El narco Milovac lideró operaciones de cartel serbio en Ecuador

Durante 11 años se ingenió para vivir en Ecuador como un fantasma, en las sombras. Sin ser notado. Pero desde noviembre de 2020 hasta el 12 de enero de 2021, Milan Milovac ya era un muerto viviente. Los últimos 60 días de su vida se convirtieron en un enigma; sin embargo, esto no es nada comparado con el misterio de sus actividades clandestinas en Guayaquil.

Por Maria Belén Arroyo (Ecuador) y Jelena Zoric (Serbia)

Investigación con el apoyo de Global Initiative against Organized Crime y el Instituto Prensa y Sociedad, en alianza con Vistazo y Código Vidrio

Fue sentenciado a cumplir una condena de 11 años por cargos de narcotráfico en Serbia; pero logró evitar la prisión. Se escabulló de Interpol que estaba tras su pista y finalmente aterrizó en Guayaquil, después de 2009.

El tiempo de su llegada era perfecto. Las autoridades ecuatorianas desmantelaban el esquema de control migratorio, bajo el ideario garantista de la ciudadanía universal, declarada en la Constitución aprobada en 2008. El Ministerio del Interior de la época se convirtió en el representante legal de la Policía y como consecuencia, funcionarios civiles de ese ministerio terminaron a cargo del control migratorio en aeropuertos. La seguridad no era una prioridad, tampoco el uso de tecnología para prevenir la llegada de visitantes con pasado criminal.

Milovac sacó ventaja de esa atmósfera benevolente hacia los visitantes extranjeros. En Ecuador, obtuvo una identidad falsa como ciudadano ecuatoriano, bajo el nombre de Marko Patricio Markovic Gómez. Aunque había nacido en 1974, en el documento ecuatoriano declaró ser cinco años más joven, como si hubiera nacido en 1979.

Obtuvo la identidad y documentos ecuatorianos en forma fraudulenta. Con certeza pagó por este servicio. Sus huellas digitales no coinciden con la tarjeta índice de la oficina del Registro Civil. Esto se estableció luego de su muerte, en enero de 2021. Por cierto, en sus documentos ecuatorianos declaraba ser soltero.

Cabeza de un cartel serbio

Todo indica que Milovac era el representante local de un cartel Serbio, dirigido por el barón de la cocaína Darko Sarik, según las investigaciones oficiales en ese país de los Balcanes.

Milovac tenía experiencia en el trato con distribuidores colombianos, porque en el pasado había trabajado para una organización criminal italiana. Inclusive, estaba familiarizado con el castellano por este trabajo previo. Desde Guayaquil, estaba a cargo de tratar con un proveedor colombiano, probablemente asentado en el municipio de Pasto. Entre sus obligaciones constaba el envío de la droga desde el puerto de Guayaquil, camuflada entre productos de exportación perecibles en contenedores.

A la izquierda Darko Saric, que ordenó la ejecución de Milan Milovac (Der.)

Los reportes muestran que para inicios de 2020, Darko Saric recibió una voz de alarma por parte de otro colaborador (Petar Cosic). Le reportaba que Milovac empezó a trabajar por su cuenta, había establecido vínculos directos con el proveedor. Para Saric, esto era un acto de traición. Entonces ordenó ejecutar al fantasma escondido en Ecuador.

Su vida secreta en Guayaquil

Milovac no sabía que su sentencia de muerte estaba firmada desde Belgrado, donde Saric cumplía arresto domiciliario por drogas.

Bajo la fachada de un exitoso empresario, desde 2020 vivía en una villa rentada en una urbanización exclusiva, entre Guayaquil y Samborondón. Esta zona cuenta con guardianía privada, acceso controlado con dispositivo electrónico (tag). Vivía en una de las 150 casas, algunas de las cuales están avaluadas en más de 400 mil dólares. Vivía solo, aunque frecuentemente era visitado por una mujer a la que presentó como su novia y por un amigo, un empresario de la construcción. Su círculo de amigos era pequeño. Sin embargo, de vez en cuando frecuentaba bares y cosumía licores costosos.

La Superintendencia de Compañías no tiene registro de Milovac (ni tampoco de Markovik) como representante, gerente o accionista de compañía alguna en Ecuador. El Servicio de Rentas Internas (SRI) lo registra como contribuyente; sin embargo, el único impuesto que llegó a pagar en cinco años fue el impuesto de salida de capitales. La cantidad es insignificante: 70 centavos de dólar en 2019. La información de sus ingresos no está reportada, no llegó a declarar sus cifras de 2021.

Este caso muestra la debilidad del sistema de control de lavado de activos en el país, explica un experto para este informe. La normativa nacional exige que personas naturales y jurídicas que realicen transacciones inusuales e injustificadas a partir de los diez mil dólares sean rastreadas. Él se las arregló para pasar debajo del radar. Entre enero de 2016 y marzo de 2020, en Ecuador se obtuvieron 12 sentencias condenatorias por lavado de activos, según un estudio especializado del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, de la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF). “El promedio de tres sentencias condenatorias por año ubica al Ecuador como uno de los países con menor cantidad de resoluciones de la región”, concluye el reporte, al citar que hay un “alto grado de impunidad”. De hecho, el sistema judicial es débil, vulnerable y corrompible.

Aún podría votar

Que Milovac se fraguó una identidad falsa en Ecuador solo saltó a la luz tras su muerte, cuando su familia envió desde los Balcanes la copia de su pasaporte. Este muestra que tuvo la nacionalidad croata.

Por eso no deja de ser irónico que como ciudadano ecuatoriano Marko Patricio Markovic Gómez estaba habilitado para votar en las últimas elecciones de febrero de 2023. Los registros electorales reflejan que aunque murió hace dos años sigue inscrito en Empalme (provincia de Guayas) en la junta 42. En la zona donde está registrado hay presencia de actividades relacionadas con carteles de la droga.

Este caso muestra a un fantasma de los Balcanes, vinculado con narcotráfico, en pleno uso de sus derechos políticos.

 El hombre que sobrevivió dos veces

“Planeo enviar un sicario menor de edad, de tal manera que luego de liquidarlo (a Milovac) si es capturado, el joven sicario salga fácilmente de la prisión”.  Queda claro que los autores intelectuales del crimen de Milovac estaban muy al tanto de las vulnerabilidades judiciales del Ecuador. Un asesino sale fácilmente de la cárcel.

Los chats citados, encriptados en la plataforma Sky, fueron conocidos por las autoridades serbias cuando el zar de la cocaína de ese país, Darko Saric, fue condenado nuevamente en abril de 2022, acusado de ser la cabeza de una organización de narcotráfico. Fue entonces cuando los investigadores de los Balcanes se dieron cuenta que él fue el mentalizador del crimen de Milovac en un país lejano.

Milovac (alias Markovic) tuvo la suerte de sobrevivir dos veces. El primer ataque en su contra fue el 13 de noviembre de 2020. Era un viernes, pero él no era supersticioso. Cerca de la una de la tarde manejaba su carro 4 x 4 Ford Explorer, cuando dos sicarios en una motocicleta se acercaron y le dispararon. Recibió heridas en el cuello y el brazo izquierdo. Perdió el control del carro y se estrelló contra un poste. Una ambulancia del sistema 911 lo condujo a un hospital privado de Guayaquil.

Seis días luego del primer atentado, los autores intelectuales estaban desesperados y decidieron terminar el trabajo. dos semanas más tarde entraron en pánico. “Nos escriben que el hijo de puta tiene custodia de 24 horas, hay que matarlo y a los guardias, de ser necesario”. El último día de noviembre, los sicarios estaban listos para rematarlo, según se lee en los chats.

El 5 de diciembre era un día sábado. El colombiano Herley Perlaza entró a la clínica privada usando una cédula falsa. La identidad correspondía al ciudadano ecuatoriano Johnny Piguave. La policía lo capturó con dos teléfonos celulares y dos identificaciones diferentes. Él declaró que su único objetivo era advertir a Milovac que debía mantener la boca cerrada. Los agentes no le creyeron, pensaron que iba a liquidar al herido. 24 horas más tarde, la información de la nueva fallida ejecución llegó hasta Serbia. “Uno de los chicos está detenido en la estación de policía, pero está limpio, sin armas, sin celular, está preso por uso de documento falso”.

En primera instancia, Perlaza fue juzgado por intento de asesinato y detenido en una cárcel de Guayaquil. Pero el fiscal no halló evidencia sólida para sostener la teoría del crimen y reformuló cargos. Así, el acusado fue procesado por el uso de un documento falso. Diez meses después fue condenado a 18 meses en prisión, ya que aceptó los cargos de uso de documento falso y el procedimiento fue abreviado.

En noviembre del 2020, el croata Milovac sufrió un atentado mientras conducía este vehículo Ford en Guayaquil.

El desenlace

Las investigaciones locales revelan que Milovac estaba consciente en el hospital. Fue interrogado por la policía el 8 de diciembre de 2020. Aseguró no tener enemigos. Como no podía firmar su declaración, para hacerlo oficial estampó su huella dactilar. Siete días más tarde los investigadores hicieron un análisis de riesgo. La hipótesis de su participación en una organización de narcotráfico estaba justificada. Como consecuencia fue incluido en el Programa Nacional de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Pero poco antes de Navidad, el 21 de diciembre, su novia informó a las autoridades locales que él voluntariamente renunciaba a su estatus de protección. Supuestamente, todo estaba listo para que viajara a Europa.

Todo parece indicar que en su residencia se instaló una especie de clínica equipada para su recuperación, con servicio de médico y enfermera. Hacia las 6 de la tarde del lunes 11 de enero de 2021, el paciente dejó el hospital privado y fue conducido a su vivienda. Pero, horas más tarde (3 de la mañana del día 12), el servicio del ECU-911 recibió la llamada de emergencia. Una ambulancia lo llevó de regreso al hospital que había dejado horas antes. Al arribar fue declarado muerto.

El documento oficial de autopsia fue emitido a las 6 de la mañana, ese 12 de enero. Confirmaba heridas en la parte posterior del cuello, la parte posterior del hombro izquierdo y estableció una tercera herida: una cicatriz de diez centímetros en el abdomen. Un investigador comentó, a condición de anonimato, que la hipótesis del trabajo final (ejecución) no puede ser descartada.

El caso aún se investiga en Ecuador, bajo extrema reserva. En enero, autoridades judiciales de Croacia requirieron toda la información, basándose en la figura de una Asistencia Penal Internacional.

El misterioso albanés y sus jugosos negocios en Ecuador

Un ciudadano albanés, nacido en 1976 y afincado en Ecuador desde 2013, es uno de los personajes claves en el caso que la policía investigó, en forma reservada, en 2021. El entramado involucra a Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. Cherres, hoy prófugo de la justicia, fue socio comercial del albanés Dritan Gjika en varias empresas.

María Belén Arroyo en Quito, Fatjona Medjini y Dorjana Bezat, desde Tirana (Albania).
Alianza Vistazo-Código Vidrio

Dritan Gjika, según los registros de su país, alcanzó estudios en bachillerato. Sin embargo, en Ecuador sus finanzas despuntaron en la pandemia.

Entre 2015 y 2018, el albanés no pagó impuesto a la renta, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). En 2019 y 2020, el valor que tributó superó los 500 dólares, en cada uno de esos años. Pero en 2021, pagó 15.342 dólares por concepto de impuesto a la renta, en tanto que el impuesto a la salida de divisas ese año superó los 3.700 dólares. En 2022, no pagó impuesto a la renta; pero sí contribuyó con 1.805 dólares por salida de divisas.

¿Cuál era la lucrativa actividad de Gjika en Ecuador? Gjika constituyó una docena de empresas, el mismo día, 17 de junio de 2021, en conjunto con Rubén Cherres

Lo curioso de las empresas constituidas en forma simultánea es que tienen un amplio rango de objetos sociales, van desde la producción de cárnicos, pasando por turismo y promoción de espectáculos, según documentos que constan en la investigación que realizó el despacho del asambleísta Ricardo Vanegas.

El informe policial del caso León de Troya recogió seguimientos pormenorizados al albanés y al empresario (petrolero) Rubén Cherres.

Cherres, en su registro de identidad, consta como discapacitado y cita como su profesión la de “petrolero”, sin mayor explicación.

Según la policía estatal albanesa, Gjika no tiene un registro criminal y no ha sido arrestado por la policía de ese país. En septiembre de 2021, sin embargo, la policía italiana lo deportó desde Treviso (Italia), por no reunir la documentación necesaria para entrar en ese país.

Los registros indican que viajó entre Albania y Dubai. Para investigadores especializados, Dubai, uno de los siete emiratos árabes, es un destino privilegiado para el lavado de activos. Eso lo explica, desde la capital albanesa Tirana, la periodista Fatjona Medjini, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado.

El siete de enero de este año, en víspera de la difusión de los primeros audios que destaparon el caso, el albanés Gjika partió hacia Turquía. Desde entonces, no se conoce de su paradero. La falta de continuidad en la investigación policial ecuatoriana le permitió esfumarse.

Radiografía de la llegada de albaneses y su fachada de empresarios

Fuente: Equipo de asesores del asambleísta Ricardo Vanegas

 

El escándalo sobre posible actos de corrupción (tráfico de influencias y sobornos) de la estructura integrada por Cherres generó una investigación en el legislativo. Pero el remezón que provocó la denuncia contra el Gobierno entró en pausa forzada, por cuenta de los errores de fondo y forma que cometió la Asamblea en su intento, hasta ahora fallido, de llevar al presidente Lasso a juicio político.

Con apoyo de Global Initiative Against Organized Crime 

Mineros armados emboscan a militares en Imbabura

Un convoy militar y policial fue atacado por delincuentes que trabajarían con la banda de Los Lobos en Lita, Imbabura. Las organizaciones criminales y mineros ilegales volvieron a la mina de Buenos Aires, desde el año pasado. Retomaron la explotación de oro y otros minerales en mina Vieja, mina Nueva y el Olivo.
 

