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Los productores, importadores y farmacéuticos del país piden al Gobierno que modifique el Decreto Ejecutivo 1033, para prevenir un posible desabastecimiento en los hospitales públicos con la aplicación de esta estrategia. Recomiendan su ejecución por etapas, ya que el sistema no está preparado para aplicarlo.

Redacción Código Vidrio

El sector empresarial está preocupado por la inminente aplicación del plan “Medicamentos para Todos”. Este proyecto fue ideado para crear un sistema centralizado de compra y distribución de medicinas e insumos en la red pública de salud.

Los productores, importadores y farmacéuticos del país, reunidos en el grupo “Juntos por la Salud”, piden al Gobierno que modifique el Decreto Ejecutivo 1033, para prevenir un posible desabastecimiento en los hospitales con la aplicación de esta estrategia.

El proyecto cobró vida el 5 de mayo pasado. En su parte esencial da un plazo de seis meses para tener listo este sistema centralizado con más de 700 medicamentos y además incluirá una historia clínica y recetas digitales de cada paciente.

Con este nuevo sistema el gobierno busca acabar de raíz con los innumerables casos corrupción, sobreprecios y mal uso de las medicinas en la red de hospitales estatales.

Sin embargo, para Cristina Murgueitio, directora de la Asociación de Productores e Importadores de Insumos Médicos, ASEDIM, el proyecto no supera las falencias de fondo que han denunciado en las compras por subasta inversa, vigente desde el 2016.

Todavía persisten los problemas de gestión y control de inventarios en las casas de salud del país. Sin un cambio real, dice Murgueitio, existe el peligro de que la historia se repita. Esto no resuelve “la corrupción ni la fuga de productos”, que quedaron al descubierto por la crisis sanitaria por la propagación del Covid-19.

Otra inquietud del sector privado es la decisión de incluir de un solo golpe el 100% de los medicamentos que compra el Estado en el sistema. Para Roberto Aspiauzu, director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuador, este es un grave error, por lo cual pidió que se aplique, en primera instancia, un proyecto piloto con un porcentaje reducido de fármacos.

Su pedido se sustenta en casos como el de Argentina, que tienen una ventaja de casi ocho años con este método y sin embargo aún no completan la totalidad de los medicamentos de la red pública.

Mario Ayala, presidente de la Asociación de Farmacéuticos Ecuatorianos, explicó que no es una buena estrategia incluir todos los medicamentos, porque hay varios productos que son baratos en el mercado, pero con el nuevo plan su costo se incrementará.

Por ejemplo, es contraproducente pedir al sector privado el uso de un código especial (bidemensional) en cada producto, con lo cual se puede hacer un rastreo del medicamento para saber dónde está y cómo fue usado. Según Murgueitio, esta idea implicaría un gasto de 150.000 dólares en cada línea de productos para el sector que está agobiado por la crisis económica y la falta de pagos desde el sector público.

Para la directiva, la solución no está en este código especial, porque los problemas son recurrentes en el sistema de salud. El sector privado -agregó- ha trabajado sin contratiempos con el código de barras vigente desde los noventas.

Los empresarios piden al gobierno que aplique el plan Medicamentos para Todos por etapas, con una debida evaluación. En la aplicación de estas etapas se debe cumplir con lo que ordena la ley, como los concursos solo con proveedores que tengan los certificados de la Agencia de Control Sanitario y las normas de buen embodegaje para garantizar el medicamento y la salud de los ecuatorianos.

Aspiazu dijo que mantienen conversaciones con el jefe de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, y con el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

El gerente de la empresa minera, que tiene seis concesiones en Imbabura, Carlos de Miguel, es investigado por supuesto tráfico ilegal de armas. Como respuesta demandó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, una jueza, un fiscal y siete policías. Hace dos semanas en su domicilio se incautaron cuatro armas de fuego y 9.500 municiones. El último capítulo de esta trama es la contratación de la firma internacional Kroll, que investiga una supuesta campaña de desprestigio.   

Redacción Código Vidrio

La empresa minera Hanrine escala su ofensiva. Contrató a una empresa internacional para que investigue a dos funcionarios (a los que no identificó) por una supuesta persecución.

En un comunicado, la compañía, que tiene seis concesiones mineras en Imbabura, aseguró que hay una “campaña en su contra para desprestigiarla”.

Hanrine anunció que contrató a Kroll, una compañía internacional especializada en investigaciones de “cuello blanco” y que ha operado en 25 países. Incluso, en el 2017 el gobierno de Lenin Moreno confió en esta empresa para seguir el rastro de funcionarios del régimen de Rafael Correa.

Hace dos semanas, el 26 de julio, el gerente de Hanrine, Carlos de Miguel, fue detenido en su domicilio en Puembo, en un allanamiento policial. En el operativo, ordenado por un juez, uniformados de la Policía Judicial, junto con un fiscal, encontraron dos armas de fuego cortas y dos armas largas, alimentadoras y 9.500 municiones.

Tras el operativo de Miguel fue detenido y al siguiente día participó en una audiencia de flagrancia. El juez dispuso su libertad y ordenó que se inicie una investigación previa por un supuesto tráfico ilegal de armas.

La ministra María Paula Romo, quien la víspera había informado sobre la captura, mostró su inconformidad por la decisión judicial y anunció que la investigación seguirá.

Las siguientes horas, de Miguel demandó a la Ministra, una jueza, un fiscal y siete policías por un supuesto fraude procesal. Considera que fue detenido ilegalmente, ya que tiene permisos otorgados por el Comando Conjunto de FF.AA. para tener las armas, que son de uso deportivo, aunque tres no han sido renovados y caducaron entre 2016 y 2017. Además indica que las armas fueron importadas legalmente de EE.UU., lo cual también fue autorizado por las autoridades correspondientes del .

La Fiscalía abrió formalmente una indagación sobre este caso este lunes 10 de agosto.

“Daremos la respuesta que a otros casos que es presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirija en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores», dijo Romo, tras conocer la denuncia”.

Carlos de Miguel, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y ecuatoriana, también es propietario de la empresa de seguridad Blue Cell. En 2012 fue contratada para dar seguridad a la embajada en Londres, luego de que el gobierno le concediera el asilo a Julian Assange. Brindó ese servicio hasta fines del 2014, cuando fue contratada UC Global.

De Miguel dijo que agotará todos los recursos legales para defender su honra y la de su empresa, propiedad de la transnacional minera Hancock, cuyo prestigio “se busca menoscabar”, en medio de supuestas disputas por concesiones mineras que están en juego.

Tres jueces de la Corte Nacional condenaron hoy 15 de agosto a nueve años de cárcel al ex jefe de la Senain, Pablo Romero Quezada, por el secuestro del activista Fernando Balda. Romero fue extraditado al país desde España en febrero pasado.  Precisamente, el 19 de febrero la Audiencia Nacional de España dejó registrado en una providencia judicial, a la que Código Vidrio tuvo acceso, que las autoridades rusas también reclamaban a Romero. Los jueces conocieron el pedido una vez que ya se había aprobado su extradición a Ecuador, que se concretó dos días después. La policía conocía que tras enterarse sobre la inminencia de su repatriación Romero intentaba fugarse hacia Marruecos, para luego pedir asilo en un tercer país, con el apoyo directo del ex presidente Rafael Correa. Entre los posibles destinos estaban Bélgica, Venezuela y Rusia. Correa desmintió su participación en el plan.

Redacción Código Vidrio  

Mientras el gobierno ecuatoriano ultimaba los detalles para traer desde España al exjefe de Inteligencia, Pablo Romero Quezada, un jugador inesperado apareció en escena.

La huella de ese jugador está en el proceso de extradición que Ecuador tramitaba en España desde el 2018 para traer a Romero, quien enfrenta dos juicios: uno por el secuestro del político Fernando Balda y otro por un supuesto peculado en el manejo de fondos especiales.

Precisamente, este 14 de agosto, los  jueces de la Corte Nacional de Justicia Iván León, David Jacho y Dilza Muñoz resolvieron que el ex Secretario de Inteligencia cumpla una condena de nueve años de prisión por el secuestro de Balda.

Su decisión se basó en los testimonios de los ex agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón, quienes secuestraron al activista político en Bogotá el 2012. También fue decisiva la versión del ex comandante de la Policía, Fausto Tamayo, y de los peritos que hicieron los verificaciones de las grabaciones entre Romero y Chicaiza, como de la experta en seguridad María Fernanda Noboa.

En su resolución, los magistrados también ordenaron a Romero que coloque una placa en las instalaciones de la Secretaría de Inteligencia, que diga: “El sistema de Inteligencia y Contrainteligencia del país jamás puede estar destinado a perseguir ciudadanos sino a protegerlos”.

Romero aún puede apelar esta resolución, antes de que entre en vigencia. En el caso del ex presidente Correa su enjuiciamiento en este caso seguirá en proceso hasta que se entregue a las autoridades o sea detenido. El ex mandatario está prófugo en Bélgica, y también fue sentenciado en el caso Sobornos, a 9 años de prisión.

Romero fue secretario de la Senain, la temida entidad de espionaje, entre 2012 y 2014. Antes de llegar a esa Secretaría, presidió el Fideicomiso Baba, que coordinó la construcción del proyecto multipropósito Baba, a cargo de Odebrecht. El entonces presidente Correa lo nombró en ese cargo, desde el cual, al parecer, se establecieron los primeros nexos con ejecutivos de esa firma brasileña, que recibió obras a dedo por el pago de millonarios sobornos.

En estos días se espera que la Corte Nacional emita su sentencia contra Romero, quien guarda prisión en la cárcel de El Inca, al norte de Quito.

En Madrid, Romero fue capturado la madrugada del 19 de febrero pasado por la Policía española, por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una vez que se había aceptado su extradición dos semanas antes.

Pese a que Romero era requerido por la justicia ecuatoriana desde 2018, su expulsión no había prosperado: estaba bloqueada por las acciones sistemáticas que realizaron sus abogados Enrique Santiago y Juan Moreno Redondo, ambos militantes de los partidos Izquierda Unida (IU) y Podemos, que cogobiernan en España con el Partido Socialista PSOSE.

Esas acciones no eran fortuitas. Fueron acordadas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español, con su amigo, el ex presidente Correa, desde junio de 2019, según denunció la prensa española. Iglesias trabajó para el gobierno de Correa como consultor político y mediático, al igual que para Hugo Chávez en Venezuela.

El plan inicial era impedir a toda costa la extradición y conseguir el asilo de Romero en España.

En esos días, Correa también se reunió con Romero, en un hotel de Madrid durante dos horas. En la cita, según fuentes de su entorno cercano, el ex mandatario se comprometió a apoyar a Romero, con quien mantenía contacto un año antes, a través de Julia Angulo, edil de Alicante, entonces militante de la revolución ciudadana desde 2012.

El ex mandatario también había conversado con el abogado Enrique Santiago esos días y había enviado un emisario que se reunió con integrantes de IU y Podemos, para llegar a otros acuerdos sobre temas de seguridad. 

