desesperación

En pocos días las autoridades de salud pasaron de la calma al desconcierto y a la desesperación.

Ante la falta de suficientes implementos de bioseguridad, el personal mñedico buscó sus propios insumos de protección como botellones plásticos.

Los productores e importadores de insumos escalaron su alerta y preocupación al presidente Lenin Moreno y otros funcionarios de su círculo cercano, advirtiéndoles que las compras no se habían concretado.

En la carta que llegó a Carondelet el 10 de marzo la Asedim exhortaba al mandatario a tomar una decisión urgente para abastecer a los hospitales y adquirir pruebas.

“Es imperiosa la necesidad de que las entidades de las RIPS (Red de Instituciones Públicas de Salud) asignen los recursos económicos necesarios y realizar los procesos de compra con la premura que el caso amerita, para que el país se abastezca y pueda enfrentar la situación”.

Incluso, advertían que así se declarase la emergencia la llegada de los implementos tardaría de 30 a 45 días, pues estaban en lista de espera para las importaciones, disputando las compras con otros países que también buscaban desesperadamente los productos.

Para ese día, el Ministerio certificó el contagio de 17 personas, aunque los especialistas y académicos alertaban de cientos de infectados y de un ocultamiento de información.

Andramuño cierra centros de salud

El 12 de marzo, la ministra Andramuño declaró la emergencia sanitaria y con eso dio luz verde a las compras de emergencia (a dedo), de forma discrecional de cada autoridad en los centros de salud.

Además tomó otra polémica decisión, al margen de la estrategia institucional. Cerró 21 centros médicos de primer nivel, dejando solo cinco operativos en Guayaquil, según Rafael Tamayo, coordinador del Ministerio.

Así, los pacientes de los barrios más populosos de Guayaquil con síntomas de Covid-19 se volcaron a los grandes hospitales de especialidades Monte Sinaín y Guasmo Sur. Este fue uno de los motivos del colapso de la atención, pues las unidades de los barrios cumplen un papel crucial para evitar congestionar los hospitales, son una contención de primer nivel.


En la red de salud pública trabajan 46 mil personas, incluidos los servicios de Fuerzas Armadas y Policía. 9.676 son médicos generales, especialistas y rurales


Esa semana fue especialmente crítica. En pocos días el gobierno confirmó que unas 600 personas estaban contagiadas en 16 provincias, más de 400 solo en Guayaquil. 2.000 personas eran sospechosas de haberse infectado.

Los hospitales, morgues y funerarias empezaron a colapsar.

Decenas de personas que no podían ser atendidas morían en sus casas y sus cadáveres no podían ser recogidos por personal de salud. Guayaquil salió de todo control.

Las protestas de médicos y enfermeras exigiendo la dotación de insumos de protección han sido constantes en varias provincias.

La mayoría de las entidades públicas, incluidos los hospitales, emitió sus resoluciones de emergencia el 16 de marzo. Ese día, el presidente  Moreno declaró el estado de excepción por calamidad pública.

Desde ese momento, autoridades de unas 1.000 entidades entraron en apuros, incluidos hospitales, ministerios, juntas parroquiales, cuerpos de bomberos, municipios y prefecturas.

El 18 de marzo, los distribuidores e importadores de dispositivos médicos hicieron su tercera alerta y la dirigieron al COE. “Urgimos a las autoridades establecer sus necesidades y comprar los antes posible para asegurar el abastecimiento a la red de salud”.

También advertían el peligro de firmar contratos al apuro, a dedo, que podían abrir las puertas a sobreprecios y negociados, con proveedores únicos sin permisos.

Andramuño se va y denuncia que no recibió recursos

Temprano en la mañana, el sábado 21 de marzo, Andramuño apareció en su primera y última rueda de prensa por vía telemática. Anunció que dos días después llegarían al país dos millones de pruebas PCR y que el IESS empezaría a aplicarlas a los afiliados.

A las pocas horas, Andramuño renunció. Al anunciar su salida dijo que se iba por la complicación para enfrentar la emergencia sanitaria sin recursos. «El Ministerio de Salud viene preparándose desde diciembre del 2019 para esta crisis, sin embargo enfrentar una emergencia sin recursos es complicado”.

El ministro Juan Carlos Zevallos inició su gestión en marzo, tras la renuncia de Catalina Andramuño, en la etapa más crítica de la pandemia.

Y como prueba se refirió al oficio MSP-CGAF-2020-0193-M, suscrito por Miguel Guevara, coordinador Financiero de Salud. Certificaba que hasta ese momento no habían recibido ninguna asignación presupuestaria para el manejo de la emergencia.