Redacción Código Vidrio

La disputa por el control de las minas de Buenos Aires, en Imbabura, escala peligrosamente. Un convoy militar y policial fue atacado ayer, 21 de marzo, en Lita, Imbabura, por delincuentes que trabajarían con la banda de Los Lobos en minería ilegal. La emboscada ocurrió en la vía Rocafuerte-Alpala, cerca de la parroquia Lita, de Ibarra.

Informes militares y policiales, a los que accedió Código Vidrio, indican que se trató de un ataque armado violento, luego de que la víspera una patrulla militar detuviera a una camioneta que transportaba material aurífero obtenido ilegalmente.

Eran aproximadamente las cuatro de la mañana cuando los uniformados avistaron a un vehículo que se detuvo metros antes del control militar, en el sector de La Esperanza de Río Verde. Al ver a los uniformados, sus ocupantes abandonaron el automóvil y huyeron entre la vegetación de la zona montañosa.

Horas después de incautar el vehículo, los miembros del Ejército fueron atacados por armados que les dispararon con armas largas desde diferentes sitios elevados, ocultos entre las lomas circundantes.

En medio de la balacera, una segunda camioneta llegó al lugar a gran velocidad con mineros ilegales. Al esquivar el control militar golpearon la puerta de un vehículo oficial y se dieron a la fuga.

Un militar custodia la camioneta que fue retenida con bultos de material aurífero extraído de Buenos Aires. Poco después, mineros armados atacaron al convoy militar que vigilaba el automóvil y lo recuperaron. Foto cortesía

No hubo detenidos, tampoco heridos ni fallecidos. Después llegaron más militares y un convoy de policías para reforzar el control, evacuar la zona y sacar la camioneta confiscada.

Sin embargo, a la altura de la zona de Cachaco, en la parroquia Lita, el paso de los vehículos policiales y militares fue bloqueado. Un camión, dos camionetas doble cabina y un Jeep SZ ( todos sin placas) interrumpieron el paso de los uniformados. A los pocos minutos llegaron unas 50 personas afrodescendientes armadas con piedras y palos, según un reporte policial.

En pocos minutos, los atacantes obligaron a militares y policías a replegarse; recuperaron la camioneta y bajaron los bultos de material mineralizado del vehículo, ubicándolos a un costado de la vía. Luego ocultaron el automotor en una propiedad cercana.

El ataque a la fuerza pública fue analizado ayer en reuniones realizadas tanto en el Comando Policial de Imbabura como en el Comando Operacional 1 “Norte” del Ejército.

Bandas, grupos amados y narcos

Militares y policías tienen informes de una reactivación acelerada de minería ilegal en Buenos Aires. De hecho, los mineros ahora han reforzado sus actividades delictivas con el apoyo de bandas vinculadas al narcotráfico y grupos ilegales de Colombia.

Los seis últimos meses, los sectores más conflictivos son el Triunfo y  Buenos Aires. Allí los mineros ilegales se concentran en tres zonas: Mina Nueva, Mina Vieja y el Olivo.

Estas zonas remotas, de difícil acceso, se han convertido en los puntos claves para las organizaciones criminales, que se han asentado ahí evadiendo los controles de los uniformados, tras cinco horas de caminata.

Para extraer el oro han diseñado esquemas de transporte a base de poleas en toda la zona. Además, abrieron un centenar de rutas de mulares. Todas conectan con accesos a las localidades de Alpala, Rio Verde y Lita.

A los tres sectores han llegado cientos de personas de distintas provincias. Comuneros de Buenos Aires y El Triunfo, que son las dos localidades más pobladas, dicen que desde el año pasado la minería ilegal volvió a cobrar fuerza, tras el desalojo masivo de 2019. En julio de ese año, unos 2.400 policías y militares tomaron control de esa zona que era ocupada por unos 8 mil mineros ilegales que operaban para grupos de delincuencia organizada.


Este sector está concesionado a la empresa minera Hanrine, que ha tenido serios problemas para operar, en medio de ataques hostiles de mineros ilegales y protestas de habitantes opuestos a sus actividades. 


 

Código Vidrio entrevistó a lugareños de las dos zonas, quienes pidieron no revelar su identidad. Contaron que cada semana llegan buses repletos de ecuatorianos y extranjeros que se adentran en las montañas para llegar a las minas. “Los restaurantes volvieron a llenarse y los hoteles están repletos. La Policía y militares poco pueden hacer porque los mineros ilegales los superan en número”, dice una joven oriunda de Buenos Aires.

Los militares realizan constantes operativos de incautación de bultos con oro mineralizado de Buenos Aires. Foto cortesía

Los datos de Fuerzas Armadas también lo confirman. Existen 200 uniformados para realizar operaciones en toda la zona. De ese grupo, la mitad se adentra a las minas para incautar las cargas ilegales.

Los Lobos están al mando

Una de las bandas identificadas en las operaciones ilegales en esta zona son Los Lobos. Este grupo criminal se encarga de custodiar la extracción minera delictiva. Se concentra en el cobro de vacunas a las células pequeñas de mineros así como extorsiones por el uso de carreteras y rutas para transportar el oro.

Los Lobos, que son el brazo armado del cartel Jalisco Nueva Generación, han entregado panfletos en las comunidades pequeñas de Imbabura para reclutar a moradores en labores de logística.

Unos son contratados como campaneros o personas que vigilan dónde están los controles de policías y militares. Otros, en cambio, se han convertido en grupos de choque para interceptar los convoys de los uniformados y recuperar las cargas que son confiscadas en las carreteras o vías de Imbabura.

Eso precisamente ocurrió ayer en la emboscada a los militares y policías. Los informes de Inteligencia policial y militar señalan que Los Lobos pagan a sus colaboradores desde USD 8.000 por estas acciones. Los vehículos que participaron en el bloqueo del operativo aún son rastreados.

Arrojan los bultos a los precipicios

“Nosotros no podemos sacar las cargas porque están muy adentro. Solo para llegar hasta ellos son caminatas de tres a cinco horas”, dice un oficial de la zona, quien reconoce que eso dificulta concretar los decomisos.

Por eso, los uniformados han optado por destruir las maquinarias y lanzar los sacos que tienen oro y otros concentrados a precipicios  y quebradas de la misma zona. “Es la única forma que tenemos para impedir que vuelvan a sacar las cargas”.

Desde 2022, la explotación minera se disparó en Buenos Aires. Los mineros ilegales guardan el material en sacos de yute de aproximadamente 50 kilogramos. Cada bulto se comercializa por 150 dólares.

En 2022, el Ejército descubrió 36.000 sacos mineralizados de oro, y en lo que va del 2023 ya se han contabilizado otros 6.364.

Económicamente eso significa una producción de 6,3 millones de dólares. Un negocio redondo para las mafias del narcotráfico y grupos irregulares.

China, principal destino del oro extraído en Ecuador

En 2019 Ecuador reportó que se exportaron a China USD 76 millones en oro. No obstante, en el país asiático se reportó ese año el ingreso de USD 339 millones. Es decir que cargas del mineral valoradas en 263 millones salieron clandestinamente sin que el Gobierno haya podido establecer cómo. Los envíos no son verificados con procedimientos científicos ni técnicos por el personal de Aduanas ni de la Arcom. Las autoridades no cuentan con un laboratorio para identificar si las cantidades y tipos de los minerales que se exportan equivalen al mismo que se declara. Las inspecciones son esporádicas porque la Agencia no tiene suficiente personal especializado para esa tarea. Cuando el caso lo amerita contratan laboratorios para hacer los análisis. 

Redacción Código Vidrio

Los cargamentos salen cada semana desde Puerto Bolívar, en El Oro, hacia China. Son decenas de contenedores repletos de minerales. Sobre todo, oro, cobre y plata.

El gigante asiático se ha convertido en el principal mercado de destino de ricos y valiosos minerales extraídos en Ecuador, según informes del Ministerio de Energía y Minas. La entidad detalla que China se lleva el 51,47% de minerales, seguido por Estados Unidos (10,5%) y Suiza (10,3%).

En el puerto, los agentes aduaneros también confirman esa masiva salida de cargamentos para Asia. Ellos realizan el último control antes de que los minerales dejen el país. Aunque admiten que su inspección no es profunda, pues además de revisar la documentación reglamentaria de cada exportación (Certificado de Exportación) no conocen con precisión el contenido o el peso de cada mineral.

Un grupo de oficiales de este cuerpo uniformado se reunió con un reportero de Código Vidrio. Los especialistas explicaron la dificultad que tienen para conocer el contenido de los paquetes comprimidos con minerales, pues muchas veces están mezclados con lodo, tierra o rocas. “Nosotros solo vemos el contenedor porque no somos especialistas en material minero o aurífero. Nuestro trabajo es verificar que la exportación tenga todos los permisos necesarios y la carga se va. Si usted me pregunta si confirmamos con certeza que salgan 10 toneladas de oro como dice el exportador, eso no podemos hacerlo porque sencillamente no lo sabemos con certeza, no lo podemos confirmar”, admitieron.

La Arcom, en el ojo de la tormenta

Los oficiales -que pidieron la reserva de sus nombres- cuentan que este tipo de control les preocupa, pues al final están obligados a confiar en los registros documentales del exportador y los permisos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

Esta última entidad es la encargada de verificar que los valores registrados por las mineras correspondan fielmente al material que sale al exterior desde su primer registro en la mina. Pero esta institución es observada por las autoridades debido a distintos problemas y casos de corrupción que involucran a sus funcionarios o exfuncionarios.

Técnicos de la Arcom realizan recorridos esporádicos en las concesiones mineras. Una de los últimas inspecciones fue en agosto pasado. En noviembre visitaron los proyectos Mirador y Fruta del Norte.

Así lo confirmó a este portal el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. El Ministro dijo que tiene una lista de al menos cinco funcionarios y exfuncionarios que están involucrados en actos de corrupción en procesos de verificación de minería. Comentó que le preocupa el último informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las irregularidades en las exportaciones de oro ecuatoriano a China.

El organismo internacional reveló en un informe que en 2019 Ecuador reportó que se exportaron a China USD 76 millones en oro, pero en los registros del país asiático de ese año consta el ingreso de USD 339 millones. Es decir que 263 millones salieron de Ecuador subrepticiamente, de manera ilegal.

¿Qué ocurrió? El Gobierno no tiene aún la respuesta. Santos dice que conoció de este informe a través de los medios, a finales de enero pasado. Días después tuvo una reunión con la directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Carola Ríos, a quien le pidió que verifique lo qué sucedió en los procesos de control.

Hasta el momento en la Aduana no se ha iniciado ninguna verificación, según conoció este medio. De hecho, el subdirector general de Operaciones, Felipe Ochoa, dijo que no conoce los detalles de la reunión entre Santos y Ríos.

No obstante, el Ministro defendió los procesos de control que realiza la Senae, que verifica minuciosamente que todos los cargamentos que se exportan salgan con los permisos necesarios.

Aunque dijo que los técnicos de la Aduana sí conocen sobre material minero, Ochoa admitió que no hay especialistas para verificar este tipo de cargamentos. “No hay técnicos designados exclusivamente para controlar las exportaciones de oro y otros minerales. Los operadores cumplen varias funciones y cuando están asignados a control de exportaciones les puede tocar oro como cualquier otro producto”, puntualizó.

Ochoa dijo que los controles más exhaustivos se enfocan en las importaciones. “Tenemos que controlar la naturaleza del producto y determinar si pagó un arancel o no. Esa es la función de la Aduana en términos muy simples”, destacó.

Los productos mineros se exportan en «big bags», unas fundas grandes de poliuretano. Así llegan a la Aduana para la revisión visual. Foto cortesía Arcom

Cuando la mercancía va al exterior, el problema es del país que la importa, pues debe verificar que el trámite cumpla todos los requisitos, normativas y el pago de impuestos correspondiente.

“Por eso es que los canales de aforo y de control son mucho más altos en importación que en exportación. Esto no es un caso de Ecuador, así se maneja a nivel mundial”, dijo Ochoa.

1.763 declaraciones de salida de oro

Para estos procesos la Aduana cuenta con 120 operadores. Desde el 2019 se emitieron 1.763 declaraciones de salida de cargamentos, únicamente de oro.

El Banco Central tiene datos consolidados. Según los reportes oficiales, hasta octubre de 2022 el país registró USD 2.310 millones por exportación de minerales, 42,2% más de lo exportado en el mismo periodo del 2021.

En los últimos años el país ha aumentado considerablemente sus exportaciones mineras. Incluso, esta industria es el cuarto sector exportador, el tercero en exportaciones no petroleras y el primero de exportaciones no tradicionales.

Hasta el 2025, el gobierno proyecta recibir USD 4.000 millones por la exportación de productos mineros. Eso ubicaría a los minerales como el tercer producto más exportado y de mayor importancia, luego del petróleo y el camarón.

Por el desfase que existe en las exportaciones denunciado por la OEA desde el Ministerio de Energía se ha dispuesto que la Arcom fortalezca todos los controles, tanto en pequeña, mediana y gran minería.

Arcom, plagada de irregularidades

Para Santos, la Arcom “es una fuente de gran preocupación”. Hay debilidad en los procesos de control. En esta Cartera de Estado reposan informes con una larga lista de irregularidades, desde el nombramiento de cargos políticos hasta la falta de personal capacitado para las inspecciones.

La Agencia cuenta con unos 30 agentes para inspeccionar esta industria; desde la gran, mediana y pequeña minería hasta la artesanal, así como las actividades de mineros ilegales. Por eso, Santos no descarta que las organizaciones criminales estén corrompiendo a los inspectores “para que se hagan de la vista gorda, sobre todo, en los cargamentos de oro”.