Providencia en la que se detalla que Romero es reclamado por autoridades rusas

Dos meses después de esas citas, en agosto de 2019, la justicia española negó el pedido de asilo de Romero, quien no pudo probar que era un perseguido político. Según los jueces, habían suficientes evidencias de su participación en el secuestro de Balda, juicio en el “que podía defenderse con todos los medios legales que le brinda el Estado del que es nacional”.

Entonces se puso en marcha el plan B, que también habría sido coordinado por Correa por sus contactos con el gobierno venezolano, específicamente con la canciller Delcy Rodríguez, y Podemos. El objetivo era que Romero se dirigiera a la embajada venezolana en Madrid, donde se le entregaría documentación necesaria para dejar el país y desplazarse hasta Bruselas, Bélgica, donde reside Correa.

Una fuente que estuvo al tanto de la operación contó que otra ecuatoriana, enviada en avanzada por Romero, ingresó a la sede diplomática y conversó con el embajador, Mario Isea, quien estaba muy nervioso, pues sospechaba que la Policía los estaba siguiendo.

Entonces, los agentes de la División de Cooperación Internacional alertaron a la Fiscalía que Romero Quezada intentaba llegar la embajada venezolana en Madrid, pues necesitaba papeles para moverse en el extranjero o pedir el asilo.

Al verse expuesto, Romero desistió de ir a la embajada. Ls siguientes días se reunió con Santiago, quien había sido elegido diputado por IU. Le dijo que no tenía de que preocuparse, pues todavía había posibilidad de insistir con el asilo.

En enero del 2020, IU y Podemos llegaron al poder en alianza con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que fue nombrado presidente e Iglesias vicepresidente.

Para entonces también había entrado en el juego José María Guijarro, Chema, ex asesor de Ricardo Patiño, quien ganó un escaño en el legislativo por Podemos. “Nos dio largas un año, no se quería involucrar”, contó una fuente del entorno bolivariano.

Confiado en el paraguas político de Unidas Podemos, Romero festejó su cumpleaños en un restaurante de Madrid, en noviembre.

Los servicios secretos españoles estaban al tanto de todos sus movimientos y planes, gracias a los seguimientos que realizaban por datos proporcionados por varios informantes. Una parte relevante de esa información también  era conocida por Inteligencia ecuatoriana, en especial por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y por el Ministerio de Gobierno.

Así, en febrero pasado los planes de Romero y Correa fracasaron. Aunque sus pasos eran bien conocidos por los sistemas de espionaje de ambos países, otro factor fue determinante y se conjugó en su contra. Una vez en el poder, Pablo Iglesias y los integrantes de Podemos tomaron distancia y prefirieron mantenerse al margen; traicionó -según medios españoles- a Correa para evitar un desgaste político mayor, pues enfrentaba duras críticas por los pagos que habría recibido por consultorías en Venezuela, años antes.

El 4 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó la extradición de Romero y estrechó su vigilancia.

Y dos semanas después, la madrugada del 17 de febrero, Romero fue capturado en las afueras de la capital española por la Policía, que conoció un nuevo plan de fuga. En esta ocasión trataría nuevamente de cruzar a Marruecos, para desde ahí dirigirse a Bélgica o Venezuela, relató una fuente que estaba al tanto de sus movimientos.

El expresidente Correa dijo que la información relativa los supuestos contactos y acciones para impedir la extradición era falsa y sesgada, orquestada por VOX y Balda. «Resulta que Lenin sucumbió totalmente a la ultraderecha. La noticia es que dos representantes de Vox trabajan con Fernando Balda en la creación de denuncias falsas en Ecuador, con el patrocinio del Gobierno. Dios los cría y sus mañas les juntan», escribió en su cuenta en Twitter.

El plan de fuga y asilo

El servicio secreto español también conoció que otra alternativa era el escape de Romero hacia Rusia, donde pediría el asilo en calidad de perseguido político. La cercanía de Correa con el presidente Vladimir Putin garantizaría, al parecer, su protección.

En su gobierno, Correa estrechó relaciones con Putin a todo nivel, incluido el ámbito de Inteligencia. Precisamente, en abril de 2013, el embajador de Rusia en Quito, Yan A. Burliay, fue el puente para concretar una reunión del entonces secretario de Inteligencia, Pablo Romero, con el representante oficial del servicio Federal de Seguridad de Rusia, coronel Alexander Y. Kazalupov, y su adjunto, Igor N. Lebedev.

El encuentro se fijó para el 4 de abril, a las 10:00, y el tema central era la cooperación bilateral, según la carta remitida por el embajador a la que accedimos.

Seis meses después, Correa hizo una visita oficial a Rusia. En Moscú firmó acuerdos energéticos y de transporte con Putin.

Rusia se convirtió en un socio comercial estratégico, en medio del distanciamiento con Estados Unidos, desde 2009, cuando Correa estuvo por primera vez en ese país en una gira oficial en Moscú.

Otro punto de conexión con los rusos fue Julian Assange, quien mientras estuvo asilado en la embajada en Londres se reunió con hackers, espías y periodistas, operadores del Kremlin, según los informes de la empresa UC Global, encargada de la seguridad.

Assange trabajó en 2012 con el canal oficialista ruso RT, que hoy también emplea a Correa, que tiene un programa de entrevistas.

En diciembre de 2017 hubo un plan para que Assange pudiera salir de la embajada y dirigirse a Rusia, para lo cual había sido nombrado secretario de la embajada de Ecuador en Moscú, una vez que el gobierno le había concedido la nacionalidad ecuatoriana.

Rusia reclama a Romero

Con la captura, los planes de fuga fracasaron, pero los incidentes en medio de extradición continuaron. Al menos eso se desprende de la providencia expedida el 19 de febrero por los magistrados Félix Guevara, Carolina Rius Alarco y Carlos Fraile Coloma, de la Audiencia Nacional, a la que Código Vidrio tuvo acceso.

“Visto el contenido de la anterior diligencia y habiéndose puesto a ‘disposición de esta Sección Tercera el reclamado por las autoridades rusas, Pablo Humberto ROMERO QUEZADA, en «virtud de lo dispuesto en el auto de 18.02.2020, oficiese al Centro Penitenciario para ratificar dicha situacion según lo solicitado”.

ORGANIGRAMA DE LOS CASOS QUE INVOLUCRAN A ROMERO

“Asímismo, diríjase oficio a INTERPOL a efectos de que procedan a la entrega material del reclamado referido a las autoridades de la Republica del Ecuador, conforme a lo dispuesto en auto de fecha 14.01.2019 por esta Sala”.

“Déjense sin efecto las órdenes de busca y captura así como cualquier otra medida cautelar vigente que pudiese obstaculizar la entrega”.

Para conocer los motivos por los cuales Rusia reclamaba a Romero contactamos por vía telefónica a Andrey Shcedryn, agregado de prensa de la embajada de Rusia en Quito. El diplomático dijo que no tenía ninguna información sobre un pedido formal de las autoridades judiciales de su país para reclamar al ex jefe de la Senain.

También buscamos esclarecer las causas en España. Enviamos dos correos electrónicos y llamamos solicitando información a la Audiencia Nacional, pero no nos han respondido.

Stalin Oviedo, abogado de Romero, dijo que desconocía la solicitud de las autoridades rusas.

Fuentes del gobierno ecuatoriano comentaron que conocieron el documento donde se indica el reclamo de Rusia mientras sus representantes realizaban las gestiones para extraditarlo en Madrid. “Es un documento oficial y consta en el proceso”.

Tras percatarse del reclamo, los funcionarios ecuatorianos aceleraron las acciones para traer a Romero lo antes posible. Prefirieron no pedir ninguna aclaración o explicación a los jueces sobre la solicitud rusa, pues eso demoraría varias semanas la extradición.

A las pocas horas de recibir la notificiación de la captura, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se puso en contacto con la presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre, y con el entonces Canciller José Valencia.

Aguirre emitió la providencia pidiendo que se designara a los custodios de la oficina central de Interpol, para ejecutar de extradición activa.

Interpol Ecuador coordinó con su similar de España y con Cancillería para que emitiera el salvoconducto, documento necesario para el traslado de Romero.

El 20 de febrero, el coronel de la Policía, Holguer Cortez y el capitán Frank Ávalos recibieron la disposición de ejecutar la orden de extradición. Viajaron a Madrid y al siguiente día lo embarcaron en un vuelo que llegó a Quito. Los pasajes fueron pagados por Ecuador.

A inicios de marzo llegaron a Ecuador los euro diputados Hermann Tertsch y Víctor González, del partido derechista español Vox, quienes habían investigado los contactos de Correa y Romero. Junto a Fernando Balda hicieron públicos audios y chats que evidenciaban los planes para gestionar el asilo e impedir su extradición.

Carta enviada por el embajador ruso a Pablo Romero, en abril de 2013

 “Quería consultarte si ha habido algún contacto con el soviético porque si no ha habido, él no se ha comunicado conmigo”, se escucha en uno de los audios telefónicos de Romero, que recibía constantes mensajes de Correa. Entre otras cosas le pedía denunciar el caso en instancias y medios afines al correísmo.

En los audios se escucha constantemente sobre la puesta en marcha de las operaciones Salida y Pacífico, con el apoyo de políticos venezolanos.

PERFIL. Iza tiene 39 años y proviene de una familia marcada por la militancia en Cotopaxi. José Iza Viracocha fue su padre y es uno de los dirigentes más recordados en la provincia por su lucha contra el huasipungo. Iza es ingeniero ambiental. Su juventud estuvo marcada por el trabajo en el campo, la música, la religión y la lectura. Desde los 15 años fue jardinero y luego jornalero en una hacienda que producía zanahorias para grandes supermercados. Luego se unió a las hermanas Lauritas en sus misiones evangélicas. Ha sido cuestionado por su posición radicial y su papel beligerante durante el paro de octubre pasado, que dirigió junto al titular de la Conaie, Jaime Vargas. Este fin de semana se confirmó su precandidatura a la Presidencia de la República.

Redacción Código Vidrio

La precandidatura de Leonidas Iza a la presidencia de la república se cocinó desde enero de este año. En ese mes,  junto con Jaime Vargas, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), mantuvieron en secreto una negociación que consolidó su postulación.

El acuerdo era que Iza debía decidir si quiere ir a la presidencia del país o de la Conaie, que se elegirá en septiembre próximo. En cualquiera de las opciones, Vargas lo apoyaría. Mientras tanto, el líder la Conaie aparecería como el principal candidato para asimilar buena parte de las críticas por su participación en las protestas de octubre del año pasado. Jugaba un papel de distractor.

El viernes pasado, su precandidatura se hizo realidad con el apoyo del Movimiento Indígena del Cotopaxi. Ahora deberá ir a unas elecciones primarias donde también participan el actual prefecto de Azuay, Yaku Pérez, y el ex prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quisphe. Sin embargo, la ventaja por el momento, la tiene Iza, quien cuenta con el respaldo de Vargas y la dirigencia de la Conaie.

En una entrevista con este portal, antes de se oficializara su candidatura, Iza no negó ese acuerdo, pero nos pidió que le contáramos quién reveló ese pacto.