En el Ministerio la reemplazó Juan Carlos Zevallos, quien anunció que contaban con un presupuesto inicial de $120 millones para atender la emergencia y comprar el material necesario de protección.

Contactamos a Andramuño y le enviamos un cuestionario que se negó a responder, indicando que estaba enferma.

Entrevistado por Código Vidrio, el ministro Zevallos confirmó que entre enero y marzo el Ministerio no inició ningún proceso de compra de insumos médicos o pruebas diagnósticas.

Dijo desconocer en qué se basó su antecesora para afirmar que habían adquirido 2 millones de pruebas. “Durante la emergencia hemos hecho tres convocatorias: el 21 de marzo, el 16 abril y el 22 de mayo para compra de insumos, y actualmente estamos abastecidos, tenemos stock para dos semanas en promedio”.

El 30 de marzo, Zevallos envió un informe al personal de salud con las recomendaciones de la OMS para la protección de médicos, enfermeras y auxiliares. En ese documento se indica que por cada paciente el equipo debería tener 25 batas; 25 mascarillas quirúrgicas; una mascarilla N95; 50 guantes y un protector facial.

Mensualmente se requieren 936 mil mascarillas para el personal en hospitales y centros públicos. Un promedio de una mascarilla diaria. Sin embargo, hay médicos en áreas críticas de mayor exposición que usan hasta tres mascarillas diarias.

Entre marzo y abril se entregaba a cada trabajador de salud tres cubre bocas para que las usaran durante una semana. El kit se completaba con una mascarilla N95 y guantes desechables, según varios funcionarios consultados, que pidieron la reserva. Ante las insistencias del personal por más equipos, sus jefes respondían que no contaban con los insumos suficientes.

El coletazo mortal para médicos y enfermeras

La sobreexposición al virus por falta de suficientes equipos de protección fue la principal causa del fallecimiento de 130 médicos por el Covid.19, según Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador.

Los golpes más severos ocurrieron en Guayas al comienzo de la pandemia. En esta provincia fallecieron 80 galenos y el resto en Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Orellana, El Oro y Manabí.

“Desde que empezamos la pandemia la primera exigencia de la Federación Médica fue que todos los equipos de bioprotección para el personal de salud debían estar listos, en la cantidad y calidad necesaria para su trabajo”.

El personal médico empezó a sufrir directamente las consecuencias de los contagios con muertes de médicos y enfermeras desde marzo.

Pero según el dirigente la exigencia no tuvo el eco esperado, generando quejas generalizadas en diferentes provincias, que hasta hoy se quejan por la falta de insumos.

“Además de no tener los equipos suficientes, los disponibles han sido de mala calidad y fueron comprados con sobreprecio y corrupción”.

Carrasco reconoció que el Ministerio de Salud se ha esforzado los últimos meses en cubrir la demanda de los trabajadores de los hospitales.

Hasta fines de junio, según la Federación, hay más de 4.000 contagiados. De ellos, el 55 por ciento es médico y le siguen las enfermeras y auxiliares, odontólogos y psicólogos de las casas de salud.  “La mayoría se contagió en sus lugares de trabajo”.

Sobre la vulnerabilidad del personal de salud en los hospitales públicos, por la falta de aditamentos de bioseguridad, el ministro Zevallos dijo que buena parte se contagió fuera de los centros médicos. “Incluso hubo algunos que se infectaron en fiestas en Guayaquil, pues ese momento se desconocía la magnitud del riesgo, porque los contagiados eran asintomáticos”.

Zevallos estima que el 20% de contagios entre médicos, enfermeras y personal administrativo se debió a la falta de equipos de protección.



Para la Federación es importante que el Ministerio de Trabajo reconozca la labor del personal que lucha contra el Covid-19. El gremio propone que se reforme el reglamento de esa Cartera de Estado, que no reconoce al virus como una enfermedad laboral sino como una dolencia comunitaria.

Las muertes del personal siguen

No solo los médicos han denunciado la falta de equipos de protección.

Oswaldo Peralvo está en la primera línea de combate contra el Covid-19 en la maternidad Isidro Ayora de Quito. Coincide en que sus compañeros no tuvieron equipos necesarios para protegerse y denuncia que de los implementos que tenían embodegados en los hospitales desaparecieron.

Eso los obligó a comprar prendas de protección con su propio dinero.

Peralvo es el secretario de Osuntransa, el sindicato que reúne a las enfermeras, auxiliares, conductores de ambulancias, entre otros trabajadores hospitalarios.

Contó que desde inicios de este año advirtieron a las autoridades de Salud que debían comprar los implementos a tiempo. Pero les respondieron que no había dinero para las adquisiciones.

