Asilo de Assange: Multa de $273 mil para Albán

La Contraloría estableció sanciones administrativas por 273.000 dólares para la exembajadora de Ecuador en Londres, Ana Albán, por los pagos, sin sustentos, de contratos de abogados, comunicación y festejos por el asilo concedido a Julian Assange. También determinó multas por 30 mil dólares para el excanciller Ricardo Patiño, Albán, y dos funcionarios más del Ministerio de Relaciones Exteriores. El australiano enfrenta un juicio de extradición a Estados Unidos en un tribunal de Londres.

Redacción Código Vidrio

Los gastos ilegales por el mantenimiento y la permanencia de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres (2012-2019) deberán ser asumidos por varios funcionarios diplomáticos, especialmente por Ana Albán como exembajadora.

La Contraloría estableció sanciones administrativas por 273.000 dólares para Albán, por todos los contratos y gestiones institucionales para asilar al fundador de Wikileaks, que enfrenta en un tribunal de Londres un juicio de extradición a Estados Unidos. También determinó multas por 30 mil dólares para el excanciller Ricardo Patiño, Albán, y dos funcionarios más del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las sanciones se desprenden de dos exámenes especiales: el primero (Informe DNA1-0037-2019) sobre la gestión administrativa y financiera, relacionada con los costos desembolsados por el Estado ecuatoriano para la estadía de Assange, y el segundo por el otorgamiento de asilo diplomático y naturalización de Julián Assange.

En el primer informe sobre la gestión administrativa y financiera, entre el 2012 y el 2017, se auditaron procesos y se estableció que 562.000 fueron desembolsados sin el sustento legal suficiente, según la Contraloría.

En el segundo examen sobre la entrega de la nacionalidad ecuatoriana al australiano fueron multados el excanciller Patiño, Albán y otros funcionarios de Relaciones Exteriores.


Los embajadores de Ecuador en Londres

Ana Albán fue embajadora hasta el 2013; Juan Falconi estuvo entre el 2013 y 2015; Carlos Abad (ya fallecido) fue embajador entre el 2015 y 2018; y, Jaime Marchán es embajador desde el 2018.

Los resultados de esa auditoría complican, sobre todo, a Albán. Ella es señalada como responsable de los pagos excesivos por las consultorías legales y comunicacionales para defender el asilo del australiano, así como por los festejos organizados y otros gastos.

Albán, quien es la directora del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, un organismo del Gobierno, ha rechazado el resultado de esas auditorías. Este portal la contactó para buscar su versión pero prefirió no pronunciarse.


Ecuador destinó, en total, 6,5 millones de dólares para la manutención y el cuidado de Assange. $5,8 millones fueron solo para pagar la seguridad del australiano y provinieron de gastos especiales de la Senain. Y casi 400.000 dólares más por gastos médicos, alimentación y lavado de ropa.


La cuenta más observada fue precisamente para justificar el asilo diplomático que se otorgó a Assange. Como reveló este portal, su llegada a la embajada, el 19 de junio de 2012, no fue una decisión espontánea, sino planificada meses antes con el gobierno de Rafael Correa. Varias fuentes confirmaron que las adecuaciones y compras de equipos se concretaron antes de su arribo.

En 2012, la entonces embajadora Ana Albán recibió a Julian Assange y debió lidiar con todos los problemas generados con. Inglaterra por asilarlo. Foto archivo

La llegada de Assange fue parte de una bien pensada estrategia que buscaba posicionar a Assange como perseguido de Estados Unidos y al gobierno ecuatoriano como su defensor. Así, Correa quería apuntalar su imagen internacional como contradictor de esa potencia. De hecho había expulsado, un años antes, a la embajadora norteamericana Heather Hodges, precisamente por la publicación de un cable diplomático filtrado por Wikileaks. Tanto Assange como Correa estrecharon su cercanía con los intereses rusos, como parte de la consolidación de un nuevo eje geopolítico mundial de contrapeso a la nación estadounidense.

Para aplacar las críticas por la decisión del asilo y fortalecer la imagen del gobierno ecuatoriano, como embajadora Albán contrató consultorías de asesoría legal y comunicación. Según los auditores de Contraloría, esos trabajos no contaron con evidencias documentales suficientes que evidencien el servicio prestado, en función de las condiciones contratadas.

Los contratos observados se concretaron con las firmas de abogados Bindmans LLP y Norton Rose, que sumaron 418 mil dólares. Los comprobantes de egreso de los pagos de la Embajada no coinciden con los servicios facturados por los abogados. Por lo cual, los auditores establecieron que se violaron los procedimientos y la ley de Contratación.

También se determinaron irregularidades y perjuicios en la asesoría de comunicación por 144 mil dólares, realizada entre julio del 2012 y agosto del 2013, con las empresas McSquared, Lee Brown y Nill Sookoo.

Esta era la oficina que Assange tenía en la sede, junto al despacho del embajador. Contaba con dos cuartos más, uno era su dormitorio. Foto archivo.

En  su informe, la Contraloría señaló que la exembajadora Albán no “adjuntó informes o productos que evidencien qué actividad o consultas se realizaron en beneficio del Estado ecuatoriano, previo a realizar los pagos de los comprobantes de gastos”

El Reglamento de Asignación y Gastos en el Exterior indica que los jefes de las oficinas en el exterior son los responsables de los gastos ejecutados.

La respuesta de Albán

En su respuesta a la auditoría, Albán contestó: “Debido a la presencia de un asilado en la sede de la Embajada, se obligó a buscar la asesoría especializada de expertos en derecho internacional, a fin de definir cómo proceder dentro del marco del derecho aplicable para la situación excepcional, como se vivía con Assange”.