Desde el Ministerio se trabaja en un plan para profesionalizar la carrera de los técnicos y dotarlos de una remuneración digna, para frenar la corrupción.

 

Entre 60 y 80 camiones pasan diariamente por El Pangui, en Zamora Chinchipe, cargados con al menos 30 toneladas de concentrado de cobre y otros minerales. Los productos mineros son transportados en bolsas gigantes en las plataformas de los trailers al aire libre.

Anuncios no se concretan

La Arcom también se enfoca en controlar la minería ilegal. Esta actividad fue declarada por el Gobierno como una amenaza estatal en enero pasado. Pero ese anuncio aún no se ha plasmado en acciones concretas con un plan. El Ministerio de Minas informó que esa declaratoria ha sido importante para contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo los esfuerzos por controlar esta actividad delictiva han dejado de lado el control sistemático a la gran minería. Eso también lo reflejan informes de la Arcom.

Un ejemplo claro son las inspecciones que la entidad realiza en las dos concesiones más grandes del país que abarcan la mayor parte de las exportaciones. Según los reportes, del total exportado de productos mineros, el 44,82% provienen de la mina Mirador, de la china Ecuacorriente. Eso representa USD 1.035 millones.

En cambio, el 29,49%, que representa USD 681 millones corresponden a Fruta del Norte, operada por la canadiense Lundin Gold. El 25,6% restante es el resultado de la pequeña minería, lo que equivale a USD 593,58 millones.

Pocos inspectores y sin laboratorio

Pese a ese gran volumen de ingresos, la Arcom solo tiene un inspector para cada concesión de gran minería. Los registros de la entidad señalan que desde el 2019, cuando Mirador y Fruta del Norte empezaron la etapa de explotación, se han realizado 142 inspecciones de seguimiento. Pero los datos muestran que la mayoría de estos procesos (74) se ejecutó en su primer año. El resto se dividió desde el 2020 hasta la fecha. El año pasado se realizaron 25 inspecciones. Es decir, un promedio de dos inspecciones por mes, entre ambas concesiones.

Para Jaime Jarrín, docente de la Facultad de Geología de la Universidad Central, ese número de controles es mínimo y demuestra que el Estado está confiando en una sola persona el cumplimiento de los acuerdos con las concesiones.

El Estado -destacó Jarrín- debe preocuparse de reforzar los controles de gran minería y no solo centrarse en la minería ilegal. Para el académico, es necesario que la Arcom tenga más presencia en las minas y que cuente con equipos como un laboratorio propio para identificar si el producto que se exporta equivale al mismo que se declara.

La Arcom confirmó que no cuenta con un laboratorio para estos procesos. Pero afirma que mantiene calificado a cuatro laboratorios de ensayos a nivel nacional, para la toma de muestras de los minerales a exportarse.

Esos laboratorios son empresas privadas que funcionan con recursos provenientes de las mismas mineras. Según los reportes oficiales, no han presentado irregularidades.

Los cargamentos de productos mineros salen desde el Puerto Bolívar, en El Oro. Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas.

Descartan irregularidaes en gran minería

Eso también ratificaron las autoridades de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia Silva es la presidenta de este organismo, que representa a 35 empresas mineras. Ella afirmó que no existen irregularidades en las exportaciones de la gran minería. Aclaró que la debilidad en el  control estatal no se puede endilgar a las empresas mineras. “Nosotros estamos cumpliendo con todas las regulaciones establecidas, nacionales e internacionales”, dijo.

Además, apuntó que para evitar irregularidades las mineras pasan por dos controles. Uno en la mina, cuando salen los cargamentos, y otro en la Aduana.

Los registros de la Arcom revelan que han tenido reportes negativos por seguridad y salud en el ámbito minero. Esos hechos “han generado la suspensión de actividades focalizadas”.

La Cámara de Minería informó que Ecuacorriente se desafilió del organismo. Esta empresa no informó sobre los controles que han superado ni las seguridades en sus exportaciones.

Sospechas en el transporte al puerto

Inteligencia policial es otra entidad que investiga la salida ilegal de minerales. Un agente detalla que han centrado sus operaciones en la contaminación de cargamentos legales por parte de grupos delictivos. Especialmente en el trayecto desde las minas hasta el puerto.

Las autoridades de Fruta del Norte informaron que el transporte del concentrado de oro se  hace en “big bags” (fundas grandes) en contenedores cerrados, con precintos codificados. Lo mismo hace Ecuacorriente, con el concentrado de cobre.

Pero estas seguridades no son completamente fiables, pues Arcom ha debido pedir el apoyo de la Policía y FF.AA. para custodiar el transporte del material. Sin embargo, estas dos entidades señalan que el acompañamiento no es permanente, sino solo cuando lo requieren.

En el Puerto, la Arcom tampoco verifica todos los cargamentos con la Aduana. No tienen puestos de control unificados. Los controles son aleatorios.

Estas falencias, vacíos, desconexiones y riesgo de corrupción explican porqué el Gobierno aún no descifra ni ha podido explicar cómo salieron los USD 263 millones de oro que llegaron a China sin ser reportados. Ilegalmente.

Plan inmobiliario del hotel Quito, una papa caliente para nuevo Alcalde

El debate sobre el proyecto Hotel Quito debe ser amplio, advierten sectores ciudadanos. Se trata de una edificación emblemática de hace más de medio siglo. Vendida a la empresa china CRBC, ésta proyecta levantar dos torres de más de 20 pisos  en el predio. No obstante, todo el entorno está protegido como patrimonio.

Alianza Vistazo – Código Vidrio

En menos de tres meses, el alcalde electo Pabel Muñoz asumirá la administración de la capital. Uno de los temas candentes que deberá enfrentar se relaciona con una edificación emblemática, construida hace más de medio siglo, que se asienta en una zona de alta plusvalía. El alcalde electo tiene una papa caliente entre manos: el futuro del hotel Quito.

En 2016, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) vendió el hotel a la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC), sucursal Ecuador, mediante una subasta de oferta pública bursátil, en 30,8 millones de dólares.

CRBC, que a la época mantenía una decena de contratos con el Estado ecuatoriano y con el Municipio de Quito, por casi cien millones de dólares, anunciaba que la compra generaría el desarrollo inmobiliario y dinamizaría la actividad hotelera en general.

La historia de este proyecto explica las razones por las cuales es emblemático. Su diseño se realizó en 1956, junto el del Palacio Legislativo, como parte de la infraestructura prevista para la decimoprimera Conferencia Panamericana, que debió realizarse en Quito en 1960. La Conferencia no se reunió, pero los edificios quedaron en pie. La construcción del hotel empezó en 1958, por parte de la entonces llamada Caja del Seguro Social.

En particular, el hotel se convirtió en ícono de la modernidad: su fachada tiene una estructura paraboloide hiperbólica. Por su singularidad, por décadas acogió a los visitantes ilustres

El área total del terreno bordea los 30 mil metros cuadrados, que ocupan diez lotes. El edificio y la infraestructura ocupan 22 mil metros. La edificación principal ocupa seis pisos.

En 2011, las acciones de su administrador Quito Lindo S.A. pasaron del IESS al BIESS y un año más tarde (2013) el directorio del BIESS autorizó la desinversión de acciones.

Hasta 2013, el hotel Quito, con 215 habitaciones que representaban el cuatro por ciento de la capacidad hotelera total de la capital, recibía el siete por ciento del total de ingresos del negocio hotelero de la ciudad. En 2014 generó nueve millones de dólares. Ese año se incorporaron al patrimonio de Quito Lindo los nueve lotes de terreno aledaños al hotel, donde se encuentran los parqueaderos.

Para 2013, de los 8,6 millones de dólares en ingresos que generó, el 49,5 por ciento provino de habitaciones; el 41,9 de alimentos y bebidas; el 8,6 por ciento de locales comerciales, estacionamientos y el club recreativo.

Esta es la maqueta del nuevo proyecto inmobiliario que la empresa china, propietaria del hotel, planea construir desde este año.

Los balances de resultados de 2013 a 2015 reflejan el aumento de gastos de administración, “como consecuencia de actividades de mantenimiento, ajustes de provisión de jubilación patronal, desahucio, retiro voluntario y gastos de depreciación”, según presentado por el gerente general y representante legal de Quito Lindo, de la época, ingeniero Washington Muñoz. Él es padre del alcalde electo de Quito, Pabel Muñoz.

La controversia

La valoración del bien fue uno de los puntos de controversia. El segundo, no menos polémico, fue la revelación de que la ficha patrimonial había sido modificada en 2014, sin criterios técnicos, dejando por fuera del patrimonio un ala del predio, para facilitar la venta y posterior intervención.

Dos fichas técnicas sustentan la declaración patrimonial. La de 1998 protege la integralidad del predio. La de 2014 excluye de la protección patrimonial al ala sur. A la época de la reforma, el ministro de Cultura era Francisco Velasco.

La controversia fue zanjada el 28 de diciembre de 2020. Mediante resolución, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) reconoció el inventario preexistente del hotel Quito y de otros siete mil bienes patrimoniales. Definió que la ficha de 1998 estaba vigente; en consecuencia, todo el predio es un bien patrimonial.

Colectivos protestan

Por esto, a los colectivos barriales y organizaciones ciudadanas de La Floresta les llamó la atención la noticia de que la construcción de dos torres de más de 20 pisos de altura, áreas no patrimoniales del predio, según la empresa, estuviera prevista para este año.

En un comunicado emitido dos días antes de las elecciones seccionales, el barrio La Floresta explicó que a inicios de febrero de este año, el comité promejoras de La Floresta fue invitado por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda para retomar la elaboración del Plan Urbanístico Complementario para La Floresta. Esta normativa regirá al barrio durante los siguientes 12 años. “La invitación viene después de más de dos años de buscar marginar del proceso a las organizaciones barriales constituidas, en favor de la participación de empresas inmobiliarias y del sector del entretenimiento. Para ello no han dudado en emprender campañas de desprestigio y fomentar la división barrial”.

Según la organización, la convocatoria buscaba validar lo elaborado “a puerta cerrada en medio de apuros electorales y la reactivación de un gigantesco proyecto inmobiliario que acabaría con el valor patrimonial del hotel Quito y sus alrededores”. El comunicado remarca que la factibilidad del proyecto deberá definirse en el plan.

Rocío Bastidas, veedora ciudadana del barrio La Floresta y residente en la zona desde hace 50 años, explicó que en los próximos días los dirigentes se reunirán con el alcalde electo para exponer sus preocupaciones.

Andrés Vallejo, vicepresidente del comité barrial, alerta que debe haber una discusión amplia que involucre a autoridades, actores sociales y academia sobre el proyecto, por sus implicaciones, partiendo del hecho de que todo el predio es patrimonial.

Quien ha investigado la historia del predio es el arquitecto independiente Andrés Núñez, que participa en la veeduría por pedido del Colegio de Arquitectos. Alerta que las torres de varios pisos alterarán el entorno paisajístico.

Virginia Andrade, quien lidera una organización social que construye políticas públicas desde la organización social, advierte que la comunidad está vigilante de la marcha de este proyecto.

En tanto, la empresa propietaria del bien -y administradora del hotel- ratifica que reestructuró la propuesta arquitectónica para respetar el contexto arquitectónico y que no afectará áreas patrimoniales.

El Municipio tiene la última palabra. Es decir, la administración entrante.

Espaldarazo de Ambiente a Terraearth, acusada de operar con mineros ilegales

La empresa china Terraearth es denunciada por diferentes organizaciones, dirigentes, moradores y operadores turísticos por los severos daños ambientales que ha causado en Napo. Esta empresa tiene seis concesiones y estaría operando de la mano con mineros ilegales. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente le concedió una licencia ambiental para operar el proyecto Tena, pues no existiría ninguna prohibición legal. Terraearth niega las acusaciones y asegura que se trata de una campaña premeditada de desprestigio.

Redacción Código Vidrio

Los habitantes de la comunidad de Talag y sus alrededores, a orillas del río Jatunyacu, en Napo, esperan con ansiedad la lluvia. Es el líquido que hoy deben beber, sobre todo desde que empezaron a sentir malestares estomacales y respiratorios por ingerir y cocinar con agua del río.

Raras enfermedades, nunca antes vistas, afectan a niños y adultos.

Talag es considerado uno de los puntos turísticos más hermosos de Napo, por su riqueza en flora y fauna, así como por sus cascadas, lagunas de aguas cristalinas y centros comunitarios, donde se practican deportes acuáticos.

Desde hace dos años, las comunidades asentadas a orillas del río Napo y sus afluentes (el Jatunyacu es uno de ellos), sufren severas secuelas por la devastación provocada por cientos de mineros ilegales y sus redes de apoyo, a todo nivel. Estas estructuras involucran autoridades de gobiernos locales hasta funcionarios del régimen, según alertan pobladores, expertos, representantes de organizaciones ambientalistas, Defensoría del Pueblo, hoteleros, dirigentes e informes de Inteligencia.

Las denuncias no solo apuntan a los mineros ilegales. Otro foco de las demandas de los pobladores es la minera china Terraearth Resources S.A. Desde hace una década, esa firma posee seis concesiones mineras en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena, en Napo. Estas son: Regina 1S, Vista Anzu, El Icho, Anzu Norte, Confluencia y Talag.

Entre 2013 y 2015 la firma china se hizo con esas concesiones, que inicialmente fueron otorgadas a la canadiense Merendon. Esos títulos mineros comprenden una superficie de 9.800 hectáreas. La concesión en Talag, expedida en 2001, expiró en el registro minero el 30 de septiembre pasado.

Las concesiones restantes están vigentes hasta el año 2031. Según Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, especialista en minería, llama la atención que les hayan entregado esas concesiones por 30 años, cuando el límite es 25 años.