El 26 de abril pasado, hicieron una primera protesta para denunciar que el poco material que había en bodega fue robado. Aunque su denuncia desencadenó la salida de tres gerentes de hospitales de Quito, los siguientes meses no contaron con material suficiente. “La verdad es que se ha soportado la atención gracias a las donaciones que nos han realizado varios países como de China”.

Las exigencias por implementos de bioseguridad y las protestas de personal de salud han sido permanentes en distintos países.

Esa desatención, según Peralvo, desencadenó la muerte de sus compañeros. Uno de los casos más recientes es el de Pablo Rosero, nutricionista del hospital Docente de Riobamba, quien murió hace pocas semanas.

Washington Maji, trabajador de ese centro, dijo que el Covid-19 complicó una dolencia que tenía en los riñones. Rosero era muy querido por sus colegas.

En Riobamba también murió José Llumicango, conductor de ambulancias. Fue otra de las víctimas de la pandemia. Su situación se complicó porque no recibió los equipos de protección.

Los trabajadores de la Salud aseguran que la entrega de implementos de protección no se normaliza hasta la fecha. Peralvo dijo que el Ministerio les prometió terminar con la escasez a finales de julio, pero aún hay escasez.

Mientras tanto, sus compañeros siguen contagiándose y muriendo. La última víctima fue Patricia Valverde, jefa de enfermeras del Hospital del Seguro Social en Riobamba.

El pasado 1 de agosto, sus colegas la despidieron con una lluvia de petalos de rosas blancas, agobiados con el sentimiento de que enfrentan una guerra sin las suficientes armas para defenderse.

Así se cocinó la candidatura presidencial de Iza

PERFIL. Iza tiene 39 años y proviene de una familia marcada por la militancia en Cotopaxi. José Iza Viracocha fue su padre y es uno de los dirigentes más recordados en la provincia por su lucha contra el huasipungo. Iza es ingeniero ambiental. Su juventud estuvo marcada por el trabajo en el campo, la música, la religión y la lectura. Desde los 15 años fue jardinero y luego jornalero en una hacienda que producía zanahorias para grandes supermercados. Luego se unió a las hermanas Lauritas en sus misiones evangélicas. Ha sido cuestionado por su posición radicial y su papel beligerante durante el paro de octubre pasado, que dirigió junto al titular de la Conaie, Jaime Vargas. Este fin de semana se confirmó su precandidatura a la Presidencia de la República.

Redacción Código Vidrio

La precandidatura de Leonidas Iza a la presidencia de la república se cocinó desde enero de este año. En ese mes,  junto con Jaime Vargas, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), mantuvieron en secreto una negociación que consolidó su postulación.

El acuerdo era que Iza debía decidir si quiere ir a la presidencia del país o de la Conaie, que se elegirá en septiembre próximo. En cualquiera de las opciones, Vargas lo apoyaría. Mientras tanto, el líder la Conaie aparecería como el principal candidato para asimilar buena parte de las críticas por su participación en las protestas de octubre del año pasado. Jugaba un papel de distractor.

El viernes pasado, su precandidatura se hizo realidad con el apoyo del Movimiento Indígena del Cotopaxi. Ahora deberá ir a unas elecciones primarias donde también participan el actual prefecto de Azuay, Yaku Pérez, y el ex prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quisphe. Sin embargo, la ventaja por el momento, la tiene Iza, quien cuenta con el respaldo de Vargas y la dirigencia de la Conaie.

En una entrevista con este portal, antes de se oficializara su candidatura, Iza no negó ese acuerdo, pero nos pidió que le contáramos quién reveló ese pacto.

Desde enero, él sabía perfectamente la ruta trazada y esbozó una primera propuesta de campaña, enfocada, principalmente, en respaldarse en los ciudadanos de clase media y en los sectores populares.

Aunque en esa cancha el correísmo es más fuerte, no descartó conversar con sus simpatizantes, dejando en claro que no dialogaría con el ex presidente Rafael Correa.

Iza ha sido un duro contradictor del ex Mandatario, prófugo en Bélgica. Recordó que denunció los presuntos sobreprecios en la adquisición de los focos ahorradores, un escándalo que estalló en 2008, a inicios de ese gobierno.

Entonces, Iza era el asambleísta suplente del dirigente Gilberto Guamangate en la constituyente de Montecristi.

Dijo que solo una vez ha conversado con Correa, en Manabí durante los debates constituyentes. El encuentro fue breve, según recuerda.