Desde enero, él sabía perfectamente la ruta trazada y esbozó una primera propuesta de campaña, enfocada, principalmente, en respaldarse en los ciudadanos de clase media y en los sectores populares.

Aunque en esa cancha el correísmo es más fuerte, no descartó conversar con sus simpatizantes, dejando en claro que no dialogaría con el ex presidente Rafael Correa.

Iza ha sido un duro contradictor del ex Mandatario, prófugo en Bélgica. Recordó que denunció los presuntos sobreprecios en la adquisición de los focos ahorradores, un escándalo que estalló en 2008, a inicios de ese gobierno.

Entonces, Iza era el asambleísta suplente del dirigente Gilberto Guamangate en la constituyente de Montecristi.

Dijo que solo una vez ha conversado con Correa, en Manabí durante los debates constituyentes. El encuentro fue breve, según recuerda.

Iza participó en el debate y dijo que no compartía lo que Correa había dicho en el pleno. Luego el ex mandatario cruzó unas palabras con él. Desde entonces -aseguró- no lo ha vuelto a ver.

“No aceptaré que me acusen de correísta, cuando fuimos los que denunciamos su falsa revolución, esos que ahora me hacen esa acusación son los mismos que pactaron con Lucio, Bucaram, Correa y Lasso, y ahora pretenden dividir a las organizaciones», sostuvo Iza este viernes 24 de julio.

No obstante, Iza ha sido duramente cuestionado por diversos sectores políticos que señalan la existencia de un acuerdo tácito con el correísmo, que se evidenció en el paro indígena de octubre pasado, por las acciones que pusieron en riesgo la estabilidad del gobierno. Iza, de hecho, es investigado en la Fiscalía junto a Vargas, por supuestas acciones desestabilizadoras.

Iza tiene 39 años y proviene de una familia con inclinaciones políticas en Cotopaxi. Taita José Iza Viracocha fue su padre y es uno de los dirigentes más recordados en la provincia del centro del país por su lucha contra el huasipungo.

Su primo, Leonidas Iza, llegó a la presidencia de la Conaie y encabezó la oposición al ex jefe de Estado, Lucio Gutiérrez,  al Tratado de Libre Comercio y a la Alianza de Libre Comercio de la Américas.

El legislador de Pachakutik por Cotopaxi, Jaime Olivo, cree que este legado familiar y su cercanía con las causas indígenas es una de las cartas fuertes de Iza, pero también destaca su habilidad para liderar, por su frontalidad y convicción.

Desde niño, Iza era escogido para los concursos de oratoria en su pequeña escuela de la comunidad de Pachaloma, donde no consiguió ser abanderado por “medio punto”, según aseguró a este portal.

Ana Pallo, periodista de Cotopaxi, cuenta que destacaba como un excelente investigador, vinculado con los movimientos juveniles.

Sus inclinaciones por la protección ambiental

En su colegio El Chaquiñán realizó un estudio sobre cómo realizar cultivos sin labranza. “Demostré que en las camas de lombrices se puede cultivar sin problemas papas y cebollas”.

Una técnica que no es complicada y de gran utilidad para espacios pequeños, que ahorra recursos y protege el ambiente, explicó. “Esa investigación quedó registrada en el colegio”.

En la Universidad Técnica de Cotopaxi realizó su tesis sobre la recuperación de las cuencas hidrográficas por acciones antropogénicas. Es decir por el desgaste de los terrenos por fenómenos naturales y la contaminación del hombre.

Aunque muchos creen que es economista, por sus declaraciones durante el paro de octubre pasado, es ingeniero ambiental.

Su juventud estuvo marcada por el trabajo, la música, la religión y la lectura. Desde los 15 años fue jardinero y jornalero en una hacienda que producía zanahorias para los grandes supermercados del país. Luego, se unió a las hermanas Lauritas en sus misiones evangélicas.

Fue el representante de Ecuador en el encuentro de jóvenes con el Papa Benedicto en 2004. En el Vaticano tocó con su quena el “Cóndor Pasa” para el Pontífice.

Su pasión por la lectura de ideología socialista lo condujo hasta el político y periodista peruano José Carlos Mariátegui, quien apoyó su doctrina para que los indígenas reivindicaran sus aspiraciones políticas, sociales, culturales y económicas “sin la necesidad de ventrílocuos”.

En otras palabras, desde ese momento vio la necesidad de que sus representantes salgan desde sus propias organizaciones de base, sin perder su esencia ni su relación con la naturaleza ni su comunidad.

Bajo esa bandera, Iza sostuvo: “no hay que importar un socialismo. Hay que retomar el socialismo práctico de los pueblos originarios de acá”.

Esta propuesta de alguna manera rompe con la línea tradicional del movimiento indígena, inspirada en el monseñor Leonidas Proaño y en la Teología de la Liberación.

Para Iza, estas dos vertientes ideológicas no son contradictorias sino complementarias, y son sus fundamentos desde su juventud.

Un precoz dirigente político

A los 18 años fundó el Movimiento Juvenil Laurista que basó su doctrina en el pensamiento de la monja colombiana Laura Montoya, una religiosa mestiza que reivindicó las luchas indígenas en el vecino del norte.

Posteriormente lideró la creación del Movimiento Juvenil de los Servidores de la Iglesia Católica de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. “Aquí empezamos a discutir nuevamente la Teología de la Liberación, pero sin considerar a la iglesia como un poder, sino más bien en su relación con los pueblos indígenas”.

Diez años después asumió la presidencia juvenil del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Era el 2010 y una de sus primeras tareas fue realizar una investigación para conocer dónde estaban y qué es lo que hacían los indígenas que salieron de sus comunidades.  Para entonces, Rafael Correa se había ganado la simpatía de buena parte del movimiento, lo cual aprovechó para fracturar a sus bases, especialmente entre los jóvenes. Una división que aún se mantiene, según reconoce Iza.

En ese estudio descubrió que los jóvenes ya no se sentían representados por la dirigencia de la Conaie. La mayoría migró a las ciudades para estudiar o trabajar en empresas agrícolas, de construcción y en el comercio informal. Se había roto el canal de comunicación con las cabezas.

Entonces decidió soldar la fractura y empezó a convocar a los campesinos que estudiaban en la Universidad Central.

Esa propuesta fue exitosa y junto a profesores como el actual decano de Facultad de Comunicación Social, Dimitri Madrid, creó el Movimiento Mariateguí, que tenía un objetivo central:  acabar con el dominio del correísmo en ese centro de estudios. “Nosotros perdimos por 1.000 votos. Hasta ahí llegó el Mariateguí”, sostuvo el dirigente.

Sin embargo, la relación con la Facultad de Comunicación se mantiene. Sus profesores capacitan a los jóvenes comunicadores indígenas, conocidos como “lanceros digitales”.

Madrid no quiere que se malinterprete esta relación, desconfía de los periodistas y asegura que hay una persecución del actual Gobierno.

Él fue acusado de hacerle el juego junto al movimiento indígena al correísmo y de incitar la violencia en las protestas de octubre. La Conaie salió en su defensa, en un comunicado público sostuvo: “El compañero Dimitri Madrid es una persona de intachable ética y de una impecable trayectoria profesional (…) siendo un aporte fundamental en la educación intercultural bilingüe”.

Iza concuerda. Dice que se pretende satanizar lo que fue el Movimiento Mariateguí. “Correa fue el primero en acusarnos en ser un brazo del MPD. Ahora es el gobierno. El Movimiento Mariateguí, como tal, ya no existe”.

Los resultados de la investigación de Iza fueron claves para el levantamiento de octubre. 20.000 indígenas salieron desde las comunidades de Cotopaxi hacía Quito; otros 30.000 se les juntaron en la capital. Se activaron a través de sus medios comunitarios digitales, que crearon desde el 2012.

Esa es una fórmula poderosa de la Conaie. Luego del paro, Iza  y Jaime Vargas recorrieron todo el país para unificar a sus bases y sintonizar con sus principales demandas.

En esa ruta no han descartado conversar con la militancia de Correa. “Hay un montón de correístas de base que añoran el regreso de Correa que demandan alianzas y están en su derecho. Pero mientras siga la tozudez del ex presidente, que cree que puede imponer sus ideas en Ecuador, no habrá una verdadera transformación”.

“No me pidan hablar a favor o en contra de Correa. En el debido momento hemos enfrentado estas realidades, pero uno no puede ser vengativo, como lo que pasó con Pabón (Paola Pabón, prefecta de Pichincha), no podemos decir bien hecho. Eso no”.

Iza no es mal visto entre los correístas. El legislador Cristóbal Lloret hace una distinción entre él y Jaime Vargas; no descarta la posibilidad de tejer una alianza.

Pero Correa sí cerró la puerta a un acercamiento, al menos en el discurso. En una entrevista en Radio La Calle dijo que Iza era “un dirigente interesante, pero mis compañeros me dijeron que en la marcha insultaba y botaba a los correistas. No vamos a aceptar estas cosas. No conozco personalmente a Iza y tal vez no sea verdad lo que me contaron, ojalá que no lo sea, pero con Jaime Vargas o Salvador Quisphe no tenemos nada que hacer”.

En agosto próximo se conocerá si el movimiento indígena se decanta por Iza, que hoy aparece como el más opcionado a representarlo en las elecciones del 2021.

El Consejo de Generales y la Ministra de Gobierno ascendieron a 43 tenientes coroneles de la promoción 57. No fueron promovidos diez oficiales, entre ellos Francisco Saavedra, denunciado por ser parte de operaciones de espionaje político en el anterior gobierno. Saavedra dijo que sus acciones se enmarcaron en la ley y que para encubrir sus seguimientos simulaba otras identidades, como la de un sacerdote (foto). La primera antigüedad quedó en manos de Willian Calle Silva.

Redacción Código Vidrio

Era la noticia más esperada de los últimos meses en la Policía. El Consejo de Generales y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acaban de expedir el acuerdo 0398, que resuelve ascender a 43 tenientes coroneles de la promoción 57 al inmediato grado superior.

La decisión fue notificada hoy a los oficiales, tras un proceso de calificación que tomó varios meses.

No fueron promovidos, al no alcanzar la nota necesaria, diez oficiales, entre quienes están los tenientes coroneles Francisco Saavedra, que obtuvo una nota promedio de 16.7648, y Juan Guarderas, con 17.0957.

El puntaje más alto fue para Willian Fabian Calle Silva, que obtuvo la primera antigüedad, seguido por  Diego Gonzalez Peñaherrera y Nelson Almendáriz Sánchez.

Los oficiales que fueron cesados aún pueden pedir un recurso de revisión, antes de que el acuerdo ministerial quede en firme.

Para su ascenso, los oficiales pasaron por pruebas médicas, psicológicas, toxicológicas, poligráficas y de análisis de su situación financiera. Se conocen como pruebas de confianza.

El ascenso de los 43 oficiales se determinó por las evaluaciones anuales, la nota del curso de ascenso y la de los méritos, que constituyó el 50% de la calificación, explicaron fuentes de la Policía.

