En la clínica Steticus, aún promocionan al médico Patricio Toscano como un exitoso cirujano plástico, experto en rinoplastias y lipoesculturas. Difunden sus servicios, aunque desde el 2015 Toscano enfrenta dos juicios en los que fue sentenciado por mala práctica profesional, que desencadenó la muerte de Michelle Cobo y Yadira Cáceres. Hasta el 2019 se presentaron 577 denuncias de homicidio contra galenos.
Redacción Código Vidrio
Su nombre ha sido sinónimo de éxito en las redes sociales y en algunos medios. Patricio Toscano, de 57 años, se había gando la fama de un respetado médico cirujano ecuatoriano, presidente y accionista mayoritario de la Clínica Steticus, fundada en 1997.
Obtener una cita con él no es fácil. Tiene un récord del cual se enorgullece de 25.000 operaciones con su equipo médico y otras miles de intervenciones en Operación Sonrisa.
Su agenda, hasta antes de la pandemia, estaba copada, por la gran demanda de consultas, como constatamos al requerir una cita en la clínica por teléfono, en marzo pasado.
La secretaria pidió que volviéramos a llamar luego de la emergencia sanitaria, para que Toscano hiciera una revisión médica del paciente que quería practicarse una cirugía en ese centro, pese a que ya fue retirado del registro público de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS).
Michelle hacía voluntariado con los “niños de cristal”
Los ojos negros de Michelle Cobo se apagaron. En 2016 tenía 20 años, estudiaba psicología en la universidad; le gustaba el canto. Incluso grabó un CD con cinco melodías, que reflejan su profunda espiritualidad cristiana.
Todas las semanas compartía su alegría juvenil con los más necesitados: los “niños de cristal” (trastorno genético por fragilidad en los huesos) eran sus consentidos, porque sus delicados cuerpos necesitan más cariño.
A medio año, Michelle se preocupó por un pequeño lipoma que apareció en su torso. Su padre Gabriel y su madre María Soledad la llevaron a un oncólogo para prevenir cualquier riesgo de un tumor. Las pruebas determinaron que era una inofensiva acumulación de grasa.
En agosto del 2016 la familia tenía previsto viajar a Estados Unidos para unas vacaciones. Pero Michelle quería que antes le retiraran el lipoma y que se le practicara una lipoescultura.
Con su madre acudieron a un médico conocido: Patricio Toscano, quien un año antes le había practicado una rinoplastia. En entrevista con este portal, el doctor dijo que tenía una relación amistosa con la familia, y que antes había operado a otros parientes de la joven.
El galeno recibió a Michelle y su madre en su consultorio. Les aseguró que no habría problemas en la cirugía, solo habría un cambio: la intervención ya no sería en Steticus sino en la clínica San Gabriel.
Ese cambio, de último momento, preocupó al padre, que estaba intranquilo porque la operación fue programada 15 días antes de su viaje, lo cual le daba poco tiempo para su recuperación.
También estaba preocupado porque el doctor no puso reparos al peso de su hija, de un poco más de 100 libras.
El vienes 15 de julio, ella ingresó al quirófano y luego de la operación sufrió un primer ataque cardíaco, que superó.
A las 10 de la mañana, Gabriel Cobo recibió una llamada de su esposa, quien desesperadamente le pedía que fuera a la clínica, pues su hija estaba grave.
Apresurado, abandonó su trabajo y se dirigió a la clínica. Su hija luchaba por sobrevivir. Su estado se complicaba minuto a minuto, pues en ese centro no tenían una sala de terapia intensiva para atenderla ante ese tipo de complicaciones.
El tiempo apremiaba. Intentaron en vano llevarla al Hospital Metropolitano, que estaba más cerca. Tres horas después (a las 13:00) la Novaclínica aceptó admitirla.
Los primeros exámenes revelaron la gravedad del cuadro. Michelle tenían 28.500 leucocitos por microlitro, que un par de horas llegaron a 29.000.
Los leucocitos son las células de la sangre que defienden al organismo de cualquier infección. Normalmente una persona tiene 5.000 leucocitos.
Amanecía. El 16 de julio, a las 06:45, Michelle murió por una septicemia (infección generalizada).
Abatidos por el dolor, sus familiares trataban de encontrar una explicación al súbito desenlace, en medio del secretismo de los médicos.
