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Muchos niños, niñas y jóvenes se vinculan voluntariamente a las organizaciones delictivas, impulsados por un “sentimiento de pertenencia, lealtad y protección en contextos de precariedad económica, exclusión educativa y falta de oportunidades”. Ese es uno de los principales hallazgos de un revelador estudio elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado, que se presenta hoy en Quito en el marco de un seminario internacional organizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF. El informe fue preparado por un equipo multidisciplinario de expertos; encuestó a 3.000 niños y jóvenes de nueve ciudades costeras; el ocho por ciento de entrevistados admitió pertenecer a un grupo criminal. (Ilustración de portada Código Vidrio-Canva)

María Belén Arroyo para la alianza  Código Vidrio – Vistazo 

“Salí de Esmeraldas cuando tenía 13 años. Estaba en el colegio y los chicos de una banda esperaban a la salida, para escoger novia. Bueno, lo de novia es un decir. Escogían la chica para la farra del fin de semana”. Doménica vive en Quito desde hace seis años. Sus hermanos mayores, que residen fuera del país, supieron que estaba en peligro cuando la mejor amiga de ella fue escogida como pareja de un ‘duro’.

Lejos de su casa, le costó acostumbrarse al frío, a las distancias y al trato de la gente, que es ‘más helada que el clima’. Doménica empezó a estudiar a distancia y aún no termina la secundaria. Pero cree que salir fue la mejor decisión y agradece a sus hermanos. No se imagina qué hubiera ocurrido con su vida, si permanecía ahí. Su amiga empezó a consumir licor y drogas en las fiestas interminables. Se volvió una ‘polilla’, una consumidora que hace cualquier tarea que le encomiende el ex ‘novio’, con tal de acceder a su dosis diaria. Ahora sabe de niñas, “peladitas todavía”, que siguen el mismo camino.

La vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos criminales es un fenómeno inquietante en el país, agravado desde 2019.

Un equipo multidisciplinario de expertos y organizaciones sumó esfuerzos para mapear el problema. El resultado es un informe con impactantes hallazgos, que se presenta hoy en Quito, en el contexto de un seminario internacional el cual apunta a identificar estrategias de prevención.

El estudio fue elaborado en forma conjunta por investigadores de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés); el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO); el aval académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el programa Comunidades Seguras. La iniciativa contó con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador.

El problema se agrava

A partir de 2019, en el marco de una profunda y sostenida crisis penitenciaria, “emergieron nuevas bandas criminales que han incrementado progresivamente su poder mediante el control territorial, la violencia, la extorsión, el tráfico de drogas y el secuestro, especialmente en ciudades costeras del país”, advierte el documento.

Y aclara que la expansión se produjo en el marco del deterioro de indicadores sociales y de desarrollo del país. Cita el dato según el cual unos 500 mil jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. En este contexto, las organizaciones criminales han ocupado los espacios abandonados por el sistema educativo, que ha excluido a más de 250 mil jóvenes. De ellos, más de la mitad, de entre 15 y 17 años, no expresan interés en reincorporarse al sistema formal, según datos de UNICEF, de 2021, mencionados en la investigación, cuyo título es “Estudio de Caracterización sobre la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Organizaciones Criminales en Ecuador”.

Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), de 2024, entre 2019 y 2022 los homicidios intencionales de niños, niñas y jóvenes, “aumentaron en un 640 por ciento”. El 87 por ciento se cometió con armas de fuego. Las cifras se incluyen en el estudio.

Si bien en 2024 hubo una reducción general del 15 por ciento en la cifra de homicidios a nivel nacional -dice el documento- en el grupo etario de 0 a 17 años el número de homicidios subió en 8 por ciento respecto del año anterior.

Los hallazgos

Nueve ciudades del litoral ecuatoriano fueron incluidas en la investigación, expuesta en el contexto del seminario internacional Seminario “Crimen Organizado, Dinámicas de Vinculación de Niñez y Juventud a Grupos Criminales y Estrategias de Prevención”.

Las ciudades son: Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Santa Elena, Guayaquil y Durán. Los investigadores usaron una estrategia metodológica mixta, que usó técnicas cuantitativas y cualitativas, se enfocaron en niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años.

Son nueve los principales hallazgos de este proceso. El que más llama la atención: los nuevos integrantes de bandas se vinculan motivados por incentivos, antes que por la fuerza o coerción. Y entre los atractivos se incluyen; el pago de recompensas (factores económicos); las presiones ejercidas por el círculo social (sean amigos o familia); y, la imitación de conductas y estereotipos propios del grupo, advierte el documento.

Grupos como Los Lobos y Los Choneros ofrecen incentivos económicos como mecanismo de captación de nuevos miembros, según el hallazgo. En tanto, Los Tiguerones y los Chone Killers usan estrategias de presión grupal.

Según la investigación, los nuevos miembros pueden tener inclusive diez años de edad.

Los nuevos miembros buscan “el sentido de pertenencia y admiración hacia el colectivo, la protección brindada”, buscan respuestas frente  a “la precariedad derivada de la pobreza y la desigualdad social”. En cambio, la motivación para los grupos criminales “es la instrumentalización de los menores por su inimputabilidad”.

El ejercicio investigativo incluyó encuestas a casi 3.000 niños y jóvenes. El ocho por ciento aceptó pertenecer a una banda. Más de una quinta parte de los encuestados afirmó que encontró un sentimiento de importancia y respeto. Y el 11 por ciento mencionó que se unió por su deseo de abandonar su hogar.

Más de la mitad de encuestados (51 por ciento) afirmó que hay presencia de bandas criminales en su sector o barrio. Por tanto, cinco de cada diez están expuestos a estos grupos. En Santa Elena y Durán la percepción es más alta, de 77 y 75 por ciento. En Guayaquil el 70 por ciento de encuestados refirió que hay grupos criminales en su zona de vivienda.

Según el 31 por ciento de los encuestados, el principal canal para vincularse y enrolarse es la plataforma WhatsApp, según el estudio.

Casi el 28 por ciento de los encuestados afirmó que conocía a un miembro de bandas criminales. En Esmeraldas, una cuarta parte de encuestados reconoció que uno de sus familiares directos es miembro de una banda.

Qué papel juega el entorno

El estudio exploró el entorno territorial de los encuestados. Hay novedades. Surgen indicios de que los grupos violentos controlan los desplazamientos de la población, regulan la vida cotidiana y resuelven conflictos entre los vecinos. Pero más grave aún. Ciertos testimonios, recogidos en la fase cualitativa de la investigación, mencionan que si una persona es de un barrio controlado por un grupo violento, por ejemplos los Águilas, debe tener un código de vestimenta, por ejemplo un tipo de calzado. Si esa persona se desplaza a otro sector, controlado por otra organización criminal, su integridad puede estar en peligro.

El documento establece que el contexto familiar tampoco puede ser ignorado en un intento por abordar el fenómeno desde la política pública. La pobreza es un factor que contribuye a la vinculación con grupos delictivos. “En contextos marcados por altos niveles de violencia, el abandono del hogar, forzado o voluntario, es aún más determinante”.

La familia juega un papel determinante en la prevención de la vinculación de los jóvenes a grupos criminales.

¿Qué pasa con la escuela? El resultado del estudio es alarmante. Entre el 10 y el 25 por ciento de los chicos encuestados dijo que se sentía insatisfecho con su escuela. Los niños “se sienten inseguros en las escuelas”, han sido testigos de intimidación y violencia. Enfrentamientos de grupos, amenazas de bomba, vacunas, extorsiones y muerte de sus compañeros. Todos ellos han ocurrido en los centros de estudio, según relataron los jóvenes.

• Los gobiernos de Ecuador y Perú mantienen contactos de alto nivel con el régimen de El Salvador para fortalecer sus sistemas carcelarios y políticas de seguridad. Siguiendo el ejemplo del mandatario estadounidense Donald Trump, las administraciones de los dos países latinoamericanos buscan concretar acuerdos para enviar peligrosos delincuentes a El Salvador.
• Tras una visita que en abril pasado hicieron a ese país los ministros del Interior, Jhon Reinberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, funcionarios ecuatorianos informaron a diplomáticos estadounidenses que estaban considerando un posible acuerdo para enviar a «criminales de alto valor» a El Salvador, según un cable de la embajada estadounidense revisado por The Washington Post.
• La dificultad que tiene el gobierno ecuatoriano para controlar las prisiones salió a la luz el viernes pasado, cuando se confirmó la fuga de la Penitenciaría del Litoral de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, uno de los líderes del grupo criminal Las Águilas.

Redacción Código Vidrio

El polémico sistema penitenciario de El Salvador está teniendo eco como un modelo a seguir en Ecuador y Perú.

En su edición de este lunes 23 de junio el diario estadounidense The Washington Post reveló que los gobiernos de ambos países están evaluando el envío de peligrosos detenidos a las cárceles del país centroamericano, gobernado por Nayib Bukele https://www.washingtonpost.com/world/2025/06/21/bukele-salvador-prisons-peru-ecuador/.

Esa decisión está siendo considerada por los dos regímenes después de que la administración de Donald Trump deportó a cientos de migrantes a El Salvador, donde medios y organismos de derechos humanos han denunciado sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Según el reportaje del Post, firmado por Samantha Schmidt, Sarah Blaskey y Arturo Torres (director de Código Vidrio), semanas después de los primeros vuelos de deportación de la administración Trump, en marzo pasado, funcionarios ecuatorianos, encabezados por el ministro del Interior John Remberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, viajaron a El Salvador para reunirse con la administración del presidente Nayib Bukele y conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel del país, conocida como CECOT.

Días después de esa visita, que empezó el 29 de abril, funcionarios ecuatorianos informaron a diplomáticos estadounidenses que estaban considerando un posible acuerdo para enviar a «criminales de alto valor» a El Salvador, según un cable de la embajada estadounidense revisado por The Washington Post, para demostrar que «Ecuador se toma en serio el castigo de los criminales».

Funcionarios peruanos -agrega la nota del Post- afirman que ellos también están discutiendo la posibilidad de un acuerdo para enviar detenidos a cárceles salvadoreñas.

El ministro de Justicia, Juan Alcántara, declaró en una conferencia de prensa que se encontraba en conversaciones preliminares con funcionarios salvadoreños sobre el traslado de extranjeros encarcelados en Perú, vinculados a grupos criminales transnacionales para aliviar la sobrepoblación carcelaria.

Estas conversaciones evidenciarían el creciente papel de El Salvador como guardián de las prisiones en Latinoamérica, destaca el medio estadounidense.

El gobierno de Trump deportó a unos 260 migrantes, en su mayoría venezolanos, al CECOT, a unos 72 kilómetros al este de San Salvador, en un plan cuestionado que ha desatado un bloqueo en las cortes estadounidenses y amenaza con una crisis constitucional.

Para el Post, eso también muestra la influencia de Trump en una región donde algunos de sus líderes intentan abordar la creciente e imparable violencia criminal con medidas cada vez más autoritarias.

Según Felipe Rodríguez, abogado y académico, Estados Unidos «es visto como el ejemplo a seguir». «Si el Tío Sam, nuestro ejemplo de libertad y democracia, comienza a girar hacia el autoritarismo, eso también provocará que la región vire hacia el autoritarismo».

Si se concretan, las deportaciones generarían inquietudes sobre el debido proceso y la constitucionalidad en ambos países. A muchas de las más de 85.000 personas encarceladas en El Salvador, incluyendo venezolanos enviados allí por la administración Trump, se les ha negado el acceso a abogados o cualquier contacto con el mundo exterior, destaca el Post.

El Salvador y su sistema penitenciario operan bajo lo que se conoce legalmente como un “régimen de excepción”. En 2022, a petición de Bukele, la Asamblea salvadoreña autorizó una declaración de emergencia para combatir la violencia de las pandillas. Esta declaración suspendió los derechos básicos al debido proceso tanto para salvadoreños como para extranjeros acusados de estar afiliados a pandillas. Desde entonces, la policía y el ejército han detenido al menos a 85,000 personas sin órdenes de un juez, según informes del Legislativo.

El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con un 2 % de su población en prisión. La población carcelaria del país ha pasado de unas ya hacinadas 38,000 personas, al inicio de la administración de Bukele en 2019, a un estimado de 120,000 en la actualidad. La mayoría de las personas presas aún no han sido condenados por ningún delito, según denunció el medio de ese país, El Faro. Todavía no hay sentencias para las 85,000 personas detenidas sin órdenes judiciales.

Las cárceles fuera de control

Según el cable enviado por la embajada estadounidense en Quito a Washington, funcionarios ecuatorianos afirmaron que un acuerdo con El Salvador ayudaría a abordar la incapacidad de Ecuador para mantener encarcelados a criminales de alto valor. Uno de ellos, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, conocido como «Fito», se fugó de prisión a principios del año pasado por segunda vez. La embajada de Estados Unidos en Quito no se pronunció. Un funcionario de seguridad salvadoreño le confirmó al Post que los ministros de Defensa e Interior de Ecuador conversaron sobre esa posibilidad con el ministro de Seguridad de El Salvador. El funcionario habló bajo condición de anonimato.

El ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con The Post, negó que se estuviera negociando dicho acuerdo. Sin embargo, lo calificó de idea «fantástica» y afirmó que, en teoría, estaría interesado. «Si se presentara la oportunidad», declaró Reimberg, «la consideraríamos». La Constitución ecuatoriana impide al gobierno enviar ciudadanos a un país extranjero sin una solicitud de extradición, afirmó Rodríguez. Sin embargo, sería posible transferir extranjeros.

Reimberg afirmó que Ecuador está trabajando para crear cárceles de máxima seguridad para albergar a sus delincuentes más peligrosos, lo que evitaría la necesidad de enviarlos a otro lugar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó al Post que en las próximas semanas se abrirá una agregaduría policial en El Salvador, para «canalizar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países».