Iza participó en el debate y dijo que no compartía lo que Correa había dicho en el pleno. Luego el ex mandatario cruzó unas palabras con él. Desde entonces -aseguró- no lo ha vuelto a ver.

“No aceptaré que me acusen de correísta, cuando fuimos los que denunciamos su falsa revolución, esos que ahora me hacen esa acusación son los mismos que pactaron con Lucio, Bucaram, Correa y Lasso, y ahora pretenden dividir a las organizaciones», sostuvo Iza este viernes 24 de julio.

Los movimientos campesinos de Cotopaxi apoyan a Iza, un líder joven, experto ambiental. Este fin de semana se oficializó en esa provincia que quiere correr por la Presidencia de la República. Foto Conaie.

No obstante, Iza ha sido duramente cuestionado por diversos sectores políticos que señalan la existencia de un acuerdo tácito con el correísmo, que se evidenció en el paro indígena de octubre pasado, por las acciones que pusieron en riesgo la estabilidad del gobierno. Iza, de hecho, es investigado en la Fiscalía junto a Vargas, por supuestas acciones desestabilizadoras.

Iza tiene 39 años y proviene de una familia con inclinaciones políticas en Cotopaxi. Taita José Iza Viracocha fue su padre y es uno de los dirigentes más recordados en la provincia del centro del país por su lucha contra el huasipungo.

Su primo, Leonidas Iza, llegó a la presidencia de la Conaie y encabezó la oposición al ex jefe de Estado, Lucio Gutiérrez,  al Tratado de Libre Comercio y a la Alianza de Libre Comercio de la Américas.

El legislador de Pachakutik por Cotopaxi, Jaime Olivo, cree que este legado familiar y su cercanía con las causas indígenas es una de las cartas fuertes de Iza, pero también destaca su habilidad para liderar, por su frontalidad y convicción.

Desde niño, Iza era escogido para los concursos de oratoria en su pequeña escuela de la comunidad de Pachaloma, donde no consiguió ser abanderado por “medio punto”, según aseguró a este portal.

Ana Pallo, periodista de Cotopaxi, cuenta que destacaba como un excelente investigador, vinculado con los movimientos juveniles.

Sus inclinaciones por la protección ambiental

En su colegio El Chaquiñán realizó un estudio sobre cómo realizar cultivos sin labranza. “Demostré que en las camas de lombrices se puede cultivar sin problemas papas y cebollas”.

Una técnica que no es complicada y de gran utilidad para espacios pequeños, que ahorra recursos y protege el ambiente, explicó. “Esa investigación quedó registrada en el colegio”.

En la Universidad Técnica de Cotopaxi realizó su tesis sobre la recuperación de las cuencas hidrográficas por acciones antropogénicas. Es decir por el desgaste de los terrenos por fenómenos naturales y la contaminación del hombre.

Jaime Vargas se volvió el principal aliado de Iza. Juntos lideraron la protesta que puso contra las cuerdas al gobierno, por la eliminación del subsidio a los combustibles. Foto Conaie.

Aunque muchos creen que es economista, por sus declaraciones durante el paro de octubre pasado, es ingeniero ambiental.

Su juventud estuvo marcada por el trabajo, la música, la religión y la lectura. Desde los 15 años fue jardinero y jornalero en una hacienda que producía zanahorias para los grandes supermercados del país. Luego, se unió a las hermanas Lauritas en sus misiones evangélicas.

Fue el representante de Ecuador en el encuentro de jóvenes con el Papa Benedicto en 2004. En el Vaticano tocó con su quena el “Cóndor Pasa” para el Pontífice.

Su pasión por la lectura de ideología socialista lo condujo hasta el político y periodista peruano José Carlos Mariátegui, quien apoyó su doctrina para que los indígenas reivindicaran sus aspiraciones políticas, sociales, culturales y económicas “sin la necesidad de ventrílocuos”.

En otras palabras, desde ese momento vio la necesidad de que sus representantes salgan desde sus propias organizaciones de base, sin perder su esencia ni su relación con la naturaleza ni su comunidad.

Bajo esa bandera, Iza sostuvo: “no hay que importar un socialismo. Hay que retomar el socialismo práctico de los pueblos originarios de acá”.

Esta propuesta de alguna manera rompe con la línea tradicional del movimiento indígena, inspirada en el monseñor Leonidas Proaño y en la Teología de la Liberación.

Para Iza, estas dos vertientes ideológicas no son contradictorias sino complementarias, y son sus fundamentos desde su juventud.

Un precoz dirigente político

A los 18 años fundó el Movimiento Juvenil Laurista que basó su doctrina en el pensamiento de la monja colombiana Laura Montoya, una religiosa mestiza que reivindicó las luchas indígenas en el vecino del norte.