Hasta 2020, cuando por iniciativa de Benalcázar se expidió el reglamento que establece requisitos y justificativos técnicos para el cambio de régimen minero, las autoridades de turno, especialmente entre 2009 y 2017, aprobaron a varias empresas las modificaciones de sus títulos mineros de gran a mediana y pequeña minería. Tuvieron una gran facilidad, sin necesidad de presentar justificativos sustentados de cambios en sus niveles de producción. En la práctica -según explica Benalcázar- esas compañías se beneficiaron directamente ya que al obtener el título de pequeña minería, pudieron realizar actividades de exploración y explotación simultáneamente.

Con el reglamento vigente desde hace dos años, las mineras deben justificar que su capacidad de producción no está dentro de los parámetros de gran o mediana minería, para cambiar de régimen.

En esos años hubo un desfile de abogados que tenían sus contactos en el Gobierno y lograron su cometido, en medio de irregularidades, según fuentes del sector.

Borra y va de nuevo

En 2020, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) suspendió todas las actividades de Terraearth por incumplimientos a la normativa ambiental. Identificó afectaciones al río Chumbiyacu por descargas directas de químicos tóxicos sin tratamiento previo y modificación al cauce hídrico, además de no contar con los documentos habilitantes para operar. Meses antes, también había ordenado que la empresa corrigiera las fallas. Pero no lo hizo, según varias denuncias.

No obstante, Terraearth indicó que ha sido blanco de una campaña de desprestigio y fue excluida de las reuniones entre autoridades y la sociedad civil para tratar la problemática de la minería ilegal. “Hay ciertos personajes que distorsionan la verdad de los hechos y sin sustento pretenden inculparnos, sin permitirnos el derecho a la defensa a cada falsa acusación”, indicó la compañía en un comunicado.

Este 20 de febrero pasado, estas máquinas seguían realizando excavaciones de minería ilegal en las orillas del Río Napo. Las autoridades no logran frenar esas acciones delictivas, hace más de dos años en esta zona. Foto cortesía de Francisco Rodríguez.

Según la firma, la campaña pretende vincularlos con la minería ilegal, “cuando hemos sido firmes en la lucha contra este mal que nos afecta a todos; las denuncias y amparos solicitados a los entes de control así lo demuestran”.

En este sentido, la empresa asegura que los daños ambientales fueron causados por mineros ilegales, que sin embargo ha remediado, en apego a las normas vigentes.

“Presentamos nuestra predisposición para en conjunto con las comunidades y las autoridades delinear estrategias para erradicar la minería ilegal que pulula en el sector”, señaló.

Minera china, “la principal amenaza”

Los daños por la explotación minera en los caseríos asentados a los largo del río Napo son más visibles entre las familias, pues las madres han debido llevar a los hospitales a sus hijos que presentan problemas en la piel y el sistema respiratorio. “Aún en los centros de salud, los médicos no logran diagnosticar qué pasa”, comentó Leonardo Cerda, de la ONG Napo Resiste, durante su comparecencia a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea, el 16 de febrero pasado. “Debe ser culpa del mercurio que se mezcla con el agua y usan los mineros para extraer el oro”.

La magnitud de las afectaciones salió a la luz desde febrero del año pasado cuando el gobierno realizó una intervención con cientos de militares y policías en Yutzupino, Napo, donde trabajaban más de 600 operarios en más de 200 máquinas retroexcavadoras, en cuencas hídricas para extraer oro ilegalmente. A raíz del operativo fueron detenidos varios involucrados, incluidos funcionarios públicos, que están enjuiciados.

Esteros y riachuelos aledaños al Napo lucen contaminados y desbordados por materiales usados en la minería ilegal. 

Luz verde para Terraearth

En 2020, el Maate suspendió los trabajos de Terraearth en sus concesiones, porque identificó descargas directas de agua contaminada producto de la extracción en Regina 1S, al cauce del río Chumbiyacu.


Mientras en Napo y otras provincias amazónicas se ha explotado la riqueza mineral durante 25 años, la pobreza y pobreza extrema son altas. Según datos del Plan de Ordenamiento Territorial del 2020, estos dos indicadores llegan al 80%.


Estudios de la Universidad Ikiam descubrieron altos índices de contaminación por los materiales arrojados por Terraearth en los ríos Anzu, Poroto, Zapallo, Yutzupino, Yaku, Hatun Yaku. Tres de ellos han sido declarados muertos.

En 2022, Terraearth recibió notificaciones e insistencias porque se verificó que varias áreas no habían sido rehabilitadas ni revegetadas, restaurando la corteza vegetal dañada.

Esa empresa debía presentar al Maate un plan de remediación y determinar el daño, pero no lo hizo. Para esos días estaba concentrada en tramitar la nueva licencia ambiental para el proyecto Tena.

Tampoco probó que llevó adelante los procesos de participación ciudadana, que incluyeran la intervención de operadores turísticos. En las reuniones que la empresa realizó apenas justificó la asistencia del 19% del total de convocados.

El problema, para Sandra Ruales, procuradora común de los accionantes, es que Napo ha sido abandonada por las autoridades que no están llamadas solo a otorgar concesiones y licenciamientos. “También  deben proteger, prevenir, controlar, mitigar y realizar acciones que permitan su conservación, restauración y reparación”.

Ruales subraya que Terraearth no solo está obligada a recuperar los ecosistemas sino indemnizar a las comunidades afectadas.

Por la cadena de incumplimientos, María Gabriela Manosalvas, subsecretaria de Calidad Ambiental, emitió una sanción administrativa en contra de Terraearth, que incluyó la suspensión total de las operaciones en Carlos Julio Arosemena Tola.

 

ZONAS ASOLADAS POR LA MINERÍA ILEGAL EN CONCESIONES
DE TERRAEARTH

 

No obstante, el 31 de octubre del 2022 sucesivamente emitió un informe favorable aprobando la licencia ambiental para que la firma china operara el proyecto Tena.

Preocupadas por esta decisión, varias organizaciones sociales, incluidas Napo por la vida, Napo Resiste, Puerto Napo, comités de defensores de derechos humanos y de la naturaleza y la Defensoría del Pueblo, han buscado la forma de frenar las operaciones de esa minera.

Andrés Rojas, delegado provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo, exige que se suspenda la licencia ambiental que recibió Terraearth. Dijo que la con la experiencia de lo ocurrido en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola nada garantiza que no vuelva a incurrir en malas prácticas.

Actividad depredadora en Napo

Un año después, los mineros siguen con sus actividades depredadoras en Napo. “Una mujer cayó al río, que está muy contaminado, y sufrió quemaduras. Seres humanos y animales se están quedando sin agua para el consumo, enferman”, aseguró José Moreno, dirigente de Talag.

Líderes de organizaciones sociales, habitantes, defensores del agua y medioambiente y operadores turísticos, han reclamado por la inacción del Gobierno, desde el año pasado, agobiados por las graves afectaciones de la minería.

Cerda, de la ong Napo Vive, insiste en que una de las principales amenazas es Terraearth. Con él coinciden operadores turísticos y pobladores de comunidades indígenas, que han visto con preocupación el avance de sus operaciones, que irían de la mano con minería ilegal. “El estero Zapallo esá sucio, no hay como lavarse ni siquiera las manos, está muy contaminado, no entiendo porqué las autoridades no pueden parar estas acciones”, dijo un indígena de la zona.

Ambiente defiende su decisión

Según las autoridades del Maate, no se puede confundir lo ocurrido en Vista Anzu y Regina S1 con las operaciones aprobadas en el proyecto Tena. Las dos primeras están activas desde 2012 y han sido sujetos de control, dijo José Dávalos, viceministro de Ambiente, en su comparecencia a la Comisión de Biodiversidad del Legislativo, dirigida por el asambleísta Washington Varela. Representa a la provincia de Napo.

Las dos concesiones también fueron suspendidas como otros 154 frentes mineros por incumplimientos. Eso incluye un proceso de 2015 que actualmente está en cobro por coactiva y otros que están en trámite.

Pero las suspensiones y sanciones a Terraearth en otras concesiones -dijo- no impiden que reciba una nueva. En su momento podría revocarse la licencia ambiental si se detecta algún incumplimiento; pero según Dávalos en esta etapa era imposible, porque ahora la empresa solo puede entrar “para realizar un plan de acción que permita remediación”.

Según denuncias de los habitantes de las zonas afectadas por la minería, las operaciones de mineros ilegales cuentan con el apoyo de autoridades y maquinaria de los gobiernos locales. Foto cortesía de Francisco Rodríguez.

En este caso se han hecho 43 inspecciones en ese territorio, se solicitó 24 planes de acción, 16 en la actual administración. Ocho fueron para el proyecto Tena y ocho para Regina 1 S y Vista Anzu. El proyecto Tena tiene una suspensión vigente porque se detectó presencia de minería ilegal y solo se levantará cuando exista una ejecución cabal del plan de acción, según el delegado de Ambiente.

En buena parte de los casos, sino en todos, las actuaciones de las autoridades han sido tardías y ocurrieron meses después de las denuncias constantes de los afectados. No hay prevención ni reacción inmediata para frenar a los mineros, que intervienen con la complicidad directa de las autoridades, denuncia Francisco Rodríguez, emprendedor turístico, dueño de Anaconda Lodge, ubicado en una pequeña isla entre los ríos Napo y Arajuno. “Lo que ocurre en esta provincia es un biocidio, con responsabilidad directa de autoridades locales, que apoyan con su maquinaria a la depredación”, indicó Rodríguez.

Unas 200 retroexcavadoras permanecen incautadas en Napo, desde el año pasado. Las máquinas fueron usadas por mineros ilegales en Yutzupino y capturadas por militares y policías. Foto cortesía Jorge Anhalzer.

¿La consulta previa, a medias?

Aunque desde las comunidades y movimientos que rechazan la minería denuncian que la empresa china tampoco cumplió el proceso de consulta previa, el Maate y Terraearth entregaron a la Asamblea los listados  de invitaciones a las comunidades de las zonas de influencia, incluyendo barrios, cooperativas y organizaciones.

Las respuestas de las autoridades no convencieron al titular de la Comisión legislativa, Washington Varela. Él preguntó, entre otras cosas, “qué potestad legal tiene el Ministerio para haber determinado que la empresa no estaba involucrada en minería ilegal”, pues hay un proceso legal en marcha, máquinas retenidas.  Es más, “tenemos conocimiento que esta empresa contrató a los mismos mineros ilegales para hacer la remediación ambiental, eso no puede ser, no puede seguir ocurriendo”, denunció.

Daños severos

Según los registros fotográficos y videos de los defensores del agua opuestos a la minería, los daños ambientales son severos. Hay imágenes de niños bañándose en aguas visiblemente contaminadas, en pozas de sedimentación de Terraearth. Luego, las crecidas arrasan con piscinas rudimentarias que terminan por afectar a los ríos.

Las autoridades del Maate dijeron que al 1 de febrero Terraearth ya llevaba 12 días trabajando en remediación ambiental en El Icho, uno de los frentes de minería ilegal.

La extracción de oro no es nueva en la zona, dice Cerda, de Napo Resiste. Pero antes la gente hacía procesos artesanales y tradicionales, como sacar oro y lavarlo únicamente en bateas, en ríos como el Jatun Yaku. Ahora, se calcula que solo para este nuevo proyecto Tena ya se han abierto seis puntos de extracción graves y se han destrozado hasta 600 hectáreas de selva, con maquinaria pesada.

“Terraearth tiene conexiones directas con mafias que están operando. No quieren cumplir los pasos necesarios para hacerlo de forma legal, entonces hablan con mineros ilegales y les compran”, subraya Cerda.

No reconoce entre quienes dirigen las palas mecánicas a los vecinos de la zona. Entre los lugareños se conoce que la gente que se dedica a la minería ilegal llega desde otros frentes abiertos en Esmeraldas, el Podocarpus (Loja y Zamora Chinchipe), Sucumbíos o Buenos Aires (Imbabura). Cerda cree que hay indicios suficientes para concluir que este tipo de actividad ilegal está también conectada con el narcotráfico y bandas delictivas.

UN ESTIMADO DE 638 MILLONES DE DÓLARES ANUALES PIERDE EL ESTADO POR MINERÍA ILEGAL

El Estado inoperante

Todos los detractores de la minería se preguntan porqué el Estado no ha frenado la minería ilegal, si la maquinaria que ingresa es grande y no se puede camuflar; si para operar necesita abastecerse de combustible que compra públicamente en gasolineras. Esos equipos operan día y noche.

Los daños en los ríos Anzu, Jatun Yaku, Yutzupino son más visibles día a día. El Anzu “antes era transparente, grande y eso ya quedó así. La gente está tomando esa agua, pesca los peces que sobreviven en ese río, al igual que los otros animales que caza y que se hidratan en esa agua. Las camas de las piscinas ya no son suelos cultivables», apunta Cerda.

Desde meses atrás los moradores de esta región ya no usan el agua del río Napo porque está sucia y contaminada con mercurio y otros químicos, que se emplean en la minería ilegal

“Por allá ya se espera a la lluvia para tomar agua porque la del río es mala”, cuenta José Moreno, representante de la comunidad Talag. Y esta vez los defensores de la naturaleza creen que las afectaciones no se quedarán en la selva sino que están cada vez más cerca de las zonas urbanas. Ahora mismo las operaciones de minería ilegal están cada vez más cerca de Tena, la capital de Napo.

Mientras esperan la atención estatal, las comunidades se organizan y han formado yuturi warmi (grupos de mujeres que dan alerta temprana a la comunidad) y guardias comunitarias para saber lo que está pasando. No quieren seguir siendo testigos de pasivos ambientales en los que poca o ninguna remediación se hace.

Ecuacorriente construyó fábrica de explosivos a espaldas de FF.AA.

