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ENTREVISTA. Alfredo Velazco dirige Usuarios Digitales, una organización sin fines de lucro, que trabaja por el ejercicio de la libertad de expresión en Internet. Desde marzo monitorean las tendencias en redes sociales, especialmente en Twitter. Entre otros temas, identifican la operación de trollcenters, tanto del gobierno como de otros grupos como el correísmo.

Redacción Código Vidrio

Ustedes, desde Usuarios Digitales, están monitoreando tendencias de temas en redes sociales y han publicado que la página de Facebook de la Presidencia de la República se maneja también desde México.  ¿Cómo saltó este dato?
Cuando haces una revisión de la transparencia de las páginas, en todas existe un espacio donde se puede detectar dónde están los administradores. En este caso la cuenta de la Secretaría de Comunicación, si mal no recuerdo, tenía 17 administradores en Ecuador y dos en México.

¿Cuándo detectaron esto?
Lo había visto antes, especialmente desde el informe que dio Andersson Boscan de La Posta, sobre el tema de los ataques y todo eso, y dijo que había unos ataques desde México. Nos pareció interesante que sea el mismo país desde el cual nosotros tenemos administradores de la cuenta de Comunicación. No sé si haya alguna relación.

Pero también hay antecedentes de contratación de empresas mexicanas para la comunicación en redes sociales durante el gobierno de Rafael Correa.
Habría que preguntar a la Secretaría de Comunicación. No es un delito ni nada por el estilo, pero sería interesante conocer qué tipo de servicios tienen en México.

¿Cómo se están marcando las tendencias en Ecuador desde que empezaron a realizar este análisis?
Nosotros hacemos el análisis desde el 18 de marzo, a partir de la pandemia. Lo que hemos visto como tendencias en la tiutósfera criolla son tres temas importantes: política y economía, deportes y farándula.

¿Y a partir de indetificar las tendencias qué hacen?
Revisamos cuáles con las cuentas más grandes con cantidad de followers (seguidores), quienes utilizaron esa etiqueta, cuáles son las palabras que más se emplearon y empezamos a revisar patrones.

¿Qué patrones?
Estos patrones tienen que ver si son cuentas nuevas, con cero seguidores, si son creadas en bloque, si están usando exactamente el mismo tuit de manera recurrente; si contestan únicamente a una persona; si los comentarios son positivos o negativos. En base a eso sacamos un programa Trend Troll que es semanal y analizamos solo lo que tiene que ver con una tendencia política. Buscamos detectar si es organizada la etiqueta u orgánica. Organizada tiene que ver si fue planificada por un grupo de personas, para hacer el famoso tuitazo a una hora y fecha determinada. Entonces, como se captura la data de ese tuit se va viendo cómo crece y se diluye. También si se está convirtiendo en orgánico, con cuentas pequeñas, creadas, por ejemplo, en mayo del 2020 y tiene cero seguidores. Eso, obviamente, levanta unas alertas tremendas, porque es clarísimo que han creado unas cuentas falsas para apoyar ese tipo de etiquetas.

¿Y cuáles fueron las etiquetas donde más se crearon este tipo de cuentas?
De manera reciente, lo vimos ConMiFamiliaNO, que fueron unas 300 cuentas creadas en el 2020, muchas no tenían seguidores. Entonces, es demasiado obvio ese patrón. De ahí hemos visto, sobre todo, cuando son respuestas al presidente Lenín Moreno. Por ejemplo, durante la cadena que decía medidas económicas, presentaba la ley humanitaria y todo lo demás, había muchas cuentas creadas recientemente, que aplaudían las medidas tomadas y las iniciativas del gobierno.

Nos parece extraño que muchas de esas cuentas tengan una buena cantidad de seguidores. Unos 300 o más, pero la mayoría se sigue entre ellos y tienen los mismo tuits genéricos de frases de apoyo, chistes, fútbol. ¿Eso es un trollcenter’
Yo no me atrevería decir que es un trollcenter, porque realmente no llega hasta ahí nuestro análisis y no tenemos evidencia sobre aquello. Tampoco si les pagan, no tengo ninguna factura que diga por servicios de trollcenter. Eso sería la única evidencia para nosotros de que hay esos servicios.

Pero por ejemplo en la investigación de patrones, cómo pueden vulnerar las seguridades de Twtter, que exige un correo y un número de teléfono. ¿Es fácil violar las seguridades de Twtter para crear cuentas genéricas y programarlas para que tuiteen cada cierto tiempo. Puede hacerlo cualquier persona o se necesita un equipo especializado?
Lo puede hacer cualquier persona, pero obviamente hay que ver las cuentas creadas durante el correato y las cuentas que fueron creadas en este gobierno. Porque aquí hay un par de aguas bastante interesantes, en dónde Twtter creó esta limitación que debes atar tú cuenta con un número de teléfono. Entonces, la situación se puso más complicada. Obviamente quien está creando en bloque de estas nuevas cuentas demuestra que tienen tiempo; dos, que tienen muchos recursos, porque deben atar la cuenta a números de teléfono distinto. Esto quiere decir que están comprando chips y están cambiando a cada rato para manejar distintas cuentas, que me generen este código de validación. Y lo ingresan. Así, con todas las cuentas se necesita recursos y tiempo. Ahora es más complicado.

Claro durante el anterior gobierno era común que una persona manejara hasta 12 cuentas, para  hacerlas dinámicas y que no parezcan trolls.
En el tema de creación existe la limitación de que cada cuenta se ata a un número de teléfono. Otra cosa es administrarlas, yo personalmente manejo dos cuentas: una personal y otra de usuarios digitales. La administración es mucho más sencilla que la creación de cuentas, pero obviamente cuando estamos hablando de administrar doce o quince cuentas y darle a cada una como una personalidad es bastante complicado. Es como tener bastantes personalidades dentro.

¿No las manejaban con robots?
Claro, tú puedes generar que una cuenta, que sé yo, que le dé retuits cada vez que un equipo de fútbol, por ejemplo el Barcelona de España o el Barcelona de acá, publique un tuit y automáticamente le dé un retuit. Pero cuando es un tema de crear contenidos y de dar una respuesta distinta a cada tuit, obviamente es más complicado y es más fácil detectarlos como un  comportamientos anómalo, una simulación.

¿Qué otros patrones analizaron ahora?
Algo interesante que encontramos en horarios es que la tendencia ConMiFamiliaNO, se dio un pico. Tú ves que las tendencias no son orgánicas y son organizadas cuando de cero saltan a la primera o segunda tendencia en Ecuador. De una tiene un pico tremendo, empezaron a las 12 y las seis se apagaron. O sea se apagó este hashtag. Ocurrió lo mismo con el Informe a la Nación, tuvieron el pico desde las 11:00 hasta 17:30. Es interesante ver este tipo de patrones de etiquetas gubernamentales que se hacen a partir del mediodía hasta la tarde, prácticamente en un horario de trabajo. No te podría confirmar que son así, porque la hemos encontrado en dos tendencias ConMiFamiliaNo y con el Informe a la nación, pero es bastante extraño y cómico también, porque parece que marcan tarjeta hasta las seis de la tarde y chao, ahí queda tu tendencia.

Entonces hablemos de diferencias. ¿Cuál es la diferencia de las tendencias contra Moreno y del correismo?
Yo agruparía las tendencias contra Moreno. Por ejemplo, en el tema presupuestario de las universidades salieron tres tipos de etiquetas. Una apoyada por gente de izquierda, Vargas, la Conaie, el ex MPD; por otro lado teníamos un híbrido de correístas y de izquierda, gente que parecía estar en la universidad pero a la vez habían sido correístas. Un mix extraño. Y, finalmente una tercera tendencia, sobre ese mismo tema, de correístas acérrimos. Por ejemplo, Glas, Hernández, personajes así.  Las protestas tienen estos tres grupos principales: Izquierda, intelectuales y correísmo. En cuanto a tendencias propias del gobierno tienes las que son apoyadas por las cuentas institucionales, que son inmensas, por eso se les hace muy fácil posicionar cualquier etiqueta, pero no logran mantener una tendencia al pasar del tiempo. O sea no logran que con esas etiquetas las personas puedan interiorizar y hacerlas propias.

El Ministerio de Salud dejó sin efecto el contrato por 4,5 millones de dólares para la adquisición de esos insumos médicos con Pedro Chicaiza. El proveedor no entregó todos los insumos en el tiempo estipulado, lo cual había sido advertido por los importadores, por cuanto ninguna empresa está en condiciones de tener esa cantidad en stock. La Asociación de Importadores ha alertado en varias ocasiones a esta secretaría de Estado el riesgo que implica contratar personas naturales, que no cuentan con el permiso de Arcsa para importar y comercializar productos médicos. 