Una delegación de autoridades salvadoreñas está planeando una visita a Ecuador para trabajar en acuerdos de seguridad entre los dos países, dijo a The Post un funcionario de la policía ecuatoriana, quien agregó que el director del sistema penitenciario de Ecuador pronto visitará El Salvador. Ecuador ha convertido en un punto de tránsito clave para las cantidades récord de cocaína procedente de Sudamérica que inundan Europa. Las bandas ecuatorianas, en alianza con cárteles mexicanos y narcotraficantes albaneses, se han convertido en organizaciones criminales multimillonarias que han penetrado instituciones clave del gobierno ecuatoriano, incluido el sistema penitenciario, destaca el informe del Post.

El presidente Daniel Noboa, quien ganó la reelección este año ofreciendo frenar la creciente violencia desatada por los grupos criminales, ha emulado cada vez más el enfoque de mano dura de Bukele. Desde enero del año pasado, declaró un polémico conflicto armado interno y ha gobernado amparado en una serie de decretos de emergencia. No obstante, poderosas bandas aún controlan muchas de las cárceles del país, que siguen custodiadas por militares, mientras los índices delictivos aumentan.

La fuga cinematográfica de alias Fede

La dificultad que tiene el gobierno ecuatoriano para controlar las prisiones salió nuevamente a la luz este viernes 20 de junio, cuando se confirmó la fuga de la Penitenciaría del Litoral (principal centro carcelario del país), de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, uno de los líderes del grupo criminal Las Águilas. Fede evadió los controles vestido con uniforme militar, lo que ha encendido las alarmas sobre el descontrol del sistema penitenciario. Alias Fede fue detenido hace menos de cinco meses, el 31 de enero pasado, en Daule, provincia del Guayas. El Ministerio del Interior presentó su captura como un “logro clave” en la lucha contra el crimen organizado.

La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más conflictiva del país, con múltiples antecedentes de masacres, fugas y corrupción de funcionarios estatales.

El último sábado, 19 militares, dos funcionarios del Snai y un presos recibieron prisión preventiva por orden de un juez, una vez que  Fiscalía anunció que se inició la investigación previa por el delito de evasión. Estas acciones sucedieron luego de que el presidente Daniel Noboa ordenara la detención de todos los involucrados.  «La fuga de alias “Fede” no fue un descuido, fue complicidad. Por eso, he pedido que se aprehenda en flagrancia a todo el personal del CPL Guayas N.°1 que se sospecha estuvo involucrado, mientras Fiscalía determina responsabilidades. Esto no es solo una fuga. Es traición. Y la traición se reprime. “Fede” es objetivo militar y la nueva ley aplicará para él», escribió Noboa en su cuenta en X.

Tras la senda de Bukele

Coincidiendo por la línea de su par milenial Bukele, Noboa ha propuesto reformas penales que ampliarían drásticamente las facultades de las fuerzas de seguridad. El mes pasado, la Asamblea aprobó una controvertida ley de inteligencia que permite al gobierno espiar a cualquier ciudadano sin la autorización de un juez.

Los diputados también están debatiendo si los menores deberían enfrentar penas equivalentes a las de los adultos por delitos. Noboa, agrega el Post, ha luchado por recuperar el control de las prisiones y frenar la creciente tasa de homicidios, que ha alcanzado los 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Perú también ha enfrentado en los últimos años el aumento de la violencia de bandas y la extorsión. El Tribunal Constitucional de ese país prorrogó recientemente una resolución de 2020 que exige al gobierno reducir el hacinamiento carcelario por cinco años más. Alcántara, el ministro de justicia, afirmó que el traslado de presos a El Salvador podría ser una solución, según el reporte del Post.

El gobierno garantizaría que no violara la Constitución, afirmó. «Perú no puede desaprovechar ninguna oportunidad para contribuir a la reducción del hacinamiento carcelario», afirmó. Reconoció que las negociaciones han generado controversia, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. «La situación se está evaluando».

• La semana pasada entró en vigencia la tasa de fiscalización y control minera, que deberá ser pagada por los titulares de concesiones y derechos. Representantes de cámaras de minería, técnicos, abogados, empresarios y analistas han rechazado la decisión, que se tomó unilateralmente sin que medie un proceso efectivo de socialización.
• La Corte Constitucional ha sentado precedentes para el cobro de tasas desde entidades públicas por servicios. En, al menos, tres casos ha resuelto demandas declarando la inconstitucionalidad de estos tributos porque no estaban plenamente justificados, con una prestación efectiva de entidades estatales. En 2017, la Secretaría General de la Comunidad Andina eliminó una tasa por el servicio de control aduanero del SENAE, al considerar que era un gravamen (tributo) y que no se trataba de un servicio efectivo.
• Según técnicos mineros consultados, si el gobierno mantiene la tasa muchos de los concesionarios mineros devolverán las concesiones porque sus ingresos no serían suficientes para cubrir gastos de operación, mantenimiento de equipos, salarios, impuestos, sin ninguna posibilidad de invertir en tareas de exploración. (Foto de apertura proyecto Fruta del Norte, de la minera Lundin Gold)

Redacción Código Vidrio

La Corte Constitucional (CC) ya ha sentado precedentes para el cobro de tasas desde entidades públicas por servicios. En, al menos, tres casos ha resuelto demandas declarando la inconstitucionalidad de estos tributos cuando no están plenamente justificados con una prestación efectiva del estado.

En 2017, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) estableció la tasa por el servicio de control aduanero, que fue eliminada por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), al considerar que constituía un gravamen (tributo) y que no se trataba de un servicio efectivo

Estos antecedentes cobran relevancia una vez que la semana pasada entró en vigencia la tasa de fiscalización y control minera, que deberá ser pagada por los titulares de concesiones y derechos, muchos de los cuales han rechazado la decisión, al igual que empresas, cámaras, abogados, gremios y especialistas del sector. Si bien la mayoría coincide en que la tasa es antitécnica, desproporcionada e ilegal, analistas también destacan la intención (no conocida públicamente) del Gobierno de frenar la especulación en el manejo y traspaso de buena parte de las concesiones, que se mantienen en etapa de exploración.

Este medio conoció que algunas empresas preparan demandas de inconstitucionalidad que podrían ser presentadas en esta semana, con la solicitud de una acción urgente de suspensión de la aplicación de la tasa hasta que la Corte se pronuncie.

“Es saludable que el Gobierno quiera poner freno al manejo irresposable de las concesiones, a la especulación y superposición de áreas mineras, y que busque financiar las operaciones contra la minería ilegal, pero no de esta manera. El tributo fijado es desproporcionado, no tiene sustento jurídico ni técnico, no hay equidad”, observa Enrique Gallegos, exviceministro de Minas, abogado con larga experiencia en sectores estratégicos. “En la resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) no hay un solo dato, ningún estudio que jutifique los montos que deberán pagar las empresas. Hay violaciones constitucionales flagrantes”, destacó.

Según la resolución, la tasa deberá ser pagada por los titulares de concesiones mineras metálicas y no metálicas, tanto en la etapa de exploración como en explotación. Las empresas de gran y mediana minería, así como  las licencias de comercialización harán pagos semestrales. Mientras que las de pequeña minería realizarán un desembolso al año. Fue excluida del pago de esta tasa la minería artesanal, aunque es uno de los regímenes más empleados para operaciones de explotación ilegal de oro.

Este medio pudo verificar que en varios casos la CC estableció que las tasas tienen una naturaleza estrictamente recuperatoria, sobre gastos ya realizados. Es decir que son tributos que se justifican cuando sirven exclusivamente para que el Estado recupere los gastos en los que incurrió para prestar un servicio determinado.

Bajo este razonamiento, la Corte ha aceptado demandas y declarado inconstitucionales estos gravámenes, dejándolos también sin efecto cuando no existía una relación entre su valor y el costo cubierto por el Estado para prestar ese servicio.

La Corte ha dictado, al menos, tres sentencias declarando la incostitucionalidad en el cobro de tasas injustificadas. Se trata de las sentencias 65-17-IN/21, 121-20-IN/21 y 60-21-IN/24. En la primera, conocida como caso Antenas, se fijó una tasa que cobraba un GAD por otorgar y renovar permisos para instalar antenas, así como por su inspección periódica. El demandante alegó que no había una proporción razonable entre esos valores y el servicio que recibía del Estado. La Corte concluyó que el cobro era inconstitucional porque no existía una relación entre su valor y el costo por  ese servicio. El Tribunal eliminó la tasa del ordenamiento jurídico. En la sentencia 121-20-IN/21 se declaró la inconstitucionalidad de otro tributo por las mismas inconsistencias.

En el fallo 60-21-IN/24 la Corte fue más estricta. Estableció que el GAD que emitió la tasa no justificó los costos en los que incurría para prestar el servicio. Por lo tanto, no había forma de verificar si existía una relación entre la tasa y el servicio. Este precisamente es uno de los argumentos de abogados y analistas mineros sobre las inconsistencias de la tasa minera.

La Comunidad Andina eliminó un tasa que se aplicó como un impuesto en Aduanas

Bajo la legislación ecuatoriana, la Tasa puede tener una doble naturaleza: administrativa, por la prestación de un servicio público, o tributaria, como obligación pecuniaria exigida por el Estado como consecuencia de la realización un hecho imponible previsto en la ley.

De acuerdo con la ARCOM, la tasa tiene naturaleza administrativa, dado que se cobra por la prestación de un servicio público. La Constitución y la ley facultan a las entidades públicas crear tasas por la prestación de servicios “cuantificables e inmediatos”, para recuperar los costos en los que incurran en estos casos, según analistas consultados.

En 2017, la imposición de una tasa similar, supuestamente de naturaleza administrativa, ya fue analizada previamente, en relación con la tasa por el servicio de control aduanero (TSCA), establecida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Esta entidad estableció la tasa por el servicio de control aduanero efectuado en todo el país, en las fases de control anterior, concurrente y posterior.

La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) consideró que esa tasa constituía un gravamen (tributo), por lo cual ordenó su eliminación del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Determinó que no se trataba de un servicio efectivo e individualmente prestado al importador (contribuyente) que permita calificarla como tasa de naturaleza administrativa. Además, el pago no era optativo, sino obligatorio. Su cuantificación no se basaba en el costo real de un servicio específico, sino que tenía como finalidad financiar actividades previamente desarrolladas por el SENAE.

La SGCAN estableció que si bien la Tasa de supervisión y control se presenta como una contraprestación por un servicio público, su estructura y finalidad no cumplían con los requisitos legales para ser considerada una tasa de naturaleza administrativa, principalmente al no estar asociada a un servicio cuantificable e inmediato. También estableció que el cobro de la TSCA no correspondía a un servicio efectivamente prestado al importador; pues se ha evidenciado que el control aduanero no es una actividad directa y únicamente vinculada a las operaciones de importación; no se ha demostrado que el SENAE haya implementado servicios con el objeto de facilitar las operaciones de importación; y se ha constatado que su aplicación es de carácter obligatorio y no optativo.

“Ecuador será el país más caro para hacer minería” 

Según la resolución de la ARCOM, dependiendo tanto del tamaño de la minería como de la fase determinada (exploración o explotación), el estado cobrará una tarifa específica por hectárea, que incrementa conforme se trata de proyectos más grandes o más avanzados. En caso de incumplimiento se activará la gestión coactiva de conformidad con la normativa aplicable. En este caso, el SRI y no la ARCOM “ejerce jurisdicción coactiva para el cobro de regalías, patentes, tributos e intereses por mora […]”.

El abogado Stevie Gamboa, especialista en litigios mineros, dijo que es preocupante que se imponga una tasa a los titulares en la fase de exploración, que alcanzaría hasta el 100% de un salario básico unificado por hectárea. “Esta carga pretende obligar a muchas empresas a pagar decenas de millones anualmente, sin generar utilidad, sin extraer un gramo de oro, sin recibir nada a cambio”, destacó Gamboa.

La minería es la actividad que más impuesto soporta de todas, es la única que paga tributos cuando no está comercializando un producto o teniendo ganancias, recalcó Gamboa. “Representa un valor hasta quince veces superior al ya pagado anualmente por concepto de patente de conservación. Eso nos convertiría en el país más caro del mundo para hacer exploración minera”, agregó.

Esa tasa no responde, como incluso se ha reconocido públicamente, a ningún servicio prestado por la ARCOM, según Gamboa. “Es un nuevo impuesto encubierto, disfrazado de legalidad, cuyo único destino sería incrementar un presupuesto proyectado en más de doscientos millones de dólares con los pagos de los concesionarios mineros formales, no los delincuentes”.

Para Gallegos, la imposición de la tasa es una consecuencia más del pésimo manejo del catastro minero y la administración de las concesiones.  “Han hecho todo lo que han querido con los títulos mineros y las concesiones. Han desangrado al Estado funcionarios que deberían ser fiscalizados y, de ser el caso, enjuiciados y destituidos. Por eso, esta decisión de las tasas es una consecuencia apresurada del mal manejo del catastro minero, que nunca se cerró”, observó.

Según Gallegos, lo único que estuvo cerrado desde 2017 es la graficación para solicitar áreas mineras. Pero la nulidad de títulos, el archivo, el cambio de domicilio y traspaso de títulos, los contratos privados de todo tipo, la entrega de licencias, nunca dejaron de tramitarse. Para el exviceministro es un grave error que se haya abierto el catastro sin haber hecho una auditoría y una administración del manejo de las concesiones, para identificar todos los incumplimientos y aplicar las sanciones que corresponde, como el retiro de los títulos. “Como no los han topado, están esperando para pedir nuevas áreas y seguir lucrando de la especulación. Incluso quienes accedan a áreas para minerales no metálicos pétreos, de río, lo más seguro es que luego pedirán que les cambien a minería metálica, porque lo que realmente buscan es explotar el oro en los ríos”.

En una entrevista con Código Vidrio, en febrero pasado, la ministra Manzano dijo que precisamente desde el año pasado han estado trabajando en la depuración del catastro, así como en la expedición de normativas, reglamentos y reformas para corregir el descontrol absoluto del sector minero, tomado por mafias y anillos de corrupción por años.