La minera estatal china Ecuacorriente S.A. construyó, entre 2017 y 2019, una planta de explosivos a 600 metros del proyecto minero Mirador, en Zamora Chinchipe, sin contar con permisos ni el aval del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En diciembre pasado, el embajador de China, Chen Guoyou, se reunió con el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Defensa, Luis Lara, para abogar por ECSA, que presiona por el permiso para operar la planta. El embajador salió con las manos vacías, por el momento…

Redacción Código Vidrio

Contra viento y marea. La minera china Ecuacorriente S.A. (ECSA) presiona desde diferentes frentes para que el gobierno le autorice operar su propia planta de explosivos, para abastecer al mega proyecto minero Mirador, ubicado en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe. Eso pese que su operación implica riesgos para la seguridad nacional.

Ecuacorriente suscribió el contrato de explotación de cobre, oro y plata con el gobierno de Rafael Correa en marzo del 2012. A partir de entonces, el proyecto arrancó en sus diferentes etapas, pero ha avanzado en medio de encendidas controversias. Incluso ha sido señalado y cuestionado por la Contraloría, organizaciones ambientales y de DD.HH., entre otros motivos por:

  • La expulsión de decenas de familias indígenas de sus hogares.
  • Realizar obras sin autorización de las autoridades.
  • Contaminación de los ríos Wawayme, Tundayme, Qjuimi (entre 2013 y 2019), con exposición de metales como aluminio, manganeso, hierro, entre otros.
  • Almacenamiento de desechos peligrosos por más tiempo del permitido.
  • Violaciones sistemáticas a la ley.

La construcción de la fábrica de explosivos tiene ese mismo patrón de anomalías y abusos.

A mediados de diciembre pasado, el embajador de China, Chen Guoyou, junto a Sun Xingtao, gerente de Auxin Norbenco, encargada de construir la fábrica, acudieron al Palacio de Gobierno donde tuvieron una reunión con el presidente Gillermo Lasso, el ministro de Defensa, Luis Lara, y el director de Control y Armas y Explosivos, general Manuel Dávila.

En la cita los representantes chinos pidieron que se les concediera el permiso para poner en funcionamiento la planta de explosivos. La solicitud fue rechazada por una serie de omisiones legales evidenciadas los últimos años y por temas de seguridad nacional. La zona donde se encuentra el proyecto está dentro de los 20 kilómetros de seguridad fronteriza que son competencia de FF.AA.

La fábrica de explosivos se construyó entre 2017 y 2019, sn contar con informes ni la autorización del Comando Conjunto de las FF.AA. Fotos cortesía Comaco.
Las edificaciones de las instalaciones de la planta contaron con el aval del gobierno de Rafael Correa, aunque desde 2017 las autoridades militares no concedieron la autorización para su funcionamiento.
Un informe de la Contraloría estableció que Ecuacorriente cometió violaciones legales al edificar la planta de emulsión, sin ningún permiso de la autoridad competente.

El general Dávila explicó en entrevista con Código Vidrio que el nivel de riesgo por el tipo de material que se emplearía para elaborar explosivos es muy alto y en un eventual siniestro puede afectar a poblaciones y caseríos cercanos. Además, la zona donde opera el proyecto es de gran conflictividad social; en varias ocasiones han ocurrido enfrentamientos violentos entre los lugareños y los uniformados.

Esta región también es un nodo crítico de minería ilegal, con actividades criminales conexas, dirigidas por bandas delictivas vinculadas con el narcotráfico. Instalaciones de las mismas empresas mineras han sido atacadas y destruidas por grupos violentos, organizados. “Si se autorizara la operación de la fábrica, el riesgo de que estos grupos la tomen por asalto y accedan a los explosivos es muy alto”, destacó Dávila.

Todos esos argumentos fueron expuestos en la reunión en el Palacio a mediados de diciembre pasado a los representantes chinos, quienes no obstante insistieron en la necesidad de contar con el permiso para operar la instalación, que desde el arranque del proyecto Mirador tuvo el espaldarazo del gobierno de Correa. Sin embargo, no pudieron explicar porqué en todos estos años nunca solicitaron el permiso e informes del Comando Conjunto de FF.AA., que es la máxima autoridad en este campo. La urgencia se explica por la necesidad de la minera de contar con más explosivos que ahora importa a través de Auxin Norbenco.

En este caso, China ha aplicado la estategia de los hechos consumados. Sin esperar ningún permiso, Ecuacorriente ordenó que Auxin construyera la planta entre 2017 y 2019, pese a no contar con el aval de la máxima autoridad en esta área, que es la Dirección de Armas y Explosivos del Comando Conjunto de las FF.AA.

La planta fue levantada en el cantón El Pangui, parroquia Tundayme, en Morona Santiago, a unos 600 metros de la mina a cielo abierto. Comprende unas seis instalaciones de cemento y techo metálico celeste. Esas facilidades cuentan con los equipos completos de emulsión de explosivos, listos para entrar en funcionamiento.

Desde hace dos semanas pedimos una entrevista con el embajador Guoyou, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Una funcionaria de la embajada se limitó a responder, vía correo electrónico, que Ecsa era una empresa privada. Tampoco contestó el gerente de Auxin Norbenco.

El presidente Guillermo Lasso se ha reunido en varias ocasiones con el embajador de China, Chen Guoyou, quien es un activo promotor de los proyectos de su paìs en Ecuador. Foto Presidencia

El general Dávila recuerda que conoció la existencia de la fábrica en una visita rutinaria al proyecto Mirador, en 2019, cuando era comandante de la Brigada de Selva No 21 Cóndor, en Patuca. Entonces pidió más información de Inteligencia sobre las instalaciones que no podrían funcionar en la zona sin regulación y monitoreo de FF.AA. “Ahora como jefe de la dirección del CAMEX tengo una disposición de hacer periódicamente inspecciones a las instalaciones para verificar que no sean empleadas. Los controles son mensuales”, destacó el oficial.


La Cordillera del Cóndor, ubicada al sur de la Amazonía, alberga el proyecto minero a cielo abierto más grande del país. En Mirador se prevé extraer más de dos millones de toneladas de cobre en 30 años. El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables calcula que el beneficio para el Estado sería de USD 3.400 millones durante los años de vida del proyecto.


Aunque los repesentantes de ECSA lograron que el Municipio y el Cuerpo de Bomberos de El Pangui les concedieran la autorización para construir la instalación, sin tener competencia para hacerlo, desde 2018 ninguna autoridad militar ha autorizado su operación, según corrobora un examen de la Contraloría (DNA6-0020-2020).  Pese a las arbitrariedades, la edificación tampoco fue observada por el Director Técnico de Seguimiento y Control en Territorio de la Agencia de Regulación y Control ARCOM ni por el Coordinador Regional de Minería y el Subsecretario Zonal del Ministerio de Minería.

En las instalaciones están montados todos los equipos para la elaboración de explosivos. Ninguno fue supervisado por autoridades responsables de verificar si cumplen las normas técnicas.

 

En la práctica, los chinos no podían colocar un solo ladrillo sin antes contar con el informe técnico favorable y otros requisitos del COMACO. El informe debía incluir la evaluación técnica de los diseños de las infraestructuras, en donde consten: ensayos de laboratorio para determinar la capacidad portante del suelo para cimentaciones, predimensionamiento de estructuras, tipo de materiales a emplearse, cargas de diseño y el análisis estructural a los elementos de la planta.

Una vez terminada la construcción especialistas de FF.AA. debían verificar que los materiales sean totalmente seguros, cumplan las normas, para evitar afectaciones en los alrededores. Por último, debían contar con un informe de inteligencia y operaciones porque se trata de una zona limítrofe. Ninguno de estos documentos ni exámenes existen. Los representabntes de ECSA simplemente avanzaron por su lado con la obra, al margen de la ley.

La fábrica de explosivos (emulsión) está instalada a 10 kilómetros del límite político internacional con el Perú, por lo cual también era necesario verificar la existencia de acuerdos internacionales de la prohibición o no para su construcción.

Inclusive, el 16 de diciembre del 2019 en un informe dirigido al entonces jefe del Departamento de Control de Armas consta que personal militar hizo una inspección en el lugar y constató que en la planta existían dos vehículos para mezclar y transportar el explosivo ya elaborado.

En vista que de FF.AA. no fueron informadas por Ecuacorriente nunca controlaron la construcción, ni pudieron vigilar su funcionamiento ni el tipo de explosivos que iban a fabricar, su capacidad, el tipo de procesos, estudios de mercado; organización financiera, grado de conformidad con las normas técnicas y de seguridad. Solo así se podía confirmar la existencia de contratos de seguros que cubran los posibles daños y perjuicios a terceros, según destaca el informe de Contraloría.

Acuerdos bajo la mesa

No es la primera vez que China presiona por el permiso. Los últimos cinco años, los representantes de ese país -que es nuestro principal acreedor internacional- han buscado que las Fuerzas Armadas les concedan la autorización, presionando a todo nivel, confiados en que ya contaban con el aval y apoyo político cuando obtuvieron la concesión del megaproyecto Mirador.

En 2021, a pocos meses de que terminara el mandato de Lenin Moreno, el entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, también se pronunció sobre una solicitud de AUXIN para operar la fábrica. Jarrín emitió una resolución ministerial indicando que la fábrica no podía funcionar.

El proyecto Mirador y la fábrica de explosivos están ubicados en Zamora Chinchipe, a 10 kilómetros del límite con Perú, en la cordillera de El Cóndor.

Precisamente en marzo del 2017 cuando arrancaron las obras, el gobierno de Correa también dio luz verde a la edificación de la planta, bajo la pantalla de un contrato de inversión de 9,4 millones de dólares, aprobado por el Consejo Sectorial de la Producción.

Entonces se conoció públicamente que la comercializadora y productora china de Explosivos Auxinor Auxin Norbenco S.A. se encargaría de la construcción, adquisición de equipos y operación de una estación de emulsión matriz, para proveer de productos explosivos y accesorios de voladura a la mina de cobre.

La mina a cielo abierto opera en una concesión de 1.447 hectáreas, ubicadas dentro de un bosque protector en la Cordillera del Cóndor. Foto de archivo

Inclusive, la resolución 1058 del Ministerio del Ambiente, expedida años antes, a favor de Ecuacorriente señala que la planta de explosivos es parte de las infraestructuras que conformarán el proyecto. Todo indica que esa administración tuvo acuerdos bajo la mesa con los chinos, dos años antes del inicio del proyecto. En 2015, precisamente, representantes del gobierno asiático crearon en Quito la empresa Auxin Norbenco S.A., como productora y comercializadora de explosivos. Y el año siguiente esa firma fue contratada por ECSA.

Cuando todo parecía marchar según lo previsto el viento dejó de soplar a favor de los chinos, tras la llegada de Lenin Moreno al poder. La ruptura sorpresiva con Correa los meses siguientes agravó el panorama. Los compromisos acordados quedaron sin piso.

En diciembre del 2017, Auxin envió una carta al Ministerio de Defensa solicitando la autorización para operar la planta, que fue negado por el Subsecretario del Gabinete de esa cartera, en un oficio fechado 8 de marzo de 2018.

El general Manuel Dávila es el jefe de la Dirección de Armas y Explosivos del Comando Conjunto de FF.AA.

¿Por qué la urgencia de fabricar los explosivos?

Desde el 2019, el uso de explosivos para extraer los minerales ha aumentado significativamente en el proyecto Mirador, cuando entró de llenó en la etapa de explotación. Lo mismo ocurrió con el otro megaproyecto minero de Fruta del Norte (explotado por Lundin Gold). Ese año en el país se usaron 3.000 toneladas de explosivos en proyectos mineros legales, la mayoría en Mirador y Fruta del Norte. En 2019, la Dirección de Armas y Explosivos registró la comercialización de 3.000 toneladas; 8.000, en el 2022 y este año se prevé el uso de 10.000 toneladas de explosivos. En el caso de ECSA se estima el uso de unas 1.200 toneladas.

En el país la única empresa autorizada para fabricar explosivos es la estatal de economía mixta Explocen, cuyo mayor accionista es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA. También operan 16 compañías importadoras, incluida Explocen. Todas son supervisadas y controladas por la Dirección de Armas y Explosivos del COMACO, destacó Dávila, al asegurar que llevan un control automatizado de todas las importaciones, responsables de los procesos y los compradores, lo cual ha garantizado que ningún producto adquirido por las 16 empresas se haya desviado para la minería ilegal.

Nuevo fiasco para la china CWE en Toachi Pilatón  

A la empresa China International Water &  Electric Corp (CWE) se le agotaron todas las vías judiciales para revertir la terminación unilateral del contrato que declaró CELEC para la construcción de la central Toachi Pilatón. A fines de diciembre pasado, los jueces le dieron la razón a la empresa estatal, que terminó la contratación por una serie de incumplimientos de la firma asiática y graves fallas en las obras. Eso quiere decir que los chinos deberán pagar millonarias reparaciones económicas por los incumplimientos en los trabajos en la hidroeléctrica, que debía estar lista en 2015. CWE insiste en que cumplió con sus obligaciones; no se descarta que podría acudir a la Corte Constitucional con un recurso extraordinario de protección. Se espera que la hidroeléctrica empiece a operar en marzo del 2024.

Alianza  Código Vidrio – Vistazo

Trece años después la obra sigue represada. El proyecto debía estar listo en cuatro años (1.340 días) pero ya han pasado 12 (4.282 días) y su inauguración aún es lejana. Incierta. El pasado 20 de diciembre se extendió una nueva prórroga para la finalización, ahora prevista para el 28 de marzo del 2024. Se trata del proyecto Toachi Pilatón, una hidroeléctrica que ha sufrido sistemáticos tropiezos y dos terminaciones unilaterales de los contratos. No obstante, según estiman las autoridades, finalmente el proyecto estaría en su fase final de construcción.