El otro 50% dependió de la decisión de los generales en servicio activo de la Policía. Ese resultado se promedió con las notas de ascenso de los grados anteriores y así se obtuvo la nota final, que pasó a consideración del Consejo de Generales, liderado por el comandante Patricio Carrillo, y por la ministra Romo.

Saavedra en el ojo de la tormenta

El proceso de ascenso de esta promoción era seguido con gran expectativa, dentro y fuera de la Policía. Especialmente porque estaba de por medio el caso de Saavedra, un oficial de Inteligencia acusado por periodistas, políticos y activistas de DD.HH., de haber realizado espionaje político y supuestas opreraciones de hostigamiento durante le gobierno de Rafael Correa.

Guarderas, entre tanto, fue cuestionado por una fiscal porque supuestamente se negó a investigar hechos de corrupción presentados en el Ministerio de Gobierno, durante la administración de Correa.

Según Saavedra, los operativos en que participó estuvieron amparados por las leyes vigentes. “Como Jefe de Operaciones de la Dirección de Inteligencia, las operaciones que se ejecutaron bajo mi mando, estuvieron sustentadas, tanto en órdenes de la Policía como de las autoridades competentes. Ciertos operativos que fueron requeridos institucionalmente, los tuve que ejecutar directamente, para lo cual tenía que encubrir mi actividad, valiéndome de otros personajes, como fue el caso del disfraz de sacerdote”.

Precisamente, por haber sido fotografiado en una manifestación con un traje de sacerdote, Saavedra era conocido como el Cura. La foto fue tomada por el coronel en servicio pasivo, hoy diputado, César Carrión, durante una manifestación contra el gobierno en 2015.

Saavedra ha sido señalado por participar en operativos de seguimiento que se realizaron contra el coronel Carrión (30S), el hoy prefecto Kléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Fernando Balda, entre otros.

El oficial tuvo un papel clave, según los denunciantes, en la obtención y manejo de información de personajes políticos y de acciones polémicas de Inteligencia, sin el supuesto conocimiento de jueces y fiscales.

EL ACUEDO FIRMADO POR LA MINISTRA DE GOBIERNO

En la etapa más crítica de seguimientos también destacó Rommy Vallejo, ex jefe de la Senain, hombre de confianza de Correa, quien estuvo al frente de los sistemas de inteligencia en este régimen, entre mayo de 2017 y febrero de 2018.

Saavedra dijo que no existen evidencias de que las operaciones de Inteligencia y apoyo en allanamientos judiciales fueron ilegales o se violaron derechos humanos. “Pido que investiguen y contrasten todo mi accionar y los operativos que han estado a mi cargo, y que han beneficiado al estado y sociedad ecuatoriana. Yo fui el Jefe del bloque de búsqueda que recapturó a Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, jefe de la banda de los Choneros, como de la recaptura de los evadidos de la cárcel de La Roca; también lideré las investigaciones del caso Odebrecht”.

Fuentes del gobierno explicaron que la decisión significa un duro golpe a un  grupo integrado por algunos oficiales considerados leales y afines al ex presidente Rafael Correa y al exministro de Gobierno, José Serrano.

37 funcionarios, entre médicos y administrativos, eran parte de la red que robaba y clonaba documentos para vender carnets de discapacidad, desde 2014. Operaban en casas de salud de Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo y Quito. Los certificados costaban entre 2.500 y 3.300 dólares y se obtenían en un solo día. Las sospechas de corrupción se extienden al Conadis, que hasta el 2013 otorgaba ese documento. Precisamente, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, fue denunciado por poseer el carnet, que certifica su supuesta discapacidad visual del 81% y obtuvo en 2009. Para obtenerlo adulteró un certificado médico.

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Era como un servicio express. La obtención de un carnet de discapacidad fraudulento podía tomar un día, para quienes pudieran pagar por él entre 2.500 y 3.300 dólares. Por la vía normal este trámite tarda, con suerte, varias semanas. En otros casos hasta meses, según han denunciado familiares de personas con discapacidad.

Un equipo de diez especialistas audita en el Ministerio de Salud la entrega de estos documentos desde 2014 hasta 2020, tras las denuncias de su uso indiscriminado para acceder a una serie de beneficios y exoneraciones tributarias, que hoy se investigan en la Fiscalía.

Por lo pronto, la investigación en la cartera de Salud ya arroja los primeros resultados. Uno de los más relevantes es que han sido identificados 37 funcionarios públicos, entre médicos, asistentes de salud y secretarias en Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo y Quito. Ellos participaron directamente en el trámite, aprobación y venta de los carnets expedidos de forma fraudulenta.

Los funcionarios, al parecer, eran parte de una red que usaba el mismo patrón, según Rafael Tamayo, quien coordina la auditoría.

Para clonar los respaldos robaban sellos de los médicos de la red de salud y los certificados que expedían para carnets de otras personas con discapacidad.

Las primeras evidencias de la corrupción en la entrega de estos documentos aparecieron, tras la captura de Daniel Salcedo, implicado en negociados en contrataciones de los hospitales del IESS en Guayaquil. Luego de su detención se supo que tenía un carnet de discapacidad con el cual importó un vehículo Toyota Sequoia Platinum en 60.000 dólares,  que en el país cuesta 100.000.

Entre quienes obtuvieron el documento para beneficiarse de exenciones sin tener una discapacidad o con rangos mucho menores de afectación hay funcionarios, alcaldes, jueces, asambleístas, futbolistas, abogados…

Fundaciones y clínicas emitieron certificados falsos

Dentro de este esquema también se identificó que varias fundaciones y clínicas privadas se prestaron para dar certificados fraudulentos, que eran adjuntados a los expedientes que servían de respaldo para solicitar el carnet, indicó Tamayo.

Las irregularidades se detectaron en todo el proceso de calificación, que empieza con un diagnóstico de la discapacidad, exámenes que la prueben y establezcan su grado de afectación, y la revisión de médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

Hasta la fecha se descubrieron irregularidades en la entrega de más de 8.000 carnets: 3.000 durante la pandemia, entre marzo y junio, y 5.000 desde 2014 al 2019.

En Guayaquil un solo calificador emitió 4.645 carnets, entre fraudulentos y legales. También se descubrió que entre 2013 y 2019 una epemidemóloga aprobó en dos centros médicos de esa ciudad la entrega de 1.985 carnets sin documentos de respaldo.

Las autorides de Salud han presentado unas 30 denuncias penales en la Fiscalía por adulteración de documentos públicos y delincuencia organizada. En una de las últimas demandas interpuestas los últimos días, a la que este portal tuvo acceso, se detalla que en las investigaciones se estableció que los expedientes de calificación y recalificación tenían información adulterada, con  reportes técnicos fraguados, documentos incompletos, puntuación de trabajo social alterada en el sistema informático. En estos casos tampoco se encontraron las justificaciones técnicas para establecer el porcentaje y calificación de la discapacidad.

45%, 51% y 78%, los porcentajes más aplicados

Entre los respaldos hay hojas en blanco o documentos con tachones. En este esquema se expedían carnets con porcentajes recurrentes del 45%, 51% y 78% de supuesta discapacidad, explicó Tamayo. Buena parte se expidió en los hospitales Teodoro Carbo y Luis Vernanza y otros centros de salud de Guayaquil, así como en hospitales de la Policía.

Para las personas con discapacidad o uno de sus familiares, cabeza de hogar, el carnet les permite el acceso a un bono, la exoneración en el pago de impuestos para importar vehículos, reducción en las tarifas de servicios básicos, devolución de valores pagados por el IVA, disminución en el pasaje de boletos aéreos, para buses urbanos e interprovinciales y prebendas laborales. El 2019, el Gobierno destinó para estos beneficios 63,3 millones de dólares.

Por eso se volvió un documento muy apetecido para las redes de adulteración, con la participación de funcionarios públicos y operadores privados, que, en algunos casos, enganchaban a los interesados en redes sociales. En Quito, según hemos corroborado, hubo un grupo familiar que se dedicó a ofertar carnets de discapacidad, para la importación de vehículos.

Ante las anomalías detectadas, se decidió la anulación de 2.454 carnets fraudulentos otorgados en la emergencia. Hay 22 profesionales que enfrentan expedientes administrativos por sus actuación supuestamente dolosa durante la pandemia. 29.708 carnets emitidos sospechosos están en revisión, dijo la directora de Discapacidades del Ministerio de Salud Lissete Tapia, en un informe a la Asamblea.

La Asamblea mermó la facultad de control de Salud

Para establecer el perjuicio y las responsabilidades, al Contraloría lleva adelante 59 auditorías. El contralor Pablo Celi informó que a partir de 2018 se reformó el artículo 10 de la Ley de Discapacidades, que impide al Ministerio de Salud extinguir el carnet, si se establece dolo o error en su expedición. La norma también prohíbe exigir la recalificación de una discapacidad, con lo cual se blindaron los documentos entregados de manera fraudulenta y se limitó drásticamente la facultad de control.

Adicionalmente -agregó Celi- desde 2019 el Conadis extendió la vigencia de carnets de discapacidad hasta el 2023.

Pese a que la normativa establece que cada equipo de evaluación de discapacidad debe estar integrado por tres profesionales, en la red de Salud a cargo de estos trámites solo trabajan 631 funcionarios en 397 unidades. Menos de dos profesionales por departamento.

Durante la pandemia los auditores confirmaron que se entregaron 2.283 carnets de discapacidad y 78 personas tramitaron importaciones de vehículos con exoneración de impuestos. Mientras en 2018 con esos documentos se ingresaron 1.479 autos, en el 2019 se importaron 4.022 carros, es decir que hubo un incremento del 162%.

La corrupción se extiende al Conadis

Aunque el Ministerio de Salud expide el documento desde 2013, también se han denunciado irregularidades y posible corrupción antes de esa fecha, cuando el Consejo de Discapacidades, CONADIS, tenía esa competencia.

Hay varios casos en investigación. Destaca el de del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz Larrea.

La consejera María Fernanda Rivadeneira denunció a Cruz por haber obtenido un carnet del Conadis en un solo día presentando un certificado médico adulterado de la Fundación Vista para Todos, con el cual se habría beneficiado de varias exenciones, desde 2009.

El carnet de Cruz le atribuye una discapacidad visual de 81%. Edwin Flores, médico oftalmólogo de esa Fundación, confirmó que ningún certificado ha sido expedido a favor de Cruz, lo cual fue corroborado por Diego Nieto, director de la entidad. “El certificado  que presentó Christian Cruz Larrea al Conadis se encuentra adulterado”.

Ayer 22 de julio el pleno del Consejo resolvió pedir la renuncia de Cruz, con los votos de cinco consejeros, por las presuntas inconsistencias en la obtención del certificado. Sin embargo, Cruz dijo que no dejará el cargo, hasta que le «demuestren» con documentos que cometió un acto irregular.

En una encendida reunión, los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, votaron a favor de la moción de María Fernanda Rivadeneira, en la que se pide a Cruz que renuncie a la consejería. El consejero Francisco Bravo se abstuvo y lo defendió.