No obstante, Gamboa apunta que con esta carga financiera injustificada se está asfixiando a la minería formal, mientras que desde las instituciones gubernamentales “se permite la exportación diaria de decenas de kilos de oro ilegal a través de empresas fantasmas, comercializadoras fraudulentas, concesiones inactivas o supuestos mineros artesanales de subsistencia que, por lo que declaran exportar, deberían, en teoría, ser multimillonarios”.

El remedio puede ser peor que la enfermedad

La Tasa de Supervisión y Control Minera aprobada busca financiar las actividades de fiscalización técnica, legal y ambiental que realiza la ARCOM, frente al crecimiento de la minería ilegal y no autorizada. Se basa en la Constitución (art. 317 y 408), el Código Orgánico de Finanzas Públicas, la Ley de Minería y reglamentos específicos como el Decreto Ejecutivo 256 y el Acuerdo Ministerial 0204.

Impacto de la tasa

La tasa minera aplica a todos los titulares de derechos mineros:
-Gran minería (230 concesiones)
-Mediana minería (49 concesiones)
-Pequeña minería (770 concesiones)
-Régimen general y no metálicos

Este tributo está calculado por hectárea, en función del tipo de minería, fase del proyecto y salario básico unificado. Por ejemplo: La explotación en gran minería pagará 470 dólares por hectárea, mientras que la exploración inicial en mediana minería debe abonar $141 por hectárea.

Los ingresos

Se estima una recaudación total de $220 millones anuales. Los principales aportantes serán:
–Gran minería: $130 millones
–Mediana minería: $21 millones
–Pequeña minería: $33 millones
–No metálicos: $1 millón

Principales empresas y pagos estimados

Aunque la resoluión no menciona nombres específicos, por la distribución de hectáreas es probable que los grandes operadores como Lundin Gold, EcuaCorriente o SolGold serían los principales contribuyentes. Estas empresas poseen proyectos en fases avanzadas o de explotación, con miles de hectáreas concesionadas y por lo tanto representarían pagos millonarios anuales.

Destino de los recursos recaudados

Según la resolución, los fondos se asignarán a:
Talento humano y capacitación de 600 técnicos: $70 millones
Equipos de campo, como drones, GPS, kits técnicos: $40 millones
Movilización y logística: camionetas, bases móviles: $59 millones
Infraestructura tecnológica y software: sistemas, licencias, laboratorio: $65 millones

Riesgo de expansión de la minería informal

Según varios analistas y técnicos mineros consultados, si el gobierno mantiene la tasa muchos de los concesionarios mineros devolverán las concesiones porque sus ingresos no serían suficientes para cubrir gastos de operación, mantenimiento de equipos, salarios, impuestos, sin ninguna posibilidad de invertir en tareas de exploración.

Si este escenario se cumple el remedio sería peor que la enfermedad. Se incrementaría la minería ilegal e informal, al reducirse la presencia del Estado en esas zonas; las zonas concesionadas y controladas quedarían expuestas a grupos criminales organizados, vinculados al tráfico de minerales; el Estado perdería ingresos significativos y capacidad de monitoreo territorial.
Esas áreas sería concesionadas a otros titulares, que están a la espera de que sean devueltas tras la imposición de la tasa

• El crimen organizado descubrió la alquimia del oro para lavar sus activos en Ecuador. El mecanismo es la firma de contratos de operación y mandato, entre titulares mineros y actores privados. Así, los contratistas explotan y exportan oro y mineral, con licencias de comercialización, sin necesidad de tener concesiones mineras, en medio del descontrol del Estado, pese a que el catastro minero está cerrado desde 2018.
• La empresa Techgolden, que obtuvo 52 millones de dólares por exportaciones de oro y concentrado a EE.UU. y China en 16 meses, tiene dos contratos con una firma de presuntos narcotraficantes, que le vendía el mineral.
• El contrato fue inscrito por el registrador de la Agencia de Control Minero, Roberto Castro, quien pese a tener un sueldo de 1.700 dólares mensuales, en sus cuentas bancarias posee 38 mil dólares, que no reportó a la Contraloría en su declaración de bienes. Además en el sistema financiero tiene un endeudamiento histórico por 908 mil dólares, que ha cancelado oportunamente.
• El oro sucio de la minería ilegal también sale en avionetas desde poblados del sur del país.

Por Arturo Torres y María Belén Arroyo

Red Transfronteriza Código Vidrio-OjoPúblico

Los dueños de Goldenminerals -hoy presos por narcotráfico- descubrieron la fórmula perfecta para explotar y comercializar oro libremente, sin necesidad de tener una sola concesión de pequeña minería, sacando partido de la complicidad y descontrol estatal por años.  

La puerta de entrada a esas actividades criminales fue la firma de dos contratos privados de operación y mandato con el titular de la concesión La Boya, Juan Pogo, un empresario minero que explota, compra y exporta barras de oro a Estados Unidos y mineral aurífero a China, según pudimos corroborar.

Este no es un caso aislado. Es un patrón. En Ecuador, las empresas, contratistas y subcontratistas que no tienen títulos ni áreas mineras pueden explotar y comercializar oro y mineral a través de esas modalidades contractuales. Incluso hay mineras que firman convenios de asociación y acuerdos verbales, aunque no están amparados por la ley. Este mecanismo se revela en toda su magnitud en esta investigación de nuestro equipo periodístico, que accedió a decenas de contratos, cientos de registros y reportes de las empresas mineras, informes de la Superintendencia de Compañías y expedientes judiciales. Además en entrevistas con cuatro funcionarios, incluida la ministra de Energía Inés Manzano, así como agentes antinarcóticos, oficiales de Inteligencia del Ejército y la Policía, expertos y técnicos de firmas mineras.    

Con estos convenios (contemplados en la ley de Minería), que se consideran como arreglos entre actores privados, los contratistas han evadido “legalmente” la prohibición de acceder a zonas para hacer minería, después del cierre del catastro en 2018. En la práctica, bajo este esquema, el catastro nunca se cerró para estos actores, aliados con mineros ilegales y grupos delictivos.  

Hasta abril pasado, los titulares de pequeña minería han inscrito 547 contratos de operación. Y 206 más están en trámite, según informes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Los acuerdos fueron inscritos en las regionales de la Agencia, que previamente emitieron informes técnicos, legales, catastrales y económicos, avalados por los registradores mineros. Ellos son los que aprueban los acuerdos de forma discrecional; tampoco son auditados ni controlados por ninguna autoridad, por eso se los conoce en el mundo minero como los “dioses de la Arcom”. 

Los registradores tienen su propia bitácora, manual, que no coincide con el Sistema informático de Gestión Minera (donde está incluida la plataforma del catastro), ya que ahí no constan los contratos de mandato ni asociación. Los registradores no comparten toda la información actualizada de todos los contratos, en tiempo real, según varias fuentes del sector y del gobierno consultadas. En el catastro, por ejemplo, solo están inscritos 250 contratos de operación, según un informe de la Subsecretaría de Pequeña Minería y de la Arcom. 

Las autorizaciones en las regionales se concretan, en gran medida, a espaldas de las autoridades de la Arcom y Energía en Quito, dijo un técnico con diez años de experiencia en el control minero, que pidió el anonimato por seguridad. Tampoco hay datos oficiales sobre los acuerdos de mandato inscritos en las provincias, pero el funcionario estima que serían cientos.   

Otro de los puntos ciegos son las licencias de comercialización, que permiten a sus titulares obtener oro de cualquier fuente, lícita o ilícita, para negociarlo dentro del país o exportarlo a través de empresas, muchas de ellas de papel, fantasmas. Ningún funcionario audita ni contrasta los informes de producción de los comercializadores ni sus actividades “in situ”. 370 personas naturales y jurídicas tienen licencias para negociar el mineral dentro y fuera del país. Hay 259 solicitudes de licencias en trámite en el Ministerio de Energía.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó en una entrevista con esta alianza que los contratos de operación y mandato, que debían ser una excepción, se volvieron la norma. “Tras cerrar el catastro, los concesionarios otorgaron cientos de contratos de operación, y como es un acuerdo entre actores privados ninguna autoridad pudo alertar ni frenar esas maniobras, aprovechando el descontrol estatal por años”, destacó Manzano. 

Hay titulares mineros que tienen hasta 13 contratos de operación, de acuerdo a un reporte de la Subsecretaría de Pequeña Minería.

“El Estado otorgó las concesiones para que los titulares mineros inviertan y operen, no para que subarrienden y en la práctica parcelen las áreas asignadas”, observó Manzano. “Estamos cortando lo que no es legal, es una maraña que parece interminable; estamos cambiando normas, reglamentos y ejecutando acciones articuladas con entidades de control”, agregó.

La utilización discrecional de los contratos fue posible gracias a un instructivo de la ley de Minería vigente, aprobado en el segundo gobierno de Rafael Correa, que se está reformando. 

 También está en marcha una depuración del catastro, que este gobierno reabrirá este próximo 16 de junio. Para financiar las operaciones contra la minería ilegal y el control de daños ambientales, el Ejecutivo fijará una tasa de fiscalización minera, que deberán pagar los titulares de concesiones, con la cual se espera recaudar 229 millones de dólares.  

Actualmente hay 2.040 concesiones de pequeña minería autorizadas para operar; 380 están en trámite.

Narcomineros hallan el atajo  

Precisamente, uno de los casos que devela el esquema desenfrenado de contratación es el de la empresa Goldenminerals, creada en Machala, capital de la provincia de El Oro, en la frontera con Perú. En 2022, Geovanny Cruz, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Edison Espín compraron esa compañía a Melida Viteri y Raúl Feicán.

En diciembre pasado, ellos fueron detenidos por traficar 8 toneladas de cocaína a España. Esa organización era encabezada por Carlos Zambrano, quien fungía como empresario en el sector inmobiliario y en la venta de insumos médicos. Según la investigación de la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía, desde 2002 tejió contactos con autoridades de entidades públicas en distintos gobiernos para facilitar sus actividades ilícitas. Para el envío de la droga, este grupo estaba aliado con la banda de Los Choneros. 

Goldenminerals explotó miles de toneladas de mineral aurífero en 2023, pero ocultó deliberadamente a dónde exportó este producto ante las autoridades de la Arcom .

Esa firma no tiene área minera alguna a su nombre. Firmó un contrato de operación con la empresa Miderzul, que es la titular de la concesión La Boya, en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, según denunciamos en febrero pasado. https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/

Este equipo periodístico descubrió que, además del contrato de operación con Miderzul, la empresa Goldenminerals tiene otro acuerdo de mandato con la empresa exportadora Techgolden S.A. que evidencia una cadena, que empieza en la explotación de oro y en su exportación hacia diferentes países.

Castro, acaudalado registrador en el Olimpo de la Arcom  

El contrato de mandato con la compañía Techgolden fue inscrito en la Dirección Distrital de Azuay de la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, (hoy Arcom), según registros a los que este equipo periodístico accedió. Ese convenio fue inscrito por el registrador Roberto Israel Castro, quien emplea un libro de papel como registro, con notas escritas a mano, para esos trámites, desde cuando llegó al cargo, en 2022. Solo él lo usa, nadie más tiene acceso. Lo que él registra parece estar inscrito en piedra.  

Actualmente Castro es investigado penalmente por la Fiscalía por el incumplimiento de una decisión de la Corte Superior de Azuay. Este delito es penado con tres años de prisión. En julio de 2022, ese tribunal le ordenó a Castro anular un contrato de asociación entre dos empresas, que había inscrito sin respaldos legales, perjudicando, supuestamente, al titular de una concesión en Camilo Ponce Enríquez, epicentro de la minería criminal en Ecuador. Aunque esa causa judicial está en trámite, el contrato no ha sido anulado por Castro, sigue vigente. Ese acuerdo ha permitido que la compañía Metalrock mantenga una acuerdo con Oromining, que realiza explotación de oro, en la concesión Papa Grande, cuyo titular legal es la compañía Quebrada Fría. Así, Metalrock y Oromining operan en esa zona sin tener ningún título minero otorgado por el Ministerio de Energía.   

También enfrenta otra denuncia por incumplimiento de decisiones judiciales de una autoridad competente, que impulsa carlos Flores Cárdenas. En los archivos de la función judicial registra un juicio de alimentos planteado por su exesposa María Obando, por lo cual está obligado a pagar una pensión para su hija menor de edad de $490 mensuales, que no ha cancelado los tres últimos meses, por lo cual le adeuda $1.500.   

Castro tiene 39 años y es abogado. En la Arcom, donde ingresó en 2020, ha ocupado los cargos de especialista de regulación legal, coordinador zonal y registrador minero, función por la cual gana un salario mensual de 1.676 dólares. No obstante, en sus cuentas sus ingresos y gastos no coincidirían con su remuneración. Según informes del sistema financiero revisados por este medio, Castro Aguirre tiene cuentas activas con cifras altas en bancos y tarjetas de crédito, por lo cual es considerado un cliente A1, con capacidad de pago sólida y confiable.  

Su saldo vigente total de depósitos en efectivo en sus cuentas en dos bancos y una tarjeta de crédito, hasta el cierre de este reportaje, era de 38.389 dólares. Además tiene un crédito de $3.211 en una Cooperativa de Ahorro y no presenta ninguna morosidad en esta cuenta. El endeudamiento total histórico (en su mayoría ya cancelado) registrado en los movimientos financieros de Castro es de 908 mil dólares, indican los reportes del sistema financiero.

Sin embargo, Castro no incluyó esos depósitos, créditos y deudas en sus declaraciones de bienes en la Contraloría del Estado. Este medio revisó sus nueve reportes patrimoniales, entre 2020 y 2024. En este lapso, su patrimonio (suma de propiedades, dinero e inversiones) osciló entre 41 mil y 60 mil dólares. En su última declaración patrimonial, presentada en agosto de 2024, reportó que tenía deudas por $ 250, bienes muebles valorados en $ 50 mil e inmuebles por $35 mil.