Redacción Código Vidrio

Pedro Chicaiza no pudo cumplir su contrato con el Ministerio de Salud. Él había ganado en abril pasado un convenio para entregar 6,9 millones de mascarillas quirúrgicas para personal médico que combate al Covid-19 en los hospitales públicos.

La semana pasada, Código Vidrio reveló que Chicaiza obtuvo cinco contratos por 5,3 millones de dólares, a través del régimen de emergencia, sin concurso, para la adquisición de mascarillas, guantes, batas, sábanas y láminas.

Desde le 12 de mayo pedimos un pronunciamiento sobre la contratación a esa secretaría de Estado porque Chicaiza se convirtió en su principal proveedor durante la emergencia por el Covid-19.

El 14 de mayo pasado, Xavier Cuadros, abogado de Pedro Chicaiza, le dijo a este portal que todas las mascarillas ya habían sido entregadas al Ministerio. “Todos los productos y las cantidades de despacho inmediato fueron entregados, tal y como está establecido en los términos y plazos del contrato suscrito con el MSP (Ministerio de Salud Pública)”.

Según Salud, la fecha límite para entregar todos los insumos se cumplió el pasado 17 de mayo. Un día antes, el Ministerio y el proveedor llegaron a un acuerdo para dar por terminado el contrato de las mascarillas por $4,5 millones.

Chicaiza y su esposa Katty Ortega son asiduos contratistas del Estado en salud: la última década los dos ganaron $32 millones en convenios. Ambos también son los representantes y propietarios de las empresas PG Medical e Improhosfar. En el pasado fueron descalificados por participar simultáneamente con sus compañías para un m mismo contrato, por cuerda separada.

Según el Ministerio, en el contrato de las mascarillas, “el proveedor realizó la entrega parcial de los dispositivos”. Solo entregó 1,4 millones de mascarillas con tira elástica y 70.000 con tiras de tela. Es decir, no se recibieron 4.930.000 de esos dispositivos. Chicaiza informó que no podría cubrir con la totalidad de los insumos por “fuerza mayor”.

Por el incumplimiento, los administradores del contrato le impusieron una multa al proveedor por $35.100, que deberán ser cancelados de forma inmediata.

Desde abril pasado, el personal médico de varios hospitales públicos del país ha realizado plantones y protestas exigiendo la entrega de equipos de protección. En este caso, el Ministerio analizaría si cabe abrir una nueva compra de mascarillas.

La decisión de contratar un solo proveedor fue un error del Ministerio, según la presidenta de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Insumos Médicos del Ecuador, Cristina Murgueitio.

Precisamente, antes de que se conociera la decisión de la suspensión del contrato, Murgueitio se preguntaba: “¿qué pasaría si ese único proveedor fallaba? Todo el sistema iba quedarse sin abastecimiento”.

Por eso -agregó- en una emergencia sanitaria no se puede entregar todos los contratos a un solo proveedor. “Se tenía que adjudicar a varios, para asegurar la cadena de abastecimiento”.

ENTREVISTA. La directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), Cristina Murgueitio, está preocupada por la falta de controles de los insumos que se han contratado en el Ministerio de Salud y en los hospitales por emergencia, con pocos proveedores. Asedim hizo un análisis y estableció que de 898 vendedores que recibieron contratos para proveer insumos médicos 433 no tienen permisos de la Agencia de Control y Regulación Sanitaria. Sobre la contratación de 6,9 millones de mascarillas a una persona natural, dice que ninguna empresa en el país está en capacidad de fabricar esos productos o mantenerlos en stock para concursar.

Redacción Código Vidrio

La Asociación de Importadores hizo un pronunciamiento público sobre el sistema de contratación de la red pública de salud. ¿Han detectado problemas en las contratciones durante la pandemia por el Covid?
Desarrollamos alertas a las autoridades en los dos últimos años. Hemos entregado información al Ministerio de Salud, a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y al Servicio de Contrataciones Públicas, para que se mejoren los controles en las contrataciones. Para comercializar insumos médicos se debe cumplir un requisito mínimo: el permiso de funcionamiento como establecimiento farmacéutico, otorgado por el Arcsa. La Ley de Salud es muy clara: indica que solo los establecimientos farmacéuticos podrán comercializar medicamentos e insumos médicos.

¿Pero esto no está ocurriendo?
Hicimos un análisis de proveedores adjudicados de la base del Sercop del 2016 al 2018. Revisamos proveedores de dispositivos médicos y nos dio un total de 898 adjudicados; eso cruzamos con los permisos de funcionamiento del Arcsa y se evidenció que 433 no tenían dicho permiso. Es decir casi la mitad de proveedores adjudicados no cumplió con ese requisito mínimo. De ahí nacen varias preocupaciones porque han entrado nuevos actores al mercado, con un modus operandi, para decirlo de una manera interesante.

¿Cómo es ese modus operandi?
Para que usted pueda ser proveedor del Estado solo debe contar con el Registro Único de Proveedores y para conseguirlo debe calificarse en el Sercop, solo presentando una copia de ese documento y el RUC. No se valida ni se coteja si ese RUC está vigente o enrolado en el giro de negocio en el que va a participar. Las personas naturales o jurídicas escogen el tipo de negocio en el que quieren ser proveedor, sin que exista ninguna verificación. Eso pese a que la Ley de Contratación especifica que debe comprobar técnica y legalmente el giro de negocio, pero esto no se está exigiendo.

¿Esto desde cuándo ocurre?
En los 10 últimos años. Nosotros hicimos un informe del 2009 al 2016 y nos arrojó un número similar al del rango 2016 y 2018. También hay que considerar que existe la disposición de las autoridades de comprar mediante subasta inversa para ahorrar, lo cual no es lo adecuado. Los dispositivos médicos, en su gran mayoría, el 99%, es importado.

Si las instituciones públicas no controlan mediante subasta inversa pueden ganar personas que no entregan productos certificados. Por ejemplo, el hospital Docente de Ambato que adquirió pruebas para diabetes falsificadas o se entregaron electrobisturis que ingresaron por contrabando.

¿Qué son los dispositivos médicos, qué productos abarca?
Son todos los elementos, aparatos, instrumentos, equipos que permiten tratar, diagnosticar o rehabilitar a un paciente. Estamos hablando desde cosas sumamente básicas como gasas o baja lenguas, hasta tecnología de avanzada, como un tomógrafo o un neuronavegador. El 99% es importado; solo se producen 130 productos en el país.

¿No se puede certificar la calidad de esos insumos?
Hemos trabajado con las autoridades para más controles. Por ejemplo, está en vigencia un manual de buenas prácticas de almacenamiento, que los proveedores estaban obligados a tener desde el 2017. La norma está perfeccionada y vigente desde marzo de este año y ahí se generará un control adicional. El Servicio de Contratación envió una directriz a las unidades médicas para que se exija este requisito obligatoriamente. La ley es muy clara y las instituciones deben cumplirla. No se puede poner en riesgo la salud de los pacientes, imagínese tener productos falsos.

¿Qué pasa con la contratación de personas naturales como proveedores?
Pueden participar, siempre y cuando cumplan con la ley. Deben contar con los certificados de funcionamiento, certificación de buen almacenamiento y el patrimonio para sustentar el proceso. Nuestra preocupación es que el problema continúa, no solo en los procesos de emergencia, sino en los habituales que debe realizar el sistema de salud pública.

¿Cuándo entregaron estas alertas a las autoridades?
No es una alerta de este momento por la emergencia. El año pasado, entre octubre y noviembre, entregamos varias alertas. Hay muchos casos como el de una empresa de servicios legales que ganó el concurso para entregar reactivos de laboratorio al Hospital del IESS del Sur. Está el contrato de $10 millones, para la adquisición de dispositivos médicos en el IESS a una empresa que tenía como giro de negocio la venta de comida. Cuando se la investigó se descubrió que la dirección de la oficina registrada funcionaba, pero para servicios de impuestos. Casi el 100% de dispositivos médicos es importando; eso quiere decir que los proveedores deben contar con espacios adecuados para mantenerlos.