El contrato se firmó el 24 de diciembre del 2010, cuando Hidrotoapi aún pertenecía al Consejo Provincial de Pichincha. Un año después, la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) la absorbió como una de sus unidades de negocios. Esto incluyó sus activos, pasivos y una obra necesaria para aumentar la generación de energía eléctrica en el  país, pero que nació con un problema de fondo: tenía dos contratos, uno para la obra civil y otro para implementar el sistema electromecánico.

Según Celec, lo usual y apropiado en este tipo de obras es que la misma empresa se encargue de ambos procesos, para que se desarrollen a la par y sin contratiempos con los cronogramas de uno y otro. Pero, en este caso, Hidrotoapi decidió hacerlo por separado, con dos empresas: China International Water &  Electric Corp (CWE) para la obra civil y la rusa Inter RAO UES, para el montaje electromecánico. Algo así como construir un carro Tesla, con carrocería de Lada y motor Toyota.

El litigio con la rusa Inter RAO

Debido a una serie de incumplimientos y demoras, Celec decidió terminar unilateralmente ambos contratos, lo cual significó no solo un prolongado retraso en la obra sino el inicio de procesos legales. Primero salió Inter RAO, en marzo del 2017, luego de que las partes no pudieron llegar a un acuerdo en un proceso de mediación.

LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO

*Gráfico tomado de Celec

 

Los rusos decidieron acudir a la Cámara de Comercio Chile para pedir un arbitraje. Celec acudió representado por la Procuraduría y un bufete de abogados que tiene su oficina principal en Londres. Luego de varios peritajes y presentación de documentos, se llevó a cabo la audiencia final el 7 de diciembre del 2021. La expectativa del Estado ecuatoriano es que en el laudo, que podría llegar en el primer semestre de este año, sea equilibrado para las partes.

A partir de esta terminación de contrato, Celec contrató a otra empresa rusa, Tyazhmash, que es la fabricante de los equipos que se están instalando en la hidroelétrica y que actualmente está a cargo.

Entre tanto, CWE debía continuar con los trabajos que no interfirieran con lo electromecánico. Pero ahí la situación se complicó mucho más, la obra era inviable por las fallas de los trabajos civiles que impedían el funcionamiento adecuado de los circuitos.

La glosa de USD 90 millones

Según Celec, la empresa china cometió errores que no ha querido subsanar y son la base del conflicto técnico y legal: fallas en las cortinas de impermeabilización de la presa, que inciden directamente en la generación de electricidad y en el funcionamiento de la subestación Alluriquín (la más grande del proyecto); desprendimiento en el túnel Alluriquín, que requieren que se derroque y se vuelva a construir y, finalmente, deslizamientos de tierra en la chimenea de equilibrio.

Por su parte CWE ha insistido en que cumplió con su parte, por lo cual exige los pagos adeudados de Hidrotoapi. No obstante, ha reprobado en tres exámenes distintos que han estudiado la obra civil para detectar las fallas, de una consultoría privada internacional, de la fiscalizadora de la obra y de la Contraloría. Esta última generó una glosa en firme para CWE por 90 millones de dólares: 30 corresponden a multas y 60 al valor del túnel y al resto de fallas.

Aunque CWE ha insistido en que cumplió con su parte y exige pagos de Hidrotoapi, ha reprobado en tres exámenes distintos que han estudiado la obra civil para detectar todas las fallas. Foto cortesía

CWE ha intentado por varias vías evitar las multas y obtener más pagos. Pero Cenel detectó, por ejemplo, que en el 2018 las multas habían sido regularizadas por el administrador del contrato, sin haber seguido el proceso estipulado, por lo que volvió a notificarlas. El primer intento de CWE fue presentar tres recursos administrativos que perdió, porque no pudo probar errores en la imposición de las multas.

Luego, CWE golpeó puertas de gobiernos de turno y cancilleres, para conseguir apoyo político en el conflicto. En el mandato de Lenín Moreno se instalaron mesas de diálogo, pero mientras los equipos intentaban buscar una salida consensuada, la empresa china le dio un golpe bajo a la compañía estatal: formalizó sus demandas en el  Tribunal Contencioso Administrativo, que las negó.

Hay otras dos demandas, interpuestas en el 2020; una de ellas por 60 millones de dólares; la audiencia está prevista para el 28 de febrero próximo. Otra es por 30 millones y la audiencia aún no tiene fecha.

Esa fue la gota que derramó el vaso. Entonces, Celec decidió la terminación unilateral del contrato, alegando una causal técnica y tomando en cuenta que los incumplimientos de CWE alcanzaban el 5 % del valor total del contrato. Nuevamente CWE respondió atacando. Presentó demandas en unidades judiciales de Machachi y Santo Domingo.

Todos los problemas contractuales le han significado al Estado un incremento en el valor original de la infraestructura. Solo en la obra civil se ha pasado de 240 a 300 millones de dólares. Foto de la casa de máquinas.

Revés judicial

En lo judicial, la empresa china también lleva las de perder pues una acción de protección que solicitó en Machachi para revertir la terminación del contrato no le fue otorgada. En Santo Domingo, solicitó otra acción de protección con medida cautelar, que obtuvo solo mientras se analizaba la demanda.  Eso frenó a Celec en el proceso de cobro de garantías y la inscripción de CWE como contratista incumplido, pero la empresa perdió la demanda inicial y la apelación en la Corte Provincial de Santo Domingo, el 23 de diciembre pasado. Este 18 de enero, la justicia le volvió a dar la razón a Celec en el recurso de aclaración.

La empresa china no solo arrastra estas multas e incumplimientos sino que también debe resolver pasivos ambientales graves, como una planta de amoníaco que se instaló para bajar la temperatura del hormigón de alta densidad empleado en la obra y que debe desmontar, siguiendo lineamientos y con una veeduría del Ministerio del Medio Ambiente, entre otras cosas.

Todos estos inconvenientes le han significado al Estado un incremento en el valor original de la infraestructura. Solo en la obra civil se ha pasado, hasta el momento, de 240 millones a 300. Esto incluyó un contrato complementario por 20 millones de dólares, con contingentes geológicos no considerados. Pero en total, según denunció Vistazo en septiembre, 920 millones estaban invertidos hasta diciembre del 2022.

Desde el 17 de octubre del 2022, Sarapullo  ya está en operación continua y conectada al Sistema Nacional Interconectado. Es decir que ya está entregando energía y contribuye en esta época de estiaje. Foto cortesía

Subestación lista para arrancar

La subestación Sarapullo está casi lista para ser inaugurada. Según Celec, la entrada en servicio de una subestación debe cumplir varias etapas, Sarapullo ya superó las fases de pruebas técnicas, pruebas de operación experimental, pruebas de operación continua está en proceso de implementar la etapa de operación comercial. Desde el 17 de octubre del 2022, Sarapullo ya está en operación continua y conectada al Sistema Nacional Interconectado. Es decir que ya está entregando energía y contribuye en esta época de estiaje. Precisamente, este proyecto se construyó con el objetivo de que complemente a las centrales de la cuenca amazónica: Agoyán, Paute Integral y Coca Codo Sinclair. Según las proyecciones, la energía de Sarapullo podría significar USD  500 000 mensuales cuando se empiece a operar.

El 45,9% del financiamiento de Toachi Pilatón proviene de un préstamo otorgado por el BIESS. Estaba contemplado que el crédito se pagara a 20 años plazo, con cuatro de gracia y que las cuotas saldrían de la venta de energía. Aunque la hidroeléctrica aún no está lista, Celec está pagando ya ese préstamo. La entidad informó que realiza abonos semestrales al BIESS, desde hace dos años. Hasta el momento han entregado  148,6 millones de dólares por intereses y 92,4 millones por capital. En total son 241 millones.

Resta completar el 20% que le falta a Alluriquín para que, finalmente, Toachi Pilatón trabaje con toda su capacidad. Esta es la más grande, pues podrá generar 204 megavatios, frente a los 49 de Sarapullo. Existe una tercera central, Toachi, que básicamente producirá la energía necesaria para que las otras dos funcionen y podrá aportar con 1,4 megavatios.

Un largo historial de fracasos y corrupción

Pero la historia de tropiezos de Toachi Pilatón es mucho más antigua. Si bien cuando finalmente se firmó un contrato que estipulaba que debía construirse entre mayo del 2011 y enero del 2015, los intentos para que arranque este proyecto empezaron mucho antes.

El ministro de Electricidad, Alecsey Mosquera, aprobó la contratación de Odebrecht como socio estratégico para construirla, en 2007, en el gobierno de Rafael Correa. Mosquera había recibido coimas entre 2007 y 2009 por facilitarle a Odebrecht tener el contrato con Toachi Pilatón. Foto archivo

La obra fue concebida en 1965, pero durante el Gobierno de Alfredo Palacios empezó a tomar forma. Cuando Hidrotoapi aún estaba a cargo del Gobierno Provincial de Pichincha y Rafael Correa era presidente, su ministro de Electricidad, Alecsey Mosquera, aprobó la contratación de Odebrecht como socio estratégico para construirla, en 2007, y entregarla en el 2012. Odebrecht recibió en tres meses un anticipo irregular de 112 millones. Pero luego debió devolver parte el anticipo, cuando las partes decidieron dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo, tras el escándalo de corrupción en el caso de la Central San Francisco y las fallas constructivas en esa obra ubicada en Tungurahua.

Cuando salieron a la luz los Panamá Papers, se conoció que Mosquera había recibido coimas entre 2007 y 2009 por facilitarle a Odebrecht hacerse con contratos dentro del país, por obras que incluían Toachi Pilatón, según uno de los delatores, Rodrigo Durán Tacla.

Zozobra por atentados y violencia en Manabí

Semanas antes de que empezara la campaña electoral, los candidatos a alcaldías y la prefectura en Manabí han centrado sus ofertas en el combate a la inseguridad y las alertas sobre el narcotráfico. Otras prioridades son la contaminación y la urgencia de cubrir la falta de servicios básicos.

Alianza Código Vidrio-Vistazo

Los atentados criminales en contra de candidatos a distintas dignidades seccionales en Manabí causan alarma. Desde agosto, en la provincia se han registrado hechos como el atentado en contra de Javier Pincay, quien busca la alcaldía de Portoviejo. El 20 de diciembre pasado, sujetos armados dispararon ocho tiros, algunos de los cuales hirieron seriamente al representante del movimiento Avanza.

Pincay, no obstante, ha continuado su campaña en redes sociales, en videos que lo muestran demacrado en una cama de hospital, donde aún se recupera las heridas.

Pero éste no fue el único atentado dirigido a su candidatura. En diciembre, desconocidos colocaron dinamita cerca de uno de los vehículos que usaba en su campaña, y dejaron panfletos con frases como “Javier Pincay, te lo dije, con la plata del narco no se juega”.

El 24 de diciembre, cuando Pincay llevaba días hospitalizado, un taxi que promovía su candidatura fue incendiado y en el lugar quedaron más amenazas para él: “Javier Pincay y sus aliados, el plazo se está terminando. A partir de ahora encontrarán carros incinerados, casas quemadas y un poco de esa sarta de gente que te copia muerta”.

Él no fue el único blanco de la delincuencia. El 21 de diciembre, personas armadas dispararon contra la casa del actual alcalde de Junín, Jonás Intriago, sin que se reportaran heridos. Un ataque similar ocurrió tres meses antes en el domicilio de Jaminton Intriago, quien busca la alcaldía del cantón Eloy Alfaro.

En cambio, el 29 de diciembre, el conductor del alcalde de El Carmen, Rodrigo Mena, murió y otro acompañante sufrió heridas cuando se inició una balacera que tenía a Mena como objetivo, en medio de un mitin político en el barrio La Valenzuela.

Pero en agosto, los atacantes sí lograron su objetivo: enviaron una falsa alerta de un hecho noticioso al periodista de Ola Manta, Gerardo Delgado. Cuando él llegó con su hija para cubrir la noticia, fue recibido a balazos y falleció de contado. Delgado también era candidato a concejal de la ciudad puerto, por el correísmo.

Campeones de la campaña anticipada

En este contexto, semanas antes de que empiece la campaña electoral los candidatos a alcaldías y prefectura en Manabí, han centrado sus ofertas en el tema de la inseguridad. Otras prioridades son la contaminación y la urgencia de cubrir la falta de servicios básicos.

Esas son prioridades que los candidatos a la Alcaldía de Manta, la ciudad de los contrastes, difunden insistentemente. Algunos empezaron su campaña antes del 3 de enero, a pesar de que está prohibido por la ley. La Delegación del Consejo Electoral informó que tras recorridos viales y monitoreo en medios, 4 056 artículos promocionales fueron detectados desde la convocatoria a elecciones, el 21 de agosto del 2022, hasta el 10 de enero. La mayoría es campaña anticipada, según constató Código Vidrio en un recorrido por varias vías de Manta, Rocafuerte y Portoviejo, a mediados de diciembre pasado.

Algunos candidatos empezaron su campaña antes del 3 de enero, a pesar de que está prohibido por la ley. La Delegación del Consejo Electoral informó que tras recorridos viales y monitoreo en medios, 4 056 artículos promocionales fueron detectados desde la convocatoria a elecciones, el 21 de agosto del 2022.

Además, la autoridad electoral encontró 213 vallas entre artesanales y de proveedores, 69 de las cuales fueron retiradas. En Manta, reportó el organismo, fueron registrados 552 elementos de campaña electoral en el mismo periodo

Pancartas, banderines, afiches y vallas de los candidatos a prefecto y alcalde, principalmente, se veían en los barrios de estas localidades manabitas antes de tiempo. La frase “Dale, Agustín” y “el cambio sigue”, junto a fotografías del actual alcalde de Manta, Agustín Intriago, proliferaban en las calles, además de otras de su principal oponente, Jaime Estrada Medrana, quien posa en las  fotografías junto al líder del movimiento Revolución Ciudadana, el prófugo Rafael Correa. Medrana inauguró el 9 de diciembre la llamada Casa de la Revolución en un amplio local.