Posteriormente lideró la creación del Movimiento Juvenil de los Servidores de la Iglesia Católica de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. “Aquí empezamos a discutir nuevamente la Teología de la Liberación, pero sin considerar a la iglesia como un poder, sino más bien en su relación con los pueblos indígenas”.

Diez años después asumió la presidencia juvenil del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Era el 2010 y una de sus primeras tareas fue realizar una investigación para conocer dónde estaban y qué es lo que hacían los indígenas que salieron de sus comunidades.  Para entonces, Rafael Correa se había ganado la simpatía de buena parte del movimiento, lo cual aprovechó para fracturar a sus bases, especialmente entre los jóvenes. Una división que aún se mantiene, según reconoce Iza.

En ese estudio descubrió que los jóvenes ya no se sentían representados por la dirigencia de la Conaie. La mayoría migró a las ciudades para estudiar o trabajar en empresas agrícolas, de construcción y en el comercio informal. Se había roto el canal de comunicación con las cabezas.

Entonces decidió soldar la fractura y empezó a convocar a los campesinos que estudiaban en la Universidad Central.

Esa propuesta fue exitosa y junto a profesores como el actual decano de Facultad de Comunicación Social, Dimitri Madrid, creó el Movimiento Mariateguí, que tenía un objetivo central:  acabar con el dominio del correísmo en ese centro de estudios. “Nosotros perdimos por 1.000 votos. Hasta ahí llegó el Mariateguí”, sostuvo el dirigente.

El paro de octubre y el asedio a Quito, durante dos semanas, fue el punto culminante de la última protesta indígena.

Sin embargo, la relación con la Facultad de Comunicación se mantiene. Sus profesores capacitan a los jóvenes comunicadores indígenas, conocidos como “lanceros digitales”.

Madrid no quiere que se malinterprete esta relación, desconfía de los periodistas y asegura que hay una persecución del actual Gobierno.

Él fue acusado de hacerle el juego junto al movimiento indígena al correísmo y de incitar la violencia en las protestas de octubre. La Conaie salió en su defensa, en un comunicado público sostuvo: “El compañero Dimitri Madrid es una persona de intachable ética y de una impecable trayectoria profesional (…) siendo un aporte fundamental en la educación intercultural bilingüe”.

Iza concuerda. Dice que se pretende satanizar lo que fue el Movimiento Mariateguí. “Correa fue el primero en acusarnos en ser un brazo del MPD. Ahora es el gobierno. El Movimiento Mariateguí, como tal, ya no existe”.

Los resultados de la investigación de Iza fueron claves para el levantamiento de octubre. 20.000 indígenas salieron desde las comunidades de Cotopaxi hacía Quito; otros 30.000 se les juntaron en la capital. Se activaron a través de sus medios comunitarios digitales, que crearon desde el 2012.

Esa es una fórmula poderosa de la Conaie. Luego del paro, Iza  y Jaime Vargas recorrieron todo el país para unificar a sus bases y sintonizar con sus principales demandas.

En esa ruta no han descartado conversar con la militancia de Correa. “Hay un montón de correístas de base que añoran el regreso de Correa que demandan alianzas y están en su derecho. Pero mientras siga la tozudez del ex presidente, que cree que puede imponer sus ideas en Ecuador, no habrá una verdadera transformación”.

“No me pidan hablar a favor o en contra de Correa. En el debido momento hemos enfrentado estas realidades, pero uno no puede ser vengativo, como lo que pasó con Pabón (Paola Pabón, prefecta de Pichincha), no podemos decir bien hecho. Eso no”.

Iza no es mal visto entre los correístas. El legislador Cristóbal Lloret hace una distinción entre él y Jaime Vargas; no descarta la posibilidad de tejer una alianza.

Pero Correa sí cerró la puerta a un acercamiento, al menos en el discurso. En una entrevista en Radio La Calle dijo que Iza era “un dirigente interesante, pero mis compañeros me dijeron que en la marcha insultaba y botaba a los correistas. No vamos a aceptar estas cosas. No conozco personalmente a Iza y tal vez no sea verdad lo que me contaron, ojalá que no lo sea, pero con Jaime Vargas o Salvador Quisphe no tenemos nada que hacer”.

En agosto próximo se conocerá si el movimiento indígena se decanta por Iza, que hoy aparece como el más opcionado a representarlo en las elecciones del 2021.