¿Eso ocurre en el país?
El almacenamiento adecuado es indispensable, se deben seguir las recomendaciones del fabricante, de cómo almacenar para garantizar que el dispositivo no tenga fallas y cumpla con sus objetivos. Si los proveedores que ganan los concursos no cumplen con esos requisitos, cómo pueden garantizar el producto

¿Durante esta crisis hay alguna empresa que puede dotar al Ministerio de Salud con casi 7 millones de mascarillas?
Nadie. De hecho, en enero nosotros hicimos observaciones al Comité de Emergencia y a la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, para que se abastezca al país de manera adecuada y planificada.

En emergencia no se pueden entregar todos los contratos a un solo proveedor, se tenía que adjudicar a varios para asegurar la cadena de abastecimiento. ¿Qué pasaba si ese único proveedor fallaba? Todo el sistema quedaría desabastecido, cuando hay proveedores que pueden garantizar la entrega planificada del producto.

¿Entonces, en marzo las importaciones se multiplicaron para traer los insumos médicos?
El estado compra el 80% de lo que hay en el mercado y generalmente el proveedor, cuando se adjudica el contrato, realiza esa importación. Había muy poco producto en stock antes de la emergencia

¿Tener 7 millones de mascarillas en stock es posible?
Es imposible porque no se sabía si se iba adjudicar o no. De hecho muchos de los procesos de contratación que realizó el Ministerio de Salud en febrero se cayeron porque ya existía el incremento de precios en el mercado internacional. Los importadores dejaron de traerlos porque era imposible ingresar a subasta inversa un producto que había triplicado su precio desde la fábrica.

¿Qué le solicitaron a la ex ministra Andramuño?
Recibimos un pedido del Ministerio de Salud para que confirmemos el stock de dispositivos médicos. El 30 de enero contestamos que apenas había el 10% en stock, por eso solicitamos que se abastezca lo antes posible, dado el proceso de importación que se debía realizar.

¿Solo había 10% de stock?
Era lo mínimo. Nos remitieron un listado de productos que debían verificar cuánto había en el país y contestamos que de acuerdo con nuestros asociados había un 10%. Estamos hablando de mascarillas, respiradores y otros insumos que requería el Estado.

¿Entonces, en febrero y marzo hubo grandes importaciones de esos insumos?
Existieron importaciones, pero compras grandes no se dieron, hasta que se declaró la emergencia. Nuestra sugerencia fue que se abrieran los concursos y se centralizaran las cantidades para que puedan realizar esas adjudicaciones especiales. Antes de la emergencia no lo había hecho y ahora se sigue comprando parcialmente.

En la crisis todos compraron insumos médicos desde el cuerpo de bomberos de un cantón pequeño, hasta el Ministerio de Salud. ¿Se garantizan esos productos?
Esa también es la alerta que emitimos. Todas estas entidades se siguen abasteciendo durante la emergencia y también el sector privado, pero deben tomar en cuenta todos los requisitos para esa compra. Que se compre a los proveedores calificados por la Ley.

Por ejemplo, muchos hospitales aseguraron que compraron mascarillas N95 de fabricación nacional. ¿El país produce esos productos?
No existe la validación de la N95 en el país. Adicionalmente no existe la ISO-13485, que certifica la idoneidad de un dispositivo médico. Esa norma es una ISO internacional que todavía no existe aquí. Nosotros dimos la alerta y tenemos una reunión pendiente con el Arcsa para que emita las directrices al respecto. No podemos poner en riesgo a las personas cuando decimos que le estamos dando una N95 hecha en el país. Si se quiere promover la fabricación de mascarillas nacionales hay que hacer varias regulaciones. No me atrevería a llamarlas mascarillas, sino cubrebocas, porque una mascarilla tiene un proceso de fabricación más técnico. Pero si se quiere impulsar esos cubrebocas hay que informarle al usuario que no puede realizar varias actividades con esos productos. Por ejemplo, ir a hospitales o visitar a un paciente. No puedes decir que es una mascarilla y dar una falsa sensación de seguridad.

¿Las mascarillas es el uno de los insumos más importantes para la pandemia, cómo garantizar su efectividad?
Este es un reto para todos, tenemos que regular las ventas que se están dando en redes sociales. Tenemos que generar esos controles, quienes deberían únicamente comercializar dispositivos médicos en la web deben ser los establecimientos farmacéuticos. Estamos en reuniones con las autoridades para solicitar esa regulación, porque se está poniendo en riesgo a las personas.

¿Cómo cambiar estos problemas en el sistema de compras públicas?
Debemos ponderar la calidad del dispositivo médico que queremos adquirir. Muchos de estos productos están atados a tecnología que tiene que ser evaluada de manera adecuada y que no puede entrar a una puja en la subasta inversa.

¿Qué la calidad del producto esté por encima del precio?
Este es el punto que más discutimos con las autoridades, que eso también sea evaluado con los recursos que ya tiene la Ley. Hay una instrucción para que se compre todo mediante subasta y mediante un catálogo. Esto no va a proveer al sistema público del dispositivo adecuado, para garantizar la salud del paciente y el tratamiento que está recibiendo.

¿La subasta inversa es mala a pesar de que los productos cumplan con todos los parámetros técnicos?
Lo que sucede es que en la subasta inversa solo se piden los requisitos mínimos de un producto. No se consideran las características adicionales y mejores. Estos buenos insumos no podrán ingresar porque siempre le va a ganar el mínimo. La subasta inversa es una tendencia que se está aplicando durante 10 años y ha ido aumentado considerablemente. Ahora se pide que se compre por subasta inversa y catálogo de productos, pero en el caso de dispositivos médicos no es conveniente. La subasta no elimina la corrupción. Hay que trabajar en conjunto: los proveedores de dispositivos médicos, importadores y distribuidores somos socios estratégicos del sistema nacional de salud. Hasta ahora tenemos una cartera vencida, pendiente de pago, de $32 millones.

Cinco contratos por $5,3 millones fueron entregados directamente a Pedro Chicaiza, para la adquisición de mascarillas, guantes, batas, sábanas y láminas, durante la emergencia por el covid-19. Él ha recibido $16,3 millones en contratos desde 2010, mientras su esposa, Katty Ortega, obtuvo convenios en el área de Salud pública por otros $16 millones, para proveer insumos médicos, con su empresa Improhosfar. Chicaiza es presidente de esa misma firma, pero, por cuerda separada, como persona natural, es el principal proveedor del Ministerio de Salud: obtuvo más del 30% de sus recursos por contrataciones, desde marzo pasado. En total, en esta emergencia la entidad hizo compras por $16,4 millones, hasta el 17 de mayo. Las autoridades de esa cartera de estado no han respondido a nuestros pedidos de entrevista.

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Los contratos con el Ministerio de Salud fueron una lotería para Pedro Chicaiza. Él es el principal contratista de esta entidad para enfrentar el coronavirus, a través del régimen de emergencia. Y ha sido un proveedor muy afortunado: desde 2011 ha recibido $16,3 millones por contrataciones.

A partir de abril, esta cartera registra cinco contratos a su nombre para adquirir mascarillas, guantes, batas, sábanas y láminas, que suman $5,3 millones. En total, la entidad hizo compras por $16,4 millones, entre marzo y el 17 de mayo, de forma directa. Por acuerdos de emergencia se gastaron más de $111 millones, en todo el sector público. 

Salud es el segundo mayor contratante durante esta pandemia. El primero es la Municipalidad de Guayaquil, con más de $17 millones.

Chicaiza es el principal proveedor de esa cartera: obtuvo más del 30% de sus recursos por convenios en régimen de emergencia.

Su esposa Katty Ortega también es una asidua proveedora, con su empresa Improhosfar, importadora y comercializadora de dispositivos médicos. Desde 2009 recibió $16 millones por compras de insumos médicos, la mayoría a través del régimen de subasta inversa. Esta firma fue creada por Chicaiza, quien es su actual presidente. Su pareja es la gerente y accionista mayoritaria.

Chicaiza es el principal contratista del Ministerio de Salud en esta emergencia

Chicaiza ha enfrentado seis procesos judiciales, desde el 2011. Ninguno llegó a sentencia ni sanción. Además, la Fiscalía lo indagó por una supuesta defraudación tributaria, pero el caso se aclaró y no se emprendió un proceso jurídico. Sin embargo, tuvo un impedimento de salida del país como consecuencia de un proceso coactivo de Aduanas del Ecuador, que estuvo vigente entre julio del 2017  y febrero de 2018.

En el portal de la entidad estatal no se puede acceder a detalles del proceso; pero, según Xavier Cuadros, abogado de Chicaiza, este caso se inició por una deuda que calificó como caducada y parte de un «proceso improcedente». “El problema es que mi cliente nunca fue notificado legalmente para defenderse en el proceso de conocimiento, sino que se enteró en el momento que le activaron la coactiva”.