Buscamos la versión de Castro a tres números celulares registrados y le enviamos un pedido de entrevista a su correo electrónico roberto_castro@arcom.gob.ec, pero hasta el cierre de esta investigación no respondió a nuestros pedidos.

Pedimos también un pronunciamiento sobre las distorsiones y supuestas anomalías patrimoniales de Castro a las autoridades de la Arcom, pero tampoco obtuvimos una respuesta. Buscamos conocer si en contra de Castro había alguna investigación interna y si otros registradores han sido fiscalizados, o han enfrentado alguna sanción o sumario administrativo.

El exviceministro de Minas, Diego Ocampo, quien estuvo en el cargo hasta agosto pasado, dijo que durante su gestión no conoció de ninguna acción interna en la Arcom en contra de los registradores, pese que sí recibió la denuncia presentada por el abogado de la minera Quebrada Fría, por la aplicación ilegal del contrato de asociación entre Metalrock y Oromining, para la explotación de oro en la concesión Papa Grande, amparado por la inscripción de Castro.   

Ningún registrador ha sido investigado ni sancionado por falta de acciones internas de personal, tampoco han existido denuncias formales.

En vista de todas las anomalías y desfases que trascendieron esencialmente por las denuncias sobre las acciones discrecionales de los registradores, el 31 de mayo pasado entró en vigencia la reforma al Instructivo del Registro Minero de la Arcom. Esta normativa dispone que en adelante los registradores (hoy denominados funcionarios jurídicos) deberán inscribir todos los actos administrativos y judiciales (concesiones, licencias de comercialización, contratos, etc) en un libro virtual, que podrá ser revisado por diferentes autoridades en tiempo real. Con esta nueva reglamentación no solo el empleado judicial podrá inscribir los trámites sino dos funcionarios más en las direcciones distritales en provincias.

Pogo, el alquimista de los acuerdos

El dueño de las empresas Miderzul y Techgolden es Juan Pogo Labanda, de 57 años. A través de Miderzul, Pogo realiza exportaciones de concentrado de oro (material mineralizado) a China, mientras que utiliza Techgolden para exportar lingotes de oro a Estados Unidos. 

Entre 2023 y 2024, Miderzul exportó a China 827 toneladas de concentrado de oro, y recibió pagos por 2,5 millones de dólares, indican informes de la Arcom. Esos cargamentos se enviaron en grandes sacos de lona (“big bags”) por vía marítima. 

Un reporte interno de la Arcom al que accedimos indica que hay empresas mineras con exportaciones inusuales (grandes cantidades sin un origen lícito) que son aprovechados por China y Corea del Norte, triangulando los envíos a través de Singapur y Emiratos Árabes Unidos.   

Pogo, un ingeniero comercial nacido en Piñas, en El Oro, además es propietario y administrador de otras seis empresas mineras: Prominecua, Expogold, Emmijard, Southmining, Minexchonta y Cerro de Oro la Peña, así como de Agrícola Pogo.  

La empresa dorada de este grupo es Techgolden. Desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2024, esa comercializadora exportó a Miami, Estados Unidos, 736 kilos de oro, por 49,3 millones de dólares. Eso significa más del triple de sus exportaciones, en relación al año anterior, que fueron de 175 kilos, por 12,3 millones. En apenas un año esa firma se convirtió en una de las principales exportadoras de pequeña minería de Ecuador. En menos de dos años Pogo obtuvo ingresos por 52 millones de dólares, con Techgolden y Miderzul.  

Esta alianza periodística accedió a certificados de exportación de Techgolden, que tendrían varias anomalías, según dos expertos mineros, con más de diez años de experiencia en el sector, un funcionario de la Arcom y un exfunciomario del Viceministerio de Minas, consultados, entre abril y mayo de este año.

Esos informes de Techgolden están en la mira de la Arcom, la entidad responsable de controlar las actividades extractivas y la minería ilegal. Funcionarios de esta agencia realizaron inspecciones en la concesión La Boya, para verificar si los niveles de producción declarados por Miderzul concuerdan con los reportes.

Fuentes de esa entidad informaron que, luego de la denuncia periodística publicada por esta alianza en febrero pasado, se abrió una investigación interna sobre el contrato de mandato que Techgolden mantuvo con Goldenminerals, así como del resto de acuerdos que tiene Pogo con empresas mineras para comercializar oro. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigan estos nexos y sus manejos financieros y han requerido información a la Arcom. 

Techgolden también le dio servicios de exportación de oro a Goldenminerals, de acuerdo a los informes financieros de la empresa que revisamos en la Superintendencia de Compañías. Por esos trabajos, la exportadora reportó que Goldenminerals aún le debe más de 13 mil dólares, por servicios del 2023 y el 2024. Precisamente, a través del acuerdo de mandato, Goldenminerals le autorizó a Techgolden comercializar, vender y exportar el oro que extraía en la concesión La Boya.

Techgolden opera con una licencia de comercialización, entregada a Pogo en 2023. Ese permiso fue otorgado por la zonal de Azuay del Ministerio de Energía y Minas, entonces liderado por Xavier Vera, quien fue detenido en mayo de ese año por un supuesto delito de cohecho, por cobros por la entrega de cargos, que aún está bajo investigación judicial.   

Precisamente, en sus certificados de exportación esa compañía indica que compró el oro a través de los convenios de operación y mandato, que tiene con empresas que trabajan en dos de sus concesiones, así como de varias compañías de distintas áreas en Camilo Ponce.

Esos reportes de producción, revisados por este equipo periodístico, tendrían discrepancias. Por ejemplo, en el certificado 107086 la compañía declaró la exportación de 41 kilos que vendió en $3 millones. Para obtener 23 kilos de oro de esa exportación la firma reportó que se procesaron 1.746 toneladas de tierra mineralizada, entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2024. No obstante, según los datos declarados a la Arcom para obtener esa cantidad de oro como mínimo se debieron procesar al menos 2.400 toneladas de material mineralizado, indicó una geóloga consultada, que revisó esos documentos y pidió no revelar su identidad. 

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⇔ Entre 2018 y 2023, Techgolden reportó ingresos de 75,9 millones a la Superintendencia de Compañías. Su último informe económico de 2024 reportó activos por 6,3 millones y 4,7 millones en deudas. Tuvo ingresos por 33,7 millones. Un aumento del 300% en relación al 2022, cuando recibió 7,3 millones. En pagos de salarios y beneficios a empleados, en 2024, desembolsó 113 mil dólares, unos 9 mil mensuales ⇔

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En Techgolden Pogo es gerente, presidente y único accionista. En su última declaración de Impuesto a la Renta reportó utilidades por más de 9 millones de dólares. Esta alianza pidió una entrevista con el empresario a los números telefónicos y al correo electrónico de su compañía: techgolden@gmail.com, el 29 de enero y el 27 de mayo de este año.

En enero, José Bravo, uno de los representantes de esa empresa, respondió a una de nuestras solicitudes por correo. En una breve contestación, descartó cualquier relación con los accionistas de Goldenminerals. Dijo que en ningún momento Techgolden ha realizado exportaciones de oro de esa compañía. “La empresa, que legalmente está constituida desde el año 2009, se dedica a la comercialización de metales y minerales, así como a brindar servicios para exportación, y para llevar a cabo estas actividades se realiza una serie de procedimientos en los cuales incluye solicitar a la empresa que va a exportar toda la documentación que justifique la legalidad del material”, destacó, al indicar que estaba abierto a coordinar la entrevista, pero no volvió a responder las solicitudes posteriores de esta alianza.  

No obstante, tanto Techgolden como Miderzul, empresas de Pogo, sí tuvieron negocios y acuerdos con Goldenminerals, que en sus reportes no justificó la legalidad del mineral que explotó. En septiembre de 2024, un contingente de militares y policías allanó las oficinas de Techgolden en Machala, donde hallaron armas y municiones.  

Pese a todas las irregularidades, la Fiscalía todavía no ha abierto ninguna investigación por estos casos. 

En la mira 

Los datos que consignan los exportadores, entre titulares mineros y dueños de licencias de comercialización, no son verificados en general por los técnicos de la Arcom ni por el personal de las zonales del Ministerio de Energía, antes de aprobar los informes para los envíos. La capacidad de fiscalización y control de la Arcom fue mermada desde mayo de 2020, cuando el gobierno de Lenin Moreno la extinguió por falta de presupuesto, en el decreto 1036. Sus tareas fueron asumidas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. 

En 2024, la administración de Daniel Noboa volvió a crear la Arcom, en medio de la explosión y avance vertiginoso de la minería ilegal, que en Ecuador tiene 380 focos críticos en varias provincias, 28 en áreas protegidas. Según estimaciones del Ministerio del Interior, ese año, más de USD1.300 millones en exportaciones de oro provinieron de esas operaciones criminales, que involucran grupos delictivos y holdings del crimen organizado transnacional, cuyas cabezas aún son invisibles para las autoridades. 

En este ciclo pernicioso el Estado termina legalizando las operaciones criminales. Para explotar o comercializar el mineral directamente los contratistas privados registran los acuerdos en notarías de las provincias donde están las áreas. Ese es el primer paso de la formalización. Este círculo se cierra con quienes tienen las licencias para vender el oro en el mercado internacional. Así se concreta el lavado de activos del narcotráfico y otras actividades, lo cual queda evidenciado en esta investigación periodística por los nexos documentados entre Goldenminerals y las empresas Miderzul y Techgolden, así como en los informes de la Policía incluidos en el juicio por delincuencia organizada.

Para frenar estos y otros ilícitos, también se está reformando otro instructivo para limitar a los concesionarios mineros la emisión de contratos entre privados, pues luego de la entrega formal de una concesión la responsabilidad del manejo del área, ante el Gobierno, es exclusivamente del titular. No de los operadores. 

Siguiendo esta línea, precisamente, el 19 de mayo pasado la ministra Manzano aprobó la reforma del instructivo para la entrega de licencias de comercialización a personas y empresas. Entre otras cosas, exige que los peticionarios tengan una experiencia mínima de 3 años en actividades de comercialización o en gestión de proyectos mineros, un patrimonio probado de 100 mil dólares, así como certificados tributarios que avalen su idoneidad en el sector.

Aunque los concesionarios mineros tienen varias obligaciones legales y contractuales, como el  pago de regalías ( 3% de la producción) sobre las ventas de minerales, la exploración en el área por hasta cuatro años, la presentación de informes de actividades e inversiones. No obstante, nada de esto se cumple porque la Arcom no cuenta con técnicos suficientes para hacer auditorías y verificaciones en las zonas donde están las concesiones. Tampoco para revisar los reportes, de acuerdo a los documentos oficiales revisados para está investigación periodística, entre 2023 y 2024.   

El principal problema, que ha derivado en prácticas anómalas y delictivas los últimos años, no radica en la posibilidad de que los concesionarios mineros puedan firmar contratos, dice una ejecutiva de una empresa de pequeña minería, quien pidió no revelar su identidad. “El mayor daño es causado por la corrupción generalizada en las regionales de la Arcom, de la mayoría de registradores, que exigen coimas a los titulares mineros para aprobar los contratos; el que no paga entra en el congelador, debe esperar meses, hasta años para tener la autorización”, destaca. “Las empresas que cumplen la ley verifican la idoneidad de los contratistas, su capacidad técnica probada con actividades lícitas. Estas actividades generan empleo, empujan las economías locales, dejan regalías para el Estado.” 

El oro también sale en avionetas 

La modalidad de contrataciones privadas para explotar y comercializar oro ilegalmente no solo se focaliza en concesiones de Ponce Enríquez. La provincia de Zamora Chinchipe, en la frontera con Perú, es una de las más afectadas por estas actividades devastadoras, a lo largo del río Zamora. 

El oro que obtienen los contratistas sale por tierra y por aire, en avionetas fletadas por mineros y actores mafiosos, según fuentes de Inteligencia. 

Uno de los puntos neurálgicos es la población de Cumbaratza, donde un operativo militar y policial develó los alcances de esta modalidad, el 3 de mayo pasado.     

Ese día, una aeronave Cessna, modelo 414A, aterrizó cerca de las 14:00 en la pista de ese pequeño poblado amazónico de 4.000 habitantes, y permaneció más de tres horas en tierra, según testimonios de moradores del sector.

No era la primera vez que la avioneta aterrizó en ese campo. La nave, piloteada por el capitán Jorge Luis Weisson y el copiloto Darwin Ochoa, debía recoger a los pasajeros Estalin Julián Jiménez, de 23 años, y Rayner Alvario de Loor, de 30 años, y trasladarlos hasta Guayaquil, según la bitácora de vuelo. Los dos son oriundos de Babahoyo, capital de la provincia costanera de Los Ríos.

Treinta minutos después, cuando Alvario y Jiménez llegaron a las maltrechas instalaciones de la sala de embarque de la terminal de Cumbaratza, fueron sorprendidos por militares del Batallón de Selva N.º 62 Zamora y agentes de la Fiscalía y la Policía. Los esperaban para revisar su equipaje junto con funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Los agentes habían recibido la alerta del arribo de la nave desde el Batallón militar, a unos 10 kilómetros de distancia del aeródromo. 

La vigilancia de vuelos inusuales se activó desde el 23 de abril anterior cuando un pequeño avión Hawker Beechcraft HC-CUM aterrizó en esa misma plataforma, para transportar a Santa Rosa, en El Oro, a seis pasajeros. Uno de ellos era Baldor Bermeo, exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, quien llevaba muestras de arena mineralizada para hacerla analizar en un laboratorio. Bermeo, quien llegó a la alcaldía como militante del movimiento Alianza País (correísmo) tiene concesiones mineras en Camilo Ponce, una de las zonas que han sido el foco de disputas de bandas criminales por el control de la extracción de oro.