Con los meses, empezaron a tener más pruebas sobre las causas de la muerte y los antecedentes desconocidos de Toscano.
Entonces supieron que, precisamente, días antes de operar a Michelle, Toscano y dos médicos de su equipo habían sido sentenciados por homicidio culposo a ocho meses de prisión, por una cirugía de lipoescultura, practicada un año antes a Yadira Cáceres, de 39 años.
Ella había fallecido por una hemorragia y paro cardiorrespiratorio.
Toscano era la cabeza visible
La familia de Michelle también se enteró que Toscano no la operó, sino su colega Carlos Hurtado, quien no la había examinado antes.
Ese precisamente fue el principal argumento de defensa de Toscano, quien en su descargo aseguró que no estuvo en la sala de operaciones.
No obstante, su ausencia, precisamente, atenta contra la relación paciente-médico: el paciente confía en el galeno que la examina, a quien contrató para una intervención.
Toscano defendía fervientemente esa relación paciente-médico en redes sociales, cuando se debatían las sanciones a la mala práctica profesional en el Código Integral Penal del 2014.
“La ley de mala práctica médica va a destruir la relación médico-paciente como ha sucedido en otros países. Esta relación cura al paciente”, escribía en en Twitter.
En el equipo de cirugía había personas sin especialización, que es un requisito obligatorio en el Código de Salud. Una de las asistentes no tenía título universitario.
La fiscal Verónica Murgueytio con las pruebas recabadas evidenció que en la cirugía de Michelle se violaron varios procedimientos. El primero: la joven y su familia confiaron en que el médico que la operaría sería Toscano; no Hurtado.
Por eso, las firmas de consentimiento entre la paciente y el médico no se hicieron al mismo tiempo. Hurtado las firmó cuando se enteró que iba a ser investigado.
Además, antes de la cirugía nadie revisó el equipo médico ni de los instrumentos esterilizados. Por eso, la fiscal señaló la responsabilidad de la clínica, ya que no contaba con los permisos para una cirugía especializada.
Carlos Pazmiño, abogado de Hurtado, en sus alegatos dijo que no existía un nexo causal directo para aseverar que su cliente tuvo responsabilidad en la muerte.
Alquiler de quirófanos sin suficientes equipos
Durante la investigación, también se supo que la clínica San Gabriel alquilaba su sala de operaciones a médicos externos, sin contar con los equipos necesarios, en caso de una emergencia, que requiriera terapia intensiva.
El alquiler de quirófanos es una práctica que no está prohibida y es común el país.
El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, explica que hay dos tipos de atención en las clínicas privadas.
Unas, abiertas en las que los médicos usan sus instalaciones para realizar cirugías con un acuerdo previo, y otras, cerradas, con acceso solo a sus socios.
En el primer caso, Álvarez aclara que es responsabilidad de los representantes legales de las clínicas contar con las instalaciones y equipamientos adecuados para una operación.
También se comprobó que mientras Michelle era intervenida, otro quirófano era usado para colocarle implantes mamarios a otra paciente.
Precisamente, ese 16 de julio las operaciones estéticas estaban planificadas en seguidilla, una tras otra, en el tiempo justo, como una línea de fábrica.
El organismo de Michelle fue tomado por la bacteria conocida como “come carne”, la más letal de los estreptococos.
Cuando entró en shock, la paciente no pudo ser atendida en la clínica, que no contaba con sala de cuidados intensivos.
Clínica no tenía permisos para operaciones
En el juicio se probó que el centro tampoco tenía los permisos para practicar ese tipo de operaciones.
Por eso, la demanda judicial también fue contra la representante legal de la Clínica, María Eugenia Muñoz.
Su abogado, Pablo Encalada, dijo que existía una ilegalidad al acusar a su cliente con el artículo 146 del Código Penal, preconcebido para los médicos.
Además sostuvo que la clínica sí tenía los permisos necesarios para cirugías en sus instalaciones y que no se conoce con certeza que Michelle hubiera sido contagiada con la mortal bacteria. Ésta también es la tesis de Toscano, quien sostuvo que en ese centro realizaban intervenciones gástricas y ginecológicas.