Vinculación de empresas de los esposos fue advertida por el Sercop

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) advirtió de la vinculación entre las empresas de los esposos Chicaiza-Ortega. Esto ocurrió en el 2017 durante una subasta inversa para dotar de lencería quirúrgica estéril al hospital San Francisco de Quito, del Seguro Social.  En el concurso, Pedro Chicaiza participó a nombre de su empresa Tecmed, mientras que su cónyuge, Katty Ortega, por Improhosfar.

En la puja, Tecmed presentó la propuesta más económica para adquirir el contrato equivalente a $64.000. Improhosfar ofertó $76.000. No obstante, el equipo del Sercop detectó su vinculación y redactó un informe que detalla: “El representante legal Katty Ortega, del proveedor Improhosfar, es accionista mayoritario absoluto (50%) del proveedor Tecmed (…). El representante legal de Tecmed es Pedro Chicaiza Alvarado, accionista mayoritario absoluto (50.02 %) de Improhosfar”.

Y concluye: “los proveedores Improhosfar y Tecmed comparten el mismo accionista mayoritario absoluto Pedro Chicaiza Alvarado”. En 2019, para no tener ese impedimento, Chicaiza traspasó todas sus acciones de Improhosfar, que preside, pero siguió contratando a su nombre.

Al final del concurso, la empresa Famedic fue la ganadora. Según el Sercop fue escogida, a pesar de que no presentó la propuesta más económica, pero el análisis de vinculación eliminó a las compañías de Chicaiza.

Katty Ortega es la gerente de Improhosfar, que recibió $16 millones en contratos del Ministerio de Salud. Su esposo, Pedro Chicaiza, es el presidente de la firma. Como persona natural él ganó $16 millones más, para otras contrataciones de equipos en esa misma cartera.

Según los registros de Migración, ha realizado más de 50 viajes al exterior, en la última década, especialmente a Estados Unidos, Brasil, Perú y México. En los registros de la Agencia de Tránsito tiene 29 vehículos a su nombre.

Su abogado dice que en la empresa PG Medical su cliente mantiene a 100 empleados, no obstante las contrataciones en el Ministerio son con Chicaiza como persona natural, no con su compañía.

Los archivos de la Superintendencia de Compañías indican que posee acciones en dos empresas: PG Medical, creada en 2014, y Tecmed, que opera desde 2003. Y también fue accionista de Improhosfar, la compañía de su cónyuge.

“Es importante aclarar que el nombre Pedro Giovanny Chicaiza Alvarado / PG Medical es el nombre comercial que he usado desde el inicio de mis actividades comerciales, con mi RUC (Registro Único de Contribuyentes) de persona natural”, resalta.

Los esposos Chicaiza-Ortega crearon sus empresas en Guayaquil, donde residen

El RUC de Chicaiza es 0911729457001 y el de PG Medical, constiuida el 2014, tiene el número 0992862424001. Los estados financieros de la empresa no registran ninguna operación de ingresos o egresos económicos, hasta el 2018, último año descrito en los archivos de la Superintendencia.

Las tres son compañías familiares, creadas con la participación, especialmente de Ortega y otros parientes, en la rama de insumos médicos.

Las ganancias de Chicaiza crecieron en los últimos siete años. Según informes del Servicio de Rentas Internas, desde el 2002 al 2008, él pagó un máximo de $168 por Impuesto a la renta; luego subió a $94.000, en el 2012; un año después declaró $167.776, su más alta tributación. El año pasado declaró más de $139.000. “Soy uno de los mayores contribuyentes  de impuesto a la renta, a título personal y empresarial”.

Su centro de operaciones está ubicado en la avenida Domingo Comín, en Guayaquil. Su portafolio de productos  incluye rollos y compresas de gasas; ropa y lencería quirúrgica descartable, mallas de prolipopileno.

Detalle de todos los contratos adjudicados a Pedro Chicaiza y su esposa en Salud, por subasta inversa y régimen de emergencia, desde 2009. Fuente Sercop

Chicaiza aseguró a este portal que todavía no ha recibido ningún pago del Ministerio, aunque ya entregó todos los insumos comprometidos. Los contratos fueron firmados en abril pasado: cuatro se concretaron en los primeros 14 días del mes.

Con la declaratoria de la emergencia en marzo, el Ministerio de Salud estaba apremiado por adquirir todo tipo de insumos y abrió adquisiciones directas para comprar mascarillas, guantes, batas, sábanas y telas empañadas de alcohol, sin consurso.

En todos participó Chicaiza. El más importante fue la venta de 6,9 millones de mascarillas quirúrgicas, por $4,5 millones. El valor unitario por cada producto fue de 0,65 centavos, superior al que pagaron otros hospitales públicos, como el de Otavalo y de Azogues, de 0,45 y 0,50 centavos, respectivamente.

En estas cantidades, cada centavo puede hacer un gran diferencia. A un costo de 0,50 centavos, el Ministerio se habría ahorrado cerca de un millón de dólares. Habría pagado $3,4 millones.

Se estrecha el cerco a los proveedores únicos

Uno de los principales problemas en las adquisiciones de emergencia, detectados por el Servicio de Contratación Pública (Sercop), ha sido precisamente el de proveedores únicos. Hasta el 2019 se ubicaron 680 proveedores únicos de productos específicos; la mayoría ha sido eliminado, para fomentar la participación de más empresas y personas naturales, con una puja, que reduzca los costos, dijo Silvana Vallejo, directora del Sercop.

Hasta el año anterior, el 73% de los contratos tenía proveedores únicos. Hoy el 63% de procesos cuenta con más de dos oferentes. Esto ha significado para el estado un ahorro de 390 millones, según Vallejo. 

“Cada centavo es importante. Un ejemplo es un contrato que realizó la Agencia Nacional de Tránsito para adquirir placas”. Se identificó que había un solo oferente, pero al invitar a más participantes se logró una rebaja de unos pocos centavos, que al final representaron un ahorro de 700 mil dólares.   

Un comité analizó 16 propuestas 

16 empresas hicieron ofertas para las mascarillas en el Ministerio de Salud. Sus propuestas fueron analizadas por un comité conformado por Alexandra Campoverde, Jacob Flores y María Santillán, funcionarios de esa entidad.  El 2 de abril pasado entregaron su informe y justificaron que el precio de las mascarillas fue superior al establecido en la proforma porque la demanda de los insumos elevó su precio por la pandemia.

El comité recomendó la adjudicación a Chicaiza, ya que en su propuesta aseguró que entregaría inmediatamente más de dos millones de mascarillas. El primer paquete fue de 1,4 millones con elástico para ajustar al rostro y 70.000 con tiras de tela. El resto lo entregaría cada semana, hasta completar los seis millones.

Este plazo terminó viernes 14 de mayo, un mes después de la firma del contrato. Chicaiza aseguró que cumplió lo acordado y entregó todos los productos. Sobre el costo unitario de las mascarillas dijo que no se  puede realizar una comparación superficial. “Hay que conocer los productos y sus características para hacer las comparaciones”.

“Respecto a las mascarillas quirúrgicas es importante determinar si los filtros y tipos de tela cumplen con los estándares de calidad que aseguren una protección adecuada para proteger en esta emergencia sanitaria”, recalcó mientras explicaba que todas sus mascarillas, que son importadas, tienen tres capas y filtro de protección, y que sus precios son menores al mercado actual.

Desde la semana pasada (martes 12 de mayo), las autoridades del Ministerio de Salud no han respondido a nuestro pedido de información sobre el cumplimiento de este convenio y por qué adjudicaron el millonario contrato a una persona natural relacionada, a su vez, con otras empresas, que también han obtenido contratos por subasta inversa. Pedimos una entrevista con el ministro Juan Carlos Zevallos, pero su equipo de comunicación dijo que una comisión técnica contestaría.

A los trabajadores de salud les faltan insumos de protección

Los presidentes de los colegios médicos de Guayas y Pichincha se sorprendieron con la información de la cantidad de mascarillas adquiridas por el Ministerio.

Según Víctor Álvarez, de Pichincha, aún persisten las quejas de los trabajadores de la salud por la falta de insumos para su protección. Aseguró que existen hospitales que ordenaron que se use la mascarilla de tela durante toda la jornada laboral, cuando la norma internacional dispone un máximo de 4 horas y luego debe ser desechada.

Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Guayas, dijo que uno de los principales problemas que afrontan los profesionales de la salud es la falta de implementos para su protección. Por eso el Colegio de Guayas pidió a las autoridades que hasta que no se complete la dotación de estos insumos no se levante el semáforo rojo de la cuarentena.