Estrada es hijo de Jaime Estrada Bonilla, quien fue alcalde de Manta y diputado. El candidato fue acusado de Intimidación en abril del 2022, tras un juicio por despido intempestivo interpuesto en su contra por uno de sus empleados. Tiene 51 multas de tránsito, la mayoría por exceso de velocidad. Ha mantenido relaciones como directivo o accionista en empresas familiares: dos constructoras, dos pesqueras, una empresa dedicada al turismo y un hotel.  Además, ha sido dirigente deportivo. Este medio solicitó una entrevista con él, pero no obtuvo respuesta.

Intriago se trepa en oleada de obras municipales

Según una reciente encuesta de Perfiles de Opinión, Intriago tine un 76,8% de aceptación, por lo que se considera el más opcionado para ganar. Uno de sus puntales fue la vieja estrategia clientelar de apalancarse en obras con fondos municipales para empujar su campaña. En diciembre en sus recorridos mostraba avances de la construcción de un nuevo megaparque, que se complementará con El Espigón y el Malecón Jaime Chávez Gutiérrez.

Esa fue una de las zonas más iluminadas por Navidad y el Municipio. El personal, que lucía camisetas azules con las frases “El Mega Parque ya empezó” y “Esto sí es cambio de verdad”, con la firma del Alcalde, entregaba trípticos con información sobre este proyecto y ofrecía visores de realidad virtual para que las centenas de personas que visitaban la decoración navideña miraran cómo quedaría el parque al finalizar los trabajos.

Al menos desde noviembre, Intriago protagonizó una cruzada municipal que se difundió en redes sociales bajo el hashtag #UnaObraPorDía y que terminó el 2 de enero, un día antes de que arranque la campaña electoral. Recorrió decenas de sectores de Manta, entregando obras. LLevaba una camisa blanca con franjas celestes y la palabra “Manta” en el pecho. Apenas se inició la campaña, vistió camisas con el mismo diseño pero ahora con el número de su lista: 107, del movimiento Mejor Ciudad.

Agustín Intriago protagonizó una cruzada municipal que se difundió en redes sociales bajo el hashtag #UnaObraPorDía y que terminó el 2 de enero, un día antes de que arranque la campaña electoral. Recorrió decenas de sectores de Manta, entregando obras. Foto Código Vidrio.

Sin embargo, su candidatura se ve opacada por las recientes declaraciones de los asambleístas del Frente Parlamentario Anticorrupción, quienes el 6 de enero pasado entregaron documentación en la Fiscalía que señala a varios candidatos como sospechosos de mantener vínculos con el narcotráfico, entre ellos, Intriago, así como dos más, cuyos casos este medio publicó en diciembre.

El legislador Fernando Villavicencio dijo que entregaron varias copias del informe que elaboraron al presidente Guillermo Lasso, a la UAFE y a otras instituciones. Este medio solicitó al Municipio un comentario a la denuncia, pero no obtuvo respuesta.

Intriago contestó a Ecuavisa, en medio de su campaña: “Ya nos llamaron en su  momento como Municipio, nosotros presentamos la documentación respectiva y en ningún momento se ha generado ningún cargo para nosotros. Eso se investigó hace seis, siete meses. No nos prestemos para el show”.

La primera vez que se conoció sus nexos fue en junio del 2022. Un reportaje publicado en Primicias reveló que el Municipio tuvo dos contratos con firmas del narcolavador asesinado Leandro Norero. Dos de sus empresas, que tuvieron como testaferro al estadounidense Daniel Mistele, tenían contratos con el Cabildo, por 3,5 millones de dólares. Trabajaron sin anticipos y cobrar por las obras una vez finalizadas y por partes. En junio, Intriago señaló que las contrataciones se hicieron bajo el portal de compras públicas, de forma legal.

Eduardo Tucho Velásquez, es del Movimiento Nueva Generación, lista 95. Está entre los tres más opcionados para ganar las elecciones. Es conocido en la ciudad, pues fue dos veces concejal y ha buscado el cargo de alcalde en dos ocasiones.

Villavicencio afirma que la relación de Norero e Intriago no se limita a los contratos municipales. Según el legislador, los representantes de Indigo Corporation, una empresa constituida por Intriago en el 2005, cuando tenía 20 años, también sería parte de las compañías de Norero y de su pareja sentimental.

Sobre casos de campaña anticipada dijo: “Todos los candidatos tienen publicidad pegada, hay publicidad que la ponen ciudadanos, que las imprimen por su cuenta”.

Intriago, además, fue acusado de plagio en 2013 y por romper la cuarentena en la pandemia por el Covid-19, en el 2021. Tiene registradas dos empresas tercerizadoras y una organizadora de eventos. Según informes de Contraloría, sus cuentas bancarias pasaron de USD 3 512 a USD 108 000 durante su actual Alcaldía. Esta misma institución destituyó a Intriago cuando era concejal en el 2019, por una glosa por la aprobación de la compra de un terreno con sobreprecio, pero apeló y el plazo para imposición de glosas caducó durante el proceso.Tiene 12 multas por exceso de velocidad.

¿De dónde charco sino llueve?

Otro candidato es Eduardo Tucho Velásquez, del Movimiento Nueva Generación, lista 95. Está entre los tres más opcionados para ganar las elecciones. Es conocido en la ciudad, pues fue dos veces concejal y ha buscado el cargo de alcalde en dos ocasiones. También es periodista. Velásquez fue socio de Tito Moreira, acusado de abuso de confianza dentro de la empresa de comunicación que tienen en conjunto. Sus principales propuestas para la ciudad tienen que ver con soluciones definitivas a la contaminación de los ríos y el mar, el abastecimiento de agua potable para y obras viales para reducir la congestión vehicular.

Sobre la denuncia del Frente Parlamentario, Velásquez dice que genera sospechas cuando “hay candidaturas que hacen alarde de gasto electoral millonario y hay una frase popular que dice ¿de dónde charco si no llueve? Y empiezan las inquietudes, las sospechas y elucubraciones. ¿Por qué gastan tanta plata en una actividad política si esto no es un negocio? A lo mejor quienes estén vinculados de aceptar dinero de sectores que no son correctamente (sic) tienen desesperación por llegar y por pagar favores después”.

La carrera por la Prefectura

Caras conocidas en la política buscan dirigir el Gobierno Provincial de Manabí. Se trata de Jorge Zambrano, Agustín Casanova y Leonardo Orlando. El primero fue alcalde de Manta en tres períodos, el segundo es el actual alcalde de Portoviejo, fue director regional del SRI y director administrativo y financiero de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y el tercero fue director nacional del SRI, catedrático de varias universidades y ahora busca ser reelecto como prefecto, representando al correísmo.

Jorge Zambrano aspira a llegar a la Prefectura de Manabí. Fue alcalde de Manta en tres períodos.

Zambrano representa a Manabitamente (21-25), alianza entre Creo y Construye (ex Ruptura). Dice que  decidió buscar la Prefectura por un pedido de ciudadanos que buscaban una tercera vía. Según registros judiciales, fue acusado entre 2017 y 2019 por tráfico de tierras, suplantación de identidad y por un accidente de tránsito con lesiones.

Afirma que toda su vida se ha dedicado a la construcción y por eso es conocedor de la provincia. Su objetivo es ganar las elecciones para administrar “Manabí de forma descentralizada y potenciar el sistema vial de segundo y tercer orden y los sistemas de riego, para fomentar la producción”. La idea es mejorar las vías transversales para que se complementen con las vías de norte a sur para abaratar los costos del traslado de insumos y productos.

Al candidato le preocupa el crecimiento de la violencia en la provincia. Confiesa que tiene temor por lo que ha ocurrido tanto en Manabí como en Esmeraldas y Sucumbíos, donde candidatos y personas cercanas han sido atacadas a balazos. Pero afirma que anda solo, sin equipos de seguridad que lo custodien. “Si alguien me quiere hacer daño, no tiene sentido que ande rodeado de gente que me proteja. Cuando fui alcalde, ni chofer tenía, yo manejaba el carro y no gastaba en avanzada ni seguridad. No quiere decir que uno no esté atento y alerta”.

Sobre los escándalos de financiamientos irregulares de campañas, Zambrano dice que la sociedad debe dejar de ser hipócrita y aceptar que históricamente en el país las campañas no se han basado en ideas sino en clientelismo. Por eso, grupos de poder han financiado candidaturas para cobrar esas deudas una vez que los postulantes logran un cargo. “Ahora lo vemos como una cosa más lacerante y dolorosa, porque viene de venta de drogas, lavado… Eso no está bien ni es correcto”. Por eso -dice- eligió hacer una campaña austera.

Duplica su patrimonio

Agustín Casanova, es parte de la Alianza por la unidad manabita, que junta a las listas 62-65-6-23 (Caminantes, Unidad Primero, Partido Social Cristiano y Suma). Ha sido acusado por peculado, por una compra de insumos médicos durante la pandemia, pero la causa fue archivada y en el 2018, por un contrato de arrendamiento.

Según información de Contraloría, su patrimonio pasó de USD 290 000 a 740 187 durante su administración como alcalde de Portoviejo. Casanova señaló que había pasado su último examen de gestión antes de la campaña.

Casanova conoce la situación de inseguridad y los riesgos de infiltración de dinero de dudosa procedencia en los movimientos políticos y en la administración pública. Afirma que tiene un equipo que investigó a proveedores del Gobierno municipal durante toda su administración, para blindarse ante esos riesgos. “Decir que lo controlamos al 100 % es imposible, pero tenemos un equipo si alguien quiere venir a conversar con nosotros, previamente tiene que pasar varios filtros. Nosotros no vamos a jugar con eso. Me he cuidado en 20 y pico de años y no voy a poner en juego la tranquilidad de mi familia y la mía por un financiamiento de campaña y porque soy consciente de quien entra en esas redes, no sale nunca más”.

Agustín Casanova es parte de la Alianza por la unidad manabita, que junta a las listas 62-65-6-23 (Caminantes, Unidad Primero, Partido Social Cristiano y Suma). Es el actual alcalde de Portoviejo.

Además considera que la delincuencia, violencia, desnutrición, etc. nacen de la inequidad y la pobreza, por lo que cree que hace falta una reconstrucción del tejido social para salir de la situación en la que se encuentra el país.

En el caso de ganar las elecciones, aspira a colaborar desde la Prefectura, implementando un modelo de gestión para pasar de lo burocrático a lo gerencial y planificado. Su idea es continuar con un proceso similar al que ha realizado como alcalde. A Portoviejo le falta pero hemos avanzado y tenemos proyección”.

Su prioridad es aprovechar el potencial agrícola y ganadero de Manabí, impulsando proyectos de riego para que se pueda sembrar todo el año y no únicamente en invierno. Considera que este tipo de obras aportarán realmente a combatir la pobreza, la desnutrición y el analfabetismo, porque ahora se priorizan inauguraciones de “canchas, puentes sin vías” en lugar de abrir pozos de exploración para sacar el potencial acuífero que tiene la provincia. “Nunca nos hemos dedicado a facilitar la vida del agricultor. En Manabí, cada 20 años hay una diáspora por sequías que duran dos años”, dice. De allí su propuesta, porque “si no se garantiza sistemas de riego, represas y captación de agua, las poblaciones desaparecerán”. También ofrece recuperar vías rurales abandonadas, entregar energía eléctrica e internet a comunidades que no cuentan con esos servicios y fomentar la asociación entre agricultores para que vendan sus productos a través de centros de acopio.

Por su parte, Leonardo Orlando es la carta de los movimientos Revolución Ciudadana y Sí Podemos, listas 5-72. Fue acusado por Tráfico de Influencias mientras estuvo a cargo del SRI durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Fue señalado por no actuar contra las empresas fantasmas creadas en Ecuador durante su cargo. Su patrimonio pasó de USD 83 000 a 250 000 desde 2018, según informes de Contraloría. Este medio solicitó entrevistarlo, pero no recibió una cita.

Leonardo Orlando es la carta de los movimientos Revolución Ciudadana y Sí Podemos, listas 5-72. Fue acusado por Tráfico de Influencias mientras estuvo a cargo del SRI durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Los contrastes notables de Manta

Las ventajas de ser un cantón frente al mar, con uno de los puertos multipropósito más importantes del país, son un potente motor de desarrollo para Manta. A través de este puerto, de enero a noviembre del 2022 ingresaron al país 112 721 toneladas métricas de graneles líquidos y 470 892 de graneles sólidos. Además, el año pasado, se movilizaron 106.515 unidades, entre vehículos y maquinarias entre importación, exportación y trasbordo. Según la Autoridad Portuaria, eso significó un 53 % de incremento con respecto del 2021.

Esta ciudad ha sobrepasado visiblemente en crecimiento a los restantes 21 cantones de Manabí, incluido Portoviejo, su capital. Actualmente, en Manta proliferan edificios, restaurantes, hoteles y urbanizaciones cada vez más lujosos, en sectores como Umiña, Barbasquillo y la zona de urbanizaciones del sur de la ciudad, que bordean la ruta Spondylus. Parece una urbe enclavada en otro país, por el contraste notorio.

Manta, además, atrae al turismo nacional, por las facilidades de vacacionar en una ciudad con infraestructura hotelera, comercial y gastronómica creciente y a solo minutos de diversas playas como El Murciélago, Piedra Larga, Barbasquillo, San Mateo, La Tiñosa o Santa Marianita. En la terminal de pasajeros del Puerto de Manta, inaugurada en el 2018, acoderaron 12 cruceros durante el 2022 y se espera que en el 2023 lleguen 20 embarcaciones de pasajeros. El pasado 11 de enero llegó el MS Volendam, la primera de las siete embarcaciones previstas para enero.