La pista de Cumbaratza no es usada para vuelos comerciales desde hace cinco años. Tampoco es controlada por la Dirección de Aviación Civil (DAC) ni por ninguna autoridad local, aunque su administración fue concesionada a las autoridades parroquiales de este pequeño poblado amazónico, que no le dan seguridad ni mantenimiento. En los alrededores de la pista incluso hay varios focos de explotación ilegal de oro. 

Según informes de Inteligencia, este campo de aterrizaje es ideal para actividades clandestinas ilícitas, en una zona neurálgica de minería ilegal, que conecta rápidamente con la provincia costanera de El Oro y con localidades de Perú, donde también hay pistas clandestinas.   

Luego de interrogar a los dos pasajeros sobre los motivos del viaje, los agentes revisaron sus equipajes. Al abrir la maleta deportiva negra de lona que llevaba Rayner, ocultos entre sus objetos personales, un policía encontró dos kilos y 538 gramos de oro en polvo, cuidadosamente envueltos en un fino papel de seda blanco, sellados en fundas plásticas. 

¿De dónde provino el material precioso? Los detenidos dijeron haber obtenido el oro en la concesión minera Cury FJGEX. Esa área está ubicada a unos 20 kilómetros de distancia de la pista, en una zona semi selvática del cantón Zamora.

Al requerirle que Jiménez presentara los documentos de respaldo por la compra del mineral, no los tenía. Solo llevaba un certificado emitido por Gabriel Chiriboga, registrador de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en Zamora.

En ese documento el Registrador certificó que el 9 de diciembre de 2024 fue inscrito, con escritura pública, un contrato de operación a favor de Jackson Zambrano, para que pueda realizar tareas de exploración y explotación de oro en la concesión minera Cury FJGEX, otorgada por el Estado a José Ocaña Mayorga. Ese oficio está fechado el 8 de enero de 2025.

El operativo concluyó al anochecer con la detención de Jiménez y Alvario, quienes no pudieron justificar la legalidad del oro, valorado en 233 mil dólares. Aunque se formalizó su enjuiciamiento penal, horas más tarde ambos fueron liberados.

Concesión socavada por ilícitos 

Cuatro días después, funcionarios de la Arcom y el Servicio de Rentas Internas con miembros del Ejército realizaron una inspección en los predios de la concesión Cury FJGEX. Al ingresar al área confirmaron que unos 20 trabajadores que realizaban operaciones mineras a cielo abierto, con excavadoras y volquetas, no eran parte de la nómina de la empresa y tampoco estaban afiliados al Seguro Social, según el parte del operativo de control. 

 El administrador de la concesión no tenía reportes de producción ni información contable, sobre costos de operación y del personal. En medio de forcejeos y enfrentamientos con otros obreros, los militares detuvieron a un trabajador, que intentaba impedir las inspecciones. Al verse sitiados por decenas de mineros los militares lanzaron gas y dispararon, hiriendo a uno de ellos, que fue trasladado a un centro médico, con pronóstico reservado. En las requisas en el campamento los uniformados encontraron un fusil Bushmaster, calibre 5,56 mm, de fabricación estadounidense.     

Luego, ese siete de mayo, los funcionarios de la Arcom cerraron la concesión, porque ha operado al margen de la ley.

En Zamora Chinchipe, el Ejército ocupa la mayoría de sus capacidades y recursos humanos enfrentando al crimen organizado y sus tentáculos en la minería ilegal. 

“Las bandas dan protección a los mineros ilegales, que a su vez trabajan para muchas empresas de pequeña minería, que operan en las concesiones a través de contratos”, alertó un agente de Inteligencia, que sigue la pista de estas organizaciones. 

“En general, nadie los controla en el terreno”, alerta un oficial de la Policía, que pidió no revelar su nombre por seguridad, al igual que otros agentes. “Esos contratistas son los que explotan y sacan más provecho de las concesiones, que son solo una fachada para las acciones del crimen organizado, conectadas con lavado de dinero del narcotráfico”. 

El motor de la economía en esta provincia es la explotación indiscriminada de recursos mineros, que reemplazó hace mucho tiempo a la producción agrícola y otras actividades.  “Diariamente las redes delictivas sacan cientos de kilos de oro de Zamora. Estamos desbordados, es una pelea desigual, de David contra Goliat”, sentenció un oficial.  

 Desde inicios de este año, en varias zonas de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y la frontera con Perú, los militares han descubierto campamentos de grupos delictivos ecuatorianos, especialmente Los Lobos y Los Choneros, así como de los Comandos de la Frontera y armados mexicanos, dedicados a la minería ilegal.

Los tres primeros grupos criminales se replegaron hacia esta provincia fronteriza desde Camilo Ponce Enríquez, que los tres últimos años fue el centro de la minería ilegal en Ecuador. Esto ha desatado una mayor conflictividad a lo largo del cordón fronterizo.

IMPUNIDAD. A 48 horas de que se realizara la audiencia del recurso de casación para revisar la sentencia contra los médicos Patricio Toscano Reyes y Carlos Hurtado Bucheli, por el homicidio culposo por mala práctica profesional de Michelle Cobo, el conjuez ponente Édison Fernando Cantos Aguirre difirió la diligencia para el próximo 2 de julio. La audiencia de casación ha sido postergada por más de un año, desde mayo del 2024, por incidentes generados por los abogados de los condenados.  

Redacción Código Vidrio

Pasaron cerca de diez años. Este lunes 9 de junio el conjuez Javier de la Cadena, y los jueces Daniella Camacho y Fernando Cantos, de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, debían realizar la audiencia de casación, en el juicio por la muerte de Michelle Cobo, ocurrida en 2016, luego de someterse a una cirugía estética.

No obstante, a pocas horas de que se realizara la diligencia, el conjuez ponente Edison Fernando Cantos Aguirre, acaba de notificar a las partes, este viernes 6 de junio, que aceptó un pedido de diferimiento de la audiencia solicitado por los médicos sentenciados, Patricio Toscano Reyes y Carlos Hurtado Bucheli. Y fijó la audiencia para el próximo 2 julio, sin que medien argumentos razonables, según un escrito de rechazo a esta nueva postergación, presentado por la defensa de la familia de Michelle Cobo.

Al ser notificado con la nueva postergación, el abogado José Molina, en representación de Gabriel Cobo, padre de Michelle, solicitó que el conjuez Cantos inadmita los pedidos de diferimiento pues “carecen de sustento fáctico y jurídico”. Pero Cantos no dio paso a su solicitud.

Esta audiencia de casación debía realizarse hace un año, el 29 de mayo del 2024, pero no se ha podido cumplir en vista de una cadena de postergaciones generadas por la propia defensa de los procesados, quienes buscaban que la causa prescribiera, dijo Molina.

 “Lo que busca la familia de Michelle es el derecho a la verdad, que el estado a través de los  jueces de la Corte haga justicia, siente un procedente para que estas tragedias no se vuelvan a repetir”, agregó Molina.

Esta diligencia es el último capítulo de un juicio plagado de incidentes y dilaciones judiciales, calificado como “tortuoso y revictimizante” por los padres de Michelle, Gabriel Cobo y Soledad Vallejo.

En la audiencia de este lunes, los jueces debían escuchar los argumentos de los abogados de los sentenciados: los médicos Toscano  y Hurtado, y la abogada María Eugenia Muñoz, quienes alegan que en la condena dictada por homicidio culposo, hubo supuestas violaciones legales.

“Si ya he tenido que lidiar por casi 10 años con el irreparable dolor que ha supuesto la muerte de mi hija, esperaré tres semanas y media más. Esperaré con ansias, aunque ya no sé si ansias de escuchar cómo se defenderán los tres responsables de la muerte de mi hija o ansias de pensar con qué improperio saldrán dos o tres días antes el día de la audiencia para pretender diferirla. No sé, el tiempo lo dirá”, destacó Cobo en el escrito de rechazo ante la decisión del conjuez de la Cadena.

“Hago notar que la prescripción de la causa está por venir tal y como el auto interlocutorio que niega el pedido de prescripción (que se encuentra ejecutoriado), lo señala con claridad”, agregó el padre de Michelle.

Michelle Cobo tenía 19 años cuando falleció, el 16 de julio de 2016, un día después de haberse sometido a una cirugía estética en la clínica San Gabriel en Quito, que permanece cerrada por orden del Ministerio de Salud. La investigación de la Fiscalía reveló que el procedimiento fue realizado por médicos sin licencia adecuada (Toscano no es cirujano), en un centro que no tenía permisos para ese tipo de intervenciones, además del cúmulo de negligencias administrativas y médicas.  El caso derivó en una sentencia condenatoria, dictada en 2019,  contra los médicos y reincidentes Hugo Toscano y Carlos Hurtado (pues ya habían sido condenados por este delito en otro caso), así como contra la exgerente de la clínica, María Eugenia Muñoz, por homicidio culposo por mala práctica profesional.

ANÁLISIS. Daniel Noboa asumirá oficialmente su primer mandato completo de cuatro años este sábado 24 de mayo de 2025, tras una transición vertiginosa, con una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza: la persistente crisis de inseguridad que es un lastre para el crecimiento económico y el bienestar de los ecuatorianos. Para esta nueva etapa se requiere una renovación del gabinete, envejecerlo un poco, con cuadros más experimentados y especializados en gestión pública. Veamos si el Presidente apuntala un equipo de maratonistas, que reemplace a velocistas improvisados que tuvo en su primer mandato, cuando llegó apuntalando a sus amigos cercanos. Su círculo íntimo de confianza. Lo que se viene es una prueba de resistencia en condiciones siempre adversas.  

La principal preocupación de los ciudadanos, después de la inseguridad, es la falta de empleo. Ambas están directamente relacionadas. Sin seguridad no hay inversión y sin inyección de capitales no hay trabajo ni bienestar posible. 

Aunque este 24 de mayo marca el inicio formal de su nuevo gobierno, Daniel Noboa ya ha estado al frente del Ejecutivo desde fines del 2023. Ha sido una transición dura, de aprendizaje, con errores y aciertos. Con altibajos. Su triunfo electoral fue contundente y es una clara señal de confianza de una mayoría de ciudadanos esperanzados en que las cosas pueden mejorar. Es también una demostración de resiliencia de un país sometido a crisis constantes, desde 2019. Pero puede ser una fugaz luna de miel si Noboa no pone orden en la casa.

Los cerca de dos años que ya estuvo al frente del Ejecutivo son suficientes para evaluar sus fortalezas y debilidades. La ruta que tomará los próximos cuatro años. En este contexto, las perspectivas para su nueva administración muestran grandes desafíos, oportunidades y peligros inminentes. Entre las prioridades de su gobierno destacan:

-El de la seguridad, con la inminente continuidad de su enfoque de mano dura, militarizado y policial -punitivo- contra el crimen organizado y las bandas locales. Sus planes más difundidos se basan en la construcción de gigantes presidios de máxima seguridad, inspirados en el modelo de Nayib Bukele, en El Salvador, gobierno con el cual planea profundizar la cooperación. Un problema irresuelto, crónico, es la grave situación de atenciones a los presos, tanto en su alimentación como en salud. La rehabilitación todavía está fuera del radar de prioridades, en este contexto.

Además, en la compra y dotación de más armas, equipos y vehículos para Fuerzas Armadas y la Policía. Y un énfasis respecto a la cooperación internacional, sin que exista aún una estrategia clara, conocida, de seguridad ciudadana. Su última apuesta es la aprobación del proyecto de Ley económico urgente (la Asamblea tiene 30 días para su aprobación) para combatir las economías criminales, que ya ha recibido duras críticas.

Una gran debilidad del régimen sigue siendo la ausencia de controles efectivos de lavado de activos en el sistema financiero, en el sector inmobiliario. Así como la falta de investigación oportuna y eficaz, identificación, desmantelamiento y judicialización de integrantes de estructuras mafiosas, vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones, el tráfico de especies y otros delitos, en coordinación con las cabezas de la Justicia. Tampoco ha trascendido como una prioridad del régimen desmantelar los sistemas de corrupción enraizados en el aparato estatal, incluidas Fuerzas Armadas y Policía. Las señales de la contaminación son claras, pero no las acciones de una purga de los operadores criminales. La impunidad campea.

-En economía, el enfoque de Noboa es atraer inversión extranjera y promover reformas de corte neoliberal, aunque enfrenta el desafío-escollo de las tarifas impuestas por la administración de Donald Trump a productos ecuatorianos. Empujar el desarrollo de los pequeños, medianos y grandes emprendedores es fundamental, más allá de los alivios en las deudas y la entrega de bonos.

-En el campo de las relaciones internacionales el régimen buscará fortalecer lazos con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y otros países, en especial Israel, en temas de seguridad e inteligencia. La canciller Gabriel Sommerfeld ha tenido un rol protagónico buscando apoyos internacionales para apuntalar el combate a las mafias transnacionales.

Tras ganar las elecciones, en abril pasado, Noboa hizo una extensa gira internacional, visitando países europeos y el Vaticano. Está por verse si tiene la habilidad suficiente para navegar en las aguas turbulentas de las relaciones con la volátil administración del presidente Donald Trump y atraer inversión extranjera. Otro reto complejo es el manejo de las relaciones con China, nuestro principal acreedor (le debemos 4.000 millones de dólares), que mantiene una abierta disputa geopolítica global con EE.UU., encendida por la última guerra de los aranceles. Todavía no ha trascendido cuáles serán las medidas o planes que tiene el régimen para sacar más provecho del acuerdo comercial con ese país. Este es un terreno sinuoso: negociar con las dos potencias sin que el país sea arrastrado por sus intereses. Pierda la brújula.

-En el campo financiero también está por verse la forma en que Noboa dará puntadas para evitar el riesgo latente de un conflicto de interés. El conglomerado empresarial de su familia, la corporación Noboa, principal exportador de banano del mundo, es uno de los grupos económicos más importantes e influyentes, junto a Nobis, de su tía, Isabel.