Sin embargo, el ministro Zeballos, en una cadena el 13 de mayo, expresó que durante los dos próximos meses está garantizada la dotación de equipos de protección a médicos y enfermeras. Especialmente en Pichincha, donde el pico de contagios está elevándose.

La fórmula ganadora de Chicaiza

Para los otros cuatro contratos, Chicaiza tuvo una fórmula ganadora: garantizar la entrega inmediata de los productos y en la cantidad que pida el Ministerio. Eso ocurrió con el acuerdo para entregar 4,2 millones de guantes (de examinación de látex, quirúrgicos y de examinación de nitrilo).  Chicaiza dijo que entregó todos los insumos inmediatamente.

El contrato fue por $526.759. La comisión técnica también explicó que los precios del producto se elevaron de sus promedios históricos por la falta de stock en el país y en el extranjero.

Lo mismo sucedió con la dotación de batas para protección de los trabajadores de la salud y de sábanas para los hospitales del país.  En el primero debió entregar 23.719 batas de talla grande a un valor unitario de $2,99, un dólar más del presupuesto referencial que el propio Ministerio elevó por la crisis del coronavirus.

Este convenio costó $70.913 y la ropa de protección fue entregada. Sin embargo, el Ministerio tuvo que realizar otro proceso de adjudicación para dotar de 60.000 batas de talla mediana. Este fue entregado a Pedro Quimis, por $216.000.

La dotación de 25.473 sábanas de una plaza y plaza y media también fue adjudicada a Chicaiza. El costo de este convenio fue de 57.710 dólares. Él aseguró que entregó ese material al Ministerio de Salud, pero que aún no recibe los pagos por ninguno.

El último contrato fue para dotar de 3.464.909 láminas impregnadas de alcohol. Este convenio fue suscrito el 30 de abril por $225.219.  En este proceso, Chicaiza presentó la oferta de 0,65 centavos por unidad.

Cuatro días después de la firma de este convenio, el Ministerio suscribió otro para recibir medio millón de láminas. El precio por unidad fue de 0,55, es decir más económico que el firmado con Chicaiza.

ENTREVISTA. La severa crisis que golpea al Ecuador por el coronavirus destapó las estrategias y campañas de distintos actores en redes sociales. La pandemia es un laboratorio preelectoral donde se desarrolla una guerra entre posibles candidatos y sus alfiles. Dos jugadores son protagónicos: el correísmo y el gobierno. Para entender lo que está ocurriendo conversamos con Héctor Daniel Galarza, consultor y estratega de tecnopolítica, con 15 años de experiencia en marketing y comunicación política.

Redacción Código Vidrio

¿Qué ocurre en las redes sociales, hay una guerra sucia con miras a posicionar o desprestigiar a ciertos políticos y funcionarios públicos, en un escenario preelectoral en Ecuador? 

Hay gente que necesita hacer dos cosas. Primero dañar la imagen de candidatos y figuras públicas claves; en este caso de Cynthia Viteri, alcaldesa del Partido Social Cristiano, con lo cual afectan a Jaime Nebot, potencial candidato presidencial. Y otros ataques sistemáticos son protagonizados por trolls del correísmo para debilitar al vicepresidente Otto Sonnenholzner y, así, terminar de agrietar la imagen del Presidente y su gobierno. En ese contexto, también es evidente que han contratado empresas para mejorar la imagen del Presidente.

¿Cómo ve usted el papel que el gobierno juega en redes?

El gobierno está tratando de contener un tsunami de ataques que es incontenible. En esta guerra hay varios grupos: uno es el correísmo, otros, que son más estratégicos y no son tan evidentes, y algunas autoridades de entidades gubernamentales, que siguen consejos consultores políticos, quienes contratan trollcenters para cambiar la percepción negativa o contrarrestar las arremetidas.

¿Y cómo operan?

Acuden a ministerios y dependencias públicas donde se promocionan diciéndoles que están atacando en redes a la cabeza de la institución, pero realmente en varios casos ellos mismos son los que generan esas arremetidas. Entonces simulan una necesidad y ofrecen defender a la autoridad con sus activistas digitales, a través del contrato de una campaña de comunicación. Nunca se deja sentado por escrito que se contrata un troll center. Luego, si se concreta la contratación, inmediatamente cesan los ataques.

¿Actualmente ocurre esta práctica en alguna entidad pública?

Así es. Varios están contratados en el sector público. Hubo alguien desde la época de Richard Espinosa, en el anterior gobierno, que ha manejado el Ministerio de Salud y el IESS, en el campo de la comunicación. Ahí contrataron una empresa para que se encargara del manejo de redes. Precisamente generaron la necesidad, es una estrategia muy bien pensada.

Hay medios de izquierda o iniciativas que se promocionan como ciudadanas. Tienen una agenda política oculta. En esa línea de desinformación hay medios o páginas como Ruta Kritika y el Observatorio de la Dolarización, generadores de contenidos del correísmo.

¿En la antesala de las elecciones cómo está la disputa en redes?

Hay varios jugadores. Nadie le está tocando a Guillermo Lasso porque se estima que tiene un techo y, al parecer, no crecerá más. A mi criterio el jugador más importante es el Vicepresidente, aunque ya anunció que no será candidato, por lo cual los ataques cesaron. Otro protagonista es el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Las agresiones, las últimas semanas, fueron dirigidas hacia Otto y Viteri, que les dio material por sus errores. Es un juego de estrategias, con una guerra sucia de por medio. En este contexto hay medios de izquierda o iniciativas que se promocionan como ciudadanas. Tienen una agenda política oculta. En esa línea de desinformación hay medios y páginas como Ruta Kritika y el Observatorio de la Dolarización, generadores de contenidos del correísmo.

Pero hay forma, evidentemente, de saber cómo operan y se alinean en campañas de desinformación o desprestigio, porque el rastro queda en las redes.

Twitter tiene un algoritmo para identificar quiénes están relacionados, cómo se organizan las campañas de desinformación. Por ejemplo, le doy follow a La Colmena, y entre los usuarios que me sugiere para seguir aparecen Wambra Radio y Ruta Kritika, que son medios y cuentas de viralización. El último medio tiene actores importantes como Guillaume Long, Jacques Ramírez, Pabel Muñoz o Carol Murillo, que tienen muchos seguidores y generan información supuestamente seria. Sus contenidos son viralizados por gente que también valida mensajes falsos o sesgados. Por otro lado, hay medios o revistas en Facebook, como Mira La Plena, que no tienen un responsable que responda por su contenido, que incluye noticias falsas. Estos sitios no buscan los hechos ni la verdad sino afinidad emocional o política. Sobre la marcha, desde estas cuentas, se construyen noticias falsas que buscan desprestigiar a alguien, generan indignación entre sus seguidores. Mira la Plena difundió un audio trucado, teatralizado sobre el Vicepresidente, que supuestamente se confabulaba con otros funcionarios para un golpe de Estado. En Facebook eso tuvo 2.000 reacciones y 1.200 comentarios.

Pero la gente no repara en si una noticia es falsa o verdadera, solo replica, y este comportamiento tan humano no va a parar, la desinformación tampoco.

Así es. No va a parar.

Si una cuenta o una persona difunde una denuncia falsa, una difamación o fake news, Twitter no puede hacer nada porque proviene de una cuenta verificada, con muchos retuits, no la va a bajar. Es una pelea perdida.

¿Por qué no hay una respuesta más orgánica de la empresa Twitter, que recibe denuncias de ataques o desinformación de cuentas falsas manejadas por trolls?

Twitter es una plataforma mundial, con 1.000 millones de cuentas, tienen procesos en un 90% automatizados, casi no hay gente atrás. Si una cuenta o una persona difunde una denuncia falsa, una difamación o fake news, Twitter no puede hacer nada porque proviene de una cuenta verificada, con muchos retuits, no la va a bajar. Es una pelea perdida.

¿Por qué el correísmo tiene tanto peso en redes?

Porque funciona con células y grupos que hacen el trabajo sucio, pidiendo, por ejemplo, a sus seguidores que denuncien una cuenta para que la cierren. Pueden generar hasta 1.500 denuncias en un día, bajo la categoría «acoso». Durante el gobierno de Correa registraban en Ares Group todo el contenido que tenían como copy right. Cuando uno subía una foto para denunciar algo, era también denunciado por violación de copy right, y te daban de baja la cuenta. Así censuraban fácilmente los contenidos.