El coronel Francisco Saavedra cesado en la Policía

El Consejo de Generales y la Ministra de Gobierno ascendieron a 43 tenientes coroneles de la promoción 57. No fueron promovidos diez oficiales, entre ellos Francisco Saavedra, denunciado por ser parte de operaciones de espionaje político en el anterior gobierno. Saavedra dijo que sus acciones se enmarcaron en la ley y que para encubrir sus seguimientos simulaba otras identidades, como la de un sacerdote (foto). La primera antigüedad quedó en manos de Willian Calle Silva.

Redacción Código Vidrio

Era la noticia más esperada de los últimos meses en la Policía. El Consejo de Generales y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acaban de expedir el acuerdo 0398, que resuelve ascender a 43 tenientes coroneles de la promoción 57 al inmediato grado superior.

La decisión fue notificada hoy a los oficiales, tras un proceso de calificación que tomó varios meses.

No fueron promovidos, al no alcanzar la nota necesaria, diez oficiales, entre quienes están los tenientes coroneles Francisco Saavedra, que obtuvo una nota promedio de 16.7648, y Juan Guarderas, con 17.0957.

El puntaje más alto fue para Willian Fabian Calle Silva, que obtuvo la primera antigüedad, seguido por  Diego Gonzalez Peñaherrera y Nelson Almendáriz Sánchez.

Los oficiales que fueron cesados aún pueden pedir un recurso de revisión, antes de que el acuerdo ministerial quede en firme.

Para su ascenso, los oficiales pasaron por pruebas médicas, psicológicas, toxicológicas, poligráficas y de análisis de su situación financiera. Se conocen como pruebas de confianza.

El ascenso de los 43 oficiales se determinó por las evaluaciones anuales, la nota del curso de ascenso y la de los méritos, que constituyó el 50% de la calificación, explicaron fuentes de la Policía.

El otro 50% dependió de la decisión de los generales en servicio activo de la Policía. Ese resultado se promedió con las notas de ascenso de los grados anteriores y así se obtuvo la nota final, que pasó a consideración del Consejo de Generales, liderado por el comandante Patricio Carrillo, y por la ministra Romo.

En 2013, Saavedra (Izq) estuvo al frente de un operativo coordinado con la policía colombiana que terminó con la recaptura de Jorge Zambrano, alias “JL” o “Rasquiña”, en Bogotá. Rasquiña (en el centro con camiseta blanca) había fugado de La Roca diez meses antes, junto con 17 presos más. En la foto aparece esposado y custodiado por los oficiales que lo apresaron.

 

Saavedra en el ojo de la tormenta

El proceso de ascenso de esta promoción era seguido con gran expectativa, dentro y fuera de la Policía. Especialmente porque estaba de por medio el caso de Saavedra, un oficial de Inteligencia acusado por periodistas, políticos y activistas de DD.HH., de haber realizado espionaje político y supuestas opreraciones de hostigamiento durante le gobierno de Rafael Correa.

Guarderas, entre tanto, fue cuestionado por una fiscal porque supuestamente se negó a investigar hechos de corrupción presentados en el Ministerio de Gobierno, durante la administración de Correa.

Según Saavedra, los operativos en que participó estuvieron amparados por las leyes vigentes. “Como Jefe de Operaciones de la Dirección de Inteligencia, las operaciones que se ejecutaron bajo mi mando, estuvieron sustentadas, tanto en órdenes de la Policía como de las autoridades competentes. Ciertos operativos que fueron requeridos institucionalmente, los tuve que ejecutar directamente, para lo cual tenía que encubrir mi actividad, valiéndome de otros personajes, como fue el caso del disfraz de sacerdote”.

Precisamente, por haber sido fotografiado en una manifestación con un traje de sacerdote, Saavedra era conocido como el Cura. La foto fue tomada por el coronel en servicio pasivo, hoy diputado, César Carrión, durante una manifestación contra el gobierno en 2015.

Saavedra ha sido señalado por participar en operativos de seguimiento que se realizaron contra el coronel Carrión (30S), el hoy prefecto Kléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Fernando Balda, entre otros.

El oficial tuvo un papel clave, según los denunciantes, en la obtención y manejo de información de personajes políticos y de acciones polémicas de Inteligencia, sin el supuesto conocimiento de jueces y fiscales.


EL ACUEDO FIRMADO POR LA MINISTRA DE GOBIERNO


En la etapa más crítica de seguimientos también destacó Rommy Vallejo, ex jefe de la Senain, hombre de confianza de Correa, quien estuvo al frente de los sistemas de inteligencia en este régimen, entre mayo de 2017 y febrero de 2018.