El pleno también pidió que se remita el expediente a la Fiscalía, la Asamblea y al Presidente de la República, para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Un pueblo libre debe tener tanto seguridad como libertad. Ambas son fuerzas antagónicas, en constante conflicto. Sin embargo, el estado no puede tener la una sin la otra. Los agentes secretos, tanto los que espían para recabar información, como los que hacen contrainteligencia, simulando otras identidades y montando fachadas, pueden, en ciertos momentos, infringir la ley. Sus prácticas incluyen escuchas telefónicas, seguimientos, instalación de micrófonos, grabaciones ocultas y el robo de todo tipo de documentos y datos. Esa ha sido una constante en la forma de operar de los aparatos de Inteligencia en todo el planeta, a lo largo de la historia. Pero en Ecuador estas prácticas subterráneas de los servicios secretos se volvieron, de facto, una política de estado durante el gobierno de Rafael Correa. En nombre de la seguridad nacional, los servicios secretos, con la Secretaría de Inteligencia a la cabeza, trampearon y quebrantaron la ley de forma sistemática y premeditada. Sus cabezas, desde el nivel político, degradaron la razón de ser de la Inteligencia, entendida como la información indispensable para precautelar la seguridad del país, y en ese contexto la del gobierno. Correa y sus colaboradores la convirtieron en una policía secreta a su servicio, totalmente fuera de control de otros poderes, como el Legislativo. Sus agentes no solo hicieron seguimientos sino operaciones de hostigamiento, agresiones físicas, montajes para incriminar inocentes, acallar opositores y silenciar bestias salvajes, como nos llamó Correa a los periodistas, haciendo suya, sin atribución, una frase del ex primer ministro inglés Tony Blair, otro enemigo jurado de la prensa.
El periodista Juan Carlos Calderón es un testigo privilegiado de esos tiempos tenebrosos. Quién mejor que él para llevarnos de la mano por los sinuosos laberintos del espionaje criollo, durante el gobierno de Correa. Su apuesta por la memoria esta vez nos llega en su libro Después olvidarán nuestros nombres, la historia del agente Ratón y los espías salvajes.
El Ratón es el agente de inteligencia Raúl Chicaiza, un ex sargento de la policía, sentenciado por el plagio del activista político Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Colombia. En esta investigación Calderón desentraña los entretelones de este suceso (con sus antecedentes y repercusiones), que retrata de cuerpo entero un sistema de espionaje corrompido y decadente. El Ratón y Balda son los personajes centrales de esta trama, ambos tienen luces y sombras, pero ambos son -sobre todo- víctimas del sistema de espionaje político y toda su podredumbre, en tiempos de la así llamada revolución ciudadana. Calderón acaba de lanzar esta semana su obra, rigurosamente documentada, con una narración envolvente, intensa. Como un abreboca publicamos uno de los capítulos más reveladores: Habla el Ratón Chicaiza: la Ugsi me puso la cascarita.

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Septiembre del 2019. El exagente Raúl Chicaiza, se reunió con el autor. Sus revelaciones, donde cuenta y argumenta según su juicio lo que “verdaderamente pasó”, quedan para la historia del Ecuador:

El señor Fernando Balda no es una persona honesta. Fue muy difícil para nosotros estar en una relación judicial en la cual sobre todo era contra Correa, y contra toda esa gente que trabajamos con ese Gobierno. Debemos estar claros que fue un mandamás, un Gobierno autoritario, y las instituciones como la Policía debemos acatar porque somos subordinados.

Pertenecí a la Dirección General de Inteligencia y asumí la Unidad de Barridos Electrónicos en todo el Ecuador. Barridos en el país nunca existieron. Los barridos en la Casa Presidencial se hacían con detector de metales. Debo agradecer al Estado que me mandó a capacitar en Estados Unidos. A través del vicealmirante Arellano y anterior a él con el arquitecto Jijón conformamos la Unidad. Les hice ver que la cíber seguridad en el Ecuador no existe, ni seguridad ni defensa. Pero teníamos como antecedente, cuando al coronel Patricio Acosta, secretario de la Administración, fue grabado durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Había antecedentes que los equipos, la radio fonomagnéticas existían ya pero no se había detectado.

Conformamos la Unidad en la Dirección de Inteligencia. Hubo una gran apertura del Ejecutivo y se abrieron las puertas para que se conforme el Servicio de Protección Presidencial, y es cuando en la Presidencia se empiezan los barridos electrónicos, la inspección de alimentos para el Presidente y damos los procedimientos operativos para la Casa Presidencial. Se hizo las normas, por el 2008. Fue una orden que todos los subsistemas de Inteligencia pasamos a pertenecer a la Senain, porque antes era el Consejo de Seguridad. El comandante Lenín Sánchez fue el primer jefe del SPP.

Hacíamos ingeniería social, identificación de IP de todo lo que se hablaba contra el Presidente, fue un trabajo que en el país no se conocía. Es un trabajo en el cual se mete a las redes y comienza a navegar, mi gente era preparada y había solo gente de tercer nivel, gente de la Politécnica Nacional. El primer curso de barridos electrónicos se dio en la Politécnica. Ahí fueron capacitados los del Servicio de Protección Presidencial, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hubo 36 alumnos.

Luego de Arellano, llegó el almirante Yépez y luego Raúl Patiño. Él se presentó y hablamos diez minutos y expusimos lo de barridos electrónicos y trabajos especiales, luego salió Patiño. No sé por qué, ya que en el área de contrainteligencia y espionaje nunca se pregunta. Nosotros nos cuidamos por todo. Pablo Romero era subsecretario de Inteligencia de Patiño. Pero ya lo conocía, había trabajado antes en el proyecto Baba y sabíamos con quien estábamos conversando, porque era una persona allegada al Presidente. No es como dice Correa que no lo conocía, no, él era del comité de negociación del proyecto Baba, de otros proyectos que involucraban a la seguridad nacional.

Cuando Pablo Romero llegó, nos dijo que nosotros no podíamos andar de aquí para allá y le dijimos que necesitábamos una oficina propia, una unidad y así nos dieron todo el piso 17 del edificio Benalcázar Mil, equipos y toda la apertura; trajimos TVO de España, que son proveedores de equipos, que sirven para inteligencia, contrainteligencia y espionaje. Con eso tuvimos buenos resultados.

Mucho insultaban al presidente Correa. Recuerdo que una vez lo habían insultado en Ibarra y a las dos de la mañana me llamó Romero y me dijo: ve, tienes que saber quién es. Y claro, en Facebook al menos la gente del pueblo se pone la foto, la de la familia, y eso es un riesgo para la sociedad, porque de ahí sale la extorsión. Encontré al insultador y todo eso fue quedando en archivos. Siempre se manejó con archivos, por la norma estadounidense, que dice que podemos destruir lo físico, pero lo archivado en discos duros no se puede destruir tan fácil, porque se puede espejear. Con eso nos cuidamos las espaldas.

Comenzamos a dar resultados, justo se dio la marcha indígena contra Correa y comienzan, nos dicen, que nos van a dar una operación especial, de un político. No sabíamos qué político era, porque siempre nos daban políticos. Pero luego nos dicen: se trata de un tal Balda, pero como era una persona desapercibida no le hacíamos caso. Pablo Romero también decía que no hiciéramos mucho caso, porque no tenía ni en qué caerse muerto. Y era verdad, no tenía nexos con políticos, solo con Lupera, Gutiérrez, Borbúa. No era de peso para el Gobierno. Pero un día nos vamos a Manta y un informante, un abogado, nos pregunta si queríamos equipos para hackear. Era porque estábamos atrás de unos israelitas que traían equipos GSM para interceptar llamadas. Y que un informante nos dice esto en Manta y entramos en alerta, se suponía que solo en Quito y Guayaquil había esa tecnología. Así que reclutamos a este abogado y le pedimos que nos diga cuál era el proveedor de los equipos, y nos respondió que era un tipo que se fue del Ecuador y vivía en Colombia; les apuesto que sí le conocen, que saben quién es, nos dijo. Trago viene, trago va y le sacamos: es Balda. Y enseñó información de Gutiérrez y de Balda, y nos pidió dinero por esa información. Le pagamos. Llegué con la información sorprendido: Balda vendiendo equipos interceptadores desde Colombia. No lo creíamos, de eso estábamos hablando en el 2011. Pero no lo parábamos mucha bola en nuestra área porque éramos solo barridos electrónicos y operaciones especiales. Entrábamos cuando las otras áreas no operaban, porque nuestros técnicos eran muy avanzados y más que todo no teníamos una ley que nos respalde. Y no nos queríamos meter directamente, pero alimentábamos con información.

Así que llegamos donde Romero con esa información desde Manta. Eran equipos que ya tenía Borbúa a través de su empresa de seguridad. Y Romero nos dijo: con razón que este tiene plata. Y nos autoriza que hagamos la operación, solo búsqueda de información sobre Balda y vimos que había salido prófugo del Ecuador, con difusión roja, que en Colombia no lo ubicaban. Pasamos el reporte a Romero y dijo que iba a ver lo que pensaba el Presidente. Al ver los equipos todo el mundo decía que nos estaban dando en la cabeza con la información, porque es verdad, sabían todo; y es porque entraron equipos interceptadores de Colombia. Los que estaban escuchando (al gobierno) eran los gutierristas, Borbúa, la gente de Cuenca, mucha gente que estaba haciendo eso. Balda mandó como quince equipos, que en ese entonces el equipo básico valía trescientos cincuenta mil de dólares. Es así de caro porque usted lo pone en la parte de atrás de la camioneta y puede capturar de inmediato unos cien teléfonos al tiempo. Hay equipos de varias categorías. Por ejemplo, el equipo llamado Almada, que se usa en Colombia, lo tiene todo el mundo y cuesta setecientos mil dólares. Por eso, en Manta sabían todo, y eso sucede hasta ahora.

Se pasó la información y mandamos a nuestros agentes en Colombia a que verifiquen, pero no estábamos de lleno en esa operación porque no teníamos la orden de operación especial, solo era levantamiento de información. Luego, Pablo Romero nos dijo que si recibíamos órdenes seguiríamos en el tema. Nosotros nos mantuvimos en nuestras tareas. Luego, nos dan una alerta de que Balda está hablando del Presidente. No le parábamos bola porque no era nuestro campo, pero atrás de él estaban la Dirección General de Inteligencia, la UGSI, el GO de Ecuador, los militares de la Casa Presidencial. Lo habían buscado ya en Colombia pero no dieron con él. Todas estas unidades lo buscaban, pero ellos buscaban a pie, y nosotros lo buscábamos a través de las IP. Es por eso que hubo algo de resentimiento en las demás unidades. Se preguntaban cómo los de barridos electrónicos teníamos buenos resultados. Poca gente, pocos vehículos y éramos más efectivos en la información. Es por eso que el Presidente catalogaba mejor a Pablo Romero. Lo trataba bien: hermano, flaquito… Cuando él volvía feliz de las reuniones de gabinete es porque ya nos tocaba otra operación. Y cuando venía bravo era que algo había fallado.