¿Ellos se han posicionado hace muchos años en redes, es difícil contrarrestar eso?

Totalmente, la única forma es crear una unidad para identificar estas maquinarias de fake news y denunciar penalmente a quienes generan desinformación.

Pero también se ha denunciado que el gobierno de Moreno tiene troll centers.

Así es, operan en algunas entidades. Para contratar estos servicios en el portal de compras públicas se camuflan productos de troll center como contratos de comunicación o relaciones públicas digitales, incluye está implícito el apoyo al director o ministro en redes.

No sé quien es el oficioso que les ha dicho a autoridades del gobierno que tener un troll center es positivo. Solo basta ver los seguidores y respuestas en redes de algunos funcionarios, varias cuentas fueron creadas en abril o en febrero para beneficiarlos con comentario

¿No se puede probar porque está bajo paraguas de comunicación?

Así es, pero cuándo ves la actividad en redes sabes que hay un servicio adicional.

¿Y usted ha podido identificar que eso ha ocurrido en el IESS y el Ministerio de Salud?

Claro. No sé quien es el oficioso que les ha dicho a autoridades del gobierno que tener un troll center es positivo. Solo basta ver los seguidores y respuestas en redes de algunos funcionarios, muchas cuentas fueron creadas en abril o en febrero para beneficiarlos con comentarios, no sé si esto lo conocen las cabezas. O solo lo hace una empresa contratada por pedido de funcionarios de comunicación, con usuarios reales o activistas. Eso también ocurre en la Presidencia.

¿En el caso del Consejo Nacional Electoral, qué pasa?

Hay estructura interna de socialización, ocurrió lo mismo en Ministerio de Trabajo. En el CNE hay algunos vocales que obligan a los empleados a tener cuentas en redes y publicar apoyos. Se pide que los funcionarios retuiteen todos los mensajes, mientras otra autoridad controla que lo hagan sino les imponen sanciones.

¿Cómo se puede identificar que algún personaje público tiene seguidores falsos?

Hay herramientas donde se pone el perfil del personaje y se puede conocer con exactitud su actividad, perfil de los seguidores y se puede detectar si son falsos o reales. Arroja porcentajes.

¿Qué pasa con cuentas de influencers y la difusión de fake news?

Hay muchas cuentas cluster, que tienen miles de seguidores en volumen, que  comparten y dimensionan las noticias  y fake news. Un caso sonado fue lo que pasó con el trabajo del Instituto de Tecnología de Masachusets (MIT), para verificar cómo se realizó el conteo de votos en las elecciones presidenciales de Bolivia. Se prestaron dos periodistas estadounidenses, que elaboraron un reportaje lleno de falsedades, pero como están en el blog del New York Times su artículo tenía credibilidad. En realidad se descubrió que era un publirreportaje coordinado con Guillaume Long, quien luego lo viralizó en sus redes. Se tergiversó el estudio de MIT.  Los medios RT (del gobierno ruso), Nodal, Página 12, Estrella de Galicia, replicaron la noticia que luego fue recogida por otros medios, que la reprodujeron sin mayor contrastación ni verificación; así se produce una cascada de viralización de información falsa o sesgada. Algo similar ocurrió cuando en las redes se difundieron videos trucados sobre la supuesta quema de cadáveres en las calles de Guayaquil. La noticia luego se publicó en medios internacionales como Telesur y se proyectó al mundo la imagen de una ciudad devastada. Así operan esos medios ancla y sus influenciadores: comparten información supuestamente verdadera y escandalosa, así prenden la chispa y esperan que todo arda.

Pero también hubo un problema grave en Guayaquil que no se puede desconocer. Descoordinaciones entre las autoridades a todo nivel, errores graves, respuestas lentas, un sistema de salud desbordado…

Totalmente. El sistema colapsó y el gobierno reaccionó muy tarde en el tema de los muertos y la atención, especialmente entre marzo y abril. El correísmo se ganó la lotería, para atacarlo por todas sus equivocaciones. Grupos cercanos al presidente Moreno también se desentendieron.

Durante dos años consecutivos, en la embajada de Ecuador en Londres se celebró con fondos públicos el aniversario del asilo concedido a Julian Assange. Esos festejos están prohibidos por la ley, pues no son actos protocolarios oficiales, según la Contraloría. Código Vidrio accedió en exclusiva al video de la fiesta celebrada en agosto del 2014, durante la visita oficial del entonces canciller Ricardo Patiño. La filmación original no tiene audio, pues ese momento las cámaras no contaban con micrófonos. En septiembre, el líder de WikiLeaks enfrentará un proceso de extradición pedido por Estados Unidos.

Redacción Código Vidrio

Mientras estuvo al frente de la Cancillería, Ricardo Patiño fue un protector incondicional de Julian Assange, a espaldas de las autoridades diplomáticas de la embajada en Londres.

Al cumplirse el segundo aniversario del asilo de Assange, entre el 16 y 18 de agosto de 2014, el entonces canciller Patiño lo visitó en la embajada de Ecuador en Londres. Durante tres días cumplió una apretada agenda, que incluyó un festejo a lo grande en la sede diplomática.

La fiesta quedó grabada en un video inédito, al que accedió Código Vidrio. En la filmación, que no tiene audio, realizada en la sala de reuniones de la embajada participaron, entre otros, Patiño, Assange, los españoles José María Guijarro, Chema, entonces alto funcionario de Cancillería y hoy diputado del partido Podemos, que cogobierna en España; Iván Orosa, también asesor de Cancillería; Baltasar Garzón, abogado del fundador de WikiLeaks; Eva Golinger, admiradora del proceso bolivariano, varios integrantes y simpatizantes de WikiLeaks, entre otros huéspedes que se divirtieron a sus anchas en el Hotel, como se conocía a la embajada.

Video del festejo en la embajada de Ecuador en Londres por el segundo aniversario del asilo de Assange

En el homenaje no se ve al embajador de la época, Juan Falconi, quien meses antes había enviado varias comunicaciones al Canciller denunciando los constantes excesos y desenfrenos de Assange y algunos miembros de su equipo, y las fricciones y roces con el personal de seguridad.

Patiño, que fue canciller entre 2010 y 2015, nunca respondió los correos que le enviaban las autoridades desde la sede: insistían constantemente en ponerle reglas al australiano, según dos exámenes de la Contraloría https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59220&tipo=inf; https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59204&tipo=inf.

Assange cumple una condena de 50 semanas en la prisión de Belmarsh, al sur de Londres, desde abril de año pasado cuando fue expulsado de la embajada del Ecuador.

En septiembre próximo enfrentará en los tribunales ingleses un proceso judicial de extradición a Estados Unidos, por la divulgación de información clasificada, en 2010. Su equipo de abogados sostiene que se trata de una persecución por su papel crucial al develar información que evidenciaba crímenes de militares estadounidenses contra civiles en Iraq y Afganistán.  Organismos internacionales se han pronunciado a favor de Assange, denunciando que si se concreta la extradición su caso sentaría un funesto precedente contra la libertad de expresión.

El informe de UC Global sobre la agenda y las medidas de seguridad para Patiño y su comitiva, en agosto de 2014

La fiesta en la sala de reuniones

El agasajo se realizó en la sala de reuniones de la embajada con unos 25 invitados, que se sirvieron tragos y bocaditos, repartidos por dos meseros, que vestían de negro. Hubo música y un ecuatoriano, que al parecer es el cónsul de la época Juan Arcos, también animó el festejo con su guitarra. Los asistentes bailaron y cantaron eufóricos.

En la conmemoración por el aniversario, que incluyó la fiesta, se habrían gastado 6.557 dólares, descritos en el rubro “Eventos públicos” del 2014, asignados en el fondo para la permanencia y mantenimiento de Assange, según un informe de la Contraloría.

No era la primera vez que este tipo de celebraciones se llevaban a cabo. Un año antes, en junio de 2013, se realizó el evento de conmemoración del primer año del asilo, autorizado por la embajadora Ana Albán. En esa celebración se gastaron $5.395.

La Contraloría auditó estos gastos del 2013. En su examen DNA1-0037-2019 estableció que Albán autorizó el pago de ese evento “sin observar las normas de austeridad y control del gasto público, que establece la prohibición de festejos, agasajos o recepciones, a excepción de aquellos actos conmemorativos o protocolarios, ya que la fecha de asilo diplomático no constituye un acto conmemorativo, lo que ocasionó un pago sin sustento legal”.