Saavedra dijo que no existen evidencias de que las operaciones de Inteligencia y apoyo en allanamientos judiciales fueron ilegales o se violaron derechos humanos. “Pido que investiguen y contrasten todo mi accionar y los operativos que han estado a mi cargo, y que han beneficiado al estado y sociedad ecuatoriana. Yo fui el Jefe del bloque de búsqueda que recapturó a Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, jefe de la banda de los Choneros, como de la recaptura de los evadidos de la cárcel de La Roca; también lideré las investigaciones del caso Odebrecht”.

Fuentes del gobierno explicaron que la decisión significa un duro golpe a un  grupo integrado por algunos oficiales considerados leales y afines al ex presidente Rafael Correa y al exministro de Gobierno, José Serrano.

Clonaban certificados para carnets de discapacidad

37 funcionarios, entre médicos y administrativos, eran parte de la red que robaba y clonaba documentos para vender carnets de discapacidad, desde 2014. Operaban en casas de salud de Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo y Quito. Los certificados costaban entre 2.500 y 3.300 dólares y se obtenían en un solo día. Las sospechas de corrupción se extienden al Conadis, que hasta el 2013 otorgaba ese documento. Precisamente, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, fue denunciado por poseer el carnet, que certifica su supuesta discapacidad visual del 81% y obtuvo en 2009. Para obtenerlo adulteró un certificado médico.

Redacción Código Vidrio

Era como un servicio express. La obtención de un carnet de discapacidad fraudulento podía tomar un día, para quienes pudieran pagar por él entre 2.500 y 3.300 dólares. Por la vía normal este trámite tarda, con suerte, varias semanas. En otros casos hasta meses, según han denunciado familiares de personas con discapacidad.

Un equipo de diez especialistas audita en el Ministerio de Salud la entrega de estos documentos desde 2014 hasta 2020, tras las denuncias de su uso indiscriminado para acceder a una serie de beneficios y exoneraciones tributarias, que hoy se investigan en la Fiscalía.

Por lo pronto, la investigación en la cartera de Salud ya arroja los primeros resultados. Uno de los más relevantes es que han sido identificados 37 funcionarios públicos, entre médicos, asistentes de salud y secretarias en Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo y Quito. Ellos participaron directamente en el trámite, aprobación y venta de los carnets expedidos de forma fraudulenta.

Los funcionarios, al parecer, eran parte de una red que usaba el mismo patrón, según Rafael Tamayo, quien coordina la auditoría.

Para clonar los respaldos robaban sellos de los médicos de la red de salud y los certificados que expedían para carnets de otras personas con discapacidad.

Las primeras evidencias de la corrupción en la entrega de estos documentos aparecieron, tras la captura de Daniel Salcedo, implicado en negociados en contrataciones de los hospitales del IESS en Guayaquil. Luego de su detención se supo que tenía un carnet de discapacidad con el cual importó un vehículo Toyota Sequoia Platinum en 60.000 dólares,  que en el país cuesta 100.000.

Entre quienes obtuvieron el documento para beneficiarse de exenciones sin tener una discapacidad o con rangos mucho menores de afectación hay funcionarios, alcaldes, jueces, asambleístas, futbolistas, abogados…

Fundaciones y clínicas emitieron certificados falsos

Dentro de este esquema también se identificó que varias fundaciones y clínicas privadas se prestaron para dar certificados fraudulentos, que eran adjuntados a los expedientes que servían de respaldo para solicitar el carnet, indicó Tamayo.

Las irregularidades se detectaron en todo el proceso de calificación, que empieza con un diagnóstico de la discapacidad, exámenes que la prueben y establezcan su grado de afectación, y la revisión de médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

Hasta la fecha se descubrieron irregularidades en la entrega de más de 8.000 carnets: 3.000 durante la pandemia, entre marzo y junio, y 5.000 desde 2014 al 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 


En Guayaquil un solo calificador emitió 4.645 carnets, entre fraudulentos y legales. También se descubrió que entre 2013 y 2019 una epemidemóloga aprobó en dos centros médicos de esa ciudad la entrega de 1.985 carnets sin documentos de respaldo.

Las autorides de Salud han presentado unas 30 denuncias penales en la Fiscalía por adulteración de documentos públicos y delincuencia organizada. En una de las últimas demandas interpuestas los últimos días, a la que este portal tuvo acceso, se detalla que en las investigaciones se estableció que los expedientes de calificación y recalificación tenían información adulterada, con  reportes técnicos fraguados, documentos incompletos, puntuación de trabajo social alterada en el sistema informático. En estos casos tampoco se encontraron las justificaciones técnicas para establecer el porcentaje y calificación de la discapacidad.