Explicó que no era necesario iniciar un proceso de contratación bajo la Ley de Contratación Pública, sino que se “tenía que aplicar la normativa o las prácticas comerciales del país donde se suscribieron los contratos, para establecer la forma de contratación y materialización. Estas se basan en el principio de buena fe, sin la necesidad de contratos”.

“No se puede calificar de insuficientes los documentos que prueban que los servicios de asesoría legal y de comunicación se llevaron a cabo, ya que cada factura tiene un reporte de horas que demuestra las horas efectivamente trabajadas por los asesores jurídicos contratados”, recalcó.

No obstante, esa respuesta no desestimó los señalamientos de Contraloría, que ratificó su informe final y procedió con el establecimiento de sanciones económicas. Lo mismo ocurrió con la contratación para la conmemoración del primer año del asilo de Assange, que, a criterio de los auditores, se hizo sin sustento legal.

La exembajadora autorizó, mediante comprobantes de gasto 172 y 192, el pago por el evento de “Conmemoración de Asilo Político (2013)”, por $5.395, el mismo que fue liquidado con el Fondo de Relaciones Públicas.

El 2014 se realizaron eventos para celebrar el segundo año del asilo de Assange. En la embajada hubo una farra con la participación del entonces canciller Ricardo Patiño. Esos actos están prohibidos por la ley, según la Contraloría. Toma de video.

Para Contraloría, ese gasto viola el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 287, sobre las normas de Austeridad y Control del Gasto Público, de mayo de 2007, que ordenó “la prohibición de festejos, agasajos o recepciones, a excepción de aquellos actos conmemorativos o protocolarios. La fecha de asilo diplomático no constituye un acto conmemorativo, lo que ocasionó un pago sin sustento legal”.

Albán contestó a los auditores que no fue una fiesta ni una conmemoración del asilo político, sino un evento informativo para buscar un arreglo y terminar con el impasse que tenía Ecuador con Inglaterra por conceder el asilo a Assange. Además, cuestionó que los auditores califiquen qué es un evento informativo y uno festivo.

Las celebraciones por el asilo se repitieron el 2014. En la conmemoración por el aniversario, que incluyó una fiesta en la embajada https://www.codigovidrio.com/code/patino-y-assange-festejaron-a-lo-grande-aniversario-del-asilo/, se habrían gastado 6.557 dólares, descritos en el rubro “Eventos públicos” del 2014, asignados en el fondo para la permanencia y mantenimiento de Assange.

El video de ese festejo fue publicado por este portal. Participaron el entonces canciller Ricardo Patiño, Assange, José María Guijarro, Fidel Narváez, Baltasar Garzón, abogado del fundador de WikiLeaks, y la periodista pro bolivariana Eva Golinger, entre otros asistentes. El excónsul Narváez, acérrimo defensor de Assange, dijo en redes sociales que en esa fiesta no se gastaron fondos públicos.

Las sanciones administrativas fueron notificadas hace varias semanas a los exfuncionarios responsables, para que respondan, en un plazo de 60 días. Luego de ese plazo quedarán en firme para los cobros correspondientes.

Una vez que todo este proceso concluya en la Contraloría, las determinaciones de responsabilidades pueden ser impugnadas ante la justicia ordinaria, en el Tribunal de los Contencioso Administrativo.


Assange tiene síndrome de Asperger

 

Un psiquiatra que testificó ayer 23 de septiembre en el juicio de extradición de Julian Assange aseguró que el fundador de WikiLeaks padece del síndrome de Asperger, lo que incrementa el riesgo de suicidio si es extraditado a Estados Unidos.

Quinton Deeley, especialista en psiquiatría del Servicio de Salud británico, dijo que la ‘rumiación obsesiva’ y ‘la rigidez de pensamiento’ que presenta Assange son síntomas de un desorden del espectro autista.

El proceso de extradición de Assange, que está confinado en una prisión británica de máxima seguridad desde su arresto en la embajada de Ecuador, en abril de 2019, se reanudó el 7 de septiembre pasado.

El Departamento de Justicia norteamericano pretende enjuiciarlo por publicar en el portal WikiLeaks miles de archivos secretos de la diplomacia y el Ejército estadounidenses, entre ellos varios documentos y videos que confirman crímenes de guerra cometidos en Iraq y Afganistán.

La posibilidad de que el periodista australiano se suicide si es extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel a partir de los 17 cargos de espionaje y otro de piratería informática que se le imputan, fue presentada la víspera por el doctor Michael Koleman.

El experto, que inició los testimonios de especialistas sobre el estado mental de Assange, dijo que tiene una predisposición genética a la depresión clínica, pues varios miembros de su familia se han suicidado.

El representante de la fiscalía estadounidense, quien ayer insinuó que Assange podría estar fingiendo los síntomas de su enfermedad mental, contrapuso el padecimiento de Asperger al hecho de que el fundador de WikiLeaks ha escrito libros, dictado conferencias y se comunica fácilmente con el público.

El abogado reprodujo extractos de un video de 2010 donde se ve al australiano conversando animadamente con el público en un evento organizado por el Frontline Club.

Deeley sostuvo que ese comportamiento no contradice el diagnóstico psiquiátrico, pues los personas con síndrome de Asperger, dijo, se desenvuelven muy bien en sus zonas de confort. En este caso, Assange es un experto en la materia.

La ley de extradición de Gran Bretaña estipula que una persona con problemas mentales o físicos no puede ser extraditada a otro país. Agencias