Otro tema que se dibuja como una de las grandes apuestas del gobierno es la reforma institucional, con la  convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente. No obstante, aún no hay certezas sobre un avance en esta ruta, plagada incertidumbres, que intentará despejar si logra consolidar una mayoría estable en la Asamblea.

El principal desafío  

El reto medular del gobierno de Noboa es enfrentar la crisis de inseguridad persistente, que golpea y desangra al país. El éxito de su administración dependerá, en gran medida, de su capacidad para desarrollar una estrategia integral contra el crimen organizado que vaya más allá de los estados de emergencia y del empleo exclusivo de militares y policías para enfrentar a las organizaciones delictivas. Deberá dar un salto para pasar a una estrategia muldimensional, transversal e integradora. Trascender hacia un enfoque estatal e interinstitucional en tres áreas básicas:
-Seguridad y convivencia ciudadana.
-Seguridad del Estado
-Política criminal, coordinada con el poder judicial

Estas deben contar con el liderazgo y participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, basadas en políticas de Estado, elaboradas y ejecutadas en el plazo inmediato (dos años), mediano (cinco años) y de largo alcance (diez años). Es importante aprobar un paquete de reformas legales y constitucionales para el nuevo andamiaje institucional, sin dejar de respetar el debido proceso, piedra angular del estado de derecho.

A pesar de su enfoque de mano dura, que se evidenció en enero del 2024 con la declaratoria de guerra interna contra grupos narcoterroristas, enero y febrero de este año fueron los meses más violentos de la historia. Según datos del Ministerio del Interior, Ecuador alcanzó los 2.361 homicidios en el primer trimestre de 2025: registró 831 asesinatos en marzo. Esta cifra se sumó a los 1.530 homocidios, registrados en enero y febrero. Estos datos representan el inicio de año más violento en la historia del país.

Las cifras trimestrales de 2025, que promedian un asesinato por hora, superan en un 65% los 1.428 homicidios, reportados en el mismo período de 2024, y en 39% los 1.698 registrados entre enero y marzo de 2023. Este año Ecuador fue el más violento de Latinoamérica.

Sin embargo, la Policía y FF.AA. han dado golpes contundentes a grupos criminales, con detenciones de importantes cabecillas, así como la sostenida interdicción y captura de cientos de toneladas de cocaína, de armas, fortaleciendo la coordinación con gobiernos del continente y Europa. La inversión en capacitación para los investigadores y fiscales es fundamental para acompañar estas acciones.

Las denuncias de abusos a los derechos humanos (el caso de los cuatro menores de Las Malvinas sigue impune) y ausencia de procesos y protocolos para las operaciones del Bloque de seguridad muestran poca apertura oficial a las críticas. Los esfuerzos de enmienda y aprendizaje de los errores cometidos son escasos desde el mando militar, que pierde la estrategia, que no es clara, poniendo énfasis en el nivel táctico, operativo. La imagen de generales y ministros en las calles, con cascos y chalecos, puede haber servido para la campaña, pero en lo que viene las cabezas deben priorizar su rol estratégico de conducción, sin distorsionar ni dejar sin piso el liderazgo de los comandantes a cargo de dirigir las acciones en el territorio.

Luces rojas

La crisis de seguridad ha afectado negativamente la economía, con caídas en la inversión extranjera y el empleo. Hay un evidente deterioro económico y necesidades de financiamienrto para 2025 de 12 mil 889 millones de dólares, según el Observatorio de Política Fiscal. Las cuentas públicas se han tornado inmanejables -alerta el Observatorio- y agudizarán la crisis si el gobierno no reduce el déficit, gasta menos, genera más ingresos y fomenta la inversión extranjera. Está por verse como capitaliza las inversiones de transnacionales anunciadas en el sector minero, si no frena la devastadora minería ilegal y la corrupción enraizada en las entidades de control. Esos recursos  son vitales en medio de la caída de ingresos por la disminución progresiva de la producción petrolera. Aquí ha jugado un rol clave la actual ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, que se ha fogueado, entre errores y aciertos, para finalmente sortear crisis simultáneas que se desencadenaron en medio de la campaña electoral, mientras también estaba a cargo de la cartera de Ambiente. La lucha contra mafias petroleras (enquistadas en Petroecuador) y mineras con operadores estatales requieren continuidad y coraje, entereza y decisión. Operaciones simultáneas y coordinadas, que les quiten el peso de todas las acciones a los militares, devenidos en bomberos apagando incendios, que otras entidades deben sofocar.

Otra alerta es sobre la sostenibilidad de la deuda. Ecuador enfrenta una alta deuda pública y depende de una línea de crédito probable de 4.000 millones con el FMI y otros organismos internacionales de crédito para mantener equilibrio y liquidez suficientes en sus cuentas.

Polarización política persistente. A pesar de su victoria electoral, el país sigue profundamente dividido, con la oposición liderada por el movimiento Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Noboa ha dado señales de que mantendrá su estilo confrontativo con sus opositores. La polarización, es lo más probable, se agudizará.

Una popularidad volátil. Aunque su popularidad alcanzó más del 80% a inicios de 2024, para finales de ese año había descendido a aproximadamente 42%, su segundo nivel más bajo desde que asumió el cargo. Sería un error de cálculo creer que los casi 12 puntos que sacó de diferencia a la candidata Luisa González, fueron apoyos directos a su propuesta y no votos en contra del correísmo, que sumo una serie de errores garrafaeles en la recta final de la campaña.

Si Noboa y su partido ADN logran mantener su coalición legislativa, que les sirvió para tomar el control del parlamento,  y obtener resultados tangibles en seguridad, podría consolidar su proyecto político y avanzar en sus reformas económicas. Sin embargo, si la violencia continúa escalando y la economía no mejora, podría enfrentar una creciente oposición tanto en las calles como en la Asamblea.

Para esta nueva etapa, Noboa requiere renovar su gabinete, con cuadros más experimentados y especializados en gestión pública. Reducir las cargas sobre funcionarios que cumplen varias tareas y acumulan un excesivo poder, lo cual genera fricciones dentro del gobierno. Veamos si Noboa apuntala un equipo de maratonistas, que reemplace a los velocistas que tuvo en su primer mandato. Lo que se se viene es una prueba de resistencia en condiciones siempre adversas. No hay tiempo para improvisaciones.

El exjuez José Tamayo Arana, quien dio paso a la liberación de Jorge Luis Zambrano ‘Rasquiña’, líder asesinado de Los Choneros, deberá cumplir una condena de tres años por el delito de prevaricado.

Redacción Código Vidrio

La sentencia contra José Tamayo quedó en firme este jueves 22 de mayo de 2025, una vez que la sala penal de la Corte Nacional de Justicia negara el recurso de casación interpuesto por Tamayo. El fallo se expidió a pocos días de que el caso prescribiera, en junio próximo.

Tamayo cambió la pena de 20 a 8 años a favor de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en un juicio por asesinato, por el cual estaba preso en la cárcel de Cotopaxi. Tras el fallo de Tamayo, Rasquiña fue liberado en junio de 2020. Entonces, el juez fue denunciado por el Consejo de la Judicatura y condenado por prevaricato, el 21 de mayo de 2024, a 3 años de cárcel. Al frente del equipo legal de la Judicatura estuvo Santiago Peñaherrera, quien se presentó como acusador particular, para impedir que la causa prescribiera, como es usual en este tipo de procesos, plagados de incidentes y dilaciones. 

Tamayo apeló a la sentencia, pero la Corte de Guayas negó esa impugnación el 22 de noviembre de 2024. Entonces presentó un recurso de casación que acaba de ser negado. La causa empezó en 2020, y precisamente estuvo marcada por muchas audiencias fallidas y postergaciones. Para lograr que Tamayo Arana redujera su pena, Rasquiña contó con el apoyo de su abogado Harrison Salcedo, alias “Hulk”, quien también defendió al exvicepresidente Jorge Glas, José Adolfo Macías, alías «Fito» (hoy prófugo) y Junior Roldán (asesinado), cabecillas de Los Choneros.

“Ordenaron mi encarcelamiento sin darme el derecho a responder, a argumentar jurídicamente mi decisión. Por eso fugué y estuve en la clandestinidad los siguientes ocho meses, hasta que me permitieron defenderme en libertad levantando la orden de prisión en mi contra”, dijo Tamayo, en una entrevista a este medio, publicada en agosto de 2022.

¿Cuál fue el argumento jurídico de Tamayo? Según aclaró el exjuez, de 52 años, él no le rebajó la pena a Rasquiña. Se limitó, según afirmó, a concederle un beneficio al cual tenía derecho porque ya había cumplido su primera sentencia de ocho años. “Zambrano fue sentenciado con la anterior legislación penal, antes de la vigencia del COIP, desde febrero de 2014. Cuando ese Código se aplicó hubo una disposición transitoria, según la cual todos los juicios que se iniciaron antes de 2014 debían terminar de juzgarse y sentenciarse bajo esa misma legislación”, explicó Tamayo, quien venía ejerciendo como abogado en Guayaquil, su ciudad natal.

Según la acusación de la Judicatura, Tamayo no tenía competencia para conocer ese proceso, que empezó a tramitarse en Manabí y no en Guayaquil, donde el entonces juez trabajaba. Tampoco podía pronunciarse sobre la segunda sentencia de 20 años.

Tras el fallo de Tamayo, Hulk Salcedo movió cielo y tierra para que otros jueces ordenaran la excarcelación de su defendido. Activó a su red de operadores en la cárcel, el sistema penitenciario y el poder judicial.

Rasquiña enfrentó decenas de juicios penales mientras estuvo vivo, por diferentes delitos. En una de esas causas el tribunal de la Corte Nacional, integrado por Iván Saquicela, Édgar Flores y Marco Rodríguez aceptó un recurso de revisión de Rasquiña y declaró su inocencia. Pero el líder de Los Choneros no fue liberado, porque enfrentaba varias sentencias pendientes y siguió preso.

En otro de esos procesos, por asesinato, el juez Tamayo redujo, sin competencia, su pena, de 14 a 8 años, aceptando un pedido de Harrison Salcedo, con lo cual en 2020 Rasquiña accedió a la prelibertad, dispuesta por la jueza Alzira Benítez. ‘Rasquiña’ fue asesinado en diciembre de 2020, seis meses después de ser excarcelado. Sobre el fallo del tribunal de la Corte Nacional que declaró su inocencia en 2018 no hubo ninguna denuncia contra los jueces en la Judicatura, incluido el expresidente de la Corte, Iván Saquicela, ni se probó que hubo una supuesta corrupción, que en la última campaña presidencial fue denunciada por la candidata del correísmo Luisa González. 

Rasquiña salió de prisión a inicios de junio de 2020 bajo el régimen abierto (previo a la libertad) que le concedieron los jueces Manuel Santamaría y Alzira Benítez, basados en el pronunciamiento de Tamayo. Su excarcelación provocó un gran revuelo en Ecuador, en medio de denuncias por las conexiones del cabecilla de Los Choneros con el Cartel de Sinaloa y con el correísmo, especialmente de su abogado defensor Salcedo.

En sus redes sociales, Salcedo se hacía llamar Hulk, por su parecido con el personaje cinematográfico, al que consideraba su álter ego. Medía cerca de dos metros y pesaba más de 250 libras; le gustaba aparecer en su página en Facebook portando armas de fuego. En las fotos se le ve sonriente emulando a muchos de sus defendidos, integrantes de bandas y carteles, políticos sentenciados de corrupción.

Desde inicios de su polémica carrera como abogado, en 2006, “Hulk” recorrió un camino sinuoso entre lo legal y lo delictivo. En 2012, falsificó la firma de dos colegas suyos, cuando trabajaba en un estudio jurídico en Quito para arrebatarle la casa a una mujer. En ese caso, él y otra persona forjaron documentos para simular un juicio por un supuesto pagaré de 35 mil dólares.

Al ser descubierto, Salcedo fue enjuiciado y sentenciado a seis meses de prisión por falsificación de documentos, en 2013. Cuando salió de la cárcel de Cotopaxi tuvo un ascenso meteórico como abogado defensor. Su fama trascendió al ser contratado por el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción en el caso Odebrecht. ‘Hulk’ Salcedo fue asesinado por orden del narco Leandro Norero (asesinado), en 2022.

OBJETIVOS DE CHINA ⊗ La agencia de policía secreta cerró sus puertas en mayo de 2024, luego de que sus operaciones quedarán en evidencia por una investigación periodística. No obstante, hay indicios de que empresarios de fachada la siguen manejando desde otro lugar para seguir con operaciones de espionaje y vigilancia en Quito. La Fiscalía abrió una indagación por defraudación fiscal contra el director y propietario de la empresa de turismo que era la fachada de la agencia de espionaje. Él dejó el país para volar a China, en diciembre de 2023, sin registros oficiales de su regreso. No obstante sigue cobrando sueldo de esa compañía, que está gerenciada por otra ciudadana china. Zumretay Arkin, representante de la minoría Uigur, que sufre abusos y es perseguida en China, estuvo en Quito, para denunciar sistemáticos abusos del gobierno de Pekín. En Quito también viven miembros de la organización religiosa Falun Dafa, proscrita en el país asiático. La embajada de China no respondió a nuestros pedidos de entrevista.

Por: María Belén Arroyo y Arturo Torres, con ICIJ

La tercera semana de abril de 2025, un encuentro académico sobre relaciones comerciales y culturales entre China y Ecuador se realizaba en Quito, con paneles de expertos y especialistas. Una asistente llegó para describir el lado oculto del poder chino. Para compartir la historia, debía estar lejos del ojo omnipresente del dragón. Este ojo está abierto en la mitad del mundo, como revela esta investigación, parte de un esfuerzo periodístico transnacional coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Zumretay Arkin es, desde octubre de 2024, vicepresidenta del Congreso Mundial Uigur. Ella dejó su hogar cuando tenía diez años y su familia sufrió persecución.