45%, 51% y 78%, los porcentajes más aplicados

Entre los respaldos hay hojas en blanco o documentos con tachones. En este esquema se expedían carnets con porcentajes recurrentes del 45%, 51% y 78% de supuesta discapacidad, explicó Tamayo. Buena parte se expidió en los hospitales Teodoro Carbo y Luis Vernanza y otros centros de salud de Guayaquil, así como en hospitales de la Policía.

Para las personas con discapacidad o uno de sus familiares, cabeza de hogar, el carnet les permite el acceso a un bono, la exoneración en el pago de impuestos para importar vehículos, reducción en las tarifas de servicios básicos, devolución de valores pagados por el IVA, disminución en el pasaje de boletos aéreos, para buses urbanos e interprovinciales y prebendas laborales. El 2019, el Gobierno destinó para estos beneficios 63,3 millones de dólares.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Por eso se volvió un documento muy apetecido para las redes de adulteración, con la participación de funcionarios públicos y operadores privados, que, en algunos casos, enganchaban a los interesados en redes sociales. En Quito, según hemos corroborado, hubo un grupo familiar que se dedicó a ofertar carnets de discapacidad, para la importación de vehículos.

Ante las anomalías detectadas, se decidió la anulación de 2.454 carnets fraudulentos otorgados en la emergencia. Hay 22 profesionales que enfrentan expedientes administrativos por sus actuación supuestamente dolosa durante la pandemia. 29.708 carnets emitidos sospechosos están en revisión, dijo la directora de Discapacidades del Ministerio de Salud Lissete Tapia, en un informe a la Asamblea.

La Asamblea mermó la facultad de control de Salud

Para establecer el perjuicio y las responsabilidades, al Contraloría lleva adelante 59 auditorías. El contralor Pablo Celi informó que a partir de 2018 se reformó el artículo 10 de la Ley de Discapacidades, que impide al Ministerio de Salud extinguir el carnet, si se establece dolo o error en su expedición. La norma también prohíbe exigir la recalificación de una discapacidad, con lo cual se blindaron los documentos entregados de manera fraudulenta y se limitó drásticamente la facultad de control.

Adicionalmente -agregó Celi- desde 2019 el Conadis extendió la vigencia de carnets de discapacidad hasta el 2023.

Pese a que la normativa establece que cada equipo de evaluación de discapacidad debe estar integrado por tres profesionales, en la red de Salud a cargo de estos trámites solo trabajan 631 funcionarios en 397 unidades. Menos de dos profesionales por departamento.


Durante la pandemia los auditores confirmaron que se entregaron 2.283 carnets de discapacidad y 78 personas tramitaron importaciones de vehículos con exoneración de impuestos. Mientras en 2018 con esos documentos se ingresaron 1.479 autos, en el 2019 se importaron 4.022 carros, es decir que hubo un incremento del 162%.

La corrupción se extiende al Conadis

Aunque el Ministerio de Salud expide el documento desde 2013, también se han denunciado irregularidades y posible corrupción antes de esa fecha, cuando el Consejo de Discapacidades, CONADIS, tenía esa competencia.

Hay varios casos en investigación. Destaca el de del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz Larrea.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz Larrea, obtuvo el carnet que certifica su discapacidad visual del 81%, desde 2009. Según denuncias de una vocal del Consejo, para obtener el certificado presentó un informe adulterado. Foto archivo.

La consejera María Fernanda Rivadeneira denunció a Cruz por haber obtenido un carnet del Conadis en un solo día presentando un certificado médico adulterado de la Fundación Vista para Todos, con el cual se habría beneficiado de varias exenciones, desde 2009.

El carnet de Cruz le atribuye una discapacidad visual de 81%. Edwin Flores, médico oftalmólogo de esa Fundación, confirmó que ningún certificado ha sido expedido a favor de Cruz, lo cual fue corroborado por Diego Nieto, director de la entidad. El certificado  que presentó Christian Cruz Larrea al Conadis se encuentra adulterado”.

Ayer 22 de julio el pleno del Consejo resolvió pedir la renuncia de Cruz, con los votos de cinco consejeros, por las presuntas inconsistencias en la obtención del certificado. Sin embargo, Cruz dijo que no dejará el cargo, hasta que le «demuestren» con documentos que cometió un acto irregular.

En una encendida reunión, los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, votaron a favor de la moción de María Fernanda Rivadeneira, en la que se pide a Cruz que renuncie a la consejería. El consejero Francisco Bravo se abstuvo y lo defendió.

El pleno también pidió que se remita el expediente a la Fiscalía, la Asamblea y al Presidente de la República, para que se inicien las investigaciones correspondientes.