“Usted ve todo aquí bien bonito, pero vaya por mi barrio. Por allá casi que religiosamente hay un sicariato o intento cada domingo”, dice un taxista, mientras pasa por lujosas urbanizaciones como Manta Beach y Ciudad del Mar y se adentra en la avenida Flavio Reyes, una de las de mayor movimiento en la urbe.  El taxista, que prefiere el anonimato palpa de cerca la problemática delincuencial en esta ciudad considerada el epicentro del narcotráfico y el lavado, por su ubicación estratégica. Desde las costas aledañas, más al norte, salen constantemente lanchas y botes pesqueros con grandes cantidades de cocaína, cuyo destino final es Estados Unidos.

Manta ha sobrepasado visiblemente en crecimiento a los restantes 21 cantones de Manabí, incluido Portoviejo, su capital. En Manta proliferan edificios, restaurantes, hoteles y urbanizaciones cada vez más lujosos, en sectores como Umiña y Barbasquillo.

El desarrollo, la proliferación de restaurantes y locales comerciales cada vez más lujosos, algunos de ellos levantados de la noche a la mañana y sin que se sepa cómo fueron financiados, contrasta con sectores  del centro y norte de la ciudad. Ahí aún no han cerrado las heridas que dejó el terremoto de abril del 2016 y otras mucho más graves, como la falta de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Pobreza, olores putrefactos..

En Tarqui, la zona cero del movimiento sísmico en esa ciudad, hay edificios cuarteados y abandonados que siguen siendo un riesgo para sus habitantes. Allí, como en otros barrios aledaños, la pobreza y la falta de servicios básicos son palpables. Las playas Tarqui, Los Esteros y Playita Mía, principalmente, están contaminadas debido a la descarga de aguas residuales en los ríos Manta, Muerto y Burro. Aunque Barbasquillo y El Murciélago fueron intervenidas por el Municipio el año pasado, con la demolición de parte del antiguo colector de aguas servidas Umiña, no se pueden considerar descontaminadas todavía, debido a la cercanía de las playas del norte de la ciudad.

Al pasar por el río Manta y acercarse a la orilla frente al Parque de Mariscos Playita Mía, en esta zona céntrica urbana, el olor putrefacto es insoportable y las aguas lucen visiblemente turbias. Sin embargo, los vecinos del lugar ya se han acostumbrado a estos focos de insalubridad que han sido intervenidos por las autoridades, sin que ninguna haya dado todavía una solución definitiva.

En Tarqui, Manta, hay edificios cuarteados y abandonados que siguen siendo un riesgo para sus habitantes. Allí, como en otros barrios aledaños, la pobreza y la falta de servicios básicos son palpables.

Pero ese no es  el único problema de ese sector. Tarqui, Los Esteros, Miraflores y María Auxiliadora han sido catalogados por la Policía como los más conflictivos de la ciudad. La violencia desatada en el país por las disputas de territorios entre bandas dedicadas principalmente al narcotráfico también se vive constantemente en la ciudad puerto, donde hay una guerra declarada entre cinco grupos criminales.

El 2022 se contabilizaron 510 muertes violentas, un incremento del 155%, respecto del año previo. 89 de esos casos ocurrieron en Manta. Entre las víctimas estuvieron la fiscal Luz Marina Delgado, y su asistente, Jefferson Mendoza.

Empresa china reactiva proyecto inmobiliario en el Hotel Quito  

La empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC) iniciará este año la construcción de un conjunto arquitectónico de seis pisos y tres torres para vivienda y oficinas, de hasta 25 plantas, en los predios del hotel Quito, según el nuevo plano del proyecto (foto). Ningún espacio patrimonial del inmueble será afectado, incluida la parte sur donde antes se planeaba levantar un edificio. Se prevé una inversión de USD 200 millones. Esta reformulación pondría fin a nueve años de controversias por la venta del inmueble, su precio y su condición patrimonial, que intentó vulnerarse. El diseño inicial del plan arquitectónico desató una tormenta y una preocupación silenciosa: La residencia de la embajada de Estados Unidos colinda con el emblemático hotel. En el nuevo proyecto la torre colindante no tendrá vista hacia esa vivienda.

Alianza Código Vidrio-Vistazo

La empresa estatal China Road and Bridge Corporation (CRBC) no da su brazo a torcer. Desde este año reactivará el proyecto inmobiliario que comprende la construcción de un conjunto arquitectónico de seis pisos y tres torres para vivienda y oficinas, de hasta 25 pisos, en los predios que circundan al emblemático Hotel Quito. En esta ocasión no será afectada ninguna área del edificio patrimonial, aseguraron representantes de la empresa a este medio.

El proyecto ha estado en suspenso desde el 2021, cuando la compañía CRBC pidió a la Secretaría de Hábitat, Vivienda y Territorio del Municipio que le concediera una licencia para edificar un plan habitacional en el ala sur del Hotel. El proyecto entonces encontró una férrea oposición de colectivos del barrio La Floresta, del Colegio de Arquitectos, así como observaciones y restricciones del Municipio y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Inclusive la embajada de Estados Unidos se sumó a los cuestionamientos, puesto que la residencia del embajador colinda con el Hotel, por el sur, según fuentes del Municipio.

El 31 de octubre del 2021 el INPC ratificó que todo el hotel, incluida el ala sur, el antiguo casino, la piscina y los jardines era patrimonial. Por lo tanto, el inmueble no puede sufrir ninguna modificación estructural que altere su esencia de diseño e ingeniería, indicó Mauricio Marín, secretario de Territorio del Cabildo, quien destacó que eso está definido claramente en la ficha de inventario del INPC.

Lucía Narváez, arquitecta y especialista inmobiliaria de CRBC, confirmó que tras los contratiempos del 2021 y las exigencias sistemáticas y cambiantes de las instituciones de control, replantearon la propuesta para armonizarla, tomando en cuenta las preocupaciones de los moradores y las autoridades. Hoy el nuevo plan está pensado con una visión integral con dos enfoques esenciales. El primero es la recuperación del patrimonio arquitectónico del edificio del Hotel con todas sus alas, “rescatando su grandeza y valor histórico, así como potenciar sus atributos dándole sostenibilidad”.

El segundo enfoque abarca las obras nuevas. Estas se ubicarán en el predio de estacionamientos adyacente al hotel y en los espacios libres, “sin afectar áreas patrimoniales”, subraya Narváez.

El plan está estructurado en dos etapas. La primera será la intervención en el parqueadero, que se prevé construir este año. Este conjunto es de seis pisos, de la misma altura que el Hotel. Tendrá unos 25.000 m2 de área útiles.

El 2022, el Hotel Quito empezó a recuperarse: tuvo una ocupación habitacional de un 43%. El año pasado fue el primero, después de varios, en el que la empresa tuvo ganancias.

El edificio patrimonial y sus pabellones colindantes engloban un área de 12.000 m2. Las tres torres alcanzarán unos 45.000 m2 de áreas útiles. Una se levantará al lado del antiguo casino y las dos restantes en la parte posterior del hotel, detrás del ala sur. La que está más cerca a la residencia del embajador de EE.UU., se orienta al valle de Cumbayá. No tendrá vista hacia esa vivienda.

La inversión prevista es de 200 millones de dólares. “En la primera etapa de construcción, en los estacionamientos se invertirán entre  60 y 70 millones de dólares. Se prevé generar más de 1.000 puestos de trabajo, lo cual será un motor dinamizador de la economía para todo el sector”, dijo Narváez.

“En el proyecto -destacó- la arquitectura contemporánea no encuentra contradicción alguna con la patrimonial. Se plantea que las tres torres despejen áreas verdes (sin afectar los árboles) y enmarquen visualmente al edificio patrimonial, reforzando la vista panorámica hacia Guápulo y el valle”.

La tormenta por el ala sur

CRBC compró el Hotel Quito al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), a fines del 2014, en 30,8 millones de dólares, en una subasta pública en la Bolsa de Valores. Era la primera vez que la firma estatal china incursionaba en el negocio inmobiliario y de hotelería en Ecuador. Hasta ese año había recibido varios contratos del Gobierno para la construcción, ampliación y rehabilitación de puentes y carreteras en diferentes provincias, por más de 100 millones de dólares.

Cuando se concretó la venta, el Hotel Quito tenía una nómina de 350 personas y sus balances estaban en rojo. Para entonces el negocio ya había entrado en crisis por la caída de la demanda de alojamiento, a causa del surgimiento de los negocios de tipo Airbnb y de la competencia en el sector. En esas circunstancias se produjo la compra, que fue cuestionada por organismos como la Comisión Anticorrupción.

A fines del 2020, la Comisión presentó una denuncia ante la Fiscalía por las supuestas irregularidades en la venta del Hotel. Entre otras por el incumplimiento a la Ley Orgánica de Cultura  y supuestas inconsistencias en el avalúo del inmueble, que el BIESS habría vendido a un costo inferior al que estaba vigente en el mercado, en 2014. La denuncia no prosperó.

Vista de la parte posterior del inmueble. El Hotel Quito es un hito urbano por su ubicación y por ser un referente de la arquitectura moderna local y nacional, que se incorporó a la fisonomía y a la silueta urbana de la ciudad, en 1960. En 1998 todo el edificio fue declarado patrimonial.

También la Contraloría hizo observaciones al proceso y la forma en que se fijó el avalúo.

Para fijar el precio, el BIESS contrató un estudio de Pricewaterhouse (PWC). En el informe se establecieron tres escenarios de valoración para el Hotel. El primero, pesimista, fijó el valor en USD 26,6 millones; el segundo, probable, de USD 33,9 millones, y el tercero, optimista, de USD 37,4 millones.

La subasta pública de las acciones fue convocada en agosto de 2014. Aunque el precio mínimo de la oferta fijado en la convocatoria publicitada fue de 35 millones de dólares, se vendió la estructura por su valor en libros, a USD 1 por acción, equivalente a 30,8 millones.

No obstante, cuando se concretó la operación y llovieron las críticas, el entonces presidente del IESS, Richard Espinosa, calificó de exitosa la venta, pues obtuvieron USD 4 millones por sobre el escenario pesimista de PWC.

El correísmo doró la píldora

En medio de la tormenta desatada, también salieron a la luz una serie de decisiones anómalas, sin piso legal, que tomó el gobierno de Rafael Correa para dorarle la píldora a CRBC, garantizándole la posibilidad de que podía construir sin dificultades en el ala sur.

Eso fue corroborado por el gerente de la firma china, Martín Chang, en una entrevista a Primicias, en octubre del 2021. Según el ejecutivo, en el contrato firmado de compra-venta de acciones en 2016 hay un anexo, que es la ficha técnica de 2014, emitida por el INPC. Ese documento indica que solo el edificio principal y las dos primeras alas de habitaciones del Hotel, de las cuatro que existen, son patrimoniales. Las dos alas restantes son las de la zona sur, que aparecían desprotegidas.

En el contrato de compra-venta hay un anexo, que es la ficha técnica de 2014, emitida por el INPC, por disposición del entonces ministro de Cultura, Paco Velasco. Ese documento establecía que el ala sur no era patrimonial. Con base en ese documento, CRBC planeaba construir una torre en ese sector, que aparece en este plano conocido el 2021.

Pero ese documento adulteró la ficha técnica de 1998, que protege la integralidad de este bien inmueble como patrimonio cultural del Ecuador, según el inventario que hizo el Municipio de Quito en esa época. Es más, la ficha se remonta a 1984 desde cuando se estableció que el bien y el predio eran uno solo, por lo tanto no podían ser enajenados ni alterados, según un informe del Colegio de Arquitectos.

Luz Elena Coloma, quien como concejal presidió la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del Cabildo, recordó que la ficha (IBI-17-01-12-000-000001) fue alterada en el INPC, el 2014, por orden del entonces ministro de Cultura y Patrimonio, Paco Velasco, sin aprobación del Concejo Metropolitano.

Cuando las anomalías se conocieron, la Comisión de Áreas Históricas fiscalizó la revisión de la ficha de inventario del Instituto Metropolitano de Patrimonio y la Secretaría de Territorio. Luego ambas entidades remitieron sus informes y sustentos técnicos al INPC, que validó el documento que protege también el ala sur del bien.

“La comisión que yo presidía solicitó a la entonces ministra de Cultura, Angélica Arias, que vía resolución administrativa valide todo el inventario patrimonial previamente declarado por Quito desde cuando la UNESCO le designó Patrimonio de la Humanidad (declaratoria de Quito). Sin esta resolución habría sido necesario levantar nuevamente las fichas del inventario para que el INPC valide, lo cual pretendían algunos interesados”, explicó Coloma, quien es candidata a la Alcaldía.

Remodelación en los pisos 5 y 6

El año pasado, los directivos del Hotel pidieron que el Municipio aprobara la readecuación de los pisos 5 y 6. El secretario de Territorio, Mauricio Marín, informó que tras el análisis del alcance de las adecuaciones concedieron la licencia, que implica una intervención en el interior del inmueble, no en la frachada.

Narváez dijo que una vez que obtuvieron la licencia urbanística LMU 20, los trabajos empezarán las próximas semanas, en función de la planificación de las obras y el presupuesto, tras sortear una severa crisis desde el 2019.

Ficha técnica del INPC, del 2021, que ratifica que todo el hotel es patrimonial 

 

Ese año la pesada carga por pago salarial de los 350 empleados, así como el mantenimiento del Hotel perforó la cuentas, con el agravante de la caída de los ingresos. Para frenar el descalabro, CRBC decidió reestructurar el Hotel. En julio de 2019, redujo la nómina a 25 colaboradores.

Ese año -agregó Narváez- empezó el cambio interno y externo del hotel. Pese a los problemas por el paro de octubre de ese año, la pandemia del 2020 y la nueva paralización del 2021, el año pasado el hotel empezó a recuperarse. Tuvo una ocupación del 43%, superior a los tres años previos. “El 2022 fue el primero, después de varios años, en el que terminamos con resultados positivos, cerrando con ganancias”, destacó Narváez.