La Región Autónoma Uigur de Xinjiang, que comprende una sexta parte del territorio total de China, tiene tres veces el tamaño de Francia. Está en el extremo noroccidental de China; limita con el centro y sur de Asia y con la meseta tibetana.

Su población está compuesta por pueblos mayoritariamente musulmanes. En 1953, el 75 por ciento de la población se identificaba como uigur. En 2021, el porcentaje bajó al 45 por ciento. La razón de este descenso se relaciona con las políticas de fomento de la migración desde el este de China. Se volvió una razón de Estado para este país colonizar la región y desplazar a las minorías étnicas. Para ello, el régimen creó campos de internamiento, donde están recluidos más de un millón de uigures. El régimen chino se refiere a estos sitios como centros de formación profesional. En la práctica, han sido descritos como lugares de tortura y violencia.

“Usar whatsapp. Tener barba. Llevar un hiyab (velo que usan las mujeres musulmanas). Leer el Corán. Tener contactocon el extranjero, ésas son algunas de las razones por las cuales alguien puede convertirse en un objetivo para China”, explica Zumretay en inglés, durante una visita relámpago en Quito. Es ciudadana canadiense y reside en Europa, pero sabe que aunque se encuentre fuera de Xinjiang, el ojo omnipresente la vigila.

“He aprendido a vivir con eso. Tomo precauciones. Hace dos meses en Bosnia recibí amenazas de muerte. Hace poco enviaron a alguien a seguirme en Londres. Visité algunos países de América Latina en 2023, hubo presiones de las embajadas chinas para que se cancelaran los eventos académicos. Me han seguido en Australia y a colegas que iban a rendir testimonio les han intimidado con amenazas implícitas, recordándoles que tienen familia en China”.

Ella afirma que toda familia uigur tiene al menos un miembro que ha desaparecido en esos campos. Primero, los hombres fueron el objetivo, luego fueron tras las mujeres, asegura.

En la región Xinjiang viven unos 11 millones de uigures. La importancia del sitio es estratégica. Atesora un tercio de las reservas chinas de carbón, petróleo y gas. Pero además, es la puerta de entrada del proyecto de la Ruta de la Seda. Formalmente llamado Iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzado en 2013, es la apuesta del Estado chino para unir con infraestructura vial y ferroviaria los 10 mil kilómetros que separan china de Asia Central y Europa. La red parte desde la región de Xinjiang. Esto explicaría las razones por las cuales el gobierno chino endureció su política de represión contra el pueblo uigur, a partir de 2014, acusando a sus líderes de ‘separatistas’.

Qué dijo la ONU

Desde 2017 la ONU empezó a recibir denuncias sobre desapariciones de personas de origen uigur. Para junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió acceso a la región para investigar las denuncias. Se anunció que la intención era emitir un informe. Este documento oficial se publicó diez minutos antes de que la alta comisionada, la expresidenta Michelle Bachelet, dejara su cargo. Esto ocurrió el 31 de agosto de 2022, a las 23h47.

¿Las conclusiones? Se han cometido “graves violaciones de los derechos humanos en la región uigur”, dice el documento. “La ONU constata patrones de restricciones graves e indebidas a una amplia gama de derechos humanos” que se caracterizan por un “componente discriminatorio” ya que a menudo “afectan directa o indirectamente a los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas”.

Bachelet había realizado una visita oficial de seis días por China, gira que incluyó a la región Xianjiang. Sus detractores afirmaron que esa gira fue usada por el régimen con fines propagandísticos.

El documento estableció la falta de “base jurídica, motivos legales o garantías procesales para el internamiento” en los centros que China llama “de formación profesional y educación” (CFPE o VETC, por sus siglas en inglés). En ellos hay tortura, malos tratos, uso de grilletes y de  artefactos eléctricos. Pero además estableció que el estado chino prohíbe las prácticas religiosas y musulmanas, al destruir mezquitas, santuarios y cementerios.

Las autoridades colectan datos biométricos, lo que incluye el reconocimiento facial y escaneo del iris, a través de bases de datos de la policía. Se trata de una “vigilancia electrónica invasiva”, según el informe.

“En una sola equina se identificaron 15 cámaras de vigilancia, pero además los teléfonos celulares de los uigures tienen instalada una aplicación que registra todos sus movimientos. Alguien que recibe transferencias del exterior puede ser acusado de terrorismo”, advierte la activista que compartió su testimonio en Quito.

A partir de los indicadores, la plataforma identifica 36 tipos de personas. Así establece quiénes son los objetivos. A este grupo se le puede impedir acceder a un pasaporte, en unos casos, o confiscarles este documento, en otros. Con estas prácticas, se limita el viaje del uigures fuera de China.

Hay prácticas de esterilización forzada, que causaron un “fuerte descenso de las tasas de natalidad” en la región, cita el informe de la ONU.

La represión contra este grupo étnico y religioso es analizada en el especial China Targets (Objetivos de China), investigación transnacional, con 104 periodistas de 41 medios en 30 países.

Un ojo abierto en Quito

“Ecuador ostenta majestuosos paisajes naturales, ricos recursos y variados productos, su pueblo es laborioso y valiente”. Eso dijo el presidente chino Xi Jinping la tarde del 17 de noviembre de 2016.

El mandatario chino llegó a su gira de dos días por Ecuador, en su ruta a Perú. Desde el centro de respuesta a las emergencias ECU 911, proyecto con financiamiento y tecnología chinos, inauguró de manera remota la central Coca Codo Sinclair, a 200 kilómetros al sur de los andes, en la Amazonía norte.

Detrás de la logística del viaje presidencial había figuras clave. Entre ellas, destacaba la de un hombre nacido en septiembre de 1983, nacido en la provincia de Fujian.

Wei Fuyan había llegado a Ecuador en 2005 y consiguió trabajos de medio tiempo, mientras aprendía español. Para 2012 estableció la agencia de viajes Andywei Travel, ubicada en el  Hotel Quito, en un sector exclusivo del norte.

Al mismo tiempo, empezó a operar medios en su lengua nativa, dirigidos a la diáspora de sus connacionales en América Latina, según fuentes radicadas en China, consultadas por esta alianza.

Por su rol de liderazgo en estas asociaciones y sus relaciones cercanas con la embajada china, se volvió una figura prominente y un vocero ocasional para los medios estatales, a nombre de la comunidad migrante en América Latina.

En 2016, se volvió un activo miembro de asociaciones locales de ciudadanos chinos, alineados con el Partido Comunista Chino, revelan las mismas fuentes. Así, fue nombrado presidente del Semanario Chino en Ecuador.

Con ese cargo asistió a una conferencia de prensa organizada por el Frente Unido del Partido Comunista chino en Hebei. Pero además, llegó a ser miembro del equipo de voluntarios de la embajada china en Ecuador.

En 2020, en el contexto de la pandemia, creó canales de contacto para apoyar a sus connacionales en Ecuador. Hacia abril de 2023 ejercía las funciones de miembro del comité de la Federación de Chinos retornados del exterior; director de la federación de reunificación de China en Ecuador y director de la confederación de la colonia china en Ecuador.

Documentos confidenciales revelados por la alianza Vistazo – Código Vidrio en mayo de 2024 mostraban potenciales vínculos entre Wei Fuyan y el aparato gubernamental de su país, para vigilar a su comunidad establecida en Ecuador.

Un informe de la organización internacional SafeGuard Defenders, de 2022, evidenció la existencia de dos estaciones clandestinas chinas en Ecuador, tanto en Guayaquil como en Quito.

La localización de la agencia de espionaje y policía, en Quito, coincide con las oficinas de la agencia de viajes y la sede de la colonia china, ambas dirigidas por Fuyan, según la investigación periodística.

En 2023 Fuyan, de 41 años, viajó tres veces a China y una a Estados Unidos, según sus registros migratorios. A mediados de diciembre de 2023 se desplazó por tercera ocasión a su país de nacimiento, pero no volvió más a Ecuador. Al menos no existen registros de un ingreso oficial por los aeropuertos o puertos, por lo cual autoridades de Inteligencia no descartan que pudo regresar por tierra, por la frontera con Colombia.

Sin embargo, la agencia de viajes que creó continúa activa, aunque sin un sitio formal para su funcionamiento. Las oficinas que tenía en la planta baja del Hotel Quito cerraron en mayo de 2024, al igual que la sede de la colonia china, en el local contiguo, que en realidad eran un solo inmueble. Los registros financieros muestran que hasta enero pasado él seguía cobrando un sueldo mensual básico de 480 dólares, así como varios de sus colaboradores.

Desde enero de 2024, Fuyan enfrenta una indagación previa por defraudación tributaria, que tramita en la Fiscalía de Administración Pública en Quito. Averiguamos el avance de la investigación en el Ministerio Público y nos dijeron que se mantiene reservada. Ese caso se abrió un año después de que funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) clausurarán la Agencia Andywei Travel, por supuesta evasión y otros problemas tributarios. No obstante el proceso fue cerrado poco tiempo después y no avanzó en esa entidad, sin explicaciones aparentes, según fuentes consultadas.

Fuyan fundó dos empresas que están activas, según registros de la Superintendencia de Compañías. Además de la agencia de viajes, en 2017 formó una compañía consultora, ubicada en la calle Roca y 9 de octubre en Quito. Su razón social es prestar servicios de asesoramiento empresarial y de importaciones. En las dos compañías Fuyan aparece como gerente. Él actualmente tiene cuentas activas en dos bancos en Quito con un saldo de más de 10 mil dólares.

Su socia en la firma consultora, que mantiene sus cifras en rojo, es otra ciudadana china, de 37 años. Ella también posee otra empresa de turismo, creada en 2019. Está ubicada en la avenida Amazonas y Colón, en un edificio de oficinas. Gerencia la compañía y tiene otro socio de nacionalidad china. Tampoco reporta ingresos ni ganancias, solo pérdidas.

Fuentes de Inteligencia consultadas para esta investigación estiman que los tres serían las cabezas de operaciones de espionaje y seguimiento, así como otras actividades subterráneas.

Las autoridades de la embajada china en Quito no respondieron nuestra solicitud de una entrevista.

Falun Dafa, a escondidas del dragón

Miguel (nombre protegido) es un profesional ecuatoriano. Hace 11 años inició una práctica que, afirma, no solo cambió su vida sino que le permitió enfrentar los desafíos cotidiano sobre la base de tres principios: Verdad, Benevolencia y Tolerancia.

Con ejercicios físicos y meditación empezó a cultivar la práctica del Falun Dafa, que también es conocida como Falun Gong.

“Es algo totalmente voluntario, libre y gratuito, es una disciplina que se realiza al aire libre”, explica en un parque concurrido del norte de Quito.

Miguel asumió la vocería del grupo para proteger a los practicantes de origen chino. En ese país, esta disciplina es prohibida. Sus simpatizantes son privados de la libertad cuando la policía los encuentra realizando Falun Dafa.

La práctica se difundió a partir de 1992. Su iniciador, Li Hongzhi, compartió los principios y rápidamente empezó a tener seguidores. En los primeros siete años, había más de cien millones de chinos practicando estos ejercicios en parques públicos, explica la asociación de Falun Dafa en Argentina. Una de las posibles explicaciones menciona que una población con una tradición espiritual cinco veces milenaria buscaba una respuestas a las presiones diarias y las encontró en esta disciplina.

“Esta gran adhesión y popularidad que cobró Falun Dafa o Falun Gong significó una amenaza para el entonces cabecilla chino, Jiang Zemin. El Partido Comunista Chino lanzó una sistemática persecución en 1999 y creó la oficina 610, una especie de Gestapo china”, según la asociación argentina.

Hay cientos de miles de practicantes en centros de detención, campos de trabajo y prisiones, relata M. Y hay innumerables víctimas.

Ante la persecución, desde 2006, la justicia en Argentina decidió investigar y juzgar los crímenes que se estarían cometiendo en contra de los practicantes de esta disciplina.

En Argentina, la causa se mantiene abierta sobre la base del principio de jurisdicción universal. En España un proceso judicial se instauró en 2007.

En ese año se hizo público el informe “Cosecha Sangrienta”. Dos académicos, David Matas, abogado experto en DD.HH. y David Kilgour, ex parlamentario canadiense y exsecretario de Estado de Canadá para la región Asia Pacífico investigaron la posible extirpación de órganos a practicantes de Falun Gong detenidos en China. Comisiones parlamentarias de Reino Unido y la Unión Europea crearon espacios para indagar la denuncia. Ante ellas rindió testimonio Cheng Pei Ming, quien afirma haber sido detenido cinco veces por su práctica religiosa. En 2004, habría sido sometido a un procedimiento de extracción parcial del hígado y de uno de sus pulmones. Según su versión escapó en 2006 y se mantuvo oculto, hasta que en 2020, ya fuera de China, rindió testimonio del procedimiento. Se sometió a exámenes médicos que corroboraron la realización de los procedimientos quirúrgicos.

La Coalición Internacional para poner Fin al Abuso de Transplantes en China (ETAC, por sus siglas en inglés) es una organización australiana que busca esclarecer la verdad sobre estos hechos.

Sobre el tema, el régimen chino no se ha pronunciado. Esta alianza pidió contactarse con la embajada de ese país, pero no obtuvo respuesta.

El gobierno chino sí ha hecho pública su versión sobre Falun Gong. Su creador “fabrica y propaga falacias antihumanas y anticientíficas e implementa control mental extremo sobre sus creyentes, por lo que constituye un grave daño a la sociedad y viola los derechos humanos”, según un comunicado de la embajada china en México. Según esta información, los practicantes creen equivocadamente que no se enfermarán. Y cita estadísticas según las cuales más de mil creyentes murieron porque no buscaron tratamiento médico cuando enfermaron.

Esta comunicación oficial del gobierno chino en México se difundió en mayo de 2022, a propósito del anuncio del espectáculo “Shen Yun”. “Se propaga que el espectáculo ‘revive la cultura tradicional china destruida’”, afirma la embajada. En su versión, bajo el disfraz de espectáculos artísticos se promueven las creencias de este grupo religioso y el contenido artístico ataca al régimen chino.