Informe de los gastos de los eventos de 2013 y 2014, en la embajada en Londres 

Según Albán, la conmemoración sí estaba justificada, pues “buscaba obtener la atención del Reino Unido para la búsqueda de una solución que evite la prolongación de la permanencia de Assange en la embajada, a través de la concesión del salvoconducto para su salida del territorio británico, conforme lo venía solicitando el Gobierno ecuatoriano y fue anunciado públicamente por el Canciller (vía teleconferencia) en este evento”.

La embajadora, quien es directora Ejecutiva del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, creado por el Gobierno, tuvo también inconvenientes para imponer reglas al asilado, que desde el 2012 supo que se había instalado un sistema de cámaras, para vigilar la sede, al cual tenía acceso, indican reportes diplomáticos enviados desde Londres a Cancillería.

Pese a que las celebraciones ajenas a actos protocolarios oficiales del Ecuador están prohibidas por la ley, el año siguiente el mismo canciller Patiño avaló la reunión social, como parte de su visita oficial al Reino Unido.

Entre 2012 y 2019, el gobierno ecuatoriano gastó $795 mil para la manutención de Assange, además de unos $6,5 millones para cubrir los costos de su seguridad con fondos especiales.

Patiño no intervino para frenar al huésped

Semanas antes, la tensión entre los funcionarios diplomáticos, el personal de seguridad y el huésped y sus colaboradores había llegado a un punto crítico. Esto se evidencia en informes enviados por el embajador Falconi, con base en reportes de los funcionarios y empleados de la embajada y de la empresa UC Global.

“La manipulación es sistemática. J. Assange miente, exagera los hechos y altera las circunstancias en una curiosa actitud de permanente confrontación. Trata al personal nacional de forma despectiva y ni siquiera contesta su saludo. Su equipo espía al personal ecuatoriano y husmea los documentos de la embajada”, escribió Falconi, en la nota 4-1-11-14-EECUGRANBRETANA, del 23 de abril de 2014, dirigida a Patiño.

Assange y sus abogados han desmentido cualquier exceso y han denunciado que todo fue parte de un plan de provocación, orquestado por los guardias de Global y su CEO, David Morales, a quien demandaron el año pasado en España por un supuesto espionaje, que sigue en investigación, sin una formulación formal de cargos.

Los defensores del creador de WikiLeaks denuncian que fue espiado, violando sus derechos a la intimidad, lo cual ha sido negado por el gobierno ecuatoriano y Morales, quienes han sostenido que todo el personal en la sede sabía sobre la instalación de cámaras en los espacios públicos de la sede, por motivos de seguridad.

El 29 de junio, dos meses antes de la celebración por el aniversario del asilo, Morales envió un informe a la Cancillería. “El huésped hace gala de una total desconexión ante las normas y aplicaciones declaradas por la Misión Diplomática, amparándose bajo la figura de su contacto o representante en Quito, el cual parece estar bastante alejado de la situación del día a día que se vive en la sede(…). Cualquier nueva amenaza, declaración impropia, agresión o falta de respeto dirigida contra el personal de seguridad del Huésped o su equipo, iniciaremos las acciones legales que sean oportunas en su contra. Por ello y para tomar las acciones que ustedes determinen oportunas para solucionar este asunto, les propongo celebrar una reunión personal donde puedan ser expuestas y aclarados los puntos anteriormente descritos (…)”.

Pese a que todos los “Reportes de Incidencias” coincidían en los exabruptos de Assange y sus colaboradores, Patiño no intervino, ni siquiera respondió a las comunicaciones, según los exámenes de la Contraloría.

“Como se puede colegir de los informes y grabaciones antedichos, J Assange provoca continuos incidentes, incompatibles con el respeto y consideración que debe guardar a la sede que lo alberga y a todo el personal ecuatoriano. En varias ocasiones he pedido cordialmente cambiar estas actitudes hostiles de Assange y su equipo, sin resultados positivos. Por el contrario, esa hostilidad, cuando alega tener respaldo de Quito, crece y está, en particular, dirigida a los miembros de la Seguridad”, indica otra comunicación enviada por Falconi, semanas antes del festejo del 16 de agosto.

“Considero indispensable, en consecuencia, que el tema sea analizado detenidamente, pues Assange debe entender las normas básicas de conducta y respeto a toda esta misión, ya que constantemente alega que instancias de esa Cancillería respaldan su frecuente y desconsiderado comportamiento, que se hace extensivo a su personal cuando, recibiendo sus instrucciones, igualmente comete abusos. En consideración a que en días pasados tratamos telefónicamente algo sobre este tema, le sugiero, estimado Canciller, que si lo estima pertinente, remita copia de este informe al Señor Presidente (…)”.

¿A qué se debió el silencio de Patiño? Ecuador, al conceder el asilo a Assange en agosto de 2012, se había convertido en el centro de la atención mundial, pues desafiaba a Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia. El entonces presidente Rafael Correa se volvió un duro crítico del “imperialismo estadounidense” y estrechó alianzas con China, Rusia e Irán, sus antagonistas. Patiño fue el artífice de la nueva política exterior del Ecuador, que años antes había expulsado a la embajadora de EE.UU. en Quito, precisamente por un cable diplomático difundido por WikiLeaks.

Colaboradores de Assange duplicaban al personal diplomático

Así, en medio de un ambiente conflictivo y hostil, Patiño llegó a la embajada para respaldar abiertamente a Assange, a espaldas del personal diplomático, que trabajaba en condiciones adversas. Buena parte de la sede -una habitación, un cuarto, una oficina y la sala de reuniones- eran controladas por el fundador de WikiLeaks y su equipo de 17 colaboradores, el doble de los funcionarios de la embajada. Así, la mayoría de actividades en la sede giraba en torno al hacker y sus abogados, subalternos y cientos de visitantes.

Eso precisamente se evidenció en la fiesta por el segundo aniversario. En el video, Assange se ve relajado y contento, baila y aplaude, celebra las destrezas de Patiño en el baile, junto a Guijarro y Baltasar Garzón. Eva Golinger, estadounidense nacionalizada venezolana, también aparece bailando. Luce un vestido negro.

Ella era parte de la comitiva, que acompañó a Patiño a Londres. Se había ganado un sitial privilegiado, luego de ser parte del grupo de periodistas militantes de bolivarianismo, que por años han amplificado el discurso del expresidente Correa y otros líderes populistas del Socialismo del Siglo XXI.

Al día siguiente también estuvo en el grupo de ecuatorianos que recorrió en bicicleta sitios turísticos de Londres, acompañando a Patiño y al embajador Falconi.

En la tarde, Patiño se reunió con Assange y su equipo jurídico, para analizar el contexto político y legal del caso, y avanzar hacia una solución que en esos momentos se buscaba al juicio que enfrentaba en Suecia, por una supuesta relación sexual no consentida con dos mujeres.

Al día siguiente, Patiño dio una rueda de prensa junto con Assange, destacando que “en estos dos años él ha sido perseguido, junto con su familia, en el ámbito personal e incluso económico, pues las cuentas de su fundación han sido bloqueadas en varias partes del mundo”. Frente a ello -añadió- el gobierno ecuatoriano ha reiterado que Assange “podrá permanecer en las dependencias de la embajada ecuatoriana el tiempo que sea necesario, hasta que obtenga el salvoconducto que le permita viajar al Ecuador”.

Mientras Assange permaneció en la embajada, Ecuador buscó por varias vías que Gran Bretaña le concediera el salvoconducto, sin resultados. Con el cambio de gobierno, la situación del asilado se complicó, sobre todo luego de octubre de 2018, cuando se aprobó un protocolo de convivencia, que por primera vez ponía reglas a Assange, y finalmente se aplicó para expulsarlo y entregarlo a las autoridades inglesas, en abril del 2019.

El australiano permaneció asilado cerca de siete años en la sede, por temor, precisamente, a ser extraditado a EE.UU., luego de que se iniciaron varios procesos en su contra en Suecia. Ha estado confinado en Inglaterra más de diez años, con graves secuelas a salud física y mental, lo cual ha sido denunciado por relatores de DD.HH. de la ONU y la OEA, así como por Amnistía Internacional.

El anterior prefecto, Gustavo Baroja, mantenía un equipo de 20 asesores, directores y asistentes cercanos. Esto cambió apenas la prefecta Paola Pabón asumió el cargo. En junio del 2018, contrató ocho personas más para que le acompañaran en su gestión. Y para marzo desde este año se enrolaron 18 personas más, llegando a 38 funcionarios en su despacho.

Redacción Código Vidrio

La crisis económica que vive el país y el mundo por el Covid-19, al parecer, no hace mella en el despacho de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Su corte de asesores y funcionarios cercanos crece como la espuma.