Dos años después, tras acopiar evidencias y analizar detenidamente lo ocurrido, Toscano y su colega fueron llevados a juicio. El 3 de julio de 2018, se celebró la audicencia de juzgamiento, la Fiscalía se aprestaba a acusar a Toscano y Hurtado por homicido culposo
No era la primera ocasión que Toscano y Hurtado acudían a la sala de audiencias en la Corte Provincial de Pichincha, donde casi siempre salían victoriosos.
Ese día, la diligencia estaba a punto de suspenderse por pedido de los abogados de los galenos.
Toscano se veía despreocupado, confiado. Jugaba con el pañuelo que llevaba en la solapa de su traje.
Repentinamente, a la sala ingresó Andrés Paz, acompañado por dos policías que detuvieron a Toscano y Hurtado, para que cumplieran la sentencia por la muerte de Yadira Cáceres, ocurrida tres años antes.
Una sopresa trágica
Yadira buscaba darle una sorpresa a su esposo Andrés Paz. Corría el año 2015.
Alentada por consejos de algunas amigas, quiso mejorar su figura con una liposucción. Como de costumbre, la clínica de Toscano ofrecía una promoción: dos operaciones por el precio de una.
Su hermana Cristina le acompañó a sus primeras citas, donde fueron recibidas por el propio Toscano, quien confirmó que la primera cita fue en marzo de ese año y que solo regresó a la clínica en julio para la operación.
Yadira pasó todos los exámenes de rutina para someterse a la operación, pero decidió que era mejor no contarle sobre la intervención a su esposo.
La operación se programó para el 16 de julio del 2015, a las 10:00. Un día antes, las dos hermanas almorzaron. En ese momento Yadira recibió la llamada de la clínica para informarle que su operación se había adelantado para las 07:00. Su hermana no la podía acompañar y buscaron a su amiga Karina para que fueran juntas a la casa de salud.
La mañana del 16 de julio del 2015, Yadira, de 39 años, entró al quirófano. Su esposo Andrés no sabía nada, él salió desde su casa sin conocer que ella iba a entrar al quirófano.
Alrededor de las 10:00, sonó su celular, era Karina, la amiga de su cónyuge, quien le pedía que acudiera de urgencia a la clínica, pues Yadira habría sufrido un “accidente”.
Los accionistas y administradores de la Clínica Steticus, que funciona en Quito
Andrés Paz entró al centro estético y le dijeron que su esposa había muerto. No sabía lo que pasaba y miró a su cuñada Cristina, que estaba demolida. Ella llegó primero a Steticus y se encontró personalmente con el doctor Toscano, quien supuestamente le dijo: “yo no estuve en la cirugía, verás que yo no estuve ahí”. Su respuesta, que consta en el proceso penal, dice “él (Toscano) le ofreció a su hermana que iba a estar en la cirugía”. Andrés no sabía qué hacer…
Sintió que el mundo se le venía encima. No sabía cómo contarle a su hija Andrea, que tenía 9 años, que nunca más volvería a ver a su madre.
Se puso en contacto con su abogado y junto con varios policías acudieron a la clínica de Toscano, donde retiraron los videos de la operación y los partes médicos, que luego serían evidencias fundamentales en el juicio.
Los médicos que entraron al quirófano con Yadira Cáceres fueron Carlos Hurtado y Ricardo Cevallos, amigos y socios de Toscano. Solo Hurtado tenía un título de cuarto nivel de cirujano plástico. Cevallos no tenía esa especialidad, mientras Toscano dice que legalizó su formación de cuarto nivel, en 2018. Ocho años antes obtuvo una certificación de “Maestro en Cirugía estética”, en México.
Según la ley, para este tipo de intervenciones se requiere la especialización de cirujano plástico, no una especialización cosmética. Es decir que cuando se realizó la intervención no tenía título de cirujano.
Antonio Toro, amigo de Paz, que lo acompañó durante el juicio, aseguró que todo lo que ocurrió en el quirófano evidencia la negligencia que provocó la muerte de la paciente.
Los médicos jugaban en plena cirugía
En un video que tienen en su poder se observa a Hurtado y Cevallos, jugando y bromeando, durante la cirugía. Por eso, no se percataron cuando una de las cánulas (un tubo plástico usado para evacuar o introducir líquidos en el cuerpo) se llenaba de sangre.
