El 71% de 227 entidades que analizamos por contratos de emergencia ha sido observado por incumplimientos. Bajo este régimen, las últimas semanas se han establecido decenas casos que amparan prácticas supuestamente corruptas, que son investigadas por la Fiscalía y la Contraloría. Solo el 29% de las instituciones publicó la información establecida en la normativa de contratación pública. Uno de los últimos casos que evidenciarían el abusos de esta modalidad de contratación es el del prefecto del Guayas Carlos Luis Morales (foto), acusado de tráfico de influencias y negociados en la compra de insumos médicos. Estas prácticas se institucionalizaron desde el gobierno de Rafael Correa.
Redacción Código Vidrio
El secretismo, la discrecionalidad y la opacidad son recurrentes en las contrataciones de emergencia en todo el sector público, en la crisis sanitaria por el coronavirus, desde marzo pasado. El 71% de 227 entidades analizadas por este portal ha sido observado por diferentes anomalías e incumplimientos para contratar bajo este régimen, que en decenas de casos ampara prácticas supuestamente corruptas, que son investigadas por la Fiscalía y la Contraloría.
Accedimos a los registros de los contratos del Sevicio de Contratación de Obras Púbicas (Sercop) y pudimos st
Las entidades del sector público incumplieron las normativas para contratar durante la crisis por la pandemia, según los reportes de las contrataciones desde marzo hasta el 18 de mayo.
Los contratos de emergencia durante la pandemia
Durante la crisis, por denuncias de la prensa, la Fiscalía abrió 45 investigaciones por supuestos casos de corrupción en sobreprecios de compras en hospitales y gobiernos seccionales de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Chimborazo. Los últimos escándalos se conocieron esta semana por compras de pruebas para el Covid-19 con supuestos negociados en la Alcaldía de Quito, y por adquisiciones de insumos médicos en la Prefectura del Guayas, tras lo cual fueron detenidos el prefecto Carlos Luis Morales y funcionarios del Municipio capitalino. Esta mañana ambos fueron liberados y se les dictó medidas sustitutivas como la prohibición de salir del país, y el uso de dispositivos de vigilancia.
“Durante la emergencia, las entidades están obligadas a publicar los procesos, una vez que se haya firmado el contrato”, dijo la directora del Sercop, Silvana Vallejo. Más de 1.100 entidades se declararon en emergencia, pero un 40% aún no ha contratado, sobre todo luego de las denuncias de sobreprecios, agregó.
Desde el inicio de la emergencia, un equipo del Sercop analiza las contrataciones en busca de anomalías que todas las semanas se reportan a la Contraloría y la Fiscalía.
Esta clase de contratos no entran en la planificación institucional ni están presupuestados, son una respuesta para solucionar adquisiciones de forma rápida, urgente, lo cual amplía el riesgo de que se cometan negociados.
Hasta este 3 de junio se han contratado 188 millones de dólares por emergencia, que es un proceso establecido por la ley, que concede atribuciones excepcionales de compras directas a las principales autoridades de cada institución. Desde abril, 858 entidades han reportado 5.047 contrataciones a dedo, sin un concurso público.
La mayoría de adquisiciones se realizó desde el sistema de salud pública, con $38 millones, seguido por el Municipio de Guayaquil, con $20 millones. En total, los gobiernos seccionales, alcaldías y prefecturas, realizaron 3.000 contrataciones, mientras los organismo de salud 1.547. Organismos de Pichincha (86) y Guayas (81) concentraron buena parte de los convenios.
Las entidades contratantes están obligadas a publicar en el Portal de Compras Públicas los convenios y la información que respalde cada proceso, en máximo dos días, luego de la firma; los informes periódicos y parciales, cada 10 días; y el informe final general, una vez superada la emergencia.
No obstante, establecimos que 84 entidades no publicaron los informes parciales y 51 tampoco difundieron las contrataciones o las mostraron de manera incompleta.
| Tipos de incumplimientos | Las entidades |
| No publicó informes parciales o se observó su contenido | 84 |
| No publicó informes y contrataciones o lo hizo de manera incompleta | 51 |
| No publicó contrataciones o se observaron las mismas | 11 |
| No publicó correctamente la resolución, no publicó contrataciones e informes parciales | 10 |
| Difiere el valor registrado en el sistema con aquel que consta en el documento publicado | 5 |
| Total | 161 |
Las emergencias se institucionalizaron desde 2012
Las contrataciones de emergencia se volvieron una práctica sistemática desde el anterior gobierno, que la aplicó, en buena parte de los casos, sin justificación, para beneficiar a empresas privadas que pagaban sobornos, y estaban relacionadas o fueron constituidas por testaferros, familiares o amigos de distintas autoridades.
El esquema y responsabilidades de estos negociados en las emergencias fueron detallados en la sentencia que la Corte Nacional de Justicia dictó en el caso Sobornos 2012-2016, contra el ex presidente Rafael Correa, y otros 20 de sus colaboradores. El ex mandatario, prófugo en Bélgica, fue hallado culpable, en el grado de autor mediato, por instigación, del delito de cohecho pasivo propio agravado. Fue condenado a ocho años de cárcel.
“El procesado Rafael Correa ejerció sus funciones como Presidente con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un ‘autócrata’, controlando las cinco funciones del Estado ecuatoriano (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia)”.
Para los jueces, la estructura de corrupción era tan bien planificada que la recepción de dinero ilícito, era reportada a Correa y su entonces vicepresidente Jorge Glas, quienes dirigían el sistema de contratación pública en Ecuador. Varios de los contratos adjudicados a empresas corruptoras, fueron otorgados bajo régimen de emergencia, con base a decretos ejecutivos, elaborados por el procesado Alexis Mera y suscritos por el ex Presidente, configurándose así el rol jerárquico superior de dirección que este último mantuvo, dentro de tal estructura.
Lo anotado -agrega el fallo- se evidenció sobre todo entre el 2012 y el 2016, en donde el emprendimiento de gestión y ejecución del Gobierno, en sectores estratégicos como el petrolero y la construcción vial, se concentró en las manos del procesado Correa, a través de personas de su entera confianza, como María Duarte y Walter Solís, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Secretaría Nacional del Agua.