Su antecesor, Gustavo Baroja, mantenía un equipo de 20 asesores, directores y asistentes en su despacho. Esto cambió apenas Pabón asumió el cargo. En junio del 2018, contrató 8 personas más para que le acompañaran en su gestión, sumando 28 colaboradores. Y para marzo de este año 10 personas más se sumaron al equipo de subalternos. Suman 38 empleados públicos en su despacho, incluidos 11 asesores, según los registros que revisamos de Talento Humano del organismo.

Pabón se posesionó en mayo del año pasado, en medio de una celebración a lo grande en la Ciudad Mitad del Mundo, que costó más de 90 mil dólares, y fue cuestionada por los gastos excesivos, en un contexto de crisis económica.

En esa ocasión, el evento, que congregó a cientos de funcionarios y militantes correístas, se adjudicó como régimen especial (a dedo) a Víctor Guarderas, un ingeniero mecánico que aparece en varios procesos de contratación, ofertando servicios de capacitación en programación neurolingüística, o en motivación y desarrollo personal, según un informe del Observatorio de Gasto Público. La fiesta se realizó 24 horas después de firmar el contrato, que sin embargo no detalla lo que se gastó en el servicio de catering, ni el licor servido durante la celebración.

Equipo de 11 asesores

Entre el personal de despacho contratado este año destacan los asesores. La Prefecta cuenta con 11 de estos funcionarios, la mayoría cercana al correísmo. Destacan dos personajes conocidos en la esfera pública por sus duras críticas al Gobierno y su activa participación en redes sociales: el periodista Alexis Moncayo y el sociólogo español Jacobo García.

Desde octubre pasado, Pabón está bajo investigación fiscal por su presunta participación en las protestas contra el presidente Lenin Moreno. La Fiscalía asegura que desde la Prefectura enfilaron baterías para avivar las manifestaciones, para lo cual usaron su contingente comunicacional desde la Radio Pichincha Universal y otras figuras del régimen pasado.

Moncayo y García, según fuentes del Gobierno, son actores claves en la estrategia para fortalecer la defensa de la Prefecta y endurecer los ataques contra el morenismo en redes sociales.

Tienen cargos de asesores legislativos, una partida creada por Pabón, según el distributivo de personal de marzo  pasado.

Moncayo gana $ 2.553 mensuales. Él es un periodista con más de 20 años de experiencia, sus últimos trabajos fueron en Ecuadortv y en Radio Majestad. Su salida de ambas instituciones se desencadenó por roces con funcionarios del gobierno como el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán.

Moncayo aseguró que su cargo es asesor ejecutivo y trabaja directamente con Pabón. Llegó a su despacho en febrero y el 3 de marzo se enroló oficialmente. Por eso, aclaró que fue contratado antes de la emergencia por el coronavirus.

CUADRO DE EXCEL DE PERSONAL

Su función principal es la rama comunicacional. “Nuestro principio es difundir la gestión de la Prefecta. No entramos a peleas políticas, ni troll center, ni elaboración de fake news. Eso quedó claramente establecido desde el primer día que entré a la Prefectura”.

Todos los equipos informáticos del Departamento de Comunicación de la Prefectura, explicó, aún están incautados por la Fiscalía en el proceso contra Pabón. «Por eso, todos trabajamos con nuestras computadores personales».  Adicionalmente, el presupuesto de publicidad fue redirigido hacia la emergencia sanitaria.

Moncayo cuestionó la difusión de supuestos informes de Inteligencia en Twitter que lo involucran como uno de los  actores del correísmo para enfilar los ataques en redes contra el Gobierno desde la Prefectura. Recalcó que esos ataques son dirigidos por autoridades del régimen como la ministra de gobierno María Paula Romo y el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.

En  cambio, García apareció en la Revolución Ciudadana como uno de los integrantes de la Escuela de Formación Continua Sobre el Buen Vivir, creada por el excanciller Ricardo Patiño para reclutar a extranjeros, junto a José María Chema Guijarro, hoy diputado de Podemos.

Luego integró el Instituto de Pensamiento Político de Alianza PAIS, que se transformó en el Instituto de Pensamiento Eloy Alfaro, presidido por el expresidente Rafael Correa, prófugo en Bélgica. El español también fue contratado por Pabón como asesor legislativo con un sueldo de $ 1.641.

En entrevista con este portal, García coincidió en las críticas a los seguimientos de Inteligencia. Recalcó que antes se cuestionaba esas acciones durante el gobierno de Rafael Correa, pero hoy se usan las mismas estrategias.

Dijo que ingresó a la Prefectura en febrero, pero que su contrato se oficializó en los primeros días de marzo. Como asesor ejecutivo apoya en la consejería política a la Prefecta.

Aclaró que durante su vida profesional no solo ha trabajado en proyectos con el correísmo, sino que también ha brindado asesoría al Partido Social Cristiano o al Partido Acción Nacional de México.

Este portal pidió el martes pasado una entrevista con Pabón para conocer las razones del incremento del personal de su despacho y las contrataciones durante la crisis, pero no tuvo una respuesta.

Actualmente, la Prefectura tiene 2.308 funcionarios. Con los nuevos enrolamientos el presupuesto también se incrementó. Mientras en mayo de 2019 era de 230 millones, para este año llegó a 238 millones, incluidos  gastos administrativos y de contratos.

Suspenden compra de pasajes al exterior

Hace dos semanas, el Gobierno provincial tuvo que suspender un contrato por 43.353 dólares, para adquirir pasajes al exterior para la prefecta Pabón y sus colaboradores cercanos.

El 11 de marzo pasado, la Unidad de Gestión Financiera inició el proceso para negociar con la agencia de viajes. En esa fecha se pidió que se certifique la partida presupuestaria para esos servicios y la disponibilidad de recursos.

Desde esa fecha, y a pesar de que se suspendieron las actividades laborales en el país, no hubo contratiempos para concretar ese contrato. La Unidad de Compras Públicas siguió con sus  trámites por disposición de la Prefecta, quien sostuvo que no se debían frenar ese servicio y otros que brinda la institución.

Por eso, el último 4 de abril la Prefectura subió los archivos al sistema de contratación pública. Este paso es la antesala de la adjudicación, que disputaban 20 agencias de viajes. Sin embargo, ese proceso fue denunciado por el excandidato vicepresidencial Andrés Páez. Horas después la Prefectura suspendió el trámite.

Según Paéz, Pabón no solo quería usar recursos públicos para viajes en medio de la emergencia, pues tiene la prohibición de abandonar el país, en lugar de emplearlos para ayudar a los afectados por el Covid-19.

Pabón se ha enfocado las últimas semanas en liderar el comité de emergencia provincial y se concentró en la entrega de víveres a las familias para soportar la cuarentena. Además, dispuso que los centros médicos regidos por el Consejo Provincial sean un soporte del sistema de salud y lo mismo ocurrió con el equipo caminero y de rescate. Gestionó la donación china de 10.000 mascarillas y 340 trajes de protección para los equipos médicos.

Durante los primeros 10 días de la crisis sanitaria, Pabón mantuvo fricciones con el gobierno porque el Comité de Emergencia no podía reunirse, por la ausencia del delegado del Ejecutivo.

Finalmente, esa delegación recayó en el secretario de Educación Superior, Agustín Albán. Desde entonces ha seguido con su trabajo sin contratiempos.

Producción Código Vidrio

Los últimos días los ecuatorianos relajamos irresponsable las medidas de aislamiento, que hemos mantenido varias semanas.

Es un grave error y puede echar al traste un mes de cuarentena. Al quedarnos en casa hemos evitado que se propagué el Covid-19 y siga cobrando más vidas.

Las escenas que han aparecido en videos y fotografías las últimas horas, con miles de personas en sus vehículos y otras a pie nos deben llamar a la reflexión. No es hora de bajar la guardia.

Para que el aislamiento sea efectivo solo una de cada ocho personas podría movilizarse con mascarilla y guantes. Las siete restantes actúan como escudos para contener el avance de la pandemia.

La OMS recomendó que para levantar el aislamiento deben cumplirse seis requisitos:

1. Detener la transmisión, es decir aplanar la curva de contagios.
2. El sistema de salud debe tener la capacidad de detectar, hacer pruebas, y rastrear cada contagiado y su cadena de contactos.
3. Minimizar el riesgo de contagio a médicos.
4. Adoptar medidas preventivas en lugares de trabajo.
5. Poder manejar los casos importados.
6. Mantener a la comunidad informada, comprometida y empoderada.