En mayo de 2015 se canceló “por motivos de fuerza mayor” un espectáculo de danza titulado “El Rey Mono”, que debía realizarse en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de Quito. Organizado por la compañía “Shen Yun”, el evento fue promocionado pero el escenario anunció cuatro días antes de la presentación que las instalaciones pasaban a mantenimiento por disposición de la autoridad nacional de riesgos.

Según la asociación Falun Dafa, detrás de la cancelación estuvo un pedido diplomático chino al más alto nivel.

M., el vocero de los practicantes de Falun Dafa en Quito, explica que los chinos que ejercitan la disciplina lo hacen en espacios públicos, en forma voluntaria y pacífica.

El supuesto líder de una estructura de narcolavado vinculada con CDF tiene orden de prisión, aunque está en España. La agencia de seguridad de EE.UU. emitió una alerta por terrorismo en su contra, según consta en el expediente judicial. La audiencia de juicio contra el resto de implicados, incluidos los hijos del acusado, se realiza en Quito. El grupo intentó dejar sin efecto las órdenes de prisión que se dictó inicialmente contra miembros de la organización, intentando sobornar a tres jueces anticorrupción, que están bajo indagación de la Fiscalía.

Alianza Código Vidrio y Vistazo

No sería coincidencia. La audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada contra 13 procesados en un caso que vincula a los Comandos de la Frontera se reinstalaba en su tercer día. En medio de esa jornada, una masacre provocada por esa organización narcoterrorista quitaba la vida a 11 militares del Ejército, quienes participaban en una operación de control de minería ilegal en el sector de Sardinas, en Alto Punino, provincia de Orellana.

Fue una matanza sin precedentes contra uniformados, por parte del grupo criminal de origen colombiano, que se ha adentrado en Ecuador y Perú, según la investigación transnacional de Ojo Público y Código Vidrio publicada a fines de abril.https://ojo-publico.com/tag/comandos-frontera  https://www.codigovidrio.com/code/la-sombra-de-los-comandos-de-la-frontera-se-expande-desde-colombia-a-ecuador-y-peru/

En la jornada de este sábado 10 de mayo, Fiscalía presentaba los medios probatorios contra los 13 acusados. Varios de ellos fueron detenidos la madrugada del 29 de agosto de 2024, mediante operativos simultáneos en las provincias de Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Guayas y Orellana.

En los allanamientos conjuntos, en coordinación con la Policía, Fiscalía incautó siete vehículos de alta gama, 29 terminales móviles, 16 armas, municiones, computadoras, 100 mil dólares en efectivo y otros indicios. Según la información policial, los bienes incautados y las cuentas bancarias dentro del sistema financiero ascienden a unos USD 200 millones.

El informe de seguimientos y vigilancias, los reportes telefónicos y el contexto de los diálogos revelan conexiones con tráfico de drogas, armas, sicariato y lavado de activos. Por ello a inicios de septiembre la justicia dispuso su prisión preventiva. A mediados de enero, la Fiscalía pidió la vinculación de cuatro personas más, incluyendo a quien en los diálogos aparece identificado como ‘Gerente’.

Se trata del presunto cerebro de la estructura de lavado de activos vinculada con los Comandos de la Frontera. Él se encuentra radicado en España, “en una zona de alto nivel económico de Madrid, en una propiedad a nombre de una empresa”, según el expediente revisado por esta alianza. A fines de febrero, el tribunal de Alzada de la sala especial para juzgamiento de delitos de corrupción negó el pedido de apelación a la prisión preventiva, presentado por ‘Gerente’ y otro procesado. Este Tribunal está integrado por los jueces Mabel Tapia, Esteban Coronel y Lauro Sánchez.

El delegado de Fiscalía, Roberto Torres, sustentó en la audiencia en la que se tramitaba el pedido de apelación que el posible líder financiero de la estructura tiene movimientos económicos superiores a 5,5 millones de dólares.

“Estados Unidos emitió una alerta por terrorismo relacionada con el acusado”, insistió el delegado de Fiscalía, al aclarar que “se considera que esta persona representa una amenaza significativa para la seguridad nacional e internacional, porque las alertas de terrorismo suelen ser emitidas por agencias de seguridad y pueden implicar acciones como como búsqueda y detención de individuos como este ciudadano”.

Durante la audiencia, su defensa había insistido en que desconocía a los vinculados con la estructura.

‘Gerente’ coadministra dos empresas legalmente constituidas en España. Se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles en Mahadahonda (Madrid), según el proceso judicial. Este expediente contiene las conclusiones del tribunal que ratificó la orden de prisión preventiva en contra de ‘Gerente’, aunque está fuera del país. “Los elementos permiten presuntamente establecer su relación dentro de esta organización criminal como líder, permitiendo el ingreso de fondos ilícitos a su patrimonio, y mediante eso la generación de empresas, la compra de vehículos, la compra de inmuebles que permiten la integración de capitales provenientes de actividades ilegales al sistema financiero nacional, elementos de convicción suficientes para determinar su presunta participación dentro de la actividad de delincuencia organizada, con la finalidad de tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de activos, puesto que se verifica que sus actividades son referentes a la infiltración de capitales provenientes de actividades ilícitas”.

Entre los detenidos a fines de agosto se encuentran dos hijos de ‘Gerente’, quienes en registros del sistema nacional de compañías aparecen como administradores de empresas. El conglomerado societario surgió de un consorcio ferretero constituido en Lago Agrio, en Sucumbíos. La economía de esa provincia ha sido, por décadas, dinamizada por recursos provenientes de actividades ilegales, relacionadas con el narcotráfico. Uno de los motores han sido precisamente los Comandos de la Frontera, y anteriormente el Frente 48 de las FARC, donde ese grupo criminal nació.

A lo largo del proceso judicial, la defensa de ‘Gerente’ argumentó que los ingresos del grupo familiar tienen un origen lícito, por lo que es ilegal la detención de los dos hijos del presunto cerebro financiero.

Desde comienzos de este año se hicieron evidentes los esfuerzos de esta estructura por boicotear y detener el avance del proceso judicial. Primero, en enero, la Policía alertó que desarticuló una red de corrupción que intentaba dejar sin efecto las órdenes de prisión emitidas contra los hijos de ‘Gerente’, pagando sobornos a los jueces de primera instancia. Se trata de los  jueces anticorrupción, que inicialmente conocieron el caso: Gabriela Lara, Christian Quito y Jairo García, quienes fueron involucrados en la trama.

La Fiscalía ha denominado este caso como ‘Pantalla’. Los tres jueces, que están radicados en Quito y estuvieron inicialmente detenidos, iban a recibir pagos a cambio de dictar las órdenes de libertad a favor de los detenidos.

En el territorio amazónico del norte ecuatoriano, los Comandos de la Frontera (CDF) buscan mantener la hegemonía en la actividad de narcotráfico, en las distintas etapas de la cadena de producción y distribución.

Derivaron del frente 48 de las FARC. Se integraron a ‘La Constru’, que manejaba los vínculos con distintos carteles. Su líder, el colombiano ‘Araña’, detenido en febrero en Bogotá, armó su estructura de operación. Una figura destacada fue Juan Carlos Chulca, alias ‘Chabalo’, que manejaba el transporte desde Putumayo al Ecuador y a las provincias con salida al Pacífico. Fue detenido a mediados de 2024.

En su búsqueda de hegemonía territorial y para ampliar su portafolio delictivo, CDF quieren consolidarse como actores predominantes en la minería ilegal en Orellana, al sur de Sucumbíos. Y para ello se aliaron con Los Lobos. En tanto los grupos locales de Orellana pidieron protección de Los Choneros. La violenta disputa por el control de minería ilegal, que implica cobro de vacunas y extorsiones, ha dejado al momento casi 80 víctimas entre ambas provincias, en lo que va de este año.

Por lo menos media docena de hechos violentos se han producido en ambas provincias desde inicios del año pasado, en cantones como Joya de los Sachas, en Orellana, y en Lago Agrio, Sucumbíos.

El más violento, descrito como una masacre por el uso de armas de largo alcance y artefactos detonantes, causó la vida de once militares, el viernes nueve de mayo.

OBJETIVOS DE CHINA ⊗ La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) expone cómo Pekin abusa de las instituciones internacionales, incluidas Interpol y las Naciones Unidas, para aterrorizar a sus críticos y extender sus tácticas represivas a todo el mundo. También los alcances del seguimiento en varios países, incluido Ecuador.  

Por Whitney Joiner, Scilla Alecci y equipo de ICIJ

China Targets es una investigación transfronteriza dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que descubre el enorme alcance y las tácticas aterradoras de la campaña de Beijing para atacar a los críticos del régimen que viven en el extranjero.

La investigación de 10 meses también revela cómo las Naciones Unidas se han convertido en una plataforma para la represión transnacional de China bajo el régimen de Xi Jinping, y cómo las autoridades chinas abusan de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticos.

En Ecuador los medios Código Vidrio y Revista Vistazo fueron parte de esta investigación global. Publicaron dos reportajes sobre cómo la policía secreta china sigue operando en Ecuador, con empresarios de fachada, para espiar y seguir a los emigrantes y el funcionamiento de una red de tráfico de personas desde Ecuador a EE.UU., encabezada por seis coyotes chinos.

El ICIJ y 42 medios de comunicación asociados entrevistaron a 105 personas en 23 países que han sido blanco de las autoridades chinas en los últimos años por criticar las políticas gubernamentales, tanto en público como en privado. Entre estas personas se incluyen disidentes políticos chinos y de Hong Kong, así como miembros de las minorías uigur y tibetana oprimidas.

Los periodistas tomaron medidas de seguridad extraordinarias para proteger la identidad de las víctimas (muchas de las cuales pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ellas o sus familias) y para corroborar la evidencia del acoso patrocinado por el Estado.

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El ICIJ y sus socios estudiaron documentos internos del gobierno, examinaron grabaciones secretas de audio y video de interrogatorios policiales y analizaron registros confidenciales de la ONU y de Interpol, archivos judiciales e informes de inteligencia para analizar el alcance autoritario de Beijing. Registros gubernamentales chinos, nunca antes vistos, que abarcan el período 2001-2020, incluyendo un libro de texto policial interno y pautas de seguridad confidenciales, brindaron una visión única del manual de estrategias de China para reprimir la disidencia.

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Estos documentos, cuidadosamente guardados, detallaban, en palabras de las propias autoridades chinas, cómo los agentes de seguridad nacional debían identificar y controlar a los objetivos. Las directrices de seguridad establecieron un modelo de represión que las autoridades chinas utilizan actualmente contra las víctimas en el extranjero, según el ICIJ.

La mitad de las 105 víctimas entrevistadas por el ICIJ y sus medios de comunicación asociados afirmaron que sus familiares en China habían sido intimidados e interrogados por la policía o agentes de seguridad del Estado. Varios afirmaron que la intimidación se produjo apenas horas después de que las víctimas participaran en protestas o actos públicos en el extranjero.

Sesenta de las víctimas creían haber sido seguidas o vigiladas en su país de adopción. Veintidós víctimas afirmaron haber recibido amenazas físicas o haber sido agredidas por civiles que apoyaban abiertamente al Partido Comunista Chino (PCCh). Diecinueve dijeron haber recibido correos electrónicos sospechosos o haber sufrido intentos de piratería informática, incluso por parte de agentes estatales.

Investigaciones previas del ICIJ expusieron las políticas represivas de Pekín contra las minorías musulmanas en China, parte del amplio programa gubernamental de vigilancia masiva y control demográfico. China Targets documenta cómo, bajo el mandato de Xi, las autoridades han exportado y expandido algunas de esas tácticas represivas, en un esfuerzo por neutralizar a individuos percibidos como amenazas a la seguridad nacional, incluso estando fuera de las fronteras del país.

El efecto de esta intimidación patrocinada por el Estado es tan poderoso que muchos activistas y minorías étnicas en el extranjero han abandonado su labor de defensa por temor a que sus familias en sus países de origen puedan sufrir daños o ser encarceladas.

El ICIJ descubrió que ni siquiera Ginebra —a la que las Naciones Unidas llama la “capital de la paz” debido a su papel como sede europea de la ONU y de organizaciones internacionales dedicadas a la diplomacia y los derechos humanos— estaba fuera del aterrador alcance del gobierno chino.

Activistas de derechos humanos y abogados declararon al ICIJ haber sido vigilados, acosados ​​o intimidados por personas que consideran diplomáticos chinos o representantes del gobierno, incluyendo delegados de organizaciones no gubernamentales. La ONU otorga a miles de ONG estatus consultivo, lo que les otorga ciertos privilegios con la expectativa de que actúen sin interferencia gubernamental. Sin embargo, un análisis del ICIJ de 106 ONG de este tipo de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán reveló que 59 tienen vínculos estrechos con el gobierno chino o el Partido Comunista.

Las autoridades chinas también abusan de Interpol, el mayor mecanismo mundial de cooperación policial, según descubrieron el ICIJ y sus socios. A través de Interpol, China persigue a disidentes, empresarios influyentes y defensores de los derechos de los uigures, en aparente violación de las normas de Interpol. Muchos objetivos descubrieron que eran buscados solo después de ser detenidos en un control fronterizo.

China Targets revela el alcance de la represión contra manifestantes durante los viajes de Xi Jinping al extranjero. Durante al menos siete de las 31 visitas de Xi al extranjero entre 2019 y 2024, las fuerzas del orden locales vulneraron el derecho de decenas de manifestantes a proteger al presidente chino de la disidencia, deteniendo o arrestando a activistas, a menudo por motivos espurios. En los casos analizados por ICIJ, la campaña para silenciar a los opositores al Partido Comunista parece haber involucrado a las fuerzas del orden locales en los países anfitriones, lo que revela hasta qué punto China ejerce su poder político y económico para presionar a gobiernos e instituciones extranjeros a que se sometan a su voluntad.