La operación Guayacán

Como ya las unidades habían estado en Colombia tras Balda sin resultados, me llama Romero un martes en la noche (porque siempre en la Senain nunca nos reuníamos durante el día; primero por la agenda del Secretario y luego por el celo de los jefes de área. Nos reuníamos de noche) y me dice: tenemos una misión y ahora sí vamos a ver qué tan efectivos son ustedes. Lo que Balda ha estado vendiendo equipos, nos dijo, es verdad. Se le ha confirmado al Presidente, está vendiendo equipos y nos dicen que ahora nosotros (la Senain) nos vamos a hacer cargo. Y dijo, vamos a ser más efectivos. Ahí estaban los gorilas, nos dijo (Romero siempre fue algo chabacano), y los chapas, el Rommy también está. Peor ahora tenemos que demostrar; haz rapidito el plan de búsqueda, arma los equipos y me tienes para el viernes qué vamos a hacer, me lo das para revisar y luego presentarle al Presidente. Y así fue; como para nosotros era más rápido porque nuestros policías eran técnicos. Así fue que nos metieron para que demos con Balda, pero no sacaron a las otras unidades del camino.

Así comienza el apadrinado, con la invitación a Medellín. Al capitán Stalin Sacoto también lo invitan y le dicen que averigüe porque también quería irse un compañero (o sea Chicaiza. Nda.); él no estaba en Inteligencia, pero dice voy a consultar y si te invitan te vas. Pero verás que tienes que aportar allá porque es con aporte financiero. Le di parte el Secretario, y le dije ya estoy adentro y le muestro la invitación. Me pide la invitación y dice que le va a mostrar al presidente Correa. Vuelve y me ordena que pida gastos, pasajes y viáticos al financiero de gastos especiales; me ordena que me lleve dos agentes más, una colombiana y otro de aquí. Le advertí que me iba con mi propio pasaporte, porque yo entraba y salía de Colombia porque tenía mi empresa de seguridad, iba a dar cursos y todo eso.

Ingresé a Colombia, entré como empresario, les mostré en Colombia que yo compraba equipos, cámaras… Fui a esa reunión con Uribe como empresario, incluso ahí estuvimos con gente de Petrocolombia, que eran mis amigos porque a ellos les asesoré para poner el circuito cerrado de seguridad en Colombia.

Vamos a la reunión, Balda se presentó: hola, hola. No pasó nada. Conversando. Ahí estuvieron otros dos agentes de la Senaín, Jarrín y Gaibor y entraron como de una fundación. Ellos fueron porque así es Inteligencia. No les conocía, luego supe de ellos. No pasó nada, les grabé, tomamos las fotos; en esa reunión estuvieron Almeida, otros, y Mario Pazmiño. Él es un comandante de Inteligencia del Ejército. Al sabueso el hueso le queda y siendo de Inteligencia él no se dio cuenta cuando le grabamos en el escritorio. Es lamentable que como director de Inteligencia no sabía lo que estaba pasando. Esa reunión nunca fue de nexos democráticos, esa reunión fue para incitar al pueblo ecuatoriano contra la Ley de Seguridad del Estado. Claro que la prensa sólo sacó lo que les correspondía, pero si lo tomamos desde el principio a la raíz, veamos lo que ellos decían: Almeida, Terán, Pazmiño. En esa grabación completa está todo lo que dijeron. El presidente Uribe es una persona muy respetuosa y él respetó la jerarquía de Correa. En esa reunión lo que dijo fue que son actitudes y conocimientos del pueblo, de cada pueblo. Pero él nunca incitó a nada, pero los otros sí. Había sido la tercera reunión.

Yo no tengo dinero para regalar y ese día voy al hotel de Medellín, costeado por la Senain de gastos especiales. Llegué allá, fui presentado pero yo sí sabía quién era Balda, se acerca y me dice: Raúl, te puedo pedir un favor especial, sé que eres empresario y quiero que me ayudes, necesito cancelar el café del receso. Claro, le dije, cuánto es, no era mi plata pues era una operación. Balda se acercó porque ya estuvimos medio día en la reunión, ya habíamos hablado; se dice que hemos roto el círculo de seguridad, y no es cierto; es un expresidente de Colombia y tiene sus anillos de seguridad, ¿un ecuatoriano puede romper los círculos de seguridad de ellos? O sea, los de las FARC entrarían cuando quisieran. No, la situación fue más política. Uribe habló unos 45 minutos, nos tomados las fotos, todo, y se retiró. Salimos a conversar al pasillo, y ahí fue cuando Balda se acercó y me pidió apoyo para pagar el café de todos. Le dije que claro, que pongan eso a la cuenta de mi habitación. Luego también me pidió apoyo para el almuerzo, y estábamos como unas doce personas. Pero Colombia es barato, así que también sume el almuerzo a mi cuenta. Pidieron hasta vino. En el almuerzo, el señor Achig, el que siempre anda con Balda (es un señor muy pilas), se acercó y me pregunta si soy ingeniero en seguridad, sí le contesté, sabes, me dice, Fernando pide que te quedes un rato que te va a indicar unas cosas que te van a interesar. Acabamos de almorzar y me quedo, con Mónica Flores mi compañera. Nos quedamos con Balda, y me dice si tengo empresas de seguridad, y si necesito equipos electrónicos, le dijo que claro. Verás, dijo, yo te puedo facilitar, tengo unas representaciones aquí y si te quedas mañana y te vas a Bogotá conmigo te hago conocer a todos los proveedores; solo te voy a decir que nosotros somos proveedores de equipos para las Fuerzas Armadas y para la Policía de Colombia. ¿Cuáles equipos?, pregunté. Te vas a quedar loco, me dice. Y le pide al Achig que le traiga su computadora. Baja una Mac y una HP, y dice: te voy a hacer una demostración, vamos a romper el correo de los Alvarado. Y nosotros grabamos y en verdad rompió el correo. Sé todo lo de los trolls, dijo. Soy sincero, me quedé quieto. A la Mónica solo le hacía ojitos. Y me dice, tengo de los teléfonos, de los blackberry, ¿crees que el PIN es seguro? Digo no, el PIN nunca es seguro porque eso ya sabía, recibí clases en Estados Unidos. Me dice dame un número y rompamos ahorita, y todos mis agentes tenían un blackberry porque en la Dirección General de Inteligencia les compraron blackberry a toditos, porque decían que el PIN era el más seguro. Yo me reía, en el Ecuador si les venden piedras donde salen números, compran las piedras. Le di todo un listado y los bajaron en verdad. Le digo ¿en serio tienes todos estos equipos? Sí, loco, en Bogotá, pero te voy a ser sincero, dice: tú me apoyas y aquí hacemos los números, tranquilamente, pero sí te voy a decir, si Correa sabe esto me mete preso. Yo no le paré mucha bola, para que no me vea.

Comenzó la reunión de nuevo a las dos y media y a mí me interesaba mandar el PI (Parte Informativo. Nda.) porque ya vi cómo rompe el correo de los Alvarado y tenía eso en vivo, porque le dijo que mande al correo del Alvarado una cosa que diga si el memorando ya está listo, y le manda: amiga, ¿el memorando ya está listo para firmar? y le contesta que sí, que pase por el despacho. Me quedé loco, le dije que nos veamos a las cinco de la tarde, porque estaba mal anochecido del viaje. Mejor veámonos para merendar, para cenar y nos vemos en la parte de atrás, le digo, pero anda pensado, anda haciendo números, me dice. Le digo: ya, pero si es que es efectivo te compro, a mí no me pongas precio porque si valen yo te compro los equipos, yo conozco los equipos, le dije.

En la noche cenamos a las siete, tomamos vino, entre todos, luego nos quedamos. Eso también pagué yo. Yo estaba con Achig, Balda y Mónica en una mesa. Entonces qué fue, te animaste me pregunta. Ya, le digo, hagamos las pruebas. Pero yo no quiero que me hagas pruebas aquí sino pruebas de campo en Ecuador; yo te doy todo. Ya, dice, mañana desayunemos. Pero teníamos que retornar al siguiente día, él a Bogotá y yo a Quito. Tomamos el desayuno y conversando con Balda dice: voy a pedirte un favor especial, voy a perder mi vuelo, ayúdame para la penalidad. ¿Cuánto es? Cuatrocientos dólares. Para el Áchig también, me dice. Le doy mil dólares. ¿En qué vuelo te vas? En el de la noche, me dice, porque yo me voy en el vuelo de las dos de la tarde, le digo. Seguíamos conversando, hablando de que él había ingresado al DAS de Colombia, al TCI, a las instalaciones. Pero antes de eso trabajamos toda la noche. A (Pablo) Romero le mandaba los PI, que es el Parte Informativo. Y Romero me decía, no puede ser Raúl, cómo va a tener esos equipos. Vea, no es mentira, y le mandaba por escrito los PI. Raúl, me dice Romero, no te preocupas por dinero, carta abierta. Por eso le di los mil dólares.

A las once nos despedimos y le digo: Fernando, ¿cuándo nos vemos? Y me dice que nos vayamos a Bogotá, pero desde el cajero ya no podía sacar dinero. Mira Fernando, le dije, bajo al Ecuador y en quince días nos vemos en Bogotá, pero ya ten todo listo. Toma mi número, me da el número.

Llegamos, me voy a presentar en la Secretaría, ahí explicándoles; no puede ser Raúl, estabas bien, no estabas tomado; les digo que no. Dame un informe ejecutivo, el uno de la reunión con Uribe y un PI de la venta de los equipos. Hice el Informe Ejecutivo o Boletín al Instante 001. Fue a presentarle a Correa y el Presidente se raya. Eso era miércoles y jueves a las 12 de la noche me llama Romero a la casa. Me dice que vaya, y me pide el PI de la venta de equipos. Fui a la Secretaría y nos citamos a esa hora, y luego Romero se fue a la Presidencia. El viernes llega a las diez de la mañana y me dice: Raúl, tienes que viajar el sábado a Bogotá, hazte cargo del Balda, luz verde. Sábado viajo a Bogotá con luz verde para conversar con Balda. Pero doctor, le digo, va a ser notorio. Le dije que viajaba en quince días y llegó al sábado siguiente de lo que nos vimos. Sí, aguanta, manéjalo vía telefónica pero pídele una propuesta por escrito. Llamo a Balda y le digo que voy, pero que necesito una propuesta seria, que me haga una presentación completa de los equipos. Te voy a mandar primero un correo, me dice, pero ten cuidado que si esto llega donde Correa me mete preso. Y me manda los costos. Él tenía los equipos en pesos y en dólares. Y me dice, Raúl préstame mil dólares y ya cuando estén los equipos cuadramos y no pasa nada. Y digo ya, pásame tu cédula y te mando. Y me dice, de Vanesa te voy a mandar la copia de la cédula y le mandas a ella. Y le muestro a Romero la cédula; ahora sí le colgamos, me dice, lo ideal hubiera sido que envíe la de él pero de la mujer es lo mismo. Busqué las agencias de envíos a Colombia, pero las registradas en la Superintendencia de Bancos. Solo había DHL y Rexeira. Mandamos mil dólares a nombre de Vanesa Castelló, y guardamos, primera evidencia, más los correos. Juntábamos las evidencias.