Según un peritaje realizado en el juicio, la cánula perforó cinco centímetros el hígado de Yadira; una lesión fatal que le causó la muerte en la mesa de operaciones.
Toscano asegura que el video prueba que no estuvo en la operación. “Solo entré al quirófano pocos minutos para verificar como iba la paciente”.
Paz enjuició a Toscano, Hurtado y Cevallos. El proceso fue tortuoso. Cuatro meses después, perdió a su madre. Luego su socio lo traicionó y le obligó a liquidar la empresa que había levantado desde su juventud.
Muchas ocasiones pensó en quitarse la vida o hacer justicia con sus manos, porque Toscano parecía intocable.
Debió asumir cuantiosos gastos, que lo llevaron por los sinuosos laberintos de corrupción de los operadores de justicia, que le exigían pagos por todo tipo de trámites, que van desde el transporte para los policías, peritos u otros delegados, gastos de las fotocopias de documentos…
Estima que gastó unos 90 mil dólares en el proceso, sumado a las cientos de horas que dedicó para agilizar personalmente las acciones judiciales.
También afrontó el hostigamiento de los abogados de Toscano, que trataban de llegar a un acuerdo extrajudicial. Le ofrecieron un departamento en el edificio del Centro Comercial Naciones Unidas, pero no aceptó. Luego le propusieron entregarle otro departamento en el sector del Quito Tennis, un barrio exclusivo de la capital, y, por último, 120 mil dólares, que serían cancelados en varias cuotas.
Toscano ratificó que solo trataban de obtener un acuerdo amistoso con él, lo cual fue una inciativa de sus colegas.
Pero para Paz la muerte de su esposa no era negociable ni tenía un precio. Su único propósito era que los responsables fueran condenados. Los jueces condenaron a Toscano y Hurtado. Cevallos murió meses antes, por una fuga de gas en su domicilio.
Toscano y Hurtado fueron encarcelados, pero solo cumplieron ocho meses en prisión. Salieron en libertad y siguieron realizando cirugías estéticas, hasta marzo del año pasado, según Toscano, cuando se oficializó su suspensión.
En ese mismo mes, pidió la revisión del fallo de la Corte, que aún no se resuelve.
Esa sentencia fue la primera por mala práctica profesional, bajo las normas del Código Integral Penal, aprobado en 2014.
Hasta el 2019 se presentaron 577 denuncias de homicidio culposo por mala práctica profesional en general. Pero, a la Función Judicial solo ingresaron 68 casos. La mayoría está en indagación, uno de los principales problemas es la falta de peritos especializados para llevar los casos.
Luego de salir de prisión, Toscano siguió en su negocio de cirugías estéticas. En la Superintendencia de Compañías aparece como el socio mayoritario de Steticus y de una importadora.
En este período precisamente ocurrió la operación y muerte de Michelle Cobo, que Toscano y sus colegas también trataron de arreglar económicamente con su familia.
Gabriel Cobo recordó que recibió una propuesta para desistir del juicio a cambio de una tentadora compensación económica. Pero tampoco aceptó el arreglo.
Avanzó con el juicio, agobiado por el sufrimiento de la pérdida de su primera hija, que sumió a su familia en depresión y ansiedad. “Vivimos con ese vacío, con ese dolor indescriptible, solo esperamos que se haga justicia”, dice Cobo, quien es abogado y notario.
Para él, la muerte de su hija le obligó a adentrarse en el lado sombrío de las cirugías estéticas, “que es una mina de oro para algunos médicos inescrupulosos, que operan sin ningún control de las autoridades de salud”.
“Solo busco que la muerte de mi hija no sea en vano, quiero evitar, en lo posible, que otras familias sufran el infierno que hemos vivido”.
Durante el proceso se evidenció que la clínica no contaba con los equipos médicos y profesionales adecuados. «Por eso también se demandó a la gerente de la clínica”, dijo José Molina, abogado de Cobo.
En la legislación ecuatoriana no se contempla el delito de mala práctica médica, sino el de mala práctica profesional. “Como gerente, no podía permitir que se practique una cirugía electiva de la forma en que se hizo, que no tenía la autorización del Ministerio de Salud, sin profesionales. Imposible».
Pablo Encalada, abogado de María Muñoz, representante legal de la Clínica, dijo que ella recibió injustamente el coletazo de la demanda contra Toscano y Hurtado.