Le pregunté a Romero si viajaba a Bogotá. Claro, me dice, si el Presidente quiere para ya, y me preguntó si le habíamos comprado los equipos. Me voy solo, llegué a Bogotá, conversamos, me llevó donde unos proveedores, me mostró varios equipos pero eran unos que Ecuador también tenía. Nos fuimos a Parque Lago, ahí le compramos a Balda dos computadores, con factura a mi nombre. Me pidió uno para mandar a un técnico y el segundo al otro técnico para espejear. Y comenzamos la negociación. Nos quedó mal, a cada rato nos pedía mil dólares; hicimos como cuatro depósitos a Vanesa Castelló. Fueron como seis mil dólares. Luego se hacía negar, y ya me puse grosero: oye, le dije, tanta plata que te damos y tú me dices que no puedes, que tu técnico… mejor preséntame al técnico. El tema era que Balda tenía que presentarme los equipos en Bogotá, hacíamos las pruebas allá, le comprábamos y él se encargaba de pasarlos al Ecuador y entregarnos aquí. Sea en Manta o el Tena. Te voy a presentar al técnico, me dice, pero con una petición: que mientras yo no apruebe no puedes hacer nada con el técnico. Todo pasa por donde mí. Me presenta al técnico, Franklin Herrera, que sí es ingeniero en seguridad y defensa. Entonces, cuando él conversa conmigo se da cuenta, porque le hablaba del radio espectrograma, de los megahertz, de los ciclos, que uno sabe. Sí me dice, a Balda yo le vendo los equipos y me he ido al Ecuador, a Manta. Cuando me dijo en Manta… Como ya me dijo lo del técnico ya no presioné a Balda. Este momento llévate unos equipos, unos GPS imantados, que se le pega a un vehículo y le va siguiendo. Me traje seis al Ecuador. Llegó a la oficina y los muestro a Romero, pero eso no me interesa, dijo, lo que quiero es el interceptador. Al técnico le pido que revise los equipos, y me dice que estos no hay en Ecuador. Y que tampoco había la plataforma informática acá, pero estos equipos sí cogían en Ecuador. Lo que pasaba era que venían los colombianos de inteligencia con estos equipos y nos estaban chequeando. Le digo al técnico que me vea la plataforma, el radio espectrograma porque Colombia se estaba metiendo en el Ecuador y eso es un delito, porque ellos pueden interceptar nuestras señales. Hice un informe que Romero llevó al Presidente.

Vuelvo a Bogotá, le digo a Balda: qué fue de los equipos, ya vengo a hacer las pruebas. El Balda ya se caía, y me dice que el técnico ya tiene los equipos pero están instalándolos. A ver, dime la verdad, ¿tienes los equipos? Sí tenemos, me dice, si al Ecuador ya hemos mandado. Y me dice que en cuando vuelva hacemos las pruebas. Regreso al Ecuador e informo y vuelvo a Colombia, y me presenta a otros técnicos, del ejército, de otros lados, y de verdad funcionaban, pero ya estábamos hablando de millones de pesos. Al regreso le digo al doctor Romero, mire doctor, está listo el equipo, quieren la plata, nos salía como 320 mil dólares, vamos a llevar el dinero, no ha de ser, me dice. Pero el costeño es vivo, cuando hablan de cifras busca la comisión. No me dice, tranquilo, traigan al técnico de Colombia, hacemos las pruebas acá con él y te doy el dinero.

Estaba ya para viajar un viernes. Romero me dice que hay disposiciones de arriba, del jefe, que una persona te acompañe. Escoge a cualquiera, y yo escogí a Huertas, un compañero de confianza. Pero no van a ir dos hombres, dice, van a pensar que son maricones. De tus chicas, de las que son más vivas y entradoras. Bueno, Diana Falcón y una chica Rojas. Escogió a Falcón y viajó conmigo como contadora de la empresa, era la fachada.

Llegábamos al hotel Capital, en Bogotá. No porque fuera de lujo, sino que siempre hacíamos ACT y hablábamos frente a las cámaras, para evidenciar. Nosotros ya habíamos hecho la búsqueda en cuál hotel nos podíamos reunir y este hotel tenía el círculo de seguridad con cámaras. Decía, si aquí nos matan sale en las cámaras y si algo pasa sale en las cámaras también. Es por eso que llegamos a ese hotel. Así llegamos a la negociación, Diana empieza a hacer amistad con Vanesa Castelló, como a Balda le encanta la carne, comimos. A Balda le dije que empezábamos desde cero la negociación, que tenía a mi contadora y si ella decía que te compre ese rato firmo y pago. Llegamos a un acuerdo en el restaurante San Andresito, donde a Balda le gustaba ir. Hay unas grabaciones de eso. Bien, dice Balda, ahora sí estamos en buen camino, te mando a Franklin Herrera al Ecuador; me pagas la salida, el viaje, el vuelo, la estadía en el Ecuador y le das un dinero y hacemos las pruebas de campo. Ningún problema, para mé era tener otra evidencia, pero esta vez con una persona. Así fue, trajimos a Franklin Herrera; lo hospedamos y un sábado hicimos un poco de pruebas. Herrera no supo que eran de la Senain, lo llevamos al Benalcázar Mil y no sospechó porque nuestra fachada era una empresa de ingeniería social. Teníamos ahí las máquinas, los cubículos, como cualquier empresa. El sábado en la tarde dijo que quería irse a Manta a dar mantenimiento a unos equipos, que iba a hacer una visita técnica. Avisamos a Pablo Romero y se dispuso el seguimiento en Manta. Ahí llegó a la casa y se le vio con el hijo del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano. Solo esa visita hizo el domingo. Volvió el lunes, y Herrera estaba sentado en la oficina del Benalcázar Mil. Llamo a Pablo Romero y le digo que Herrera ya estaba en la oficina para hacer las pruebas. Espera, me dice, salgo de gabinete a la una de la tarde y voy. Llega a las dos y media, por primera vez a la oficina. Ahí teníamos una pantalla gigante táctil, nos conectamos a Colombia, hicimos unas llamadas interceptadas y Romero me dijo que estábamos mal, que Balda nos vigilaba todo, nos tenía controlados. Dijo que iba a reportar de inmediato al Presidente, y que diéramos unas vueltas con Herrera para ver qué se hace. Nos llama y nos dice que Balda nos estaba jugando Barcelona, que nos estaban metiendo equipos y nos estaban hackeando. Ese rato se dio la orden de que la Senain cambie todas las terminales, todos los puertos. Al tercer día todos nosotros habíamos cambiado a teléfonos satelitales y los ministros también para hablar con el Presidente. A Herrera, un buen técnico, le ofrecimos un contrato. No iba a saber que era con el Estado. Tocaba abrir una partida en la Senain para contratar con un informático en ingeniería social, y no pasaba nada, como con Ola Bini, sino que en este tema les falló no más. Ola Bini era de gastos especiales. En la Ley de Seguridad Nacional se tiene derecho a eso. Él era contratado por la Senain, es fácil comprobarlo abriendo las IP, es muy fácil, pero eso no lo van a hacer por la Ley de Seguridad Nacional. ¿Para qué se trae a Ola Bini? Hay muchas cuestiones, un hacker no camina de gana.

Bueno, Herrera no quiso y no alcanzó a firmar lo que nosotros llamamos el Pacto de Reserva, porque si no yo mismo lo metía preso. Igual que a Balda, porque al momento que yo le daba el dinero a él y a Herrera, no les pedía factura sino que aplicaba el Pacto de Reserva. Eso es lo que nos falló a nosotros como profesionales de inteligencia y contrainteligencia, porque no se les dio el dinero. Si les dábamos los 320 mil dólares se nos llevaban el dinero también, pero los equipos que ingresaron sí lo hicieron. Ellos vendían equipos. Franklin Herrera no quiso hablar en el testimonio anticipado. Balda cogió plata de gastos especiales que me dio a mi la Senain para la operación. ¿Quién usufructuó del dinero? Balda, que devuelva la plata. Tampoco abrieron un campo de investigación en el tema de los equipos. ¿Porqué Balda y Vanesa Castelló no dijeron en su versión a qué se dedicaban en Colombia? A la compra y venta de equipos.

La UGSI se mete en el baile

Lamentablemente la UGSI había estado metida detrás de nosotros. Rommy Vallejo. Era porque Correa ya no le paraba bola, solo a Pablo Romero. Toda operación era para el flaco por aquí, flaco por allá. La UGSI había estado todo el tiempo tras de nosotros, aquí y en Colombia, viendo que paso dábamos. Nosotros solo hacíamos lo que ellos no podían. Mientras nos seguían no encontraban nada. Nosotros operábamos más técnicamente. Rommy Vallejo se quedó atrás. Fue a Bogotá y armó la primera operación contra Balda, cuando lo quisieron deportar. Ahí ya estábamos nosotros con Balda y me llamó: la UGSI me está siguiendo. Pero a mí no me interesaba, las peleas en la Policía son de todos los días. Porque la jerarquía, por acceder a un puesto, te venden. Pero no sabíamos que estaban detrás de nosotros, sobre todo queriendo hacernos quedar mal, pero nosotros éramos muy eficientes; porque en información espejeábamos: a Pablo Romero le mandábamos un correo ficticio, le mandábamos luego una clave y el correo, imprimía y se llevaba el informe; se llama buzón y es una forma de seguridad.

Qué es lo que pasa. Balda comienza a lanzar la historia de Mameluco y Correa se raya. Pablo Romero me dice, luego de que la UGSI falló el operativo de traer a Balda, Ratón el Presidente quiere que hagas una operación muy sutil, no vas a hacer nada ilegal. No sabe cómo, pero quiere que traigan a Balda, con la misma gente de él. Y si no puedes, ya sabes lo que te pasa. Es que uno cuando está jerarquizado no es si quiero o no quiero. Es que ya conozco al político. Son 25 años en Casa Presidencial yo sé cómo manejan las cosas, se toman los nombres. Frente a mis dudas, Romero dice: espera, este momento lo pongo. Y pone el teléfono en altavoz. Carlitos, dice, aquí estoy con el amigo. Pone el altavoz y dice que tenemos el apoyo político, económico e institucional. Porque nos están haciendo pedazos.

Nuestra misión era ubicar a Balda, localizarlo nada más. Y el equipo de Colombia, estos militares de Colombia, lo iban a traer sano y salvo al Ecuador. Ahí dicen que le querían matar. Querían denunciar por lesa humanidad. Balda, en Colombia, hacía negocios con un empresario, le pide 30 millones de pesos (unos 10 mil dólares), le falla durante treinta días, le dice que le devuelva, devuelve 20 millones y se queda con diez; va donde otro empresario y le pide de nuevo 30 millones, le falla y devuelve 20 millones y se queda con diez. Y así es el juego suyo. Por eso en Colombia le quisieron matar. Y a esta gente a la que afectó Balda se le dice: a Balda lo quieren en el Ecuador porque dejó una chica embarazada. A esta gente se le dice que ha dejado una chica embarazada y les impacta en el sentimiento, y les digo que yo les pago. Por eso les pago a ellos. Yo le pago a Karim, con quien nos conocimos a través de Balda, porque es gente amiga de Balda. Karim es del ejército, y Balda me lo presentó porque dice que tiene un montón de cursos. La operación contra Balda no la hicieron delincuentes, eso tienen que entender. Eran militares, Karim era suboficial del ejército de Colombia, un negro alto. Solo la chica era civil, todos de Puerto Tejada. Yo contacto con Karim en la reunión con Balda, porque nos llevó a una finca donde había búfalos, tomé fotos. Ahí conozco a Karim y converso con él. A Karim, Balda le estaba debiendo como tres millones de pesos, por sueldos. A toda esta gente le quedó debiendo mucho dinero. Franklin Herrera, la última vez que hablamos, me dijo que Balda no le pagaba como tres mil dólares.

¿Quién hizo caer la operación de Raúl Chicaiza y los colombianos? Fue la UGSI, porque si traíamos a Balda a Ecuador el que quedaba bien era Pablo Romero. Ellos hacen caer la operación cuando la denuncian. Como estaban siguiendo al Balda y como ven al taxista que ve cómo secuestran a Balda y les dice que lo secuestraron. Y ellos denunciaron a las autoridades. Así hicieron caer la operación porque era un juego de poderes.

Nosotros, para la operación, solo llevamos el dinero; no sabíamos ni cuando lo iban a traer. No nos interesaba eso, porque esa operación no era nuestra. Lo que hicimos fue seguirlos, buscar allá las fuentes y ellos que lo traigan. La UGSI, como no sabían de esa situación, quemaron el caso. ¿Por qué? Por el poder. Porque ¿cómo era el poder? Correa, José Serrano y Rommy Vallejo. Rommy era “hijo” de Serrano y los dos iban donde Correa y a estos señores nosotros les estábamos dejando en el piso. Romero estaba arriba porque daba resultados. Todos los casos los hacía Romero, y estos señores que tenían Policía, UGSI y todo, no daban resultados. Y eso que tenían mucho dinero. Porque a la UGSI se le daba 300 mil dólares cada semestre, lo mismo a la DGI. Y no había resultado. Nosotros con una operación de 40 mil dólares trajimos a Arcos Peninos desde Panamá. Y ellos gastaron en Colombia, México, Guatemala buscando a Arcos Pepinos. Claro, dándose la buena vida, no para hacer las operaciones. La operación no cae por el taxista.

Nosotros, como policías tenemos el Ameripol. Como policías en servicio activo teníamos que presentarnos en Colombia para la relación de los hechos, pero nunca nos llamaron. Sobre el recibo con el que se pagó el alquiler de los vehículos, nunca hicieron el examen grafológico y no es mi letra, pero me pusieron el nombre. Por eso la Fiscalía de Colombia va a la empresa que rentó los autos, da mi foto y les dicen que no me conocen. Me pusieron el nombre porque así se manejaban allá. Por eso estamos pidiendo en Colombia la nulidad del proceso. Nosotros ya pagamos nuestra pena, pero no es porque hemos matado o robado. Nosotros pagamos para que le traigan al señor Balda, pero no coordinamos el secuestro. No es el primer caso, de toda Latinoamérica se trae gente, y de aquí los americanos se llevan gente. Los buques vienen, se quedan a tres millas de la costa, cogen lanchas rápidas, vienen, matan a la gente y se van.

Cuando secuestraron a Balda yo no estaba con él, yo salí con el gerente de Zonacero, la empresa proveedora en Cedritos, y cogimos el mismo taxi. Balda salió con Franklin Herrera. El gerente le dijo que fuera con nosotros, pero no quiso. Y ahí fue donde lo secuestraron supuestamente. Ahora, la pregunta es: ¿por qué lo secuestraron? ¿Y por qué no se llevaron a Herrera? Herrera dijo que fue para patearle los tres mil dólares, porque estos eran para pagarle a Herrera. En sí no existió el secuestro, él no estuvo retenido ni 24 horas, y nunca hubo una petición (de los secuestradores); él estuvo como 40 minutos y luego lo sueltan.

Yo fui al hotel Capital a descansar y me llamó Vanesa, la esposa. Me dice: Raúl, hasta qué hora estuviste con Fernando, le digo hasta las nueve más o menos; porque hasta ahora no se asoma, me dice. ¿Le diste dinero? Sí, le di tres mil. Y ella dijo: este se fue a joder. A las tres de la mañana me volvió a llamar: Raúl, sabes que a Fernando le han querido hacer el paseo millonario, pero ya está en la casa, gracias a Dios. Al siguiente día, me llama Vanesa a las siete de la mañana: Raúl, queremos pedirte un favor, que nos prestes mil dólares porque le han robado todo, y está sin un centavo para hacer la denuncia. ¿Y cómo quieres que te haga llegar? A través de un giro, en Bogotá mismo. Yo salgo en un vuelo de la una de la tarde y a las siete de la noche, en Quito, me llaman y me dicen que la operación había fallado.

Cuando el general Mejía me dice que si no son profesionales, para qué se meten. Es un déspota. Y en la noche me llama Romero, me dice tranquilo Ratón, no es nuestra operación, no pasa nada. También me llamó Carlitos en la noche y me dijo que no me preocupe, que vamos a tener el apoyo económico e institucional. Eso pasó en el 2012, en el 2018 que me retiro de la Policía nadie me topaba nada, nadie nos decía nada. Se acaba el 2017, enero o febrero, entra el fiscal Baca, y es porque se pelea con José Serrano. Si no se hubiera dado esta pelea de compadres, no pasaba nada.

Nosotros ya fuimos sentenciados, pagamos la pena, han acabado con nuestra vida profesional, con nuestras familias, somos señalados, tenemos amenazas, no tenemos apoyo del Estado; Correa está fuera del país como prófugo, ¿qué ha ganado el país? ¿Por qué no preguntamos al señor Balda de qué vive? ¿Cuánto declara en impuestos? ¿De dónde tiene oficina y chofer? Yo también puedo decir que me dan donaciones, pero los que donan también deben declarar. ¿De qué vive Balda? Nosotros sabemos, pero no podemos decir porque para nosotros es más grave, porque sus apoyos políticos son fuertes. ¿Qué han sacado? Han acabado con dos policías honestos y profesionales. Estuve en la escuela de Baton Rouge, escuela de barridos electrónicos en Estados Unidos, Perú, Panamá… Diana Falcón, la primera mujer del curso de Garras en Bolivia, más que los del GIR. ¿Qué han sacado de nosotros? Sacaron al populismo de Correa y el que se ha beneficiado es Balda. Tiene seguridad 24 horas y nosotros ¿qué tenemos? ni un perro que nos cuide. El programa de testigos protegidos en el Ecuador es un chiste. Estoy dentro del programa, hay 23 agentes para 115 protegidos. No nos beneficia en nada, solo a jugar con nuestros testimonios. Y por último, ahora nos quitaron la visa de Estados Unidos, a pedido del gobierno. Rommy Vallejo está en Chicago y no pasa nada. La única explicación para quitar la visa es por narcotráfico, desfalco y coyoterismo. Nosotros no estamos en eso. ¿A qué estamos jugando, o es un revanchismo contra Correa y nos hacen pagar? Porque entonces también debiéramos decir qué hacían los americanos en el Ecuador y que la Senain sabe. ¿Por qué no investigan el ahora de Balda? ¿A quién está sirviendo? ¿Al pueblo o al Gobierno de turno?

Yo no admití el secuestro, nosotros somos gente de honor y no vamos a tapar a nadie. Yo pude salvar a Correa, me comía el que yo quería secuestrar a Balda a título personal; pero toda una Inteligencia, que es profesional, tenemos espejeada la información. Ahora en nuestro país no tenemos Inteligencia; ahora se van a Inteligencia porque es hijo de general, y se van allá porque no se uniforman. ¿Qué operaciones de Inteligencia hay ahora en el Ecuador, qué tipo de seguridad tenemos? Nada. Antes teníamos 43 agentes en el Departamento de Información. Después pasamos a 120 agentes a la Dirección de Inteligencia, y ahora es la Dirección General de Inteligencia. Fue un ciclo y toda esa gente fue formada. Pero qué podemos esperar si desde la cabeza estamos mal. Para ser General de la Policía se tenía que comandar previamente el Comando Pichincha, el Comando Guayas y el Comando Especial Lago Agrio. Vayan a ver ahora las hojas de vida de los generales: solo han sido carga maletas de los políticos, de la Comandancia General, secretarios. Ellos no pueden dar seguridad, no saben ordenar a su gente. ¿Cómo puedo exigir inteligencia a mis agentes si yo no sé? Por eso en el testimonio digo que es el pseudo secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo; sin desmerecer su personalidad, pero el profesionalismo. Si es zapatero es zapatero, si es policía es policía. La Senain se acabó, habíamos gente muy preparada. Nadie le pide resultados, a nadie le rinde cuentas. La Senain siempre será la gallina de los huevos de oro para políticos, militares, policías, porque nadie controla.

Yo siempre he tenido mis empresas, tuve una empresa de seguridad y transporte. En este litigio vendí los dos tráilers. Me tocó pagar los honorarios del abogado, míos y de mi compañera. Ahora estoy en cero.

Desde que ingresé a la Policía yo tenía volquetas. Esas me compraron mis padres y trasladábamos material pétreo desde la Mitad del Mundo al sur de Quito. En la Policía, si usted no tiene un negocio se hace ladrón, y si tiene un negocio se hace un buen policía, esa es la ley porque usted no está dependiendo del sueldo. Y luego están los créditos de la Policía. Yo hice un crédito de 60 mil dólares para litigar. Más mi cesantía, que ya no tengo. Solo este proceso me costó 120 mil dólares. Solo en copias se fueron como 3000 dólares.

Yo le pido dinero y le exijo para la defensa a José Serrano. Y el Presidente les ordenó que solucionen el problema. Porque en febrero ya nos notificaron, y le digo que íbamos a tomar como abogados a Diego Chimbo, al doctor Moreno y a la doctora Tania y nos cobraban 65 mil dólares. No le pedí a José Serrano, pedí que se cumpliera la disposición de que la Senain nos apoye en la defensa con gastos especiales. No es algo personal, por eso les pedí que cumplan. Porque Pablo Romero deja el cargo y deja una partida presupuestaria de defensa territorial, para el caso en Colombia. Rommy Vallejo, que vino luego de Romero, no cumplió y me hizo una congeladora. Porque nos tuvo en la Senain sin funciones, no hacíamos nada, no podíamos salir del país, nada. Me hacía volver de cualquier parte a la oficina para tenerme sin hacer nada toda la tarde. Eso era porque le habían dado la orden de que nosotros no podíamos salir de la Senain, no nos podían dar el pase, por este caso.

Ahora vaya a ver a Diana cómo está. No tiene trabajo, está mal económicamente. Ella mantiene a sus padres. Ahora con grilletes no le dan trabajo en ninguna parte, quedó endeudada en la Cooperativa de la Policía y señalada para siempre.