Seis años de prisión por reincidentes
En febrero de 2019, el tribunal penal de Pichincha confirmó que “el edema pulmonar que afectó a Michelle Cobo se debió a la contaminación sistémica producida por estreptococo, luego de la operación”.
El Tribunal destacó que en la clínica no se podían realizar este tipo de cirugías, ya que solo tenía un certificado de hospital básico. Y que la joven entró en “perfecto estado de salud”, antes de ser operada.
Las autoridades judiciales embargaron algunos bienes de los médicos sentenciados en Quito
Los jueces Henry Cáliz, Leonardo Barriga y Patricio Vaca sentenciaron a seis años y ocho meses de cárcel a Toscano, Carlos Hurtado y Edwin Cevallos, a quienes impusieron un año de suspensión del ejercicio profesional. También condenaron a tres años de cárcel a Muñoz y dispusieron el cierre de la clínica.
El fallo de los jueces fue confirmado en las dos instancias superiores y llegó a la Corte Nacional de Justicia. Los ministros Iván Saquicela, Wilman Terán Carrillo (encargado), y Dilza Muñoz negaron el recurso de casación de los condenados, en diciembre del año pasado.
Han pasado seis meses, pero el pronunciamiento de la Corte Nacional aún no está en firme. En la redacción de la resolución se escribió incorrectamente el nombre de la gerente; se puso María Verónica en lugar de María Eugenia.
El error fue advertido por las partes que pidieron que fuera corregido. El reponsable de enmendar es Saquicela, quien fue uno de los jueces que sentenció el caso sobornos donde está acusado el ex presidente Rafael Correa, pero hasta el momento no lo ha hecho.
Molina ha presentado cinco pedidos para que cambien el nombre, sin ninguna respuesta.
La demora preocupa a Cobo porque desde entonces “nuevos y poderosos actores judiciales entraron en el caso, a través de otros abogados, para trabajar a favor de uno de los sentenciados”.
Mientras tanto, las autoridades judiciales embargaron los bienes de los sentenciados. Fueron notificados de esa resolución en sus casas, negocios y clínicas, que, son embargo, aún están abiertas, a pesar de las sentencias.
“Seguiremos trabajando”
En Steticus y su compañía importadora, Toscano invirtió seis millones de dólares. Las dos empresas, según la Superintendencia de Compañías, entraron en liquidación desde septiembre pasado.
“Tuvimos que vender a precio de gallina enferma la clínica, con todos sus aparatos. Por eso se inició la liquidación, pero seguiremos trabajando como un grupo de médicos”, afirma Toscano, convencido de su reputación de hábil cirujano.
Lo entrevistamos el jueves 11 de junio en la clínica, un lujoso edificio al norte de Quito, en la Eloy Alfaro y Portugal.
Vestía informalmente. No admitió ninguna responsabilidad. Insistía en que sus líos judiciales eran producto de una retaliación, luego de que denunciara que un fiscal intentó sobornarlo, exigiéndole el pago de 30 mil dólares para dejarlo fuera de la investigación.
Otra mujer reclama indemnización
Toscano no solo ha sido enjuiciado por las muertes de Cáceres y Cobo. En agosto del 2016, un mes después de la muerte de Michelle, Valeria Burneo fue operada por los colegas de Toscano para agrandar sus senos en la Clínica San Gabriel, que pese a la sentencia seguía funcionando sin contratiempos.
La mujer explicó a los jueces que unas semanas después de la cirugía su dolor aumentaba y la piel de sus mamas se había oscurrecido.
El implante de su seno izquierdo podía verse claramente por una herida que apareció a su cuerpo. Urgentemente volvió donde Toscano para que le ayudara.
Según la demandante, el médico le “cogió ocho puntos en un seno y aproximadamente diez puntos en otro”, lo cual agravó el caso.
Entonces, viajó a Colombia donde la operaron de emergencia: perdió el pezón de su seno derecho y una parte del pezón izquierdo. Hoy ella reclama una reparación económica a Toscano.
Por su parte, el médico anunció que llevará su caso hasta la Corte Constitucional, porque al sentenciarlo por la muerte de Michelle Cobo se violaron sus derechos humanos. El mismo recurso planteará la gerente de la clínica.
